Murcia acumula ya hasta cinco aforados a las puertas del Tribunal Superior de Justicia

MURCIA.- Al Tribunal Superior de Justicia de Murcia se le está acumulando el trabajo con los nuevos casos de aforados que tendrá que dirimir. Los últimos tienen que ver con dos diputados regionales, uno del PSOE y otro de IU, que se suman a otro del PSOE y un quinto independiente que militó antes en las filas del PP. Todos están relacionados con delitos relativos a la gestión municipal. Y a ellos se suma el de un senador del Reino del PSOE cuyo caso será visto en el Supremo, según 'El Confidencial'.

Paradójicamente, estos dos casos de aforados no corresponden, en cuanto a adscripción partidaria se refiere, con los de ediles imputados, acusados o incluso condenados por delitos actualmente en los tribunales murcianos. En los de aforados, la mayoría corresponde al PSOE. En los de concejales o alcaldes, el PP “gana” por gran goleada, como en todas las elecciones que se han celebrado en Murcia desde 1995.

El PSOE tiene bajo acusación, en relación con un delito ecológico, al ex alcalde de Santomera y diputado regional José Antonio Gil Sánchez, e imputado en otro sumario al senador y ex alcalde de Ceutí Manuel Hurtado. El diputado que fue del PP, Juan Morales, pieza fundamental en el sumario de corrupción urbanística en Totana, se pasó al Grupo Mixto tras ser imputado. Por contra, en la Región de Murcia más de veinte alcaldes y concejales del PP han sido imputados por diversos delitos, mientras que en el PSOE la cifra llega casi a la docena.

Los dos últimos casos de aforados con “indicios de delito” son los del diputado regional socialista Bartolomé Soler y del portavoz parlamentario de IU, Juan Antonio Pujante. Ambos están relacionados, según el juez que los ha mandado al TSJ, con las supuestas actividades delictivas de Juan Gil Enciso, el ex gerente de la empresa de limpieza de Lorca (Limusa), ciudad en la que fueron concejales durante el mandato del socialista Miguel Navarro (1993-2006), también imputado. A éste se le abrió un expediente en su partido que puede acabar en expulsión, dependiendo del resultado judicial.

Los partidos de Soler y Pujante han tenido una reacción ante su posible imputación similar a la que tantas veces ha criticado la izquierda en el PP. El PSOE ha optado por el “y tú más”, aludiendo a los casos de ediles populares bajo el escrutinio de la Justicia. El diputado de IU ha asegurado que se puede querellar contra el juez por el “daño moral, personal, personal, mediático y político”.

Todos ellos, Navarro, Soler y Pujante, recibieron, de una u otra forma, dádivas, regalos o pagos de los dineros de Limusa, que manejaba Gil Enciso, según el juez Sergio Romero Cobo, que levantó el secreto del sumario el pasado fin de semana y envió las diligencias al TSJ por haber aforados en ellas.

Cruce de relaciones

En la extensa trama relatada por Romero Cobo aparecen también un notario de Lorca, Sebastián Fernández Rabal, relacionado a su vez con otro sumario similar por el que está imputado el ex consejero regional de Medio Ambiente -al que se llegó a considerar delfín del presidente Valcárcel- y actual director general de Hefame, Francisco Marqués, así como el ex interventor del Ayuntamiento de Lorca, Francisco Poyato, que ahora ocupa el mismo cargo en el consistorio de Cartagena.

Una compleja red creada por Gil Enciso con la necesaria aquiescencia y participación del popular ex alcalde socialista de Lorca y ex presidente de la Asamblea Regional, Miguel Navarro, así como de varios de sus concejales: Bartolomé Soler y Jesús Molina, entre otros.

El más tocado políticamente parece ser el diputado de IU, Juan Antonio Pujante, que es también coordinador regional de su formación, al que el sumario relaciona con una visita en grupo pagada por Limusa a un famoso prostíbulo sevillano, cosa que el niega vivamente. Entre las dádivas más esperpénticas figuran los viajes pagados por Limusa a varios concejales de Lorca para asistir a partidos de la Liga de Campeones en Madrid y Barcelona. Ninguno de los implicados ha dimitido ni puesto su cargo a disposición del partido.