El Gobierno municipal de Cartagena y MC piden la dimisión del exconcejal Joaquín Segado como presidente de la Autoridad Portuaria

CARTAGENA.- La portavoz del gobierno municipal socialista de Cartagena, Obdulia Gómez, exigió este jueves la dimisión del actual presidente de la Autoridad Portuaria y exconcejal de Urbanismo en la etapa del Partido Popular, Joaquín Segado, por ser quien, como concejal de Urbanismo (del PP) tomó la «decisión política» de aprobar el cambio de uso del terreno en La Azohía. «Nos hará perder 3,4 millones de euros, más las costas y los intereses, es decir alrededor de cuatro millones apuntó»!.

Sin embargo, eludió cargar con responsabilidad alguna al jefe de área de Urbanismo, Jacinto Martínez Moncada, que dio el visto bueno técnico previo a la decisión y una funcionaria que también informó favorablemente la decisión.

Gómez avanzó que el Ayuntamiento interpondrá un recurso de aclaración ante el TSJ y, con toda seguridad, acudirá al Supremo en casación. El Grupo Municipal del Partido Popular indicó que por ahora no hace valoraciones

Para el Grupo Municipal Cartagena Sí Se Puede (Podemos), «resulta escandaloso que la Administración Local prevarique a costa del dinero público, y que el conjunto de los vecinos paguemos las consecuencias del urbanismo del Partido Popular, que hace tres años dejó el Gobierno pero aún sigue haciendo daño al municipio».

La portavoz de Podemos, Pilar Marcos, consideró este jueves «inmoral que el conjunto de los cartageneros paguemos 3,4 millones de euros a las promotoras como consecuencia de decisiones técnicas y políticas de personas que no han asumido ni asumirán sus responsabilidades» .

La formación morada también calificó de «vergonzoso que el Gobierno del PSOE no haya exigido dichas responsabilidades tras estas sentencias que condenan al Ayuntamiento a seguir pagando indemnizaciones al por mayor, unas indemnizaciones que consolidan la sangría económica, en la misma senda que ha ocurrido con las sucesivas sentencias de Casco Antiguo SA».

El grupo municipal añadió «que esta supuesta mala praxis no es causal ni mucho menos, y que es la consecuencia del urbanismo «popular» que el PSOE no ha revertido en modo alguno... un urbanismo que sigue sumando desastres como los sobrecostes millonarios del Batel, la construcción faraónica del Palacio de los Deportes, la tragicomedia de la anulación del Plan General o las citadas sentencias sobre Casco Antiguo SA».

El presidente de MC, Jesús Giménez, por su parte, manifestó sobre la sentencia del TSJ que «ya parecen estar fuera de circulación Alonso y Barreiro, pero ahí sigue Joaquín Segado, el responsable político de esta cacicada en La Azohía que nos va a costar unos 4 millones de euros con intereses y costas».

«Entiendo que el señor Segado dimitirá de su cargo de modo inmediato y abandonará la vida pública, porque además de aprobar un plan anulado y que está comprometiendo el desarrollo del municipio y costarnos 8.000 euros al mes que se lleva de sueldo; desde esta sentencia sabemos que todos los ciudadanos de Cartagena perderemos servicios por valor de 4 millones para pagar sus desmanes en la gestión», añadió Giménez.

A juicio de MC, «si no dimite deberán cesarlo de modo inmediato desde el Gobierno regional (del PP), por su ineptitud presente demostrada en que mantiene amianto al aire libre junto a los trabajadores en Peñarroya y pasada, porque políticos como él nos cuestan la salud y el dinero, y ya está bien».

Para la formación naranja, la gestión urbanística del Gobierno del Partido Popular en Cartagena sigue tres años después ocasionando gravísimos perjuicios económicos a este municipio. No sólo porque diseñaron un plan general de ordenación urbana que fue anulado y ha provocado la paralización de muchos proyectos y cuyo coste público es difícil de determinar (sin duda millonario), sino porque se tomaron decisiones, que de momento, han merecido una reafirmación del TSJ de una condena que podría conllevar el pago por parte del Ayuntamiento de unos cuatro millones de euros por demorar los permisos necesarios para iniciar unas obras en La Azohía de manera arbitraria hasta que consiguió impedirlas de manera irregular, según reza el contenido de la sentencia.

Con motivo de esta información, Ciudadanos quiere manifestar una vez más su respeto a las decisiones judiciales y recuerda que este fallo puede ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo y que el Ayuntamiento de Cartagena ya ha manifestado públicamente su intención de hacerlo.

Técnicos del 'Cedex' se encargarán de redactar un plan para la recuperación del Mar Menor

MURCIA.- Priorizar, jerarquizar y ordenar las distintas actuaciones que se desarrollan para la recuperación total del Mar Menor. Este es el objetivo del plan de playas que impulsa la Consejería de Medio Ambiente y el Ministerio para la Transición Ecológica para detallar qué actuaciones se tendrán que acometer para mantener las zonas de baño y compatibilizar la recuperación de la laguna y su disfrute turístico.

El Ministerio ha contratado la elaboración de dicho documento a expertos del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex). De momento, esta semana, técnicos del Cedex han mantenido una reunión representantes políticos, de asociaciones de vecinos de la zona, de universidades y centros de investigación.

El citado plan, que estará finalizado hacia finales de año, constará de una primera parte en la que se realizará una descripción detallada del ecosistema del Mar Menor y de sus condicionantes medioambientales, para posteriormente elaborar una caracterización en la que se analizarán aspectos como el clima marino, las corrientes o los fondos. 

En la última fase se llevará a cabo la propuesta de actuaciones, para lo que los expertos mantendrán encuentros con asociaciones y ayuntamientos costeros para establecer sectores y definir las medidas más adecuadas para recuperar la laguna.

'Pacma' pide una Ley ‘Cero’ que acabe con los toros y los circos con animales

MADRID.- El Partido Animalista Pacma ha entregado este jueves en el Congreso de los Diputados las 220.000 firmas recogidas en apoyo de su Ley Cero de bienestar animal, que sigue siendo "asignatura pendiente" del Congreso un año después de haberla presentado en la Cámara Baja.

El documento, articulado en su integridad por el Partido Animalista, supone una “ley muy completa” que habla en “todos los términos en los que se maltrata y perjudica a los animales en nuestro país”, ha indicado su portavoz, Laura Duarte.

Duarte ha destacado como puntos “más perjudiciales” para los animales y que la sociedad “más demanda” la prohibición de la tauromaquia, la caza, los circos con animales o el sacrificio en perreras.

La petición llevada por Pacma al Congreso en mayo de 2017 instaba a los grupos con representación parlamentaria a que se comprometieran y sacaran adelante esta ley “imprescindible”, aunque hasta ahora, según Duarte, “ninguno” se ha mostrado dispuesto a llevarla a trámite.

No obstante, la portavoz de Pacma ha reconocido ciertos “signos de aparente interés” en el nuevo Gobierno, ya que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, “ha dado a entender” su preocupación sobre la situación de los animales “a nivel general, no solamente en circos, granjas o perreras”.

Duarte confía en que esta voluntad se materialice, ya que, “a pesar de que el arco parlamentario está igual repartido y las cosas no son fáciles”, es posible llegar a acuerdos con el resto de grupos.

En mayo de 2017, Pacma lanzó una campaña de recogida de firmas a través de la web leycero.es que en sólo dos horas, según sus promotores, recabó 5.000 apoyos, y publicó en su página web un calendario de acciones en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Málaga.

La Seguridad Social vigilará que no se despida a docentes interinos en verano

MADRID.- La Seguridad Social vigilará que no se despida a los profesores interinos en verano y advierte a las Consejerías de Educación de las comunidades autónomas de la obligación de mantener el alta y la cotización al sistema durante julio y agosto siempre que tengan derecho a retribución.

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha dictado este criterio de actuación como consecuencia de una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 11 de junio, que establecía que no se pueden hacer diferencias de trato entre funcionarios docentes de carrera e interinos.

Para asegurar su cumplimiento, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) llevará a cabo las acciones oportunas en su ámbito de actuación, para que las comunidades autónomas mantengan a los trabajadores de educación interinos en alta en el sistema de Seguridad Social y abonen las cuotas que correspondan.

Además, cuando se trate de contratación temporal en centros educativos concertados, la ITSS actuará si comprueba que ha sido en fraude de ley.

Italia bloquea la cumbre europea sobre inmigración y pone a Merkel contra las cuerdas

BRUSELAS.- El Gobierno italiano bloqueó este jueves la adopción de conclusiones de los temas abordados en la primera sesión de trabajo de la cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) hasta ver si es posible llegar a un acuerdo sobre política inmigratoria que satisfaga sus demandas. Un bloqueo que supone un duro revés a la canciller alemana, Angela Merkel, que llegó a la Cumbre con el desafío de los conservadores bávaros, que exigen un giro derechista a su política migratoria.

Fuentes europeas indicaron que el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, defendió en la reunión que debe aplicarse el principio de que “nada está acordado hasta que todo está acordado” y que Roma se reserva el derecho de evaluar su posición sobre todas las partes del documento final hasta que se conozcan las decisiones en inmigración.

Minutos después, el Consejo Europeo confirmó en un comunicado que “un Estado miembro reservó su posición sobre las conclusiones completas”, por lo que “no se ha acordado ninguna conclusión” hasta el momento.

