jueves, 21 de marzo de 2019

IU exige la aplicación de la prescripción a los expedientes de devolución de ayudas de los terremotos de Lorca


LORCA.- La concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, ha exigido hoy a la Consejería de Fomento del Gobierno regional que empiece a aplicar a los afectados por la devolución de las ayudas de los terremotos el criterio de prescripción avalado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Lorca y de la propia Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como de la Abogacía del Estado.

A pesar de que las tres administraciones con responsabilidad en las ayudas ya coinciden en cómo se deben aplicar los cómputos de la prescripción defendidos por Izquierda Unida desde el primer momento, la plataforma de afectados aún no tiene conocimiento formal de que se haya cerrado ningún expediente por esta causa.
Mientras tanto, decenas de afectados siguen recibiendo providencias de apremio de la Agencia Tributaria instándoles a la devolución de las ayudas, a las que se aplican importantes intereses de demora y recargos. Esto supone algunos vecinos tengan que pagar hasta un 40% más que lo que recibieron inicialmente en concepto de ayuda, lo que Martín calificó de "usura".
En su comparecencia, la concejala de Izquierda Unida ha estado acompañada de Alfonso Lizarán, vecino de Lorca de 76 años que percibe una pensión mensual de 1.025 euros. La Comunidad Autónoma le concedió una ayuda para la reparación de su vivienda de 9.500 euros que, tras la aplicación de recargos e intereses del Estado, se ha incrementado hasta los 13.367,95 euros. 
Es decir, 3.867,95 euros más que el monto de la ayuda original. Alfonso ha tenido que pedir un fraccionamiento de dicho pago en 24 cuotas mensuales de más de 550 euros. Por ello, a lo largo de los próximos dos años tendrá que emplear más de la mitad de la pensión de la que viven él y su mujer en devolver la ayuda.
Este vecino gastó más en la reparación de su vivienda de lo que percibió de la ayuda pública y de la indemnización del Consorcio de Compensación de Seguros, lo que además puede acreditar con facturas de curso legal. 
Hay que tener en cuenta señaló Martín- que las valoraciones periciales efectuadas tras los seísmos fueron inexactas ya que no tuvieron en cuenta la aparición de los daños que aparecieron posteriormente tras el asentamiento del terreno.
Sin embargo, este hecho jamás fue tenido en cuenta y ahora la Administración "se agarra a la letra pequeña que regula estas subvenciones y que no se explicó a los afectados", dijo Martín. 
"Nadie le entregó a los vecinos copia de la valoración pericial, nadie les indicó qué elementos de sus viviendas tenían que reparar, ni en qué plazos, ni qué documentación debían acreditar después. Nadie les explicó las obligaciones que contraían al aceptar una ayuda que, ocho años después de la tragedia, se ha convertido en causa de ruina económica para centenares de familias lorquinas". 
En ese sentido, recordó que los damnificados recibieron una simple carta en la que se indicaba la ayuda concedida y quién la financiaba, que parece que era lo importante". Todo porque, tras la tragedia, había que hacer creer al mundo que los afectados no estarían solos, que tendrían el apoyo de los gobiernos central y autonómico que, casi ocho años después, son los mismos que están "sangrando vivos" a los afectados.
Como todos los damnificados en su misma situación, Alfonso interpuso hace meses un recurso de reposición a la orden de reintegro de la Consejería de Fomento, y también solicitó la suspensión de la liquidación como medida cautelar al entender que se le podía causar un perjuicio de imposible o difícil reparación.
Sin que Fomento haya decidido aún sobre ese recurso y sobre la solicitud de suspensión, este órgano dio orden a la Agencia Tributaria para el cobro de la deuda por vía ejecutiva. Para Martín, que Hacienda dicte providencia de apremio sobre una liquidación impugnada en la vía administrativa, y respecto de la cual se ha solicitado la suspensión de la ejecución sin que ésta se haya resuelto, conculca los artículos 9, 24.1 y 106.1 de la Constitución, contraviniendo la seguridad jurídica, el derecho a la tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión, así como el sometimiento de la actividad administrativa al control de la legalidad. 
Así lo dicen las leyes y la jurisprudencia, y así se lo han hecho saber a la Agencia Tributaria con nuevos recursos que tampoco han sido contestados aún. Al respecto, Martín calificó de "cruel" y "abusiva" la utilización del silencio administrativo para castigar a los afectados y recordó que los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho cuando son dictados "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".
El expediente de Alfonso Lizarán, como muchos otros, es susceptible de archivo por prescripción, lo que Martín ha exigido que se haga "de inmediato", para no prolongar más el sufrimiento de los afectados.
Además, Martín ha pedido al Alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, que interceda ante la Consejería de Fomento para tratar esta cuestión. Al respecto, ha informado que esta misma mañana Gil le ha confirmado que la próxima semana el Director General de Ordenación del Territorio, Arquitectura y Vivienda, José Antonio Fernández Lladó, se reunirá en Lorca con los afectados. "Agradecemos la buena disposición del alcalde pero el tiempo se agota y ya no nos vamos a conformar con buenas intenciones, sino con realidades." 
"O aplican las leyes o volveremos a la protesta", concluyó Martín.

"Estoy satisfecho de que vayamos cerrando capítulos históricos en materia de infraestructuras", dice Conesa

MURCIA.- El secretario general del PSRM-PSOE y candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma, se ha mostrado satisfecho por la apertura de la variante de Camarillas, ya que "se van cerrando capítulos históricos en materia de infraestructuras en la Región de Murcia".

"Con la apertura de Camarillas cerramos otra etapa y se cumple, con hechos, otra realidad. Ahora toca seguir trabajando por mejorar las infraestructuras de la Región de Murcia", ha señalado.
Diego Conesa ha explicado que Camarillas, junto al tren híbrido que se puso en funcionamiento el pasado septiembre y un segundo tren que se pondrá el próximo mayo, supone que el viaje entre Murcia y Madrid se pueda hacer en poco más de tres horas.
En este sentido, ha destacado la importancia de la comunicación y la vertebración de la Región de Murcia.
 "Recuperamos la conexión natural ferroviaria de pasajeros con el centro de España, dando servicio a las comarcas de la Vega Alta, Altiplano y Noroeste".

'Marchas de la Dignidad y Caminando': "Es hora de que se reparta la riqueza de manera equitativa"


MURCIA.- Las Marchas de la Dignidad y Caminando han presentado hoy el manifiesto de la manifestación que han convocado para el sábado, 23 de marzo, y que saldrá a las 18 horas en la Glorieta de España, en Murcia. A la presentación han asistido miembros de las distintas organizaciones sociales que componen ambos espacios.

El manifiesto denuncia los ataques que están sufriendo derechos conseguidos durante décadas de lucha, que hoy prime lo privado y que los derechos sociales básicos se han convertido en mercancía.
Ginés Fernández, portavoz de las Marchas de la Dignidad, ha manifestado que "la precariedad no puede ser un estado permanente para las personas y para los trabajadores y trabajadoras, el sistema capitalista nos quiere vender que esta situación es normal cuando es una excepción, por eso ha llegado la hora de que la riqueza se reparta equitativamente".
Por todo ello, según el texto repartido hoy, nos movemos por nuestros derechos frente a la precariedad y exigimos que se respeten los derechos conseguidos que han sido y son pilar de una sociedad avanzada y democrática.
Comenzando por el derecho al trabajo y al sustento digno, para poder tener un plato de comida en la mesa y no tener que mendigar o depender de la caridad.
Proporcionar una educación pública de calidad, que asegure el futuro de nuestros hijos y de una oportunidad de futuro a las próximas generaciones. Que no discrimine a los alumnos por su sexo, religión, raza o nivel económico.
Asegurar una salud pública digna y de calidad, que proteja a la infancia, a los mayores y a todas las personas, incluyendo la salud bucodental plena en el sistema público.
Tener la tranquilidad de un sistema público de pensiones blindado en la constitución, que pueda prevalecer sin estar a la deriva y a merced de las corrientes o vientos políticos que soplen en cada momento.
Impulsar el derecho a la vivienda, donde poder sacar adelante y dar cobijo a una familia, con vivienda pública, tanto de compra como de alquiler social, así como viviendas para jóvenes.
Legislar para hacer frente a grandes fondos buitres que quieren especular con nuestro derecho a una vivienda y un techo, sanidad, educación, transporte, etc.

Máxima voluntad política y colaboración del Ayuntamiento de Murcia con 'Adif' para impulsar el soterramiento AVE

MURCIA.- El concejal Eduardo Martínez-Oliva asevera que la voluntad política y la colaboración del Ayuntamiento de Murcia con Adif para impulsar el soterramiento son máximas. 'La desaparición de las vías y la llegada del AVE a la ciudad son el principal objetivo del Ayuntamiento y si tenemos que celebrar un Pleno, lo haremos con la mayor urgencia posible', añade el concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana.

‘La colaboración del Ayuntamiento con Adif en todo lo relacionado con el proyecto de soterramiento es máxima’, explicó hoy el concejal de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana.
El administrador de infraestructuras ferroviarias ‘cuenta y contará con todo el apoyo y la colaboración de la Administración Local’, añadió, puesto que el principal objetivo del Ayuntamiento es ‘hacer realidad el soterramiento, con la desaparición de las vías en superficie, así como la llegada del AVE a la ciudad’.
Los servicios municipales han recibido instrucciones para priorizar los informes que sea necesario cumplimentar para aprobar la adenda del convenio, paso previo fundamental para poder adjudicar el tramo pendiente del soterramiento.
El texto definitivo de la adenda aún no está ultimado. Para ello, tanto Martínez-Oliva como los técnicos de Hacienda asistirán el próximo lunes a una reunión convocada por Adif
Una vez esté redactado el documento final, si el Ayuntamiento debe celebrar un Pleno para aprobarlo ‘lo realizaremos con la mayor urgencia posible porque la voluntad política es total’, añadió, teniendo en cuenta que es preciso que el expediente se cumplimente con todos los informes técnicos que avalen la decisión a adoptar.

