miércoles, 20 de diciembre de 2017

Diego de Ramón aboga por regular los costos de servicios de usuarios financieros empresariales respecto a la mora


MURCIA.- El letrado murciano Diego de Ramón aboga por regular los costos de servicios de usuarios financieros empresariales a través de una plataforma de afectados a nivel nacional todavía en constitución y así se lo ha hecho saber, tanto al Banco Central Europeo (BCE), como a la entidad Cajamar, que viene aplicando tasas de interés del 3%, más del 25% en caso de mora, al colectivo empresarial español.

Este abogado propone acabar con esta "plusvalía desmesurada" en comparación a las de otras  entidades bancarias europeas, evidenciado así el posible incumplimiento sobre la Directiva de Abuso de Mercado de la Unión Europea al recibir esta entidad bancaria  -en alusión a Cajamar- en situación de posición dominante, un dinero público al cero por ciento de interés por parte del BCE y obtener un plus financiero privado de beneficio neto de un 28% desde el sector empresarial español en caso de mora pese a tratarse de préstamos con garantía hipotecaria.
Ante la negativa de Cajamar a tratar este tema con la plataforma en constitución de empresarios afectados, andaluces, levantinos y murcianos de momento, el citado letrado se ha dirigido al BCE solicitando una regulación al respecto para fijar un tipo estandar de interés moratorio, que no resulte usurario, dentro del mercado único.
Finalmente le recuerda al BCE que su Sistema de Supervisión Financiera tiene dentro de sus competencias una sección de 'supervisión microprudencial' para supervisar entidades individuales, como es el caso de la llamada cooperativa de crédito Cajamar, entre otras españolas que aplican elevados intereses de mora.

'Ahora Murcia' denuncia que "la dotación al municipio de los recursos sanitarios suficientes evitaría los colapsos"

MURCIA.- Ahora Murcia denuncia que "la dotación claramente insuficiente de recursos sanitarios en el municipio es terreno abonado para los graves colapsos que sufren los hospitales estos días y que previsiblemente se agravarán las próximas semanas con el comienzo de la gripe". 

La portavoz del grupo municipal, Alicia Morales, recuerda que "muchas de las necesidades del municipio en materia de recursos sanitarios se han planteado en el Pleno del Ayuntamiento y han sido aprobadas en forma de mociones, que se hacen eco de las demandas de colectivos de usuarios y profesionales".
Morales destaca que "el municipio continúa necesitando dos nuevos SUAP (Servicios de Urgencias de Atención Primaria), además de que el SUAP de la zona norte presenta importantes carencias. A ello se suma que los centros de salud no abren por las tardes y que no hay urgencias pediátricas en los hospitales Morales Meseguer y Reina Sofía".
La concejala explica que el SUAP de la zona norte no tiene atención directa al público y solo dispone de una ambulancia, haciéndose muy necesarias inversiones "para que el centro pueda atender adecuadamente a los vecinos tanto en visitas domiciliarias como de forma presencial".
La portavoz de Ahora Murcia subraya "el gravísimo déficit en la atención sanitaria que supone que para 3 áreas de salud solo dispongamos de unas urgencias pediátricas, las del hospital Virgen de la Arrixaca. Que solo uno de los hospitales del municipio disponga de este servicio tan importante es una de las carencias sanitarias que urge solucionar".
Alicia Morales recuerda que el Ayuntamiento de Murcia también ha aprobado recientemente una moción para que los centros de salud del municipio abran por la tarde en función de las necesidades de cada zona, y reitera la demanda de los colectivos y de la oposición de que "el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma realicen una planificación adecuada de los recursos sanitarios, de acuerdo a los requerimientos poblacionales y de dispersión geográfica del municipio. Hacerlo mejorará el servicio ofrecido durante todo el año a los murcianos y murcianas y ayudará a evitar los colapsos en los periodos de mayor afluencia a los centros sanitarios".
"En Ahora Murcia reivindicamos desde nuestra llegada al Ayuntamiento que los vecinos del municipio tienen derecho a una sanidad pública de calidad y en igualdad de condiciones con independencia de la época del año y de la zona en la que residan", destaca la edil, que "agradece la dedicación y profesionalidad de los profesionales s sanitarios de los servicios de urgencias ante la situación que vivimos estos días".

La oposición exige un criterio único del Ayuntamiento de Murcia ante las reiteradas cesiones ilegales de trabajadores


MURCIA.- El Grupo Municipal Socialista, Ciudadanos, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia han informado hoy de la moción de urgencia que defenderán mañana en el Pleno para exigir al equipo de Gobierno que establezca un criterio único para resolver la cesión ilegal de trabajadores en el Ayuntamiento de Murcia.

Los cuatro grupos han acompañado a las nueve trabajadoras del Servicio de Estadística despedidas por el Ayuntamiento después de que se les haya reconocido la cesión ilegal.
Este nuevo caso con las trabajadoras de Estadística se suma a la situación vivida por los empleados de los museos Ramón Gaya y de la Ciencia, Museo de la Ciudad y centros culturales, los cuales han recibido soluciones diferentes: subrogaciones sin esperar a sentencias, como es el caso del Gaya, despidos pese al reconocimiento judicial de la cesión ilegal, como en el caso de las trabajadoras de Estadística, cuando el denominador común, en todos los casos, es la existencia de ilegalidad por parte del ayuntamiento, con cesión ilegal de trabajadoras y trabajadores.
La consecuencia de esta "gravísima" situación de cesión ilegal y fraude en materia de contratación y ejecución de contratos municipales, que se está produciendo en el PP en el Ayuntamiento de Murcia desde hace 20 años, y para los que la oposición ha venido reclamando desde hace mas de dos meses una mesa de trabajo para clarificar, cuantifica, evitar más sobrecostes y acabar con las ilegalidades ha empezado a estallar. 
Aún no se ha cuantificado la repercusión económica que para las arcas municipales tienen las sentencias que están pendientes de salir y, como han explicado las trabajadoras, en su caso, si las sentencias concluyen que deben ser readmitidas el Ayuntamiento debería abonar las nóminas mientras han estado despedidas, debiendo pagar asimismo al personal que actualmente está prestando el servicio.
Para la oposición, tan importante es dejar de cometer ilegalidad por parte del Ayuntamiento como que, de forma inmediata a la resolución, se vayan convocando las plazas, siempre conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y tras la recuperación de la prestación del servicio por parte del Ayuntamiento.

Una nueva comisión revisará el reglamento de participación ciudadana del municipio de Murcia


MURCIA.- La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Susana Hernández, preside la Comisión Especial de Estrategias de Recuperación Social, Integración y Participación Ciudadana, que hoy ha celebrado su primera reunión para su constitución cuya creación fue aprobada en sesión plenaria.

Esta comisión nace como órgano de participación al que le corresponden las funciones de estudio en materia de planes y proyectos estratégicos para favorecer el desarrollo de todo el municipio. En ese sentido ya hay proyectos finalizados o que están encima de la mesa que se evaluarán en esta mesa de trabajo.
Se trata de garantizar la aplicación efectiva de los principios de participación y transparencia en la gestión municipal, como ha señalado Susana Hernández.
"Todos los grupos políticos presentes en el Consistorio hemos coincidido en que esta comisión se debe centrar en revisar el reglamento de participación ciudadana para hacer mejorar la norma por la que, entre otras cuestiones, se rige el funcionamiento de las juntas municipales", ha declarado.
"Desde el PSOE se incide en la necesidad de dotar de mejores servicios también a las pedanías y para ello la participación vecinal es importante y se tendrá en cuenta la opinión de las asociaciones y colectivos ciudadanos", ha añadido la edil socialista.
La comisión, de la que también forman parte los concejales del PSOE Enrique Ayuso y Juan Vicente Larrosa y la concejala Maite Espinosa, se reunirá al menos una vez cada tres meses y elaborará una memoria anual de actividades en la que se recogerán los trabajos realizados por la misma y sus conclusiones, memoria que se elevará al Pleno del Ayuntamiento.
Además, se ha propuesto la creación una mesa de trabajo que se convocará mensualmente para avanzar en la redacción del nuevo reglamento.
Este grupo de trabajo es el segundo que preside un representante del PSOE en el Ayuntamiento y se suma a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, al frente de la cual figura Enrique Ayuso.

'Cambiemos Murcia' considera una prioridad la reforma del reglamento que rige las juntas municipales

MURCIA.- Cambiemos Murcia ha exigido hoy en la comisión especial de estrategias de recuperación social, integración y participación ciudadana que se priorice la reforma del Reglamento de Participación, que rige el funcionamiento de las juntas municipales, al tiempo que ha planteado la puesta en marcha de un verdadero proceso participativo.

