Si
todas las medidas, anunciadas por el Presidente del Gobierno en sede parlamentaria son gravísimas, el debilitar a los ayuntamientos,
recortando concejales y modificando la Ley de Bases de Régimen Local,
atenta contra la esencia de la democracia en su faceta más básica.
En
mi opinión, solo se salvan dos, que hace mucho tiempo deberían estar
reguladas por Ley: La determinación de los sueldos y retribuciones de
los cargos públicos municipales (algunos, la minoría, escandalosos) o
que el Interventor (deberían incluir a Secretario y Tesorero), dependa
directamente del Ministerio de Hacienda.
En
la Historia democrática reciente, si alguna Institución ha sido
protagonista de cambios y avance social en España, esa ha sido la
Municipal. Solo recordar que el 14 de abril de 1931 se instaura la II
República tras las elecciones municipales. Podemos darnos una idea de la
representatividad popular y la fuerza moral del municipalismo en
nuestro país.
Más
recientemente, a partir de las primeras elecciones de 1979, si los
ciudadanos y ciudadanas han visto mejorada su calidad de vida, se han
construido escuelas, centros de Salud, instalaciones deportivas, han
mejorado los espacios públicos, impulsado la cultura,
desarrollando políticas de formación y empleo, de juventud, Servicios sociales o aumentado la calidad de los servicios más cercanos al
ciudadano; sin duda alguna ha sido fruto una responsabilidad compartida
de miles de concejales –de todas las opciones políticas-, que han
ejercido honestamente el noble arte de la política, codo con codo con
los vecinos que los han elegido directamente en las urnas.
Salvando
excepciones -que confirman la regla y de eso, en Totana sabemos
bastante-, los concejales y alcaldes, han tenido que ofrecer servicios,
demandados por la ciudadanía, que el Gobierno Central o Comunidades
Autónomas no han solucionado.
En
todo caso, la actuación de los partidos mayoritarios ha sido la de
coadyuvar al aumento de la deuda, negar una financiación suficiente o
fomentar los ingresos municipales a través de la burbuja inmobiliaria y
la especulación, sin entrar al fondo de una asignatura pendiente, que
ni el PP ni el PSOE, han solucionado en sus tiempos de Gobierno.
Primero,
debilitan y hunden las posibilidades de los ayuntamientos y ahora,
hacen pagar la ira de los ciudadanos contra la “clase política”, por la
parte más débil y cercana: Los representantes de los vecinos que ejercen
la política, en su mayoría de forma altruista y con vocación de
servicio. No rebaja el Gobierno los altos cargos de la Administración
Central o Autonómica. No se plantea reducir o eliminar el inservible y
oneroso Senado. No se tiene en cuenta el vacío de contenido y carísimo
Parlamento Europeo, que actúa de comparsa en este teatro. Y esto, solo
por poner algunos ejemplos.
El Gobierno y los poderes financieros,
utilizan a los concejales como chivos expiatorios; como paganos de una
crisis económica, moral y política que no han generado la inmensa
mayoría de hombres y mujeres, que desde gobiernos u oposición, elevan,
día a día, propuestas o fiscalizan, en contacto directo con los vecinos y
vecinas de los barrios o pedanías.
Pero
no solo rebajan el número de concejales de una forma considerable,
empobreciendo la democracia. También encorsetan las posibles iniciativas
y competencias que pueden desarrollar las Corporaciones Locales para
superar la crisis económica y política. El Proyecto de reforma de Ley de
Bases, amordaza los ayuntamientos, vulnerando el artículo 142 de la
Constitución Española y la autonomía de las Corporaciones Locales como
parte del Estado en el marco de sus competencias.
Con
las medidas anunciadas por Rajoy y el Proyecto de Reforma de la Ley de
Bases de Régimen Local, sin solucionar el problema arrastrado 35 años de
la financiación de los ayuntamientos, unos entes que pueden ser la
palanca del cambio, de dinamización de la sociedad, de participación
ciudadana, de desarrollo económico, la cultura o los servicios sociales,
en el que muchos vecinos ejerzan la política para superar la actual
situación a la que nos han llevado los que no asumen sus graves
responsabilidades.
Solo
la movilización -harto difícil cuando muchos españoles se juegan su
supervivencia directa en otros frentes no menos importantes-, puede dar
un giro al disparate que se pretende con los ayuntamientos, dejándolos
vacíos de competencias, sin recursos, endeudados y sin capacidad de
ilusionar a personas interesadas en ejercer la política en su faceta más
pura y altruista.
(*) Juan José Cánovas es concejal de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Totana
La vida municipal es un bastión del caciquismo y del particularismo, procesiones, esencias patrias y ecologismo. Y un sueldecillo a final de mes. Por otra parte, la degradación de la función de secretarios, interventores y tesoreros ha sido una concienzuda labor de los partidos que se dicen de izquierdas, durante muchos años.
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