CTSSP preguntará en el pleno por el uso del glifosato en los parques del polígono 'Santa Ana', en Cartagena


CARTAGENA.- Los vecinos y vecinas del Polígono Santa Ana han denunciado al grupo de Podemos Cartagena (Cartagena Sí Se Puede) que sus parques y jardines están siendo fumigados con glifosato. La protesta se produce justamente cuando acabamos de conocer hace dos días la noticia de una nueva sentencia del jurado en la Corte Federal de San Francisco, que ha dictaminado de forma unánime que Roundup, uno de los herbicidas más usados a nivel mundial y que contiene el glifosato, es responsable del cáncer que padece Edwin Hardeman, un residente de California.

La formación morada ha criticado que el Ayuntamiento no haya cumplido con sus compromisos previos en torno al uso de estos herbicidas. Pilar Marcos, portavoz del grupo municipal, ha recordado: “El Ayuntamiento de Cartagena se había comprometido a eliminar el uso de este herbicida en todos los espacios públicos del municipio: carreteras, parques, plazas... ya que la propia Organización Mundial de la Salud lo ha clasificado como probablemente cancerígeno para los seres humanos. Parece mentira que el PSOE, que sabe que hay métodos alternativos al glifosato e igualmente eficaces, siga sin cumplir con su palabra y permita las fumigaciones que afectan negativamente al medio ambiente y a la salud de las personas.”
Desde CTSSP han recordado que en noviembre de 2017 el grupo Cartagena Sí Se Puede, en conjunto con MC y el propio PSOE (por entonces Gobierno) presentaban y aprobaban una moción en el Pleno para prohibir el uso del glifosato en los parques, jardines, aceras y carreteras del municipio, sustituyéndolo por métodos alternativos, como los térmicos, mecánicos o manuales.
La formación morada ha puesto de manifiesto los graves problemas ambientales y de salud que se sufren en el municipio, entre otras cosas, con tasas de cáncer que triplican la media regional. 
Pilar Marcos ha finalizado avanzando que su grupo preguntará en el Pleno sobre quién es responsable del mantenimiento de los parques y jardines del Polígono Santa Ana, qué empresa es la encargada de realizar dichas labores y por qué el Ayuntamiento ha permitido que se incumpla la disposición del Pleno que el propio Gobierno socialista había propuesto.

CCOO Enseñanza exige mayor regulación de los salones de juego y casas de apuestas

MURCIA.- La Federación de Enseñanza del sindicato CC OO demanda al Gobierno de López Miras que tome medidas de manera urgente para evitar que el alumnado de los centros educativos pueda acceder fácilmente a estos locales y reclama que elimine las rebajas fiscales al sector del juego.

La Región cuenta con más de 340 salones de apuestas, la mayor proporción por habitante de toda España y de la Unión Europea.
Se instalan cerca de los institutos y consiguen enganchar a la gente joven, un colectivo más vulnerable, con las apuestas deportivas y con la ruleta.
El juego en estos salones suele ir asociado al consumo de alcohol e, incluso, hay casos que mezclan juego, alcohol y cocaína porque sirve para aguantar más horas dentro de estos salones.
CCOO Enseñanza insta al Ejecutivo regional a cumplir lo que aprobó el pasado septiembre en el Consejo de Gobierno respecto al aumento de la distancia que deben mantener estos salones frente a los centros educativos y a eliminar las rebajas fiscales al sector del juego y casas de apuestas.
El Consejo de Gobierno "elevó" de200 a500 metrosla distancia mínima respecto a colegios e institutos, y de500 metrosa un kilómetro entre dos salones de juego, pero nada de esto aparece en el BORM, por lo que sigue sin tener vigencia. 
Además, solo con los "regalos" fiscales del gobierno de López Miras a este sector (7,4 millones de euros) podría devolverse la reducción de dos horas lectivas al profesorado mayor de 55 años y la hora de acción tutorial a los maestros especialistas.
Las facilidades que otorga la Región de Murcia a estos salones es una lacra ya que suele ir asociado al consumo de alcohol e, incluso, hay casos que mezclan juego con drogas porque sirve para aguantar más horas dentro de estos salones. 
Otro dato que debe preocupar al equipo de gobierno es la edad habitual del jugador, que ha bajado hasta situarse entre los 17 y los 28 años, cuando hace unos años se situaba entre los 35 y los 70 años.
"Los salones de juego y locales de apuestas en la Comunidad deben disponer de un sistema de bloqueo automático en los terminales de apuestas para impedir el acceso a los menores de edad y a los usuarios que tienen restringida la práctica del juego", señala Jorge Castillo , el secretario de Acción Sindical de la FE CCOO Región de Murcia. 
"Además, a la entrada a estos locales se debe pedir el DNI, pero en algunos de ellos no se respeta este método disuasorio", prosigue Castillo.
Asimismo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció una "limitación estricta" para que no se difunda publicidad de casas de apuestas en horario infantil, pero a día de hoy la ley no ha visto la luz.
Desde la Federación reclamamos una regulación urgente al gobierno de López Miras, puesto que nuestra Región cuenta con 347 salones de apuestas, la mayor proporción por habitante de toda España y de la Unión Europea; y terminales de apuestas, 1.283, según la patronal de apuestas de juego.
 Por realizar una comparación, Andalucía, una comunidad mucho más grande que la nuestra, cuenta con entre 120 y 130 locales de este tipo.

El PSOE lamenta que el Gobierno regional deje tirado al sector del taxi al negarse a su regulación

CARTAGENA.- La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Presen López Piñero ha exigido hoy en el Pleno de la Asamblea la regulación urgente, en el ámbito de las competencias que tiene el Gobierno regional, del Decreto nacional de Vehículos de Turismo con Conductor (VTC), para abordar en las mejores condiciones la convivencia entre el sector del taxi y las VTC. Esta moción ha sido rechazada.

"El sector del Taxi ha hecho los deberes y ha planteado las propuestas y las ha negociado con las propias empresas VTC que operan en la Región desde hace muchos años. No existe ninguna razón para no regularlo y lamentamos que el Gobierno regional se resista a cumplir la ley".
Presen López ha reclamado que la Consejería determine la competencia en materia de transporte urbano, las condiciones en las que podrán ser autorizados y prestados los servicios de transporte de viajeros íntegramente desarrollados en su ámbito territorial, incluidos los que se realizan en la modalidad de arrendamiento de vehículos con conductor, de acuerdo con la habilitación que otorga la Disposición adicional primera del Real Decreto-Ley 13/2018, de 28 de septiembre.
Durante su intervención, la diputada ha asegurado que en la Región de Murcia siempre han convivido el Taxi y las VTC. "El problema no son las licencias VTC, han existido siempre, y han trabajado conjuntamente y en armonía con las licencias del Taxi. El problema son las mal llamadas plataformas digitales que, de manera encubierta, precarizando el empleo y afincadas en paraísos fiscales, quieren ser el servicio publico de transporte que es el sector del Taxi, sin la regulación pertinente".
En nuestra Comunidad, como en el resto de España, se incumple la ratio legal de una VTC por cada 30 taxis. Actualmente, la ratio es una VTC por cada 8 taxis; aunque según los datos de la Consejería existen 111 licencias VTC frente a 774 licencias de Taxi.
La parlamentaria socialista ha denunciado que desde hace 15 años no se conceden licencias de Taxi y se pregunta por qué si hay necesidad de servicio no se dan esas licencias y sí se permite que vengan coches matriculados de otras comunidades autónomas bajo el paraguas de estas multinacionales.
"Es urgente regular ambos servicios por el buen funcionamiento de los mismos y para que se presten en las mejores condiciones posibles".
Son muchas las comunidades autónomas que ya cuentan con esa regulación. La última la de Baleares, apoyada por el PP, donde desde la pasada semana no se pueden prestar servicios de VTC si no han sido contratados con una antelación mínima de media hora y prohíbe la captación de clientes en la calle.
López Piñero pidió al Partido Popular "que coja el toro por los cuernos, pase a la acción y demuestre que su apoyo al sector del Taxi es cierto cumpliendo sus obligaciones. La batalla del Taxi es una batalla por la dignidad de los trabajadores y contra las compañías que eluden la ley para no pagar impuestos".

El doctor Manuel Pajarón, número 2 de 'Somos Región' al Congreso


MURCIA.- La Dirección Ejecutiva Regional, aprobó anoche, a propuesta de la Comisión de Investidura, las candidaturas de Somos Región al Congreso y al Senado para las próximas elecciones generales. La candidatura al Congreso, que está encabezada por el abogado lorquino Pío Pérez Laserna, se completa con la incorporación del alergólogo Manuel Pajarón, Iria Vidal, Juana Rocamora, Francisca López, Antonio García, Rosario Pérez, Pilar González, José Antonio Álvarez y Antonio Hernández Cava. Para el Senado, a Pilar García Santos, se suman Jesús Macanás y Jesús Rodríguez.

Manuel Pajarón Fernández cursó sus estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia. Tras aprobar el MIR realizó la especialidad de Alergología en la Clínica Universitaria de Navarra. Ha trabajado en el sector privado y público. En atención primaria, como coordinador del 061 en Murcia, en el Hospital General de Elda como especialista en alergología y actualmente trabaja como especialista en esta disciplina en el complejo hospitalario universitario de Cartagena donde ejerce funciones clínicas y docentes. Ha sido miembro de la Comisión nacional de especialidades médicas en alergología y cuenta con un Máster de Gestión Hospitalaria en el Instituto de Salud Carlos III y la UNED.