El concejal de la formación Sergio Ramos, que ha participado en la reunión junto a la también edil Margarita Guerrero, ha criticado que la Comisión se haya reunido hoy por primera vez tras la aprobación de la moción para la reforma del Reglamento en el primer Pleno de la legislatura, en junio de 2015.
Este retraso, en palabras de Ramos, se debe al "bloqueo sistemático" del responsable de Modernización de la Administración, José Guillén, desde hace más de un año, a todo lo que tiene que ver con el impulso de un proceso real para modificar el funcionamiento y las competencias de las juntas municipales, y la participación de la ciudadanía en la vida pública.
El concejal de Cambiemos Murcia ha planteado la necesidad de impulsar este proceso, no desde un punto de vista formal, sino a través de instrumentos que realmente ayuden a fomentar la participación de los vecinos.
La propuesta de la formación incluye la constitución de asambleas en todos los barrios y pedanías para darle voz tanto a los vocales que representan a las formaciones políticas como a los propios vecinos y vecinas. "Se trata de un proceso que no puede quedar dentro de los muros del Ayuntamiento".
También propone separar el trabajar en la creación de dos ordenanzas, una sobre los instrumentos de participación y la otra acerca de la estructura de las juntas municipales de barrios y distritos como órganos descentralizadores, porque en el actual Reglamento estas materias aparecen mezcladas.
En paralelo a eso, ha planteado que la sociedad civil, y en particular las asociaciones vecinales que llevan años trabajando en esta materia, puedan participar directamente en esta Comisión.
El objetivo de Cambiemos Murcia es que los nuevos reglamentos se aprueben antes de terminar 2018, pero también que sea un proceso de reforma real que permita modificar de manera radical los instrumentos de participación ciudadana y la composición, forma jurídica, competencias y presupuesto de las juntas municipales.
Ramos ha explicado que su formación llevará propuestas históricas de la lucha por la descentralización, como la tercera urna para elegir a los vocales de las juntas, facilitar la participación de los vecinos en los plenos de las juntas y que estas tengan más competencias en todas las políticas que les afectan de forma única y directa.

Los precios publicos de las Escuelas Infantiles Municipales de Cartagena se reducen


CARTAGENA.- Los precios de las Escuelas Infantiles Municipales de Cartagena se reducirán de nuevo entre un 35 y un 10 por ciento, según la propuesta que, a petición del concejal de Educación, David Martínez, se llevará a la próxima comisión de Hacienda. De esta forma se cumple con el compromiso de la alcaldesa, Ana Belén Castejón, cuya apuesta por la educación pública es firme y decidida.

 Por servicio de escolarización, los precios generales bajan un 15%, de 123 euros que se pagaban el pasado año a 105 que se abonarán a partir de ahora. Por servicio de comedor, la cuantía desciende de 103 a 88 euros.
"El objetivo es facilitar a las familias con más necesidades económicas el que puedan hacer uso de este servicio. Por este motivo los precios se han reducido más para quienes menos tienen", ha destacado David Martínez.
De esta forma, las familias cuya renta per cápita se encuentre entre 0 y 2.506,53 euros pasarán de pagar 21,06 euros por el servicio de escolaridad a abonar 19,95 euros; y las que se encuentran entre el tramo de 5.013,07 y 7.519,59 euros variarán de 71,86 a 63,00 euros.
Asimismo, el servicio de comedor también se reducirá.
Además, se incluye un nuevo tramo de pago para ampliar las exenciones. Hasta ahora eran 5, ya que sólo había un tramo para las familias con renta per cápita entre 7.519,60 y 11.279,38 euros, y pasan a ser 6, ya que el anteriormente mencionado se divide en dos: De 7.519,60 a 10.527,43 y de 10.527,44 a 15.039,18 euros.
"Nuestra apuesta por la enseñanza pública es absoluta. El derecho a la escolarización, aunque sea en este tramo que no es obligatorio, debe posibilitarse para todas las familias y desde el Ayuntamiento haremos todo lo que esté en nuestras manos para conseguirlo. El año pasado bajamos los precios y establecimos los tramos para que los ciudadanos pagaran en función de sus capacidades económicas reales. Este año hemos vuelto a bajarlos y hemos ampliado los tramos. El próximo año, dentro de las posibilidades del Ayuntamiento, volveremos a hacerlo", ha precisado el concejal de Educación.

Pagos por escolaridad y comedor
De esta forma; las familias con renta per cápita inferior a 3.759,80 euros, que hasta ahora pagaban 46,88 euros por escolaridad y comedor, pasarán a abonar 41,95 euros; las que tengan una renta per cápita comprendida entre 3.759 y 5.013 euros, pasan de 98,73 a 62,3; y las que están en el tramo comprendido entre 5.013 y 7.519 euros, pagaban 149,33 y ahora tendrán que abonar 115,8 euros.
El tramo comprendido entre 7.519,60 y 11.279,38 euro, que pagaba 201,17 euros, se divide en dos: de 7.519,60 a 10.527,43, que abonarán 139,5, y de 10.527,44 a 15.039,18 euros, que pagarán 172 euros.
Por último, las familias con una renta per cápita superior a los 11.279 euros pasan de abonar 227,19 a pagar 193 euros. A estas reducciones se suma la remunicipalización de diversas escuelas infantiles, como la de Pozo Estrecho y la de La Palma.

La UMU liderará el área académica del Observatorio de Islamofobia en los medios

MURCIA.- La Universidad de Murcia, desde su Campus de Excelencia Internacional Mare Nostrum, que coordina la profesora Pilar Garrido Clemente, forma parte del Observatorio de Islamofobia en los medios, y liderará su ámbito académico, integrado por diversas universidades.

En su Declaración fundacional, firmada por diversas organizaciones, el Observatorio afirma: "Creemos en un periodismo que informe de manera responsable, que fomente la interculturalidad y evite las generalizaciones que estigmatizan a toda la comunidad musulmana y que pueden acabar sentando las bases de una fractura social que solo beneficia a los extremistas violentos".
Entre los objetivos del Observatorio de la Islamofobia en los medios, se encuentran los siguientes: promover el debate sobre la responsabilidad de los medios en la creación de estereotipos e imágenes distorsionadas de estas comunidades, difundir mensajes positivos de diversidad e interculturalidad relacionados con la comunidad musulmana a través de los medios, producir un libro de estilo de buenas prácticas en colaboración con la Fundación del Español urgente y, en definitiva, contribuir a la inclusión de la comunidad musulmana como parte de la sociedad europea, evitando su criminalización y marginación.

El PSOE de Lorca espera que 2018 sea el año para cerrar, entre todos, las heridas del terremoto que siguen abiertas


LORCA.- El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, y secretario general de los socialistas lorquinos, Diego José Mateos ha asegurado que su partido centrará todos sus esfuerzos en 2018 para saber cerrar, entre todos, las heridas del terremoto que seis años después siguen abiertas. Mateos espera que 2018 sea el año de la terminación de la reconstrucción de la ciudad y de la solución a la problemática a la que muchos afectados se enfrentan por la devolución de las ayudas.

Durante el tradicional desayuno informativo de los socialistas lorquinos con los medios de comunicación local, Mateos ha destacado que 2017 ha servido para seguir consolidando al PSOE como la alternativa a un Partido Popular que se enfrenta, en 2018, a su "último año de gestión en Lorca". Lamenta que 2017 haya estado marcado negativamente para los lorquinos por el "relevo forzado" en la Alcaldía que, por las disputas internas, ha paralizado la gestión municipal.
Mateos asegura que el trabajo cercano de su partido "barrio a barrio, pedanía a pedanía" les está permitiendo elaborar un proyecto "a medida" con el que liderar la alternativa al Partido Popular después de casi 11 años.
Durante 2017, los socialistas lorquinos han continuado liderando la labor de control al gobierno, desde una oposición "cercana, crítica y constructiva". Ha sido "más que necesaria" en un año en el que el PP ha demostrado su "agotamiento político", y la prueba está en la "parálisis" que sufren grandes proyectos, como el de la Ronda; el caos en el que han sumido la ciudad por la mala planificación de las obras, o el abandono sistemático hacia las pedanías "las grandes olvidadas".
Mateos ha lamentado que la última demostración que el PP ha hecho de su "escaso compromiso hacia Lorca" es el rechazo que, junto a Ciudadanos, han hecho en la Asamblea Regional contras las propuestas que el PSOE ha hecho desde la óptica de "mejorar Lorca y priorizar las inversiones".
PP y C´s, en su "pacto de migajas" han rechazado inversiones para Lorca destinadas a mejorar la sanidad y aliviar las vergonzantes listas de espera. Con su "no", PP y C´s han rechazado la construcción del nuevo centro de salud en el Barrio, en el que estaba prevista la inclusión de un segundo servicio de urgencias para Lorca, necesario después del cierre de las Urgencias de San Diego.
Además, PP y C´s han rechazado inversiones para construir el ansiado paso inferior en San Antonio para "desatascar" los colapsos diarios de tráfico, y que el PSOE "no renuncia a seguir peleando, hasta conseguirlo". 
Populares y Ciudadanos también se unieron en la Asamblea para rechazar el aumento del personal en Rafael Méndez; la construcción de un nuevo colegio en La Campana; inversiones para mejorar los accesos en Almendricos o la construcción de un parvulario en la pedanía, o mejoras en carreteras como la Cuesta del Mesillo, Malvaloca o la Almenara, en Campillo.
Con su voto en contra, PP y C's bloquearon también la construcción de la autovía Lorca-Caravaca, vital según Mateos para mejorar las comunicaciones del municipio.

Podemos exige una partida presupuestaria regional para intervenir en el suelo contaminado del IES 'Sierra Minera'

CARTAGENA.- Andrés Pedreño, diputado regional de Podemos, ha pedido a la Dirección General de Minería que destine dinero a este Instituto ante la "gravedad" de los datos de contaminación que han resultado de la investigación del doctor Jose Matías Peñas. La partida que demanda Podemos, cuantificada en tres millones de euros, está contemplada en los presupuestos de 2018 para ordenación minera.

