martes, 29 de noviembre de 2011

Banco Mare Nostrum toma posiciones para adquirir Banco de Valencia

VALENCIA.- El Banco Mare Nostrum (BMN) —integrado por Caja Murcia, Caja Granada, Caixa Penedès y Sa Nostra— ha mostrado su interés ante una eventual subasta del Banco de Valencia, intervenido desde la pasada semana, según 'Abc'.

De acuerdo con fuentes financieras de toda solvencia, BMN condicionaría la operación a disponer del cálculo real de la dimensión del «agujero» de Banco de Valencia (muy superior a los 600 millones de euros detectados a fecha de 31 de marzo). 
El interés de la entidad que lidera Caja Murcia llega después del mostrado en su momento por el Sabadell que, finalmente, y salvo sorpresa mayúscula, resultará adjudicatario de la subasta de Caja Mediterráneo (CAM), en un proceso que está previsto que finalice esta misma semana.
El grupo Mare Nostrum estaría ahora a la espera de conocer qué solución se arbitra para el Banco de Valencia. De hecho, en función de las necesidades de saneamiento de la entidad intervenida se podría optar por una ampliación de capital.
BMN ha logrado alcanzar los mínimos de capital exigidos por el Banco de España tras haber completado una emisión de bonos convertibles por 250 millones.
De esa forma, más del 20% del capital de la entidad está en manos de inversores privados. Así, BMN no tendría que buscar capital adicional al contar con un nivel de solvencia superior al 8%, y además no tendría que elevarlo hasta el 10%.
En un contexto de extrema dificultad para el sistema financiero, la entidad ha logrado un beneficio neto superior a los 120 millones de euros y ha reducido su riesgo inmobiliario en un 18% con la subrogación y venta de 8.500 viviendas.
Ahora el grupo estudia la posibilidad de crecer mediante la adquisición del Banco de Valencia, una entidad cuyo negocio se concentra fundamentalmente en el levante español, la zona de influencia de las cuatro cajas que integran BMN. La operación devolvería a tierras murcianas la plaza financiera que perdió tras la adquisición del Banco de Murcia por parte del Banco de Valencia en 1997.
Al margen de BMN, en el sector nadie resta opciones de compra en una eventual puja por Banco de Valencia a la aragonesa Ibercaja y a las cajas de ahorros vascas. En ambos casos se trata de entidades saneadas y con necesidades de crecimiento orgánico.

IU-Verdes cree que el tranvía "está siendo una ruina" para el Ayuntamiento de Murcia


MURCIA.- La portavoz de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia, Esther Herguedas ha asegurado este martes no entender el "optimismo" del responsable de transporte del consistorio, Javier Iniesta, en su balance de los seis primeros meses de funcionamiento de la línea 1 del tranvía, ya que "ni siquiera se llega a alcanzar el 40 por ciento en los objetivos de número de viajeros". 

   Herguedas ha señalado que la explotación del tranvía "esta siendo una ruina para el ayuntamiento, que tiene que garantizar el equilibrio económico financiero por medio de la subvención que concede a la empresa".
   "De momento -ha añadido- cada viaje le cuesta al ayuntamiento una media 4,73 euros, una cantidad a la que hay que añadir lo que pague el usuario y esto sin tener en cuenta la liquidación final anual que puede obligar a nuevos desembolsos".  
   Ha indicado que estos datos son "muy preocupantes" porque dificulta la viabilidad de un proyecto que cada año tiene que aumentar de forma progresiva el número de viajeros hasta alcanzar los 20 millones al final de los 40 años de explotación.
   La edil ha señalado que los datos ratifican las críticas vertidas desde su organización, "empezando por la inconveniencia de  un trazado realizado no tanto para satisfacer las necesidades actuales como para dotar de valor añadido a los desarrollos urbanísticos del norte. Ahora que estos desarrollos están paralizados por el efecto de la burbuja inmobiliaria".
   "¿Cómo va aumentar el número de viajeros si no aumenta la población de esas zonas?", se ha preguntado Herguedas.
   También ha criticado que el tranvía "se haya implantado en Murcia como un adorno, pues no se ha acompañado de una apuesta rigurosa por el transporte público que implicara políticas activas de restricción del uso del vehículo privado y un sistema integrado de transporte público intermodal que incluyera el autobús, el tranvía, el transporte de cercanías, la bici pública, aparcamientos disuasorios".
   "Frente a esto nos encontramos una serie de servicios dispersos, cada uno dependiente de una concesionaria. La privatización  impide al ayuntamiento maniobrar y tomar decisiones- ni siquiera se ha podido alcanzar la unificación tarifaria- es más cara y menos eficiente pues sus objetivos son económicos y no la de ofrecer un mejor servicio público" ha matizado la edil de IU-Verdes.
   Por eso, ha expresado la apuesta de su organización por un transporte público gestionado desde lo público que garantice los derechos ciudadanos de movilidad y de disfrute de un medio ambiente saludable.

Unos 2.100 inmigrantes residentes en Cartagena no han renovado este año su inscripción

CARTAGENA.- La Oficina Municipal de Estadística y Población ha requerido a unos 2.100 extranjeros no comunitarios residentes en Cartagena para que, antes de que finalice 2011, formalicen su renovación en la Inscripción Padronal, trámite que deben realizar cada dos años y requisito indispensable para permanecer empadronados, ya que, de lo contrario, se produce su caducidad y se les da de baja.

   Con esta actuación, el Ayuntamiento trata de controlar los movimientos de población que se producen en el municipio, notificándole a los inmigrantes extracomunitarios censados en Cartagena que se acerca la fecha de renovación, primero por correo ordinario, luego de nuevo por carta pero con acuse de recibo y, finalmente, si no responden, publicándolo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y en el Tablón de Anuncios municipal.
   Este proceso dura unos seis meses, aunque la cifra final de bajas por caducidad puede variar ya que, algunos de estos inmigrantes vuelven a darse de alta unos meses después, siendo en torno al 20 por ciento los no comunitarios dados de baja, los que se recuperan.
   Por nacionalidades, la mayoría de estas bajas, algo más de la mitad, son de marroquíes, seguidos de ecuatorianos, bolivianos, ucranianos, paraguayos y brasileños.
   En cuanto a los extranjeros procedentes de países extracomunitarios que se han dado de alta en 2011 en el Padrón Municipal, a fecha de hoy alcanzan los 675, procedentes en su mayoría de Marruecos (254 inscritos) y Sudamérica (Paraguay, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil), además de India, Ucrania o China.
   Entre los datos que maneja la Oficina Municipal de Estadística, se puede observar que la mayor parte de los inmigrantes que se han dado de alta en el Padrón de Habitantes de Cartagena en los últimos años proceden de Marruecos y de Ecuador, cifras que en 2009 alcanzan las 754 altas de marroquíes y 88 de ecuatorianos, y en 2010 han sido 393 altas de marroquíes y 42 de ecuatorianos.
   Lo curioso es que, a pesar de la tendencia ascendente, principalmente en el número de marroquíes censados en el municipio, que en la actualidad alcanza los 13.898, el número de ecuatorianos se ha reducido, ha pasado de 4.012 en 2010 a 3.386 este año, y no porque se hayan dado de baja para volver a su país de origen, sino porque han solicitado y adquirido la nacionalidad española y, por tanto, ya no figuran en el Padrón como extranjeros.

El juez no ve indicios de cohecho en la actuación de Trinitario Casanova en el caso de La Zerrichera

MURCIA.- El titular del Juzgado de Instrucción nº 3 ha acordado el sobreseimiento provisional parcial de las actuaciones respecto al empresario Trinitario Casanova y otros dos imputados más, Pedro Gil y Domingo Martínez, en el caso de presunta corrupción urbanística en la recalificación de la finca agrícola denominada 'Zerrichera' para construir un 'resort' en la localidad murciana de Águilas.

