MADRID.- A finales de marzo un informe de las
organizaciones Food & Water Europe, Amigos de la Tierra, CECU y
VSFJustica Alimentaria Global revelaba el impacto global de la industria
agroalimentaria del porcino española. Entre las principales
conclusiones del informe se encuentra la expansión incontrolada de esta
industria, que ha convertido al porcino español en uno de los modelos
más similares al de la ganadería industrial estadounidense. Esta
tendencia ha provocado una profunda concentración del sector del
porcino, con el cierre de 128.000 granjas entre 1999 y 2013, según Público.
Pese a esta
deriva, la industria del porcino no para de crecer y ya supone un 37%
de la producción ganadera española. El 40% de la producción porcina va a la exportación,
esto ha supuesto que España lidere el ranking de la Unión Europea y sea
el tercer país mundial en exportación porcina solo por detrás de China y
Estados Unidos.
En los últimos años, el miedo de agricultores y
ganaderos españoles y europeos a tratados de libre comercio como el
CETA o el TTIP ha generado en la memoria colectiva la idea de una
industria alimentaria europea protegida de prácticas como el regado con
glifosato, los cultivos genéticamente modificados o la utilización de
hormonas y antibióticos en las carnes. No obstante, el informe señala a
España como el país europeo que mayor cantidad de antibióticos utiliza
en los animales consumiendo un tercio de todos los medicamentos para
ganadería utilizados en el conjunto de la UE.
Además, la mayor parte de
la soja y el maíz utilizados para los piensos son transgénicos
facilitados por Monsanto para la ganadería industrial.
“Uno de los
grandes interesados en que triunfe el CETA o el TTIP ha sido España,
que se ha mantenido en silencio. Nuestro modelo alimentario es mucho
más perverso que el sistema norteamericano y canadiense. Entre las
grandes integradoras se encuentran Cargill y Monsanto, quienes actúan
como franquicias suministrando a las macrogranjas el maíz y la soja
transgénica para los piensos. En España se engorda al animal y se lo
vuelven a llevar fuera”, explica el presidente de la organización Mensa
Cívica.
Dada la utilización masiva de antibióticos en
los animales, esta organización -que reúne a diversos actores
preocupados por la alimentación sostenible a lo largo de toda la cadena
de producción (empresas de catering, restaurantes, cocinas
autogestionadas, grupos de productores y logística)- elevó a la Comisión
Europea una recomendación para que las compras públicas por parte de
las administraciones exigieran una reducción de la carga de antibióticos
en la ganadería.
“Como la industria no quiere acabar con los
antibióticos lo que estamos intentando es que la Unión Europea incentivo
otro tipo de compra pública. Elevamos la recomendación en medio de la
indiferencia del Ministerio de Agricultura y de la patronal de caterings
que jamás han mostrado adhesión a esta propuesta”, añade su presidente
Jorge Hernández.
España ha tomado el rumbo opuesto a los países
históricamente líderes en exportación de Europa como Alemania y
Dinamarca. En el país nórdico fue la propia industria porcina la que
prohibió el uso de antibióticos promotores de crecimiento en los cerdos a
partir de 1995. Gracias a esa preocupación el uso de estos medicamentos
bajó por debajo de los 50 miligramos, mientras que España lidera el
ranking de la UE alcanzando los 400 miligramos por kilo y los
antibióticos se utilizan masivamente sin prescripción veterinaria.
A
pesar de la falta de regulación europea en este sentido, los países
europeos han tomado la delantera cuestionando los métodos de la
industria española y el dumping ejercido hacia el resto de países de la
Unión. Conocidos son los casos como el volcado de carne de cerdo
procedente de Aragón por parte de ganaderos franceses, que llevó a los
medios patrios a cargar al unísono contra el vecino del norte.
El empleo indiscriminado de medicamentos no
solo afecta al mundo animal, repercute directamente en la salud humana.
El presidente de Mensa Cívica pone como ejemplo el caso de Alemania con
el brote de la bacteria E.coli procedente de los pepinos cultivados en
Almería: “El uso descontrolado de antibióticos está provocando que los
humanos tengamos unos agentes antimicrobianos elevadísimos en nuestro
cuerpo, es decir, que en España nos estamos acostumbrando a convivir con
antibióticos y las bacterias se hacen resistentes. Si fuéramos atacados
por bacterias resistentes como en el caso del E.coli, España tendría un
grave problema de salud pública. Y si los antibióticos dejan de ser
útiles en el ataque de las bacterias, corremos el riesgo de volver a la
Edad Media desde un punto de vista sanitario”. En 2015, la Autoridad
Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) detectaba por primera vez en los
cerdos la resistencia a un tipo de antibiótico que empleado como última
opción en humanos infectados; y alertaba de que el uso indiscriminado
de antibióticos en la industria ganadera es el culpable de la caída en
la efectividad de los tratamientos.