Pedreño ha explicado que las cifras de contaminación en el Instituto alertan de que se están "sobrepasando por mucho" los valores normales en zinc, arsénico y plomo, metales que se encuentran en el suelo del IES Sierra Minera
"Tal y como dijimos el problema no se reduce al colegio del Llano, otros centros escolares están en riesgo, como acabamos de saber con el IES Sierra Minera, pues es toda la Sierra Minera la que tiene un problema de salud pública urgente".
Por ello, el diputado regional de Podemos pide al gobierno que "asuma su responsabilidad" puesto que "se han lavado las manos a la hora de exigir que la restauración ambiental corriera a cargo de la empresa Portmán Golf a la que nada se le ha exigido. Los habitantes de la Sierra Minera La Unión, así como profesores y estudiantes, están totalmente desprotegidos ante la contaminación que sufren en su día a día".
Andrés Pedreño ha recordado que tanto Partido Popular como Ciudadanos han rechazado una enmienda de Podemos "para la creación de una Oficina Técnica de la Sierra Minera para que en coordinación con el resto de Consejerías implicadas, se pueda intervenir en una posible situación de riesgo para la salud pública causada por la actividad y el abandono de las explotaciones mineras".

Cartagena Sí Se Puede (CTSSP) convoca al Gobierno local a una reunión sobre presupuestos

CARTAGENA.- Mediante un comunicado de prensa, Cartagena Sí Se Puede (CTSSP) informa que ha convocado a MC y PSOE a una reunión conjunta para valorar el cumplimiento del acuerdo de investidura que incluye 40 puntos firmados entre las tres formaciones, y que además contiene la posibilidad de posibles acuerdos en materia presupuestaria para el año 2018.

A juicio de la formación morada, el Gobierno tiene olvidados gran parte de los compromisos adquiridos con su formación y por esa razón considera indispensable un seguimiento exhaustivo de los mismos. 
El grupo municipal espera que el Gobierno acepte la propuesta de reunión y espera iniciar conversaciones de cara a posibles acuerdos en materia de presupuesto, propuestas que incluirían las iniciativas aprobadas en Pleno que requieren de consignación presupuestaria, demandas vecinales inaplazables como los planes integrales de barrios y compromisos como el inicio de los procedimientos para la disolución de Casco Antiguo SA.
El grupo municipal ha anunciado que iniciará una campaña entre los círculos del partido, las Juntas vecinales y diversos colectivos del municipio para recoger propuestas en materia de presupuesto que luego serán trasladadas al Pleno municipal, bien mediante enmiendas a la propuesta del Gobierno, o bien incluidas en las negociaciones con éste.
Por último, CTSSP considera que estos presupuestos son la última oportunidad del Gobierno para rectificar su errático rumbo y demostrar que quieren gestionar para la gente. El grupo municipal considera que esta convocatoria tiene carácter de ultimátum, ya que PSOE y MC tendrán que decidir urgentemente si aúnan esfuerzos en aras de unos presupuestos progresistas, o por el contrario, terminan cayendo deshonrosamente en los brazos de PP y C’s, dos partidos que representan de todo menos el interés de las mayorías sociales de Cartagena.

C's-CT alerta del colapso y el “monumental” retraso de la mayoría de mesas, comisiones y consejos municipales


CARTAGENA.- Ciudadanos alerta del fuerte retraso que sufren un gran número de comisiones, mesas, y consejos municipales que nacieron con grandes objetivos y que han quedado aletargadas y sin operatividad en el Ayuntamiento de Cartagena.

El Consejo Local de Comercio se reunió por última vez el 15 de febrero y en su constitución la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, aseguró que era uno de sus compromisos más importantes para dinamizar ese sector. Ciudadanos lamenta la falta de contenido en ese consejo cuando existen temas pendientes de tratar tan importantes como son el desarrollo de algunos proyectos aprobados en el Pleno como la recuperación del Mercado Gisbert, o la celebración de la Semana del Pequeño Comercio, ambas iniciativas a propuesta de la formación naranja.
La Mesa Local de Empleo, órgano que fue vendido como un instrumento esencial de participación de los principales agentes socioeconómicos para favorecer la reactivación y dinamización económica en Cartagena, así como para contribuir a la generación de puestos de trabajo, tuvo su última convocatoria el 24 de abril, pese a que esta mesa debía reunirse de manera trimestral, por lo que debería haberse convocado en el mes de julio.
La Mesa de la Justicia no ha vuelto a reunirse desde el 23 de mayo donde se trató la postura del Gobierno sobre la creación de los juzgados hipotecarios uniprovinciales.
La Comisión de Drogodependencias lleva más de año y medio sin reunirse cuando debería hacer un seguimiento a la implementación del nuevo Plan de Drogodependencias para los años 2016/18, un documento que llevaba ocho años sin actualizarse. En esta comisión están representados todos los grupos políticos, la FAPA, la Policía y entidades sanitarias y sociales y cargos autonómicos de Sanidad y Educación.
Especialmente descorazonadora es la situación de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones cuya convocatoria no se ha producido desde que empezara la legislatura a pesar de existir una orden emanada del Pleno ordinario de mayo de 2016 gracias a un acuerdo aprobado por todos los grupos municipales, salvo el Partido Popular. 
A pesar de que entonces la concejal de Transparencia, María Josefa Soler, aseguró que la convocaría puesto que “este Gobierno apuesta claramente por la participación ciudadana, y ha demostrado su interés en promover la participación efectiva del ciudadano en la vida pública”, no se ha convocado, ni está previsto que lo haga.
La Comisión para la Modificación del Reglamento del Pleno fue aprobada en la sesión plenaria de abril, y desde entonces ni siquiera ha tenido lugar la sesión de constitución. Esta Comisión debe, entre otras cosas, modernizar un reglamento que ya no sirve para regular en condiciones el funcionamiento del Pleno, y encontrar alternativas al colapso de iniciativas que tienen lugar en él una vez al mes.
La Comisión de Seguimiento de los Acuerdos Plenarios fue convocada por última vez el 9 de mayo. En aquella ocasión cada grupo municipal presentó una lista de acuerdos que no se estaban ejecutando y esperaban conocer las causas, pero no se ha vuelto a saber nada. Desde entonces, más y mas iniciativas aprobadas en sesión plenaria siguen acumulándose en las dependencias del Ayuntamiento sin que nadie dé explicaciones de por qué no se hacen realidad.
La Comisión de Investigación del CATAD lleva sin celebrar una sesión desde el 15 de mayo, y se sigue sin recibir la documentación básica necesaria para iniciar las pesquisas sobre el funcionamiento de este centro de acogida de animales. Por su parte, la Mesa de Bienestar Animal se reunió por última vez el 3 de marzo.
La Mesa del Pacto por la Noche no se ha convocado desde el mes de marzo de 2017 donde se analizaron las actuaciones para la Semana Santa, y a pesar de la cercanía de las fechas navideñas con sus aglomeraciones e incidencias habituales, no se ha anunciado una nueva reunión.
Desde el 21 de marzo no se ha celebrado la Mesa de Seguimiento del Plan Municipal sobre Discapacidad. Esta Mesa debe tratar lo antes posible la recién aprobada ordenanza municipal de Accesibilidad y ejecutar la enmienda de Ciudadanos para actualizar el plan de accesibilidad de Cartagena que tiene más de 10 años.
El portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, asegura que “así podríamos seguir con otras mesas, comisiones y consejos, lo que demuestra que o bien el Gobierno local ha intentado abarcar mucho y por lo tanto apretar poco, o sencillamente que no está preparado para asumir las tareas y los retos que una gran ciudad como Cartagena exige a su Gobierno”.
“Estoy seguro de que estar permanentemente enfrascado en una lucha interna como hacen los partidos que conforman el Gobierno local no ha ayudado a que estos espacios municipales se llenen de contenido, mucho menos de soluciones aplicables a nuestro desarrollo para generar riqueza, aumentar los puestos de trabajo y fortalecer nuestro tejido productivo”, ha explicado Manuel Padín, que espera que tanto MC como PSOE hagan un verdadero acto de reflexión, corrijan el rumbo y dejen de perder el tiempo porque si siguen así, van a conseguir que todos estos órganos de trabajo lleguen al final de la legislatura sin haber aportado una sola cosa positiva para Cartagena”.

El Ayuntamiento de Totana y la UAB renovarán el convenio sobre el yacimiento argárico de La Bastida


TOTANA.- El alcalde socialista de Totana, Andrés García, y el concejal comunista de Yacimientos Arqueológicos, Juan José Cánovas, se reunieron días atrás para estudiar la renovación del acuerdo sobre La Bastida con el catedrático de Prehistoria de la UAB, Rafael Micó.

