lunes, 22 de diciembre de 2025
Guerra de quinta generación / Guillermo Herrera *
La Luna no sería natural, sino un dispositivo de transmisión que simula consuelo al morir, guiando almas hacia una luz falsa para reciclar su energía vital e impedir recuerdos de soberanía espiritual. Culturas antiguas advertían de estas luces engañosas, y programan el inconsciente símbolos modernos como un niño pescando almas en la Luna.
Al morir, el alma es atraída por la señal lunar, alimentada por el miedo, la culpa y el karma falso, impidiendo la liberación. El sistema suprime la intuición y el descanso para mantener almas exhaustas y obedientes, pero el despertar interior disuelve estos programas, rompiendo el ciclo.
Más almas recuerdan su origen en 2025-2026, colapsando la ilusión desde dentro. Falla la máquina con la autoconciencia, permitiendo la decisión libre sobre la reencarnación. Eso resuena con profecías de levantamiento del velo donde pierden poder los sistemas externos ante la soberanía personal.
https://goldenageofgaia.com/
Según Michael Dargaville, Los visitantes de las estrellas salvaron a la Tierra de la destrucción en 1999, después de que seis mil seres reptoides atacaran este planeta. Estos seres cambia formas poseían una enorme base de armas de control mental y un centro láser en la Luna, y la coalición de mundos destruyó dicha base.
Todos los seres humanos de esta galaxia evolucionaron desde el sistema estelar Vega hace unos siete millones de años, alcanzaron un alto nivel de conciencia con apoyo angélico, y luego viajaron por toda la galaxia y establecieron colonias espaciales que llegaron a la Tierra hace dos millones de años. Así florecieron las civilizaciones humanas por toda la galaxia.
GUERRA
Estamos en medio de una guerra que cambiará el mundo. Sin embargo, ésta no es una guerra cualquiera. La mayoría de las víctimas ni siquiera pueden identificarla como tal, ni comprenden que son combatientes. Se llama guerra de quinta generación.
Se está produciendo una sublevación en todo el mundo, según Perro Poeta. No se enteran de la mayor parte porque bloquean la información. Lo que no saben es que hay cientos de miles de almas disidentes ocultas. Vamos a llegar a un punto crítico antes de lo que esperas. En cada etapa del despertar, se cae un velo.
http://www.zippittydodah.com/
La guerra de quinta generación representa un conflicto no convencional donde las víctimas no identifican la agresión ni su papel como combatientes, centrándose en la manipulación cognitiva y perceptual más que en batallas físicas para desestabilizar la sociedad sin una guerra abierta. No buscan control territorial, sino colapso interno por inercia social.
DIVISIÓN
División de la línea de tiempo según Ariel.- El reinicio vibratorio se completará en 2030. Entonces no veremos ciclos de miedo interminables, escándalos de la élite sin resolver ni influencers gritando ‘apocalipsis’.
Observa cómo desaparecieron ciertas celebridades o políticos de la conciencia pública a pesar de la cobertura constante hace años, ya que cambió el enfoque colectivo. Escala eso a nivel planetario para 2030 y se evaporan las redes del miedo.
En 2026, los divulgadores del miedo han perdido influencia; sus vídeos dejan de ser tendencia, los algoritmos los entierran sin intervención humana, los seguidores caen en oleadas porque los espectadores no pueden resonar con la pornografía del pánico, ya que mata su señal un desajuste vibratorio.
La división se volverá visceral en 2027 y 2028. Comienzan a desaparecer de tu vida las personas que conoces, que se aferran a la división, al victimismo o a la rabia, quedan sin respuesta las llamadas, nunca se cruzan los caminos, las redes sociales los purgan automáticamente, hasta que un día te das cuenta de que pasaron meses sin dejar rastro, porque se bifurcó tu línea de tiempo y se ramificó la de ellos en entropía.
https://x.com/Prolotario1/
Esta información coincide con la investigación de Dolores Cannon sobre la ascensión de la Tierra. Ella afirmó que la gente empezaría a salirse de nuestras líneas temporales para no regresar jamás. Eso les está sucediendo actualmente a muchos guerreros de la luz.
NOTICIAS DEL RESETEO
Se ha intensificado el tráfico de comunicaciones tras bambalinas.
El cierre navideño indica una pausa estratégica del 24 al 26 de diciembre.
El cierre crea una ventana excepcional donde se ralentizan los sistemas civiles.
El solsticio de invierno celebra la luz, la fertilidad, la renovación, la fiesta, el intercambio de regalos y la decoración.
El domingo 21 de diciembre de 2025, JFK Jr. anunció en Telegram: "Vuelvo a casa".
Se está aplicando un tratado histórico entre 209 naciones que redefine las monedas.
Las principales economías del mundo son insolventes y no pueden sostener su deuda.