   El juzgado que instruye la causa expone, en un auto con fecha 3 de noviembre, que quedan libres de sospecha por este delito al "no resultar debidamente justificada la perpetración del delito de cohecho", según fuentes judiciales.
   Casanova era el promotor de este proyecto de urbanización que pretendía construir 4.000 viviendas en la denominada finca, enclavada en una zona de especial protección ambiental (ZEPA).
   En concreto, en una parte de este terreno está protegido por la Unión Europea como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), por lo que según la investigación de la fiscalía no debería ser urbanizable.
   El caso judicial sobre la finca de La Zerrichera se inició hace años a raíz de las denuncias por presuntos delitos contra el medio ambiente presentadas por la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), Ecologistas en Acción y el PSOE.
   En concreto, el Grupo Hispania pretendía construir en dicha finca, de más de 200 hectáreas y declaradas LIC y ZEPA, un complejo urbanístico de 4.000 viviendas, campo de golf y un hotel de lujo. La finca consiguió la recalificación como urbanizable por el Ayuntamiento de Águilas en 2004, etapa en la que Francisco Marqués era consejero de Medio Ambiente del Ejecutivo regional.
   Posteriormente, el también ex consejero Benito Mercader ordenó elaborar un Plan de Gestión de la Sierra de la Almenara, donde se encuentra dicho paraje.
   Igualmente, hubo una querella del fiscal superior de la Comunidad, Manuel López Bernal, dirigida contra la ex directora general del Medio Natural Encarna Muñoz; y los que eran en aquel momento director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero; subdirector general de Vivienda, José María Ródenas; alcalde de Águilas, Juan Ramírez; y el ex edil del PP en este consistorio, José López. Se añadió al entonces jefe del Servicio de Calidad Ambiental de la Consejería de Industria y Medio Ambiente y presidente de la Comisión Técnica de Impacto Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert.
   Tras la denuncia y presentación de esta querella, el Juzgado de Instrucción nº 3 de Murcia ha dirigido la investigación judicial del caso.
   Por último, en octubre de 2008, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Murcia dictó un Auto en el que decretaba de nuevo, tras escuchar las alegaciones de las empresas afectadas, la suspensión de la Orden de la Consejería de Obras Públicas de 13 de febrero de 2006, que permitía modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Águilas (PGOU) para clasificar como suelo urbanizable sectorizado los terrenos de La Zerrichera de Águilas; manteniendo así el Auto de 26 de julio de 2007.
   En esta causa fue detenido en marzo de 2009 el ex consejero del Gobierno murciano y ex delegado del Gobierno en la Región, Francisco Marqués, tras investigar su patrimonio en relación a este caso. Fue este verano cuando presentó su dimisión como director general de la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo (Hefame).
   Marqués, quien ocupaba el cargo de director general desde 2006, habría presentado su renuncia "por razones personales", según el presidente de la Fundación y del Grupo Hefame, Antonio Abril, quien reconoció, no obstante, que "todos podemos intuir" que esta decisión "tendrá que ver" con el proceso judicial del caso 'Zerrichera'.

El PSOE afirma que los datos del déficit regional son consecuencia de la "gestión manirrota" de Valcárcel

CARTAGENA.- La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, afirmó, una vez conocido que la Región ha sobrepasado el objetivo de déficit y se ha ido a un 3,03 por ciento respecto a nuestro PIB en el tercer trimestre del 2011, que "esto es consecuencia directa de que el Gobierno regional ha gestionado mal, ha seguido despilfarrando, no ha tomado las medidas adecuadas".

   "La principal consecuencia de estos malos datos, que es lo que más nos preocupa, de ser la segunda comunidad autónoma con el déficit tan elevado, es que esta situación lleva a menos confianza en la economía regional, más recortes, más impagos y más empresas en quiebra o en suspensión de pagos, como consecuencia de una gestión manirrota del Gobierno de Valcárcel", añadió.
   García Retegui reprochó al presidente de la Comunidad "que prefiera estar en Europa dando lecciones y cuando viene a la Región esconde la cabeza debajo del ala mientras ésta se deteriora de forma imparable". En opinión de la portavoz socialista, "éste es el camino contrario a la creación de empleo".
   "Ramón Luis Valcárcel no ha tomado nota, sigue sin entender la magnitud del problema y no ha hecho lo que tenía que hacer. Así la expectativa para la economía regional, para el empleo y para la empresas de la Región es nefasta", insistió.
   Begoña García Retegui advirtió que, "de seguir por el mismo camino, Valcárcel nos está llevando al 'crack' de la Comunidad Autónoma". 
"Lo que muchas personas se preguntan en este momento es si, además de no pagar a nadie, Valcárcel va a acabar no pagando tampoco a los funcionarios de la CARM", no pudiendo prestar servicios a los ciudadanos, finalizó.

Valcárcel advierte que mientras Murcia tenga los gastos que tiene continuará con déficit

MURCIA.- El presidente del PP de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha valorado positivamente los datos dados a conocer por la vicepresidenta económica en funciones, Elena Salgado, en el que se refleja que Murcia es la segunda CCAA con el déficit más elevado hasta septiembre, al situarse en el 3,03 por ciento.

   Así, Valcárcel ha considerado que "es un dato que a nadie debiera de sorprender y que desde luego al Gobierno murciano no le sorprende, ya que mejora consistentemente el del año pasado, lo que significa que las medidas que se han puesto en marcha están dando sus resultados", aunque ha advertido, a renglón seguido, que mientras se tengan los gastos que se tienen, "que tienen su fin primero y último en la prestación social, seguiremos con estos déficit".
   "O se nos financia como a otras regiones de España se les ha financiado o seguiremos en esto porque si no tenemos dos caminos", ha manifestado Valcárcel, quien ha apuntado que "o se renuncia al déficit a costa de la reducción de prestaciones sociales o seguimos en el déficit pero no renunciando a estas prestaciones sociales".
   Y es que, ha reiterado, "no se va a renunciar a las prestaciones sociales", por lo que ha apuntado que "el único camino posible que nos queda es exigir que se nos dé el mismo trato que a otras regiones de España".
   No obstante, ha afirmado que este dato es "infinitamente mejor que el del año anterior por las medidas de ajuste económico llevadas a cabo", tras lo que ha vaticinado que el año aún no ha terminado y este mismo dato se incrementará a 31 de diciembre.
   En este sentido, ha anunciado que las cuestiones que se van a plantear al Gobierno del PP pasan por financiación económica, así como los temas de agua y empleo.
   Para ello, ha recordado que Murcia "no ha estado bien tratada en los últimos años por los poderes centrales y como autonomía que somos vamos a exigir que se cumplan aquellas cosas que quedan por cumplir con la Región y que en otro lugares se han cumplido".
   En primer lugar, ha resaltado que "todo lo que sea aplicar políticas que generen empleo es una de las grandes exigencias que se plantearán ante el Gobierno central, ya que es uno de los compromisos con los que el PP se ha presentado".
   Políticas que "resuelvan el déficit hídrico" también será otra de las cuestiones que se llevarán al Gobierno de la nación, así como la financiación autonómica, "que no cubre, en la medida en que debiera hacerlo, las necesidades de una población que cada vez va a más".
   Y es que, ha subrayado, "un millón y medio de murcianos pero hay casi medio millón que no ha sido considerado a la hora de plantear políticas de financiación".
   Por ello, el presidente de los 'populares' murcianos ha dejado claro que no está dispuesto a "rebajar ni un ápice ningún tipo de prestación social dirigida a ciudadanos". "Sanidad y educación son elementos sagrados y esas prestaciones tienen que estar garantizadas", ha indicado.
   Pero esto, ha continuado Valcárcel, "genera déficit si no se financia el número de personas a las que llevamos a cabo tales prestaciones, y es esa otra de las cuestiones que se plantearán con carácter de urgencia al Gobierno de la nación". De forma que ha precisado que a este gobierno se le exigirá "lo mismo" que a los anteriores.
   Preguntado sobre si asistirá al encuentro que ha convocado el próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para este jueves con todos los presidentes regionales del PP de toda España para abordar cuestiones relacionadas con el déficit público y la forma de controlarlo, ha explicado que ese mismo día tendría que estar en Túnez "preparando la cumbre mundial del agua", por lo que dependerá todo de si el horario se adelanta.

Punset insta a "desconfiar" de los gobiernos locales porque "la mafia y la corrupción" se encuentra "sobre todo" ahí

VALENCIA.- El divulgador científico Eduardo Punset ha explicado este martes que lo que, "hasta ahora, hemos aprendido de la administración" es a "desconfiar" de los gobiernos locales porque "la mafia y la corrupción" se encuentran "sobre todo" en estas administraciones.

   Punset, durante la presentación en Valencia de su último libro 'Viaje al optimismo', en el que defiende la implantación de un gobierno mundial, considera un "error considerable coartar los métodos globales de financiación local". "Los ayuntamientos se encontraron sin dinero y echaron mano de cualquier cosa", ha apostillado.
   El presentador de 'Redes' ha subrayado que España todavía "no ha recurrido al liderazgo de los jóvenes" y ha aseverado que hasta que esto no se haga el país no saldrá de la crisis". Aunque se ha mostrado seguro de que esto "se hará".
   En este sentido, ha comentado que en tiempos pasados cuando una sociedad entraba en crisis siempre recurría a los jóvenes por "su fuerza,  capacidad creativa e innovación". Sin embargo, en España no pasa esto desde la Transición, ha indicado.
   Asimismo, el escritor catalán ha manifestado que no se está viviendo "una crisis planetaria". "Esto no existe para un economista", ha afirmado el divulgador, quien ha explicado que hay países que están en expansión y otros en crisis.
   Para luchar contra esta situación y contra el pesimismo, ha instado a recuperar el "reconocimeinto social", algo que considera "fundamental" para ser feliz, como ha demostrado una encuesta que llevaron a cabo unos investigadores británicos. A su juicio, "es muy difícil ser pesimista hoy en día".
   Entre los elementos que alimentan este optimismo, ha mencionado la esperanza de vida. "Cómo se puede ser pesimista cuando la esperanza de vida aumenta dos años y medio cada década", se ha preguntado. A este respecto, ha recalcado que es "la primera vez en la historia de la evolución" que "hay vida antes de la muerte".
   Punset ha señalado que si el siglo XX fue el de "redistribución de la riqueza", el XXI será el de la "redistribución del trabajo". Así, ha explicado que debido al incremento de la esperanza de vida las personas tienen "vidas redundantes".
"No se han eliminado los daños perversos de la senectud, pero sí se han retrasado en el tiempo".
   Preguntado sobre las pautas a seguir para cambiar la educación, un tema que aborda en su libro, el autor ha explicado que la Fundación Eduardo Punset y otros colectivos están buscando introducir lo que considera "una revolución en el sistema educativo", que es incluir "el aprendizaje emocional" en las escuelas.
   Sobre las redes sociales, Punset, el autor español con más apoyo en estas plataformas con 133.000 seguidores en Twitter y 650.000 "amigos" en Facebook, considera esta herramienta "muy importante" porque "nos tiene comunicados con el resto del mundo". El estudio solitario que defendían los intelectuales antaño "ahora ya no le hace a uno grande sino extinguirse".

