domingo, 23 de septiembre de 2018

Ofensiva política oportunista y a la desesperada del PPRM a cuenta del Trasvase, ya sentenciado por Cospedal


MURCIA/CARTAGENA.- El secretario ejecutivo de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Jesús Cano, ha advertido de los planes del Gobierno de España sobre el futuro del trasvase Tajo-Segura, "cada día que pasa Pedro Sánchez da una nueva zancada para cerrarlo", ha afirmado tras conocer que el Ministerio de Transición Ecológica está trabajando en la conexión de las desaladoras con los canales del postrasvase. Están acelerando el proceso para su cierre definitivo" ha apostillado".

Cano ha dicho que "esta alternativa es una trampa, un engaño para que hacer que la Región de Murcia dependa exclusivamente del agua desalada". 
"El certificado de defunción del trasvase está cerca" ha manifestado que añadir que "el PSOE se ha propuesto finiquitar el acueducto lo que será el mayor mazazo que pueden recibir los murcianos de un gobierno".
El responsable de Agua del PPRM ha señalado que "en vez de ver la manera de echar el cerrojo al Tajo, el PSOE debería emplearse en culminar las obras de ampliación de la desaladora de Torrevieja, para ampliar su producción hasta los 80 hm3, que dejó encima de la mesa el Partido Popular".
"Todo apunta a que se va a cumplir lo que Pedro Sánchez avanzó en Albacete y que su ministra de Transición Ecológica, el secretario de Estado de Medio Ambiente y el presidente de la CHS han anunciado sin tapujos públicamente y es acabar con los trasvases", ha manifestado Cano quien anuncia que "desde el PP seremos la más firme resistencia a esta medida que lastrará el futuro de nuestra región".

También desean comparecencias

El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado, por su parte, la comparecencia urgente del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la Comisión especial del Agua para que explique los planes del Gobierno de España respecto al trasvase Tajo-Segura.
Queremos que el secretario de Estado de Medio Ambiente explique a los murcianos de una manera clara qué va a pasar con el trasvase que los socialistas han puesto en cuestión, ha afirmado Víctor Martínez que también estima que debe aclarar sus declaraciones respecto a la autosuficiencia hídrica de la Región. Es un verdadero disparate pensar en la autosuficiencia cuando tenemos un déficit de 400 hm3, una muestra de la ignorancia supina del señor Morán qué debería conocer nuestras limitaciones, ha manifestado el dirigente popular para recordar que la falta de recursos hídricos se cubre con el agua procedente del trasvase, la producida por las desaladoras y la extraídas de los pozos.
Víctor Martínez se ha referido a otras cuestiones, de vital importancia, a las que debe dar respuesta el secretario de Estado de Medio Ambiente, estamos ya en el tiempo de descuento para que el Gobierno apruebe la prórroga del Decreto de Sequía que expira el próximo 30 de septiembre. 
Solo queda un Consejo de Ministros antes de esa fecha, ha afirmado para recordar que la continuidad de su vigencia es fundamental ya que recoge las medidas del anterior gobierno del PP para ayudar a nuestros regantes de subsistir en este período tan grave.
El portavoz del PP en el parlamento regional ha hecho referencia a otras medidas vitales para nuestros agricultores pendientes de las decisiones del Gobierno de España, como fijar el precio del agua desalada en 30 céntimos y culminar infraestructuras como la conexión de las desaladoras para evitar que roturas o incidencias dejen sin agua nuestros regantes, como sucedió hace unos meses.
Respecto al trasvase Tajo-Segura, Víctor Martínez ha insistido en que, las declaraciones del presidente, Pedro Sánchez y de sus ministros nos hacen temer lo peor respecto a su continuidad y tenemos que despejar cualquier incertidumbre, ha afirmado para añadir que el Gobierno socialista es un auténtica amenaza por lo que tenemos que hacer valer la importancia de seguir recibiendo agua del Tajo-Segura si no queremos poner en riesgo el futuro.
Víctor Martínez ha añadido que vamos también a explicarle al secretario de Estado de Medio Ambiente que la cuenca del Segura es la más deficitaria de España y que necesitamos las aportaciones del trasvase para mantener miles de empleos.
El portavoz del GPP ha recordado que el propio presidente del Gobierno afirmó en Albacete que había que poner fin a los trasvases y apostar únicamente por la desalación. Unas declaraciones temerarias que los miembros de su gabinete han confirmado después al afirmar que la Región de Murcia debe ser autosuficiente en materia de agua lo que significa poner el tablacho al trasvase.

El callejero sanitario regional se renueva con información actualizada de los 45 municipios murcianos

MURCIA.- Con el objetivo de facilitar a los pacientes una guía útil que les permita localizar los centros de salud y los hospitales que les corresponden, la Consejería de Salud ha actualizado el callejero sanitario de la Región de Murcia con información de los 45 municipios.