Se está desmoronando el sistema financiero y se avecina un cambio monumental.
Se liberaron los tramos del Fideicomiso Mundial de Saint Germain bajo la autoridad del Consejo Galáctico.
Lo que se está desarrollando no es repentino. Es un proceso. Paso a paso, se prueban los sistemas, se redirigen y se corrigen.
Esto no es una vuelta a la normalidad. Es una transición. Y la pausa forma parte de la señal.
El proceso es silencioso, meticuloso e imparable. Todo está financiado y se desarrolla con precisión.
La revaluación no es una ganancia inesperada e instantánea. Es un reajuste del valor en función de los activos reales, la productividad y la sostenibilidad.
ECONOMÍA
La fuerte subida de activos refugio impulsan al oro y a la plata a máximos históricos.
China ha liquidado sus bonos estadounidenses a niveles fatales desde 2008 y han comenzado las represalias económicas según Sean Foo.
La Fed inyectará 6.800 millones de dólares en el mercado esta semana, lo que suma un total de 38.000 millones de dólares en los últimos diez días.
97 de los 100 principales bancos centrales se encuentran en proceso de transformación para operar bajo el sistema QFS. Se están preparando para esta transición los 82 bancos centrales restantes de menor tamaño, según Medea Greere.
El reinicio financiero mundial ya no es una teoría: se está desarrollando en tiempo real. Se desvanece el control con el alza del oro y el desmoronamiento del dinero fiduciario, y se está reescribiendo el sistema con tinta respaldada por oro, según Medea Greere.
SEMILLAS DE SABIDURÍA
La preparación no se anuncia, se observa. Cuando están alineados los sistemas, se minimiza el riesgo y se restaura la confianza.
La preparación para la liquidación, la verificación de activos y la alineación de reservas, indican la proximidad a un cambio real.
La revaluación monetaria es un proceso estructurado que requiere autoridad legal, infraestructura y respaldo de activos.
La revaluación de la moneda es un proceso legal, no un evento de mercado impulsado por la publicidad o los rumores.
Los bancos centrales deben establecer autoridad, infraestructura y respaldo de activos antes de que ocurra cualquier cambio.
Los mercados responden en último lugar, una vez que estén completamente alineados los sistemas, las políticas y los mecanismos de liquidación.
Es fundamental la autoridad legal y exige que los bancos centrales mantengan un control claro sobre la política monetaria.
Las reservas de divisas, el oro, las materias primas y los flujos comerciales respaldan cualquier valoración.
Los sistemas de liquidación, los marcos legales y las reservas se deben establecer antes de cualquier ajuste del valor de la moneda.
SILENCIO
Finalización silenciosa.- El silencio indica que está listo el sistema, no que haya demora.
Los periodos de silencio reflejan una coordinación detrás de la escena, no inactividad.
El reinicio avanza a través del cumplimiento y la coordinación, no mediante anuncios públicos ni calendarios especulativos.
No puede ocurrir la revaluación de la moneda sin que se resuelvan los fundamentos jurídicos, técnicos y financieros.
Se están sustituyendo los sistemas de pago tradicionales a medida que se somete la liquidación a la norma ISO 20022.
Se están reestructurando los balances nacionales, incluido el reajuste de la deuda, la valoración de activos y la alineación de reservas.
La claridad jurídica, la verificación de activos y la fiabilidad de la liquidación deben preceder a cualquier ajuste monetario.
SEÑALES
Señales de que el sistema está listo.- La verdadera preparación se refleja en los sistemas, no en los titulares, y sólo es visible una vez completado el trabajo.
Los mercados reaccionan en último lugar, después de que se haya verificado y puesto en funcionamiento la preparación.
Los bancos centrales ultiman el posicionamiento de sus reservas, equilibrando el oro, las divisas, las materias primas y los activos respaldados por el comercio.
La coordinación silenciosa sustituye a los mensajes públicos, señalando que está en marcha la aplicación, no el debate.
La preparación silenciosa estabiliza las expectativas y garantiza que se produzca el movimiento sin problemas una vez activado.
CAMBIO FINAL
El cambio monetario final se desencadena por la activación del sistema, no por anuncios.
Los mercados sólo responden cuando están activos los sistemas, son compatibles y son irreversibles.
Los corredores transfronterizos activan ventanas de liquidación sincronizadas, reduciendo el riesgo cambiario y los retrasos en la liquidación.
Los bancos centrales ultiman el posicionamiento de sus reservas, garantizando que los balances puedan soportar valoraciones ajustadas.
Se produce el cambio definitivo cuando los sistemas ya no requieren supervisión ni explicaciones.
El valor puede circular con seguridad una vez que estén alineados los sistemas de pago, la autoridad legal y las reservas.
Eso protege a los mercados de las perturbaciones, conserva la confianza y garantiza la estabilidad durante la transición.