Esto obligó a posponer hasta este viernes, tras la segunda jornada de cumbre, la rueda de prensa del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, prevista inicialmente para este jueves.

En la primera sesión de trabajo, que comenzó a las 13.00 GMT, los Veintiocho abordaron los avances en las políticas de seguridad y defensa, la situación del comercio global tras la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, el marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027 y las sanciones a Rusia por el derribo del avión MH17. 

Fuentes europeas indicaron que había acuerdo entre el resto de Estados para aprobar las conclusiones sobre estos puntos y que, a la vista del bloqueo italiano, los líderes debatieron durante más de 30 minutos el procedimiento a seguir en ese caso y concluyeron que sin unanimidad no podían aprobarse.

El debate sobre inmigración ha comenzado ya durante la cena de trabajo de los líderes y continuará tras la misma para acordar cambios en la gestión migratoria europea. El objetivo es dar respuesta a una crisis que, admiten, es política y no de refugiados (las llegadas a la UE por el Mediterráneo se han reducido en un 96 % desde la crisis de 2015).

Conte, que preside un gobierno integrado por los antisistema del Movimiento 5 Estrellas y la ultraderechista Liga, ya había advertido a su llegada a la cumbre de que Italia no descartaba vetar el acuerdo si no obtenía garantías de una mayor solidaridad de sus socios. 

“Italia no necesita declaraciones verbales, sino hechos concretos. Esta es la ocasión adecuada (…) En lo que a mí respecta, estoy dispuesto a sacar todas las consecuencias debidas”, dijo.

El nuevo Ejecutivo de coalición italiano, que abandera una retórica anti-inmigración, está decidido a bloquear un acuerdo si no se recogen los puntos esenciales de su propuesta migratoria.

Para Italia, uno de los principales puntos de llegada a Europa de migrantes irregulares, el acuerdo solo será posible si recoge la creación de centros para inmigrantes en países de origen y tránsito, reconoce que los desembarcos en Italia lo son en Europa y la responsabilidad debe ser compartida en la UE, apoya cambiar el sistema de Dublín que obliga a pedir asilo en el país de llegada y se prioriza la financiación para el Norte de África.

Un bloqueo que pone contra las cuerdas a Merkel

En el otro lado de la mesa, la canciller alemana, Angela Merkel, partidaria de la acogida, necesita un acuerdo europeo para contentar a su ministro del Interior, Horst Seehofer, y evitar el colapso del Gobierno en un momento de auge del partido ultraderechista AfD.

Desde hace semanas la atención política en Alemania está centrada en la exigencia de Seehofer de implantar su llamado “plan maestro” para contener la llegada de refugiados e inmigración ilegal. 

Se sabe que consta de 63 puntos, que el ministro no ha presentado por falta de consenso con la canciller y cuyo punto más conflictivo es el propósito de impedir la entrada a Alemania de refugiados rechazados y registrados anteriormente en otro país europeo. Para conseguirlo, está dispuesto a cerrar las fronteras, lo que Merkel rechaza mientras insiste en la necesidad de buscar una política migratoria común en la UE.

Merkel ha defendido que, a falta de acuerdos europeos, podrían sellarse pactos bilaterales con los países implicados para abordar el problema, una opción que apoya España. Roma, sin embargo, pide primero un acuerdo a Veintiocho.

En este contexto, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, presentó este jueves el refuerzo de las fronteras exteriores y las plataformas en países terceros como una medida necesaria para evitar otras propuestas “realmente duras”. 

“La alternativa a esto sería un avance caótico hacia el cierre de las fronteras, también dentro de la UE, así como conflictos crecientes entre Estados miembros de la UE”, advirtió.

Según se recoge en el último borrador de conclusiones, los líderes respaldarán desarrollar “plataformas regionales de desembarco” fuera de la UE en cooperación con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). En estas plataformas se determinaría, antes de su partida hacia Europa, si se trata de inmigrantes económicos o de refugiados que sí tienen derecho a protección.

La precariedad frustra a los jóvenes: ya solo tres de cada diez se emancipan

ZARAGOZA.- La crisis y la precariedad del empleo están frustrando la carrera vital de los jóvenes españoles: siete de cada diez de entre 18 y 30 años siguen viviendo con sus padres mientras apenas tres se emancipan, según reconoce el Gobierno en una respuesta parlamentaria al diputado malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia y que recoge Público.

La falta de posibilidades de emancipación se ha intensificado en los últimos años con un avance de cuatro puntos en términos generales que ha reducido por debajo del 19% la tasa de jóvenes de 20 a 24 años que se emancipan y ha elevado por encima de la mitad el grupo de los de entre 25 y 30 que continúan viviendo con sus padres, una edad a la que hace unas décadas era habitual que las parejas hubieran formado su propia familia. 

Según indica una respuesta anterior a Heredia, entre 2012 y 2016 la cifra de jóvenes emancipados ya se había reducido en 930.000, al pasar de 4,14 millones a 3,21, una caída del 22%.

Las trabas económicas para el desarrollo de un proyecto vital están teniendo consecuencias demográficas, entre las que destacan sus efectos en la natalidad: la edad a la que se tiene el primer hijo se ha retrasado más de un año y medio en una década (de los 29 años y tres meses a casi 30 años y once meses) y se acerca a los 30 años y medio en el caso de las españolas, mientras, en ese mismo periodo, la tasa de natalidad se desplomaba casi un 25%, al pasar de 11,27 nacidos por cada mil habitantes a 8,37, con un registro de solo 7,5 entre los autóctonos.

“Los elementos clave en este fenómeno son, sobre todo, la falta de empleo y la mala calidad del empleo que existe”, explica el economista y politólogo Saúl Pérez, que señala esa situación como uno de los obstáculos que impiden que los jóvenes puedan acceder a una vivienda y emanciparse.

La caída de los salarios y la ocupación entre los jóvenes

Los datos oficiales revelan cómo tras la crisis se ha reducido a la mitad el empleo juvenil en España, con una caída de ocupados de 16 a 30 años de casi 2,5 millones (de 4,9 a 2,5) y un aumento de casi 300.000 parados (de 728.000 a 1,06 millones). 

Y también ponen sobre la mesa cómo esa reducción del empleo ha ido acompañada de un notable desplome de los salarios en esas franjas de edad, con mermas de más de 1.500 euros anuales entre los de 25 a 29 años (de 17.434 a 15.876) y superiores a los 2.800 entre los de menor edad (de 9.960 a 7.128), lo que deja la horquilla salarial entre 1.134 y 509 euros brutos mensuales (en 14 pagas).

Así, no resulta para nada extraño que la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN) concluya que el riesgo de pobreza afecte a un 37,6% de los jóvenes de 16 a 29 años. “Decenas de miles de jóvenes han tenido que irse al extranjero a buscar una oportunidad que no encontraron en nuestro país”, señala el diputado.

“Se dice que no se debe destinar más del 30% del salario al pago de la vivienda, pero con los salarios actuales y los precios de alquiler a muchos jóvenes les resulta prácticamente imposible acceder a una casa”, indica Pérez, que recuerda cómo, paralelamente, “desde la crisis los bancos han restringido la concesión de las hipotecas porque los salarios no alcanzan para pagarlas, especialmente en el caso de los jóvenes”.

“El Gobierno de Rajoy ha machacado a la juventud, les hizo optar únicamente entre dos opciones: la cartilla del INEM o el pasaporte”, asegura Heredia, que destaca cómo “miles de jóvenes han tenido que volver a casa de sus padres” ante el panorama de las “altas tasas de paro juvenil, empleo muy precario y salarios miserables”.

700 euros por un piso de 40 metros

En el caso del alquiler, portales especializados como Idealista cifran el aumento de los precios en el último año en un 18,3%, con un promedio de 10,6 euros por metro cuadrado que sitúa en 424 la renta de un piso de 40 metros y en 636 la de uno de 60, mientras otros como Fotocasa estiman el alza en el 12,4% en los últimos quince meses.

Los precios del alquiler alcanzan niveles inasumibles para la mayoría de los jóvenes en Madrid y Barcelona, donde las medias alcanzan, respectivamente, los 15,9 y los 17,6 euros por metro cuadrado; es decir, 636 y 704 euros por un piso de 40 metros.

“Los jóvenes son uno de los principales perfiles de demandantes de alquiler, pero se enfrentan a un boom de los precios” que los hace inalcanzables, anota Pérez.

Fotocasa, por su parte, pone en entredicho la ortodoxia económica de esos aumentos de precios, en los que tiene una influencia fundamental el sector de los pisos vacacionales. 

“La demanda de alquiler cae un 36% en un año debido a que hay menos jóvenes (de 18 a 34 años) activos en el mercado que en 2017”, señala el portal inmobiliario, que añade que “si en 2017 había un 14% de personas mayores de 18 años que habían alquilado o intentado alquilar una vivienda, en 2018 ese porcentaje es del 9%”.

La imposibilidad de alquilar una casa

Esa tendencia resulta especialmente acusada en el caso de los menores de 24 años: el porcentaje de los que han conseguido alquilar vivienda este 2018 ha caído un 58%, mientras el descenso alcanza el 25% entre los que tienen de 25 a 34, según ese mismo portal.