La número tres es Iria Vidal Vázquez, psicóloga nacida en Cartagena, especializada en salud mental. La número cuatro es Juana Rocamora, de Murcia y diplomada en Terapia Ocupacional. La abogada ciezana Francisca López Piñera, ocupa el quinto lugar de la candidatura de Somos Región
En sexto puesto Antonio García, natural de Alcantarilla, y que trabaja en la Industria Química en el Valle de Escombreras. La pachequera Rosario Pérez, José Antonio Álvarez y Antonio Hernández Cava, cierran la lista del partido regional que preside Alberto Garre de cara a las elecciones generales del 28 de abril.
 Cinco hombres y cinco mujeres, profesionales de distintos ámbitos y con distintas edades que reflejan las inquietudes y necesidades del conjunto de la sociedad regional componen la candidatura al Congreso de los Diputados.

Para el Senado, la lista encabezada por la Inspectora de Hacienda, Pilar García Santos, se completa con el Ingeniero de Telecomunicaciones murciano, Jesús Macanás y el abogado cartagenero Jesús Rodríguez.
El presidente de Somos Región, Alberto Garre ha felicitado a la Comisión de Investidura por la confección de las candidaturas al Congreso y al Senado, “repletas de ciudadanos dispuestos a dar lo mejor de sí mismos por todos los hombres y mujeres de esta Región. 
Por primera vez, un partido nacido en la Región de Murcia, ofrece a los electores la oportunidad de estar plenamente representados en las Cortes Generales”.

El TJUE deberá pronunciarse sobre los gastos de las hipotecas

PALMA.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) deberá pronunciarse sobre los gastos de formalización de las hipotecas, el impuesto de actos jurídicos documentados y las comisiones de apertura a petición del juzgado de primera instancia número 17 de Palma de Mallorca.

En un auto, el juzgado balear justifica su decisión por el gran número de reclamaciones bancarias por parte de consumidores por cláusulas como las de formalización y cancelación de hipoteca y comisión de apertura), "contadas por cientos de miles".
Por ello, señala "la necesidad urgente de unificar los criterios interpretativos en pro del principio de seguridad jurídica que impera en nuestro Estado de Derecho", para evitar sentencias contradictorias que provoquen "un grave e irreparable daño a los consumidores".
En opinión de la titular del juzgado, Margarita Poveda, existen diferentes líneas jurisprudenciales interpretativas, tanto por parte del Tribunal Supremo como de las Audiencias Provinciales, que han "ido cambiando constantemente en un breve periodo de tiempo" y que podrían apartarse de las directivas europeas en materia de consumo.
La magistrada destaca también que la creación de juzgados especializados en cláusulas suelo ha provocado su colapso, lo que motiva continuas incidencias procesales en detrimento de los derechos del consumidor.
El auto responde a una demanda planteada por el bufete Martínez Blanco, que calcula que de media cada cliente podría reclamar unos 10.000 euros en concepto de gastos de notaría, gestoría, registro y tasación, además del impuesto de actos jurídicos documentados y la comisión de apertura.
El procedimiento ante el TJUE se ha solicitado por la vía de urgencia y será el abogado Norberto Martínez Blanco el encargado de la defensa.
El Tribunal Supremo acordó recientemente que los gastos de notaría deben dividirse entre banco y cliente, una decisión similar a la que adoptó en su momento para los de gestoría y para el registro de la hipoteca, que en el caso de la inscripción deberá ser abonada por la entidad, y en la cancelación, por el prestatario.
El pleno de la sala de lo Civil acordó además que es el cliente el que debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados en todas las hipotecas suscritas antes de la entrada en vigor del real decreto aprobado por el Gobierno el pasado noviembre, con lo que rechaza que se aplique con retroactividad.

Salvador de la Encina, nuevo presidente de Puertos del Estado

MADRID.- El Consejo de Ministros nombrará en su reunión de este viernes al diputado socialista Salvador de la Encina como nuevo presidente de Puertos del Estado en sustitución de Ornella Chacón, quien hace unos días dejó el cargo por motivos personales, según informaron fuentes del Ministerio de Fomento.

De la Encina es diputado por Cádiz del Grupo Socialista en el Congreso desde hace siete Legislaturas.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y doctorado en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, el nuevo presidente del operador de la red de puertos públicos ha combinado su trayectoria política con funciones académicas.
En el ámbito político ha ocupado la Dirección General de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.
También ha sido delegado provincial en Cádiz de la Consejería de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo andaluza, y concejal en el Ayuntamiento de Algeciras.
En el Congreso, fue secretario adjunto del Grupo Parlamentario Socialista entre los años 2000 y 2004, portavoz de esta formación en la Comisión de Fomento y Vivienda entre 2004 y 2008 y presidente de esta comisión desde ese año y hasta 2011.
En el plano académico es profesor universitario de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y funcionario de carrera perteneciente al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de la Junta de Andalucía, en ambos casos en situación de servicios especiales.
Salvador de la Encina ha sido como jurista ponente de, entre otras leyes, de la Ley de Puertos de 2003. Además, como profesor universitario ha participado en master y conferencias relacionadas con la gestión marítima y portuaria, entre otras materias.
El diputado socialista, de 61 años de edad, accede al puesto de Presidente de Puertos del Estado a un mes de las próximas elecciones generales y mientras el ente público afronta, entre otros retos el diseño de su nueva estrategia marco o el desarrollo normativo de la nueva regulación del sector de la estiba.
La red de puertos españoles cerró no obstante 2018 encadenando su cuarto máximo histórico anual de mercancía gestionada, al sumar 563,47 millones de toneladas un 3,3% más que el ejercicio precedente.

Goirigolzarri pide al futuro Gobierno que mantenga la privatización de Bankia

VALENCIA.- El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha pedido este jueves al nuevo gobierno que salga de las elecciones generales del próximo 28 de abril que mantenga el proceso de privatización del banco porque es una decisión política positiva para los ciudadanos.

En un encuentro informativo con motivo de la Junta General de Accionistas que celebra Bankia en València este viernes, Goirigolzarri ha declarado que, si pudiera pedir algo, solicitaría al futuro Ejecutivo que tenga claro la necesidad del proceso de privatización final.
Según el banquero, mantener la idea estratégica de la privatización también evitaría tentaciones de utilizar la entidad como banca pública, algo en lo que, ha dicho, coinciden los grandes partidos políticos.
No obstante, ha señalado que no es un buen momento para privatizar Bankia, dado que el sector bancario europeo está siendo penalizado en sus cotizaciones.
Goirigolzarri ha manifestado además que el nuevo Gobierno de España debe continuar con el comportamiento exquisito de los gobiernos anteriores en cuanto a no injerencia política en Bankia y ser escrupuloso en el mantenimiento del mandato tanto profesional como independiente en la búsqueda de creación de valor para el accionista, en referencia a la devolución de las ayudas públicas recibidas.

Los precios en alimentación en Reino Unido podrían elevarse por el Brexit por su dependencia de Europa


MADRID.- La llegada del Brexit anticipa un aumento de los precios en alimentación en Reino Unido por su dependencia tanto de sus importaciones y exportaciones con Europa, según se desprende del informe 'Vademecum on Food and Beverage Markets', dirigido por el profesor del IESE Adrián Caldart y la investigadora Júlia Gifra en colaboración con Deloitte.

En concreto, la posible incorporación de aranceles y controles aduaneros junto a la implementación de una nueva normativa podrían suponer un importante incremento de costes para los británicos, problemas de abastecimiento y también mayores dificultades logísticas que podrían repercutir en el precio de productos de alimentación y bebidas.
Además, afectará tanto a los fabricantes, a la distribución, como al canal 'Horeca'. Así, algunas cadenas de 'fast food', como McDonald's y Kentucky Fried Chicken, ya han advertido de un incremento de los precios y un posible desabastecimiento de alimentos.
A la incertidumbre ante el Brexit se le añade el poco crecimiento de la población de Reino Unido y del PIB, que le penaliza, además de verse perjudicado en un futuro en el caso de que se restablezcan aranceles con los países de la UE, ya que el 58% de sus exportaciones y el 61% de sus importaciones de alimentos y bebidas tienen su destino u origen en Europa.
Los primeros puestos del índice de atractividad, presentado en el informe, los ocupan Estados Unidos, China y Alemania, que se mantienen en el podio de los países más atractivos para la industria de alimentación y bebidas por tercer año consecutivo.
Estados Unidos lidera la clasificación, pero Europa, en su conjunto, se confirma un año más como la región más atractiva para la industria alimentaria, con cinco países (Alemania, Holanda, Francia, Suiza y Reino Unido) en el 'top 10'.
El informe subraya que esto se debe a la solidez de su marco económico y legal, así como los altos niveles tanto de la renta media disponible como del gasto 'per cápita' en alimentación.

El BdE pide a los bancos evaluar a fondo a los clientes hipotecarios

MADRID.- La subgobernadora del Banco de España (BE), Margarita Delgado, ha recordado hoy a los bancos que deben evaluar en profundidad a los potenciales clientes hipotecarios, porque el elemento fundamental que deben considerar para conceder un préstamo es la capacidad de pago del deudor y no el valor de la vivienda. 