Para los tenedores de divisas, el detonante no es una noticia, sino una confirmación.
El reinicio finaliza a través de la activación del sistema, no mediante declaraciones públicas ni mediante calendarios especulativos.
La nueva estructura monetaria se volverá permanente una vez que estén en funcionamiento los sistemas de pago y se retiren los sistemas heredados.
Se activa el reinicio cuando los sistemas nuevos son los únicos sistemas a los que se les permite funcionar.
No se trata sólo de política: es una reestructuración financiera mundial.
https://dinarchronicles.com/
(*) Periodista
La Brigada de Delitos Ambientales supera los 700 casos investigados en sus 20 años de trabajo en la Región
MURCIA.- La Brigada de Investigación de Delitos Ambientales (BRIDA) del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Región de Murcia cumple 20 años desde su creación en 2005. Durante estas dos décadas sus componentes han realizado un trabajo especializado que ha permitido esclarecer más de 700 investigaciones relacionadas con incendios forestales y abordar un millar de actuaciones vinculadas con delitos contra el medio natural.
Su labor, silenciosa pero determinante, ha convertido a esta unidad en una pieza esencial en la defensa del patrimonio ambiental de la Región, tal como se desprende del balance de actividad recopilado con motivo de su aniversario. Desde su puesta en marcha, la BRIDA se diseñó como un equipo altamente cualificado para afrontar infracciones ambientales que cada vez son más complejas.
Vertidos contaminantes, destrucción de hábitats, tráfico y expolio de fauna y flora protegidas, uso de cebos envenenados, electrocución de aves en tendidos eléctricos o investigación de incendios forestales forman parte de su ámbito de actuación.
La unidad ha desarrollado técnicas de
investigación policial aplicadas específicamente al entorno ambiental,
desde la reconstrucción de hechos hasta la toma de muestras y su
análisis en laboratorio, permitiendo llevar ante la justicia numerosos
casos que habrían quedado sin resolver.
El consejero de Medio
Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez,
puso en valor "el trabajo minucioso, científico y riguroso" que ha
convertido a la BRIDA en un "pilar fundamental del modelo regional de
protección del medio ambiente".
De este modo, destacó que "la
Región de Murcia cuenta con uno de los equipos de investigación
ambiental más respetados del país, y eso se debe al compromiso, la
profesionalidad y la vocación de servicio público de sus agentes".
La BRIDA destaca por su elevada capacitación técnica y su
conocimiento del territorio. Sus integrantes están formados en
legislación ambiental, evolución del fuego en incendios forestales,
toxicología, vertidos industriales, delitos contra la fauna o
procedimientos de inspección.
Esta preparación, sumada a un
trabajo de campo exhaustivo y a la coordinación con laboratorios y
cuerpos de seguridad, permite consolidar investigaciones relevantes para
la conservación de los ecosistemas. Las actuaciones contra el uso de
veneno en el medio natural -una de las amenazas más graves para la
biodiversidad- son especialmente relevantes.
La brigada
mantiene protocolos específicos para la recogida y custodia de muestras,
que garantizan la trazabilidad de las pruebas y su validez judicial.
Además, la detección de fauna electrocutada, el seguimiento de puntos
críticos en líneas eléctricas o la identificación de vertidos
contaminantes contribuyen notablemente a prevenir daños y reforzar la
vigilancia ambiental.
"Trabajar contra los delitos
ambientales es proteger directamente la salud de nuestros bosques,
ramblas y fauna", destacó el consejero. "La brigada no solo esclarece
delitos, disuade conductas, genera seguridad jurídica y evidencia que
este Gobierno defiende sin ambigüedades la conservación y el
cumplimiento de la normativa ambiental".
La estrecha cooperación con la Fiscalía de Medio Ambiente, Guardia
Civil, policías locales, universidades y entidades conservacionistas ha
sido determinante para resolver casos complejos y mejorar los mecanismos
de detección y denuncia. Gracias a este trabajo conjunto, más de un
centenar de investigaciones han sido trasladadas a la Fiscalía con
pruebas sólidas y fundamentadas.
La BRIDA afronta una nueva
etapa en la que la tecnología y la formación avanzada serán
estratégicas. El titular de Medio Ambiente insistió en que "vamos a
seguir reforzando la vigilancia ambiental y dotando de herramientas a
nuestros agentes. La Región de Murcia no puede permitirse retroceder en
protección ambiental, la BRIDA es una unidad esencial para garantizar un
futuro sostenible".
En nombre del Ejecutivo autonómico, Juan
María Vázquez reconoció el trabajo de todas las personas que han
formado parte de esta unidad durante estos 20 años, que mediante la
investigación, prevención y compromiso han contribuido a preservar
bosques, ríos, fauna y espacios naturales emblemáticos de la Región de
Murcia. Un legado que, subrayó el consejero, "nos obliga a seguir
avanzando, porque proteger el medio ambiente es proteger la identidad y
el futuro de nuestra tierra".