Solo un 5% de los primeros y un 12% de los segundos logró una casa de arriendo, mientras la participación de los jóvenes en el mercado del alquiler caía un 39%, al pasar del 28% al 17% en un año.

Este aumento de los precios corre, paradójicamente, en paralelo a un incremento de la oferta como consecuencia de la salida al mercado de las casas adquiridas como inversión por particulares en los últimos años y de la movilización de miles de inmuebles por bancos y fondos de inversión. Y pone sobre la mesa la desidiosa política de vivienda del Gobierno central y la mayoría de los autonómicos en las últimas décadas, que han situado el parque social de alquiler del país a la cola de la UE.

La Región roza en abril el techo de déficit permitido para todo el año

MADRID.- El déficit murciano autorizado para 2018 ha llegado al borde del límite. El Gobierno regional incrementó hasta el mes de abril su déficit público hasta el 0,38% del PIB de la Región, lo que sitúa el margen permitido en un 0,02% para lo que queda de año. El objetivo fijado para el Ministerio de Hacienda para las comunidades durante este ejercicio es del 0,4%.

Se trata del sexto mayor porcentaje nacional por comunidades, equiparado al de Cataluña y dos décimas menos que el de 2017 por esas fechas, cuando era de 120. En concreto, el Ejecutivo murciano aumentó hasta abril de este año su déficit público en 119 millones de euros.
Precisamente la  Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya avisaba de que veía "muy improbable" que la Región cumpliera con el objetivo marcado para este año.
En el resto del país, las comunidades autónomas redujeron su déficit en abril el 31,1% respecto al mismo mes del año anterior, hasta colocarse de media en el 0,2% del PIB, dentro de los objetivos marcados para este año, del 0,4 por ciento, y un desfase conjunto de 2.438 millones.
El Ministerio de Hacienda publicado ayer el dato de déficit de la Administración central, las comunidades y la Seguridad Social, que se redujo un 24,4% hasta abril, de manera que en el primer cuatrimestre del año el desajuste se situó en el 0,57% del PIB, frente al 0,78% del mismo mes de 2017.
Las comunidades pasaron del 0,3% de déficit hace un año, equivalente a 3.538 millones de euros, al 0,2% y 2.438 millones. Hay además tres comunidades que presentan superávit: País Vasco, del 0,56 % y 418 millones; Asturias, del 0,19 % y 44 millones, y La Rioja, del 0,06 % y 5 millones. 

Del resto, la que registra un déficit más elevado es Navarra, del 0,66 % y un desfase de 137 millones, seguida de Castilla-La Mancha, con el 0,51 % y 214 millones, y Cantabria, del 0,46 % y una necesidad de financiación de 63 millones. 

Según Hacienda, los recursos de las comunidades crecieron un 5,9% en este periodo, principalmente por los mayores anticipos a cuenta del sistema de financiación recibidos, 1.046 millones frente a 244 millones en 2017, el incremento en 1.263 millones de las entregas a cuenta y el aumento del 12,3 % registrado por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

La subida fiscal del diésel pone en alerta a más de 200.000 autónomos

MADRID.- La subida fiscal del gasóleo sería una buena noticia para la lucha contra el cambio climático, pero mala para los millones de usuarios de los vehículos que usan ese carburante. Sobre todo, para aquellos que los necesitan para trabajar, pero no tienen acceso a las bonificaciones fiscales, razona Expansión. 

Es el caso de algo más de 200.000 autónomos que trabajan gracias a sus coches o furgonetas de tracción diésel, según las estimaciones de la Federación Nacional de Autónomos (ATA) para este diario. Entre ellos, hay nada menos que 40.000 taxistas, 20.000 repartidores, 25.000 agentes comerciales y miles de conductores de ambulancias, agentes de seguros, floristerías, trabajadores de la construcción, empresas de movimientos de tierras y un largo etcétera.

La idea que maneja el Gobierno es que se equipare gradualmente el impuesto especial del gasoil al de la gasolina. El primero es de 30,7 céntimos por litro; el segundo, de 40,25. Es decir, la carga impositiva aplicada al diésel subiría hasta 9,55 céntimos, un 31%. El precio medio del gasóleo era, ayer, de 1,233. Este tipo de carburante está marcando su récord desde 2014. Con la reforma del Ejecutivo, pasaría a ser de 1,328 euros, 0,2 céntimos por encima del precio que marcaba ayer la gasolina sin plomo 95. De esta forma, llenar un depósito de 60 litros de gasóleo pasaría de costar 74 euros a 79,7, o sea 5,7 euros más.

Los bonificados, en principio, seguirían siendo los agricultores y los camioneros, pero no se puede descartar que en el futuro se articulase un alivio a otros profesionales.

Hay que recordar que, según los últimos datos de la DGT, en España hay 17,9 millones de vehículos con tracción diésel frente a 13,6 millones de vehículos que usan gasolina. En España, hay 541.751 furgonetas y camiones que consumen gasolina y 4.342.980 que usan gasóleo. Nada menos que siete veces más. Dicho de otra forma, por cada vehículo profesional de gasolina, hay ocho con gasoil.

Notarios y registradores, en guerra por el control de la información sobre blanqueo

MADRID.- La decisión del Consejo General del Notariado de constituir un registro electrónico con datos de particulares y de escrituras mercantiles, gestionarlo a través de una empresa propia de naturaleza privada y ceder esa información a terceros - habilitados legalmente, eso sí, para conocer esos datos- a cambio de una compensación económica, ha desencadenado una guerra abierta entre colectivo y el de los registradores de la propiedad, con el asunto del control de los datos necesarios para controlar potenciales operaciones de blanqueo de capitales como telón de fondo, destapa hoy www.lainformacion.com. 

Una Orden Ministerial aprobada el pasado mes de marzo por el Ministerio de Justicia, que habilitó a los registradores para recoger datos sobre los titulares reales de las sociedades en sus oficinas a partir de este mes de junio - los más relevantes a la hora de perseguir el blanqueo de capitales, la corrupción y la financiación del terrorismo -, ha provocado un auténtico seísmo en la relación de atribuciones entre estos colectivos profesionales, al quebrar la gestión exclusiva que hasta ese momento  realizaban en ese ámbito los notarios a través de su Índice Único Informatizado (IUI). 

La maniobra gubernamental ha recrudecido el cruce de acusaciones entre ambas partes, que ya se producía desde hace tiempo. Desde el bando de los registradores se critica con dureza el hecho de que los notarios estén utilizando los datos que recogen para elaborar ese índice, y en la mayor parte de las escrituras públicas que realizan, para cedérselos a una empresa privada, Ancert, unipersonal y controlada por el Consejo General del Notariado, a través de la que ceden esa información a entidades y plataformas del sector financiero, como Asnef o algunos de los grandes bancos, a cambio de una retribución económica.

Frente a ello, fuentes cercanas a la actividad notarial aseguran que Ancert es una entidad sin ánimo de lucro (aunque sea una sociedad limitada), que no comercializa los datos, sino que los cede a los 'sujetos obligados', según la definición de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, que se los solicitan, y sólo cuando cuentan con el visto bueno de la Dirección General del Tesoro, el Ministerio de Economía y la Agencia de Protección de Datos para hacerlo.

Según las estimaciones que realizan estas fuentes, la compensación económica que reciben no llega a un euro por cada dato proporcionado y apenas alcanza para cubrir una quinta parte del coste de mantenimiento de la Base de Datos de Titularidad Real. Esa base existe en el seno del Notariado desde el año 2012, y fue reconocida como registro público por el reglamente de prevención del blanqueo de capitales en 2014. 

Los registradores también cobran por esa información, pero lo hacen a partir tarifas regladas para cada una de sus operaciones (peticiones de datos, notas, etc.). De hecho, son más caras que las que cobra el Notariado, pero están tasadas y sobre ellas no pesa ninguna sospecha de comercialización.

Europa exige un único registro de datos

La polémica por el control y la cesión de esos datos, básicos para contrastar investigaciones sobre blanqueo, tropieza además con la directiva europea que se debe trasponer a la legislación española en breve y que exige en su artículo 30 (revisado) que haya un único registro público para controlar este proceso, susceptible de ser contrastado e interconectado con los que existen en el resto de la UE. 

Esa norma mantiene que la base de datos puede cederse, incluso a las personas que tengan un “interés legítimo” demostrado para contar con ello, si bien deberá ser una ley interna la que deberá decidir que se entiende por ello.

Los notarios acusan a los registradores de ser ellos los que quieren arrogarse ahora este servicio (y sus ingresos correspondientes) y  decidir en cada caso quién tiene ese interés legítimo, sin base legal alguna. Mientras, por parte de los registradores se advierte que lo que la directiva establece es la imposibilidad de utilizar los datos reales de esas transacciones y cambios societarios para actividades cuasi comerciales. 

De hecho, los notarios llegaron a impugnar ante la Audiencia Nacional la orden que habilita ahora a los registradores a reclamar datos sobre titularidad real de las sociedades, sin éxito.  

Fuentes cercanas al ámbito del Notariado recuerdan que la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales (al menos su Reglamento) permite utilizar la figura del convenio para ceder la base de datos a terceros en las condiciones y con los requisitos que se establecen al efecto. 

Una habilitación que desde el ámbito registral no se ve tan cristalina: advierten de que esa interpretación es relativa y aseguran que en algunos ámbitos incluso se han llegado a plantear elevar a los juzgados el asunto.