"No debería ser necesario recordar que todo préstamo se debe conceder pensando en la probabilidad de cobro, tanto del principal como de los intereses comprometidos, nunca en la supuesta calidad de las garantías", ha dicho Delgado en una jornada sobre la Ley Hipotecaria organizada por PWC.
La subgobernadora ha recordado a los bancos que la responsabilidad de analizar la capacidad de pago es enteramente de la entidad y no del cliente.
La aplicación de unos estándares estrictos, como exige la ley, restringirá, al menos a corto plazo, el acceso a la vivienda en propiedad a algunos colectivos con rentas bajas, según Delgado.
No obstante, cree que a medio y largo plazo el efecto será más positivo, al favorecer una mayor estabilidad en los precios durante todo el ciclo económico. En todo caso, corresponde a los poderes públicos articular las medidas sociales para garantizar una vivienda digna a los colectivos menos favorecidos.
Además, para asegurar una mayor estabilidad del mercado inmobiliario es preciso contar con tasaciones "rigurosas, prudentes y, por tanto, menos volátiles".
Los cambios en la Ley Hipotecaria (mayores gastos de constitución, límites a las comisiones por amortización anticipada y retraso en la recuperación de la deuda impagada) producirán un aumento "inevitable" en los costes de los nuevos préstamos, que las entidades deberán trasladar a los clientes para poder ser viables y retribuir adecuadamente su capital.
La subgobernadora ha valorado que los requisitos que introduce la ley para evaluar la solvencia del cliente de este tipo de préstamos sean más estrictos, porque, aunque podrían suponer un endurecimiento en el acceso al crédito hipotecario, favorecerán una mayor estabilidad del mercado inmobiliario y una mejora de la calidad de la cartera crediticia de las entidades.
"Como supervisor coincido plenamente con todos estos requerimientos (...) pero resulta un tanto descorazonador tener que verlos reflejados expresamente en un texto legislativo", ha dicho.
La nueva Ley favorece, en su opinión, la seguridad jurídica y reduce significativamente los riesgos de litigiosidad, que tienen un "terrible" efecto en la reputación de todo el sector. "Sólo a través de un comportamiento ético con la clientela podrá la banca recuperar a medio plazo la reputación y la confianza".
Ha recordado que antes y durante la crisis se produjeron prácticas comerciales bancarias "más que cuestionables", con incentivos "perversos" en la venta de hipotecas, que produjeron un drama social y tampoco dejaron "en muy buen lugar" a los supervisores.
Delgado ha alertado de que una normalización de la política monetaria a medio plazo tendrá inevitablemente un efecto sobre las cuotas hipotecarias, porque el 87% de los préstamos hipotecarios son a tipo variable.
Finalmente, ha recordado que las hipotéticas actuaciones de la recién creada Autoridad Macroprudencial podrán, previsiblemente, acarrear críticas de la opinión pública, de los consumidores y de las propias entidades, porque el objetivo que buscan es la restricción del crédito focalizada en un sector determinado.
En el caso del sector inmobiliario, esas medidas encarecerán y frenarán el crédito y dificultarán inevitablemente el acceso a la vivienda en propiedad, aunque sea de modo coyuntural. 
"El resultado de la no acción por parte del supervisor es infinitamente peor que su alternativa", ha concluido.

El ministro Planas asegura que los agricultores seguirán percibiendo las ayudas de la PAC aunque se produzca el Brexit

ZARAGOZA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que los agricultores seguirán percibiendo las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) aunque se produzca el Brexit.

Planas ha remarcado que recibirán estas subvenciones exactamente igual que como lo han estado haciendo y hasta que entre en vigor la nueva PAC.
En un acto para los medios de comunicación este jueves durante el 14º Salón Internacional para la Producción Animal, FIGAN 2019, en Feria de Zaragoza, Planas ha recordado que esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra en Bruselas, donde se está hablando de la prórroga del Brexit solicitada por la primera ministra británica, Theresa May.
En este contexto, ha lanzado "un mensaje de tranquilidad" a los agricultores y ganaderos españoles: "En cualquier supuesto en que se produjera el Brexit, nuestro agricultores van a continuar percibiendo hasta el final de este marco comunitario, exactamente igual, las ayudas de la PAC".
Al ser preguntado por la nueva PAC, Luis Planas ha mencionado que, ante el retraso del acuerdo comunitario sobre el presupuesto europeo 2021-2027 y de la reforma de los tres reglamentos en materia de Política Agraria Común, va a producirse "necesariamente" una demora "como mínimo de un año" en su aprobación.
"En todo caso, primero lo que hace falta es un buen acuerdo para España y, por tanto, para el conjunto de nuestro sector agrícola y ganadero. El tiempo, que sea unos meses antes o después, no importa, lo importante es que sea un buen acuerdo". 
Así, ha incidido en que la posición del Gobierno de España es mantener "el nivel de apoyo" que ha tenido el sector en el presente marco, en el periodo 2014-2020.
Por otra parte, ha remarcado que si se produjera un retraso, "ya ocurrió con la anterior PAC", no hay "ninguna preocupación", ya que los agricultores y ganaderos continuarían manteniendo "el nivel de apoyo que actualmente perciben a este respecto".

Los grandes bancos españoles, terceros con mayor volumen de préstamos dudosos de toda la eurozona

FRÁNCFORT.- Las entidades bancarias significativas de España acumulaban al cierre del tercer trimestre de 2018 préstamos dudosos por importe de 95.400 millones de euros, cifra que supone una reducción anual de 16.500 millones, pero que mantiene a las entidades españolas como las terceras que acumulan un mayor volumen de préstamos en riesgo, solo por detrás de los bancos italianos, con 153.400 millones, y de los franceses, con 130.200 millones, según datos del Banco Central Europeo (BCE).

No obstante, en relación al volumen de préstamos y anticipos concedidos, la ratio de préstamos dudosos de las entidades significativas españolas se situó en el 4,1%, por debajo de la media del 4,2% del conjunto de la zona euro, y siete décimas menos que un año antes.
En este sentido, los bancos griegos y chipriotas volvieron a registrar las mayores ratios de dudosos, con niveles del 43,4% y del 20,7%, respectivamente, con un volumen de 90.000 millones de préstamos de riesgo en el caso de los bancos de Grecia y de 7.400 millones en el de las principales entidades de Chipre.
Si se analiza la tendencia, la ratio de préstamos dudosos disminuyó de forma considerable, en términos interanuales, en las entidades significativas de Chipre (-13,3 puntos porcentuales), Eslovenia (-5,3 pp), Irlanda (-3,7 pp), Portugal (-3,6 pp), Grecia (-3,2 pp) e Italia (-2,5 pp).
Por contra, la peor evolución en la reducción del peso de los préstamos dudosos correspondió a Lituania, donde la ratio aumentó una décima, hasta el 3,2%, mientras que en Malta solo bajó dos décimas, hasta el 3,5%.
En total, el volumen de préstamos dudosos de las entidades significativas de la zona euro se situó al cierre del tercer trimestre de 2018 en 627.700 millones de euros, un descenso de 131.400 millones respecto al año anterior, mientras que la ratio media para la banca de la zona euro bajó al 4,2% desde el 5,2% de un año antes.
A pesar de esta disminución, el BCE reconoció que el nivel agregado de préstamos dudosos en el sector bancario europeo "continúa siendo alto en términos internacionales, y el saneamiento de los balances llevará más tiempo", por lo que su reducción y cobertura seguirá siendo una prioridad de la entidad en su labor como supervisor en 2019.

Sabadell, Santander, Bankinter, BBVA, CaixaBank y Cajamar adoptan la nueva norma para pagos internacionales

MADRID.- Banco Sabaddell, Banco Santander, Bankinter, BBVA, CaixaBank y Grupo Cooperativo Cajamar, que en conjunto representan cerca del 85% de los pagos internacionales en España, son las seis entidades que operan ya con el servicio 'Swift gpi', la nueva norma estándar de innovación global.

'Swift gpi' es un servicio rápido de pagos internacionales, con seguimiento en tiempo real, trazabilidad y transparencia en las comisiones bancarias y los tipos de cambio. Bajo esta nueva norma, que supone el mayor cambio en este ámbito producido en los últimos treinta años, se han comprometido a operar más de 3.500 bancos a nivel mundial.
En 2018 se transfirieron más de 40.000 billones de dólares (35.076 billones de euros), unos 300.000 millones de dólares (263.108 millones de euros) al día, a través de 'Swift gpi'. La rápida adopción por parte del sector ha hecho que la proporción de mensajes de pago internacionales utilizando gpi fuera del 56% a finales del año, un 270% más que un año antes.
"Desde Swift queremos agradecer a los bancos participantes en 'gpi' el paso adelante en la industria de los pagos, y en especial a las entidades españolas, que han demostrado ser un icono de la innovación en la banca transaccional global", ha indicado el director de Swift Iberia, Juan Carlos Botrán.
Botrán ha explicado que esta nueva norma permite cubrir las necesidades de los ordenantes y beneficiarios de los pagos transfronterizos. Asimismo, ha asegurado que lo "más valioso e innovador" vendrá en las próximas fechas, con el despliegue de nuevas funcionalidades como la pre-validación, la gestión de incidencias o los enlaces con plataformas de comercio electrónico.

Se renueva por cuatro años el Consejo Asesor Regional de Participación Ciudadana

MURCIA.- La Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia (Huermur) ha ingresado en el Consejo Asesor Regional de Participación Ciudadana de la Región de Murcia para los próximos cuatro años. 

 Así lo notificó en la mañana de este jueves la Consejería de Transparencia, a través de su Secretaría General y la Oficina de la Transparencia, a Huermur tras el sorteo público realizado este pasado miércoles.
Huermur pasa a ser así uno de los diez vocales designados por la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Comunidad para las entidades ciudadanas de toda la Región que formarán parte de este importante Consejo. 
También formarán parte otros tantos representantes elegidos entre empleados públicos al servicio de la CARM y expertos externos de reconocida competencia en el ámbito de la participación ciudadana.
Desde el colectivo conservacionista señalan que, de los diez vocales de entidades ciudadanas elegidas, Huermur es la única entidad civil relacionada con la conservación y protección del patrimonio cultural, el medioambiente, y la ordenación del territorio y urbanismo.