Mediante este sistema, que se encarga de actualizar las 90 zonas básicas de sanitarias dos veces al año (enero y julio), se asigna a cada tramo de las diferentes vías un centro de salud y un hospital de referencia, de manera que cualquier ciudadano y los profesionales sanitarios puedan consultarlo por municipio y calle.

Este mapa, que se elabora en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y el Centro Regional de Estadística de la Región de Murcia (CREM), recopila todos los tramos de las vías que componen los distritos y secciones censales de todos los municipios murcianos.

La directora general de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano, María Teresa Martínez, incidió "en la importancia de contar con información actualizada sobre los centros de salud y los hospitales de referencia, puesto que un cambio de domicilio puede implicar acudir a un nuevo punto de atención sanitaria".

En este sentido, también advirtió "sobre la ventaja que supone poder consultar mediante una búsqueda de municipio y calle, a través de esta herramienta, cuál es la dirección correcta a la que los pacientes se deben dirigir".

Este logro es posible gracias a la utilización de una herramienta geográfica del Proyecto Geosalud, que se sirve de los mapas, así como de los distritos y secciones censales, con el fin de mantener actualizado el callejero al mapa sanitario actualmente vigente en la Región.

La ordenación sanitaria de la Región se llevó a cabo a través del mapa sanitario publicado en 2009, aunque fue posteriormente modificado en 2015, en el que se incluyen las nueve áreas de Salud y las 90 zonas básicas existentes.

El callejero sanitario puede consultarse en el siguiente enlace de Murciasalud

Podemos propondrá la creación de una Oficina Regional de la Bicicleta

CARTAGENA.- El diputado Andrés Pedreño ha avanzado que Podemos llevará a la Asamblea Regional una Proposición no de Ley para que la Comunidad Autónoma desarrolle políticas de movilidad fomentando el uso de la bicicleta tanto de las públicas como de las privadas, y apoyando a los municipios en el desarrollo de sus planes de movilidad, a través de "una entidad regional encargada de establecer un Plan Regional de la Bicicleta que unifique los diferentes planes puestos en marcha en los municipios de y convirtiendo a la bicicleta en un medio de transporte más".

Andrés Pedreño ha manifestado que el transporte en bicicleta en la Región "se ha implementado en muchas ciudades, pero aún no ha pasado a ser un medio como tal, por la ausencia de conexión con los transportes públicos, las dificultades de tráfico rodado, la usencia de carriles bici para el transporte y no para el paseo etc" estó según el diputado de Podemos "el PP ha convertido a la bicicleta más que en un vehículo en un medio para hacer paseos turísticos o para el ocio"
En este sentido ha avanzado que llevará a la Asamblea Regional una PNL para que la Comunidad Autónoma "asuma su responsabilidad con este medio de transporte, eficiente y sostenible" y el Gobierno regional defina antes de que acabe esta legislatura un Plan Regional de la bicicleta donde colaboren los colectivos ciudadanos que luchan para el desarrollo de este medio de transporte.
En este Plan, ha subrayado, el diputado regional de Podemos deberá ponerse en marcha medidas como la creación de redes de largo recorrido como vías ciclistas, recuperación de caminos rurales y vías pecuarias así como también adaptar las carreteras regionales a la circulación segura de bicicletas; del mismo modo a nivel urbano, poner en marcha planes para el desarrollo de la bicicleta atendiendo a esta como un medio de transporte, integrándola bajo criterios de seguridad, accesibilidad y eficacia.
Para ello, ha finalizado, "vamos a proponer al Gobierno que en un plazo de tres meses máximo cree la Oficina de la Bicicleta Regional, y esta dependa de la Consejería de Fomento, dotándola presupuestariamente para el 2019" .

C's pide a Sanidad que ejecute su plan de choque ante el enésimo episodio de colapso en las Urgencias del 'Santa Lucía'

CARTAGENA.- Con motivo de la alta presión asistencial durante los últimos cinco días en el servicio de Urgencias del Hospital Santa Lucía, que ha provocado la aglomeración de pacientes en los boxes, en las salas de espera y a mantener los pasillos llenos de camas, el diputado regional de Ciudadanos, Juan José Molina ha recordado que "nosotros ya propusimos en la Asamblea un plan de choque para prevenir los episodios que se producen año tras año, por ejemplo en las épocas en las que hay gripe y que terminan colapsando las urgencias de los hospitales y llenando los pasillos de camas". 

