domingo, 23 de diciembre de 2018

IU Lorca denuncia que las providencias de apremio que afectan a las víctimas de los terremotos son contrarias a Derecho


LORCA.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes en Lorca, Gloria Martín, ha denunciado que las providencias de apremio por las que la Agencia Tributaria de la Región de Murcia está exigiendo a los afectados de los terremotos de Lorca la devolución de las ayudas concedidas para la reparación de sus viviendas, no se ajustan a derecho, por lo que reclama que sean "suspendidas" y se devuelvan las cantidades ingresadas por los afectados.

Martín ha lamentado que la Administración esté actuando "como una apisonadora" contra los afectados a quienes está reclamando el cobro de estas cantidades en vía ejecutiva sin que se hayan resuelto los recursos potestativos de reposición ni las solicitudes de suspensión a las órdenes de devolución de ayudas y al pago de intereses de demora al Estado. 
"La Administración no da tregua ni respiro y sigue ejecutando resoluciones sin decidir previamente sobre las medidas provisionales o cautelares solicitadas por los vecinos, lo que es contrario a la Ley", advirtió.
La edil de IU-Verdes explicó que los afectados tienen derecho a que, en el plazo de un mes, la Consejería de Fomento resuelva sobre las solicitudes de suspensión del pago cursadas, en tanto no se resuelvan los recursos presentados, dado que lo contrario puede causar "perjuicios de imposible o difícil reparación" para las víctimas de este procedimiento. Algo que Fomento no ha hecho y, con ello, está "conculcando los artículos 9, 24.1 y 106.1 de la Constitución, contraviniendo la seguridad jurídica, el derecho a la tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión, así como el sometimiento de la actividad administrativa al control de legalidad".
Martín recordó que el artículo 117.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que "la ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto", que es exactamente lo que está sucediendo.
Es decir, a juicio de IU, las providencias de apremio de la Agencia Tributaria son "nulas de pleno derecho" en tanto han sido dictadas "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido" (Artículo 47.1 e, LPACAP). 
"Mientras esté pendiente de contestación una solicitud de suspensión de una liquidación que haya sido recurrida, no procede emitir una providencia de apremio para el cobro en vía ejecutiva de la deuda", aseveró Martín, quien aseguró que existe una importante doctrina jurisprudencial que avala dicho posicionamiento y que es de aplicación en este caso.
Gloria Martín exige, por tanto, que se ponga fin a esta "odiosa práctica administrativa", que se reintegre a los afectados el dinero pagado y que Fomento no traslade ningún expediente a Hacienda hasta que no resuelva previamente los recursos y solicitudes de suspensión presentados por los afectados. 
Al respecto, advirtió que los afectados que han presentado recursos de reposición asesorados por la plataforma "han pedido acogerse a los mecanismos de justificación de las ayudas que establece la Ley 8/2018, y que el artículo 2 de dicha norma dispone que pueden acogerse a ella, todos "los expedientes que se encuentren en tramitación y no hayan prescrito". 
Por ello, insistió en que la CARM respete el Estado de Derecho, y aplique esta Ley "sin más demoras".
Por último, Martín ha animado a los lorquinos que se encuentren en esta situación (que hayan recibido apremios de Hacienda sin que se hayan resuelto las solicitudes de suspensión enviadas a Fomento), que acudan a la oficina de atención ciudadana del Grupo Municipal de IU (tercera planta del Ayuntamiento) para solicitar la anulación de estas notificaciones.

C's Cehegín pide un plan de impulso al sector de la piedra natural durante el debate del estado del municipio


CEHEGÍN.- El pleno sobre el estado del municipio fue “una oportunidad pérdida para que el PSOE realizara un mínimo de autocrítica y reconociera que es incapaz de afrontar los problemas que acucian a nuestra ciudad”, ha señalado el portavoz local de C's, Jerónimo Moya. 

El edil ha criticado duramente que tanto el alcalde, José Rafael Rocamora, como el portavoz del grupo municipal socialista, Ismael Abellán, salpicado por varios casos de presunto enchufismo y adjudicación de contratos a dedo, “decidieran utilizar el pleno para hacer oposición a la oposición”. 
A su juicio, “no nos sorprende haber sido su principal objeto de ataques, invenciones y mentiras en los últimos años, porque demuestra que somos el único partido que ha realizado una oposición seria y rigurosa, denunciando los disparates que Rocamora y sus adláteres, y convirtiéndonos en la verdadera alternativa de cambio y regeneración para Cehegín”. Ciudadanos presentó una propuesta para pedir al Gobierno de España un plan de impulso al sector de la piedra natural, que atraviesa por una situación complicada, “y que es uno de los motores económicos de nuestro pueblo y la comarca”, ha señalado Moya, quien ha informado de que en dicha propuesta ya trabaja la formación naranja.
Ciudadanos ha denunciado en este pleno “la incapacidad del equipo de Gobierno socialista para gestionar los intereses de Cehegín, la carencia de un proyecto serio y creíble, la falta de trabajo de la mayor parte de concejales socialistas que cuatro años después de asumir sus competencias van a presentar unos resultados paupérrimos, o, el hecho de que decenas de mociones de C's y otros partidos de la oposición, algunas aprobadas por el Pleno hace años, sigan sin ponerse en marcha por la indolencia y apatía de los socialistas”.
Moya ha destacado que “en Ciudadanos estamos preparando una candidatura de mujeres y hombres, preparados, con formación y carrera profesional, con un proyecto ilusionante en el que vamos a volcar todas nuestras ilusiones y trabajo para romper la deriva negativa en que cuarenta años de PP y PSOE están sumiendo a nuestro municipio. Cehegín no se puede permitir cuatro años más de un Gobierno como el de Rocamora”.
Desde Ciudadanos se resalta que “bajo el mandato de Rocamora se han agravado problemas como la pérdida de población o el aumento del paro, situando a Cehegín como el segundo municipio con más paro de la Región de Murcia. La agricultura, el turismo, el comercio o la hostelería, por citar algunos ejemplos, no han corrido mejor suerte”, ha destacado Jerónimo Moya, quien ha añadido que “a todo esto hay que unir el malestar generalizado que existe entre la plantilla municipal, la falta de transparencia o la incapacidad de asumir responsabilidades políticas, que tanto gusta Rocamora de pedir a otros, tras los escándalos por el despido de tres conserjes, el caso de la Radio Municipal, la contratación de un miembro de la ejecutiva del PSOE para el Gabinete de Comunicación, actualmente en los juzgados por presunta manipulación de las ofertas; o el más reciente, de unas grabaciones del concejal de contratación Ismael Abellán, en que presuntamente reconocía adjudicación de contratos a dedo”.
El portavoz naranja cree que "el Gobierno de Rocamora, marioneta de los que llevan mandando toda la vida en el PSOE, tiene como único propósito la consolidación de redes clientelares, el uso partidista de la Administración y la crítica permanente a la oposición, salvo a su socio de Podemos, que después de un inicio de legislatura muy crítico con las políticas del bipartidismo, ha decidido seguir la estela de su partido a nivel nacional y rendirse al Partido socialista, su socio de gobierno y con el que espera gobernar  la próxima legislatura".

C's reafirma su compromiso por convertir a Cartagena en Patrimonio de la Humanidad tras su visita al Anfiteatro


CARTAGENA.- El portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, el diputado, Juan José Molina y el portavoz de C's Cartagena, Manuel Padín, han visitado los trabajos de excavación arqueológica en el Anfiteatro Romano de Cartagena. La comitiva naranja estuvo atendida en todo momento por la coordinadora municipal de Patrimonio Arqueológico, Carmen Berrocal, que respondió con detalle todas las preguntas de la comitiva.

El portavoz regional de C's asegura que ha quedado sinceramente impresionado, "los políticos tenemos que darnos cuenta de que este patrimonio tiene que ponerse en valor; estamos hablando de un patrimonio singular y único; sólo hay 18 anfiteatros documentados arqueológicamente, y Cartagena es una de las únicas cuatro ciudades españolas que disponen de un teatro y un anfiteatro monumentales". 
Para Miguel Sánchez, "si logramos rescatar todo lo que hay en este municipio, la candidatura de Cartagena para que sea Patrimonio de la Humanidad, que C's ha impulsado en la Asamblea, estará más cerca". 
Además, ha destacado que estos trabajos tienen que contar siempre con la brújula de la reversión social, "habilitar las visitas para que los ciudadanos puedan visualizar e interiorizar mejor el tremendo valor histórico y cultural que tienen estos auténticos tesoros".
Por su parte, Juan José Molina ha asegurado que "el patrimonio que tiene Cartagena es maravilloso, y lo que tenemos que hacer los políticos es trabajar para que equipos técnicos como el que está trabajando en este monumento, que dentro de diez días se quedan sin dinero y tienen que irse, puedan seguir su labor y sacando esto adelante y que finalmente Cartagena, que tiene todo lo necesario, sea Patrimonio de la Humanidad; eso es por lo que estamos luchando y tenemos que luchar".
Por su parte, el portavoz local de Ciudadanos, Manuel Padín, y a raíz de la información que hoy publica el diario La Opinión, ha señalado que "me ha sorprendido, en las dos visitas que he realizado siempre se nos ha asegurado que se conservaría el muro de la plaza de toros; en cualquier caso, espero que la inminente presentación del Plan Director nos saque de dudas".
Manuel Padín ha recordado que los trabajos de consolidación de la Plaza de Toros se han realizado a través de una de las enmiendas de C's a los presupuestos de 2017 de 200.000 euros, "y tenemos que seguir aportando, porque no podemos depender exclusivamente de subvenciones que pueden o no llegar, como el 1,5 por ciento cultural que concede el Ministerio de Fomento".

Agricultura implantará sondas que miden la humedad del suelo para mejorar la eficiencia del riego en el Campo de Cartagena

MURCIA.- La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca implantará sondas que miden la humedad del suelo para mejorar la eficiencia del riego en el Campo de Cartagena.

