Así lo ha explicado el vicepresidente tercero y conseller de Medio
Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Recuperación de la
Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus, en declaraciones a los
medios antes de la celebración de la II Cumbre Nacional del Litoral que
ha reunido este viernes en Valencia a representantes de gobiernos de
autonomías con litoral.
En concreto, han participado, además de Martínez Mus, la conselleira
de Medio Ambiente e Cambio Climático de Galicia, Ángeles Vázquez; el
conseller del Mar y del Ciclo del Agua de las Islas Baleares, Juan
Manuel Lafuente; el director general de Costas y Gestión del Espacio
Marítimo Canario del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta; el consejero
de Fomento e Infraestructuras de la Región de Murcia, Jorge García; y el
consejero de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio de
Cantabria, Roberto Meria.
Las autonomías han pactado un manifiesto que exige una nueva ley de
costas, rechazar los reglamentos que impulsa el Gobierno y la petición
de una reunión urgente de la comisión sectorial con presencia de la
vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, Sara Aagesen.
Además, crearán un grupo de trabajo para
redactar un borrador de una nueva norma «con visión autonómica,
incorporando la sensibilidad atlántica, mediterránea e insular».
La propuesta pasa por una ley que reordene las competencias, limite
la acción del Estado en materias como los deslindes y obras de interés
general y avance hacia una gestión principalmente autonómica.
Martínez Mus ha señalado que a todas estas CCAA les preocupa «mucho»
la seguridad jurídica de la costa y cuestiones como la regresión, «el
problema más importante en estos momentos», ante el que la actual
normativa «no contempla medidas para frenarla».
«Una normativa moderna,
actual y del siglo XXI tiene que tener en cuenta eso», ha reivindicado
el responsable valenciano, que ha abogado por establecer mecanismos de
compensación para que los recursos que genera la costa reviertan en
«cierta manera» en proteger el litoral, algo que en estos momentos «no
está sucediendo».
«Se trata de proteger el territorio, de conservar nuestras costas,
de conservar ese patrimonio cultural, energético y también económico que
tiene nuestro litoral y la herramienta que tenemos en estos momentos,
que es la ley vigente, no es suficiente», ha resumido.
Mus ha argumentado que la norma «ya no cubre las necesidades que
tiene nuestra costa» y se ha mostrado en desacuerdo con el hecho de que
la innovación legislativa «tenga que ser un reglamento que intenta
saltarse la parte que debería cubrir una nueva ley» y que llevaba a que
un temporal que afectara a un determinada zona la convirtiera en dominio
«público para siempre», algo que supone «una barbaridad».
«Esto no
tiene ningún sentido y no nos gusta», ha incidido.
En esta línea, ha mostrado su voluntad de que las personas que viven
cerca del mar no se sientan «atrapados en normas que no son sensibles,
no tienen ningún sentido común y que son una regla fija para todo el
territorio»: «La costa es muy diversa, cada uno tenemos nuestra
idiosincrasia y nuestro tipo de costa. Aquí no tenemos marea, en el
Cantábrico sí, es una diferencia sustancial que la ley no prevé y
necesitamos una ley más acorde a lo que de verdad tenemos».
Sobre los deslindes, el conseller de Medioambiente ha abogado por
que no se basen en «criterios arbitrarios que nadie sabe cómo se
aplican» y porque sigan unos «objetivos que todo el mundo entienda».
«Tenemos más de 60 kilómetros de deslindes abiertos que nadie sabe cuál
es el motivo ni por qué se ha marcado un punto de partida y, si no lo
entiende el ciudadano, no lo entendemos las administraciones y es
imposible que eso genere seguridad jurídica», ha avisado.
Por su parte, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático de
Galicia, Ángeles Vázquez, ha asegurado que esta reivindicación «no
obedece a ningún concepto ideológico, sino a la seguridad que queremos
darle las comunidades autónomas a nuestros ciudadanos», al tiempo que ha
acusado al Ejecutivo central de haber estado durante más de dos años
«ocultando un dictamen europeo» en este sentido.
«No tenemos un Gobierno
que nos defienda, sino todo lo contrario», ha lamentado.
Asimismo, ha denunciado que utilice «como excusa» a la Comisión
Europea para modificar la ley de costas «utilizando un reglamento», lo
que significa hacerlo «por la puerta atrás, sin contar con el sector ni
con las CCAA, tratándonos de terceros cuando en realidad somos los que
estamos en el día a día».
«No es lo mismo el Cantábrico, el Atlántico y
el Mediterráneo, pero el Gobierno central no puede ningunearnos», ha
resumido.
De su lado, el consejero de Fomento e Infraestructuras de la Región
de Murcia, Jorge García, ha valorado el apoyo «prácticamente unánime» de
las CCAA del litoral para conformar un «frente común» que tiene «mucho
trabajo por delante».
«Cada región tiene su particularidad y esto no
está previsto ahora mismo ni recogido en una ley de costas que tiene
prácticamente 40 años», ha advertido, por lo que ha considerado
necesario plantear nuevas iniciativas.
«No entendemos cómo el Gobierno puede estar tomando decisiones sobre
el litoral a 500 kilómetros --de Murcia-- en un despacho en Madrid», ha
cuestionado el responsable autonómico, que ha abogado por una
transferencia de competencias «clara, definida y cercana» tanto a la
ciudadanía como a los territorios y por una nueva ley que defienda tanto
la protección del medioambiente pero que también potencie las
actividades económicas, lo que «redunda en beneficio de todos».
Mientras, el conseller del Mar y del Ciclo del Agua de las Islas
Baleares, Juan Manuel Lafuente, ha considerado que el Ejecutivo central
«no funciona» en materia de administración de costas:
«No es posible que
tengamos un temporal y estemos en marzo, empiece la temporada
turística, se nos caiga una pasarela y como sea un proyecto del
Ministerio, no se pueda arreglar de forma inmediata. Eso no es normal en
una administración moderna».
Para evitar este tipo de situaciones, ha apostado por cambiar la
normativa con el propósito de «adaptarla a la realidad» de las CCAA, ser
«efectivos» y responder a «los problemas que tienen los ciudadanos».
«El Ministerio no responde de forma eficaz y como tiene que ser en un
país moderno», ha recalcado.
Finalmente, el consejero de Fomento, Vivienda y Ordenación del
Territorio de Cantabria, Roberto Meria, ha afeado al Gobierno de España
que trabaje en este aspecto «sin contar» con las comunidades autónomas,
con legislaciones «absolutamente impuestas a las necesidades que
tenemos» y que van «en muchos casos en dirección contraria a lo que
necesitamos»: «No vienen más que a trasladar a la ley la ideología de
los actuales dirigentes del Estado español».
«Nos ocultan documentación y nos encontramos con cuestiones como que
ese dinero que se recauda no revierte en ninguna de las actuaciones que
son necesarias para la costa de nuestra comunidad», ha denunciado el
consejero, que ha reprochado al Ejecutivo central que utilice las
demarcaciones de costas «como elementos recaudadores»: «La ideología
está muy bien para el que la quiera tener, pero llevarla a la
legislación va en contra de los intereses de los ciudadanos».