Cultura busca atraer a la Región dos rodajes cuyo presupuesto sea superior a los dos millones de euros
MURCIA.- La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes abre hoy el plazo para solicitar las ayudas a la atracción de rodajes, que cuenta con un presupuesto de 600.000 euros de 'Conexión internacional ICA', el plan de internacionalización de las industrias culturales y creativas, y que busca atraer dos grandes proyectos audiovisuales de un presupuesto superior a los dos millones de euros.
El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "en las últimas tres semanas hemos convocado ayudas por alrededor de cinco millones para el fortalecimiento de nuestro sector audiovisual, que van desde la atracción de grandes producciones, pasando por apoyar a los nuevos talentos a realizar cortometrajes profesionales, hasta respaldar a las productoras regionales en todo el proceso de una obra audiovisual, desde su gestación hasta su distribución".
La convocatoria de atracción de rodajes es una iniciativa que el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes ya había realizado en otras ediciones con éxito, pero que fruto del trabajo con el sector regional se ha mejorado.
En concreto, se ha incrementado el presupuesto mínimo de las producciones que pueden obtenerlas -de más 1,4 millones a más de dos millones- y se duplica el importe del apoyo, de 150.000 a 300.000 euros.
Además, la inversión que deben hacer en el rodaje regional las productoras beneficiarias es de al menos 900.000 euros.
El plazo para presentar solicitudes comienza hoy y la convocatoria es de concurrencia no competitiva. El periodo de ejecución del proyecto subvencionado será del 1 de enero de 2026 al 31 de julio de 2027.
Se consideran subvencionables los gastos directamente vinculados al rodaje en la Región de Murcia, como contratación de servicios técnicos y artísticos locales, hostelería, catering, alquiler de inmuebles, suministros, transporte, construcción de escenarios, adquisición de material fungible, tasas administrativas y servicios de postproducción.
Toda la información de la convocatoria se puede consultar en la edición del Boletín de la Región de Murcia de ayer, 19 de diciembre, y en el apartado de 'Convocatorias' de la página web del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes.
El gobierno en Cartagena de Arroyo rechaza recuperar la gestión pública de 'El Batel' pese a ser un lastre millonario
CARTAGENA.- El Gobierno municipal que encabeza Noelia Arroyo ha rechazado en el Pleno la moción presentada por el portavoz y líder de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, para comenzar a trabajar en la recuperación de la gestión pública del Auditorio y Palacio de Congresos El Batel cuando finalice en 2026 el contrato privado vigente desde 2011. La iniciativa fue tumbada por Partido Popular y Vox, pese a que el modelo actual ha supuesto un lastre económico continuado para las arcas municipales.
Giménez Gallo lamentó que el Ejecutivo local "siga instalado en la negativa a rendir cuentas" y recordó que la oposición "está para controlar, fiscalizar y preguntar, aunque eso incomode a un gobierno que rehúye explicar decisiones económicas y concesionales muy sensibles".
El portavoz cartagenerista denunció que El Batel se gestiona mediante una fórmula jurídica con rentabilidad garantizada para la concesionaria, mientras el Ayuntamiento asume los costes. A ello se suma, subrayó, la histórica vinculación del presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, con la empresa adjudicataria.
"Estamos ante un contrato antieconómico y opaco, que ha permitido a la concesionaria ingresar millones incluso incumpliendo condiciones de gestión, mientras el Ayuntamiento paga y el PP mira hacia otro lado", afirmó.
Giménez Gallo añadió que este modelo concesional no puede analizarse de forma aislada, sino dentro de un escenario global que desprende un tufo muy desagradable.
En ese contexto situó la ubicación estratégica del auditorio en dominio portuario, las relaciones empresariales que han aflorado en tramas como la Operación Púnica, y lo que está ocurriendo con la cesión de terrenos en la ZAL de Cartagena para implantar una planta de biogás "en contra de las empresas, de los vecinos y de toda lógica territorial, económica y ambiental", aseveró.
"Todo esto configura una cadena de decisiones del PP en la que se entremezclan intereses políticos, empresariales y concesionales, siempre con el Ayuntamiento asumiendo los riesgos y siempre con los cartageneros pagando la factura", denunció.
Desde MC recuerdan que el contrato de El Batel expira en 2026 y que la moción pretendía planificar con tiempo la recuperación de la gestión pública, evitando prórrogas encubiertas o escenarios de improvisación.
Sin embargo, el Gobierno local ha optado por "esconder las cartas", pese a tratarse de una infraestructura que costó 63 millones de euros, frente a los 21 millones inicialmente previstos.
