La antigüedad de los empleados fijos discontinuos se calcula a partir «solo del tiempo realmente trabajado»

MURCIA.- La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia ha dicho en una sentencia que a la hora de fijar la antigüedad de los trabajos fijos discontinuos habrá de tenerse en cuenta solo el tiempo realmente trabajado, y no el transcurrido desde que se inició la relación laboral.

Así se recoge en la sentencia que confirma la dictada por un Juzgado de lo Social de Cartagena que rechazó la demanda que presentó una trabajadora contra la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Esta sostuvo en su reclamación que para determinar la antigüedad, con sus consecuencias económicas en cuanto a trienios y con las relativas a la carrera profesional, se debía contabilizar el tiempo transcurrido desde el inicio de la relación laboral, sin descontar, por tanto, los periodos en los que no existió prestación de servicios.

Dice la Sala que el Juzgado aplicó correctamente los artículos del Estatuto de los Trabajadores referidos a esta cuestión, por lo que su resolución está ajustada a Derecho.

"La sentencia recurrida -comenta el TSJ- aplica correctamente los preceptos cuando, a efectos de promoción económica o profesional, solo estima computables los días efectivamente trabajados".

El murciano Antonio Jara cierra su etapa pública y deja la presidencia de CajaGranada

GRANADA.- La reunión ayer del Patronato de la Fundación CajaGranada se preveía importante por el nombramiento de nuevos patronos y la definición de su hoja de ruta dentro del nuevo escenario marcado por la fusión Bankia-BMN y el papel que tendrá que jugar la Fundación con su nuevo socio. Pero finalmente se convirtió en trascendental por una noticia de calado que supuso una sorpresa: la dimisión de Antonio Jara Andreu, presidente de CajaGranada Fundación desde 2010, que deja la vida pública tras 30 años como una figura clave en la capital y la provincia, según crónica de Granada Hoy. 

Jara -que fue alcalde de Granada de 1979 a 1991 por el PSOE- presidió ayer su último patronato y en el último punto anunció su marcha, que enmarca en una decisión "natural" para dar espacio a gente joven; para, tras duros y difíciles años de gestión de la entidad en los peores momentos de crisis económica y de futuro de la Caja, abrir una nueva etapa en la Fundación en la que habrá que seguir trabajando duro para definir su futuro en un escenario que ha cambiado en los últimos meses. Su dimisión -que adelantó ayer Radio Granada- se hará efectiva hoy y el último acto lo tendrá el jueves en Madrid en el consejo de administración de Bankia.

Tras conocerse su salida, Jara explicó a Granada Hoy que la decisión no lleva detrás ninguna diferencia o conflicto con la nueva etapa abierta por la fusión Bankia-BMN sino que es cuestión personal. De hecho, cree que "se va a fortalecer a Granada" con la nueva estructura financiera y que, con la fusión Bankia-BMN (la fundación poseerá un paquete de acciones equivalente al 0,8% del capital social a partir del 1 de enero), se va a dar "un impulso" a la economía granadina. En opinión de Jara, Granada volverá a recuperar con Bankia su "referente" financiero.

A sus 71 años y tras 50 en Granada -30 en la vida pública-, Jara considera que es el momento de jubilarse. Para eso se va con los deberes hechos, con los objetivos cumplidos -se han aprobado incluso provisionalmente los presupuestos de 2018- y "muy orgulloso" de su labor, resaltando que a su llegada encontró una Fundación muy politizada que ahora deja "aseada y representativa socialmente de Granada".

"Es hora de abrir una nueva etapa, de que un anciano dé un paso al lado", decía ayer convencido de que la decisión será lo mejor para la Fundación, que se encuentra en muy buen momento y que tendrá que definir su futuro con una nueva entidad, Bankia. "Hay que dar paso a gente con ideas nuevas", un equipo que se tendrá que encargar de formalizar con Bankia los detalles de la nueva relación.

En una primera valoración, reconoce que han sido "8 años duros", "extremadamente duros", pero recuerda que "uno no elige" el momento que le toca, en alusión a la gestión de CajaGranada durante la crisis y los movimientos de fusiones de cajas, bancos y entidades financieras en los últimos años que ha llevado a la caja granadina a tiempos de ajustes y cambios. "No ha sido un crucero, ha sido una travesía accidentada, pero hemos conseguido llegar a puerto, no ha sido un naufragio", valora Jara, que se va "orgulloso" de que la entidad no haya perdido su apuesta por el territorio y por los intereses generales de Granada.

Jara fue nombrado oficialmente presidente de CajaGranada a principios de 2010 en sustitución de Antonio María Claret en un proceso de renovación de los órganos y elegido por PSOE y PP, que se pusieron de acuerdo seis meses antes para su nombramiento. Fue elegido presidente del Banco Europeo de Finanzas y en 2013 abandonó las funciones ejecutivas en BMN -donde era vicepresidente segundo- manteniendo la presidencia de CajaGranada y volvió a la UGR. Ahora (este profesor universitario murciano) dice adiós tras toda una vida dedicada a Granada.

