CARTAGENA.- El catedrático de Derecho Administrativo y director del Instituto del
Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, Andrés
Molina Giménez, ha señalado este lunes en la Asamblea Regional de
Murcia que, en el caso de que la reducción de caudales provoque
perjuicios económicos, los usuarios del Trasvase podrían acudir a la vía
legal.
En este sentido, ha explicado que "en el escenario
posible de que se generen daños y perjuicios a los usuarios del
Tajo-Segura como consecuencia de la aplicación de los caudales
ecológicos, estos tendrán la posibilidad de reclamar a la Administración
indemnizaciones", al tiempo que ha precisado que dicha opción estaría
sujeta a que "se produzcan daños o perjuicio patrimonial como
consecuencia de la reducción en los caudales aportados".
Así
lo ha planteado durante su comparecencia en la Comisión Especial de
Estudio sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura tras las últimas
medidas anunciadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, donde
ha advertido de la "importante inseguridad jurídica" que, a su juicio,
han padecido históricamente los usuarios de esta infraestructura y ha
sostenido que el trasvase atraviesa ahora un proceso de
"desnaturalización por vía reglamentaria".
Molina ha
estructurado su intervención en cinco bloques, centrados en la evolución
jurídica del acueducto, los caudales ecológicos en la demarcación del
Tajo, la falta de coordinación entre los planes del Tajo y del Segura,
la futura regla de explotación y la eventual responsabilidad patrimonial
de la Administración.
En primer lugar, ha recordado que el
Trasvase Tajo-Segura tiene como principales referencias normativas las
leyes de 1971 y 1980 y ha estado sometido "siempre a tensiones de
carácter político entre los territorios".
A su juicio, esa situación se
agravó especialmente entre 2005 y 2010, con iniciativas como la conocida
"cláusula Narbona" o la propuesta de reforma del Estatuto de
Castilla-La Mancha, que contemplaba la caducidad del trasvase.
Frente a ello, ha situado el Memorándum de 2013 como el instrumento que
permitió estabilizar parcialmente el marco legal, al propiciar una
nueva regulación a través de la Ley de Evaluación Ambiental y de la
regla de explotación.
La reducción del peso real del
acueducto se está produciendo por tres vías. La primera sería la
interpretación del nivel 3 de explotación, que entre 2018 y 2024 habría
provocado "al menos 27 recortes de la cantidad máxima trasvasable",
generando, según los cálculos del Instituto del Agua de la Universidad
de Alicante, "una deuda hídrica para la cuenca del Segura en el entorno
de los 192 hectómetros cúbicos".
La segunda sería la futura modificación
de la regla de explotación. Y la tercera, la más importante en su
opinión, sería la elevación de los caudales ecológicos en el Tajo.
Sobre este último punto, Molina ha afirmado que ese incremento
supondrá "a partir de 2027 una merma de 105 hectómetros cúbicos anuales
para regadío como media", con una pérdida estimada del "16% del regadío
de la cuenca", unas 27.400 hectáreas afectadas, un impacto económico de
"5.300 millones de euros de 2021" y la pérdida de "unos 15.400
trabajadores directos que dependen del Trasvase Tajo-Segura".
El catedrático también ha querido aclarar que las sentencias del
Tribunal Supremo de 2019 no obligaban a fijar una cuantía concreta para
esos caudales.
"Lo que no podía hacer de ninguna manera el tribunal es
fijar los caudales", ha señalado, al tiempo que ha cuestionado que los
nuevos caudales ecológicos tengan respaldo técnico suficiente.
A ello ha sumado un problema de coordinación entre los planes
hidrológicos del Tajo y del Segura. Molina ha recordado que la elevación
de los caudales ecológicos iba ligada a una serie de medidas
compensatorias, como la ampliación y optimización de la desalación o las
interconexiones necesarias para llevar esa agua a las zonas regables,
pero ha denunciado que, a día de hoy, esas infraestructuras "no se han
realizado".
Por ello, ha advertido de una "contradicción interna" dentro
del propio real decreto que aprueba los planes hidrológicos, ya que
"uno se cumple y el otro no".
En relación con la futura regla
de explotación, ha evitado entrar en excesivos detalles al encontrarse
aún en tramitación, aunque sí ha reclamado que, cuando se apruebe, se
analice con detalle "el impacto que pueden tener esas soluciones en la
demarcación del Segura".
Al abordar la eventual
responsabilidad patrimonial de la Administración, Molina ha explicado
que existen precedentes en la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre
reclamaciones ligadas a la fijación de caudales ecológicos y ha
sostenido que, si la aplicación de esos nuevos caudales causa daños
efectivos, los usuarios del trasvase podrán pedir una compensación
económica.
"En el escenario posible de que se generen daños y perjuicios
a los usuarios del Tajo-Segura como consecuencia de la aplicación de
los caudales ecológicos, estos tendrán la posibilidad de reclamar a la
Administración indemnizaciones", ha afirmado.
Para sostener
esta tesis, ha invocado tanto el texto refundido de la Ley de Aguas como
la Ley del Plan Hidrológico Nacional, además de varias sentencias del
Supremo que, según ha explicado, equiparan la posición de los usuarios
del trasvase a la de otros usuarios del agua aunque no tengan
formalmente la condición de concesionarios.
"Los usuarios creo que
merecen que sus derechos sean respetados, ya que han confiado
legítimamente", ha subrayado.
En el turno de intervención de
los grupos, el diputado del PSOE Fernando Moreno ha reconocido compartir
"muchas" de las reflexiones jurídicas expuestas por Molina, aunque ha
defendido que los poderes públicos deben actuar conforme a las
resoluciones judiciales y al marco legal vigente.
Moreno ha preguntado
qué margen de maniobra existe para complementar el trasvase con otros
recursos, como la desalación, la reutilización o los recursos propios de
la cuenca, y ha defendido que la hoja de ruta socialista pasa por
considerar el acueducto como "irrenunciable", pero acompañado de
recursos complementarios.
Desde Vox, Antonio Martínez ha
alabado la "serenidad académica" del compareciente y ha asegurado que su
intervención debería convertirse en "el catecismo sobre el trasvase"
para todos los representantes políticos del Levante.
El diputado ha
compartido la tesis de que el acueducto es "irrenunciable" e
"insustituible" para la economía y el medio ambiente del sureste y le ha
pedido una estrategia jurídica y política para afrontar el cuarto ciclo
de planificación hidrológica y el conjunto de amenazas que, a su
juicio, pesan sobre el regadío levantino.
Por parte del Grupo
Mixto, el diputado de la coalición Podemos-Izquierda Unida
Verdes-Alianza Verde, integrado en el Grupo Mixto, José Luis
Álvarez-Castellanos, ha introducido una visión más crítica con el modelo
actual y ha insistido en que el debate no puede desligarse de la caída
de aportaciones en cabecera, del crecimiento del regadío y de los
impactos ambientales del modelo agrointensivo.
En este sentido, ha
preguntado si no será necesario "redimensionar" el sistema en función de
la disponibilidad real de recursos y de sus efectos ecológicos.
El diputado del PP Jesús Cano, por su parte, ha agradecido una
intervención que ha considerado "enriquecedora" y ha subrayado varias de
sus conclusiones, entre ellas que las sentencias del Supremo no fijaron
la cuantía concreta de los caudales ecológicos y que los usuarios del
trasvase han actuado confiando en un marco legal que ahora, a su juicio,
se está alterando.
Cano ha pedido al compareciente que profundizara en la falta de coherencia entre los planes del Tajo y del Segura y en las oportunidades que podría ofrecer el futuro marco europeo de resiliencia hídrica.