"Parece que nadie pensó que había que achicar agua construyendo junto al puerto", ironizó.
Este rechazo se enmarca, según MC, en un modelo cultural fallido. Cartagena sigue sin teatro municipal por la gestión del PP: el Teatro Circo permanece cerrado tras ser adquirido a la misma empresa concesionaria y ahora se reclaman 10 millones de euros para abrirlo; y el Cine Central, comprado en 2016 con sobrecoste, continúa cerrado casi diez años después.
"El Gobierno presume de competencias cuando en realidad abusa de su incompetencia", sentenció Giménez Gallo, exigiendo que el Ejecutivo local "rinda cuentas y dé explicaciones" por una política cultural que calificó de ruinosa.
MC Cartagena insiste en que recuperar la gestión pública de El Batel es clave para garantizar transparencia, control económico y una cultura al servicio del municipio.
El Ejecutivo autonómico invierte más de 11 millones en mejorar la red regional de carreteras de la comarca de Cartagena
CARTAGENA.- El Gobierno regional ha invertido en los últimos doce meses más de 11 millones de euros para mejorar la red regional de carreteras en la comarca de Cartagena.
El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, indicó que "este importante esfuerzo inversor es fruto del compromiso del presidente Fernando López Miras con la ciudad, estamos actuando sobre corredores estratégicos que soportan un elevado volumen de tráfico y que son fundamentales para la actividad económica y logística del municipio".
En contraposición, el titular de Fomento lamentó "la falta de avances" en infraestructuras de competencia estatal que resultan clave para la ciudad y su comarca, como la llegada de la alta velocidad ferroviaria, la electrificación de la línea Cartagena-Albacete o el desarrollo del Corredor Mediterráneo.
"Mientras el Ejecutivo regional cumple con sus compromisos e invierte de forma sostenida en carreteras, Cartagena sigue esperando actuaciones fundamentales del Gobierno central que condicionan su desarrollo", insistió García Montoro, quien aseguró que el Ejecutivo autonómico seguirá exigiendo estas infraestructuras, al tiempo que mantiene su esfuerzo inversor en la red regional de carreteras.
En este sentido, la Comunidad ha transferido 3,8 millones de euros para el desdoblamiento de la carretera RM-332 a su paso por el barrio de San José Obrero; la conocida como la Ronda Oeste contará con dos carriles por sentido, lo que permitirá mejorar de forma significativa la seguridad vial y la fluidez del tráfico en uno de los principales accesos al municipio.
Además, el próximo año se invertirá en esta actuación 1,1 millones de euros.
"Con esta actuación y el nuevo tramo de conexión hacia la carretera de Tentegorra se completará el Acceso Norte y la Ronda Transversal, configurando una red viaria adaptada al crecimiento actual de Cartagena y conectando de forma eficiente los principales ejes urbanos y periurbanos", dijo García Montoro.
A estas inversiones se suma el refuerzo del firme de la carretera Cartagena-Mazarrón, con una inversión superior a 1,4 millones de euros, una actuación que beneficiará a cerca de dos millones de usuarios al año, incluidos más de 200.000 vehículos pesados. Y una inversión de 1,3 millones de euros al refuerzo del firme de la RM-12, la autovía de La Manga.
Asimismo, la Comunidad ha intervenido en puntos especialmente conflictivos mediante la construcción de glorietas, como la del acceso a El Portús, con una inversión de 517.396 euros; la que se ejecuta actualmente en La Aljorra, en la intersección de las carreteras RM-602 y RM-605, con un presupuesto cercano a los 700.000 euros y un impacto positivo para más de 3,6 millones de usuarios anuales; la glorieta que da acceso a la factoría de Sabic, ya finalizada, con una inversión de 391.000 euros, y la glorieta de la RM-F35 con una inversión de 600.000 euros.
Además, en labores de conservación ordinaria en las carreteras del término municipal de Cartagena, como repintado, limpieza de cunetas, señalización y mejora de barreras de seguridad, la inversión en 2025 ha superado los 2,5 millones de euros.
El Consejo de Estado dicta la mala suerte final de las casitas de Playa Babilonia, en Guardamar del Segura
En una resolución fechada el pasado 17 de diciembre de 2025, recogida por El Debate, el máximo órgano jurídico consultivo de España sostiene que la Generalitat Valenciana no puede utilizar una ley autonómica para dejar sin efecto órdenes de derribo dictadas por el Estado y confirmadas por sentencias judiciales firmes.
Las viviendas afectadas se levantaron en dominio público marítimo-terrestre. El Estado ordenó su demolición y los tribunales ratificaron esas órdenes tras años de recursos. Para frenar el derribo, la Generalitat aprobó la Ley 3/2025 de protección y ordenación de la costa valenciana y declaró el conjunto como núcleo urbano de especial valor etnológico. Una operación legislativa que el Consejo de Estado ahora desautoriza sin ambages.
