TOTANA.- Una edificación singular ha desaparecido del paraje de Santa Leocadia, en el parque natural de Sierra Espuña, dentro del término municipal de Totana. Se trataba de la Casa de la Paja, una construcción de balas de paja de unos 60 metros cuadrados levantada colectivamente en agosto de 1998 y considerada por quienes la conocían como una de las estructuras autoportantes de este tipo más antiguas de la Península Ibérica.
Su demolición, llevada a cabo en las últimas semanas por miembros de la junta directiva de la Asociación Los Jardines de Acuario, ha desatado una denuncia pública por parte de Elías López Ros, socio cofundador de la entidad, quien acusa a los responsables de haber actuado de forma unilateral, clandestina y presuntamente ilegal.
Según el relato de Elías López Ros, el derribo comenzó sin que se convocara ninguna reunión oficial de la asociación para tratar el asunto, lo que considera la primera de hasta 21 presuntas irregularidades que enumera en su escrito.
El denunciante asegura que se enteró de lo que estaba ocurriendo a través de dos personas ajenas a la asociación, y que cuando alertó a la junta directiva, esta continuó con los trabajos ignorando sus protestas.
Ros acusa al presidente de haber alegado falsamente que él no tenía tiempo para reuniones, a la secretaria de afirmar que la casa "era temporal" cuando se construyó —algo que el denunciante niega categóricamente— y al tesorero de calificarla de "ruina" sin aportar ningún informe técnico que lo avale.
Entre las presuntas irregularidades que detalla el escrito destacan las siguientes: no haberse celebrado ninguna asamblea oficial de la asociación en todo 2025 —cuando los estatutos exigen al menos una anual—; no haberse renovado los cargos de la junta directiva; haberse iniciado el desmonte antes de incluirlo siquiera como punto del orden del día en ninguna reunión; y haberse ejecutado los trabajos sin licencia municipal de demolición del Ayuntamiento de Totana. López Ros señala además que en abril la propia secretaria había programado realizar una actividad en ese espacio, lo que hace aún más inexplicable la decisión de demolerlo semanas después.
A todo ello se añade la falta de transparencia económica: el denunciante pregunta con qué dinero se ha pagado la demolición, quién autorizó el gasto y si existe algún presupuesto previo, sin haber obtenido respuesta. Asegura que las cuentas de la asociación llevan al menos tres o cuatro años sin presentarse a los socios.
López Ros denuncia también que el presidente lo eliminó del grupo de WhatsApp de la asociación sin previo aviso ni explicación, pese a ser socio con pleno derecho.
Uno de los aspectos más controvertidos de la denuncia es que existía una alternativa concreta a la demolición que nunca fue considerada. López Ros asegura que presentó una propuesta para restaurar la casa durante varios fines de semana, contando ya con un grupo de personas disponibles, una aportación económica privada para la compra de materiales y el respaldo de arquitectos de la zona y de la Red de Balas de Paja a nivel nacional para asesorar el proceso.
La junta directiva, según afirma, ignoró completamente esta oferta y continuó con el derribo.
El denunciante argumenta además que desde el punto de vista práctico, restaurar habría sido más sencillo y económico que demoler: los trabajos de desmonte han generado residuos, requirieron mano de obra y tiempo, y han dejado la zona con paja suelta sobre el terreno forestal.
El socio cofundador pide la dimisión inmediata de los tres miembros de la junta directiva y anima a quienes compartan su indignación a contactar con el presidente de la asociación. Su escrito, fechado el 13 de junio de 2026 y firmado con su nombre y teléfono, concluye con una petición: "Que nunca vuelva a repetirse."