Otro de los aspectos controvertidos que se subrayan en relación a este  asunto es la elaboración de actas notariales de identificación por parte de los notarios. Éstas suponen una de las bases informativas que los notarios utilizan para conformar su fichero y aunque no son obligatorias, sí son recomendables (“como los seguros que se venden con las hipotecas”, aseguran). 

Cada una de esas actas cuesta algo más de setenta euros al usuario.

El presidente Sánchez renunciaría a 10.340 millones por 'nacionalizar' las autopistas

MADRID.- Una de las primeras medidas que anunció el Gobierno de Pedro Sánchez al poco de llegar al poder fue la decisión de no prolongar la concesión de las primeras autopistas de peaje en España, así como la eliminación de los peajes que hoy pagan los ciudadanos. De esta forma, las autopistas empezarán a revertir al Estado a partir de noviembre de este año. Esta 'nacionalización' supondrá que el Estado renuncie a 10.340 millones a largo plazo, según los cálculos realizados por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y que hoy recoge Voz Pópuli.

En concreto, suprimir los peajes que hoy pagan los ciudadanos por circular por esas carreteras de pago tendrá un impacto negativo en las arcas públicas de 437,5 millones euros al año, como ya dijo la patronal de constructoras y concesionarias Seopan. 

Según el IEE, la cifra se explica por los 84,8 millones de coste de explotación y mantenimiento, hasta ahora asumido por las concesionarias, y por los 352,7 millones que dejaría de recibir el Tesoro en concepto de retorno fiscal anual (IVA, Sociedades, IRPF, cargas sociales y otros tributos).

Pero ahí no acaban los problemas. A esta cifra habría que añadir las pérdidas en las que incurriría el Estado por no volver a licitar, como estaba previsto, las nueve autopistas que han revertido anticipadamente y cuyo ingreso para el Estado se estima en unos 1.000 millones de euros. 

Además, el levantamiento de barreras de las autopistas que terminan contratos implica la renuncia a su relicitación, que podría haber permitido un pago inicial al Estado por parte de futuros concesionarios de 9.340 millones de euros.

La renuncia de Sánchez

Esto significa que la continuidad del sistema de peaje en las tres autopistas que acaban contrato en breve (AP-1, AP-7 y AP-4) y la relicitación de las autopistas que han revertido anticipadamente supondrían la obtención de unos recursos adicionales para el Estado de 10.340 millones a los que Sánchez ha decidido renunciar, según anunció el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en una entrevista concedida a El País. A esta renuncia de ingresos habría que sumar los 437,5 millones que se ahorraría en gastos.

En 2021 llegará el vencimiento de otras dos autopistas de peaje: la AP-2 entre Zaragoza y la costa mediterránea y diversos tramos de la AP-7 (Tarragona-La Junquera y Montmeló-El Papiol). Sin embargo, el horizonte temporal del fin de estas concesiones trasciende la actual legislatura por lo que deberá ser el Gobierno resultante de las próximas elecciones el que tome una decisión definitiva.

Lo cierto es que el Gobierno del PP había dicho también que no prolongaría las concesiones de peajes con próximos vencimientos, a pesar de las peticiones de las sociedades concesionarias (Itínere, para el caso de la AP-1, y Abertis para las otras dos vías). Sin embargo, no terminó de definir cuál sería el destino de los peajes una vez que finalizara la concesión.

La idea del Ministerio de Fomento que dirigía Íñigo de la Serna era que el coste de estas primeras autopistas de peaje ya estaba amortizado. No obstante, aún se planteaba la posibilidad de que fuera el Estado el que siguiera cobrando el peaje, una vez vencida la concesión, para sufragar el mantenimiento de esos tramos, que ya no correrían a cargo de la concesionaria.

La renuncia a los 10.000 millones es una de las razones que han llevado al Instituto de Estudios Económicos (IEE) a llamar a su ultimo informe  ‘No perder la confianza que tanto ha costado recuperar’. 

El organismo, laboratorio de ideas económicas de la CEOE, se ha mostrado muy critico con las primeras medidas anunciadas por el nuevo Gobierno y convencido de que el próximo que salga de las urnas en 2020 tendrá que arreglar los desastres de los socialistas.

Calviño a Goirigolzarri: hay tiempo para privatizar Bankia

MADRID.- La reunión se produjo. La ministra de Economía, Nadia Calviño, y el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, se reunieron el pasado lunes para conocerse personalmente y, sobre todo, para hablar del futuro de la entidad financiera. Bankia es la cuarta firma bancaria española y la única ya en la que el Estado, a través del FROB, mantiene una participación mayoritaria del 61% de su capital, tal como recuerda hoy Cinco Días.

En esta reunión la responsable de Economía tranquilizó al banquero, al explicar que no está entre sus planes convertir Bankia en un banco público vitalicio, como ha reclamado en alguna ocasión Podemos.

Sobre las fechas para la privatización de esta entidad financiera, Calviño también le transmitió que aún queda tiempo para decidir si se amplía o no la fecha para la venta del 61% que controla el Estado en paquetes.

La normativa española, modificada ya el pasado año, fija diciembre de 2019 como tope para su privatización, aunque esta fecha puede ampliarse nuevamente, ya que el primer plazo era a finales de 2017, algo que aún no se ha abordado, pero que tampoco sería extraño, como exponen algunos expertos.

La idea de Economía, como la del FROB es intentar maximizar el valor de este banco para que el contribuyente pueda recuperar todo lo posible de las ayudas públicas que se concedió a esta firma, y que ascendieron a 22.424 millones de euros.

El problema de Bankia es que a los precios actuales a los que cotiza, es imposible devolver estas ayudas. Sus títulos cerraron ayer a 3,22 euros, con una caída del 0,77%. Su capitalización total suma 9.942,84 millones de euros. Para recuperar las ayudas el precio de la acción tendría que situarse cerca de 6 euros.

Goirigolzarri ya ha comentado en las últimas semanas “no tenemos agobios”, para la fecha de privatización de Bankia, pese a que quede solo un año y medio para la fecha fijada en la actualidad. Aun así, es partidario de su privatización a medio plazo, aunque cree que es positivo que el Gobierno tenga la capacidad de extender el periodo si fuese necesario.

El FROB, presidido por Jaime Ponce, también ha comentado en más de una ocasión estar a favor de poder tener la opción de ampliar la fecha de salida del Estado en el capital de esta entidad financiera.

La cúpula de Bankia está convencida de que cuando suban los tipos de interés el valor de la entidad será uno de los más beneficiados, opinión que comparten los analistas.

La trayectoria europeísta de Calviño también hace que el Estado se incline más por su privatización a medio plazo.

Peligra el megacontrato de 'Navantia' con Australia para fabricar nueve fragatas

MADRID.- En Navantia daban por sentado que el pasado viernes conocerían la decisión final del Gobierno de Australia sobre cuál de las tres ofertas finalistas fabricaría las nueve fragatas para la marina austral. Sin embargo se ha aplazado la decisión. Y varios datos apuntan a que podría complicarse el contrato, según publica hoy El Confidencial Digital.

Están en juego 22.500 millones de euros. El mayor contrato que haya conseguido nunca una empresa española en el extranjero. La oferta de Navantia partía -a priori- con cierta ventaja: en Australia se la consideraba la menos arriesgada económicamente, y además las futuras unidades son totalmente compatibles tecnológicamente con las fragatas de la US.Navy (ambas llevan el mismo sistema de combate).

La decisión se esperaba para el mes de mayo, pero finalmente se retrasó un mes más. Fuentes de Navantia confirmaron a ECD que habían recibido información de que el anuncio llegaría el pasado viernes 22 de junio. Llegó el día y tampoco hubo noticias al respecto.

Ahora se sabe que Australia ha ordenado otra moratoria en la decisión, sin establecer un plazo concreto. Fuentes gubernamentales, citadas por medios especializados locales, aseguran que el retraso se debe a que el Canberra estaría intentando introducir a un astillero local -Austal- dentro del concurso. Como cuarta opción o como opción de subcontrata para la empresa ganadora.

El gobierno australiano buscaría así darle una oportunidad de negocio a una empresa nacional que no pasa por buenos momentos tras perder sus opciones en otra reciente adjudicación. 

Fuentes del sector explican a ECD que, sin embargo, el proyecto SEA 5000 -como se denomina a las 9 fragatas- le “queda muy grande” a una firma como Austal, que ha fabricado unidades de tipo patrullero para la marina australiana, para Estados Unidos y para algunas monarquías del Golfo Pérsico.

Sin embargo no sería este el único problema que pondría en peligro la candidatura de Navantia. Según ha filtrado la prensa local, aludiendo a fuentes de Defensa, que la opción elegida finalmente sería la de la británica BAE Systems y sus Type 26. La oferta más cara y arriesgada -es un proyecto, aún no hay ninguna unidad navegando-, pero también la más ambiciosa y avanzada tecnológicamente.

El contrato, explica la prensa, sería la primera muestra del nuevo tratado de libre comercio (FTA) que perfilan Londres y Camberra de cara a la salida de Reino Unido de la Unión Europea.

Sin embargo, fuentes próximas a Navantia explican que pese a que estas noticias puedan generar “inquietud”, no son más que “cabildeos” de Reino Unido con políticos australianos y que aún está por ver si se cumplen estas previsiones.