La Consejería encargó a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), el pasado mes de mayo, un estudio para analizar la conveniencia de implantar una red lisimétrica en la zona, con el fin de optimizar la aplicación del riego y fertilizantes.
Además, se pretendía valorar las posibilidades de dicha red, con el fin de asesorar a los agricultores en el uso sostenible de la fertilización, ajustando las dosis de abonado a lo estrictamente necesario.
El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Ángel del Amor, destacó que este estudio, que finalizó en el mes de junio, "concluye que la implantación de una red lisimétrica, sondas capacitivas y demás tecnología, podrían favorecer un uso más eficiente del agua y de los fertilizantes en las comunidades de regantes del entorno del Mar Menor, permitiendo así mejorar la sostenibilidad ambiental de los regadíos de esta zona y disminuir las presiones sobre la laguna".
Seguidamente la Consejería, a través de la Dirección General del Agua, sacó a contratación un proyecto constructivo de ingeniería para determinar las obras, equipos, dispositivos, herramientas informáticas y demás tecnología necesaria para facilitar una agricultura de precisión en dichas comunidades de regantes.
El proyecto constructivo ha sido entregado a la Consejería recientemente por la empresa adjudicataria, por lo que el paso siguiente es iniciar el trámite administrativo para implantar esta red.

La Región llega a su menor cifra de parados de larga duración en ocho años

MURCIA.- La Región ha llegado al cierre del pasado mes de noviembre a su menor cifra de parados de larga duración de los últimos ocho años. Concretamente, en la actualidad son un total de 42.519 desempleados los inscritos en el SEF durante doce meses consecutivos o más, un dato que no era tan bajo desde los 40.943 que se contabilizaban a la conclusión de abril de 2010.

Este registro se ha alcanzado gracias al descenso acumulado del 7,74 por ciento de la cifra de parados de larga duración en los últimos doce meses. Dado que la bajada del dato general es del 5,75 por ciento en ese mismo tramo, se pone de manifiesto que el desempleo prolongado está cayendo a mayor velocidad que el del conjunto de la población, en concreto a un ritmo 1,99 puntos superior.
Esa caída en términos relativos del paro de larga duración en el último año se traduce en que 3.565 personas han abandonado esta situación desde noviembre de 2017, cuando el volumen total de este colectivo era de 46.084 desempleados.
A consecuencias de la crisis económica, el número de parados de larga duración llegó a situarse en un 'techo' de 68.916 personas en la Región de Murcia, tras enero de 2014. Por tanto, desde entonces son 26.397 las personas que han abandonado la situación de desempleo prolongado o, lo que es lo mismo, se ha producido un descenso del 38,3 por ciento de ese volumen.
Uno de los principales objetivos relacionados con este colectivo es que su peso sobre el total de desempleados sea cada vez menor. Dicha tendencia a la baja viene sosteniéndose en el tiempo, ya que la proporción se sitúa actualmente en el 40,48 por ciento, mientras que a la conclusión de noviembre del año pasado era del 41,35 por ciento, y tras el mismo mes de 2016 los parados de larga duración suponían el 43,24 por ciento.
Dentro de las ayudas de fomento del autoempleo, un total de 270 desempleados de larga duración se acogieron en el presente año al programa Cuota Cero de la Comunidad para establecerse como autónomos. 
Esta medida, de la que también pueden beneficiarse los jóvenes, reintegra la tarifa del primer año de actividad y ofrece una ayuda inicial de hasta 3.500 euros. El programa también se reabrirá en los primeros meses de 2019.
El SEF dirige al colectivo de parados de larga duración varias medidas para promover su acceso a un empleo, que van desde la orientación personalizada y la activación a las acciones formativas, pasando también por las ayudas a empresas para su contratación y las subvenciones para el establecimiento como autónomos.
Las ayudas a la contratación se reactivarán en el inicio de 2019, y permitirán que una empresa que realice un contrato indefinido a un parado de larga duración pueda recibir a través SEF 6.000 euros en caso de ser un vínculo a tiempo completo, y 3.000 si es a tiempo parcial. Si se trata de un parado de larga duración mayor de 45 años, la ayuda llegará a los 7.000 euros, y a los 9.000 si además tiene cargas familiares.

Proponen crear corredores abiertos para permitir que los transportistas puedan seguir exportando los productos a Europa

MURCIA.- La Comunidad Autónoma ha solicitado al Consulado de Francia en la Región de Murcia la importancia de establecer corredores abiertos para el transporte, una de las demandas de los transportistas murcianos, para facilitar que los camioneros puedan exportar los productos a Europa.

Así se lo trasladó el director general de Transportes, Costas y Puertos, José Ramón Díez de Revenga, al cónsul francés, Philippe Cazeaux, con el objetivo de trasladar las reivindicaciones de los transportistas murcianos y defender los intereses de los sectores exportadores frente a los bloqueos que están sufriendo para introducir los productos en la Unión Europea.
El director general hizo especial hincapié en que "la Región es una comunidad periférica con una elevada proyección exterior de sus productos", especialmente hortofrutícolas, y es "fundamental acabar con los cortes en la frontera francesa porque no entregamos los pedidos a tiempo y eso repercute en las ventas fuera de la Región, sobre todo en Navidad".
"No queremos que estos cortes se traduzcan en una pérdida de confianza de los transportistas y empresarios murcianos, que pueda provocar la pérdida de clientes y que éstos vayan a buscar los productos a otros países y lugares de origen", indicó el director general.
Díez de Revenga resaltó que el Gobierno regional ha desarrollado una estrategia "muy activa" para denunciar esta situación tanto ante las autoridades nacionales como europeas para reclamar la libre circulación de las mercancías por la red de carreteras de la Unión Europea, tal y como recoge la normativa comunitaria en el Tratado de Schengen y el 'Reglamento Fresas', 2679/98, sobre la libre circulación de mercancías entre los países de la UE.

'Tranvía de Murcia' modifica sus horarios y frecuencias en Nochebuena y Nochevieja

MURCIA.- Tranvía de Murcia y la Concejalía de Hacienda, Contratación y Movilidad Urbana modificarán los horarios y frecuencias de este medio de transporte urbano los días de Nochebuena y Nochevieja.

Así, en ambas jornadas el último tranvía desde Nueva Condomina dirección Universidades saldrá a las 20:30 horas, pasando por la parada Plaza Circular en dirección Universidades a las 20:50 h. y en dirección Nueva Condomina a las 21:28 h.
En el servicio de Lanzadera hacia la UCAM – Los Jerónimos, las últimas salidas los días 24 y 31 de diciembre serán los siguientes:
- Desde parada Los Rectores – Terra Natura en dirección UCAM – Los Jerónimos: 20:10 h.
- Desde parada UCAM – Los Jerónimos en dirección Los RectoresTerra Natura: 20:30 h.
 El último tranvía desde parada Nueva Condomina saldrá a las 20:30. 

Además, los días de Navidad y Año Nuevo (martes 25 de diciembre y 1 de enero respectivamente), el servicio finalizará a la hora habitual de los domingos y festivos, es decir, a las 22:30 h. (hora de salida del último tranvía desde parada Estadio Nueva Condomina), pasando el último tranvía por la parada Plaza Circular en dirección Universidades a las 22:49 h. y en dirección Nueva Condomina a las 23:28 h.
El martes 25 de diciembre y 1 de enero respectivamente, el servicio finalizará a la hora habitual de los domingos y festivos, es decir, a las 22:30 h. (hora de salida del último tranvía desde parada Estadio Nueva Condomina).
El último tranvía desde parada Estadio Nueva Condomina saldrá a las 22:30.

Hasta 50.000 militares abandonarán el ejercito en los próximos 18 años

MADRID.- Hasta 50.000 militares tendrán que abandonar las Fuerzas Armadas hasta el año 2036 por cumplir 45 años, edad límite que marca la ley de la carrera militar para poder continuar como soldado de tropa y marinería si no se asciende o se logra la condición de permanente.

La salida de las Fuerzas Armadas a los 45 años es uno de los asuntos prioritarios en las agendas de las asociaciones profesionales de militares, que piden medidas para facilitar su reinserción en la vida laboral civil o incluso la suspensión de esta medida. Y también es objeto de debate frecuente en las Cortes Generales.
En una respuesta parlamentaria al diputado de Unidos Podemos Juan Antonio Delgado, el Gobierno ofrece detallados datos sobre el número de militares que se verán afectados por esta prebenda durante los próximos años. En concreto, desde 2019 hasta 2036 habrá un total de 50.048 militares que verán rescindido su compromiso laboral con las Fuerzas Armadas.
Las salidas a los 45 años fueron legisladas en el año 2006 como solución a la profesionalización de los Ejércitos. Desde entonces el número de militares que iban alcanzando esta edad ha sido escaso, pero durante los próximos años se irá incrementando exponencialmente.
Los datos del Ministerio de Defensa rebelan que solo tres militares salieron de las Fuerzas Armadas en 2006 por esta medida, cinco el año siguiente o solo uno en 2008. Pero este número ha ido aumentando poco a poco hasta 2018, dando como resultado que un total 1.125 soldados han dejado ya la carrera militar para incorporarse a la vida civil.
La polémica tiene la vista puesta sobre todo en los próximos años, ya que cada vez son más los efectivos que irán alcanzando los 45 años. Solo en 2019 ya serán casi un millar los militares que tendrán que salir de las Fuerzas Armadas, aumentando progresivamente hasta superar los 4.000 en 2027. Así durante las próximas dos décadas hasta sumar más de 50.000 hasta 2036.
La ley de tropa y marinería estipula que, aquellos que lo deseen, podrán solicitar la condición de Reservista de Especial Disponibilidad (RED), cobrando una asignación de 7.200 euros anuales que son compatibles con un sueldo procedente del sector privado.
El reservista de especial disponibilidad no tiene la condición de militar, pero se encuentra dispuesto a incorporarse a las Fuerzas Armadas cuando, en situaciones de crisis, lo autorice el Consejo de Ministros con carácter excepcional.
La ley también contempla una serie de medidas para facilitar la inserción en el mercado laboral civil de los militares que salgan de las Fuerzas Armadas, como cursos de formación durante su carrera o convenios con empresas, ayuntamientos y policías locales.
Sin embargo, las asociaciones denuncian que estas iniciativas no están funcionando y los militares se quedan sin trabajo a una edad con elevados niveles de desempleo después de años dedicados a servir a las Fuerzas Armadas, en lo que incluso han llamado un “ERE encubierto”.
De hecho, el asunto fue objeto de debate en el Congreso de los Diputados durante más de un año y medio en una subcomisión creada ex profeso. El órgano terminó sin consenso entre los grupos parlamentarios, aunque PP y PSOE acordaron un texto que reconoce “disfunciones” en la aplicación de la ley y propone reforzar las medidas para mejorar la situación de los militares de tropa y marinería.
En la oposición, el PSOE había llegado incluso a apoyar en el Parlamento la suspensión de las salidas del Ejército, pero al llegar al Gobierno ha reconocido la imposibilidad de esta medida por el coste económico que supondría, además del envejecimiento que conllevaría para la escala de tropa y marinería.