El diputado naranja hace así referencia a la iniciativa que Cs registró en enero para la puesta en marcha de medidas destinadas a reforzar los servicios de urgencias y a evitar el colapso en los hospitales durante los periodos de picos epidémicos; entre las propuestas de este plan figura la mejora de la coordinación entre los profesionales de Atención Primaria, el establecimiento de puntos de atención de 24 en los centros de salud que más lo necesiten durante los picos imprevistos y que se reviertan los recortes realizados en los últimos años por el Servicio Murciano de Salud.
En opinión de Molina, la Consejería debe aprovechar la ejecución de ese plan para marcar un protocolo de respuesta para contingencias como la actual, y tener un plan de actuación de refuerzo para picos inesperados de presión asistencial como el que sufre Santa Lucía, "ese plan de choque pasa por reforzar la Atención Primaria y para momentos como el que está sufriendo ahora Cartagena como ha denunciado La Verdad, el Servicio Murciano de Salud puede y debe acudir a la contratación eventual que está precisamente para momentos como éste, es decir, reforzar las plantillas para hacer frente a estos picos de presión, estos brotes de masificación".
 "Si no son capaces de prever cuándo pueden ocurrir estos episodios, al menos deben prepararse para lo inesperado y reforzar con agilidad la plantilla con la figura del eventual que está expresamente para casos así, y aprovechar las salas cerradas", ha explicado el diputado naranja.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, ha calificado la situación de "dantesca e impropia de este siglo, y de nuestro sistema sanitario regional".
"A pesar de que esta masificación se ha producido durante toda la semana, el SMS no ha reaccionado, ni abriendo las salas que están cerradas (la Unidad de Preingreso y la Unidad 25), ni dando la orden de contratar a personal externo, "los cartageneros no sólo tienen que sufrir las peores lista de espera, una Atención Primaria sin reforzar, un Hospital del Rosell que sigue sin aprovecharse 100% o una calidad asistencial en Urgencias del Santa Lucía deficiente, sino que tenemos que soportar una indignante incapacidad de reacción y falta de información por parte de la Gerencia del Área de Salud", ha recriminado Padín.
El portavoz arremete hoy contra la Consejería de Sanidad: el consejero, a preguntas de los periodistas, no ha sabido explicar el origen del colapso, ni ha tomado una decisión sobre la necesidad de reforzar la plantilla con nuevas contrataciones, "el consejero de Sanidad se limita a decir a decir que es algo puntual, niega la falta de previsión, felicita con desfachatez a los trabajadores por soportar una carga de trabajo excesiva cuando debería garantizarles un horario digno, y culpa a los usuarios por hacer fotos capciosas de las camas en los pasillos cuando hoy sabemos que una treintena de pacientes han pasado al menos una noche en vestíbulos obligando a los familiares a acompañarlos de pie". 
"Espero que el consejero rectifique sus declaraciones y empiece a trabajar para subvertir una situación que sólo puede empeorar", concluye Manuel Padín.

Los socialistas de Calasparra hostigados en los juzgados por la oposición local del PP y C's

MURCIA.- El vicesecretario general y portavoz de la Ejecutiva del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha afirmado hoy que la oposición en el Ayuntamiento de Calasparra se dedica «a mentir y a hacer daño al equipo de Gobierno local ante la debacle electoral que se les viene encima».

Lucas ha asegurado que la querella presentada contra el concejal Jordi Arce, el alcalde de este municipio, José Vélez, y el exconcejal y secretario general del PSOE en Calasparra, Antonio Moreno, es sobre un hecho juzgado y con sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia que les da la razón, «por lo que no tiene ningún sentido».
«Recomiendo a la oposición y a quienes le ayudan a difundir estas mentiras que dediquen un rato a leer nociones básicas de derecho», ha señalado.
«La oposición no se cansa de mentir. PP y Ciudadanos mienten solo para hacer daño, porque saben que no tienen nada que hacer en las elecciones municipales y se dedican a presentar querellas a diestro y siniestro y sin ningún fundamento, pero la justicia nos dio la razón», ha añadido.
En este sentido, ha recordado que los compañeros de Calasparra han recibido en esta legislatura más de 50 denuncias de todo tipo que no han prosperado. «Esto demuestra que la única intención es hacer daño y sacar rédito electoral».
Finalmente, Lucas ha remarcado que la honradez y la honorabilidad del secretario de Organización del PSRM-PSOE, el alcalde de Calasparra y el secretario general de la agrupación de este municipio no están en duda. 
«Son capaces, trabajadores y responsables, y solo les preocupa el bienestar de sus vecinos y vecinas».

Detenido un abogado del Estado en Murcia por no someterse a las pruebas de alcoholemia

MURCIA.- Pablo Fernando Poza Cisneros, abogado del Estado y árbitro de la Corte Española de Arbitraje, fue detenido en la madrugada de este domingo en la pedanía murciana de La Albatalía por negarse a someterse a una prueba de alcoholemia y de drogas tras ser interceptado por un control de tráfico de la Guardia Civil, según han confirmado a La Opinión fuentes cercanas al caso.