El dictamen recuerda que el Tribunal Constitucional ya ha advertido contra las leyes que, de manera directa o indirecta, sacrifican el contenido de resoluciones judiciales firmes: «La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha apreciado esta vulneración en presencia de 'leyes singulares' que producen el efecto de sacrificar, de forma desproporcionada, el pronunciamiento contenido en el fallo de una resolución judicial», en referencia a las sentencias 203/2013 y 50/2015.
El Consejo de Estado analiza si la Ley 3/2025 puede considerarse una «ley singular» y concluye que, en términos formales, no lo es, ya que no tiene un destinatario único ni se agota en un supuesto concreto.
El propio dictamen subraya que la norma autonómica «no prevé que uno de los efectos de la declaración (de un núcleo urbano de especial valor etnológico) sea la inejecución o paralización de las órdenes de demolición confirmadas por sentencias judiciales firmes».
Es decir, el blindaje legal que pretendía la Generalitat carecería de cobertura jurídica frente a decisiones judiciales definitivas.
Más allá del debate sobre la naturaleza de la ley, el Consejo de Estado sitúa el núcleo del conflicto en una invasión competencial. A su juicio, la Generalitat Valenciana ha legislado sobre un ámbito reservado al Estado, como es el dominio público marítimo-terrestre, cuya regulación corresponde de forma exclusiva al Gobierno central en virtud de los artículos 149.1.1ª y 149.1.23ª de la Constitución.
Por ello, concluye de que «existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 17 y la disposición final primera de la «Ley 3/2025, de 22 de mayo, de la Generalitat, de protección y ordenación de la costa valenciana».
El dictamen allana así el camino para recurrir la norma y continuar con los derribos. Las viviendas de la playa de Babilonia quedan sin amparo legal por una resolución con consecuencias inmediatas en esa parte concreta de la costa sur de Alicante.
Ya el pasado octubre, el Consejo de Ministros aprobó el día 28 un requerimiento de incompetencia a la Generalitat Valenciana en relación con la aprobación del acuerdo de admisión a trámite de la declaración de núcleo urbano con especial valor etnológico en Guardamar del Segura y con el acuerdo de suspensión cautelar de las demoliciones de los inmuebles en la calle Ingeniero Codorniu.
Estos dos actos, apoyados sobre el artículo 17 de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, tienen entre sus efectos el de paralizar la demolición de las viviendas ubicadas en la playa de Babilonia, instada por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico "al amparo de la legislación básica estatal de costas vigente y la falta de título de ocupación de los vecinos residentes en los inmuebles y en cumplimiento de varias sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo", explicó la ministra y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
Este requerimiento precedía a la interposición de un conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional, de acuerdo con la regulación prevista en los artículos 62 a 67 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que "el Gobierno interpondrá si la Generalitat no atendía este requerimiento de incompetencia y revoca las actuaciones que paralizaron la orden de derribo que pesa sobre las casas de la playa de Babilonia", ha añadido.
El Ministerio exigía al Consell que diera marcha atrás en la declaración de núcleo urbano con valor etnológico y en la suspensión cautelar de las demoliciones, señalando "deslealtad institucional" y una invasión de competencias
El Ministerio para la Transición Ecológica emitió poco antes su primera comunicación oficial a la Generalitat después de que el pasado 15 de septiembre se cumpliera el plazo para que los vecinos de la playa de Babilonia acometieran los derribos de las viviendas.
El requerimiento que hacía el Gobierno central al valenciano era para que dé marcha atrás y anulara ambas medidas o acudiría a los tribunales.
Por su parte, la Generalitat, aunque tenía un mes de plazo para acatar el requerimiento, avanzaba al diario Información que se mantiene firme en los dos actos administrativos, porque está al lado de los afectados, por lo que se llegaría a la vía judicial, lo que retrasaría la ejecución de la orden ministerial.
La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat emitió el 5 de septiembre una suspensión cautelar para evitar que se pusieran en peligro los posibles valores patrimoniales existentes en el núcleo de viviendas.
El día 12 de ese mismo mes, solo tres días antes de que se cumpliera el plazo, entró en el Ministerio la admisión a trámite de la declaración de núcleo urbano con especial valor etnológico -a petición de la asociación vecinal-, pese a que el acuerdo se emitió el 21 de julio por la Conselleria de Medio Ambiente, amparándose en la Ley de Costas valenciana que se aprobó en mayo.
Dos medidas que tenían la intención de paralizar la demolición de las viviendas que ordenó el Ministerio con base en la normativa estatal, la falta de título de ocupación de los residentes y la sentencia de la Audiencia Nacional, que luego ratificó el Tribunal Supremo.