El PSOE lidera en intención de voto y 'Vox' irrumpe con un 7.8%

MADRID.- El PSOE lidera la intención de voto con un 23,5%, seguido por Ciudadanos, con un 22,7%; el PP, con un 21,8%; y Unidos Podemos, con un 15,2%, en una encuesta en la que destaca la irrupción de Vox, que entra con un 7,8.

El Barómetro de laSexta refleja también que más de la mitad de los consultados, un 55,9%, está a favor de un adelanto electoral.
Ante la pregunta de quién cree que va a ser el próximo presidente del Gobierno, un 42% responde que Pedro Sánchez, mientras que un 23,3% se decanta por Pablo Casado, un 16,8% lo hace por Albert Rivera y un 3,8% por Pablo Iglesias.
Los encuestados se decantan en sus preferencias como jefe del Ejecutivo por Pedro Sánchez con un 36,2%, seguido por Albert Rivera con un 20,0%, Pablo Casado con un 17,3% y Pablo Iglesias con un 16,8%.
Respecto a los Presupuestos Generales del Estado, un 46,2% espera que no salgan adelante frente a un 45,2% que se muestra favorable a que se aprueben con el apoyo del PDeCat, PNV y Esquerra Republicana.

'Adicae' llama a los consumidores a denunciar conjuntamente "abusos" en el bono social

MADRID.- La asociación Adicae ha hecho hoy un llamamiento a los consumidores a denunciar de forma conjunta las prácticas de "abusos" y "trabas" que, a su juicio, están llevando a cabo las eléctricas en la aplicación del bono social, a fin de poder iniciar actuaciones colectivas.

En un comunicado, la asociación ha calificado de "escándalo masivo" la actitud de las grandes eléctricas en esta prestación, que permite obtener un descuento del 25 % o 40 % en la factura eléctrica mensual, siempre que se tenga un determinado perfil socio-económico.
De acuerdo con Adicae, las entidades pretenden evitar la devolución de entre 21 y 48 millones de euros que han cobrado indebidamente a los consumidores a los que no se aplica el bono social pero tienen derecho al mismo.
Esta semana, el Ministerio para la Transición Ecológica anunció que actualmente hay activos 1.041.612 bonos sociales eléctricos de un total de 1.436.268 solicitudes completas recibidas a falta de unos días para que el 31 de diciembre finalice la prórroga para solicitarlo y acceder directamente al térmico.
La CNMC, por su parte, había informado de que a finales de julio de 2018, solo 650.000 usuarios habían solicitado el nuevo bono social, frente los 2,5 millones de clientes que eran beneficiarios del antiguo.
Según la estimación que baraja Adicae, y que ha definido como "prudente", más de un millón de familias no han solicitado el nuevo bono social, lo que pone de manifiesto la necesidad de intervenir en las prácticas que con esa finalidad han llevado y llevan a cabo las eléctricas en España.
Para la asociación, con sus "trabas y abusos" en las solicitudes formuladas, las eléctricas parecen pretender seguir el nefasto ejemplo de la banca en las "cláusulas suelo" y negar a cientos de miles de consumidores la devolución de las cantidades pagadas en exceso desde octubre pasado al no haberles aplicado el bono social.
Adicae ha habilitado una dirección de correo (consultas@adicae.net) para que los consumidores le trasladen su experiencia al respecto con el fin de preparar las reclamaciones y denuncias colectivas, una información que también servirá, ha añadido, para plantear al Gobierno medidas.
Para Adicae, es urgente que se abra el debate necesario para la definición de la Estrategia nacional contra la pobreza energética anunciada por el Gobierno.

Una Delegación del Gobierno renovada volverá a abrir sus puertas el día 28 después de tres años y medio de obras


MURCIA.- El delegado del Gobierno, Diego Conesa, ha confirmado que el próximo viernes 28 de diciembre la sede de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia ubicada en la avenida Teniente Flomesta con la calle Correos volverá a abrir sus puertas tras la rehabilitación que ha sufrido el edificio desde el verano de 2015.

A través de su perfil de Facebook, Conesa ha mostrado algunas fotografías en las que se le ve equipando su nuevo despacho en la Delegación, que hasta ahora se encontraba en el paseo Alfonso X de Murcia, y colocando tanto cuadros como la imagen del rey Felipe VI en las paredes.
"Esta próxima semana volverá a estar la sede de la Delegación del Gobierno en el edificio rehabilitado de Teniente Flomesta, esquina con Calle Correos. Hoy he estado ubicando los cuadros del despacho", ha explicado, además de confirmar que no residirá en la vivienda que tiene la Delegación, sino que continuará viviendo en su domicilio de Alhama de Murcia.
"A partir del próximo viernes 28 seguiré atendiendo a cuantos colectivos requieran los servicios de los 50 organismos de la Administración General del Estado en la Región, más las peticiones pendientes".
Fuentes de la Delegación apuntan que en el último mes los funcionarios que trabajan en la Delegación se han ido incorporando a sus nuevos despachos en Teniente Flomesta y durante los próximos días se completará el traslado y se ordenará el mobiliario pendiente.

Las obras de equipamiento de la renovada sede de la Delegación se han demorado unos meses, ya que como apuntaba el anterior delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Bernabé, el traslado definitivo a las nuevas dependencias estaría culminado en verano de este año, ya que las reformas en el edificio finalizaron a comienzos de año.
La nueva sede de la Delegación del Gobierno albergaba hasta ahora el despacho y el gabinete del delegado únicamente, sin otros servicios administrativos. Sin embargo, tras la reforma, se han habilitado tres plantas (la planta baja, la primera planta y la segunda planta) para acoger servicios de la Administración Periférica del Estado en la Región. Bernabé apuntaba en su momento que se han respetado en las obras "todos los elementos arquitectónicos que pudieran tener un valor histórico", como un mural o el escudo principal que luce en la fachada, a pesar de que algunos lo "pusieron en duda".

El cartagenero Zaplana defiende su "inocencia" desde el hospital y antepone su honor a la salud

MADRID.- El expresident de la Generalitat valenciana y exministro cartagenero Eduardo Zaplana asegura que es "imposible" que pueda fugarse de España porque para él sería una "indignidad", ya que asegura que es inocente de los cargos que se le imputan y quiere defender su honor y su nombre.

En un comunicado remitido a los medios por su mujer, Rosa Barceló -también investigada en la causa abierta del caso Erial-, Zaplana agradece las recientes peticiones a favor de su puesta en libertad por cuestiones de humanidad por la leucemia que sufre y por la que está ingresado en el hospital La Fe de Valencia desde el pasado martes.
Sin embargo, afirma que su estado de salud no es la principal causa de preocupación para él, aunque sí para su familia, sus allegados y sus médicos, pues "por encima de ello está la defensa de mi honor y mi nombre, y el recuerdo que de mi nombre quede a mis hijas y nietos", añade el exdirigente del PP, en prisión incondicional y sin fianza desde el pasado 24 de junio.
Asegura que es "inocente" porque no ha sido juzgado y por el "convencimiento absoluto de no ser responsable de los hechos" de los que se le acusa en el auto judicial que provocó su detención en Valencia dos días antes de su ingreso en Picassent.
"Jamás cobré comisión alguna por unas adjudicaciones públicas y jamás distraje una peseta o un euro de las administraciones públicas a las que serví y de cuya labor me siento muy orgulloso", señala para añadir que desconoce el contenido del sumario al estar declarado secreto por la titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia.
Señala que se le mantiene en prisión por su capacidad para destruir pruebas y el riesgo de fuga, a lo que responde: "El mismo resultado se podría haber conseguido si, en lugar de la prisión provisional, se hubiese acordado el arresto domiciliario que, además, hubiera ayudado a mi salud".
"No sé qué prueba puedo destruir después de siete meses de privación de libertad, ni quién se puede plantear seriamente que en mis condiciones me vaya a fugar de mi país -añade-. Para justificar mi fuga se ha llegado a decir en un auto judicial que me trasplanté en Houston, señal del nivel de detalle con el que se han leído los informes médicos quienes tuvieron que decidir sobre mi libertad".
Entiende que alguien piense que se pueda fugar pero apunta que él y quienes le conocen lo ven "imposible".
"Al margen de dependencias médicas y arraigos evidentes que todo el mundo entendería, no permitiría yo bajo ningún concepto que mi concepción del honor personal y el legado que dejo fuera de tal indignidad", señala el expresident.
Zaplana afirma que "siempre" ha "concebido y defendido una justicia y unos cuerpos policiales equilibrados, neutrales y con controles. Que hagan justicia sin necesidad de destruir a las personas y su entorno".
Recuerda que la investigación que le atañe comenzó en 2015 y se pregunta cuántos años hacen falta para instruir un asunto contra una persona.
"¿Cuánto tiempo tengo que estar en prisión para no destruir pruebas? ¿Desde el año 2015 no han tenido tiempo de terminar de cerrar la acusación con el despliegue de medios citados? ¿Es posible investigar a una persona en secreto durante tres años sin informarle del origen de las imputaciones, los indicios contra él existentes o las conductas concretas por las que se le investigan?", inquiere.
Cuando se levante el secreto del sumario "espero poder defenderme y explicar todo aquello que la instrucción necesite que aclare", señala Zaplana, quien concluye su comunicado agradeciendo "a cuantos han tenido la sensibilidad y argumentos" para pedir su libertad y les desea "a todos feliz Navidad".
Por su parte, Rosa Barceló denuncia que ni a ella ni a sus hijas se les permite ver a Zaplana más que 45 minutos a la semana, que ella ya consumió el pasado jueves cuando prepararon este comunicado, cinco días antes de que se produjera su ingreso en La Fe.