Diego de Ramón reclama al Banco de España que investigue a la CAM y al Banco de Valencia o pedirá su responsabilidad

MADRID.- El abogado que denunció a los antiguos gestores de la CAM ante la Audiencia Nacional ha solicitado al Banco de España que abra una investigación más "exhaustiva" de los posibles delitos penales cometidos por los gestores de esta entidad y por los del Banco de Valencia, según el escrito enviado al organismo.

   El letrado Diego de Ramón reclama al Banco de España "la apertura de una nueva inspección de control, vigilancia rigurosa y exhaustiva" y advierte al organismo de que pedirá su responsabilidad patrimonial ante los tribunales en caso de que no cumpla con sus obligaciones y remita los resultados a la Justicia.
   En concreto, el abogado considera que los responsables de estas dos entidades intervenidas por el Banco de España ocultaron datos contables, realizaron favores políticos, concedieron créditos sin garantías y cobraron comisiones ilícitas, entre otras irregularidades.
   De Ramón acusa al organismo supervisor bancario de "dejadez" en su obligación de inspeccionar a las entidades financieras, al quedar acreditadas en sus informes de intervención las irregularidades contables, las indemnizaciones millonarias a sus directivos y la concesión de créditos sin garantía.  
   El abogado también ha enviado una carta al futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que le pide que "depure" a los responsables políticos del PP en las comunidades autónomas de Valencia y Murcia, que han mediado en las dos entidades y cifra en 6.000 millones de euros y entre 600 y 1.000 millones de euros las pérdidas provocadas en las dos comunidades, respectivamente.
   En este sentido, el letrado denuncia que "existe un fuerte paralelismo geopolítico" entre la CAM y el Banco de Valencia en la relación mantenida entre sus antiguos gestores y los responsables políticos de las comunidades autónomas de Valencia y Murcia.
   En este sentido, De Ramón explica que los últimos presidentes de la CAM y Banco de Valencia, Modesto Crespo y José Luis Olivas, respectivamente, "salieron de la misma cocina política de designación y sin ninguna experiencia financiera".
   Además, denuncia que ambas entidades participaron en los mismos proyectos inmobiliarios concediendo "macrocréditos" con "dudosas garantías" a promotoras como Grupo Polaris (1.000 millones de euros), Hansa Urbana (300 millones de euros) y a Francisco Hernando 'El Pocero' (100 millones de euros). El abogado alerta del posible tráfico de influencias en las recalificaciones de terrenos.
   Además, De Ramón pide que se investigue a las entidades tasadoras de los inmuebles, cuyos dictámines permitieron a las entidades "duplicar el volumen de negocio" como se demostró en la CAM, al crecer un 370% su cartera crediticia entre 2000 y 2008.
   Por último, el abogado pide a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que asuma la responsabilidad de las cuotas participativas que la CAM vendía a sus clientes como si fueran un depósito, así como las elevadas comisiones que les imponían.

La deuda de la Comunidad Autónoma con las farmacias cerrará el año en 150 millones de euros

MADRID.-   La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) prevé que la deuda que las administraciones autonómicas mantienen con las oficinas de farmacia ascenderá a final de año a cerca de 1.930 millones de euros, y para entonces afectará a más del 70 por ciento de estos establecimientos. En el caso de la Región de Murcia, la cifra se eleva a 150 millones.

   Así se desprende de las previsiones recogidas por esta entidad en su último Observatorio del Medicamento, relativo al mes de octubre, donde urgen al Estado a avalar dicha deuda a fin de evitar "desabastecimientos generalizados", con el consiguiente "riesgo de quiebra" del Sistema Nacional de Salud (SNS).
   Actualmente ya hay 12 comunidades autónomas que han publicado los resúmenes de sus programas de austeridad para cumplir con los objetivos de déficit de 2011 fijados por el Pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, entre los que incluyen 855 millones de ahorro en medicamentos.
   Esto está generando una situación generalizada de impagos que va en aumento aunque, no obstante, afecta en mayor o menor medida a unas comunidades y otras.
   De este modo, y según las previsiones de FEFE, la región más endeudada a finales de año con las farmacias será Comunidad Valenciana (360 millones), seguida de Castilla-La Mancha (335), Andalucía (300), Cataluña (276), Madrid (202), Canarias y Murcia (150, en ambos casos).
   En situaciones de normalidad, recuerdan las farmacias, el pago de los medicamentos dispensados se producía en un plazo medio de 45 días, los mismos en los que las farmacias pagan a los proveedores (almacenes de distribución y laboratorios), a quienes corresponde un 78 por ciento de lo ingresado.
   Con el 22 por ciento restante, la farmacia tiene que hacer frente a sus gastos generales, nóminas, pago de seguros sociales e impuestos. Sin embargo, según reconocen, en el momento actual su capacidad de endeudamiento es muy limitada, particularmente en lo que se refiere a la adquisición de deuda a corto plazo (pólizas y préstamos), agravada por la situación de crisis económica global.
   Sobre todo teniendo en cuenta que el retraso en el pago a proveedores, en caso de que el farmacéutico no se encuentre ya en el máximo, llegando a los 120 días, lo que conlleva un alto coste financiero.
   Por ello, y ante los retrasos anunciados en el pago en distintas comunidades autónomas, FEFE teme un "importante desabastecimiento" y que, en algunos casos, haya farmacias que tengan que entrar en concurso de acreedores, particularmente las adquiridas en los cinco últimos años con créditos.
   "En ningún caso, ya que ni los colegios ni las patronales lo recomiendan, se está barajando la posibilidad de dejar de dispensar voluntariamente las recetas del Sistema Nacional de Salud o tratar de cobrar su importe a los beneficiarios", aseguran las oficinas de farmacia, que no obstante advierten que "pagarán prioritariamente las nóminas, los seguros sociales, los impuestos y aquellas cantidades que sean imprescindibles para su supervivencia".
   Sin embargo, advierten, "el pago a proveedores puede verse afectado". Con todo, el problema principal es de carácter sanitario y social, por lo que instan al nuevo Gobierno a tomar "importantes" decisiones antes de fin de año para que no llegue a producirse la quiebra del sistema.
   "El aval del Estado solicitado al Gobierno por FEFE y reclamado también por Farmaindustria se perfila como la mejor, y quizá la única solución, en esta crisis", reconocen.
   Asimismo, en este observatorio también se recogen los impagos de los hospitales por las compras que realizan directamente a los laboratorios y empresas de tecnología sanitaria, representadas por Farmaindustria y Fenin.
   Estos impagos por la compra de medicamentos a hospitales ascendían a 30 de septiembre pasado a 5.826 millones de euros con un plazo de pago medio de 432 días. En el caso de los productos sanitarios y de tecnología conexa la deuda a la misma fecha era de 4.740 millones de euros y el plazo medio de pago de 431 días.

El PSRM se encamina hacia un ajuste de cuentas tras su hecatombe electoral

MURCIA.- El grupo de simpatizantes y militantes del PSRM que suscriben el Manifiesto de protesta contra el actual partido, insiste, a tenor del análisis del resultado de las elecciones del 20N, en pedir la dimisión del secretario general, Pedro Saura, y convoca para mañana miércoles a todos los militantes y simpatizantes del PSOE de las distintas agrupaciones de toda la Región a una asamblea. 

   Así, expresan su mas firme convicción de que la única manera de responder a las demandas de los que nos han votado y los que antes nos votaban, "requiere de proyectos y alternativas que respondan desde la izquierda, desde el socialismo a la situación actual y a las demandas y necesidades de los ciudadanos".
   Dicen, en comunicado de prensa que lo primero son las propuestas y después la elección de las personas capaces de liderarlas. "No sólo tenemos que hacer una oposición fuerte y sin concesiones a aquellas políticas que pretenden socavar nuestro estado de bienestar y vender los logros conseguidos durante años al mejor postor, tenemos que presentar alternativas serias, coherentes y sin concesiones", señalan.
   Desde las bases socialistas, continúa el comunicado, "venimos exigiendo un debate continuo en las agrupaciones, que la voz de los militantes sea tenida en cuenta a la hora de tomar decisiones, que las propuestas políticas se realicen desde abajo, con una implicación y una participación tal que todos consideremos que estamos en un solo barco".
   Este debate ha sido, a su juicio, "hurtado por unos dirigentes que han hecho de la mesa camilla el lugar de las decisiones, de las propuestas y no las asambleas de militantes". El lugar donde, recalcan, "se han elegido a los que nos representan sin tener en cuenta si eran lo más adecuado, los más capaces y sobre todo los más cercanos y conocedores de los problemas actuales de los ciudadanos".
   Dirigentes, que como Pedro Saura, al que ya solicitaron su dimisión en mayo pasado, "no han sido capaces de dejar aparte sus ambiciones personales y han contribuido a presentar una imagen y unas propuestas del PSRM que no tiene nada que ver con las que las bases demandaban".
   Ahora, critican, "llaman a la reflexión y al análisis cuando deberían haberlo hecho en su momento". Así creen que "es momento de que el secretario general del PSRM dimita".
   "Creemos que el debate se debe hacer en las agrupaciones, pero antes los militantes socialistas tenemos que partir de unos principios de actuación, sabemos que ahora es momento de compromiso y participación y no estamos dispuestos a que dirigentes que hasta ahora no han demostrado disposición y respeto a nuestras opiniones sean los que dirijan el proceso de cambio en el PSRM", añaden.
   Por todo ello, convocan a todos los militantes y simpatizantes de las distintas agrupaciones de toda la Región, a la IV Asamblea del Grupo del Manifiesto, que tendrá lugar el próximo día 30 de noviembre de 2011, a las 20.30 horas en el salón de actos del I.E.S Licenciado Cascales.