El abogado, que conducía bajo evidentes síntomas de haber consumido alcohol, viajaba solo en su vehículo cuando, pasadas las 4 de la madrugada, se le requirió que se sometiera a unas pruebas de alcoholemia y de drogas, a lo que se negó, sacando a relucir delante de los agentes su condición como abogado del Estado.
Ante la negativa de Poza para comprobar su estado de embriaguez, fue detenido por la Guardia Civil, siendo acusado de tres delitos contra la seguridad vial: dos por negarse a someterse a las pruebas de alcohol y drogas y un tercero por conducir bajo los efectos del alcohol, según dichas fuentes.
El funcionario público fue conducido a la Comandancia de la Guardia Civil para realizar los atestados oportunos y tendrá que responder ante estas acusaciones en un juicio rápido.
Pablo Poza es abogado del Estado desde 2002; árbitro de la Corte Española de Arbitraje (organismo del que llegó a ser secretario general); árbitro de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional de París; y fue asesor jurídico del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

El Gobierno desautoriza a jueces y fiscales / Pablo Sebastián *

El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha una campaña para la liberación, primero y hasta que se celebre el juicio del golpe de Estado, de los presos golpistas catalanes que están en prisión preventiva. Campaña que iniciaron los ministros Josep Borrell y Meritxell Batet a la que se acaba de sumar la vicepresidenta Carmen Calvo.

Al mismo tiempo el Ejecutivo y el PSOE ha abierto otra brecha a favor del soberanismo catalán al amparar el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE José Luís Ábalos el posible indulto a los golpistas catalanes que sean condenados, como ha pedido la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, una destacada dirigente del PSC proclive al referéndum de autodeterminación en Cataluña.

Estas dos sorprendentes iniciativas del Gobierno descalifican la decisión de jueces y fiscales españoles sobre la prisión preventiva (por la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga) de los procesados del golpe catalán, al tiempo que da alas a la campaña soberanista de los lazos amarillos y a las recientes decisiones de tribunales de Alemania y Bélgica contra la Justicia española.

Estamos en suma ante un vuelco en el Gobierno de España en relación con la actitud del Ejecutivo frente al soberanismo catalán que lideran Junqueras y Puigdemont y gestiona Torra, el visitante de La Moncloa que desprecia y niega cualquier respeto y reconocimiento al Jefe del Estado, el Rey Felipe VI.

El objetivo inicial de este vuelco de la posición del Gobierno y del PSOE (a su vez impulsado por el PSC) es conseguir que PDeCAT y ERC apoyen, en compañía de Podemos y PNV, los Presupuestos de 2019 de Pedro Sánchez para que el Presidente agote la legislatura y celebre las elecciones en 2020.

Y, visto lo ocurrido, estamos a la espera de algún movimiento de la Fiscal General del Estado María José Segarra a favor de la liberación de los presos golpistas preventivos si Puigdemont y Junqueras exigen a Sánchez hechos y no solo declaraciones como las que estamos escuchando con asombro y la mayor preocupación.

Preocupación que imaginamos que será asumida también por dirigentes del PSOE como Díaz en Andalucía o Lambán en Aragon, García Page en Castilla La Mancha, Fernández Vara en Extremadura, Caballero en Galicia, así como destacados dirigentes de la ‘vieja guardia’ como González, Rubalcaba, Bono y Rodríguez Ybarra entre otros.

Como telón de fondo de estas temerarias iniciativas del Gobierno (y del PSOE) contra la Justicia española y el constitucionalismo los autores del vuelco  aseguran que todo esto favorece el diálogo político, rebaja la tensión en Cataluña y abre un camino para la normalización de la vida política catalana, lo que es una versión edulcorada y falsa de lo ocurrido porque en realidad estamos sola y exclusivamente ante el precio que paga Sánchez al soberanismo por su apoyo a los Presupuestos de 2019 para que Sánchez permanezca en el poder hasta 2020.

Precio en el que se incluyen los votos favorables de PDeCAT y ERC a favor de la moción de censura de Sánchez contra Mariano Rajoy. Un Rajoy que, si hubiera dimitido durante el debate de la moción de censura, habría dado la oportunidad a unas elecciones anticipadas y en todo caso había impedido este alarmante vuelco en el escenario catalán.


(*) Periodista


Primeras muestras de pacto del Gobierno sobre los políticos presos / José Oneto *

A una semana de la celebración del primer aniversario del Referéndum independentista del 1 de Octubre, y mientras se preparan grandes movilizaciones en toda Cataluña (las del pasado jueves frente a la consejería de Economía de la Generalitat para pedir la libertad de los “Jordis”, fue un simple ensayo general) aumentan los gestos por parte del Gobierno Sánchez hacia los políticos presos en cárceles catalanas, acusados de Rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

A las declaraciones de este fin de semana de la delegada del Gobierno en Cataluña Teresa Cunillera anunciando que se muestra partidaria de que si los presos fueran condenados sean indultados por el Gobierno (posición que viene manteniendo un sector del PSC desde que Miquel Iceta, secretario general de los socialistas catalanes, abrió hace meses, esa puerta), se ha unido este domingo otras declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, la persona dentro del Consejo de Ministros, más cercana al Presidente. 