El juez del nº 8 suelta a los tres propietarios de la residencia ilegal de ancianos; al padre, bajo fianza

MURCIA.- El juez titular del juzgado de instrucción nº 8, David Castillejos, ha soltado esta tarde a los tres propietarios de la residencia ilegal de ancianos del centro de Murcia, ILE Senior Club, si bien al padre bajo una fianza de 50.000 euros por considerarlo presunto cabecilla de la trama supuestamente criminal desarticulada por la Policía Nacional. Esta noche Julián Ramón L. G. ingresó en prisión provisional en el CP de Sangonera mientras satisface esa cantidad en la caja de los juzgados. La esposa y el hijo han quedado en libertad provisional con cargos y ya se han puesto manos a la obra para reunir la citada cantidad.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Murcia y por el Grupo de Delitos Económicos de la Jefatura Superior.
El aviso lo dió días atrás una empleada de una sucursal bancaria que vio cómo una clienta, de avanzada edad, intentaba, flanqueada por el matrimonio propietario de la residencia ilegal, sacar una gran suma de dinero de su cuenta. La trabajadora no dejó a la anciana retirar esa cantidad y, a continuación, llamó a la Policía.
La Policía Nacional atribuye a los tres sospechosos presuntas coacciones, presunta detención ilegal, presunta apropiación indebida, presunta estafa y supuesto intrusismo, presuntas lesiones, presunto trato degradante vejatorio, supuesta organización criminal, presuntos delitos contra la salud pública, contra los derechos de los trabajadores y robo con violencia. 
El magistrado Castillejos ha tomado hoy declaración a los tres detenidos (quienes se repartían, en mayor o menor grado, la gestión) durante varias horas antes de dictar esta resolución mientras la Policía Nacional sigue registrando el lugar, donde ya encontró armas y 100.000 euros en efectivo cuya procedencia está por determinar, en busca de nuevas pruebas a añadir al testimonio de los supuestos afectados y sus familias así como de ex empleados y de funcionarios competentes de la Consejería de Familia, la Consejería de Salud y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

'Bankia' contempla nuevos cierres de oficinas

VALENCIA.- El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, reconoce que la entidad puede cerrar oficinas para adaptarse al mercado, pero asegura que «no será algo abrupto». El banquero ha explicado que ya se aplicó un ajuste de oficinas y un ERE en plena crisis y otro tras la fusión con BMN que situó a la entidad en una situación mejor que otros competidores.

En su opinión, la red debe adecuarse a las nuevas tendencias y a la demanda de los clientes, lo que obliga a realizar cambios y adecuaciones de la estructura, aunque no ha precisado su alcance del ajuste, según el diario Las Provincias.
Por otra parte, Goirigolgarri defiende que Bankia no debe convertise en un banco público, perpetuando la intervención de 2011. 
El presidente de la entidad ha pedido que el gobierno que surja de las próximas elecciones se comporte de forma «tan exquisita como lo han hecho los gobiernos hasta ahora» para hacer un proyecto «profesional e independiente» y que tenga claro que el objetivo de su privatización, «que es muy buena decisión por encima de tacticismos políticos«.
De este modo, señala sin citar las repetidas ocasiones en las que Podemos ha puesto sobre la mesa la conversión definitiva de la entidad en un banco público. Esta opción que podría estar sobre la mesa en un pacto de gobierno de izquierdas, ha sido repetidamente rechazada por Goirigolzarri.
Sobre los últimos aplazamientos de esta privatización, considera que no se pierden oportunidades y asegura que éste no es el momento de privatizar, teniendo en cuenta el contexto. 
Por otra parte, aunque no descarta una fusión con una entidad del resto de Europa, por el interés de las autoridades comunitarias, le parece difícil «visualizarlas».

La CHS concede 11 hm3 al año para la desaladora de Águilas

MURCIA.- La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) concedió 11 hectómetros cúbicos al año de aguas desaladas de la planta desaladora Águilas-Guadalentín para los municipios de Lorca, Águilas, Totana, Alhama de Murcia, Mazarrón y Puerto Lumbreras y al almeriense de Pulpí.

El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publica este jueves la concesión del agua para usos agropecuarios, que beneficiará a las comunidades de regantes de los municipios con diferente cupo en función de la superficie regable o del uso ganadero demandado.
En el caso de la Comunidad de Regantes de Lorca se le asignan 2,4 millones de metros cúbicos al año para una superficie regable de 23.402 hectáreas; en el de al Comunidad de Regantes de Águilas percibirá un máximo de 1,5 millones de metros cúbicos anuales para 6.000 hectáreas.
Para Alhama concede un volumen máximo anual de 1,1 millones de metros cúbicos de los que 300.000 serán para explotaciones ganaderas; Puerto Lumbreras percibirá un millón de metros cúbicos y Pulpí 1,5 millones.
En el caso de Totana, para una superficie de 10.764 hectáreas -casi 3.00 de regadío consolidado- el volumen máximo anual concedido es de 3,2 millones de metros cúbicos anuales de los que 500.000 serán para granjas.

Díez de Revenga comparecerá en la Asamblea por la adjudicación de contratos a la empresa que fundó

CARTAGENA.- El director general de Transportes, Costas y Puertos, José Ramón Díez de Revenga, comparecerá el próximo lunes, a las 9.30 horas, para explicar ante la Comisión especial de Investigación sobre Contratos, Avales y Subvenciones de la Asamblea Regional la adjudicación a una empresa que fundó y de la que es accionista de la ampliación de los puertos de Lo Pagán y Las Villas (San Pedro del Pinatar).

Así lo ordenó este jueves la Junta de Portavoces, que se reunió tras sendas reuniones de las comisiones del Estatuto del Diputado, que ha analizado la declaración de bienes de Díez de Revenga, y de investigación, que decidió solicitar la comparecencia del director general por si hubiera colisión entre los intereses públicos y privados en este asunto, según aseguran PSOE, Podemos y Ciudadanos.
Sin embargo, el PP critica que la oposición utiliza este tema para desgastar al Ejecutivo de cara a las elecciones autonómicas, además de abogar recabar la información y la documentación necesaria para analizar si hay alguna anormalidad antes de ordenar su comparecencia.
El presidente de la comisión de investigación y diputado socialista, Rafael González Tovar, explicó que este órgano va a requerir a la Consejería de Fomento e Infraestructuras los expedientes sobre estos dos proyectos, al tiempo que ha considerado «complicada» la situación generada por Díez de Revenga al existir, en su opinión, otro ejemplo de «confusión entre lo público y lo privado».
Por otra parte, la Comisión del Estatuto del Diputado decidió pedir al Consejo de Gobierno la documentación de todas las declaraciones de bienes y de todos los expedientes de abstención que hayan podido producirse por parte del director general, de forma que se decida si ha habido alguna incompatibilidad.
La comparecencia de Díez de Revenga supondrá la primera reunión de la Comisión Especial de Investigación sobre Contratos, Avales y Subvenciones en la Asamblea Regional, que se constituyó en marzo de 2016 y que no ha tenido actividad en estos tres años.

El futuro de los centros de educación especial, en el aire

MADRID.- Un informe de Naciones Unidas acusa a España de discriminar a los alumnos con necesidades especiales y apuesta por llevarlos a centros ordinarios, por lo que el futuro de los centros de educación especial está en el aire. Un asunto que se va a abordar esta semana en el I Congreso Nacional Interdisciplinar de Educación Especial porque muchas familias creen que el Gobierno, aunque se empeñe en desmentirlo, amenaza con cerrarlos, recuerda la Cadena Ser.

"No sé qué se creen que hacemos los padres", ha argumentado Francisco, padre una niña con parálisis cerebral, en Hora 25. "Siempre digo que el colegio de mi hija es un centro de alta rendimiento para la inclusión. Uno de los objetivo es crear un entorno en que los niños se sientan seguros, incluidos y se diviertan en sus clases".
Su hija Paulina, según ha explicado este miembro de la plataforma 'Educación inclusiva sí, especial también', progresó enormemente gracias a la atención de un centro de educación especial: "Los avances se notan desde el primer mes. La niña empezó a responder cognitivamente mucho mejor y gracias al colegio hemos descubierto cosas muy interesantes, como que físicamente está muy afectada, pero cognitivamente no tanto. Nos han enseñado técnicas para comunicarnos. Cosas que, gracias nos dan cada vez más esperanzas".
Pero Naciones Unidas apuesta por abolir la educación en centros separados de alumnos discapacitados y por integrarlos en el sistema ordinario con los ajustes que requieran. El informe, publicado en 2018, es muy duro con España. En sus conclusiones dice que aquí se margina a los alumnos discapacitados por escolarizar a un 20 % de ellos aproximadamente en centros especiales.
Para la ONU, la escolarización en ese tipo de centros invisibiliza a las personas con discapcidad dejándolas fuera del sistema general, identificándolas desde sus primeros años de vida "como personas que no pueden lograr como las demás".
En España hay 220.000 alumnos con discapacidad matriculados, según datos oficiales del curso 2016-2017. La mayoría, más de 180.000, ya estudian en centros ordinarios. Pero hay otros 35.000 (17 %) que lo hace en centros especiales o en aulas especificas de colegios ordinarios, que son los dos modelos rechazados por la ONU. En España hay 477 centros de educación especial. Un 59 % son privados, casi todos concertados. El 41 % son públicos, aunque escolarizan al 58% de los alumnos.
El Gobierno asume la recomendaciones de la ONU y ha incluido en el proyecto de Ley que reforma la LOMCE una apuesta evidente por la educación inclusiva. Su apuesta pasa por desarrollar, en el plazo de 10 años, un plan que permita que los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad y añade que los centros de educación especial continuarán para escolarizar a los alumnos que requieran una atención muy especializada y como centros de referencia par los ordinarios.
El Ejecutivo ha repetido por activa y por pasiva que eso no va a suponer el cierre de estos centros. Pero la redacción de la ley no lo deja tan claro, lo cual sigue alimentando la preocupación de muchas familias, convencidas de las ventajas de estos centros. Francisco.
José María Escudero Andrés, presidente de la plataforma 'Educación inclusiva sí, especial también', critica también el rigor del informe: "La información que nos llega es que no se ha visitado ningún colegio de educación especial en España. No te puedes llevar una buena idea si no conoces los centros".
Su experiencia como padre le ha llevado a defender los centros de educación especial. "Mi hijo Jaime tiene 9 años y tiene autismo. Con 6 años estuvo en un colegio ordinario. Luego en un aula específica en un colegio ordinario. Estaba feliz, bien atendido y era tremendamente querido. Pero las propias profesoras nos dijeron que necesitaba que se trabajase más cón él para sacar más rendimiento a sus capacidades. Así que visitamos varios colegios, nos decantamos por uno y le hicieron un traje a medida. En dos o tres meses vimos una evolución tremenda".
Distinta es la visión de Luis Cayo, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), el organismo que denunció ante Naciones Unidas la posible vulneración de los derechos de los menores en estos centros de educación especial. "Las familias nos parecen absolutamente respetables. Yo soy una persona con discapacidad. Pero invitamos a una evolución para que las soluciones inclusivas estén al alcance de todas las familias".
Según Cayo, es comprensible que, "ante el deterioro de la educación ordinaria, los padres de niños con discapacidad se planteeen alternativas", pero él apuesta por "evolucionar y darle la respuesta que quiera a cada persona", siguiendo la tendencia marcado por Naciones Unidas.
"Lo último que queremos es perjudicar a nadie. Hemos vivido la exclusión y la discriminación, no se lo deseamos para nadie. Pero en el mundo de la discapacidad, si hay algo que nos caracteriza, es la falta de apoyos. Nada que sea bueno tiene que ser cerrado o desmantelado. ¿Pero nos vamos a negar a alacanzar mejores cuotas de participación e inclusión? ¿No podemos tener nuevos horizontes?".