Universidades movilizará 242,7 millones en 2012, el 82,2% para la UMU y UPCT

CARTAGENA.- El consejero de Universidades, Empresa e Investigación, José Ballesta, presentó este martes ante la comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de la Asamblea Regional el proyecto de presupuestos de su departamento para 2012, que moviliza 242,7 millones de euros, de los que el 82,2 por ciento del total, casi 200 millones, irá destinado a las universidades públicas de la Región.

   Y es que ha explicado el consejero del ramo, el papel de las universidades públicas es fundamental para generar conocimiento y para transferirlo a los sectores productivos y la sociedad como base para la creación de empleo de calidad.
   Esta partida recoge la financiación de la gestión de las competencias de la Comunidad en materia universitaria, las inversiones para infraestructuras y equipamientos y la financiación de los programas de ayudas y becas.
   Algunas de las novedades para este ejercicio presupuestario en este ámbito son la creación de un sistema propio de indicadores de la Comunidad para el proceso de seguimiento de los títulos universitarios oficiales o el apoyo a los títulos interuniversitarios UMU-UPCT, para aprovechar las sinergias entre ambas.
   En política científica se consolidará la formación del personal investigador a través de la dotación para la Fundación Séneca, que gestiona estas acciones en el marco del nuevo Plan Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
   Además, el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO) dinamizará la actividad empresarial regional con una dotación de 60,5 millones de euros.
   Asimismo, según ha informado el Gobierno regional, todas las direcciones generales contemplan actuaciones específicas para Lorca, como, por ejemplo, la apuesta por su campus universitario, incentivos a los comercios dañados por los terremotos, incremento de ayudas para equipamientos o el impulso de proyectos empresariales en la zona.
   De cara a 2012, la Consejería recoge nuevas líneas, como el Programa Nuevo Talento de estímulo a la investigación o la iniciativa Líderes de Investigación, que dará oportunidades a los investigadores jóvenes más cualificados para desarrollar sus carreras.
   "Es el momento de reforzar decididamente la investigación y la innovación como receta opuesta al inmovilismo, como el paso para avanzar hacia la especialización y la diferenciación que el nuevo escenario económico demanda", añadió el consejero.
   El INFO incentivará con 60,5 millones el emprendimiento, la dinamización de la actividad empresarial y la apertura a nuevos mercados a través de la internacionalización. En concreto, destina casi 30 millones a promover y apoyar la innovación, 8 millones de euros a fomentar el emprendimiento y 11 millones a actividades relacionadas con la internacionalización, según las mismas fuentes.
   Entre las nuevas iniciativas desarrolladas en este campo, la Consejería activa nuevos proyectos como el 'Club del Emprendedor', el servicio 'Info-Financia' o la iniciativa 'Tu negocio en 24 horas'. Esta última ofrece la posibilidad de que en un mismo día una empresa no solo pueda estar legalmente constituida, sino que además pueda desarrollar desde ese instante su actividad comercial.
   Además, el INFO desarrollará servicios novedosos como el acompañamiento a la empresa para ayudarle a localizar fondos de financiación, un programa de atención primaria a la sociedad mercantil para hacer un primer diagnóstico de la situación en la que se encuentra la empresa, o un servicio de iniciación a la exportación.
   Se pondrán en marcha más ayudas para proyectos de I+D y para inversiones tecnológicamente avanzadas. Asimismo, se ha aumentado en un 29 por ciento el presupuesto del Plan de Promoción Exterior de la Región de Murcia, con un total de 11 millones de euros.
   Las actuaciones en materia industrial pasan por la mejora de las infraestructuras energéticas de la Región, para facilitar los suministros en condiciones óptimas de seguridad y calidad, el desarrollo de las energías renovables, el impulso de la competitividad industrial y el desarrollo de importantes servicios públicos de interés general, como es el caso de la seguridad industrial y minera.
   Asimismo, forma parte de las acciones previstas para la  promoción del tejido industrial regional la difusión del conocimiento de los elementos del patrimonio industrial y de las empresas industriales en funcionamiento en la Región de Murcia.
   Ello se vertebrará a través de la puesta en marcha de una iniciativa para el impulso del denominado turismo industrial, mediante el cual se dará a conocer la diversidad productiva de nuestro sector industrial.
   El Gobierno regional también refuerza su apuesta por las 'energías limpias' y por la movilidad sostenible, dentro del Programa Integral de Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia. Así, a través de Argem se articulará un plan para abaratar la factura energética de las familias a través de la introducción de la biomasa y las renovables en viviendas privadas.
   Uno de los principales proyectos en materia de energía renovable es la creación de la 'Ciudad Solar', una iniciativa que surge de forma paralela a la construcción en Lorca de la central solar fotovoltaica más grande del mundo, y que favorecerá la creación de un cluster de la energía solar donde empresas fabricantes de placas, componentes, instaladores, mantenedores o ingenierías, asienten su negocio allí, convirtiendo el municipio lorquino en el referente en este campo.
   También se fomentará el mercado de la biomasa mediante el uso de terrenos infrautilizados para aprovecharlos con cultivos energéticos de baja demanda hídrica, y, conjuntamente con las empresas de transporte de la Región, se promoverá el ahorro de energía a partir de técnicas de conducción eficiente.
   La Consejería destina 4,4 millones de euros para los programas presupuestarios de promoción del comercio, la artesanía y la defensa del consumidor. En cuanto al comercio, se da especial importancia al apoyo al comercio de proximidad, para lograr una gestión más eficiente de los negocios.
   En artesanía se trabajará junto al sector en la aplicación de acciones para su optimización y crecimiento, que permitan una adaptación más sencilla a las tendencias de los mercados nacionales e internacionales. También se incrementará la actividad de los Centros Regionales de Artesanía de Murcia, Cartagena y Lorca, y se reforzará su papel como foro de encuentro y exposición de las actividades del sector.
   En cuanto a consumo, la Consejería apuesta por simplificar la documentación y el acceso de los ciudadanos a las hojas de reclamaciones. Asimismo, se supervisarán los servicios donde mayor aumento de reclamaciones se registre. En este sentido, se realizará un especial esfuerzo en el campo de la telefonía móvil donde se ha detectado un mayor número de incidencias por servicios o tarifas no contratadas.
   José Ballesta señaló que "esta Consejería ha hecho el mayor de los esfuerzos por optimizar la eficacia de estos presupuestos, con la intención de que cada euro que destinemos logre un retorno productivo superior para la Región".
   "Se trata de un presupuesto que ha sido coordinado con los sectores productivos y las universidades con el fin último de apostar por la generación de empleo de calidad desde la base del conocimiento, el desarrollo y la innovación", finalizó.

Murcia registra la segunda mayor caída en el empleo del comercio minorista en octubre

MURCIA.- La Región de Murcia experimentó en octubre una caída en el empleo en el sector del comercio al por menor del 1,9 en relación al mismo mes del año anterior, un descenso superior al experimentado en el conjunto nacional, del 0,5 por ciento, lo que supone la segunda mayor caída por comunidades autónomas, detrás de Andalucía.