Tiene su despacho al lado mismo del Presidente, y es, la que está más coordinada con el Jefe del Ejecutivo, en una situación que la principal critica hacia el nuevo gobierno es, precisamente, la falta de coordinación.

No parece que esa sea la situación de la vicepresidenta que además de Ministra de la Presidencia, de  relaciones con las Cortes, y de Igualdad, ejerce de asesora jurídica del Gobierno por su experiencia como profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba. Carmen Calvo, en unas declaraciones este domingo al periódico “La Vanguardia” de Barcelona se muestra partidaria de la libertad provisional de los presos que están pendiente de juicio. 

“Que estén en prisión no ayuda, y si se alarga mucho la vista oral se podrían tomar otras medidas”, dice la vicepresidenta del Ejecutivo. Calvo insiste en que “sería razonable” que el juez se plantee la posibilidad de no alargar más la prisión preventiva en virtud de que “se va a alargar la vista oral”.

“Las medidas las decide un juez, no le voy a decir lo que tiene que hacer, faltaría más”, comentó la vicepresidenta. “Salieron los de La Manada, por ejemplo. Y parecería lógico que el juez, en el ámbito de sus competencias y con total independencia, sin presión de nadie, pudiera decidir que estuvieran en otras condiciones”. 

“Evidentemente no deben estar en libertad, porque son parte de un procedimiento, pero la prisión preventiva está para lo que está”. En efecto, está para, entre otras cosas, evitar el riesgo de fuga como es evidente en el caso de siete de los responsables políticos, supuestamente implicados en los mismos delitos que los políticos presos, que han huido de la Justicia y se encuentran en Bélgica y en Escocia.

Lo que es significativo es que todas estas declaraciones -a las que ha reaccionado el Partido Popular  con el anuncio de una proposición de Ley para prohibir los indultos a condenados por sedición y rebelión que será entregada en el Congreso de los Diputados este lunes- se producen después de que el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Joan Tarda, anunciase que si no se eliminaba por parte de la Fiscalía el delito de Rebelión en la petición de la Fiscalía, era difícil entender que ERC pudiese apoyar los Presupuestos, el eje sobre el que pilota la continuidad del Gobierno. 

”Es difícil de entender- argumenta Calvo- que se mezclen los presupuestos, que atienden a las necesidades de los catalanes, con algo que nada tiene que ver. El Gobierno no es quién para calificar en un procedimiento”.

No será quien pero, para muchos observadores, ya se están dando las primeras muestras de un pacto con el independentismo y con la Generalitat para buscar una salida al contencioso de los “políticos presos”.


(*) Periodista y economista


Cien días de sobriedad / Ángel Montiel *

La famosa frase de Eugenio D´Ors («En Madrid, a las ocho de la tarde, o das una conferencia o te la dan») debe ser el lema de Diego Conesa, aplicado a sus circunstancias. El hoy delegado del Gobierno ganó las primarias a la secretaría general de su partido, el PSOE, anunciando futuras conferencias. 

Le preguntabas: si usted gana ¿qué proyecto defenderá en relación a la cuestión agua? por ejemplo, y te respondía: «Convocaré una conferencia en el partido para definir la política al respecto», y así con todo. Su programa en las primarias era, en realidad, un no programa, pues remitía las cuestiones más importantes del debate político regional a media docena de ´conferencias´ a celebrar con posterioridad al resultado de aquellas elecciones internas. 

Tampoco es que sorprendiera mucho su actitud, pues hasta entonces el PSOE carecía de una política definida, salvo la de oponerse a lo que propusiera el PP. Si el PP no proponía algo, el PSOE no tenía algo que decir. 

Pero durante algún tiempo nos preguntábamos: ¿Qué piensa el nuevo líder del PSOE, si es que piensa algo? Hasta que, sobre todo desde que inesperadamente se convirtió en delegado del Gobierno, captamos la naturaleza verdadera de su perfil. Es un político prudente, concienzudo, pragmático, que pisa sobre seguro. 

No es eléctrico, mediático o zumbón. De modo que el saldo de los cien días de su gestión presenta un empate entre sus promesas y compromisos y su cumplimiento. No hay, en este tramo, entrecomillado que afearle. Habla lo justo, pero lo que dice lo cumple. Antes de anunciar una solución se ocupa en atarla y bien atarla. 

A diferencia de su jefe político, Pedro Sánchez, que se desdice a cada instante, Conesa no regala titulares ni se empeña en propósitos arriesgados sobre los que no tiene constancia de poder resolver. Va despacio, pero va, y en algunos casos con los objetivos bien encarrilados. Ya vamos viendo que se trata de un político contenido, que pretende ser coherente aunque esto reduzca sus posibilidades de lucimiento en la plaza pública. 