La Concejalía de Yacimientos Arqueológicos tiene previsto impulsar y poner en valor los yacimientos del término municipal, con la apertura de un Museo en el centro de la población
El Ayuntamiento de Totana y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) acordaron renovar el convenio de colaboración sobre el Yacimiento Argárico de La Bastida, después de esa reunión.
En la reunión, se concretaron los puntos del convenio de colaboración pendiente, dando el visto bueno, con las aportaciones de la UAB a la inminente firma por ambas instituciones.
En este caso, el Consistorio se hace a cargo de los gastos de seguridad de las piezas arqueológicas depositadas en las instalaciones municipales y de la logística de mantenimiento del propio yacimiento.
El concejal Juan José Cánovas ha subrayado la permanente colaboración mantenida por su departamento con la UAB, poniendo como ejemplo, la reciente construcción de una recreación de la Casa Argárica, que ha sido ejecutada por la institución docente, en virtud de una subvención de 30.000 euros concedida por la Dirección General de Bienes Culturales y gestionada por el Ayuntamiento de Totana.
También ha resaltado la inversión de 60.000 euros que ha aportado la Comunidad Autónoma para las obras de emergencia en la muralla del poblado argárico, cuyas actuaciones se están finalizando en estos días.
El edil de Yacimientos Arqueológicos ha recordado que el Ayuntamiento de Totana en 2017 ha superado los 100.000 euros de gasto en cuestiones logísticas en el yacimiento; y ha señalado que la única condición es que éste es patrimonio del pueblo de Totana y que todas las cuestiones que se realicen deben estar en el marco de la Ley.
El concejal Cánovas ha dicho que "sería muy interesante y urgente que la Comunidad Autónoma apoyase directamente con la UAB los trabajos de investigación pendientes en el yacimiento; y el Ayuntamiento continuase con el apoyo logístico y las aportaciones en función de sus posibilidades económicas".
A principios de año, la Concejalía de Yacimientos Arqueológicos presentará un Plan de Actuación que pase por la exposición de las piezas de la Bastida en un Museo, instalado en el Antiguo Centro Tecnológico de Artesanía, compatibilizando con otras actividades y exposiciones para que los visitantes de La Bastida, pasen primero por el centro de Totana, recorran lugares de interés y por la tarde, visiten el yacimiento en el que estos meses se organizan "Visitas Teatralizadas" organizadas por la empresa "Conexión Cultura", con la colaboración de la Concejalía de Turismo.
También se está negociando, con los propietarios, la adquisición o permuta, para que sean patrimonio público, los yacimientos de Las Cabezuelas, La Tira del Lienzo o las Termas Romanas, con el fin de proteger e incluirlas en el circuito de visitas a lugares de interés de municipio totanero, atrayendo a visitantes con el objetivo de apoyar la recuperación del comercio y la hostelería en Totana.
El edil ha anunciado que en el primer trimestre de 2018, se solicitará una subvención en el marco de los programas de Fomento del Empleo para contratar a un equipo de mantenimiento de Yacimientos Arqueológicos, coordinados por un técnico.
Además, ha informado que va proponer, a medio plazo, propondré la creación de la plaza de Arqueólogo Municipal por la importancia y el peso que tiene este sector en la economía, cultura y proyección turística de Totana.
Asimismo, ha dicho que "del mismo modo, elevaré al Pleno de enero, la propuesta de creación de un Consejo Ciudadano, compuesto por los colectivos y profesionales implicados y la Universidad de Murcia para diseñar y planificar el Plan Integral", ha manifestado Juan José Cánovas.

MC Cartagena impulsa el acercamiento de la administración al vecino y la reducción de la presión fiscal


CARTAGENA.- La Junta de Gobierno local abordó hoy la aprobación de la propuesta formulada por la concejal de Hacienda, Isabel García (MC Cartagena), en relación a la modificación de las ordenanzas de Precios Públicos del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena para el ejercicio 2018.

En líneas generales, las decisiones de García inciden en las líneas de actuación implementadas desde la llegada a la Alcaldía de José López (MC Cartagena):favorecer el bienestar económico, así como la solidaridad y calidad de vida de los ciudadanos.
Voluntad que ya quedó recogida en la modificación de las ordenanzas de impuestos y tasas municipales, y en la mejora del Plan Personalizado de Pago de 2018, materializadas, ambas, durante el pasado mes de octubre.
De un modo más concreto, las modificaciones planteadas, además de reducir, una vez más, la presión fiscal, propiciarán una significativa disminución de las cargas administrativas soportadas por los usuarios, ahondando en la intención de simplificar y acercar la administración a las necesidades de los vecinos.
Una vez aprobada por la Junta de Gobierno local, el procedimiento quedará supeditado a la concesión del dictamen favorable de la Comisión de Hacienda e Interior, paso previo a la obtención del visto bueno del Pleno municipal del 29 de diciembre. Tras ello, se elevará a exposición pública durante un periodo de 30 días hábiles. De no existir reclamaciones, se entenderá como definitivo el acuerdo.

Una administración adaptada al vecino
Las principales modificaciones planteadas por la edil de Hacienda son:
Eliminación del precio público por la prestación de servicios en las bibliotecas públicas y el archivo municipal por traspaso de sus conceptos a la tasa por expedición de documentos administrativos.
Reducción de los precios públicos por la prestación de servicios educativos y de comedor en la Escuelas Infantiles dependientes del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena a fin de acercar progresivamente los precios abonados en las escuelas infantiles municipales a los abonados en las de competencia de la CARM, de una cuantía inferior.
Del mismo modo, se favorecerá el acceso a las bonificaciones en función de la renta per cápita de la unidad familiar. Cabe recordar que estas obligaciones devienen de la formalización de la matrícula; cuando se presenta los servicios de escolaridad y de comedor y al prestar el servicio de ampliación horaria.
Igualmente, se contemplan otras reducciones, del tipo:
50% del precio mensual del servicio de comedor en los periodos vacacionales de Navidad y Semana Santa.
50% de los precios mensuales de escolaridad y de comedor cuando la matriculación del menor se produzca entre los días 16 y último de mes.
50% del precio mensual de horario ampliado cuando se utilice dicho servicio medio mes.
Además, a fin de garantizar el derecho de acceso a la cultura, recogido en el artículo 44.1 la Constitución Española, y la necesidad de establecer programaciones culturales abiertas al mayor número de público que favorezcan la participación y la democratización cultural, tanto para los creadores de manifestaciones artísticas como los consumidores, se regula el establecimiento del precio máximo de las entradas y fórmulas de abono para el Parque Torres, el Nuevo Teatro Circo, el Auditorio y Centro de Congresos El Batel, el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy y otros espacios emblemáticos para el desarrollo de actividades culturales.
Se unifican y redondean por la prestación de servicios en la Universidad Popular. Asimismo, se propone la gratuidad en la mensualidad a abonar por los cursos/talleres 'Bazar de Letras' y 'Preparación para la Prueba de Obtención del Título de la ESO para mayores de 18 años".
Creación de un nuevo precio público por la prestación de servicios realizados por los servicios educativos y de comedor de las Escuelas de Verano llevadas a cabo por la Concejalía de Educación (julio y agosto). 
También, dado el destacado grado de aceptación de esta actividad, se plantea la opción de cobrar un precio, estableciendo tramos de reducción para atender la demanda y, por otro lado, motivar la asistencia a los cursos.
Creación de un nuevo precio público por el uso de los espacios culturales y la prestación de servicios a particulares o empresas. En este sentido, se plantea la posibilidad de establecer una figura impositiva que recoja un precio por la utilización del Salón de Actos del Centro Cultural 'Ramón Alonso Luzzy' y el auditorio 'Parque Torres', por colectivos y asociaciones culturales ajenas a la programación cultural del Ayuntamiento o, en su caso, para el cobro de las entradas a eventos culturales.
Creación de un nuevo precio público por la prestación de servicios realizados en eventos culturales o de festejos, así como actividades del programa de Tiempo Libre Alternativo (T-LA). Igualmente, por el uso del centro y alojamiento del Centro Juvenil de Canteras.

El Ministerio de Educación mantiene los mismos temarios para las oposiciones de 2018 y 2019


MURCIA.- La consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez- Cachá, asistió hoy en Madrid a la reunión de la Conferencia de Educación, convocada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y en la que participan representantes de todas las comunidades autónomas.

En la reunión se abordó, por parte de todas las administraciones educativas, la modificación del Real Decreto 276/2007 que aprueba el reglamento de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes no universitarios.
La modificación ha aceptado más del 90 por ciento de las peticiones de los sindicatos y las Comunidades Autónomas, se ha primado que haya más opciones en el sorteo de los temas, con una valoración de la experiencia previa que pasa a ser de 7 puntos cuando antes eran 5 puntos, y pasan a ser máximo de 10 años de antigüedad y antes 5 máximo, favoreciendo así a la estabilización de empleo.
El Ministerio quiere garantizar que se valore la capacidad, el mérito y el esfuerzo. Apostando por las pruebas eliminatorias y en función de los informe de la abogacía del Estado garantizar la seguridad jurídica del proceso.
No se modificarán los temarios en los próximos dos años de convocatoria, hasta 2020. Las pruebas serán eliminatorias dando seguridad jurídica al proceso tras el pronunciamiento de la Abogacía del Estado a estancias del Ministerio.
La modificación propuesta, que será de aplicación para las oposiciones de 2018, establece un marco transitorio para las próximas cuatro convocatorias, en las que la Región de Murcia tiene previsto ofrecer un total de 3.000 plazas en los diferentes cuerpos y especialidades docentes.
Martínez-Cachá explicó que para dichas oposiciones se aumentará el número de bolas para la elección del tema a desarrollar en el examen teórico de la primera prueba. Además, se dará más valor a la fase de concurso en el total de la oposición y se aumentará la valoración de la experiencia docente previa. "De este modo, se potenciará la estabilización de las plantillas y del empleo docente reduciendo la cifra de interinos por debajo del 7 por ciento".
La Consejería de Educación trabajará con las organizaciones sindicales desde principios de 2018 para consensuar la convocatoria de las próximas oposiciones de secundaria.
Mayor oferta de empleo público de los últimos años
Por primera vez la Consejería de Educación diseña un plan plurianual con 3.000 plazas distribuidas en cuatro convocatorias. Así, para 2018 la Comunidad convocará 506 plazas de Secundaria y 35 al cuerpo de catedráticos de Música y Artes Escénicas.
La consejera calificó de "histórica" la oferta de empleo público y resaltó "la apuesta del Gobierno regional por una enseñanza de calidad". Además, destacó que "en Secundaria no se hacía una oferta tan amplia desde hace más de siete años, concretamente desde 2010".