   Respecto a la media en lo que va de año, el descenso en la Región de la ocupación bajó un 2,6 por ciento, según los Índices de Comercio al por Menor (ICM) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
   Por su parte, las ventas del comercio al por menor registraron una caída del 7,7 por ciento durante el mes de octubre en la Región de Murcia, en relación al mismo mes del año anterior, superior a la bajada de la media nacional (-6,9 por ciento), y la quinta mayor caída por comunidades, junto a Cantabria.
   En el conjunto del país, las ventas del comercio al por menor cayeron en octubre un 6,9% con respecto al mismo mes de 2010, cifra un punto y medio por debajo de la registrada en septiembre (-5,4%), según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).
   Las ventas del comercio minorista suman así 16 meses con signo negativo, tras la subida del 0,9% que experimentaron en junio de 2010. La tasa media de las ventas del sector registró una caída del 5,5% en los diez primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2010.
   Todos los modos de distribución redujeron sus ventas en octubre en términos interanuales, especialmente las grandes superficies, que recortaron su facturación un 10,3% respecto a octubre de 2010.
   En el décimo mes del año, el sector del comercio minorista redujo su nivel de empleo un 0,5% en comparación con el mismo mes del ejercicio pasado.
   Según los datos del organismo estadístico, las ventas del comercio minorista sin incluir las estaciones de servicio cayeron un 6,7% en octubre. Las de los productos de alimentación retrocedieron un 2,7%, mientras que los no alimenticios disminuyeron un 9,6%.
   Eliminado el efecto calendario, la facturación del comercio minorista bajó un 7% en octubre en tasa interanual, un punto y cuatro décimas por debajo de la tasa de septiembre (-5,6%).
   Por su parte, las ventas en las estaciones de servicio, descontando el efecto de los precios, bajaron un 5,8% respecto a octubre de 2010.
   En el décimo mes del año, todos los modos de distribución redujeron sus ventas respecto al mismo mes del año anterior, especialmente las grandes superficies, que recortaron su facturación un 10,3%.
   Por su parte, las pequeñas cadenas redujeron un 8,8% sus ventas en tasa interanual, mientras que las empresas unilocalizadas lo hicieron un 7,1%. Las grandes cadenas presentaron el menor descenso, con una caída de sus ventas del 2,3%.
   Las ventas del comercio minorista se redujeron en octubre en todas las comunidades autónomas. Las mayores disminuciones interanuales se registraron en Andalucía (-9,8%), Galicia (-8,9%) y Baleares (-8%), en tanto que Canarias (-4,4%) y Navarra (-4,6%) registraron los menores descensos.
   Los datos del INE también ponen de manifiesto que el empleo en el comercio minorista continuó a la baja, al registrar en octubre un descenso anual del 0,5%, cuatro décimas por debajo de la tasa registrada en septiembre. En las estaciones de servicio, el empleo aumentó un 0,1%.
   Por modos de distribución, todos ellos redujeron su nivel de ocupación en octubre, menos las grandes cadenas, donde aumentó un 1,5%. El mayor retroceso del empleo se lo apuntaron las grandes superficies (-3%), seguidas de las pequeñas cadenas (-2,4%), mientras que las empresas unilocalizadas no registraron variación alguna.
   El empleo en el comercio minorista descendió en diez comunidades autónomas en octubre. Andalucía y Murcia, con caídas del 2,8% y del 1,9%, respectivamente, presentaron los mayores recortes. En cambio, Madrid (+1,7%), Castilla y León (+1,3%) y Canarias (+1,2%) registraron los mayores incrementos de la ocupación.

La revista Science premia el trabajo de un profesor de la UMU

MURCIA.- El trabajo del profesor de Matemáticas de la Universidad de Murcia (UMU), Francisco Esquembre, sobre aprendizaje de los fundamentos de la física a través de herramientas informáticas ha sido premiado con el premio Spore de la revista Science, una de las de mayor índice de impacto del mundo científico. 

   El proyecto Open Source Physics (OSP, Física de Código Abierto), elaborado por Esquembre, decano de la Facultad de Matemáticas, en colaboración con los investigadores Wolfgang Christian y Lyle Barbato, aloja en su web herramientas de modelado informático que permiten simular fenómenos del mundo real para que los estudiantes aprehendan los conceptos de la física moderna.
   Así, OSP ofrece a los profesores y estudiantes de física 500 simulaciones, descargadas ya en 50.000 ocasiones. Presenta tres herramientas: una para el análisis y modelado en vídeo, otra plataforma para crear comunidades digitales y una tercera, Easy Java Simulations (EJS), creada por el profesor Esquembre.  
   Con EJS, los estudiantes de física pueden manipular los elementos de un modelo, experimentar con los efectos de esas manipulaciones y conocer de primera mano la física y sus leyes.
   Todos los modelos pueden ser revisados para detectar un posible error y modificados libremente para crear nuevos modelos, según fuentes de la institución docente.
   Aunque la herramienta está pensada para la física, otros campos como los de la biología, la química y hasta la economía pueden aprovecharse también de la idea.
   El trabajo ha sido publicado en la revista, constituyendo la cuarta vez en los últimos cincuenta años que aparece en Science un artículo firmado por un investigador de la Universidad de Murcia.

La Seguridad Social compensará a pensionistas de mínimas con 855,87 millones

MADRID.- La Seguridad Social compensará a los pensionistas de mínimas y no contributivas con 855,87 millones de euros por la desviación al alza de la inflación en el mes de noviembre, que fue de 1,9 puntos porcentuales sobre lo previsto para 2011 (1%), según ha informado el Ministerio de Trabajo.

   Los beneficiarios de esta compensación son los más de 3,2 millones de perceptores de pensiones mínimas, SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez y Enfermedad) no concurrente con otras pensiones, pensiones no contributivas y prestaciones familiares, es decir, todas aquellas que no quedaron congeladas tras el decreto de recortes de mayo de 2010.
   Esta compensación se abonará en una paga de 441,69 millones de euros que se consolidará en su nómina del próximo ejercicio, lo que significará otros 414,18 millones de euros.
   Según Trabajo, la compensación por la desviación de inflación no afecta a las pensiones que hayan sido reconocidas a lo largo de 2011.
   El gasto previsto para este año es un 65% inferior a lo empleado en la compensación el pasado año (2.472 millones de euros), lo que supone un ahorro de más de 1.600 millones de euros.
   En enero de 2010, los pensionistas españoles no recibieron paga compensatoria pues la subida de pensiones en 2009 fue superior a la inflación y el colectivo ganó entre 1,6 y 6 puntos de poder adquisitivo, 1.280 millones de euros.
   El sistema de Seguridad Social español  establece el abono de las pensiones en 14 pagas al año y prevé una compensación en caso de que se supere la inflación con la que se revalorizan las  pensiones.

lunes, 28 de noviembre de 2011

El PSRM advierte que el SMS "suprimirá para el próximo año más de 600 puestos de trabajo"


CARTAGENA.- La responsable de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, ha denunciado públicamente que "el recorte de 94 millones de euros de los Presupuestos del Servicio Murciano de Salud (SMS) para 2012 conllevará la supresión de 631 puestos de trabajo". 

   Por ello, ha considerado que la consejera de Sanidad, Mª Ángeles Palacios, "deberá explicar este miércoles cómo va a afectar dicha reducción de profesionales de la sanidad a la calidad de los servicios sanitarios".
   Y es que, ha reprobado Rosique, "los anuncios que se vienen realizando desde la Consejería de supresión de quirófanos por la tarde, no cubrir las vacantes o suprimir camas hospitalarias en período de vacaciones navideñas, junto al cierre de centros de salud en horario vespertino y fines de semana, tienen como colofón la drástica reducción de puestos de trabajo en el SMS".
   Este dato, a juicio de la diputada, demuestra que "lejos de lo dicho por el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, la sanidad si se verá afectada por los recortes presupuestarios, ya que sin lugar a dudas la reducción de recursos humanos redundará negativamente en la calidad de los servicios y directamente en los ciudadanos".

La murciana Comarth se asegura la producción de al menos 1.200 vehículos eléctricos en 2012

MURCIA.- La compañía española Comarth se ha asegurado prácticamente su objetivo de alcanzar el próximo año una producción de 1.200 vehículos eléctricos, tras los recientes pedidos de particulares, de grandes empresas y de los servicios de correos de Noruega y Francia.

   La empresa radicada en Murcia señaló que está "muy cerca" de alcanzar su objetivo productivo para 2012, al tiempo que añadió que su flexibilidad le permitiría incrementar la cifra programada "con relativa facilidad".
   Comarth se ha adjudicado el suministro de 250 vehículos eléctricos en 2012 al servicio postal francés (La Poste), correspondientes a su modelo CrossRider, que se fabrica íntegramente en España y que en este caso fue especialmente diseñado para cumplir los requerimientos de La Poste.

La Fiscalía propone reformar la Audiencia Nacional para centrarse en la lucha contra el crimen organizado

BARCELONA.- El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, considera "imprescindible" llevar a cabo una reforma de este tribunal que esté centrada en ampliar las competencias en la lucha contra el crimen organizado si finalmente ETA desaparece.

   En una conferencia en la Jornada sobre Crimen Organizado en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC), Zaragoza, que ha puntualizado que "no hay que ser optimistas con ETA", ha pedido de nuevo que se reforme el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para que prevea más supuestos dentro del crimen organizado que el de narcotráfico y falsificación de moneda.
   Para Zaragoza, este artículo está anticuado y no prevé numerosa casuística relacionada con el crimen organizado a la que podría dedicarse la AN tras el final del terrorismo de ETA, como por ejemplo la trata de seres humanos y el blanqueo de dinero.
   El fiscal ha mostrado su preocupación porque el crimen organizado se está asentando cada vez más y sus estructuras son "auténticos poderes antagónicos y paralelos a los legales", que pretenden regir la vida de la sociedad de forma paralela.
   Según el fiscal, el sistema legal actualmente es bueno pero las mafias son un fenómeno creciente, por lo que ha apostado por utilizar todos los mecanismos legales disponibles "sin complejos".
   Ha defendido como una buena medida la incomunicación de un detenido en el caso de crimen organizado para cortar la relación con su abogado de referencia, porque éste sirve de "correa de transmisión" de las órdenes de la organización, y además esto no priva a la persona de su derecho de defensa.
   Para él, las líneas fundamentales para luchar contra el crimen organizado son mejorar la cooperación judicial internacional, la especialización de los órganos de investigación y enjuiciamiento, sobre todo en el caso de los jueces creando por ejemplo los de instrucción especializados, y la regulación del decomiso de bienes.
   Según el fiscal, el dinero que mueve en el mundo el crimen organizado asciende al billón de euros, lo que significa que si fuera un Estado, debería estar entre los miembros de un hipotético G-10.
   Además, ha recordado que tan solo se decomisa un 20% de toda la droga que mueven las redes de narcotráfico, por lo que el resto genera unas ganancias enormes que llegan a los mercados.