La Asociación 'Hippocampus' ha encontrado un caballito en aguas del sur del Mar Menor

CARTAGENA.- La supervivencia del caballito de mar en el Mar Menor ha estado pendiendo de un hilo desde el verano de 2016, pero las últimas inmersiones de la Asociación Hippocampus arrojan un rayo de esperanza para la supervivencia de estos animales marinos.

En abril de este año la Asociación encontró durante una de sus salidas cuatro ejemplares, demostrando que siguen nadando en el Mar Menor. El pasado sábado 23 de junio, cuatro miembros de Hippocampus dieron con otro caballito de mar entre Los Nietos y Los Urrutias.

En concreto, hallaron una hembra de 7,5 cm, además de dos ejemplares de abaster o pez agua y un lenguado.

"Hoy no se puede ser más feliz", expresaron desde la Asociación a través de las redes sociales, donde compartieron el vídeo en el que se puede observar cómo hallaron el caballito de mar.

La Asociación Hippocampus investiga desde hace años el estado de esta especie en el Mar Menor como parte de sus estudios de la conservación de la laguna.

Una especie en estado de vulnerabilidad

El caballito de mar, uno de los animales más emblemáticos de la fauna del Mar Menor, se encuentra en un estado de "vulnerabilidad" por su riesgo de extinción. La Asociación Hippocampus recuerda que el Libro Rojo de los Vertebrados de la Región catalogó 'en peligro crítico' el estado de conservación de la especie, "lo que supone un riesgo extremadamente alto de su extinción en estado silvestre en un futuro inmediato", como así manifiestan los investigadores de la asociación.

Los últimos datos conocidos hasta la fecha, hechos públicos en enero de este año, ponían de relieve que la población del caballito de mar podría haberse reducido hasta un 90%.

¿Las causas del peligro de desaparición de esta especie? A juicio de la asociación murciana, "la contaminación y pérdida de pradera marina, la extracción masiva por parte de pescadores y la invasión de especies no autóctonas, como la dorada y la lubina" son los principales motivos de la disminuición de la cifra de caballitos de mar.

El Instituto Español de Oceanografía (IEO) ya exigió en 2016 medidas de protección "porque la laguna salada es como si fuera un reservorio de esta especie en el mediterráneo español", según se recogió en prensa. Este instituto señalaba que el caballito de mar "se encuentra en unas densidades bajísimas y es difícil de encontrar".

En cambio, añadían, en el Mar Menor "es como si tuviéramos un pequeño laboratorio, teniendo, antiguamente, unas densidades muy buenas", ya que se llegaron a capturar "para venderse secos a una empresa que hacía souvenir".

"El Mar Menor se está estabilizando"

Por otro lado, el director general de Medio Ambiente y Mar Menor, Antonio Luengo Zapata, ha insistido este jueves, durante su comparecencia ante la comisión especial sobre el Mar Menor, que la laguna salada "se está estabilizando" y tiene ya casi 5 metros de transparencia, los datos de turbidez han pasado de 11,75 en 2016 a 1,57 y la clorofila también ha experimentado una mejoría pasando de 38 microgramos por litro a 0,8.

Según ha apuntado, el Mar Menor es un ecosistema que "ha sufrido una crisis e inestabilidad importante" y que "requiere de mucho tiempo" para volver a su estado normal.

Ha instado a "ser prudentes" y a dejar trabajar a los científicos, ya que "cualquier acción ha de hacerse de manera consensuada".

Asimismo, ha pedido a la Asamblea Regional que trabaje en la ley integral del Mar Menor y ha puesto a disposición de los grupos parlamentarios los medios técnicos y científicos de la consejería para ayudarles en la redacción de dicha ley. Piensa que en su redacción "debe haber un consenso político desde el minuto cero".

En cuanto a las medidas que se llevan a cabo para recuperar la laguna salada, ha destacado la estrategia de zona integral costera, la retirada de embarcaciones varadas y utensilios del Mar Menor, así como la identificación de diversas actuaciones por playa y la elaboración de un modelo hidrogeológico del Mar Menor, entre otras.

En cuanto a los grupos parlamentarios, el diputado del PP Jesús Cano ha resaltado que el Gobierno está actuando con "absoluta transparencia" sobre el Mar Menor.

En ese sentido, ha dicho que los datos reflejan que la laguna salada "está mejor que hace un año y que hace dos" y ha reprochado a la oposición la falta de colaboración criticando que insistan en que el Mar Menor está contaminado, "no lo está, atraviesa una situación de crisis de la que se recupera de forma estable".

Por parte de Ciudadanos, Luis Francisco Fernández ha echado en falta una "respuesta clara" sobre las actuaciones que se piensan tomar en materia del Mar Menor. A su juicio, falta coordinación entre administraciones y consejerías para solucionar los problemas del Mar Menor. Considera que es necesario implicar a los ayuntamientos en la gestión del Mar Menor.

Desde Podemos, María Giménez ha criticado al director general por acusar a la oposición de crear alarma social. Ha advertido que no se corresponde la información que a ellos les llega sobre el estado de la laguna salada a la que "se nos vende; no entendemos la negativa del Gobierno regional a eximirse de responsabilidades".

Finalmente, el socialista Antonio Guillamón piensa que no se están desarrollando las actuaciones necesarias y efectivas para corregir el problema del Mar Menor. Él considera una afirmación "provocadora" que se haya dicho que el Mar Menor no está contaminado.

A su vez cree que la dirección del Mar Menor y Medio Ambiente no tiene el protagonismo que se requiere añadiendo que le parece "razonable" el estudio de impacto ambiental propuesto, pero que "deja en evidencia al Gobierno regional y supone un bofetón a los responsables de las medidas de mayor trascendencia".

La 'película' del aeródromo de Corvera... por Jaime García-Legaz

MURCIA.- El consejo de administración de la sociedad concesionaria del aeródromo de Corvera (AENA-AIRM) ha acordado hoy la adjudicación del contrato de arrendamiento de terrenos para el rodaje de unas escenas de la película Terminator 6, bajo la presidencia, ya provisional, del murciano Jaime García-Legaz (PP).

También dice haber sacado a licitación los primeros contratos comerciales para la instalación de doce establecimientos comerciales y restaurantes, 18 máquinas expendedoras de comida y bebida y dos cajeros automáticos que albergarán sus instalaciones. 

Entre los acuerdos adoptados hoy figura, dice, la convocatoria de concursos para la compra de vehículos y otros equipamientos y la realización de trabajos de mantenimiento por importe de 641.209 euros, además del suministro de agua potable puesto que en la actualidad es provisional. 

El consejo de administración de la concesionaria de Corvera también dice haber fijado los precios de arrendamiento de los locales y terrenos adscritos al aeropuerto, «en los que se mantendrán las mismas tarifas que hay en el aeropuerto de San Javier, tal y como se comprometió en su oferta», según indica en un comunicado la compañía concesionaria.

Por otra parte, el deterioro de la pintura de la plataforma hace necesario pintar de nuevo la señalización horizontal y vertical, argumenta.
La compra de suministros incluye la adquisición de cinco vehículos necesarios para el desempeño de tareas que en el aeropuerto de San Javier lleva a cabo la Base Aérea Militar. De ellos, uno es para el puesto de mando avanzado, dos para mantenimiento de pista y balizamiento, uno para desplazamiento interno y otro para uso de la Comunidad Autónoma, en cumplimiento del pliego de condiciones del concurso que la concesionaria se adjudicó a finales de 2017. El presupuesto de licitación es de 141.000 euros.
También se licitará por un importe de 49.369 euros el suministro de repuestos básicos de materiales de ayudas visuales, imprescindible para disponer de stock de luces de repuesto para el área de movimiento de aeronaves.
Finalmente  se ha aprobado la asistencia técnica para la modificación de los sistemas de control para los grupos de emergencia e instalaciones, con un presupuesto de licitación de 96.840 euros.

La Región supera los 99.000 autónomos por primera vez desde marzo de 2009

MURCIA.- El Gobierno murciano ha destacado que la Región ha superado los 99.000 autónomos por primera vez desde que acabó la crisis económica y de empleo, gracias a la subida de 246 trabajadores por cuenta propia registrada en el mes de mayo (quinto mejor dato por autonomías). Así, la cifra total de este colectivo queda ahora en los 99.048, un dato que no era tan elevado desde los 99.230 que se contabilizaban al cierre del mes marzo del año 2009.

La tendencia positiva en el incremento de trabajadores autónomos en la Región se refleja en el escenario de los últimos doce meses, que arroja un incremento de 996 afiliados en la Seguridad Social a este régimen. Se trata de un incremento del 1,02 por ciento, el sexto mejor dato por comunidades autónomas, y superior a la subida media en el conjunto del país durante el mismo periodo (un 0,87 por ciento).

Así, la Región de Murcia se queda a menos de mil afiliados de superar la barrera de los 100.000 autónomos, algo que no consigue desde enero de 2009. La mayor cifra de trabajadores por cuenta propia en la serie histórica se alcanzó tras marzo de 2008, cuando se registraron 105.629, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

La cifra de autónomos viene experimentado un crecimiento progresivo, que se pone de manifiesto en las comparativas con años recientes. Así, a la conclusión de mayo de 2015, y ya dentro de la etapa de recuperación económica y de empleo, los registros eran de 95.735 afiliados autónomos. Tras mayo de 2016 eran 96.647, mientras que a la conclusión de mayo de 2017, la cifra quedó en los 98.052.

El consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán, ha destacado que "una de las metas fundamentales que nos proponemos es fomentar el emprendimiento y el trabajo autónomo, y estos datos vienen a corroborar que estamos por la senda adecuada. No sólo ganamos autónomos a mayor ritmo que la media del país, sino que estamos mejorando nuestras propias previsiones, porque los murcianos perciben que el contexto económico es cada vez más propicio".

La Estrategia por el Empleo de Calidad, hoja de ruta del Gobierno regional en el ámbito laboral, marca como uno de sus objetivos superar la cifra de los 100.000 autónomos en el año 2020, si bien la progresión de los datos hace factible adelantar el cumplimiento de esa meta.

La Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, a través del SEF, ha reabierto recientemente dos líneas para promover el establecimiento como autónomos de personas en paro. Una de ellas son las ayudas de entre 3.000 y 9.900 euros a aquellas personas sin empleo que se den de alta como autónomos y justifiquen haber realizado inversiones en inmovilizado material necesarias para el desarrollo de la actividad, por importe superior a 2.500 euros.

Además, también se encuentra en vigor la Cuota Cero para que ni jóvenes inscritos en Garantía Juvenil ni parados de larga duración tengan que pagar tarifa de autónomos en su primer año de actividad. Igualmente, estas personas reciben una ayuda para el inicio de la actividad que oscila entre 2.000 y 3.500 euros. Concretamente, para los hombres es de 2.000 euros; si el beneficiario es mujer, la ayuda es de 2.500 euros; y si presenta discapacidad o está en riesgo de exclusión social, asciende a 3.500 euros.

La Fiscalía de Alicante pide pena de cárcel para el murciano Ángel Martínez, ex vicepresidente de la CAM

ALICANTE.- La Fiscalía Anticorrupción de Alicante ha solicitado la libre absolución para 13 miembros del consejo de administración de la CAM que aprobó la dietas del expresidente Modesto Crespo, entre los cuales figura el empresario murciano José García Gómez, presidente de Agrupal. 

En su escrito de conclusiones definitivas el fiscal Anticorrupción mantiene la acusación contra la cúpula de la Caja, en la que se incluye al ex vicepresidente por Murcia, Ángel Martínez, en la recta final del juicio que se celebra en la Audiencia de Alicante. Se trata de una de las siete piezas separadas de la causa abierta en la Audiencia Nacional por la quiebra de la CAM.

La Fiscalía mantiene las penas de dos años para los ex vicepresidentes Ángel Martínez y Armando Sala, así como para el ex secretario del consejo José Forner. Argumenta que los vicepresidentes «no eran vocales de base, eran delegados cuyo papel tenía que haber sido sumamente activo y responsable. Ellos eran la CAM», asegura.

Aunque en sus conclusiones el fiscal había tenido que mantener la responsabilidad penal de los consejeros por una cuestión técnica, pese a eximirles de responsabilidad civil, lo que implicaba que no tendrían que abonar las dietas percibidas por Modesto Crespo, en su informe final pedía ayer la absolución.

Estima que el papel de los 13 vocales del consejo de administración que aprobaron la propuesta en la sesión del 27 de noviembre de 2009 fue meramente «administrativo». Aludía a la complejidad «premeditada» de esta sesión del consejo y de cómo se planteó una propuesta ya resuelta. A esto hay que sumar, indicaba el fiscal, que «no tenían un fácil acceso ni a las actas ni a las preactas del consejo».

Para el Ministerio Público ha quedado probado que Modesto Crespo nunca trabajó en Tinser, «no fue presidente ni fue nada», y que tan solo en 2010 mantuvo una reunión de una hora relacionada con la empresa participada por la Caja.

Según el fiscal, no se ha podido acreditar «ni un solo escrito ni correo electrónico o testigo» de que Crespo actuara como presidente de Tinser. Se trata, añadía en su exposición, de «un palmario fraude de ley».

Unos hechos que se han reflejado en el escrito de conformidad del expresidente Modesto Crespo, y que para el fiscal Anticorrupción se han convertido en una prueba de cargo contra los otros siete acusados, ya que «en ningún momento, estos han puesto en duda la versión del expresidente», dijo.

El fiscal responsabiliza directamente al ex director general de la CAM Roberto López Abad y mantiene la petición de cuatro años por inductor y cooperador necesario.

Rescatados 12 inmigrantes en una patera al sureste de Cabo de Palos

CARTAGENA.- Doce inmigrantes de nacionalidad argelina que trataban de alcanzar la costa española a bordo de una patera han sido rescatados esta tarde por una embarcación de Salvamento y Seguridad Marítima a unas 42 millas al sureste del Cabo de Palos, en aguas de Cartagena.

Según fuentes de esta sociedad estatal del Ministerio de Fomento, la patera ha sido avistada sobre las 12:30 horas por un barco pesquero, tras lo ha salido en su búsqueda el barco de rescate Salvamar Mimosa.
Una vez que los ha transbordado, tiene prevista su llegada al puerto de Cartagena sobre las 18:45 horas, donde los inmigrantes, todos varones adultos y en aparente buen estado de salud, serán atendidos por un equipo médico de Cruz Roja, informa esta oenegé.

La ingeniera gallega Isabel Pardo de Vera sustituirá a Juan Bravo al frente de 'Adif'

MADRID.- El Ministerio de Fomento ha nombrado nueva presidenta de Adif a Isabel Pardo de Vera Posada, actual directiva de la compañía pública que sustituirá en el cargo a Juan Bravo, según confirmaron fuentes del Departamento.

Pardo será así la primera mujer al frente de la empresa pública promotora y gestora de las infraestructuras ferroviarias, una de las que más volumen de inversión pública gestionan en el país, desde su constitución en 2005.

Su nombramiento se aprobará mañana viernes en el Consejo de Ministros, tal como avanza el diario 'Cinco Días' en su edición de este jueves.

Isabel Pardo es ingeniería de Caminos de formación y forma parte de Adif desde hace una década, desde que en 2007 logró una plaza a través de una oferta de empleo público.

Desde hace dos años ocupaba el puesto de directora general de Explotación y Construcción de Adif, una de las siete direcciones generales de la empresa, si bien con anterioridad ocupó distintos puestos directivos como gerente de la línea AVE a Galicia, como jefe de infraestructuras y directora de obras también de este corredor.

El Consejo de Ministros prevé nombrarla este viernes  al frente de Adif en donde ya ejercía como directora general de Explotación y Construcción, según fuentes del Ministerio de Fomento.
Con su inminente nombramiento, el ministerio de Fomento presidido por José Luis Ábalos elige así a un perfil técnico y a una persona de la casa para ostentar la presidencia del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
Pardo ejercía como "número dos" de Adif bajo la presidencia de Juan Bravo, que fue nombrado en el cargo el 18 de noviembre de 2016 coincidiendo con la llegada de Íñigo de la Serna al frente del Ministerio.
Adif es una compañía que conoce a la perfección, según las mismas fuentes, al igual que el estado de cada una de las líneas de alta velocidad que se están proyectando y que podrían entrar en operación pasados unos meses.
Pardo, que ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en Adif, relevó en junio de 2016 a Javier Gallego al frente de la dirección general de Adif Alta Velocidad. Asumió entonces la dirección general de Explotación y Construcción, un área que cambiaba de manos por tercera vez en año y medio.

En el sector privado, Isabel Pardo trabajó entre 2002 y 2007 en Sondeos, Estructuras y Geotecnia. En el ámbito público, ha sido asimismo directora del Servicio de Movilidad de la Diputación Provincial de Pontevedra y ha ocupado distintos puestos de responsabilidad en Adif.
La entrada en servicio de nuevos tramos de alta velocidad podría ser una realidad en tan solo unos meses. En el horizonte más cercano está previsto que entren en operación el túnel entre Atocha y Chamartín, el tramo Vandellós-Tarragona del Corredor Mediterráneo o la línea Antequera-Granada, todos ellos ya en pruebas.
También se trabaja para concluir las obras de la conexión Venta de Baños-Burgos, del tramo zamorano del corredor gallego y de la alta velocidad a Murcia, con un proyecto de soterramiento fuertemente demandado. El impulso del Corredor Mediterráneo será otra de las prioridades a las que tendrá que hacer frente.

Entre los retos que Pardo deberá hacer frente en la Presidencia de Adif destaca la apertura a la competencia del transporte de viajeros en tren, prevista en toda la UE para finales de 2020, cuando otros operadores privados podrán entrar en la red AVE a competir con Renfe.

Asimismo, la nueva presidenta de Adif deberá dirigir el desarrollo de los corredores AVE actualmente en construcción, así como el mantenimiento de la red ferroviaria.

En cuanto a la construcción del AVE, figura la próxima conclusión de obras o puesta en marcha de una media docena de nuevos tramos, como las conexiones con Burgos, Granada y Murcia; el tramo entre Zamora y Pedralba de la Pradería o la conexión AVE entre las estaciones madrileñas de Atocha y Chamartín.

No obstante, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ya ha avanzado su intención de revisar estos plazos con el fin de evitar "falsas expectativas en los ciudadanos" y que no se confundan con la fecha de conclusión de las obras y su posterior puesta en explotación tras las pertinentes pruebas de seguridad.