Decenas de españoles, murcianos entre ellos, utilizan títulos nobiliarios falsos... o caducados


MADRID.- Unos son estafadores que buscan apariencia de honorabilidad con un título nobiliario. Otros son legítimos herederos de títulos caducados que no tienen forma legal de rehabilitar porque han pasado más de 40 años desde la muerte de su último titular. Un tercer grupo lo forman personas incautas que creen que poseen títulos verdaderos, o que creían que la sucesión del título era automática y se les pasó el plazo legal de cinco años. Y también hay unas pocas víctimas de sus delirios de grandeza que adornan sus currículum, tarjetas o páginas web con una larga serie de títulos inventados, plantea hoy Abc

El caso es que, por distintas razones, decenas de españoles están utilizando títulos nobiliarios falsos, es decir, sin la autorización legal necesaria, lo cual puede constituir un fraude de ley.

Saber si un título es verdadero o falso es muy sencillo: basta con consultarlo por internet en la Guía de Títulos de la Diputación Permanente y Consejo de la Grandeza de España (www.diputaciondelagrandeza.es), que está actualizada en tiempo real. Allí figuran los 2.800 títulos nobiliarios acreditados por el Rey y el Ministerio de Justicia, así como sus titulares, desde el primero hasta el actual. Los títulos que no salen en esa guía son falsos. Así de simple. Sin embargo, tal y como ha advertido el Consejo del Notariado , hay una «creciente ola de falsificaciones» de títulos nobiliarios en España.

Mejor derecho

Según ha podido constatar Abc, aunque existen distintos subterfugios para dotar a los títulos falsos o caducados de una aparente legalidad, eludiendo el procedimiento legal, el más utilizado de todos es el de los tribunales italianos. Consiste en que dos personas -una, la interesada, y la otra, cualquiera que se preste a hacer el paripé- piden un laudo o sentencia arbitral al tribunal italiano sobre cuál de las dos tiene mejor derecho a un título nobiliario concreto.

El tribunal dicta una sentencia favorable al interesado, y éste ya dispone de un documento oficial para acreditar su título. Lo que muchos no saben, o no quieren saber, es que España ni homologa ni reconoce las sentencias de tribunales extranjeros que afectan a títulos nobiliarios, ya que su concesión o autorización corresponde únicamente al Rey .

Eso fue lo que le ocurrió a un aspirante a noble español que en 2011 pretendió que el Ministerio de Justicia reconociera una sentencia de un tribunal italiano de Casale Monferrato y le permitiera utilizar el título de conde de la Carrera. La Audiencia Provincial de Madrid no admitió el título y, además, apreció la existencia de vulneración del orden público procesal español y de fraude de ley.

Aún así, el título de conde de la Carrera lo utiliza desde hace años el coleccionista de arte Juan González-Quirós y Corujo.

El título de conde de Pozos Dulces tiene la misma procedencia, en este caso un tribunal de Bolonia. Lo utiliza un asesor de imagen llamado Ignacio de Jacob y Gómez, que también dice ser vizconde de la Albufera y marqués de Vallelonga.

Caducados

La delegada de la Hermandad Monárquica en Murcia, Gertrudis Brígida Pagán Hernández (en la imagen), paradójicamente también ha recurrido a tribunales italianos en busca de un supuesto reconocimiento oficial para los títulos caducados que se atribuye en su página de Facebook y en otros medios.  

Ella dice ser duquesa de Cea por un tribunal de Roma (no confundir con el marquesado de Cea, que sí es verdadero), marquesa de la Torre del Barco (Dos Sicilias), marquesa de Darrax (Roma) y señora de Tejada, y a su marido, José Cerón Martínez, también se le atribuye en alguna ocasión el marquesado de Grimaldo, otro título caducado. 

Uno de los casos más llamativos es el de Rafael Andújar y Vilches, quien consiguió que un tribunal de Massa (Italia) le reconociera como príncipe de San Bartolomeo. Él también se hace llamar príncipe de Capadocia, patricio bizantino del Sacro Imperio Romano de Oriente, duque de Sperlinga, duque de Outzitje, conde de Edesa, vizconde de Francavilla (no confundir con el duque de Francavilla, que sí es verdadero), barón de San Bartolomeo, barón de Racalmallina, señor de Carrubia, señor de Vaccarizzo Soprano e Sottano y de Vaccaro, señor de Santa Venera, «entre otros muchos títulos que conllevan las Casas Principescas de San Bartolomeo y Capadocia», dice.

Además, en su «condición» de príncipe de Capadocia, Andújar ha llegado a «conceder» títulos, como el marquesado de Santa Elena de Capadocia (no confundir con el ducado de Santa Elena, que es verdadero) o el condado de Vilchez.


Muchos de estos títulos están agrupados en la llamada Asociación Española de la Nobleza Extranjera o en el llamado Elenco de títulos nobiliarios extranjeros, lo que les daría una aparencia de legalidad que no se corresponde con la realidad. En este proceloso mundo, hay abogados expertos en derecho nobiliario que ofrecen asesoramiento para conseguir laudos arbitrales o para tramitar títulos nobiliarios extranjeros.

También se ofrecen a elaborar expedientes para ingresar en reales maestranzas o en órdenes militares. Ellos cobran importantes sumas de dinero a cambio de satisfacer las manías de grandeza de los aspirantes a nobles. 


El PP revive en Zaplana la pesadilla de Rita Barberá

VALENCIA.- Apenas unos minutos después de conocerse la inesperada muerte de Rita Barberá -de la que justo se cumplen hoy 25 meses- el que fuera durante años su compañero y, a la vez, rival, Eduardo Zaplana, dejó escrito en un escueto mensaje su desasosiego por las crueles circunstancias en que había fallecido Rita, la persona, sola, tirada en una habitación de hotel de Madrid, repudiada social y políticamente, y arrodillada ante un tribunal en el que había declarado como imputada por supuesto blanqueo de fondos en una campaña electoral.

Era difícil imaginar final más amargo para la reina del 'caloret', que desde su eterno descanso probablemente asista, entre risueña y resentida, a los gestos amistosos hacia Vox de algunos de sus familiares, dolidos en cuerpo y alma con un Partido Popular que durante años fue su cálido hogar y durante sus últimos meses devino mazmorra de tortura y martirio.
La frialdad de la soledad de la habitación de un gran hotel de Madrid donde expiró Barberá, que entonces resistía como senadora, ha dado paso, en el caso de Zaplana, a la de las cuatro paredes de una cárcel, apenas levemente suavizada por el paso a un habitáculo del mayor hospital de la Comunidad Valenciana, La Fe, donde el que fuera ministro de Aznar y presidente de los valencianos ha sido trasladado e ingresado, enfermo de leucemia, cuando está a punto de cumplir siete meses privado de libertad, según publica hoy El Mundo.
Al margen de los constantes rumores que apuntan a una situación límite de la salud de Zaplana -que acudió el lunes a una revisión rutinaria y quedó ingresado por indicación médica por una caída drástica de sus defensas-, lo que parece claro es que el ex presidente afronta las fiestas navideñas en la soledad de una habitación en la que no puede recibir visitas, excepto las de sus abogados.
Según fuentes sanitarias, las atenciones que necesita - un tratamiento que no había necesitado hasta ahora- requieren al menos semana y media de ingreso hospitalario.
Derrotado psicológicamente, Zaplana es consciente del sufrimiento de su familia y especialmente de su mujer, a quien no se le ha permitido pernoctar en el hospital junto a su marido, una circunstancia que la familia denunció ayer.
 Rosa Barceló, también afectada por un cáncer, está siendo investigada en la misma causa que Zaplana, la llamada «Operación Erial», ligada al posible cobro de comisiones ilegales a cambio de contratos en la época de presidente autonómico.
El tiempo de reclusión es siempre tiempo de reflexión interior. En el caso de Zaplana, esa etapa parece cumplida y ha dado paso a la desesperación de una persona que parece haberse dado por vencido, despojado ya de aquella imagen impecable que lucía con orgullo.
Derrotado, exhausto, aquel hombre quiere evitar ya el sufrimiento propio y el ajeno, el de su familia sanguínea y el de un numeroso puñador de fieles que mantiene desde su etapa en primera fila política.
En estos días, cuando se han ido acumulando las peticiones para que se le conceda la libertad por razones humanitarias -desde Arnaldo Otegi a Pablo Iglesias, pasando por Aznar o el presidente valenciano, Ximo Puig-, en el PP no se puede evitar el paralelismo entre el via crucis fatal de Rita Barberá y el que está afrontando otro gran referente del partido.
A la que fue una de las alcaldesas de España se le mostró con toda crudeza la puerta de salida. «Cuidado con lo que decís», llegó a advertir Barberá como respuesta a la actual líder regional del PP, Isabel Bonig. Con Zaplana, el PP no se ha lanzado a pedir un gesto humanitario hasta que lo han hecho sus adversarios.
Eduardo y Rita nunca fueron amigos. Ambos cruzaron críticas en público y en privado, incluso cuando Barberá fue despojada de la Alcaldía y Zaplana observaba su degeneración desde la calidez del despacho de Telefónica.
A la fuerza habían tenido que mantener el respeto institucional debido y la contención exigible a dos líderes que contribuyeron de manera decisiva a que el PP tomara el testigo del PSOE en territorios inhóspitos. Ambos fueron avanzadilla para el aterrizaje de José María Aznar en el Palacio de la Moncloa, en 1996.
De Aznar recibió Zaplana a principios de los 90 el encargo de refundar desde Alicante el PP que nunca llegó a cuajar desde Valencia. Llegó a la Alcaldía de Benidorm de la mano de una tránsfuga, una sombra que le persiguió sus tres años de alcalde (1991-1994) y luego toda su vida.
Barberá lo recordaba cada vez que podía. Lo mismo que aquella aparición en las cintas del «caso Naseiro» que derivó en la atribución falsa de una conversación en la que supuestamente admitía haber llegado a la política para «forrarse». La desconfianza anidaba en el reino de las mayorías absolutas del PP.
Zaplana y Barberá fueron ambiciosos, él con la vista puesta en el brillo de Madrid y ella en lograr la eternidad en su querida Valencia, esa que no es capaz ahora de honrar su memoria dando nombre siquiera a una calle menor.
Y, entre ellos, Francisco Camps -pegado por conveniencia a Zaplana y a Rita por admiración política-, que ya acumula cuatro imputaciones y también un destino vital incierto.
Su propio partido espera que Camps renuncie a sus privilegios de ex presidente en el Consell Jurídic Consultiu, pese a que ninguna de las investigaciones contra él dispone de conclusiones sobre posibles responsabilidades penales y el PP podría acabar lamentando haber pedido su dimisión.
Tres reyes caídos -Barberá, Zaplana y Camps- ante los cuales se formó cola para el ajuste de cuentas desde la prensa o la política en cuanto mostraron debilidad. Destino similar corrieron otros, como el ex presidente balear Jaume Matas, amigo de Zaplana.
Y eso que éste parecía haber acertado retirándose a tiempo, en 2008, a los confortables despachos de la empresa privada, desde los que no dejó de hacer política, conservando casi intacta la relación aquel sólido equipo que fraguó en la Generalitat (1995-2002). Ese mismo equipo que ahora abomina del PP y que tiene en el recuerdo la muerte de Rita.