Fitch pronostica dos años difíciles para la energía solar

MADRID.-   La agencia de calificación crediticia Fitch considera en un informe sectorial que las tecnologías solares probablemente sufrirán unas "duras condiciones de mercado" durante los próximos dos o tres años.

   En el informe, la agencia considera que los recortes de primas a las renovables en varios países dañarán al sector, hasta que las tecnologías que emiten CO2 empiecen a sufrir gravámenes adicionales por estas emisiones y, con ello, hagan más competitiva a la solar.
   "Algunos países podrían anunciar recortes adicionales de primas en un momento en el que la crisis de la deuda soberana pone presión sobre las finanzas públicas y los precios de la electricidad se han convertido en un aspecto clave de la política", afirma Fitch.
   Los recortes pueden ser mayores en la tecnología fotovoltaica, en un momento en el que los países se orientan hacia renovables más productivas, como la eólica 'off shore', y los gobiernos, como es el caso del italiano, empiezan a aplicar limitaciones a la instalación de potencia.
   Otros aspectos que caracterizarán esta actividad serán una saturación del mercado provocada por la masiva llegada de paneles chinos y la debilidad de la demanda provocada por la caída de las primas.
   En todo caso, Fitch pronostica que la tercera fase del programa de comercio de emisiones en Europa, que comienza en 2013, ayudará a desarrollar las tecnologías solares al hacerlas más competitivas.

BMN y Caixa Penedès analizarán reclamar el dinero de los planes de pensiones millonarios

BARCELONA.- Banco Mare Nostrum ha acordado iniciar los trámites, junto con Caixa Penedès, para valorar la posibilidad de reclamar el dinero de los planes de pensiones millonarios de cuatro exdirectivos de la caja catalana que suman 20 millones de euros, han informado hoy fuentes cercanas al consejo del banco.

   Los servicios jurídicos y técnicos serán los encargados de analizar si es posible, para que luego las entidades tomen una decisión, teniendo en cuenta los posibles daños tanto patrimoniales como de reputación.
   La junta de accionistas de BMN --que integra a Caja Murcia, Caixa Penedès, CajaGranada y Sa Nostra-- ha aceptado la dimisión la semana pasada del hasta ahora presidente de Caixa Penedès, Ricard Pagès, y del director general, Manuel Troyano, ambos consejeros de BMN, después de que trascendiese la existencia de estos planes de pensiones.
   Como miembros del consejo de BMN les relevan Albert Vancells, presidente provisional de Caixa Penedès, y Ricard Banquells, secretario del consejo de administración de la entidad.
   Con este cambio, el consejo de BMN ha designado a Vancells vicepresidente primero de BMN, en relevo de Pagès, según consta en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
   De la misma forma que el consejo de Caixa Penedès del pasado jueves reprobó la actuación de los directivos con los fondos de pensiones citados, el consejo de BMN ha rechazado estas "actuaciones y comportamientos por absolutamente contrarios a las buenas prácticas empresariales e incompatibles con su política retributiva".
   La Fiscalía de Barcelona ha iniciado la investigación del caso, en el que también están implicados el exdirector general de Caixa Penedès Joan Caellas y el exdirector de recursos humanos Jaume Jorba.
Pagès y Troyano, con otros exejecutivos de la caja, se autoadjudicaron un plan de pensiones asegurado con un importe superior a los 20 millones de euros, que en su mayor parte estaba depositado en otra entidad.
El plan de Pagès ascendía a 11 millones de euros y el de Troyano superaba los cinco millones. Además Jaume Jorba, exdirector de recursos humanos, tenía cuatro millones y Joan Caellas, exdirector general que fue obligado a dimitir en agosto pasado, con menor antiguedad en la caja, contaría con un plan de un importe inferior, menos de dos millones.
Fuentes del consejo añaden a Santiago Abella, exdirector general adjunto, como beneficiario de ese plan de pensiones del que habría acumulado cerca de cuatro millones. Abella se jubiló en el 2007. 

La Comunidad de Murcia no cumple con el objetivo de déficit público y es la segunda que lo tiene más elevado

MADRID.- Las comunidades autónomas registraron un déficit de 12.873,78 millones hasta septiembre, el 1,19% del PIB, una décima por debajo del objetivo que se había fijado el Ejecutivo para el conjunto del año (1,3%), según ha adelantado la vicepresidenta económica en funciones, Elena Salgado.

   En una rueda de prensa, Salgado ha explicado que la cifra es ligeramente inferior al déficit del 1,21% registrado en el trimestre anterior, ya que si sólo se tiene en cuenta el resultado del tercer trimestre del año se ha registrado un superávit de 192 millones.

   En este sentido, el Gobierno considera "evidente"  el efecto de las medidas previstas en los planes de reequilibrio aprobados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en las cuentas de las comunidades y asegura que si se analiza únicamente el comportamiento presupuestario del tercer trimestre, diez comunidades cerraron con superávit.

   Según Salgado, el dato demuestra que las comunidades han hecho esfuerzos y están en la senda de reducción del déficit, por lo que ha confiado en que finalmente cumplan el objetivo marcado, tal y como hará el Estado.

   De hecho, ha descartado la posibilidad de nuevas medidas de ajuste para cumplir el objetivo de déficit público (6%) porque "no tendría mucho sentido" que las tomara un Gobierno en funciones y porque la Administración Central va a cumplir.

   "La Administración Central va a cumplir y las comunidades deberían hacerlo", ha señalado, tras asegurar que el dato de las comunidades en los nueve primeros meses es un "buen indicativo" de cómo los diferentes territorios están reduciendo el déficit.

   El dato registrado de 12.873 millones es consecuencia de unos ingresos no financieros que han caído un 3%, mientras que los gastos han bajado un 2,81% respecto al mismo periodo de 2010.

   Por comunidades, los datos muestran que todos los territorios menos el País Vasco (+0,60%) han registrado un saldo negativo y sólo seis incumplen el objetivo del 1,3% frente a las ocho que lo rebasaban en el trimestre anterior.

   Diez comunidades mejoran sus datos respecto al segundo trimestre (Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja), mientras que siete los empeoran (Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia).

   De hecho, Castilla-La Mancha (4,84%) y Murcia (3,03%) son las comunidades con el déficit más elevado, aunque también se sitúan por encima del objetivo marcado (1,3%) Comunidad Valenciana (2,32%), Extremadura (1,98%), Asturias (1,57%) y Cataluña (1,34%).

   Por encima del 1%, pero por debajo del objetivo marcado se sitúan Castilla y León (1,25%), Cantabria (1,19%), Andalucía (1,11%), seguidas de Baleares (0,97%), Aragón (0,89%), Galicia (0,82%), La Rioja (0,56%), Canarias (0,51%), Madrid (0,47%) y Navarra (0,06%).

   De cara al futuro, Salgado ha confiado en que las comunidades se mantengan en la senda de reducción del déficit tomando nuevas medidas, ya que es "evidente" que hay que seguir haciendo esfuerzos hasta finalizar el año.

   No ha querido valorar las iniciativas concretas que ha puesto en marcha cada comunidad, aunque sí ha dicho que el Ministerio se pondrá en contacto con las comunidades que no están cumpliendo para conocer la situación.

   De la misma forma, ha asegurado que no está previsto convocar otra vez el CPFF y no ha querido dar "consejos" a su sucesor al frente de la cartera de Economía y Hacienda o anticipar los resultados de su trabajo.

   Sobre la situación concreta de Cataluña, Salgado se ha limitado a decir que la relación con la Comunidad Autónoma es "cordial" y que el Estado no escucha que no va a cumplir el objetivo fijado porque entiende que es su "obligación".

"Todo el mundo tiene que hacer lo posible por cumplir", ha dicho.

Los tribunales han comenzado a tomar cartas en el asunto de los complejos productos financieros

VALENCIA.- Los tribunales han comenzado a tomar cartas en el asunto de los complejos productos financieros que los bancos ofrecen a los clientes que buscan una rentabilidad superior a la media para sus ahorros. La ley prohibe a las entidades "vender" este tipo de inversiones a personas que carezcan de la preparación adecuada para entender sus riesgos, pero los banqueros han llegado a colocárselas a octogenarios, según el diario 'Levante'.

