El expediente sancionador fue iniciado durante el verano del año pasado por la Confederación con la visita a la zona de personal del organismo y toma de muestras los días 28 de agosto y 2 de septiembre.
El análisis de las muestras, procedentes de la pedanía cartagenera, desembocó en el inicio de un expediente sancionador por infracción grave, que contempla multas de entre 30.000 euros y 300.000 euros.
El Ayuntamiento de Cartagena alegó que la EDAR contaba con una tecnología anticuada que no permitía una depuración más exhaustiva de las aguas residuales, y que además éstas iban a parar a una balsa para su posterior uso agrícola.
Sin embargo, el Ministerio ha estimado, en primer lugar, que el Consistorio cartagenero debería de haber informado de las condiciones de la depuradora para adaptar así los límites contaminantes del vertido.
El ayuntamiento piensa que el agua es suya y puede hacer con ella lo que le venga en gana. Es lo mismo que piensan mucho con otros recursos naturales renovables o no renovables. Y que luego puede concederlos a quien quiera y como quiera. Una vergonzosa extralimitación de competencias y una muestra más de falsa ignorancia.
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