Banca: solo quedarán seis entidades tras las fusiones

MADRID.- La batalla por sobrevivir en el mapa bancario español se intensificará en los próximos meses por el retraso en la primera subida de tipos en Europa desde 2011. La escasez del negocio, el crédito cayó un 3,9% en 2018, y la baja rentabilidad catapultarán las nuevas fusiones. El mapa bancario español ha pasado de 45 a 13 entidades en una década tras varios rescates públicos y después de la primera resolución europea protagonizada por Popular en junio de 2017. Pero la perspectiva es que en el mercado español no haya hueco para más de seis o siete bancos, según estimaciones de varios expertos, según Expansión

Desde Analistas Financieros Internacionales (Afi) comparten que aún hay recorrido para más concentración bancaria en España, sobre todo si se prolongan los bajos tipos.
"Hay muchos bancos que no tendrán fácil seguir adelante", indica un alto directivo del sector financiero. Los tipos de interés al 0% hacen casi imposible cubrir el coste de capital, que es el mínimo que exigen los inversores para invertir en los bancos.
"Es muy difícil ser rentable en este entorno", admiten fuentes próximas a las grandes entidades. De hecho, la mayoría de los doce principales bancos españoles aún no son lo suficiente rentables como para cubrir el coste del capital, que los expertos sitúan entre el 9% y el 10% dependiendo de la entidad.
Sólo Santander, BBVA, Bankinter y Abanca superan esta barrera en España para ser rentables, según un informe de Alvarez &Marsal (A&M) sobre el top 12 de los bancos a cierre de 2018. Ibercaja y Banco Cooperativo de Crédito, la cabecera del Grupo Cajamar, son los menos rentables y estarían muy lejos de cubrir el coste del capital, con unas ROE del 1,4% y del 2,7%, respectivamente.
A&M estima que el tamaño óptimo para operar en España oscilará entre los 200.000 millones y los 300.000 millones de euros en activos. Actualmente, sólo Santander, tras sumar Popular; CaixaBank; BBVA y Bankia, que integró BMN en 2018, entrarían en este umbral mínimo para competir. 
Puede haber espacio en el panorama bancario español para entidades de menor tamaño, como Bankinter, una de las más rentables y eficientes.
"El modelo de negocio de las entidades más pequeñas no es viable a no ser que se centre en una estrategia nicho como la de Bankinter. La falta de viabilidad está directamente unida al tamaño. Las entidades pequeñas no son capaces de generar escala de negocio rentable que permita cubrir los requerimientos regulatorios actuales", explica Fernando de la Mora, director general de A&M en España y Portugal.
De la Mora apunta a las dificultades de la banca mediana por cumplir con los requisitos de MREL, que es la cantidad de pasivo que las entidades deben tener en su balance para asumir futuras pérdidas, y para afrontar las inversiones en tecnología necesarias para transformar los modelos de negocio.
Desde Afi también se sitúa a la banca mediana como protagonista por sus bajos niveles de rentabilidad y eficiencia. "Pero habrá que ver caso por caso y en función de los modelos de negocio", señala Fernando Rojas, analista de servicios financieros de Afi.
Precisamente dos entidades medianas como Unicaja y Liberbank han abierto la espita de la nueva ronda de concentración en España. Ambos bancos ultiman su proyecto de fusión, que sumaría cerca de 96.000 millones en activos, aunque desde el sector no se descarta que un tercero se pueda sumar a la integración. 
Abanca, que irrumpió en medio de las negociaciones de Unicaja y Liberbank, está interesada en hacerse con la segunda, con la que crearía también la sexta entidad por activos, con 90.000 millones.
Algunos directivos avisan sobre los problemas de competencia que generarían un mapa bancario con pocas entidades, aunque según Francisco Uría, socio responsable de servicios financieros de KPMG y socio principal de KPMG Abogados, no tendría mayores efectos ni desde el punto de vista de la competencia ni respecto a la inclusión social. 
Para Uría, se ha creado un ecosistema de prestadores de servicios financieros en el que coexisten bancos, otro tipo de entidades de crédito y los nuevos jugadores como las fintech y, en el futuro, las grandes tecnológicas.

Sanidad propone un tope de mil pacientes por médico y enfermero de atención primaria

MADRID.- Pocas afirmaciones son más compartidas en el mundillo sanitario como que la atención primaria es la clave, la puerta del sistema que debe asumir los cuidados a una población cada vez más envejecida y pluripatológica. Y también que es un sector abandonado, con protestas de los profesionales, falta de ellos y sobrecarga de trabajo como denuncian los médicos gallegos en sus protestas actuales. 

En medio de esta situación, el Ministerio de Sanidad ha presentado a las comunidades esta mañana un plan para potenciarla. Entre sus medidas, un objetivo catalogado como "a largo plazo": que en 2025 todos los profesionales (médicos y enfermeros) de primaria "tengan cupos que cumplan criterios ajustados a las características demográficas, epidemiológicas y socioeconómicas de la población. 
Una cifra de partida aceptable, sujeta a este análisis pormenorizado de los criterios, es que los cupos no superen las 1.000 personas, y en el caso de pediatría, las 1.500 personas", dice el documento que la ministra, María Luisa Carcedo, ha presentado este jueves a los representantes de las comunidades y recoge El País.
Para conseguirlo habrá que hacer un importante esfuerzo. En 2017, último año con datos, la media de tarjetas sanitarias por médico era de 1.347 (un 34,7% más que el objetivo del plan), y solo Castilla y León, con 916 estaría por debajo, aunque dadas las circunstancias (envejecimiento, dispersión de la población rural) ya se afirma que no basta con esa tasa. 
En el extremo opuesto está Baleares, con 1.762 tarjetas por médico. En total, si la población se mantuviera, para llegar a una media de 1.000 pacientes por facultativo haría falta pasar de los 28.980 médicos de 2017 a 39.326.
En enfermería, la tasa actual es de 1.547 pacientes de media para cada uno de los 29.662 profesionales. Harían falta 16.000 más. Y en pediatría, la proporción de 2017 es de 1.018 tarjetas para cada uno de los 6.506 pediatras, por lo que estarían por debajo de la media que se pretende, pero hay que tener en cuenta que en muchos casos actuales los niños son seguidos por médicos de atención primaria y no por pediatras.
Las cifras propuestas son difíciles de conseguir. El reciente estudio sobre oferta y demanda de especialistas que presentó el Ministerio de Sanidad calcula que el 63,4% de los médicos de familia y el 55% de los pediatras tiene más de 60 años, lo que quiere decir que se van a jubilar en cinco años como mucho. 
Esas plazas habrá que reponerlas y aumentarlas. Y en ese sentido los consejeros han apuntado a la necesidad de ampliar la oferta de especialistas, con la reclamación incluso de un MIR extraordinario para primaria. 
Este ya fue rechazado por Carcedo al término del último consejo interterritorial (la reunión de coordinación entre el ministerio y las comunidades), cuando explicó que era preferible aumentar las plazas de las próximas convocatorias MIR ya que si no se produciría un solapamiento de los ciclos formativos.   
Para casos como el de Castilla y León y otras comunidades con características similares (Castilla-La Mancha, Galicia) u otros rasgos especiales (la insularidad, por ejemplo) se propone "identificar Zonas Especiales de Salud que, por sus especiales características demográficas y geográficas, precisarán una estrategia diferenciada para la contratación de profesionales y para la prestación de servicios".
El plan presentado establece que las ofertas públicas de empleo deben ser "al menos" bienales. Estas convocatorias son autonómicas y se reactivaron en 2017 después de que se redujeran al mínimo durante la crisis (desde 2012), cuando se estableció que la tasa de reposición del personal no podía ser de más del 10%. 
Precisamente, Sanidad propone, "a medio plazo", mantener una tasa de temporalidad inferior al 10%. De nuevo, los datos del ministerio reflejan lo difícil que va a ser. Estos demuestran que en 2014 el 70% de los contratos de médicos de familia eran por menos de un mes por el 64% de los demás especialistas. 
En 2017 la situación no era mucho mejor: ese año se firmaron casi veinte mil (19.978) contratos temporales con médicos de familia (equivalentes al 51% del total de médicos de familia del sistema nacional de salud en enero de 2018).  En 2017 solo el 6,9% de los contratos de los médicos de familia fueron indefinidos (el 9,4% para otros especialistas).
En esa línea y con la idea de fidelizar a los médicos jóvenes, se propone "nivelar los salarios" entre los profesionales de atención primaria y especializada. Y también "ofertar a los residentes que finalizan el periodo de formación sanitaria especializada, contratos de área con vinculación a equipos, de al menos dos años de duración", con lo que se reducirá la precariedad.
El documento, que aún puede ser sujeto de cambios, va más allá de los médicos y el personal de enfermería y propone que la cartera de servicios plantee una "integración en la atención primaria de todos los profesionales, sanitarios y no sanitarios, que vayan a trabajar en este ámbito, definiendo sus funciones y los servicios que deben desarrollar. 
Y cita a especialistas en medicina familiar y comunitaria, especialistas en enfermería familiar y comunitaria, especialistas en pediatría, especialistas en enfermería pediátrica, matronas, psicólogos o profesionales de la salud mental, fisioterapeutas, odontólogos, higienistas dentales, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, trabajadores sociales, profesionales de las unidades administrativas, farmacéuticos de atención primaria y optometristas como posibles componentes.
El proyecto muestra que todo esto, más aspectos como la promoción de la investigación en atención primaria y la necesaria utilización de la sanidad electrónica (la historia clínica) interconectada para todos los profesionales implicados, tanto de primaria como en hospitales, necesita dinero. 
No hay una cifra en el texto, pero sí se menciona la necesidad de "habilitar créditos en el presupuesto de gastos anual del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para financiar determinadas actuaciones de las comunidades autónomas en atención primaria enmarcadas en la implementación de la Estrategia de Cronicidad, la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención y la Estrategia de Seguridad del Paciente en el Sistema Nacional de Salud".
La reunión de ayer dejó con buen sabor de boca a los consejeros autonómicos, informa Efe. “Todos tenemos el compromiso de trabajar por mejorar la atención primaria, abordando las prioridades”, dijo Antonio Sáez (PP, Castilla y León). 
El de Madrid, Enrique Ruiz (PP), también destacó la “lealtad institucional” de las comunidades, al margen de su signo político, para dar a la primaria “la dimensión que merece”. 
La idea de que hace falta una coordinación del ministerio también la expresaron José María Vergeles (Extremadura, PSOE) y Jesús Vázquez (Galicia, PP). Este solicitó un MIR extraordinario, como su homóloga de La Rioja, María Martín (PP). Jesús Fernández (Castilla-La Mancha, PSOE) resaltó la idea de que todos los MIR pasen por Medicina de Familia.