  Hace unos días se conocían tres nuevas sentencias relacionadas con productos financieros complejos que se habían ofrecido a los clientes de los bancos sin informar correctamente sobre los riesgos que se asumían. Uno de los casos lo resolvía la Audiencia Provincial de Murcia condenando a Caja Mediterráneo (CAM) a devolver a una octogenaria, domiciliada en Cartagena, los 134.000 euros colocados en bonos del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers -quebrado en 2008-, al no haber advertido la entidad financiera al cliente los riesgos a los que se enfrentaba en la operación.
Otro juzgado, en esta ocasión de Valencia -la Audiencia-, se pronunciaba a favor de un matrimonio que había invertido 250.000 euros en el mismo producto, "seguro y de buena rentabilidad", según les dijeron en 2008 en la oficina de Bankinter, aunque un año después la sucursal les envió una comunicación en la que les trasladaba que habían perdido todo lo invertido.
Por las mismas fechas, a casi ochocientos kilómetros de distancia, la sección séptima de la Audiencia Provincial, en Gijón, atendía una reclamación similar y obligaba a Banif, la filial de banca privada del Banco de Santander, a pagar a una clienta los 262.318 euros que había invertido en Lehman. Los motivos, los mismos: no habían advertido adecuadamente a la demandante los riesgos que asumía con la adquisición del producto. Esa misma oficina bancaria ya había tenido que devolver con anterioridad otros 800.000 euros a una decena de clientes por incumplir los deberes de "información y lealtad" en la venta de los productos.
Lo cierto es que mientras la economía funcionaba bien y la burbuja inmobiliaria se hinchaba no había problemas. Los bancos y las entidades financieras ingresaban regularmente los beneficios en las cuentas de los inversores y nadie se paraba a pensar dónde estaba metido su dinero. Sin embargo, septiembre de 2008 marcó, como en casi todo, el punto de inflexión. La caída del banco de inversión Lehman Brothers, de las hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac y la aseguradora AIG provocaron la caída del castillo de naipes y la conversión de los boyantes rendimientos en importantes pérdidas, que en algunos casos supusieron no solo un porcentaje, sino todo el dinero invertido, como en el caso de Lehman.
Estas pérdidas soliviantaron a numerosos inversores que, aún siendo conscientes de que podrían perder dinero, jamás habían llegado a imaginar que su cuenta se podría quedar a cero. Se trataba en la mayoría de los casos, que se están resolviendo ahora en los juzgados, de personas sin experiencia en la inversión, que pretendían sacar de sus ahorros una rentabilidad superior a la media, desconocedores, además, del amparo que les brinda la legislación ante este tipo de productos. En concreto, la Ley de Mercado de Valores de 2007, que modificaba la de 1988 para incluir una serie de directivas europeas. En su artículo 79 bis se regulan las obligaciones de información que deben cumplir las entidades financieras con los demandantes de un producto de inversión. Cuando se trate de clientes no profesionales, la ley deja las cosas meridianamente claras. Primero, la entidad deberá asegurarse de la capacidad intelectual del cliente para comprender el tipo de producto que se le ofrece y los riesgos que comporta, estableciendo un perfil sobre sus conocimientos y experiencia en el ámbito de la inversión. En caso de que el potencial comprador tenga dudas, el banco está obligado a no ofrecerle ese producto.

Información clara y no engañosa
En segundo lugar, la información que se ofrezca ha de ser "imparcial, clara y no engañosa". Precisamente, este artículo de la ley es el que está llevando a los bancos a perder las demandas de los clientes. La Audiencia Provincial de Murcia, en la sentencia que da la razón a la octogenaria de Cartagena frente a la CAM, lo deja muy claro. El banco debe "proporcionar al cliente una información individualizada y adecuada en relación con el producto financiero que adquiere, a fin de que pueda alcanzar una cabal comprensión de sus características y de los riesgos asociados a la misma, en especial el referente a la posibilidad de pérdida total 0 parcial del capital invertido".
También hay otros productos complejos que han dado lugar a las reclamaciones de los clientes, como las llamadas participaciones preferentes, que se han convertido en un callejón sin salida para miles de pequeños ahorradores en la CAM. Con la compra de estos valores, el inversor lo que hace en realidad es prestar su dinero a perpetuidad al banco o caja en cuestión a cambio de un interés anual, generalmente bastante elevado, que se pagará siempre que existan beneficios.
Esto significa que, rentabilidad aparte, la única forma de recuperar lo invertido es encontrar a otra persona que desee comprar las participaciones, algo muy complicado en el actual momento de crisis, en el que todo el mundo desconfía de las entidades financieras y prácticamente no existe demanda para estos títulos. Tienen también el inconveniente de que en caso de quiebra, al tratarse de deuda subordinada, sus propietarios son los últimos en la lista de cobro, sólo por delante de los accionistas.
Para las entidades la principal ventaja es que el dinero captado con este tipo de emisiones computa como recursos propios de máxima calidad o "core capital" y les permite alcanzar los mínimos de solvencia que les exige la legislación. Por este motivo, aunque hay emisiones de finales de los noventa, fue a partir del año 2009 cuando empezaron a utilizarse de forma masiva para hacer frente a los primeros embates de la crisis, hasta el punto que la mismísima Comisión Nacional del Mercado de Valores tuvo que llamar la atención al sector y advertir públicamente de los riesgos del producto.
Aún así, en estos momentos los bancos y cajas españoles tienen colocados casi 24.000 millones de euros en participaciones preferentes, según los datos del AIAF, el mercado de renta fija donde en teoría pueden comprarse y venderse, como si fueran acciones, aunque la realidad es que las operaciones son muy escasas. Entre las entidades con más títulos destacan La Caixa, con emisiones por valor de 4.897 millones; el BBVA, con 3.475 millones; Caja Madrid, con 3.022 millones; el Santander, con 1.965; la CAM, con más de 1.400 millones; o Bancaja, con 600 millones.
Se trata, en definitiva, de un "instrumento complejo y de elevado riesgo que puede generar rentabilidad, pero también pérdidas en el capital invertido", como deja claro la CNMV en sus folletos. Es decir, un producto destinado a inversores expertos que, sin embargo, se vendió indiscriminadamente a través de las redes de oficinas de las entidades, la mayoría de las veces camuflado bajo la apariencia de imposiciones a plazo fijo.

Atrapados por las preferentes
En las últimas semanas el caso más paradigmático ha sido el de la CAM, donde a la desconfianza existente en los mercados se ha unido la intervención de la entidad y la más que probable suspensión del abono de intereses trimestrales (al entrar la caja en pérdidas) para aniquilar cualquier posibilidad de desprenderse de los títulos en el mercado. Es decir, que aunque oficialmente no han perdido ni un sólo euro, no pueden disponer de su dinero. En las asambleas de afectados que estos días está celebrando la asociación de usuarios de banca Adicae los testimonios se repiten.
"Yo quería un plazo fijo y me dijeron que esto era lo mismo. Le pregunté como diez veces si tenía algún tipo de riesgo y le dejó muy claro que no quería nada donde pudiera perder dinero pero me dijo que todo estaba asegurado y que podría sacar cuando quisiera", explicaba Manuel G., un camarero de 53 años de Benidorm, en la asamblea celebrada este viernes. En la fila de detrás, Ricardo T. sonreía al comprobar la similitud de la historia con su propia experiencia. "Si a mí me llegan a decir que esto era como invertir en Bolsa me levanto y me voy de la sucursal".
Un simple vistazo a las últimas operaciones realizadas en el AIAF da una idea de hasta qué punto pueden llegar las pérdidas, a pesar de las promesas de garantía de los comerciales. Así, en la última operación con preferentes de Ibercaja el precio pagado fue de sólo un 64% del valor nominal; las del Banco de Valencia se pagan a sólo la mitad de su importe original; y una emisión de la antigua Caixa Sabadell ya apenas vale el 36% de su precio de emisión.
Según Adicae, en más del 90% de los casos puede demostrarse que la venta no fue correcta. De hecho, esta asociación presentó hace unas semanas una reclamación ante la CNMV contra 52 entidades por comercializar preferentes y prepara una demanda colectiva contra la CAM. También en Ausbanc están atendiendo decenas de personas con este problema, aunque en su caso han optado por las reclamaciones individuales.
La cifra de afectados no hará más que crecer en los próximos meses, según las citadas asociaciones, a medida que el próximo año se cumpla la fecha de muchos de estos supuestos plazos fijos y los ahorradores descubran la verdadera naturaleza de su inversión. Muchos de ellos son pensionistas.
La situación, además, no ha mejorado precisamente con la aplicación de la nueva normativa bancaria internacional de Basilea III. A partir de ahora, si las entidades quieren que las nuevas emisiones de preferentes cuenten como capital de máxima calidad deberán incluir una cláusula en la que se indique que se puede suspender el abono de intereses de forma absolutamente discrecional, aunque existan beneficios. A las preferentes, además, hay que sumar el caso de las obligaciones y bonos subordinados sin fecha de vencimiento que, en la práctica, presentan los mismos problemas de liquidez y de imposibilidad de recuperar la inversión.