De hecho, en la práctica logró la paralización porque los afectados pidieron a la empresa que habían contratado para los derribos que esperase a que Costas se pronunciara. La mercantil aquel día solo hizo acto de presencia.
El Ministerio sostenía que la actuación del Consell consiste en la admisión a trámite de la solicitud de la Asociación de Vecinos de la Playa de Guardamar-Babilonia para la declaración de un conjunto residencial como núcleo urbano con especiales valores etnológicos, que "pretende evadir el cumplimiento de una orden de derribo válida y firme en vía administrativa y judicial, confirmada en primera instancia ante la Audiencia Nacional y ante el Tribunal Supremo en casación, con fundamento en una norma cuya constitucionalidad se está examinando y vulnerando el principio de lealtad institucional".
El requerimiento ministerial recalcaba que "hay un comportamiento desleal por parte de la comunidad autónoma", sobre todo por la insuficiencia de plazo concedido a la Administración General del Estado para dar una respuesta adecuada.
Patrimonio Cultural de la Generalitat dejó apenas ocho días naturales al Estado para reaccionar, mientras que la Conselleria tardó 53 días en notificarle el acuerdo, "haciendo imposible cualquier reacción por parte de este departamento".
Y argumentaba que hay "una extensión indebida de competencias autonómicas sobre ámbitos reservados al Estado". Incluso, ponía de manifiesto la posible inconstitucionalidad de las medidas, al tratar de impedir que el Estado ejerza las competencias que les son propias.
En este sentido, subrayaba que el Tribunal Constitucional ha establecido de forma inequívoca la titularidad estatal sobre estas competencias, que se encuadran no en materia de ordenación del litoral, sino en la competencia exclusiva del Estado de definir y establecer el régimen jurídico del dominio público marítimo-terrestre, "vulnerada por los acuerdos autonómicos" -insistía-, porque "lo que pretende la Generalitat con los reiterados acuerdos es vaciar esa competencia de contenido, incurriendo en vicio de nulidad", sostenía el Ministerio.
También cuestionaba "la buena fe" del Consell en que estos actos han sido emitidos durante el transcurso de las negociaciones para resolver discrepancias sobre la constitucionalidad de determinados preceptos de la Ley de Costas valenciana.
Precisamente, la declaración de núcleo etnológico se basa en uno de los artículos en los que la Administración central mostró desacuerdo cuando se aprobó este año la normativa, ya que la normativa estatal ya contiene la regulación sobre los bienes declarados de interés cultural -de mayor entidad y protección que los bienes culturales de interés local declarados por las corporaciones municipales- que se encuentren situados en el dominio público marítimo-terrestre.
Como consecuencia, se acordó en julio una comisión bilateral para negociar. Entretanto, sin que aún se haya resuelto, pudiendo derivar en la interposición de un recurso de inconstitucionalidad -el plazo termina el 26 de febrero-, la Generalitat iniciaba los trámites de consultas previas para desarrollar el decreto que regule la declaración de núcleos urbanos costeros de especial valor etnológico.
En cualquier caso, advertía el departamento que dirige Sara Aagesen, la declaración como bien de interés cultural debe justificarse sólidamente, sin "convertir en papel mojado la exigencia constitucional de protección del dominio público marítimo terrestre", y en este caso se "menoscaba" al impedir la demolición.
En cuanto a la Ley de Patrimonio Cultural Valenciana, para la suspensión cautelar, el Ministerio sostenía que no está diseñada para condicionar las actuaciones de la Administración central, sino que se orienta específicamente a los ayuntamientos. Por tanto, "su aplicación directa al Estado resulta jurídicamente improcedente", añadía.
De hecho, la Administración requerida por la Conselleria es el Ayuntamiento de Guardamar del Segura y no el Ministerio, que tuvo conocimiento del acto posteriormente, a quien no le corresponde adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la suspensión.
Desde el ejecutivo autonómico se contestó que tiene otorgadas competencias en materia de gestión del litoral y dominio público marítimo-terrestre en su Estatuto de Autonomía, concretamente en los artículos que regulan las competencias exclusivas y compartidas de la Comunitat Valenciana sobre ordenación del territorio, urbanismo y protección del medio ambiente.
Desde Valencia se subrayaba que el traspaso de competencias en gestión del litoral sería "plenamente conforme a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía y al desarrollo constitucional del Estado de las Autonomías", subrayando la necesidad de colaboración institucional y respeto al autogobierno autonómico ante posibles conflictos jurídicos con la Administración central.
En 2025, la Generalitat Valenciana ha solicitado formalmente la convocatoria de una Comisión Mixta Paritaria de Transferencias con el Estado, específicamente relacionada con la reciente Ley 3/2025 de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, para negociar el traspaso de competencias de gestión sobre el dominio público marítimo-terrestre.