Este nombramiento es el primero que se produce en las empresas públicas dependientes de Fomento, que engloba también a Renfe, Aena, Enaire, Ineco, Puertos del Estado o Salvamento Marítimo.

En la Región de Murcia la huelga nacional en la Conserva conoce un seguimiento masivo de 24 horas

MURCIA.- La huelga nacional de 24 horas en el sector de la Conserva convocada en las industrias de la Región también hasta esta noche está teniendo un seguimiento masivo, según los sindicatos, mientras que la patronal Agrupal admite que en muchas fábricas no han llegado a arrancar las máquinas y solo se realizarán hoy labores de mantenimiento. 

Su presidente, José García Gómez, ha apuntado igualmente que la actuación de los piquetes ha impedido que algunas factorías pudieran iniciar la jornada laboral hasta las 10.00 horas, aunque finalmente han abierto. A su juicio, "el seguimiento de la protesta es escaso y puntual".
Por su parte, Comisiones Obreras ha informado de que el paro es total en el Noroeste y en Águilas. El sindicato añade que desde Moratalla, Cehegín y Bullas han partido esta mañana siete autocares con trabajadores que han acudido a la concentración convocada ante la sede de Agrupal en Murcia.
El paro se inició este miércoles a las 22.00 horas al inicio del turno de noche en las factorías que trabajan durante todo el día.
A la huelga estaban convocados unos 8.000 trabajadores de la industria conservera y alimentaria de la Región para reclamar mejoras en el convenio colectivo del sector que permitan recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante la crisis y mantener el orden de llamamiento de los trabajadores fijos discontinuos por orden de antigüedad.
Los sindicatos tampoco aceptan la ampliación del número de jornadas en las que pueden alcanzarse las diez horas diarias durante los periodos álgidos de la campaña.
El convenio de la Conserva es de ámbito nacional y se negocia entre la patronal nacional y los sindicatos con representación en las industrias de las comunidades autónomas con mayor implantación del sector agroalimentario.

Los 'sin papeles' tendrán sanidad tras pasar 90 días en España

MADRID.- Los inmigrantes en situación irregular podrán acceder a la atención sanitaria en igualdad de condiciones que los españoles siempre que lleven empadronados en España un mínimo de 90 días o, en su defecto, que acrediten su situación de vulnerabilidad a través de los servicios sociales.

Así lo recoge el borrador que ha presentado hoy la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, a las comunidades autónomas y que se plasmará en un real decreto para modificar la reforma sanitaria aprobada en 2012 por el Gobierno del PP, que retiró la tarjeta sanitaria a los 'sin papeles'.
Montón, que ha presidido hoy su primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud con el único punto del orden del día del acceso universal a la sanidad pública, ha asegurado que en 2012 no existía ninguna razón que justificara la exclusión sanitaria que se plasmó en el real decreto.
Residir un mínimo de 90 días en España o acreditar vulnerabilidad a través de un informe social son las "garantías" que establecerá el real decreto para que no haya "agujeros negros", de tal forma que no haya "ningún abuso" y que ningún ciudadano que lo necesite se quede desatendido.
En la rueda de prensa posterior a la reunión, la ministra ha admitido que desde entonces las comunidades han buscado soluciones para atender a los inmigrantes en situación irregular, pero esto ha ocurrido de una manera "no armónica y desigual", por lo que ha considerado que ahora es el momento de "dar un paso adelante y construir de manera unitaria".
La reforma planteada por Sanidad trata de recuperar el derecho a la protección de la salud para este colectivo "en las mismas condiciones que las personas de nacionalidad española", vinculándolo al concepto de ciudadanía, mientras que desliga la atención sanitaria del concepto de asegurado, como establecía la reforma de 2012.
Esta reforma retiró la tarjeta sanitaria a los 'sin papeles' (unos 840.000), de forma que se les excluyó de la atención primaria -excepto a menores y a embarazadas- y se limitó su asistencia a los servicios de urgencias.
En este sentido, Montón ha recordado que distintos organismos internacionales han constatado que la asistencia sanitaria a través de la Atención Primaria es "menos gravosa" que la que se realiza a través de los servicios de urgencias y ha rechazado, como argumenta el PP, que la universalidad suponga un sobrecoste a las CCAA porque todas ellas están proporcionando ya esa atención.
La ministra de Sanidad confía en poder implementar esta medida "lo más rápidamente posible" y ha dicho que quedaría derogado automáticamente lo anterior, en referencia a las medidas puestas en marcha por las CCAA.
Se trata, según Montón, de sustituir "todo el articulado que habla de exclusión sanitaria por otro que hable de universalidad".
Montón ha dicho que de esta reunión han salido con unas "ideas básicas" para llevar adelante la norma y ha explicado que propondrá la creación de una Comisión Mixta para hacer seguimiento de su implementación tal y como hizo en la comunidad valenciana en su época de consejera.
Montón ha recordado que como consejera llevaba tres años pidiendo, junto con la mayoría de las CCAA, la eliminación de la exclusión sanitaria y ha considerado una "proeza" que en tres semanas como ministra se haya celebrado un Consejo Interterritorial con este tema como único punto del orden del día.

Una vecina de San Javier y sus seis hijos serán desahuciados el lunes

MURCIA.- Una mujer víctima de malos tratos y sus seis hijos, de entre 3 y 11 años, serán desahuciados en San Javier el próximo lunes, 2 de julio, como consecuencia de un procedimiento instado por los abuelos de los niños, según ha denunciado hoy la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en la Región.

Según la PAH, por el momento ni la consejería de Fomento, ni el ayuntamiento de la localidad han encontrado una alternativa para la mujer y sus hijos, a pesar de ser víctima de la violencia machista.
La Plataforma asegura que el exmarido fue condenado por un juzgado de Cartagena, sentencia que fue ratificada por la Audiencia Provincial.
La plataforma ha convocado a vecinos, activistas y movimientos feministas, el lunes a las nueve de la mañana, para ayudar y proteger a la familia en el número uno de la calle Los Hondos, de San Javier.

Documentan un nuevo edificio de época altoimperial en las cercanías de la antigua Carthago Nova

MURCIA.- La riqueza arqueológica de la antigua Carthago Nova no deja de sorprender y se ha visto incrementada en las últimas semanas con el descubrimiento de un nuevo edificio situado en las proximidades del puerto. Se trata de una construcción altoimperial de carácter monumental vinculada con el uso del agua, según informaron fuentes de la Fundación Séneca en un comunicado.

El yacimiento se sitúa en la Sierra de Pelayo, un paraje boscoso que, a pesar de su cercanía a la ciudad, constituía un vacío para la investigación debido al carácter militar de los terrenos. Esta condición, sin embargo, ha preservado la zona de expolios y de las agresiones derivadas del crecimiento urbano desmesurado de las últimas décadas.

Con la intención de analizar la ocupación antigua de este importante sector periurbano se ha lanzado una nueva línea de investigación dentro del proyecto del Ministerio de Economía y Competitividad 'ARQUEOTOPOS III (HAR2017-85726-C2-1-P): Carthago Nova desde su entorno litoral. Paleotopografía y evolución medioambiental del sector central del Sureste Ibérico. Dinámica poblacional y productiva', liderado por el catedrático de Arqueología de la Universidad de Murcia, Sebastián F. Ramallo.

CAMPAÑA DE EXCAVACIÓN Y PROSPECCIÓN

Entre los días 4 y 15 de junio de 2018 se ha procedido a una intervención de campo en el marco del 'I Curso de Arqueología Sierra de Pelayo: excavando el hinterland de Carthago Nova'. La actividad, en la que han participado diversos estudiantes de la Universidad de Murcia, ha permitido sacar a la luz la planta casi completa de una edificación romana orientada hacia la bahía.

La arquitectura del conjunto, que cuenta con estructuras subterráneas, es de una gran calidad. Se encuentra situada en un punto intermedio de la ladera de la montaña, en conexión visual directa con el puerto y la acrópolis de la ciudad antigua. Gracias al análisis preliminar de la cultura material recuperada ha sido posible plantear un primer abanico cronológico para el uso del edificio que se extendería entre los siglos I y VI d.C.

Al mismo tiempo se ha procedido a la exploración de otras áreas cercanas, recogiendo material en superficie previa georreferenciación, con el fin de comprender la ocupación diacrónica del entorno. Esta primera evaluación del valor arqueológico de la zona permitirá diseñar una campaña de prospección sistemática el año que viene en paralelo a una nueva excavación con vistas a la puesta en valor del monumento.

UNA COLABORACIÓN "EXCEPCIONAL" ENTRE INSTITUCIONES

Los yacimientos explorados en la Sierra de Pelayo se hallan en el recinto del Club Deportivo Social y Cultural de la Armada-Suboficiales Cartagena, pertenecientes al Ministerio de Defensa.

La presente iniciativa, impulsada desde la Universidad de Murcia con el respaldo de la Fundación Séneca y amparada por el Servicio de Patrimonio Histórico de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha contado en todo momento con el activo apoyo de la Armada Española, propietaria de los terrenos.

Los trabajos han sido dirigidos por el doctor Alejandro Quevedo, investigador contratado Saavedra Fajardo de la Fundación Séneca que desarrolla su labor en el seno del Grupo de Investigación en Arqueología iArqUM de la Universidad de Murcia.