La juez y el fiscal, el muro contra el que choca la familia Zaplana

VALENCIA.- En estos siete meses de presidio, el discurso del cartagenero Eduardo Zaplana para abandonar la cárcel ha pivotado siempre sobre un mismo eje: el riesgo que supone para su salud permanecer entre rejas. Una y otra vez su abogado ha vuelto sobre la misma cuestión pero se ha dado de bruces con la juez y con la Fiscalía Anticorrupción quienes, apoyados por informes forenses independientes, no contemplan que la condición de preso del ex ministro de Aznar influya negativamente en la enfermedad que padece, recuerda El Mundo

La postura de la magistrada Isabel Rodríguez y del fiscal Pablo Ponce ha permanecido inalterable ante estas supuestas amenazas contra un estado de salud que ambos, a través de autos motivados, han resuelto que no son tales a pesar de los mensajes alarmistas lanzados públicamente por su defensa y por su entorno. 
Los intentos han sido muchos -el último el pasado lunes con ingreso en el Hospital de La Fe incluido- pero han resultado infructuosos.
La salud del ex presidente de la Generalitat Valenciana no está en peligro, según la magistrada, y sin embargo su salida de prisión sí que puede poner en jaque una compleja investigación que, hasta el momento, rueda muy bien: según lo previsto y con multitud de indicios que le acorralan en la llamada operación Erial.
Entre los argumentos que esgrime Rodríguez, y que apoya Ponce, figura el riesgo de fuga y la destrucción de pruebas. Un peligro que los investigadores no están dispuestos a correr porque quieren que las pesquisas que han tejido a lo largo de estos dos años lleguen a buen puerto.
Además, de manera sistemática la Audiencia Provincial de Valencia ha avalado a la instructora. La defensa insiste en presentar la prisión como un espacio atávico desprovisto de cuidados médicos que es contraproducente para la leucemia que padece Zaplana. 
Este pesimismo ha sido contrarrestado en numerosas ocasiones por la instructora. Fue en julio cuando se mostró más beligerante al apuntar al abogado de Zaplana que sus conclusiones se basaban, dijo, en un «escenario falso».
«Como si estuviéramos hablando de una cárcel del medievo, con los presos hacinados, sin controles sanitarios...», replicaba Rodríguez. Además, en otra ocasión también deslizó que de los seguimientos a los que ha sido sometido Zaplana en los dos últimos años se desprende que ha acudido a lugares concurridos que no parecían ser los mejores escenarios para la enfermedad que padece.
Desde que ingresó en el centro penitenciario de Picassent (Valencia) a finales del pasado mes de mayo, se le programaron salidas cada dos semanas a La Fe para controlar su enfermedad e incluso un informe médico autorizado por la magistrada, a petición de su defensa, concluía el pasado septiembre que la cárcel no suponía un riesgo para él ni para su tratamiento.
No obstante, Eduardo Zaplana insiste en que su situación es límite y reclama a la juez de manera periódica su puesta en libertad. Las cuestiones estrictamente judiciales han saltado al plano político y muchos compañeros de su partido apoyan su salida de prisión a lomos de argumentos apocalípticos que, según las pesquisas que se siguen en el Juzgado de Instrucciónn nº 8 de Valencia, nada tienen que ver con la realidad. 
La petición del pasado lunes de abandonar la cárcel no será la última que haga. Sin embargo, tanto la juez como el fiscal consideran que no hay riesgo para la vida de Zaplana. Sin embargo, el argumento que maneja su familia es diametralmente opuesto y ayer, quinto día consecutivo de ingreso en el Hospital La Fe, lamentó el sufrimiento que padece al no poder ni siquiera verlo. Zaplana se encuentra aislado en el hospital, tanto por su condición de detenido como por su situación sanitaria, por lo que sus familiares no pueden visitarle.

La familia de Zaplana lamenta que no puede verlo en el hospital

VALENCIA.- El expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, cumplió ayer el quinto día de ingreso en el hospital La Fe de Valencia, en buen estado aunque delicado, y no se teme por su vida, según confirmaron fuentes sanitarias y del entorno familiar y de su defensa. 

Una información difundida al mediodía de ayer por una emisora local de Valencia desató la alarma por el posible fallecimiento del exministro, que fue inmediatamente desmentido tras unos primeros momentos de confusión. Una alarma a la que contribuyó el exministro de Justicia, Rafael Catalá, quien llegó a dar el pésame a la familia a través de un tuit que, posteriormente, eliminó. 
Desde el entorno familiar del exministro desmintieron tajantamente la información difundida erróneamente. 
Al mismo tiempo que lamentaban el sufrimiento de no poder acceder a la habitación en la que está recluido. Zaplana está ingresado en una habitación del servicio de hematología del hospital La Fe y custodiado por dos agentes de policía, debido a su condición de recluso, por lo que sus familiares no pueden acceder a la habitación en la que está ingresado para poder verlo.
Según explican fuentes de la defensa del cartagenero Eduardo Zaplana, el tratamiento que recibe desde el martes persigue que el deterioro que sufre por la leucemia no sea «irreversible». 
«El tratamiento que está recibiendo no es en absoluto rutinario, no se lo habían hecho nunca antes».
Desde el pasado martes, Zaplana ha sido sometido a varias pruebas, entre ellas una gastroscopia y una colonoscopia, mientras «no deja de perder peso y tiene la piel y las articulaciones deterioradas», detallan los responsables de su asistencia jurídica, que para entrevistarse con él han de vestir «guantes, bata y mascarilla». 
Por ello, entienden que «seguir sosteniendo, como lo hace la juez, que existe riesgo de fuga es un insulto a la inteligencia, porque no puede ir a ningún sitio ni puede prescindir de los cuidados que se le dan en La Fe», aseguran fuentes de su defensa.

Los inversores no 'compran' la estrategia de ganar tiempo para afrontar la venta de Bankia

MADRID.- El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la prolongación del plazo para que el Estado, a través del FROB se desprenda de su participación en Bankia. 

Aunque todavía quedaba un año para afrontar la desinversión, el Gobierno ha optado por ampliarlo hasta diciembre de 2021. Con una participación del 60%, y la tendencia general de la bolsa -las acciones de Bankia se dejan un 36% este ejercicio- la perspectiva de poder vender a un precio suficiente para que la desinversión sea rentable parece complicada. 
La última colocación de títulos de Bankia por parte del FROB se produjo hace un año, cuando Luis de Guindos era titular de la cartera de Economía, a 4,06 euros por acción. Entonces, el Estado vendió un 7% del capital del banco.
De acuerdo con el Ministerio que lidera Nadia Calviño, la decisión se ha adoptado justo para tratar de buscar una ventana de precios más atractiva. "La finalidad de esta ampliación es favorecer la utilización más eficiente de los recursos públicos maximizando la recuperación de ayudas", señaló.
Los inversores, por el momento, no han reducido la presión sobre el banco que preside Ignacio Goirigolzarri, que fue el más castigado en la jornada de ayer dentro del Ibex 35, con un descenso del 3,6%, hasta los 2,54 euros. 
La reducción de las expectativas de subida de tipos de interés penaliza al banco, que es muy sensible a la evolución del precio del dinero.
La entidad, no obstante, continúa reforzando su balance, y reduciendo su exposición al ladrillo. El lunes, anunció un acuerdo con el fondo Lone Star para la creación de sociedades, de las que controlará el 20% del capital, a las que le traspasarán activos adjudicados y dudosos por un valor bruto contable de 3070 millones. Bankia espera cerrar la operación en el segundo trimestre de 2019.

Pese al escándalo, el PP busca frenar la derogación del plazo máximo de instrucción del que se ha beneficiado Pedro Antonio Sánchez

MURCIA/MADRID.- El PP quiere frenar en el Congreso la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que ha promovido el PSOE para acabar con el plazo máximo de seis meses para la instrucción de las causas penales. Se trata de una modificación legal que la Cámara Baja tiene 'congelada' desde hace 19 meses, cuando acordó tramitar esta proposición de ley de los socialistas.