Alguien podría advertirle que su estrategia va contra los tiempos, donde prima el griterío y el egotismo mitinero, pero Conesa es como es, y la sobreactuación no le pega. Tal vez, aunque sea a contratiempo, el ensayo de su fórmula acabe compensándolo. No se pliega a la tendencia, pero a lo mejor se trata de establecer distinciones. Conesa es distinto, tanto que cumple lo que promete, aunque prometa poco. Promete lo que puede prometer. 

La escandalera. La sobriedad del delegado del Gobierno provoca escandalera al otro lado. Conesa ha dejado al PP hablando solo. Y de manera atropellada, sin calcular que sus reivindicaciones al Gobierno socialista se convierten implícitamente en autodenuncias por la reciente convergencia PP/PP en los Gobiernos de España y Murcia, cuando tales demandas debieran haber sido resueltas, según la lógica que ahora esgrimen. 

Conesa ni replica; deja que se contradigan solos. El Gobierno regional ha empezado a conjugar el victimismo, una estrategia aburridísima que no transmite, pues un Gobierno no está para quejarse, sino para gobernar. La queja es patrimonio de los ciudadanos y de la oposición; otra cosa es el mundo al revés. 

Lo penoso de la respuesta del Gobierno regional a la ´solución tren híbrido´, por ejemplo, es que están consiguiendo que una decisión todavía insuficiente adquiera proporciones de gran gesta. Están haciendo que el Gobierno socialista se luzca cuando, en realidad, lo del híbrido es un parche. Pero no lo plantean así. Dicen desde San Esteban: «El PSOE nos ha robado el Ave, y el híbrido es un sucedáneo», cuando en realidad lo que ha quedado claro estos días es que el PP nos ha robado el híbrido, si utilizáramos su misma jerga. 

Este tren, que acorta sustancialmente el tiempo de trayecto a Madrid, no cuesta un euro más que los convencionales ni ha sido precisa obra alguna para su puesta en marcha; por el contrario, ha puesto en la agenda de nuevo la necesidad de concluir el trazado por Camarillas. Sencillamente, se trata de un tren que se desplaza en línea recta (lo normal, no como el Ave, que va a Madrid buscando huevos), atraviesa una comarca desasistida (todavía) de una comunicación que siempre ha tenido, y convoca a una clientela que no tiene tanta prisa en llegar a destino si el precio del billete la penaliza. 

¿Por qué no se le ocurrió al Gobierno regional pedir en su día esta solución a Rajoy? ¿Tal vez porque el parque de los híbridos está destinado a Galicia, feudo electoral básico del PP y patria chica del registrador de la propiedad y de quien fuera su ministra de Fomento, Ana Pastor, hoy presidenta del Congreso a pesar de ser la responsable política del butrón de la corrupción en las obras del Ave en su trazado hacia Murcia? Un tren no se fabrica en tres meses; hay que quitarlo de algún sitio para ponerlo en otro. Núñez Feijóo se habría enfadado mucho si uno de sus trenes hubiera sido desplazado a Murcia. 

El Gobierno regional, habiendo tenido a mano, ya desde los tiempos de Valcárcel, una solución tan sencilla, prefirió obviarla para crear una mayor ansiedad por el Ave en superficie, en principio, y con la esperanza de que quedara aplazada sine die la reivindicación del soterramiento, una vez ya el Ave en mano. 

Esto hasta la etapa de Íñigo De la Serna en Fomento, cuando éste comprendió que no se podía luchar contra un movimiento como el de la Plataforma, que no estaba dispuesto a aceptar que miles de murcianos sometieran su bienestar a un supuesto progreso general que los tomaba como víctimas necesarias, pero ni aún así renunciaron los populares a colocar el Ave en superficie como señuelo electoral, un ingenio tan sofisticado que contemplaba la posibilidad de que votaran al PP los propios vecinos de Murcia perjudicados por su política, lo que muestra el delirio en la autoconfianza. 

Vota Cospedal, viva el trasvase. En vez de tanta falsa nostalgia por el Ave que no llegó en agosto (ni en las uvas de los años precedentes, cuando gobernaban a la par en España y Murcia), el PP debiera aplicarse en exigir más híbridos mientras se completan las obras del soterramiento. Pero pedir esto sería tanto como confesar que ellos despreciaron una alternativa tan simple. Y si, según el senador incontenido, «el híbrido es una vergüenza», más híbridos sería otras tantas vergüenzas, y esto aunque logren el objetivo de acortar el viaje a Madrid con un precio aceptable para todos los bolsillos. Bendita vergüenza.

Lo mismo con el agua. Qué gran escándalo porque desde el actual ministerio se vaticine el fin del trasvase, un discurso no distinto al que practicaba la exministra popular Tejerina, quien llegó a declarar públicamente que la única agricultura con déficit de este recurso era la de Castilla y León. 

Pero el PP nos va a convocar a todos los murcianos a que en la próxima primavera votemos a María Dolores de Cospedal para que nos represente en el Parlamento Europeo, precisamente la política que tomó una iniciativa real, no de boquilla, para suprimir definitivamente el Tajo-Segura a través de una ley orgánica, el Estatuto reformado de Castilla-La Mancha. ¡Y critican al actual equipo socialista por declaraciones de intenciones respecto a la continuidad de los trasvases! 