Aprobada la creación de la Central de Información de la Intervención General de la CARM

MURCIA.- El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, el proyecto de decreto para la creación de la Central de Información de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la regulación de su funcionamiento.

La aprobación de este decreto surge de la necesidad de contar con una Central de Información que funcione como banco de datos de las áreas críticas para la gestión económica.

El decreto abarca tres áreas: la rendición de cuentas económico-financieras de las entidades públicas, las obligaciones derivadas de la normativa sobre estabilidad presupuestaria estatal, y las obligaciones de control del sector público emanadas de la normativa regional.

De esta manera, se articulan en un texto único todas las normas vigentes sobre información económico-financiera que afectan al sector público.

Casi un 50% de los murcianos a los que se les hizo la prueba de drogas dio positivo


MURCIA.- La Dirección General de Tráfico, a través de las Jefaturas Provinciales de Tráfico y en cumplimiento de la programación de las Campañas y Operaciones de Vigilancia y Control para el año 2017, ha desarrollado esta campaña especial sobre el control de la tasa de alcoholemia y presencia de drogas en conductores, que se ha llevado a cabo entre los días 11 y 17 de diciembre. 

Según informa la Delegación del Gobierno, el Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Murcia ha realizado en las vías interurbanas de la Región un total de 7.469 pruebas de alcoholemia a conductores, con el resultado de 94 positivas, lo que supone un 1,25 por ciento del total.
En cuanto a drogas, se han realizado un total de 90 pruebas a conductores, con el resultado de 44 positivas (48,88%), detectándose cannabis (35), cocaína (19), anfetaminas (2), metanfetaminas (2) y opioides (1). En algunos casos se ha detectado el consumo de dos o más tipos de droga en la misma prueba.
Las pruebas de drogas se realizan únicamente entre aquellos conductores que presentan síntomas de haberlas consumido, por lo que el porcentaje final siempre resulta elevado, explican las mismas fuentes en comunicado de prensa.
A esta campaña se han adherido los ayuntamientos de Águilas, Alguazas, Archena, Beniel, Bullas, Calasparra, Cartagena, Jumilla, La Unión, Librilla, Lorca, Los Alcázares, Molina de Segura, Mula, Murcia, Puerto Lumbreras, San Javier, San Pedro del Pinatar, Santomera y Torre Pacheco.
Los resultados de los controles efectuados por las Policías Locales de estos municipios están siendo comunicados a la Jefatura Provincial de Tráfico de Murcia.

Podemos afirma que "se va a mantener firme" en el decreto de medidas urgentes para el Mar Menor

CARTAGENA.- María Giménez, diputada regional, ha explicado que tras la primera reunión de la Ponencia que se encarga de debatir las medidas destinas a salvar el Mar Menor, Podemos considera que "debe ser tan solo un primer paso para comenzar con la transición en el modelo agrícola del campo de Cartagena y así lograr la convivencia de nuestro campo con la sostenibilidad de la laguna".

Giménez ha asegurado que ante la "desidia" del gobierno del Partido Popular, que "durante décadas ha mirado para otro lado", gracias al trabajo que "hemos realizado en la Asamblea los distintos grupos de la oposición, vamos a lograr sacar medidas necesarias, urgentes y eficaces para comenzar a salvar el Mar Menor".
Por eso, ha dicho la diputada, desde Podemos "vamos a ser férreos con las enmiendas que estamos terminando de perfilar en la Ponencia. No vamos a permitir que se mueva ninguna de las partes fundamentales de las medidas y esperemos, que nadie eluda sus responsabilidades a la hora de legislar".
Si bien, María Giménez ha querido dejar claro que "este es sólo el principio. Vamos a sacar adelante las medidas urgentes que van directas la raíz del problema. Luego, continuaremos trabajando para que de verdad se haga una transición hacia un modelo agrícola distinto que nos permita ser referentes con nuestros productos del campo murciano, pero sobre todo referentes en el cuidado y respeto a nuestros recursos más valiosos, como es el Mar Menor y todo lo que ello implica para nuestra economía y turismo".

Podemos exige conocer quién va a devolver los casi 200 millones de euros públicos que se pusieron como aval de Corvera

CARTAGENA.- Andrés Pedreño, diputado regional de Podemos, ha explicado que "después de una nefasta gestión con Aeromur, ahora el gobierno concede la gestión a Aena". Podemos exige al gobierno regional que el aeropuerto de Corvera no sea gestionado como "un negocio privado" sino que va a estar dentro de la red estatal Aena y por tanto regulado por los Presupuestos Generales del Estado. 

Pedreño ha afirmado que "nos esperamos lo peor, pues la concesión del Aeropuerto de Corvera será a una sociedad concesionaria que en un principio parte de capital de Aena pero que cuando esté funcionando nos tememos que ese accionariado se venderá y Corvera quedará como una isla privada en el mapa de aeropuertos".
Andrés Pedreño ha recordado que todavía nadie del Ejecutivo ha dicho quién va asumir el coste de los 182 millones de euros de aval que se pusieron ni se han asumido responsabilidades políticas por "todos estos años perdidos y por el coste económico y social de estos seis años de despilfarros en torno a Corvera".
Pedreño ha recordado que la historia del aeropuerto de Corvera ha sido "un auténtico despropósito, al más puro estilo del Partido Popular. A día de hoy, nos sigue costando 22.000 euros mantenerlo. 
Sin olvidar que la Administración regional está pagando el aval de 182 millones de euros y aún debe liquidar el contrato anterior con Aeromur y abonar expropiaciones. Nos encontramos con que las arcas regionales han tenido que desembolsar 182 millones más los intereses y comisiones del aval y los gastos de mantenimiento del aeropuerto estos años. Así nos vamos por encima de 200 millones de euros".
Si bien, como ha dicho el diputado regional, "aunque creemos que la opción más correcta es la gestión de Aena, siempre y cuando el aeropuerto de Corvera esté integrado en la red estatal y regulado por los Presupuestos Generales del Estado. No nos podemos fiar del gobierno del PP, con un presidente, López Miras, que ya ha demostrado su incapacidad para gestionar esta Región. Por tanto, nos vamos a mantener vigilantes con todo el proceso de adjudicación. 
El PP tiene un grave problema con las infraestructuras regionales y sus antecedentes con Corvera son terribles como para esperar que esto no nos acabe costando más dinero público y, al final, nos encontremos con un aeropuerto poco útil para la gente de esta Región".
Por otro lado, Javier Sánchez Serna, diputado nacional de Podemos Región de Murcia ha preguntado en el Congreso por la situación en la que queda San Javier. 
Sánchez Serna ha explicado que la información que ha demandado Podemos está relacionada con los planes que tiene el gestor sobre el futuro del aeropuerto de Murcia San Javier. Por ejemplo, ha dicho el diputado, en el caso de que se cierre San Javier, "queremos conocer qué va a hacer el gobierno con sus trabajadores".
Asimismo, el diputado nacional de Podemos por Murcia ha explicado que también hemos exigido saber si se les va a ofertar la posibilidad de reubicados en plazas de otros centros de Aena a su elección o serán subrogados a la nueva infraestructura. Además, es importante, ha dicho, "que nos cuenten si será de aplicación la norma DORA al Aeropuerto Internacional de Murcia-Corvera".
Por último, Javier Sánchez Serna ha recordado que el gobierno gestiona el futuro de estos aeropuertos de forma "opaca y poco transparente. Y nos estamos jugando mucho. San Javier además de ser público es el mejor aeropuerto europeo en su categoría según el Consejo Internacional de Aeropuertos. 
San Javier incrementa año a año sus pasajeros, recibe premios internacionales y ayudas europeas. Además, nos podemos encontrar con que el PP se carga un aeropuerto que tiene el respaldo de los vecinos y trabajadores de esta localidad".

'Aena' coordinará el traslado de actividad de San Javier al aeropuerto de Corvera con «el menor impacto posible»

MADRID.- Aena trabajará para poner en servicio "lo antes posible" el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, cuya licitación se ha adjudicado, con el que se iniciara un "complejo proceso" de análisis que requerirá también una etapa de transición para el traslado de la actividad del aeropuerto de San Javier al conocido como aeropuerto de Corvera.