La progresiva concentración de la industria
afecta especialmente a Cataluña y Aragón que acogen a cerca de la mitad
de los cerdos del país. Lleida contaba en 2015 con casi 10 cerdos por
habitante, y en algunas comarcas de Zaragoza y Huesca la media oscila
entre 25 y 40 cerdos por habitante.
Estas cifras si solo se
tradujeran en datos económicos nos llevarían a pensar en la buena salud
de estos territorios, pero desde las organizaciones ecologistas alertan
de la grave problemática medioambiental que afecta a ambas comunidades.
En 2015 España generó 61 millones de metros cúbicos de purín, cantidad
suficiente para llenar 23 veces el Camp Nou. Estos residuos orgánicos
procedentes de la actividad ganadera son utilizados como abono
fertilizante, si bien dada la sobreexplotación de los terrenos está
provocando la contaminación de los acuíferos.
“El 41% de los acuíferos
en Cataluña están contaminados por nitrógeno excediendo los límites
legales. Tenemos 147 municipios catalanes con problemas de acceso agua potable
y la Generalitat se gasta seis millones al año para abastecer a estas
poblaciones de agua. Todos estos impactos que estamos pagando entre
todos están permitiendo el desarrollo descontrolado de la
agroindustria”, detalla David Sánchez de Food & Water Europe.
Estos impactos sobre la comunidad han
llevado al Síndic de Greuges de Cataluña (el defensor del pueblo
catalán), en un informe de diciembre de 2016, a aconsejar al Parlament
la reducción del número de cerdos en la comunidad.
“Lo que poníamos de
manifiesto en el informe es que en Cataluña hay alrededor de 8 millones
de cerdos que están generando un problema en los acuíferos en el eje
entre Lleida y Girona. En Cataluña se ha permitido doblar las hectáreas a
abonar, facilitando que los ganaderos inundaran el terreno de abonos
por partida doble”, explica el director de relaciones institucionales
del Síndic, Francesc Vendrell.
En Aragón, el Servicio de Seguridad
Alimentaria del Gobierno reportó 61 incidencias relacionadas con la
calidad de las aguas y 30 municipios se están viendo afectados por los
altos niveles de nitratos. Estos hechos han llevado a varios municipios a
oponerse al modelo de ganadería intensiva predominante en la comunidad.
Es el caso del municipio oscense de Loporzano situado dentro del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara.
Ante la tentativa de instalación de dos macrogranjas en su término
municipal, los vecinos mostraron su rechazo frontal uniéndose bajo la
Plataforma Loporzano SIN Ganadería Intensiva.
“Es una zona que tiene un
desarrollo turístico, como el ornitológico, que la hace incompatible con
el uso de ganadería industrial. Vemos el ejemplo de Cataluña y tememos
que Aragón se convierta en un territorio plagado de purines que empeore
nuestra calidad de vida”, explica su portavoz Jaime Seuma. La oposición
de más de la mitad de los vecinos de Loporzano ha logrado que el juzgado
contencioso-administrativo aceptara las medidas cautelares presentadas
por la plataforma y paralizaran en enero de 2017 la instalación de las
dos macrogranjas.
Una de las provincias, al margen de las
aragonesas y catalanas, que arrastra la misma problemática
medioambiental y que se encuentra entre las seis provincias con mayor
concentración de porcino es Segovia. Desde Ecologistas en Acción Segovia subrayan la necesidad de imponer una moratoria de cuatro años para nuevas instalaciones de ganadería porcina:
“La provincia de Segovia cuenta con más de un millón de cabezas de
cerdo que producen unos volúmenes de residuos que superan la capacidad
acogida de los campos segovianos”.
En la provincia se ha multiplicado
por diez el nivel de nitratos en el suelo en los últimos seis años.
En consecuencia, diversas asociaciones de
turismo rural diseminadas por la provincia decidieron unirse bajo la
asociación Turismo Rural y Activo para dar a conocer a las
administraciones el grave perjuicio que está causando el porcino en la
actividad turística, donde se ha notado un descenso de las
pernoctaciones.
Para su presidente Domingo Asenjo la agroindustria
genera tal impacto medioambiental y -en especial- sobre la calidad de
vida, a causa de los fuertes olores que producen los purines, que hace
imposible el desarrollo de otras actividades económicas en la zona.