La reforma del referido artículo fue impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 y precisamente gracias a ella el expresidente 'popular' de Murcia Pedro Antonio Sánchez ha sido recientemente absuelto por el denominado 'caso Pasarelas'.
Tras la vista de cuestiones previas, paso anterior al inicio del juicio oral, la Audiencia Provincial decidió exculpar al expresidente regional, sin ni siquiera examinar las pruebas contra él, al considerar que el juez del caso sobrepasó el plazo máximo de instrucción de la causa sin que se consiguiera declarar esta en tiempo y forma como 'causa compleja', lo que hubiera permitido ampliar el periodo de investigación.
En mayo de 2017, el PSOE consiguió que el Pleno del Congreso aceptase tramitar una proposición de ley que únicamente planteaba derogar esa limitación temporal a la instrucción de sumarios. Pese a constar de un único artículo, la iniciativa ha llegado a acumular 19 meses de prórrogas en los plazos para la presentación de enmiendas.
Pues bien, ahora los 'populares' han registrado una enmienda a la totalidad a esa propuesta de los socialistas con la que pretenden impedir la derogación de una reforma que, a su juicio, «ha sido beneficiosa para la justicia», según reza la iniciativa.
La reforma impulsada por el Gobierno de Rajoy estableció un plazo máximo de seis meses para la instrucción y determinó que, antes de que expire, el instructor podrá ampliarlo a 18 meses si, a instancias de la Fiscalía, declara «compleja» la investigación.
Los socialistas plantearon su propia ley porque si bien creen que es necesario fijar plazos máximos a la investigación penal para evitar «dilaciones indebidas», subrayan que, «aunque la Justicia ha de ser rápida, también ha de garantizar la tutela penal de todas las víctimas».
Y es que consideran que el artículo en cuestión adolece de un «defecto de origen» al atribuir el control de la duración de la instrucción al Ministerio Fiscal, que no dirige la investigación, lo que «puede conllevar verdaderos espacios de impunidad».
Ciudadanos también planteó, al inicio de la legislatura, la derogación del citado artículo de la LeCrim en el marco de la Ley 'omnibús' contra la corrupción, una norma que lleva también meses paralizada.
En su enmienda de totalidad, con texto alternativo, el PP avisa de que sería una «gran irresponsabilidad» eliminar por completo los plazos en la instrucción. Eso sí, aunque defiende la reforma de la LeCrim impulsada por el otrora ministro de Justicia Rafael Catalá en 2015, asume que, después de un tiempo de aplicación de la norma, hay aspectos que pueden ser «clarificados y mejorados».
Así, el grupo que capitanea Pablo Casado insiste en mantener los plazos de instrucción de su reforma, aunque plantea considerar, junto al concepto de instrucción compleja, el de instrucción prorrogable por inacabada para contemplar otras causas objetivas distintas a la complejidad de la causa.
Una situación que se dará cuando se demuestre que las pericias o colaboraciones demandadas, por causas ajenas a la instrucción, no puedan recibirse a tiempo o por otra causa que afecte a la calidad de la prueba necesaria para la instrucción, cuya motivación deberá justificar el instructor.
Además, y para mejorar el procedimiento, el primer partido de la oposición plantea que el instructor estará obligado a comunicar a la Fiscalía, un mes antes de concluir los plazos, la finalización de los mismos para que informe o realice la solicitud que proceda antes de su resolución.

El sindicato 'Satse' rechaza los 34 millones de las Cuentas para quitar listas de espera con «peonadas»

MURCIA.- El sindicato Satse denuncia la «ineficiencia» que sufrirán todos los murcianos y, en especial, los trabajadores del SMS a los largo de 2019 por los presupuestos de Sanidad recién aprobados. Los representantes sindicales ven «incomprensible» que el consejero de Salud, Manuel Villegas, proponga y avale una partida de 34 millones de euros para quitar listas de espera con «peonadas». 

«Vamos a seguir igual que hasta ahora, derrochando dinero, pagando por encima de nuestras posibilidades y no haciendo una política de gestión óptima y responsable», añaden desde el sindicato. Son muchos años los que desde Sindicato de Enfermería se denuncian las «peonadas por ser perversas, opacas, injustas y no equitativas. La consecuencia es que no cobra el que trabaja más».
El organismo asegura que el Ejecutivo «no debe vanagloriarse de las cuentas presentadas que, en base a las experiencia de los empleados de las sanidad pública, continúan generando una mala gestión que no corrige el dispendio de los recursos económicos públicos».
Los representantes sindicales señalan con indignación que todos los años instan a que se investigue a los responsables de la sanidad murciana para que se esclarezca el por qué de las listas de espera.
También se manifiesta de manera rotunda «la falta de explicación sobre el cierre de los quirófanos por las tardes/noches». A juicio de estos representantes de los trabajadores «resulta inexplicables que estén parados los quirófanos la mayor parte del día cuando se pueden utilizar con ahorro en concertación externa y con la consecuente reducción de listas de espera quirúrgicas».
Para el Satse también es inconcebible que las consultas solo trabajen por las mañanas, en su mayoría. El Sindicato lleva muchos años reivindicando la falta de plantillas de Enfermería en todos los establecimientos sanitarios. Con los 34 millones de euros despilfarrados en «peonadas» se pueden contratar 1.000 profesionales de enfermería durante un año. 
«Con ese personal se pueden destinar más de 600 enfermeras a los colegios para el programa y la asistencia de nuestros escolares. El resto de profesionales se podrían destinar a para paliar la falta de plantilla de nuestros hospitales y centros de salud», apuntan.
Para el Satse, «esto no se quiere hacer porque existe una intencionalidad. Es más cómodo seguir año tras año, generando listas de espera, cobrar sobresueldos con un sistema perverso y opaco, y mirar hacia otro lado». 
«Al final es el usuario el que tiene que permanecer en las listas de espera hasta que le llegue su turno, y los responsables de la gestión miran para otro sitio y generan partidas económicas viciadas», concluyen.

El PP defiende a muerte sus Presupuestos 2019 para la Región de Murcia

MURCIA.- «Estos presupuestos ayudan a construir», ha dicho Nuria Fuentes para remarcar que «lo que ocurrió el viernes en la Asamblea regional es bueno para la Región de Murcia, que gana con la aprobación de estos presupuestos para 2019», a lo que ha añadido que «los murcianos deben saber que nadie va a defender más sus intereses ni va a hacer más por ellos que el PP». 

«Son unos presupuestos responsables y elaborados con rigor», ha matizado.
Fuentes ha recordado que los objetivos fundamentales de las cuentas aprobadas en el Parlamento regional son «crecer y crear empleo y que los murcianos cuenten, gracias a la bajada de impuestos, con más dinero en sus bolsillos».
No en vano, ha asegurado «la Región de Murcia lidera la creación de empleo y el crecimiento económico con una previsión para 2019, según un informe de Ceprede del 3% frente al 2,4 por ciento de la media nacional«.
«Con estas cuentas queremos apoyar al tejido empresarial, a los emprendedores, verdadero motor de la creación de empleo, ya que si a nuestras empresas les va bien significará que a la Región de Murcia, también», ha añadido.
Asimismo, ha indicado que «el gobierno del presidente López Miras trabaja para superar y vencer nuestra propia previsión en materia de empleo superando los 600.000 empleos en la Región en 2019 y estos presupuestos suponen un impulso para conseguirlo«.
Entre las inversiones que recoge el Presupuesto regional ha hecho mención a la «apuesta fuerte» por apuntalar el Estado del Bienestar, «8 de cada 10 euros van destinados a reforzar la salud, la educación y los servicios sociales para que el millón y medio de murcianos reciban unos servicios públicos de calidad«.
En este punto ha desglosado que 3 de cada 10 euros van destinados a la Educación «implantamos la educación infantil gratuita de 0 a 3 años» y 4 de cada 10 a Sanidad. También ha mencionado el aumento de la inversión para luchar contra la violencia de género «con 8 millones recogidos en Presupuesto regional».
«Con menos hacemos mucho más, bajando impuestos generamos más actividad económica y recaudamos más».

La Región crecerá un 2,8% este año, por encima de la media, y un 2,3% en 2019

MADRID.- España cerrará el año 2018 con un crecimiento del 2,7%, que moderará al 2,3% en 2019, y en ambos ejercicios la Comunidad de Madrid y Aragón se situarán a la cabeza entre las comunidades autónomas con mayor avance de PIB, según las últimas predicciones de Hispalink. Murcia crecerá una décima más que media este año y lo mismo que la media en 2019.

La red Hispalink de modelización regional integrada explica que la opinión más compartida es la de una desaceleración continuada en el periodo 2018-2020, que supone perder un punto de porcentaje de ritmo respecto a principios de este año. No obstante, subraya que «no hay alertas aún como para emitir un pronóstico de mayor gravedad» y se barajan ritmos de crecimiento estables del entorno del 2%. 
En detalle, todas las revisiones de inflación, déficit público y saldo exterior se han situado en la zona negativa, aumentando el tamaño de los desequilibrios estimados previamente, revirtiéndose el efecto para el año 2019.
En todo caso, la economía española mantendría un diferencial del orden de medio punto de porcentaje respecto al conjunto de la Eurozona. De esta forma, pronostica un crecimiento del PIB español del orden del 2,8% y con ritmos de creación de empleo del 2,5%, para moderarse posteriormente el alza de la economía al 2,4% en 2019 y al 2,1% en 2020.
A nivel regional, apunta a un mantenimiento del proceso de recuperación en el periodo 2018-2020, en un entorno favorable pero no exento de cierta incertidumbre alimentada por los diversos factores persistentes en el ámbito internacional y nacional. 
En algunas comunidades autónomas la persistencia de ciertos desequilibrios supone un «verdadero problema para progresar», advierte Hispalink, que señala que el ajuste fiscal pendiente en algunas comunidades autónomas, y su desvío del cumplimiento del objetivo de déficit y acumulación de deuda, puede lastrar el ritmo de crecimiento en algunos casos particulares, que puede verse reducido en una o dos décimas de punto sobre el crecimiento previsto. 
El gran reto de las distintas economías regionales continúa centrado en la capacidad para conseguir que el cambio de ciclo, después de los graves e intensos efectos de la crisis económica, sea capaz de generar empleo neto de manera consistente.
En concreto, estima que todas las comunidades autónomas crecerán en 2018 por encima del 2%, con la Comunidad de Madrid (+3,2%), Aragón (+3,1%), Navarra y Galicia (+2,9%), Murcia (+2,8%), Comunidad Valenciana (+2,7%), Asturias, Baleares y Cataluña (en los tres casos con un avance del 2,6%). 
A continuación se sitúan Andalucía, Castila y León, Castilla-La Mancha y País Vasco, con un crecimiento del 2,5% en todos los casos, mientras que las CCAA que menos crecerán este año serán Cantabria y Extremadura (+2,4%), Canarias (+2,2%) y La Rioja (+2%).
Para 2019 pronostica una horquilla de entre un crecimiento del 1,6% y el 3%. Liderarán de nuevo la Comunidad de Madrid (+3%) y Aragón (+2,7%), seguidas de Navarra (+2,5%), Murcia (+2,3%), Comunidad Valenciana y Andalucía (+2,3%). 
Por debajo ya de la media nacional del 2,3% les seguirán, con un avance del PIB del 2,2%, las regiones de Baleares, Cataluña y Galicia; con un alza del 2,1% las regiones de Asturias, País Vasco y La Rioja; y ya por último las CCAA de Castilla-La Mancha y Extremadura (+3%), Castilla y León (+1,8%) y Canarias (+1,6%). 
En 2019 reduce la horquilla de crecimiento entre el 1,6% de Canarias y el 2,6% de la Comunidad de Madrid, que seguirá liderando entre las regiones.
Según Hispalink, la desaceleración progresiva en 2018-2019 es la señal distintiva en gran número de las principales economías a escala mundial, con la excepción de Estados Unidos y Rusia. Para la Eurozona, las perspectivas de consenso apuntan a una desaceleración progresiva durante el presente año que se espera continúe, pero algo más suave, en 2019.