Se inicia ahora una fase de tramitación de toda la documentación necesaria y la posterior firma del contrato y, a continuación, se llevará a cabo un complejo proceso previo a la puesta en servicio del nuevo aeropuerto, informó Aena en un comunicado.
Aena, que ha recibido con satisfacción la adjudicación, ha asegurado que trabajará para garantizar que las instalaciones cumplen los requisitos "más estrictos de niveles de seguridad para su puesta en marca, que disponga de todas las licencias y permisos preceptivos por Ley, y que esté en condiciones de dar un servicio de calidad a los pasajeros y a las compañías aéreas".
El traslado de la actividad del aeropuerto de Murcia-San Javier a Corvera, apenas separados por 23 kilómetros, requerirá una "etapa de transición" que se coordinará de "forma minuciosa" con todos los agentes implicados para ubicar equipos, personal y operaciones en las nuevas instalaciones "con el menor impacto posible".
Al año, el aeropuerto de San Javier mueve un millón de viajeros. Según las previsiones del flujo de pasajeros previsto para los próximos años, el aeropuerto de Corvera podría recibir una afluencia de seis millones de pasajeros anuales, lo que, supondría una mejora competitiva como destino turístico de la Región de Murcia.
La oferta económica de Aena recoge que retribuirá a la Comunidad Autónoma cuando se alcance un tráfico de un millón de pasajeros al año y precisa que se retribuirá desde el primer pasajero. "Es una propuesta diferencial que destaca por su solidez y un profundo conocimiento del entorno", destaca el gestor aeroportuario en su nota.
El contrato con Aena contempla los 200 millones de euros con los que el Gobierno regional avaló esta infraestructura, "independientemente de la vía judicial que está en marcha" con la anterior concesionaria, Aeromur, según ha explicado el Gobierno de la Región de Murcia.
En concreto, los pliegos y la oferta presentada por Aena recogen que, a partir del primer año, es decir, en 2019, "ya se empezaría a amortizar la cuantía de ese aval", tal y como ha garantizado.
La puesta en funcionamiento del nuevo aeropuerto incluirá una análisis funcional de las instalaciones y su conformidad con la normativa vigente y la adecuación de los sistemas operativos del aeropuerto a los estándares de Aena siempre garantizando "los más estrictos niveles de seguridad y calidad" para que se ajusten a los altos requisitos que el gestor exige a sus sistemas operativos.
El objetivo es que se puedan obtener sinergias por integración de los mismos en el modelo de explotación de mantenimiento de Aena, así como los diversos trámites de certificación de la infraestructura. Posteriormente, se realizarán pruebas de sistemas y familiarización con las instalaciones antes de su puesta en marcha.
Aena dispondrá de un plazo para obtener permisos y certificaciones de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA). Para el gestor aeroportuario Corvera tiene grandes expectativas de crecimiento de tráfico tanto nacional como internacional.
El aeropuerto de Corvera no será un aeropuerto regulado, aunque la oferta de Aena incluye condiciones que podrían asociarse con las propias de un aeródromo regulado, por ejemplo que las tarifas aeroportuarias serán las contempladas en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA).
Según el Ministerio de Fomento, la inversión necesaria para la puesta en marcha del funcionamiento del aeropuerto de Corvera no llegaría al medio millón de euros, y a unos cinco millones de euros para posibles contingencias, al estar casi en condiciones de poder ser explotada a expensas de las licencias necesarias.
Aena opera 46 aeropuertos en España y gestiona otros 15 en Europa y América, entre ellos doce en México y el de Luton en Londres (Reino Unido). Es el primer operador aeroportuario del mundo en pasajeros, con más de 230 millones de pasajeros en España.

El PSRM cree «irresponsable» avanzar en Corvera sin conocer el futuro de San Javier

CARTAGENA.- El vicesecretario general del PSRM y portavoz parlamentario en la Asamblea Regional de Murcia, Joaquín López, tildó este miércoles de "irresponsabilidad" que el Gobierno regional no dé explicaciones a los trabajadores del aeropuerto de San Javier mientras se avanza en la apertura del de Corvera.

Tras adjudicar a Aena, copropietaria del aeródromo marmenorense, la gestión del de Corvera, López señaló en un comunicado que los 70 empleados afectados, "cuyo futuro no se sabe cuál es", han trasladado al PSOE su "preocupación" porque no conocen el proceso que se ha llevado a cabo y "no saben qué ocurrirá" en San Javier.
"Es una vez más denunciable" la falta de información del Ejecutivo presidido por Fernando López Miras hacia esos trabajadores, "que no conocen su futuro y no saben cuál será la solución".
Ha añadido que "nadie se ha puesto en contacto tampoco con los más de mil empleados indirectos" del aeropuerto de San Javier.
El Gobierno regional "sigue trabajando igual: sin información y sin transparencia, con la preocupación que eso genera en todas las familias afectadas", concluyó.

Moreno Carretero coge fuerzas para derrocar a Manrique en 'Sacyr', un 6,27% en manos murcianas


BARCELONA.- Revolcón en la guerra accionarial de Sacyr. El empresario castellano-manchego José del Pilar Moreno Carretero se erigió ayer martes como el mayor accionista de la constructora tras elevar su paquete del 14% al 16,81% del capital. Un movimiento para adelantar a Demetrio Carceller (14,7%), propietario de Damm, y que pone más presión sobre la cabeza del presidente, Manuel Manrique, con el que mantiene un agrío enfrentamiento, según www.economiadigital.es.
Moreno Carretero ya trató en junio de desplazar a Manrique del consejo de administración, pero el máximo directivo de la compañía salvó el puesto al obtener el apoyo del núcleo duro del órgano, con los tres emsarios de Carceller a la cabeza. Por ello, el primer accionista exige ahora disponer de los mismos asientos que el magnate cervecero en la mesa de decisión. El triple de los que posee en la actualidad.
El empresario ejecuta así las opciones de compra adquiridas a lo largo de este 2017. Ahora suma un paquete del 14,07% de forma directa y el 2,74% gracias a diversos instrumentos financieros.
Las aspiraciones de Moreno Carretero no son nuevas. El pasado mes de junio, el empresario ya se hizo con el 12,86% de Sacyr frente al 5% que ostentaba. La operación debía llegar acompañada de mayor presencia en el consejo. El problema: no hay vacantes. El órgano está lleno, con 15 miembros y sin proporcionalidad accionarial.
Sobrerrepresentado está Manuel Manrique, con una participación del 1,55% y dos butacas. La primera como presidente ejecutivo y la segunda para su hijo, Gonzalo Manrique, como dominical.
Mientras Moreno Carretero maniobraba para redibujar el consejo –algunos apuntan que tiene la presidencia entre ceja y ceja--, Manrique logró el apoyo del resto de miembros para sofocar la rebelión. Ahora, enfrentarse con el mayor accionista será un reto mayor.
El resto de accionistas de referencia son José Manuel Loureda (7,81%) y el Grupo Fuertes (6,27%).
Sacyr cerró el martes la sesión de bolsa con la acción a 2,24 euros tras una subida del 2,8%. Desde el mes de noviembre, la constructora logró remontar una caída superior al 30% desde mayo. Ahora, el descenso es del 4,3% en un año. En los primeros seis meses de 2017 aumentó un 15,7% su ebtida (191 millones) respecto al ejercicio previo, mientras la facturación aumentó un 7,7% (1.523 millones).

Fomento desbloquea todas las obras de AVE paradas por las constructoras

MADRID.- Cuando aterrizó al frente del Ministerio de Fomento a finales de 2016, Íñigo de la Serna se topó con la parálisis de una parte muy relevante de las obras de alta velocidad de España, como consecuencia de discrepancias económicas con los contratistas (modificados) y dificultades técnicas, según el caso. Apenas un año después, todos los corredores y grandes proyectos de AVE "están desbloqueados", según señalan fuentes gubernamentales a elEconomista

En los últimos meses, Adif ha conseguido sellar acuerdos con las constructoras implicadas en los tramos que aún tenía pendientes, como ACS, Isolux Corsán, Acciona, FCC, Comsa o Ferrovial.
Todos los corredores y grandes proyectos de Adif están desatascados un año después del inicio de la legislatura, cuando se contabilizaban 68 proyectos paralizados por las disputas con las empresas contratistas. 
"En 2016 ha habido un desmesurado número de proyectos parados desde hace muchos meses que nos ha llevado a tener unos ritmos de ejecución muy lentos", admitió la pasada primavera en el Congreso el presidente del gestor ferroviario, Juan Bravo.
En algunos contratos se ha reanudado la ejecución de las obras y en otros se ha desbloqueado la tramitación administrativa mediante modificados o resoluciones de contratos que permiten seguir adelante con nuevas licitaciones, como ya ocurre, por ejemplo, en el nudo de Vergara (en la denominada Y vasca). 
Los últimos contratos que estaban en negociación para su desbloqueo corresponden a las líneas de alta velocidad de Extremadura, Asturias, Cataluña y Galicia. Son obras relevantes, con un presupuesto conjunto que suman unos 940 millones de euros.
En los trabajos de la Estación de la Sagrera, en Barcelona, de los cuatro proyectos que integran esta obra y que hace un año estaban bloqueados, se encuentra en ejecución desde este verano el recolector de Prim. 
Mientras, el proyecto constructivo de los accesos de la estación está en trámite de modificado. Este contrato fue adjudicado en 2010 a una UTE (unión temporal de empresas) integrado por Rubau, Copisa, FCC y Ferrovial por 222,8 millones, según apuntan fuentes empresariales y del gestor ferroviario.
Por su parte, el proyecto de construcción de la estructura de la estación de la Ciudad Condal, adjudicado también en 2010 a Dragados (ACS), Acciona, Comsa y Acsa por 366,4 millones, está igualmente en trámite de modificado, si bien se ha previsto una continuación provisional de la obra, dado que existen actuaciones del proyecto vigente que son susceptibles de ejecución y se reiniciarán en breve.
Y, por último, en las obras de ejecución de la plataforma de vía del tramo Sagrera-Nudo de la Trinidad, en el sector Sant Andreu, Adif está a la espera de las auditorías externas para decidir si se rescinde o no el contrato para, en ese caso, volver a licitar. El contrato se adjudicó a Acciona y Copcisa por 177,4 millones en el año 2008.
En el AVE a Extremadura, en el acceso a Mérida en el tramo entre Cuarto de la Jara y Arroyo de la Albuera, los expedientes se encuentran en trámite de resolución de contrato una vez que el adjudicatario (Corsán Corviam Construcción, filial de Isolux Corsán) ha sido declarado en concurso de acreedores.
Este proyecto, adjudicado en 2014, tenía un presupuesto de 16,5 millones. La quiebra el pasado mes de julio de la constructora ha obligado a Fomento a rescindirle también en los últimos meses los contratos de las los tramos Elorrio-Atxondo, de la Y vasca, con una inversión de 45,7 millones de euros, y de las instalaciones complementarias en la Estación de Alta Velocidad de Antequera (Málaga), cuyo importe se limitaba a 6,16 millones de euros.
Mientras, en el contrato para el montaje de vía de la variante de Pajares, en el tramo Túneles de Pajares-Pola de Lena del AVE a Asturias, Adif ha acordado con Dragados su resolución y ya se está redactando el nuevo proyecto, según explican fuentes del gestor ferroviario. La filial del grupo ACS se adjudicó el proyecto por 9,3 millones de euros.
Fomento también ha llegado a un entendimiento con la UTE formada por Dragados, Tecsa, Sogeosa y Obras Llorente para el tramo de Portocamba-Cededelo, en la conexión a Galicia. El contrato se adjudicó en 2012 por 93,6 millones de euros.
Los conflictos en las obras de AVE derivan en la mayoría de los casos de los sobrecostes incurridos. Esto, a su vez, tiene su origen en las excesivas bajas con que se contrata. Es por ello que desde Fomento se trabaja para acotar esta realidad. No en vano, Adif cambió hace unos meses los pliegos de contratación, de manera que la oferta económica supone el 60%, frente al 70% anterior, y la propuesta técnica el 40%.