Urralburu: "PP y Ciudadanos nos conducen a la bancarrota"

CARTAGENA.- El portavoz parlamentario de Podemos en la Asamblea Regional, Óscar Urralburu, ha señalado que los presupuestos que se han aprobado este martes "nos condenan, un año más, al vacío que deja el Partido Popular con sus políticas de recortes y precariedad. Nada van a notar los murcianos y murcianas. Tan sólo que va a aumentar nuestra deuda y que eso no genera ni más y mejores puestos de trabajo, ni escuelas más dignas para nuestros hijos, ni la reducción de las listas de espera. La Región se merece unos políticos que hagan mejor su día a día y que cada euro que se gestione se haga pensando en unas mejores condiciones de vida para todas y todos. Desde Podemos hemos demostrado que se puede gestionar diferente para hacer una Región mejor".

Urralburu ha afirmado que Podemos ha puesto encima de la mesa durante la tramitación de los presupuestos "una alternativa económica, social y financiera posible. Sabemos que nuestro proyecto es viable y eficaz y nos puede conducir a que vivamos en una Región más próspera".

A través de la enmienda a la totalidad, y de las enmiendas parciales, ha dicho el portavoz de Podemos, "hemos intentado paliar la desastrosa política presupuestaria. Propuestas que han sido trabajadas a lo ancho y largo del territorio, con asociaciones de profesionales, trabajadas con la sociedad civil, trabajadas con sindicatos, con ONG y con Ayuntamientos repartidos por toda la Región. Propuestas recogidas en una sociedad que da muestras claras en la Región de Murcia de ser mucho mejor que sus políticos, una sociedad civil capaz de proponer ideas mucho más avanzadas e inteligentes que las que salen de esta cámara y de su gobierno.".

Por eso, ha incidido Óscar Urralburu, esta Región se merece "unos políticos que les hagan mejor su día a día, que les hagan notar que hay un gobierno que se preocupa por ellos, que trabaja para que la Región sea un lugar mejor donde vivir y donde tener un futuro".

Si bien, ha subrayado Urralburu, mientras el PP "parasita San Esteban, desde Podemos lo tenemos muy claro. El año que viene volveremos a trabajar con la misma fuerza e intensidad, a pesar de los pactos clientelares entre PP y Ciudadanos, su animal de compañía, que ha pasado de denunciar su corrupción a sentarse a su mesa a comerse los restos de su banquete de recortes de la mano de López Miras. Sus presupuestos no han dado soluciones a nuestros problemas en estas eternas dos décadas y, por supuesto, no lo van a hacer ahora".

Asimismo, Óscar Urralburu ha asegurado que desde Podemos "seguiremos trabajando para poner en evidencia ante toda la Región las formas de trampear del PP y su mascota, Ciudadanos. Lo hemos hecho con su corrupción, lo hemos hecho con sus mentiras electorales sobre el agua, hemos desvelado su desidia y calamitosa gestión del Mar Menor, del que siguen diciendo con una desvergüenza insultante, que no está contaminado. O con las listas de espera, el AVE, el aeropuerto o una de las verdades de estos presupuestos, que el PP se ha vuelto todo un experto en llevarnos a la bancarrota".

'Ahora Murcia' denuncia que 'Emuasa' sigue endeudando a familias del municipio sin recursos

MURCIA.- Ahora Murcia denuncia que la empresa municipal Emuasa-Aguas de Murcia "sigue endeudando a familias sin recursos del municipio" e "impidiendo a muchas familias acceder al Fondo Social". 

El concejal Miguel Angel Alzamora destaca que "con el cambio que se hizo en 2014 en la gestión del Fondo Social de Emuasa (que gestiona el accionista privado, Hidrogea), se dejó fuera de él a muchas familias. Además, al no condonarles sus deudas, éstas han ido creciendo y llegan a ser de más de dos mil euros, pese a que se trata de familias usuarias de Servicios Sociales y que consumen muy poca agua".

La formación municipal ya llevó una moción al Pleno en julio de 2015 sobre la condonación de deudas y los cortes de agua a familias vulnerables, y tras ser aprobada por unanimidad "los cortes, aunque han disminuido, siguen existiendo. El problema más grave ahora es el endeudamiento de estas familias por acumulación de facturas de agua", señala Alzamora. Por este motivo, Ahora Murcia defenderá el próximo jueves de nuevo una moción en el Pleno sobre los 'desahucios hídricos', recogiendo el trabajo y las demandas de Asamblea Agua Pública 100% Región Murciana, para pedir que Emuasa condone su deuda a las familias que cumplan los requisitos de vulnerabilidad económica que permiten el acceso a ayudas municipales, se les haya reclamado la deuda judicialmente o todavía no.