El obispo Lorca Planes dice estar "en comunión con todo lo que dice el Papa" sobre víctimas de abusos por sacerdotes

MADRID.- La diócesis de Cartagena ha indicado que su obispo, José Manuel Lorca Planes, «está en comunión con todo lo que dice el Papa».

Varios obispos de España ya han convocado a víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia ocurridos en sus diócesis mientras que otros prelados aseguran su «disposición» a reunirse con ellas en el futuro.

 Así lo han indicado algunas diócesis tras la carta enviada por el Papa Francisco a las conferencias episcopales en la que pide a los presidentes que se reúnan con las víctimas de abusos para preparar la reunión que tendrá lugar del 21 al 24 de febrero de 2019 para afrontar esta lacra.

Aunque esta misiva del Pontífice se dirige a los presidentes de las conferencias episcopales -en el caso de España, al cardenal arzobispo de Valladolid Ricardo Blázquez-, algunos obispos españoles ya habían empezado a estar en contacto con víctimas de abusos en sus diócesis, antes de que lo planteara Francisco.

Este es el caso del obispo de Ciudad Real, Gerardo Melgar. Fuentes de la diócesis han precisado que hay un caso de abusos pendiente de juicio, el de un sacerdote apartado de dar clases en el seminario de Ciudad Real acusado de una veintena de delitos de abusos sexuales cometidos contra nueve menores.

Las mismas fuentes han explicado que cuando la diócesis conoció los hechos los puso en conocimiento de la Fiscalía y actuó con «transparencia». Además, han añadido que el obispo se ha reunido y ha mantenido el contacto con las víctimas y sus familiares.
Por su parte, el obispo de Bilbao, Mario Iceta, ha transmitido a la federación de grupos scouts de Vizcaya, Euskalerriko Eskautak Bizkaia, su deseo de reunirse con quienes denunciaron abusos sexuales por parte de un presbítero. Este ofrecimiento del prelado para encontrarse con ellos se produjo nada más tener conocimiento de los hechos y, por lo tanto, antes de que se publicara la carta del Papa.

El Obispado de Bilbao y los scouts de Vizcaya apartaron recientemente a este presbítero por «comportamientos inadecuados contra la libertad sexual» y pusieron los hechos en conocimiento de la fiscalía.
Otras diócesis, por su parte, no precisan si sus obispos se han reunido ya con víctimas pero afirman que están dispuestos a hacerlo, tal y como pide el Papa Francisco.

Fuentes de la diócesis de Madrid han indicado que el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, tiene «una disposición absoluta» para «recibir a cualquier persona afectada que ponga en conocimiento de la diócesis cualquier caso de supuestos abusos».

Las mismas fuentes han insistido en «subrayar el interés superior de la víctima» y han animado a aquellas personas que hayan sido víctimas de abusos a ponerlo en conocimiento de la diócesis.
También desde la Iglesia de Albacete aseguran que el obispo Ángel Fernández tiene «la mejor disposición a acompañar a todo el que necesite de él», aunque precisan que actualmente no tienen constancia de ningún caso abierto allí. Mientras, la diócesis de Cartagena ha indicado que su obispo, José Manuel Lorca Planes, «está en comunión con todo lo que dice el Papa».
En el caso de Salamanca, fuentes de la diócesis han precisado que el obispo Carlos López «ha acogido como un padre, en varias ocasiones», a Javier Paz, que fue víctima de abusos por parte de un párroco durante diez años, durante su niñez y juventud.
Por su parte, Paz acudió a mediados de diciembre al Obispado de Salamanca para pedir a la Congregación de la Doctrina de la Fe la documentación y la sentencia del proceso canónico abierto por su caso del que dice que no recibió copia alguna y ha denunciado un «desamparo» a las víctimas por parte de la Iglesia.

 Además, según unas grabaciones a las que tuvo acceso El País, el obispo llegó a plantear a la víctima la posibilidad de que solicitase «una posible compensación económica».
Por otro lado, desde la diócesis de Mallorca recuerdan que se rigen por el protocolo de la Santa Sede y que en los casos de abusos que se han denunciado allí la Iglesia ha seguido los «procedimientos habituales», aunque no han revelado si el obispo se ha reunido con las víctimas.
Fuentes de la Conferencia Episcopal Española (CEE), institución integrada por todos los obispos españoles, indicaron que no dará cuenta de los encuentros «del pasado, ni del presente, ni del futuro» con víctimas de abusos sexuales por parte del clero en España, «por respeto a las víctimas».

Asimismo, señalaron que la CEE responderá a las preguntas del cuestionario que ha enviado el Papa para que el encuentro de febrero sea «fructífero».

Investigarán los casos del pasado si lo pide el Papa

El secretario general de la CEE y obispo auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, aseguró que los obispos españoles investigarán los casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia española del pasado, si el Papa así lo dispone en la reunión de febrero.

«En cada una de nuestras diócesis estamos dando los pasos oportunos y, por supuesto, estamos también abiertos a que si en la reunión de febrero se dispone para toda la Iglesia algún tipo de protocolo que tenga que ver con la revisión del pasado, poderlo asumir», indicó Argüello.
Así, aunque precisó que los casos «no han sido muchos» en España, aseguró el «deseo» de los obispos de «poner de manifiesto» casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia que hubieran estado «ocultos en el pasado». Si bien, pidió «respeto a las víctimas» si quieren «olvidarse de lo que ocurrió».

 «Es verdad que van a querer normalmente cuanto menos ser escuchadas, que su situación sea conocida y vivir un proceso restaurativo pero también puede que otras personas quieran olvidarse del todo lo que ocurrió y no quieran volver a poner su asunto en la palestra», añadió.
En cualquier caso, los obispos españoles ya están trabajando en la actualización de sus protocolos y su «mayor interés» es implementar «medidas preventivas formativas».

Además, Argüello subrayó la «prioridad» de que los sacerdotes comuniquen a las autoridades públicas los casos de abusos de los que tengan conocimiento por otra vía distinta a la confesión».

Ciudadanos desmiente que hubiera un acuerdo con el PP para aprobar la Arca

MURCIA.- Ciudadanos ha desmentido este domingo «de forma rotunda» que hubiera un acuerdo cerrado con el PP para la aprobación de la creación de la Agencia Regional del Clima y el Medio Ambiente (Arca). 

«Nunca ha habido ningún porcentaje de acuerdo, porque había un punto innegociable e insalvable en la negociación, que es la naturaleza jurídica privada de la que el PP quería dotar a la Arca», han señalado tanto desde la Secretaria de Acción Institucional como la de Programas de Ciudadanos Región de Murcia. 
«Esta forma jurídica, la entidad de derecho público, no está recogida en el ordenamiento jurídico autonómico y nacional, por lo que no hay un régimen jurídico que la regule y supondría rebajar los controles en un ámbito, como es el del medio ambiente, que precisamente en nuestra Región -con los ejemplos del Mar Menor, Portmán o el vertedero de Abanilla- no es deseable», continúa el comunicado del partido.
Ciudadanos reconoce reniones, tanto por parte de Acción Institucional como de Programas, para discutir el documento que el PP entregó en julio, pero ha remarcado que la decisión de presentar la enmienda a la totalidad a la ARCA «no es una ocurrencia ni una decisión personal. Es un acuerdo que toma el grupo parlamentario en pleno y las Secretarías implicadas. 
No responde a ningún tipo de cálculo ni electoral, ni en clave de primarias. La decisión es del partido, sustentada por mucho tiempo de análisis y un trabajo exhaustivo de estudio de la propuesta. 
Ciudadanos considera una prueba de esta cohesión y de que es una decisión totalmente consensuada por el partido el que el anuncio fuera realizado y respaldado por todo el grupo parlamentario en un desayuno informativo en el que también estuvieron los secretarios implicados en la decisión».
«Somos un partido liberal que defiende la creación de empleo, pero con responsabilidad y con respeto al medio ambiente. Lo hemos demostrado en la Ley de Aceleración, que también tuvimos que matizar y ahora lo hacemos con la Arca», destaca la formación naranja.
Además del punto insalvable de la forma jurídica, Ciudadanos ha justificado su rechazo en que el Arca «menoscaba la protección del medio natural, porque solo algunas de las competencias de la Dirección General de Medio Natural se trasladan a esta entidad. Se trocean las competencias, lo que podría generar discrepancias y descoordinación que puede derivar en esa desprotección del medio natural».
El plano económico también ha pesado en la presentación de esta enmienda y también se ha hecho referencia a «problemas de carácter laboral y funcionarial».