El TC tumba la ley antitránsfugas de Zapatero por restringir derechos de los concejales

MADRID.- El pleno del Tribunal Constitucional ha acordado declarar inconstitucional la principal medida contra los tránsfugas políticos incluida en la reforma electoral promovida por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2011, por la que se elevó el quórum necesario para poder tramitar una moción de censura contra un alcalde cuando la iniciativa es apoyada por concejales que han dejado de pertenecer al grupo municipal por el que fueron elegidos, según publica hoy El Español.

La desactivación del transfuguismo contó con el apoyo del PSOE y del PP -afectados por numerosos casos de 'chaqueteros' que alteraron gobiernos municipales- y se plasmó en la Ley Orgánica 2/2011, que recogió los acuerdos alcanzados durante dos años en una subcomisión del Congreso presidida por Alfonso Guerra.
La reforma estableció que si una moción de censura para destituir a un alcalde es propuesta por concejales que, por cualquier causa, han dejado de pertenecer a su grupo político de origen, la mayoría absoluta necesaria, como regla general, para tramitar la moción debe "incrementarse en el mismo número de concejales" tránsfugas. Por ejemplo, si la mayoría absoluta de un Ayuntamiento equivale a 9 votos y la moción de censura es apoyada por tres tránsfugas, sólo puede tramitarse en el caso de que la firmen 12 ediles.
En la exposición de motivos de la modificación se afirmaba que "probablemente con esta reforma no se podrá evitar que sigan existiendo 'tránsfugas', pero sí que con su actuación modifiquen la voluntad popular y cambien gobiernos municipales". 
"Se trata", añadía, "de una medida de regeneración democrática que contribuirá a eliminar las tensiones políticas y sociales y que favorecerá de cara al futuro la estabilidad en la vida municipal".

El caso

En 2014 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias planteó al TC una cuestión de inconstitucionalidad al considerar que el incremento de la mayoría requerida para tramitar una moción de censura convertía en irrelevante el apoyo a la misma por parte de los concejales que hubieran dejado su grupo, privándoles de una función esencial de su cargo representativo como es el control de la actuación del gobierno.
El TSJ de Canarias debía resolver un caso planteado en octubre de 2013 en el Ayuntamiento de Tacoronte (Tenerife), cuando el alcalde de Coalición Canaria, Álvaro Agustín Dávila, fue desalojado gracias a una moción de censura apoyada por 11 concejales: los seis del PP y cinco de los seis que integraban el grupo socialista.
Los cinco ediles tránsfugas del PSOE fueron expulsados del partido, que adujo que la moción de censura incumplía el acuerdo alcanzado en Canarias entre los socialistas y Coalición Canaria.
Dávila, por su parte, recurrió a la Justicia alegando que la moción no debió tramitarse porque incumplía la Ley 2/2011 en cuanto al quórum requerido para su presentación. A su juicio, la moción debía haber llevado 16 firmas: las 11 equivalentes a la mayoría absoluta de la Corporación de Tacoronte más cinco correspondientes al número de ediles tránsfugas.

Plazo al legislador

El criterio del exalcalde -apoyado ante el TC por la Abogacía del Estado y la Fiscalía, que pidieron la desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad- no ha prosperado.
El TC ha acordado declarar contraria al artículo 23 de la Constitución (ejercicio de los cargos públicos en condiciones de igualdad) la medida contra el transfuguismo que fue incluida en la ley electoral mediante la Ley Orgánica 2/2011, aunque no ha anulado sus actos de aplicación para evitar inseguridad jurídica. El Tribunal Constitucional da de plazo hasta las siguientes elecciones al legislador para que sustituya la norma inconstitucional.
El TC considera legítimo el propósito de actuar contra el transfuguismo pero afirma que las medidas que se adopten no pueden afectar a la garantía de igualdad en el ejercicio de una facultad que pertenece al núcleo de la función representativa: exigir responsabilidades al alcalde y removerlo de su cargo.
Esa facultad no sólo se dificulta sino que se hace inviable en el caso de los concejales que dejan de pertenecer a su grupo municipal de origen, lo que puede deberse a múltiples circunstancias que, sin embargo, la norma no distingue. Así, no valora el significado que puede tener que, como ocurre en el caso de Tacoronte, la práctica totalidad de los miembros del grupo municipal lo abandonasen.
Para el TC, la norma vulnera la libertad de mandato de los concejales, que quedan subordinados a su grupo municipal y a su partido y dependientes de las instrucciones que reciban y de la fiscalización que se haga del ejercicio del cargo.

'Aena' se compromete a abrir el aeropuerto de Corvera lo antes posible

MADRID.- Aena se compromete a abrir el aeropuerto de Corvera lo antes posible. La sociedad estatal  ha hecho público un comunicado en el que indica que "el traslado de la actividad del aeropuerto de Murcia-San Javier al de Corvera requerirá una etapa de transición que se coordinará de forma minuciosa con todos los agentes implicados con el fin de coordinar el traslado de sus equipos, personal y operaciones con el menor impacto posible".

Aena añade que "ahora se inicia la tramitación de toda la documentación necesaria y posterior firma del contrato. A continuación se llevará a cabo un complejo proceso previo a la puesta en servicio del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia que incluirá, entre otras actuaciones, un análisis funcional de las instalaciones y su conformidad con la normativa vigente; la adecuación de los sistemas operativos del aeropuerto a los estándares de Aena, de modo que se ajusten a los altos requisitos que exige a sus sistemas operativos y se puedan obtener sinergias por integración de los mismos en el modelo de explotación de mantenimiento de Aena; así como los diversos trámites de certificación de la infraestructura".
Posteriormente, según Aena, deberán realizarse "las pruebas de sistemas y familiarización con las instalaciones antes de la puesta en servicio", explica.
La sociedad estatal asegura finalmente que "trabajará para poner en explotación el aeropuerto de Corvea lo antes posible, siempre garantizando que las instalaciones cumplen los más estrictos niveles de seguridad, que disponga de todas las licencias y permisos que sean preceptivos por ley, y que esté en condiciones de dar un servicio de calidad a los pasajeros y a las compañías aéreas".

Dos navieras transportarán camiones con mercancía desde el puerto de Cartagena

CARTAGENA.- El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) ha aprobado este miércoles invertir un millón de euros en la dársena de Escombreras para acondicionar dos diques para el embarque de camiones en buques de carga rodante de dos navieras interesadas en prestar este servicio desde el puerto cartagenero.