Sin embargo, el Gobierno central todavía no ha confirmado oficialmente la constitución ni la reunión efectiva de dicha comisión, y la Generalitat ha manifestado públicamente la falta de avances y colaboración efectiva por parte del Estado en la creación de este órgano a lo largo del año, especialmente tras acontecimientos relevantes como la riada-barrancada que afectó a la Comunitat Valenciana.
Ahora los vecinos quieren que ambas administraciones se pongan de acuerdo y que la decisión que se tome se les comunique.
"Esta declaración choca con la aplicación de la Ley de Costas y el cumplimiento de varias sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo", recalcó la ministra portavoz Pilar Alegría al respecto.
Los vecinos viven ahora bajo la amenaza de derribo del Ministerio de Transición Ecológica, que ve en estas viviendas un peligro de erosión del litoral, según recoge también El Español.
Existen, sin embargo, antecedentes de éxito como el de las Casetes de la Mar, en Nules, donde el Consejo Valenciano de Cultura recomendó su conservación por su valor tipológico y paisajístico.
Historia de un despropósito
El Ministerio denegó en 2019 la prórroga de la concesión dado el impacto paisajístico y ambiental y por existir riesgo de ser alcanzadas por el mar. Así, se daba por concluida el 29 de julio de 2018.
En concreto, se decía que "el conjunto de las construcciones irregulares construidas en los años 40 ha sufrido el reiterado embate de los temporales marinos, lo que ha ocasionado graves daños en las construcciones, generándose una dinámica repetitiva de construcción-destrucción-reconstrucción, que inevitablemente ha convertido la playa en un enorme depósito de escombros y residuos que impiden su uso y disfrute en condiciones de seguridad y salubridad para el común de la ciudadanía".
Ya en 2021 la Audiencia Nacional reconoció la legalidad de la denegación de las prórrogas y de la demolición de las viviendas que, según la propia sentencia, suponen un obstáculo que impide que el oleaje interaccione con el sistema dunar, causando una degradación de uno los ecosistemas más valiosos de la geografía española.
La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que confirmó el fallo de la Audiencia Nacional.
El pasado mes de agosto, miembros de la Asociación de Vecinos de la Playa Guardamar Babilonia presentaron recursos extraordinarios de revisión que se fundamentan en la aparición de documentos de valor esencial, que presuntamente acreditan el nulo impacto medioambiental sobre el dominio público y por tanto la inexistencia de la causa de denegación de prórroga, pero a principios de septiembre se resolvió su inadmisión.
Desde enero hasta marzo se produjeron las negociaciones entre los titulares de las casas y el Servicio Provincial de Costas de Alicante que terminaron con el acuerdo de los vecinos de cumplir de forma voluntaria con la sentencia y proceder así a los trabajos de demolición, con fecha límite el 15 de septiembre. Para ello, contrataron a la empresa Cauce Infraestructuras, a la que comunicaron la paralización.
El origen de estas viviendas se remonta a finales del siglo XIX, cuando la retirada de la vegetación en la zona provocó el avance de las dunas hacia Guardamar del Segura. El ingeniero Francisco Mira fue el encargado de revertir la situación, proponiendo la replantación de vegetación para fijar las dunas y proteger el municipio.
En ese contexto, surgió una colonia estable de casetas junto a la llamada “Caseta Babilonia”, un merendero frecuentado por los habitantes de la localidad.
En 1934, durante la Segunda República, el Ministerio de Fomento autorizó concesiones para la construcción de viviendas en la zona, con el objetivo de “embellecer la Playa de Guardamar”, “proporcionar trabajo a los obreros, evitando su paro” y “sostener los tan peligrosos movimientos de las arenas”.
Desde entonces, se sucedieron una serie de prórrogas a la concesión, que han permitido a los vecinos quedarse durante 75 años. Pero la última de ellas caducó en 2018 y, desde entonces, la amenaza de desalojo y derribo ha estado siempre presente.
Si el vecindario nació para frenar el avance de las dunas, un informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) alegó que las viviendas se encuentran en dominio público marítimo-terrestre, contribuyen a la erosión del litoral, presentan daños por temporales y suponen un riesgo para la seguridad, además de impedir la regeneración natural de la playa.
Sin embargo, no sería la primera vez que se llevan a cabo derribos en la zona: en 2016 y 2021 se demolieron dos viviendas y un tramo de carretera, alegando el avanzado estado de ruina provocado por la erosión marina. La intervención de 2021 permitió recuperar 120 metros de playa para el municipio.
Los vecinos, en cambio, afirman que el problema no está en sus viviendas, sino en un espigón construido en los años 90. La estructura se habría edificado en sentido contrario, lo que habría favorecido el retroceso de la costa en unos 30 metros y provocado la llegada del agua hasta las viviendas.