Desde la asociación han instado a las industrias y a la Junta a respetar
los mínimos legales: “Hemos propuesto soluciones inmediatas como son que se viertan los purines únicamente de lunes a jueves,
que una vez esparcidos se tapen en un plazo máximo de veinticuatro
horas y que se respeten las distancias mínimas de los núcleos urbanos.
Con estas medidas se minimizarían los olores en los días con más
afluencia de población y turismo como son los festivos y fines de
semana”.
La contaminación que han causado sobre el
medioambiente los purines procedentes del porcino se han visto agravados
en los últimos tres años por el cierre de las Plantas de Tratamiento de
Purines. Esta decisión se hizo efectiva en 2014 debido a la eliminación
por parte del gobierno de Mariano Rajoy del sistema de incentivos a las
renovables, cogeneración y residuos.
De esta forma, una de las
soluciones que posibilitaba el uso alternativo de los purines para la
generación de combustible se vio clausurada. El propio Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea
determinó a mediados de marzo “que España ha incumplido sus
obligaciones respecto al tratamiento de los residuos, sin poner en
peligro la salud humana ni dañar el medioambiente”.
El necesario retorno al modelo de ganadería tradicional
Los graves perjuicios sobre la salud
humana, animal y en el medioambiente que está generando la agroindustria
-en pro de aumentar el negocio y los márgenes de explotación- deben
llevar a un necesario replanteamiento del modelo de producción patrio.
Como apuntábamos al inicio, el número total de granjas de porcino en
España ha descendido drásticamente en las últimas dos décadas.
El cierre
masivo de pequeñas granjas ha provocado que el 80% del sector esté copado por
explotaciones intensivas y que el 90% de los cerdos del territorio
estén hacinados sobre naves enjauladas.
En opinión de David Sánchez, de
Food & Water Europe, urge una vuelta al modelo de ganadería
extensiva: “España tiene una peculiaridad, que son las poblaciones de
cerdos de raza ibérica de Extremadura, Galicia, Andalucía y Castilla y
León. Lo que se ha conseguido con todo este proceso es que estén desapareciendo las explotaciones de estas zonas rurales y, al final, tenemos granjas en las que los cerdos están hacinados en zonas que no tenían vocación ganadera”.
Para los afectados por la alta
concentración de las industrias porcinas intensivas, estamos ante un
modelo que no genera empleo y arraigo de la población en los territorios
donde se encuentran las instalaciones. Es el caso de Segovia, donde se
ha visto cómo los antiguos granjeros han pasado a ser meros trabajadores
de las macrogranjas.
“Los propietarios ya no son gente del pueblo sino
agentes externos que traen el pienso de fuera para engordar al cerdo, y
toda la transformación y el lucro que genera su comercialización no se
queda aquí. Se marchan y nos dejan la problemática de los purines y
ningún beneficio”, denuncia el presidente de la Asociación de Turismo
Rural y Activo.
Desde IU Castilla y León llevan trabajando varios años para acabar con
la despoblación que arrastra la comunidad –junto a Castilla La Mancha y
Extremadura, es la comunidad menos densa de España-.
Entre los
diagnósticos que explican la pérdida de población a lo largo del
territorio, el único diputado de IU en las Cortes, José Sarrión, señala la
falta de arraigo de las agroindustrias: “En Castilla y León estamos
viviendo una burbuja porcina y nos estamos dedicando de facto a competir
con el modelo de producción de Estados Unidos. Con la diferencia de que
éstos protegen a su pequeño productor y tienen más de 8.000 mercados locales”.
Y concluye: “No se trata de producir por producir, debemos entender que
la agricultura y ganadería sirven para que haya una fijación en el
territorio. En Francia están haciendo políticas con la población
vinculada a los territorios, esta población que ha emigrado de las zonas
rurales y que quiere mantener una vinculación con el territorio a
través de cooperativas de productos locales”.
Informe completo en: FoodandWaterEuropeFactoryFarmPorkIndustryReportMarch2017SpanishUNPAISPARACERDOS.pdf
Informe completo en: FoodandWaterEuropeFactoryFarmPorkIndustryReportMarch2017SpanishUNPAISPARACERDOS.pdf
Realmente preocupante tanto para los consumidores de los productor cárnicos derivaados del cerdo como para los habitantes de la Región.
ResponderEliminarEl Pozo debería en sede parlamentaria explicar sus prácticas y que , bajo control demacrático fuese realizada una auditoria.