La investigación, que continuará desarrollándose en los próximos años, pretende analizar con metodología arqueológica la ocupación antigua del sector occidental del puerto de Cartagena. Los resultados de esta primera campaña aparecerán publicados el año que viene en un journal, si bien un primer avance divulgativo de los mismos estará disponible en los próximos meses en la revista del Museo Arqueológico Municipal de Cartagena.

La desaladora de Águilas estará paralizada, al menos, diez días

ÁGUILAS.- La desaladora de Águilas-Guadalentín estará paralizada al menos durante diez días por la avería registrada ayer, aunque el abastecimiento humano está garantizado en la citada población, donde el 70 por ciento del consumo depende de esta planta, ha informado hoy el delegado del Gobierno en Murcia, Diego Conesa.

Conesa, que visitó las instalaciones junto al consejero murciano de Agua, Miguel Ángel del Amor, y la alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, señaló que la desaladora dejará de producir 180.000 metros cúbicos de agua al día, y lanzó un mensaje de tranquilidad a las cuatro comunidades de regantes afectadas por la avería.
El delegado ha insistido en que el abastecimiento de agua potable a la población está garantizado a través de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, y ha dicho que el Ministerio de Medio Ambiente está al corriente de lo ocurrido y se trabaja para solventar la rotura lo antes posible, en un plazo de entre diez y quince días.
La rotura de un colector principal, de 1,6 metros, de la planta desalinizadora de Águilas, ha dejado sin agua a las comunidades de regantes de Lorca, Águilas, Pulpí y Puerto Lumbreras, en un momento en el que los agricultores necesitan más estos recursos.
El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor, explicó que la avería se produjo en la madrugada de ayer, y que al romperse este colector había inundado las bombas y todo el sistema eléctrico de la planta.
«En un principio no habría habido mayor problema si solo se hubieran visto afectadas las bombas, pero el sistema eléctrico es imprescindible para poder desalinizar el agua», comentó.
Del Amor, que va a hacer las funciones de coordinador/intermediario entre el Ministerio y la empresa Acuamed (propietaria de la planta) y los regantes afectados, ha visitado las instalaciones, para conocer el alcance de la avería. 

«Hemos propuesto a Acuamed que se traigan a Águilas los equipos desde otras plantas, para que, mientras no se repara todo, se pueda seguir desalando, aunque sea en porcentajes menores de los actuales», dijo.
La fisura en el principal colector estuvo soltando agua salada durante varias horas y fue necesaria la intervención de los bomberos para achicarla.
Desde Murcia también se ha propuesto que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) pueda realizar algún tipo de ´préstamo´ de recursos propios o del Trasvase Tajo-Segura. 

«El problema es que no hay infraestructuras para que ese agua llegue a las zonas afectadas», reconocieron tanto el consejero como el presidente de la Comunidad de regantes de Lorca, Juan Marín.
Del Amor destacó la importancia del proyecto de interconexión de las tres plantas del Ministerio (Águilas, Valdelentisco y Torrevieja) para evitar en el futuro problemas como el actual.
Por su parte, Marín lamentó que cuando se proyectó la planta sólo se construyera un embalse en el Cerro Colorao de 90.000 m3, «lo que nos da muy poco margen de maniobra en caso de averías o cuando vienen episodios de lluvias, momento en el que se podría almacenar el agua que se produjera en lugar de parar la planta». 

Reclaman un nuevo embalse de al menos 1 hectómetro cúbico.
Sólo en Lorca, hay 2.000 hectáreas de cultivos afectados, principalmente de sandía, melón, parrales y cítricos, «que no pueden aguantar más de dos días sin agua con las temperaturas que estamos teniendo», dijo Marín.
La peor parte se la van a llevar los pequeños agricultores, que toman directamente el agua de la tubería de la desaladora al no tener balsas donde guardarla.

Claves de la arquitectura estratégica en la crisis migratoria / Antonio Sánchez-Gijón *

El drama y la crisis de los emi­grantes eco­nó­micos y re­fu­giados que salen de Libia hacia Europa co­rren pa­ra­lelos a una trama de in­tereses po­lí­ticos y eco­nó­micos en que se ha­llan im­pli­cadas al­gunas de las grandes po­ten­cias, tanto de Europa como de Medio Oriente, as­pi­rantes a de­ci­dir, o al menos a in­fluir, sobre la suerte de ese po­ten­cial em­porio de ri­quezas ener­gé­ti­cas, y que es tam­bién pieza clave de cual­quier ar­qui­tec­tura di­plo­má­tica del Mediterráneo. 

La crisis libia se ha agudizado en las últimas dos semanas debido a una serie de choques armados por el control del llamado Creciente del Golfo de Sirte. A mediados de junio las terminales petrolíferas de Ras Lanuf y Es-Sider, que se hallaban bajo el control del Ejército Nacional Libio (ENL) comandado por el general Jalifa Haftar, fueron atacadas por el antiguo jefe de la Guardia de las Instalaciones Petrolíferas, Ibrahim Jadran, en un intento de recuperar unas infraestructuras que su fuerza había controlado desde el final del régimen de Gadafi y de las que Haftar les había desalojado hace unos dos años.

El intento de Jadran fracasó (no sin gran daño para las instalaciones petrolíferas), gracias a una enérgica ofensiva del ENL. Haftar se apresuró a anunciar que los ingresos por la venta del petróleo ahora bajo su control iba a resarcir a sus fuerzas de la negativa del gobierno oficialmente instalado por las Naciones Unidas en Trípoli, de sufragar los gastos de una fuerza armada que fue decisiva en la expulsión del Estado Islámico, que además pacificó vastas regiones del nordeste del país.

Haftar anunció inmediatamente que entregaba el control de las infraestructuras a una Corporación Nacional del Petróleo (CNP), en claro réplica a la CNP instalada en la capital, Trípoli, que es la entidad reconocida por el gobierno de Concordia Nacional, patrocinado por las Naciones Unidas y que opera dentro de la antigua capital, hostigado por milicias islamistas y tribales instaladas en la región y en la propia ciudad.

El presidente de la CNP oficial, Mustafá Sanalla, calificó el intento de Haftar de ‘criminal’, y se apresuró a invocar la resolución 2362 del consejo de seguridad de las NN.UU, que condena las exportaciones ilícitas del petróleo libio. Un intento de vender ese mismo petróleo, en 2016, fue bloqueado por la ONU.

El gobierno de Trípoli no es unánime en la cuestión de la CNP de Haftar. Uno de sus vicepresidentes, Fati al-Majbari, expresó simpatía por el punto de vista de Haftar, y no tardó en recibir una advertencia anónima: el asalto a su domicilio en Trípoli, el pasado martes, para causar destrozos y herir a un guarda. Majbari había denunciado “el aislamiento sistemático, la marginalización y la distribución injusta de los recursos de la producción”, en referencia a la provincia oriental de Cirenaica.

Lo problemático de esta situación es que el general Haftar es el único hombre de armas que ha demostrado capacidad militar suficiente para contener o derrotar a las milicias islamistas opuestas al llamado gobierno de la Cámara de Representantes, instalado en Tobruk, y que no obedece al gobierno de Trípoli, aunque afirma querer negociar un acuerdo institucional que conceda poderes a las fuerzas políticas del nordeste del país.

Francia apuesta claramente por Haftar, en coincidencia con Egipto, Emiratos, Rusia y Arabia Saudí. El actual ministro de Exteriores de Macron, Yves le Drian, es el principal ‘padrino’ de Haftar, con el que mantuvo conversaciones cuando era ministro de Defensa de François Hollande. 

En mayo de este año se celebró en París el encuentro de un número de primeras figuras de la política libia, y allí, el enviado especial de las NN.UU., Ghassan Salamé, se desvió de algunos puntos importantes del plan de la ONU, como que antes de celebrar elecciones generales se debía enmendar el Acuerdo Político Libio de 2015; tampoco mencionó la convocatoria de una conferencia constitucional, como pasos necesarios para resolver la crisis política.

Los demás países europeos respaldan, al menos oficialmente, al gobierno de Trípoli reconocido por las NN.UU. El italiano, el más directamente interesado en una solución, se quedó sorprendido por no haber recibido notificación de la reunión de París, a pesar de que ya tenían experiencia en el trato con el general, al que habían recibido en Roma en septiembre de 2017.

Los ‘activos’ de Haftar se resumen en que posee unas fuerzas entrenadas y razonablemente capaces, recibe el apoyo financiero y militar de poderosos patronos árabes y, sobre todo, cuenta con la única fuerza aérea operativa en Libia. Con una experiencia personal como refugiado en los Estados Unidos después de abandonar el servicio en el ejército de Gadafi, es de presumir que Washington tiene sobre él una cierta capacidad de influencia.

Hombre bien entrado en los setentas, la salud de Haftar, según informes no confirmados, sufrió una crisis que le mantuvo alejado de la escena durante unas semanas de este año. La acción de su ejército en el Creciente Petrolífero parece indicar que ha recuperado facultades. Si es así, Francia y otros países ya tienen su ‘hombre fuerte’ para dar salida a un aspecto, quizás el más decisivo, de la multifacética crisis libia. Una crisis también europea.

 

 

(*) Periodista

 

 

 https://www.capitalmadrid.com/2018/6/28/50055/claves-de-la-arquitectura-estrategica-en-la-crisis-migratoria.html