Archivan la causa contra el director de obra investigado en el 'fraude del AVE a Murcia'

MURCIA.- La Abogacía del Estado se ha opuesto a estimar la solicitud de archivo de las actuaciones del instructor del caso de presunto fraude millonario en las obras del tramo del AVE Crevillente (Alicante)-Murcia pedido por la empresa Constructora San José, adjudicataria de los trabajos, en lo que le afecta.

En un escrito notificado a la Fiscalía y al más de medio centenar de investigados, señala que la constructora «podría ser penalmente responsable de los delitos cometidos por los investigados», varios de ellos, empleados de ella.
Y añade que esa responsabilidad nacería al no haber implantado las medidas adecuadas para evitar la comisión de hechos presuntamente delictivos como los que se investigan en la causa que trata de esclarecer si los investigados consiguieron mordidas con facturas falsas o hinchadas.
También expone que el informe final de la auditoría técnica de los expedientes de gastos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) concluye que la obra facturada «fue bastante superior a la realmente ejecutada».
Dice que «en el momento de los hechos objeto de investigación Constructora San José carecía de medidas eficaces que intentasen evitar en lo posible la comisión de infracciones delictivas».
Comenta que de las diligencias practicadas por el juzgado «difícilmente puede apreciarse una ausencia indubitada de responsabilidad de la mercantil adjudicataria, por lo que se debe desestimar la pretensión de sobreseimiento formulada» por ella.
Por otra parte, el juzgado sí ha acordado el sobreseimiento de las actuaciones con respecto al directivo de Adif que fue director de obra y declaró en estas actuaciones en 2017 para negar todas las imputaciones.
La medida se acuerda al no haberse demostrado que hubiera llegado a su conocimiento el contenido de un informe de irregularidades en las obras elaborado por una empresa especializada.

Óscar Urralburu: 'El Gobierno regional se ha «olvidado» de la Región «que pasa frío por falta de medios'

MURCIA.- El secretario general y portavoz parlamentario de Podemos Región de Murcia Óscar Urralburu ha señalado que el PP destina «un raquítico millón de euros para la pobreza energética cuando los datos que hemos conocido hoy señalan que en Murcia hay un 14,2% de hogares que no pueden pagar la calefacción. Esto nos sitúa como la tercera comunidad donde más pobreza energética existe. El gobierno quiere limpiar su conciencia con ese millón de euros, que apenas llega para 3.000 familias, cuando hay mucha más gente que esta Navidad va a pasar frío en sus casas. Esa cantidad supone la triste cifra de 30 euros al mes para aquellos hogares que han tenido la suerte de conseguir la ayuda».

Óscar Urralburu ha dicho que el Gobierno regional se ha «olvidado» de la Región «que pasa frío por falta de medios para pagar la calefacción o el agua caliente». Si bien, aunque en otras muchas comunidades hay una «política concreta» para abordar estas situaciones, el Partido Popular no ha diseñado «ninguna legislación específica para que los murcianos y murcianas no pasen frío en sus hogares en invierno».
El secretario general y portavoz parlamentario de Podemos Región de Murcia ha subrayado que en la Ley de Vivienda aprobada en la Asamblea, elaborada por PSOE y Podemos, hay medidas «eficientes y de carácter inmediato para impedir la pobreza energética». 
Pero, como «hemos dicho durante la tramitación de los Presupuestos, el PP gobierna para los mismos de siempre. Mientras que hay familias que no se pueden permitir poner la calefacción, el Partido Popular perdona y baja los impuestos a las empresas del juego o a los grandes patrimonios. Esa es la patria, la Región que ha creado el PP estos 25 años».

Javier Sánchez Serna volverá a encabezar la candidatura de Podemos al Congreso por Murcia

MURCIA.- Tras las primarias internas de Podemos, Javier Sánchez Serna, actual diputado de la formación morada en el Congreso, volverá a liderar la candidatura del partido por la Región. Le acompañarán María López, actual vicepresidenta de la Asamblea Regional, y la concejal de Águilas Puede, Elia Olgoso.

Las primarias de Podemos para configurar las listas al Congreso y al Senado comenzaron el pasado 15 de diciembre y finalizaron este jueves. Más de 60.000 personas emitieron su voto telemáticamente para elegir a los representantes de Podemos en los próximos comicios, superando de esta forma la participación de las primarias de 2015 y de las recientes primarias para elegir la candidatura al Parlamento Europeo.
La lista Sí Se Puede, encabezada por Pablo Iglesias, ha sido la más votada. El secretario general de Podemos presentaba una candidatura estatal en la que le acompañaban los principales portavoces de la formación, como Irene Montero, Rafael Mayoral o Ione Belarra. En esta se encontraba también Javier Sánchez Serna, que será, por tanto, quien encabece la candidatura al Congreso por la circunscripción de Murcia.
Desde comienzos de la legislatura, el diputado murciano ejerce como portavoz de Educación del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos.

La Región es la tercera comunidad con más pobreza energética

MURCIA/MADRID.- El invierno que empieza incrementa el gasto en energía por la calefacción en los hogares, pero solo en algunos, los que se lo pueden permitir. El resto, más de un 8 % de media en España, no puede mantenerlos a una temperatura adecuada, porcentaje que en Murcia se eleva al 14,2 %, el tercero más alto del país por regiones, aunque en 2012 era del 18,1 %, el primero.

Eso sin contar otros gastos energéticos, como el agua caliente o la cocina. Por eso, muchas comunidades autónomas tienen ya en marcha ayudas o cuentan con legislación específica para paliar posibles situaciones de pobreza energética.
El Gobierno aprobó en octubre un bono social térmico, una ayuda directa para que los hogares vulnerables puedan hacer frente a estos gastos. La medida depende de la cantidad que se consigne cada año en los Presupuestos Generales del Estado, un proyecto que aún no está aprobado para 2019.
A nivel nacional la salida de la crisis ha supuesto una ligera mejora en la situación de los hogares que no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada, al pasar de un 9 por ciento en 2012 a un 8,3 el año pasado.
Pero en algunas comunidades, esta pobreza energética no ha hecho más que incrementarse, como Asturias, donde el porcentaje de hogares en esta situación se ha triplicado, hasta llegar al 18,4 por ciento del total, la cifra más elevada de todas las autonomías.
Asturias dispone desde hace tres ejercicios de una línea de ayudas a las familias -1,73 millones de euros este año- que se distribuye a través de conciertos con los ayuntamientos. En 2017, se concedieron 5.582 subvenciones del Plan Concertado de Servicios Sociales que beneficiaron a 12.084 personas.
Cataluña, donde se encuentran en esta situación el 6,1 por ciento de los hogares, aprobó la ley 24/2005 de pobreza energética por la que las compañías suministradoras no pueden cortar agua, luz o gas a personas que tienen un informe de los servicios sociales que acredite su situación de pobreza.
Pero entidades sociales y ayuntamientos se quejan de que las empresas lo incumplen a menudo. De hecho, el Ayuntamiento de Barcelona ha impuesto un total de 13 sanciones, ocho este año, por valor de 430.000 euros, con importes que oscilan entre los 30.000 y 70.000 euros, según el grado de incumplimiento.
Murcia tiene una línea de ayudas dotada con un millón de euros para ayudar a cerca de 3.000 familias sin recursos a pagar los suministros de luz, gas y agua.
Además, la Ley de Vivienda de Murcia, cuyo reglamento todavía no se ha aprobado, contempla que las administraciones públicas deben garantizar el derecho de acceso a los suministros básicos de agua potable, de gas y de electricidad a las personas y unidades familiares en riesgo de exclusión residencial.
Extremadura cuenta desde 2016 con una Ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social, que garantiza el derecho a tener cubierto el suministro de 100 litros de agua potable al día y 6 kw/hora al día de consumo eléctrico.
De cara al próximo año, el Gobierno regional ha autorizado la convocatoria de las subvenciones a los municipios para financiar las ayudas para suministros mínimos vitales (agua, electricidad y gas), con un presupuesto de 4,6 millones de euros.
Castilla y León tiene una Ley que regula la Red de Protección a Personas y Familias en Situación de Mayor Vulnerabilidad Social o Económica, pero el principal mecanismo contra la pobreza energética es la suscripción de convenios con las empresas para evitar el corte de suministros por impago a familias en situación de vulnerabilidad.
El Plan contra la Pobreza Energética del Gobierno de Castilla-La Mancha ha supuesto en lo que va de 2018, ayudas para 6.019 familias, 3.526 de las cuales la habían tenido ya en alguno de los dos años anteriores. Además, la Consejería de Bienestar Social ha paralizado 519 cortes de suministro energético.
Las ayudas para garantizar suministros energéticos, que gestiona la Cruz Roja, tienen un importe de 150 euros y se otorgan principalmente en época invernal, hasta el mes de marzo, aunque hay familias que puedan recibir dos subvenciones en el mismo año.
En el País Vasco, el Gobierno autonómico combate la pobreza energética a través de las Ayudas de Emergencia Social, y para las personas que por su capacidad adquisitiva no puede acceder a estos complementos de ayudas sociales tiene suscrito un convenio con Cruz Roja por importe de 400.000 euros.
La Rioja tiene desde el año 2014, una política específica de protección a las familias más desfavorecidas para la continuidad del suministro energético, con un programa en colaboración con las entidades locales.
Durante 2018 se han financiado 23 programas, por un importe de 346.000 euros, y se estima que al finalizar el año se alcanzarán las 3.500 ayudas, dirigidas a unas 2.300 familias.
Las ayudas para combatir la pobreza energética en la Comunitat Valenciana están incluidas en la renta valenciana de inclusión social, que se ha puesto en marcha este año en sustitución de la renta garantizada de ciudadanía.
Esta nueva prestación contempla un complemento adicional del 25 % para vivienda y consumo energético, que oscila entre los 129 y los 202 euros mensuales.
En Canarias no hay ley propia sobre pobreza energética y tampoco en Andalucía, donde en mayo 2017 el Gobierno aprobó ayudas a mejora energética de edificios, que incluía fondos para colectivos en riesgo de exclusión y afectados por la pobreza energética.