¿No sería más práctico, atendiendo a los intereses generales, converger con Conesa en una actitud de persuasión discreta y negociada ante el Gobierno central que, por otra parte, no ha restado una gota de agua a la Región, a pesar del límite aceptado por el PP murciano en el vergonzoso Memorándum que reducía los volúmenes trasvasables?

El PP, sumergido en la perplejidad por el cambio en el Gobierno central, se amontona, mientras Diego Conesa, desde la delegación, se lo toma con calma. Inspira y expira antes de hacer una declaración comprometedora, pero cuando la hace no falla. No promueve espectáculo, pero empieza a inspirar confianza. Ya lo decía mi abuela: cuidado con los sonsos.

Másteres, tesis... y cátedras, chollos legales de los políticos

Qué escándalo, aquí se fuma. En los últimos meses estamos descubriendo el fraude de los másteres y la inanidad de las tesis doctorales, formalismos con los que se construyen currículos en tiempos en los que, como aseguraba el catedrático Andrés Pedreño en una entrevista a este periódico, los títulos no sirven para mucho si no van acompañados de lo que la nueva sociedad demanda, que no es otra cosa que talento. 

Estamos con Casado, Pedro Sánchez y el resto de la patulea evidentemente privilegiada, pero antes de que este fraude aflorara, tuvimos en la Región un ejemplo más próximo de cómo los políticos se han procurado un nido legal desde el que prosperar sin mérito respecto al resto de los mortales. El caso Miguel Ángel Cámara.

El que fuera alcalde de Murcia durante veinte años consecutivos con dedicación plena salió del cargo en dirección a su plaza de profesor en la Universidad de Murcia y al poco fue investido catedrático de su especialidad no tanto por la gracia de Dios como por las normas chiringuiteras dictadas ad hoc por los políticos para los políticos.

Ocurre que una tan prolongada excedencia (veinte años) no atañe a los quinquenios que hay que sumar con clases presenciales para adquirir la condición de catedrático, pero esto sólo en el caso de la dedicación a la política. Un privilegio, uno más, de los que se ha provisto la clase y que pasan desapercibidos para el común.

Como el beneficio atañe a los miembros de la comunidad universitaria que adquieren cargos en cualesquiera de los partidos, que nadie espere una iniciativa legislativa para acabar con estos chollos. Es la famosa omertá.

La lógica indica que un profesor universitario que ha estado ausente de la actividad académica durante dos décadas, en realidad debería matricularse en un curso de un año, como poco, en clases de reciclaje, pues se supone que sus conocimientos habrán quedado obsoletos; sin embargo, se les hace catedráticos frente a quienes han estado cada día al pie del cañón, adquiriendo e impartiendo formación y acumulando auténticos méritos, con sueldos más escasos que los que proporciona la política, obligados a usar los cajeros automáticos para disponer de recursos líquidos para sus gastos.

El alcalde Cámara tenía, como digo, dedicación plena, era además secretario general del PP, presidente de la Federación de Municipios, miembro de diversos Consejos de Administración de empresas públicas (de los que pagan por asistencia, de modo que no podía faltar), viajero constante con la fundación Murcia Futuro (de guaguy, claro) y gimnasta aplicado durante varias horas cada tarde de cada día.

Puede que ninguna de esas tareas, salvo la de cobrar de los Consejos, apuntarse a los viajes y corretear por las calles de Murcia, la llevara a cabo con la necesaria diligencia, a juzgar por el resultado de sus gestión pública, pero lo veíamos por el Ayuntamiento, o sea, que a los cargos les dedicaba tiempo, aunque quede la duda de si inteligencia y esfuerzo.

Por tanto ¿cuántas horas se ocupaba en la investigación para la obtención de sexenios que firmaba junto a otra persona, que tal vez, hay que suponer, estaría más desprovista de tareas ajenas a ese empeño? ¿Y si esas investigaciones, en vez de dos firmantes, hubieran contado con cinco, habrían servido para añadir méritos académicos a esos cinco?

Chollos. Legales, claro, pero chollos.



(*) Columnista


La política de la venganza / Ramón Cotarelo *

No deja de tener chiste: quienes más delincuentes indultaron en su tiempo, a cientos, casi todos condenados por corruptos, ahora se oponen a indultar a otros posibles delincuentes. Por si no estuviera claro qué delincuentes les gustan o les convienen y qué otros no les gustan ni les convienen. Nada de indultos a sediciosos y rebeldes y una lástima que no se pueda imponerles la Perpetua. 