La trampa de los derivados
A la sombra del dinero también han nacido otros productos financieros, los llamados "swaps", que ya han dado lugar a 403 sentencias en contra de los bancos frente a 72 a favor, por las demandas presentadas por particulares y pymes, según los datos recogidos por la Asociación de Usuarios Afectados por Permutas y Derivados Financieros (Asuapedefin). La asociación calcula que en España hay entre 200.000 y 400.000 particulares y minoristas con este tipo de productos de intercambio de tipos de interés (swaps) y permutas financieras (clips), vendidos antes del estallido de la crisis en septiembre de 2008. Estos productos se comercializaron como seguros que protegían al cliente contra las eventuales subidas de los tipos de interés de sus hipotecas, pero les han impedido beneficiarse de la bajada de los tipos, porque los clientes han tenido que abonar al banco la diferencia entre el porcentaje fijado y la caída.
Por el momento, solo tres del total de las 475 sentencias han llegado al Tribunal Supremo, ya que los recursos de casación están limitados a cantidades superiores a los 150.000 euros, según los datos de la asociación. Bankinter es la entidad española con más sentencias en contra tanto en los Juzgados de Primera Instancia (118 en contra y solo 19 a favor) como en segunda instancia, dictadas por las Audiencias Provinciales (36 en contra y cuatro a favor) por la comercialización del producto "Clip Bankinter", que incluía un tipo fijo a pagar del 4%.

Las indemnizaciones millonarias a directivos de la CAM son legales


MADRID.- El personal del Hotel Hilton de Toledo conocía a la perfección a la cúpula de Caja Castilla La Mancha (CCM). Hasta que la entidad fue intervenida, en marzo de 2009, su presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, y su director general, Ildefonso Ortega, eran dos de los mejores clientes del restaurante del hotel. Allí agasajaban a empresarios y políticos con "el mejor arroz al senyoret de la meseta castellana". Tras la comida, una Visa Oro de la caja pagaba la cuenta y varios coches oficiales esperaban a la puerta.

Las facturas abultadas en hoteles de cinco estrellas y restaurantes de lujo, los billetes de avión en primera clase, la compra de obras de arte, los carísimos viajes de incentivos... fueron el pan nuestro de cada día para unas entidades que se han convertido en la principal víctima de la crisis en el sector financiero.
Los gestores, protagonistas de estos dispendios y responsables de la mala gestión (tres cajas han sido intervenidas -CCM, Cajasur y Caja Mediterráneo- y otras tres han sido nacionalizadas -Novacaixagalicia, Catalunya Caixa y Unnim-) lejos de ser castigados, han recibido generosas indemnizaciones.
El primer caso que saltó a la opinión pública, y uno de los más sangrantes, fue el de María Dolores Amorós, directora general de Caja Mediterráneo (CAM). La ejecutiva, que asumió la responsabilidad a comienzos de 2011, acordó para sí un sueldo anual cercano a los 600.000 euros. Además, se garantizó el pago de una pensión vitalicia de 370.000 euros. Cuando el Banco de España intervino la caja y apartó a la directiva, Amorós, lejos de renunciar a parte de la remuneración, optó por apuntarse al paro para cobrar el subsidio de desempleo y acudir a los tribunales para defender lo que considera como una indemnización justa. El Estado tuvo que aportar 2.800 millones de euros para recapitalizar la entidad y otros 3.000 millones como línea de crédito.
Desde que se conoció este episodio han salido a la luz numerosos casos de directivos de cajas que han cobrado escandalosas compensaciones por abandonar las entidades en cuyo descalabro participaron activamente. El último, la semana pasada, el de la cúpula de Caixa Penedès. Cuatro ejecutivos se garantizaron el cobro de un plan de pensiones que, en total, sumaba 20 millones de euros. Tras hacerse público, el presidente de la caja, Ricard Pagès, y el director general, Manuel Troyano, se vieron obligados a dimitir. El grupo BMN, donde se integró Caixa Penedès, ha recibido 915 millones de euros del FROB en forma de participaciones preferentes.
Uno de los episodios que generó más asombro es el protagonizado por la anterior cúpula de Novacaixagalicia (producto de la fusión de Caixanova y Caixa Galicia). Cuatro altos cargos de la entidad, que fueron apartados de sus funciones poco antes la nacionalización de la caja, cobraron 23 millones de euros en concepto de blindaje por despido y las aportaciones de la caja a sus respectivos fondos de pensiones. Esta voluminosa indemnización no incluye los más de 15 millones de euros que cobró el último presidente de Caixa Galicia, José Luis Méndez, como pensión.
La presión social y las gestiones de la nueva cúpula de la entidad gallega hicieron que los exdirectivos se replantearan el cobro de las sumas acordadas. Javier García de Paredes, ex director general adjunto, aceptó devolver la mitad de los 10 millones que le correspondía. El resto de directivos implicados aún no ha devuelto nada.
Otro caso sonado es el de Domingo Parra, ex director general de Banco de Valencia (participada por BFA-Bankia), que pactó para su salida el pago de una indemnización de 7,5 millones de euros.
El principal problema al que se enfrentan tanto en Novacaixagalicia como en otras entidades financieras es que los contratos que esgrimen los directivos para cobrar las compensaciones son perfectamente legales. "Encargamos informes jurídicos a varios despachos y todos ellos han coincidido en que los contratos se ajustan a derecho", explicaba recientemente José María Castellano, el nuevo presidente ejecutivo de Novagalicia Banco (la filial financiera de la caja). Por este motivo, la única vía que las cajas tienen para recuperar parte de la suma de las indemnizaciones es confiar en que los directivos rectifiquen, presionados por la alarma social y por las investigaciones abiertas por la Fiscalía Anticorrupción.

Contratos legales
La dificultad para revocar los contratos sobre compensaciones a altos cargos se ha puesto de relieve en Caja España-Duero. El exvicepresidente, Francisco Fernández, ha cobrado 554.000 euros al prejubilarse de la entidad financiera, que también ha recibido el apoyo del FROB. El consejo de la caja analizó la posibilidad de revocar el pago, pero lo descartó el pasado viernes tras recibir un informe de un despacho de abogados en el que otorgaba plena legalidad a la indemnización.
"El debate no debería ser si nos escandalizamos más o menos por una indemnización", aseguraba recientemente Manuel Menéndez, presidente ejecutivo de Liberbank, una de las pocas entidades que no ha recibido apoyo público. "El debate debería ser si tiene sentido prejubilar a directivos con 55 años. Tal vez hacerlo tenga sentido económico, pero será, en cualquier caso, muy caro".
Lo que evidencia la crisis es que el sector bancario, especialmente las cajas, estaba sobredimensionado (lo que ha provocado el cierre de miles de oficinas y el recorte de decenas de miles de empleos) y sus salarios estaban inflados. Buen ejemplo de ello es un estudio reciente elaborado por el sindicato Comisiones Obreras que revela que, entre 2004 y 2010, el beneficio de las nueve mayores cajas cayó un 7%, mientras que la retribución de la alta dirección subió un 38%.

La fiscalía ya investiga

Hasta hace unos meses, las noticias sobre la remuneración de los directivos o los consejeros de una caja de ahorros apenas tenían trascendencia. "Caja Navarra pagó en 2010 dos millones de euros en sueldos directivos" o "La cúpula de Catalunya Caixa cobra 1,86 millones en seis meses" eran titulares que mostraban los altos sueldos que se pagaban en el sector financiero, pero no pasaban de ahí.
La percepción de estas informaciones cambió radicalmente cuando esta industria, de retribuciones privilegiadas, se tuvo que echar en manos del Estado para evitar su bancarrota. Con tres cajas nacionalizadas, otras tres intervenidas, y un banco (participado por una caja) también controlado por el supervisor, la tolerancia hacia los sueldos escandalosos ha terminado.
El principal cambio proviene de la actitud de la administración de justicia. Tras hacerse pública la pensión vitalicia que había pactado para sí María Dolores Amorós, directora general de Caja Mediterráneo en el momento de la intervención, dos colectivos remitieron a la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por las prácticas fraudulentas en la entidad. El Movimiento 15-M y una asociación de vecinos de Alicante pedían a la justicia que depurara "de forma oficial y pública los hechos acaecidos en la previsible mala gestión de la entidad y las responsabilidades en que hubieran incurrido sus órganos gestores".
El ministerio fiscal no solo se tomó en serio la denuncia, sino que aceptó otras provenientes de cajas que no habían sido intervenidas, como el caso de Novacaixagalicia. En este caso, Anticorrupción investiga dos interrogantes de la gestión de la entidad: por qué sus recursos propios quedaron reducidos a 181 millones de euros, un 10% de su valor en libros, y hasta qué punto son legales las millonarias indemnizaciones y prejubilaciones que se embolsaron sus antiguos directivos. Fue el sindicato Confederación Intersindical Galega (CIG) el que tuvo la iniciativa de acudir a la Fiscalía Anticorrupción para que investigara los hechos.
El último paso de esta escalada son las investigaciones de oficio. Es lo que ha hecho la Fiscalía Superior de Cataluña, que el viernes anunció que va a abrir diligencias sobre la remuneración de la alta dirección de Caixa Penedès. El organismo ha tomado esta decisión al tener conocimiento de los planes de pensiones que se habían asignado directivos de la caja (20 millones para el presidente, el director general y otros dos ejecutivos). Su intención es "determinar si existe una posible responsabilidad penal".
La incógnita ahora es si estas investigaciones acabarán dando lugar a juicios y a posteriores sanciones. El único precedente es el de CCM, intervenida en 2009, y en el que la causa se está sustanciando actualmente en la Audiencia Nacional.