Así lo ha asegurado el presidente de la APC, Antonio Sevilla, quien ha detallado que el organismo portuario va a acometer la reforma de los diques Príncipe Felipe e Isaac Peral con el objetivo de prepararlos para el transporte Ro-Ro (Roll-On Roll-Off), que permite el embarque de vehículos pesados en ferrys preparados para ello.
Sevilla ha remarcado que el objetivo de esta obra es que la flota de camiones frigoríficos implantada en el sureste español tenga la posibilidad de "ahorrar tiempo y costes" en el transporte por carretera a los mercados, principalmente el europeo y el del norte de África.
En este sentido, ha incidido en que los conductores de los camiones llegarían descansados a puertos del sur de Francia, como Marsella, para iniciar desde allí la ruta al centro y norte de Europa, al tiempo que la empresa transportista no requeriría de tener dos conductores en cabina para realizar el servicio.
Sevilla ha concretado que el actual muelle preparado para el servicio Ro-Ro, y que también está localizado en Escombreras, dificulta las maniobras de embarque y desembarque de los vehículos pesados, por lo que se ha optado por realizar una nueva obra en otra zona del puerto.
Asimismo, el puerto también trabaja en la mejora del muelle de La Curra, con el objetivo de mejorar la accesibilidad de los cruceristas.
Por otra parte, el Consejo de Administración ha dado luz verde a un modificado del nuevo acceso ferroviario a Escombreras, que supondrá una inversión adicional de 1,9 millones de euros a los 20 millones inicialmente presupuestados.
Sevilla ha concretado que la obra, que finalizará a mediados de 2019 y que actualmente está a un 70% de ejecución, tiene que sufrir una variación debido a la necesidad de bajar las cimentaciones de instalaciones preexistentes, a que hay que hacer una ligera variación del trazado y a que hay que salvar una conexión entre dos empresas del valle de Escombreras.
Igualmente, el Consejo de Administración de la APC ha validado mantener las tarifas de suministro a las empresas del puerto, como el agua, la electricidad o el aparcamiento, aclarando que la legislación impide a los Puertos del Estado rebajar este canon.
Finalmente, el presidente de la APC ha señalado que la actividad portuaria de mercancías aumentará en torno al 10% en 2017 respecto al año anterior, que es el aumento que ha registrado el puerto cartagenero hasta el pasado mes de noviembre.

La UE frena en seco las renovables

BARCELONA.- La UE diluye la ambición de sus objetivos en el ámbito de la energía para cumplir el Acuerdo de París contra el cambio climático. El consejo de ministros de Energía, que concluyó la madrugada del martes, ha echado el freno a las energías renovables con metas más modestas que las que aprobó el Europarlamento. Además, ha dado un importante balón de oxígeno a las ayudas que ahora obtienen las plantas de carbón, las que más gases invernadero emiten. No obstante, la negociación entre las instituciones europeas aún sigue en marcha y deberá concluir al final del año que viene, según publica hoy La Vanguardia.

Los ministros de Energía de la Unión Europea han ratificado su propuesta para que en el 2030 al menos el 27% de la energía proceda de fuentes renovables (el actual objetivo es del 20% en el 2020). El planteamiento contrasta con la petición acordada en octubre por el Parlamento Europeo, que pidió aumentar este objetivo hasta el 35%.
“El grado de ambición es claramente insuficiente”, admitió el comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete. Cañete agregó que tras caída de los precios de las energías renovables, la UE podría elevar su objetivo del 30% sin costes adicionales. “La reducción de costes ha sido espectacular, ya sea en energía solar o eólica”, dijo Cañete en rueda de prensa tras la reunión. 
Está claro pues que los países no quieren ir mucho más allá de lo apuntado hasta ahora, aunque incluyeron metas intermedias (en el 2023, el 2025 y el 2027) para garantizar el cumplimiento paulatino de ese 27% en el 2030. Ahora, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo tendrán que encontrar un punto de encuentro en las negociaciones sobre los textos definitivos.
Los objetivos en materia de energías renovables de la UE son parte de un conjunto de reglamentos para aplicar el Acuerdo de París contra el cambio climático, y con las cuales se persigue reducir las emisiones de gases invernadero al menos un 40% en el 2030 con relación a los niveles de 1990. El Acuerdo de París permite contener el aumento de temperaturas en 2º C respecto a las de la época preindustrial. 
El otro gran asunto de debate fueron las ayudas estatales que podrán recibir las plantas térmicas (pagos por capacidad, en el argot del sector) para compensar a sus propietarios por el hecho de actuar de respaldo en ausencia de otras fuentes energéticas (cuando cesa el viento o no hace sol…) y por estar disponibles para atender un pico de demanda eléctrica. Los pagos por capacidad, eufemismo que esconde los subsidios que reciben estas fuentes de energía (carbón, gas…), han sido uno de los caballos de batalla de las organizaciones sociales que ven estas ayudas a las energías fósiles contrarias a los objetivos de mitigación del cambio climático por su altas emisiones.
El comisario Arias Cañete (CE) propuso que las plantas existentes no puedan recibir esos pagos si emiten más de 550 gramos de CO2por kilovatio/hora a partir del 2020. Sin embargo, los ministros sólo aceptan que esos pagos se reduzcan a partir de 2025 y se eliminen en 2030.
Asimismo, la Comisión Europea había propuesto que las nuevas térmicas no podrían recibir estas ayudas cuando emitieran más de 550 gramos de CO2/kWh a partir del 2020. Sin embargo, el Consejo ha sido indulgente y ha propuesto que este reloj sólo se ponga en marcha en el 2025. Francia, Dinamarca, Portugal y Holanda apoyaban las metas más beligerantes contra el carbón. 
“Si de lo que es se trata es de lograr una transición energética, estos objetivos no ayudan; esperamos que en la negociación con el Europarlamento se pueda elevar el listón”, señala Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente.
Los ministros de Energía también propusieron que en el 2030 un 14% del combustible del transporte sea biocarburantes. De hecho, esto supone un importante aval a los biocombustibles de primera generación (aceite de palma, soja...), muy cuestionados al entrar en competencia con la provisión de alimentos. Por eso, la Comisión propuso limitarlos a un cuota del 3,8% para el 2030. Los grupos ecologistas opinaron que la media puede perjudicar el despliegue del coche eléctrico.
Greenpeace y SEO/BirdLife han denunciado el “bloqueo hacia la transición energética” del ministro Álvaro Nadal en el Consejo, y juzgan que queda “deslegitimado para liderar la ley de Cambio Climático”. 
“El acuerdo de París va camino de ser un pacto para la galería. Siempre la cruda realidad del ministro Nadal: ni una mala palabra ni una buena acción”, dice Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables.

'Vocento' planea introducir el muro de pago en más regionales para remontar el vuelo

MADRID.- En un país en el que una gran parte de los ciudadanos acostumbraba a descargar de internet -de forma gratuita- todo tipo de contenido audiovisual, empresas como Spotify, Netflix o HBO han conseguido abrirse paso a través de una oferta de películas, series y series bajo suscripción. Los periódicos todavía tienen esa asignatura pendiente, pues son pocas las empresas que han conseguido obtener unos ingresos significativos a través del ‘pago por noticia’ en la Red, razona Voz Pópuli

El Grupo Vocento se ha propuesto mejorar la facturación de su negocio digital y ha decidido implantar su muro de pago en más diarios regionales. La intención es hacerlo en la mayoría o en la totalidad a medio plazo. En 2018, lo inaugurará al menos en Ideal de Granada.
Este sistema de suscripción consiste, fundamentalmente, en incluir dentro de un periódico una serie de contenidos –tanto informativos como de entretenimiento- a los que sólo pueden acceder los abonados. Durante los últimos años, se ha implantado en medios digitales de todo el mundo con un éxito diferente. El propio Grupo Vocento lo mantiene activo en El Correo, El Diario Vasco y El Diario Montañés, bajo la marca ‘On+’.
El propósito de los responsables del holding de medios de comunicación es introducir el paywall en Ideal durante 2018 y, a partir de ahí proyectarlo, de forma escalonada, en el resto de sus diarios regionales. El ritmo dependerá del resultado que obtenga en los periódicos en los que lo aplique y de la situación económica de la empresa. No obstante, los mensajes que ha transmitido Vocento sobre las experiencias en los diarios vascos y en el cántabro son positivos.
La intención de Vocento pasa por desarrollar este tipo de paquetes de contenidos de pago para tratar de sobreponerse a los duros efectos de la crisis del papel. No hay que olvidar que la actividad de este grupo ha estado centrada tradicionalmente en la prensa escrita, un sector que se encuentra en declive desde hace una década como consecuencia de la revolución digital. De ahí la necesidad de buscar alternativas.
Sin ir más lejos, en el último año la difusión de ABC ha caído en 12.700 ejemplares (13,6%), mientras que la de los regionales de Vocento, en 23.613 (-8,9%), según los datos de la Oficina para la Justificación de la Difusión recopilados por la propia compañía.
Eso ha provocado que entre septiembre de 2016 y el mismo mes de 2017, sus ingresos por venta de ejemplares hayan descendido el 7,1% y que su facturación publicitaria lo haya hecho el 1,5%.

Editores timoratos

La posibilidad de que las cabeceras generalistas, las regionales y las temáticas incrementen sus contenidos bajo suscripción en internet ha sido puesta sobre la mesa en diferentes ocasiones en las reuniones de la patronal de la prensa (ahora AMI, antes Aede). Sin embargo, los editores han sido incapaces de alcanzar consensos a este respecto, tanto por las diferentes estrategias que mantiene cada uno, como por la desconfianza que existe entre los competidores.
El propio consejero delegado de Vocento, Luis Enríquez, aseguró la semana pasada en su intervención en la Asamblea anual de la AMI que los editores están cometiendo en internet el mismo error en el que incurrían en el papel, al concentrarse en la batalla por la audiencia y obviar diferentes aspectos relacionados con la mejora del producto y el aumento de su rentabilidad.
“El negocio periodístico, tal y como estaba concebido, ya no se puede sostener. Por eso hay que explorar nuevas vías de ingresos. En un momento en el que los ciudadanos están abriendo la puerta a suscribirse a empresas de contenidos de entretenimiento, como Netflix o Spotify, es necesario que la prensa amplíe sus miras y explore nuevas vías para obtener ingresos”, explican desde Vocento.
En este sentido, remarcan que están dispuestos a entrar en nuevos sectores y a explorar posibles acuerdos con otros grupos de medios de comunicación. Incluida una fusión, si las circunstancias fueran propicias.