La propuesta es puramente simbólica, a modo de aviso. La ley no es algo que, a diferencia del PSOE, detenga al PP cuando tiene la mayoría necesaria para derogarla. Si impone este criterio no es por su eficacia sino por el valor ejemplificador que tiene. La derecha tolera y hasta justifica la corrupción; la rebelión, no; nunca. Primero, la autoridad; luego, la honradez. 

Coincide esta petición con unas declaraciones del campo socialista en pro del indulto. La delegada del gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, es partidaria de esta gracia a los  políticos presos siempre que lo soliciten. Se refiere a los presos políticos. Vaya barullo que tiene la señora en la cabeza. No es frecuente dar indultos a quienes no lo solicitan. Pero esto es lo de menos. Lo más espantoso, sostiene la derecha, es que ya se esté pensando en indultar a unos delincuentes condenados en firme por sedición y rebelión. Ello demuestra la complicidad subterránea entre los separatistas y el gobierno entreguista y antipatriótico de Pedro Sánchez.

Aterrorizado el gobierno ante la sospecha de tamaña villanía ha corregido las declaraciones de la fogosa delegada. Las ministras Montero y Batet han dicho lo evidente: que no cabe hablar de indulto si aun no hay sentencia y que se respeta el poder judicial. Hasta Cunillera se ha corregido a sí misma, negándose a los futuribles.

Para los independentistas estas consideraciones son gratuitas. Partimos de que los presos/as políticos/as han de ser liberadas sin juicio y el procedimento anulado. No ha lugar a indulto  porque no puede haber lugar a condena. Diga lo que diga el gobierno sobre el Poder Judicial, es obvio que este proceso es una farsa en el sentido de que se trata de una causa contra el independentismo disfrazada de proceso penal. Disfrazada porque, además de las innumerables irregularidades de forma y fondo se basa en acusar a unas personas de un delito que no han cometido puesto que no se da el requisito esencial de la violencia.

No cabe aceptar más solución que la anulación del procedimiento y la liberación de los presos políticos. Cualquier otro solo puede darse apoyado en la intensificación de la represión sobre Catalunya. Y esta encontrará respuesta cada vez más masiva y decidida. Hasta que a la desobediencia se sumen las instituciones y haya un conflicto de competencias más agudo si la ciudadanía insiste, por ejemplo, en que se debe liberar a los presos políticos. 

En cualquier caso, de llegarse a la celebración del juicio y las condenas, tampoco ha lugar a la petición de indulto. Para que haya indulto, el condenado debe arrepentirse de su delito y los/as condenados/as catales/as no han cometido delito alguno. El delito pueden estar cometiéndolo quienes los/as han encarcelado. 

Está claro. Será la República la que las libere.
 
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

El indulto ni es justicia ni es el camino / José Antich *

Digámoslo sencilla y llanamente: el indulto ni es justicia ni es una opción. O sea, ¿que los presos políticos catalanes son los reos de una gran farsa montada por el Estado español, serán condenados en un juicio del que ya se atisba el veredicto pese a que no se cumplen las normas más elementales para que sea equiparable con lo que hubiera sucedido en cualquier otro país europeo y, una vez el Tribunal Supremo se haya pronunciado, lo que han de hacer es pedir el indulto al gobierno español? 

¿Es así como España cree que va a salvar la vergüenza que en muchos estados de la Unión significa un juicio de esta naturaleza? ¿Es así cómo el gobierno cree que se puede esquivar la bofetada de la justicia alemana y belga al juez Llarena? ¿Es así como el ejecutivo español cree que va a salir del atolladero ante la opinión pública internacional en el que se encuentra?

Lo más grave de todo es que, además, el gobierno español tan pronto ha enseñado mínimamente la patita y ha puesto encima de la mesa la opción del indulto, ha tenido que salir corriendo en dirección contraria. Hasta dos ministras de Pedro Sánchez han desautorizado a la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, que incluso ha tenido que hacer en muy pocas horas un comunicado oficial desdiciéndose de su propuesta.

La España política, judicial y mediática quiere unas condenas altas y ejemplarizantes creyendo que eso servirá como vacuna para movimientos futuros del independentismo. ¿O no están ahí los correos de jueces en chats privados señalando eso y el elocuente silencio de la gran mayoría? ¿Y la prensa de papel que día tras día habla de golpe de estado independentista y que incluso ha llegado a cruzar en Barcelona estos días la línea de justificar una condena a los Jordis por su actuación el 20-S que fue de todo menos violenta?

El único escenario contemplable debería ser la puesta en libertad, la reformulación de los cargos por parte de la fiscalía y el abandono de las acusaciones de rebelión y sedición. 

También la retirada de la acusación de malversación si no se puede probar, algo que hoy por hoy es así. Y que se juzgue tan solo la desobediencia, el único cargo que puede tener quizás una base sólida. Mientras la arquitectura institucional española no entienda esto, no puede plantear chapuzas como la del indulto, que no es otra cosa que aceptar, de entrada, que el juicio tendrá unas penas que no serán justas. 


(*) Periodista y ex director de La Vanguardia