La Comunidad Autónoma renuncia a regular por decreto los VTC y pide que lo haga el Estado

CARTAGENA.- El consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, ha comunicado este jueves en la Asamblea Regional a medio centenar de taxistas de la Región que su departamento no va a regular por decreto autonómico la actividad de los Vehículos de Turismo con Conductor (VTC) y ha apostado por que lo haga el Gobierno central.
La reunión se ha producido tras rechazar el PP y Ciudadanos una moción del PSOE, apoyada por Podemos y por el sector del taxi, en la que se reclamaba a la consejería de Fomento e Infraestructuras que determine mediante decreto las condiciones en las que se podrán autorizar y prestar los servicios de transporte de viajeros en la Región, tal y como se contempla en el Real Decreto Ley aprobado a nivel nacional en septiembre de 2018.
En su lugar, los diputados populares y naranjas han aprobado una enmienda a la totalidad en la que se pide al Gobierno central que legisle esta materia para evitar la disparidad de normativas por las comunidades autónomas, como ya se ha aprobado en Aragón, Cataluña o Baleares.
Durante el debate, la diputada socialista Presentación López ha acusado a Valverde de haber permitido, con la llegada de la plataforma Cabify a la Región, que a su departamento le haya "pillado el toro sin haber querido cogerlo por los cuernos" cuando el transporte es competencia autonómica.
López ha reprochado al consejero que haya "guardado en el cajón" la propuesta de decreto autonómico presentada por los representantes de los taxistas, que contempla la obligatoriedad de los vehículos VTC de ser precontratados con una hora de antelación mínima, no poder activar la geolocalización y tener que volver a su base tras prestar un servicio.
En la misma línea se ha pronunciado el parlamentario de Podemos Andrés Pedreño, ha emplazado a Valverde a que actúe con "urgencia" y apruebe un decreto autonómico que pueda ser aprobado por la Asamblea Regional antes de las elecciones del 26 de mayo. "Dejando en el vacío la regulación autonómica, van a provocar que todas las licencias VTC terminen en la Región", ha espetado.
Sin embargo, el diputado del PP Javier Iniesta ha considerado una "locura" que las comunidades autónomas tengan que regular un "tema tan complejo" porque el Gobierno central "se lava las manos y pasa el muerto" a las autonomías.
En ese sentido, el parlamentario de Ciudadanos Luis Fernández ha criticado el "cinismo" del PSOE por pedir que se apruebe un decreto autonómico cuando el Gobierno socialista le "pasó la pelota" a las comunidades en una "clara dejación de funciones" .
El portavoz de Radio Taxi Murcia, Sergio Navarro, ha lamentado que el Gobierno regional no quiera legislar sobre esta materia, y ha considerado "insuficiente" la actividad sancionadora que puede llevar a cabo la inspección de la Consejería, compuesta por tres inspectores.
Valverde se ha comprometido a convocar una reunión para abordar la situación del sector en la que estén presentes tres representantes del taxi y otros tres de los vehículos VTC.

El consejero Del Amor critica al presidente de la CHS por su falta de previsión

MURCIA.- El consejero de Agricultura de la Región de Murcia, Miguel Ángel del Amor, ha considerado este jueves una irresponsabilidad que vayan a producirse restricciones de agua en la cuenca del río Segura "cuando tenemos unos pozos de sequía que llevan seis meses parados y, por lo tanto, hay una falta de previsión clara por parte del organismo de cuenca, es decir, por el presidente de la Confederación".

A su juicio, hay que abrir esos pozos de sequía porque no entendemos por qué al poco de llegar se cerraron "y también tenemos otra herramienta, que es la desaladora de Torrevieja", apuntó.
"No se puede hablar de aumentar esas limitaciones y culpar a la climatología cuando no hay una previsión clara", recalcó.
"Tienen que saber que la cuenca estaba en prealerta, y de hecho estamos actualmente en prealerta", añadió.
"Hay que vigilar cada día, tal y como hace la Comunidad Autónoma, la situación de la cuenca", agregó.
"Si tenemos un mecanismo que se aprobó en esa prórroga, de ese Decreto de sequía, no podemos hablar de más restricciones, no podemos restringir a los agricultores más si no hemos hecho los deberes", insistió.
Recordó que en Navidad se anunció que se iba a poner en marcha y no entendía cómo esos 40 hectómetros cúbicos de agua "que son fundamentales entre los pozos de sequía y lo que puede aportar Torrevieja; estaríamos hablando de más del 35 por ciento de reservas que tenía la cuenca".
"No podemos pedirles a los agricultores un esfuerzo si la Confederación no lo ha hecho", concluyó.

La 'mafia del agua', el último torpedo de Castilla-La Mancha para derrotar a Murcia

MADRID.- La guerra entre Castilla-La Mancha y la alianza que forman Murcia y la Comunidad Valenciana ha entrado en una fase nunca vista en cuarenta años de conflicto. Por primera vez, el Tribunal Supremo se ha pronunciado y ha dado la razón a los castellano-manchegos en su lucha por eliminar el trasvase Tajo-Segura, según interpreta hoy El Confidencial. 

