Lo que empezó el Partido Popular lo ha terminado el Partido
Socialista. Lo que empezó Mariano Rajoy lo ha acabado Pedro Sánchez. Lo
que empezó la política lo finaliza ahora la justicia. Lo que empezaron
los medios de comunicación de aquí y de allí hostiles hasta el paroxismo
con el independentismo lo concluye una fría nota de prensa de la
Fiscalía General del Estado.
El 155 del a por ellos en su
vertiente policial encuentra este viernes 2 de noviembre su corolario en
un disparatado escrito de la Fiscalía General del Estado en el que se
pone negro sobre blanco un relato irreal sobre los hechos del 20 de
septiembre y el referéndum de independencia del 1 de octubre.
En total, más de 200 años de prisión contra los miembros del Govern
en prisión o en libertad y que no han ido al exilio, los líderes
sociales de Òmnium y de la ANC, la Mesa del Parlament, muy
significativamente su ex presidenta Carme Forcadell, y el major Josep
Lluís Trapero y la cúpula policial del departamento de Interior. De los
25 años de privación de libertad pedidos para el vicepresident Oriol
Junqueras hasta los 20 meses para los miembros de la Mesa, excepción de
Carme Forcadell para la que se pide 17 años. Un auténtico escándalo y
toda una ignominia.
La monarquía española que creyó ver en la situación catalana una
palanca para consolidar la institución y el reinado de Felipe VI ha
conseguido el efecto contrario. Con su discurso del 3 de octubre ha
abierto en canal las instituciones del Estado, las ha situado en el nivel
más bajo de popularidad desde la transición -la suspenden el 80% de los
catalanes- y la ha alejado irremediablemente de los ciudadanos a los
que también debía proteger.
Hoy, su situación es insostenible en
Catalunya pero empieza serlo también en Navarra, País Vasco y en menor
medida en Asturias. El Govern y el ayuntamiento de Barcelona lo han
reprobado en una iniciativa que se extenderá en las próximas semanas por
múltiples ayuntamientos catalanes. Lo mismo intentará Izquierda Unida
en España en una iniciativa política inusual hasta la fecha en el
Estado.
Los escritos de la Fiscalía no han sido una sorpresa para nadie ya
que habían sido convenientemente filtrados en las últimas horas. Decir
que se ha impuesto la línea dura es casi una temeridad ya que si la
construcción del relato es falsa dificilmente se podía esperar otra cosa
de las conclusiones. Más vale, por tanto, no llamarse a engaño: no
estamos hablando de lo que dice el código penal y de las penas que
preve. Es justo a la inversa.
Primero se ha construido un relato que
lleve aparejado muchos años de prisión y solo después se han buscado si
existían pruebas para poderlo defender. Y cuando no se han encontrado se
ha echado, como ya se ha visto en los últimos meses, por el camino de
en medio. Por cierto, ¿alguien me podrá explicar si es muy normal que
los abogados defensores pidieran a través de las redes sociales los
escritos de la Fiscalía a los periodistas porque ellos no los tenían? ¿O
por qué se condena por igual a siete años a los consellers Carles
Mundo, Meritxell Borras y Santi Vila cuando este último dimitió horas
antes de la declaración de independencia del Parlament? ¿O es que la
proclamación de independencia no era delito?
Como tampoco lo ha sido el de la Abogacía del Estado que rebaja algo
las penas pero incorpora a su escrito inicial de cuando se personó en la
causa el de sedición. Para que se entienda: cuando el pasado mes de
febrero lo hizo bajo gobierno del Partido Popular la explicación fue que
era para defender que había habido malversación de dinero público. Ocho
meses después y bajo un gobierno socialista ratifica la idea incial de
malversación e incorpora la de sedición. Estos son los hechos.
Y,
mientras eso sucede, el Madrid político y mediático grita que no ha
incorporado también el delito de rebelión. Ocultando que la adición de
sedición y malversación acaba sumando los mismos años de prisión que
rebelión y que, en cambio, si solo hubiera rebelión el de malversación
no sería acumulable. El llamado gesto de Pedro Sánchez es eso, humo. Por
más que chillen en el Madrid oficial no tendrán más razón.
España se suma así en una vergüenza jurídica internacional sin que
parezca importarle mucho. De hecho, nada. Sin haber aprendido nada de la
historia. En defensa de la unidad se realizaron en el pasado muchas
atrocidades y ahora la historia se repite. También se repetirá el final:
España perderá a Catalunya mientras sus gobernantes se dan golpes en el
pecho y prefieren tirar de autoritarismo y no de diálogo.
La muy digna
reacción de todos los que hoy están en prisión es el reflejo de la
pulsión que hoy respira el independentismo y sus fronteras colindantes.
El escarmiento por encima de la justicia denigra a quien lo realiza y
enaltece a quien lo recibe. Quien piense que la reacción catalana será
de sumisión y acatamiento desconoce la pulsión exacta de la ciudadanía.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