El Alto Tribunal anula varios artículos del Plan Hidrológico del Tajo por no fijar caudales ecológicos, y exige que en adelante se cumplan esos mínimos en toda la cuenca. Es decir, solo cuando ese caudal esté garantizado se podrá abrir el grifo del agua hacia la cuenca del Segura. Hasta ahora, solo había que cumplir con un "caudal legal" muy reducido que se tomaba en tres puntos concretos, Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina.
¿Y ahora qué?, se preguntan los municipios y plataformas ecologistas de Castilla-La Mancha, quienes llevan años alertando de la catástrofe medioambiental que sufre la cabecera del Tajo y parte de su cauce, y también las 300.000 personas que viven de la llamada 'huerta de Europa' y del sector turístico en Murcia y Alicante y necesitan agua abundante para sus negocios. 
Casualmente, desde hace unas semanas, un documental cofinanciado por la Junta de Castilla-La Mancha se está exhibiendo en pueblos y festivales ofreciendo una visión rompedora que, de ser cierta, solucionaría de un plumazo el eterno conflicto y dejaría con las vergüenzas al aire al gobierno de la Región de Murcia. 
Su protagonista es Francisco Turrión, hidrogeólogo de la Confederación Hidrográfica del Segura, quien afirma que la cuenca del Segura tiene agua suficiente en sus capas subterráneas para abastecer todas las necesidades sin tener que tomar ni una gota más del Tajo. ¿Por qué nadie la explota? Por presuntos intereses empresariales.
"El déficit hídrico es un artificio contable para justificar el trasvase. La cuenca del Segura tiene un superávit de 200 hectómetros cúbicos (hm3) anuales, pero se ha omitido el flujo subterráneo de agua que va al mar para decir que es deficitaria y seguir usando agua del trasvase. Un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona ha determinado, mediante isótopos de radio, que el flujo subterráneo puede ser hasta 15 veces el fluvial. Es decir, habría 15 ríos Segura y 15 ríos Júcar que se van al mar. Eso ya lo dijo el anteproyecto del trasvase en el año 1967 y el Instituto Geológico y Minero de España después, que no se estaba considerando en el balance ese flujo subterráneo de agua", narra Turrión en dicho documental, titulado "El agua secuestrada"
Ya antes, Turrión elaboró un detallado informe para Greenpeace titulado "La trama del agua en la cuenca del Segura, diez años después".
El hidrogeólogo sostiene su tesis ante este diario y asegura que la sentencia del Tribunal Supremo refuerza la necesidad de explorar esos acuíferos. El reloj corre en contra de la economía de Murcia y Alicante si no asumen desde ya que el escenario será pronto muy distinto al de las últimas cuatro décadas. 
"Esa sentencia era cuestión de tiempo. En el año 2000 la directiva marco del agua de la Unión Europea puso de manifiesto la importancia de los caudales ecológicos para mantener los ríos vivos por encima de otras necesidades como puede ser un trasvase. Desde ahora ya no se podrá trasvasar agua si no hay reservas almacenadas en Entrepeñas y Buendía [embalses en la cabecera del Tajo] que mantengan el río vivo. Los políticos de Murcia tiene que darse cuenta cuanto antes de que el trasvase se va acabar y que necesitan alternativas para ser autosuficientes".
Turrión pone como ejemplo de la veracidad de su tesis los 80 pozos y sondeos en la cuenca del Segura que realizó desde el año 2005 en exploraciones para la confederación, y que afloraron un caudal de agua enorme, hasta "100 litros por segundo de agua cristalina" en Hellín y Murcia. 
Durante días, paseantes e inmigrantes usaron esos torrentes de agua subterránea para refrescarse y asearse. Hasta que de repente fueron cerrados. 
Entretanto, la cabecera del Tajo agoniza, al menos en apariencia. La reciente muerte de una oveja atrapada en el lodo de la cabecera del Tajo cuando trataba de acercarse a un charco de agua a beber generó una oleada de repulsa por el trasvase y otorgó una victoria de imagen a Castilla-La Mancha.
"Aquí ya no queda gente, ni en verano. No es que los embalses de Entrepeñas y Buendía no atraigan a turistas, es que los espantan. ", se queja Julián Rebolledo, alcalde de Mantiel y muy implicado en la lucha por cerrar el grifo del trasvase. "Tenemos condiciones para ser un lugar donde se crea trabajo, pero por culpa de estos cuarenta años de expolio el puesto de trabajo más constante es el de enterrador". 
Mantiel, enclavado en un lugar medioambientalmente privilegiado, tiene 42 habitantes censados.
"Cuando se da la información hídrica en la Península se tiene en cuenta el nivel de los pantanos, pero no de los acuíferos y esos son también recursos válidos. Los pozos no se enseñan porque el día que los murcianos vean que tienen agua les va a dar igual el Tajo, van a exigir la suya", sentencia Turrión. 
Otro ejemplo: en la ciudad de Murcia hay unos 200 edificios que de forma constante tienen que estar achicando agua del subsuelo y mandándola al alcantarillado para que los coches no se inunden. "Si en Murcia se fuera la luz durante 24 o 48 horas", insiste Turrión, "muchos coches de los sótanos acabarían con agua hasta los cristales".
¿Por qué el gobierno de Murcia no quiere que se sepa algo tan positivo para la comunidad? "Hay varios intereses. Está el lobby del hormigón, que pretende convencernos de que hay que hacer más presas, más trasvases, más canales y más desaladoras porque no hay agua suficiente. 
Luego hay un segundo interés, el de las empresas agroexportadoras, los agua tenientes, ellos quieren que el reparto del agua siga así y que el Gobierno no oferte más agua a los pequeños y medianos regantes para que no se creen nuevos negocios de exportación hortofrutícola; y tercero es el negocio del agua privatizada, agua urbana, donde empresas semipúblicas geationan el agua de abastecimiento y les interesa hacernos creer que no hay agua suficiente para así cuando nos suban el recibo todos los años un 8% o 10% no protestemos".
José Antonio Andújar, vicepresidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (SCRATS), considera la tesis de Turrión poco verosímiles y lo engloba en la campaña de propaganda política de la Junta de Castilla-La Mancha. 
“Turrión no es imparcial. Hay 20 hidrogeólogos que han desacreditado lo que dice. Ese agua tiene un índice de salinidad muy alto, no es potable ni se puede usar para regar sin desalinizarla. ¿Cómo haces eso? 
Los pozos que él sondeó se tuvieron que cerrar porque no eran aptos. Ojalá tuviera razón y hubiera agua en abundancia, pero yo me baso en los informes oficiales. ¿Cómo es posible que nadie más en España vea esto si es tan evidente, ¿están todos los hidrogeólogos comprados?", se pregunta.
Turrión admite que una veintena de hidrogeólogos firmaron una carta desacreditando su tesis, pero lo atribuye a presiones de la Confederación Hidrográfica del Segura y esgrime que ni el gobierno de Murcia ni la confederación han publicado ningún informe desmontando técnicamente sus afirmaciones. 
"He propuesto organizar unas jornadas técnicas y exponerme a todas sus dudas, pero el gobierno de Murcia solo se dedica a negar que el trasvase se vaya a a terminar. No es la estrategia más hábil", dice el hidrogeólogo.
En realidad, el SCRATS tampoco cree que Castilla-La Mancha haya ganado la guerra. "El Tribunal Supremo indica que hay que respetar el caudal ecológico, pero ahora hay que determinar cuál es ese caudal. Estaremos muy atentos a la confección de ese caudal, vigilando que sea personal técnico y no político quien lo establezca. Hoy mismo [por ayer] pasan 26 hm3 por Toledo y 37 hm3 por Talavera de la Reina, que es el triple de lo que establece el Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo. Todas esas fotos de la oveja muerta y las cabeceras casi desecadas son fraudulentas".
"Los 22 pantanos del Segura cuentan con 270 hm3, y sin embargo en las cabeceras del Tajo tienen 400 hm3 para una población de 12.600 personas. Que no quieran confundir a la gente diciendo que es sequía lo que en realidad es contaminación de las aguas. Con todo lo que han pagado los regantes estos años podrían tener hasta grifos de oro, pero no tienen ni una sola depuradora de agua. Deberían culpar a la Junta de Castilla-La Mancha por su gestión. Con una sola depuradora se acabarían los problemas de abastecimiento de todos sus municipios", prosigue Andújar.
"Si quieren embalses llenos, turismo y barcos recreativos es una cosa, pero el caudal ecológico y lo que marca la ley es otra y está garantizado", abunda en este sentido Alfonso Gálvez, secretario general del sindicato agrario Asaja en Murcia. 
"No nos negamos a que se reabastezca la cabecera del Tajo con trasvases de otros ríos con excedentes como el Ebro o el Duero. Necesitamos ccon urgencia un Pacto Nacional del Agua para terminar con estos problemas, pero no se puede permitir que por intereses políticos se quiera cerrar el trasvase y provocar la ruina económica a una comunidad autónoma", indica. Gálvez advierte que en el momento en que se corte el flujo del trasvase comenzará a destruirse empleo en el Levante.
El próximo gobierno central tendrá que tomar la patata caliente de esta guerra eterna entre Castilla-La Mancha y el Levante por el agua, y tendrá la misión de cuantificar ese caudal ecológico que exige la sentencia. 
María Soledad Gallego, la abogada que ha impulsado la causa en el Tribunal Supremo, advierte de que "la sentencia no es recurrible y es de obligado cumplimiento gobierne quien gobierne". 
"No podemos seguir permitiendo que uno de los ríos más importantes de Europa continué en un estado tan lamentable. La regulación es clara desde hace décadas y si tan importante es el agua para la economía de Murcia, hay que buscar altetnativas cuanto antes en lugar de seguir manipulando los caudales ecológicos por motivos políticos y degradando el Tajo". señala.
Después de 40 años, Castilla-La Mancha ha asestado un duro golpe a Murcia gracias a la sentencia del Tribunal Supremo y a la delantera que ha tomado en la guerra de la propaganda. Pero en Murcia y Alicante no se rinden y prometen dar guerra hasta el último aliento.

Se amplía con una segunda pista de tres kilómetros y nueva torre de control el aeropuerto de Alicante


ALICANTE.- La propuesta de revisión del Plan Director del Aeropuerto de Alicante realizada por Aena para que se estudie la construcción de una segunda pista de aterrizaje y despegue de 3.000 metros de longitud que cubra la demanda turística de la zona en 2035 se acaba de dar conocer por la prensa local.

Actualmente en fase de consulta pública hasta mediados de mayo, el documento vuelve a sopesar varias opciones acerca de las posibles ubicaciones de una segunda pista de tres kilómetros de longitud en el entorno del aeródromo, para acabar concluyendo que la opción de situarla al norte del recinto, de forma paralela a la ya existente, es la que ofrece "más ventajas".
No obstante, el Plan Director aún tiene que superar la fase de evaluación medioambiental por la existencia de un humedal protegido en las inmediaciones.
Fuentes de Aena recuerdan que el Plan Director "no es un plan de inversión sino el estudio de diferentes variables".
El plan de Aena conlleva, a su vez, que dicha nueva pista, ubicada en paralelo a la actual con una distancia de un kilómetro y medio, prevé ocupar 291 hectáreas de nuevos terrenos donde se incluiría la construcción de una nueva torre de control y diversas instalaciones adicionales -viario de enlace entre las dos pistas, dos edificios del servicio de salvamento y extinción de incendios o un nuevo aparcamiento de coches, entre otros-.
Y todo para adaptarse a una previsión, la de 17 millones de pasajeros en el horizonte del año 2035. El aeropuerto de Alicante rozó los 14 millones en todo 2018.