El texto de Ahora Murcia también pide que no se realicen cortes de agua a familias en situación de precariedad económica, facilitando el acceso de éstas al Fondo Social y evitando la presentación de reclamaciones judiciales. "Urgimos al alcalde Ballesta a que adopte las disposiciones necesarias para que este acuerdo de Pleno pueda hacerse efectivo desde enero de 2018", añade Alzamora.

El edil señala que "es increíble cómo Emuasa está anunciando en los medios de comunicación que el agua es un derecho cuando estamos en un municipio en el que el derecho humano al agua sigue sin estar reconocido en ningún reglamento ni ordenanza, y cuando seguimos teniendo familias a las que se les corta el agua o que están muy endeudadas por no poder pagar el agua más cara de España".

Alzamora insiste en que dos años y medio después de la moción de Ahora Murcia que fijaba la condonación de la deuda a las familias a las que se les había reclamado judicialmente, "no se les ha condonado, y se está reclamando la deuda judicialmente a otras muchas familias vulnerables".

"También se siguen produciendo situaciones", añade el concejal, "en las que familias con deudas reclamadas judicialmente no pueden acogerse a la tarifa plana del Fondo Social de Emuasa, lo cual sigue suponiendo una anomalía que debe ser solucionada".

Por último, "otras familias a las que Emuasa aún no les ha reclamado judicialmente el importe de los recibos impagados, acumulan una deuda que resulta imposible de pagar, a la vez, que esa deuda impide que se puedan acoger al Fondo Social".

Alzamora destaca, además, la existencia de un estudio financiado por Hidrogea, de octubre de este año, en el que, entre otras cuestiones, se recomienda la restricción de requisitos como el que limita el acceso al Fondo Social a hogares o familias vulnerables que han acumulado deudas. 

"También se recomienda", apunta el concejal, "la mejora de los mecanismos de información, ante la ineficacia en la práctica de Emuasa para la difusión de información, y visto los resultados que mantienen a muchas familias vulnerables endeudadas, sin poder acceder a la tarifa plana del Fondo Social, y en riesgo de que le corten el suministro de agua".

"Si bien desde Ahora Murcia defendemos una gestión del ciclo urbano del agua 100% pública y con mecanismos de participación y control democrático, así como el reconocimiento real del Derecho Humano al Agua, y por tanto, la remunicipalización del servicio", concluye Alzamora, "la situación de emergencia social que supone el riesgo de desahucio hídrico, y que implica que vecinos y vecinas de Murcia puedan quedarse sin suministro de agua o endeudados por no poder pagar su alto precio, nos lleva a solicitar estas medidas urgentes".

"El PP quiere sacar pecho de su actuación irregular en el caso Roblecillo", dicen los socialistas de Caravaca

CARAVACA DE LA CRUZ.- "El PP quiere sacar pecho de su actuación irregular en el caso El Roblecillo", dicen los socialistas de Caravaca de la Cruz, que niegan haber sido los instigadores directos de esta causa judicial. "El único motivo que guió al PSOE fue poner freno a un urbanismo bárbaro y depredador, cuya inviabilidad el tiempo se ha encargado de demostrar". Luego adjuntan un comunicado con cinco puntos donde fijan su posición:

1.      El PSOE en ningún momento presentó al juzgado ninguna denuncia ni querella. El PSOE no fue quien mandó a la Guardia Civil a registrar el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz. El origen del “caso Roblecillo” parte de unas investigaciones iniciadas por los agentes de la UCO en el marco de la trama que se investigaba en Librilla, denominada “Biblioteca”, que implicaba a altos cargos de la Administración regional y del Partido Popular.

2.      El objetivo del PSOE no fue nunca ni la imputación ni la condena por prevaricación de nadie, pues nunca se personó en ningún proceso judicial. Lo que sí hizo el PSOE fue presentar alegaciones (como era su obligación), dentro del ámbito administrativo, a un plan parcial que desarrollaba un modelo urbanístico depredador, para salvaguardar políticamente un urbanismo sostenible y responsable, como siempre ha defendido y seguirá defendiendo.

3.      Se trataba de una tramitación en la que aparecían irregularidades y en la que no estaban garantizados ni los recursos hídricos necesarios ni se había tenido en cuenta la red hidrográfica de la Rambla de la Higuera. 

Y esto, precisamente lo pone de manifiesto la jueza en el auto dictado. Gracias a las alegaciones presentadas por el PSOE sobre la falta de agua suficiente que garantizara la totalidad del plan parcial del Roblecillo, el gobierno municipal del PP se vio obligado a rectificar, y por tanto a aprobar tan solo la tercera parte del plan parcial previsto. 

Y fue precisamente por ese motivo, y así lo reconoce la jueza, por el que no incurrieron en la comisión del delito de prevaricación, a pesar de que su tramitación se hizo de forma irregular. Los planes parciales se deben aprobar en su totalidad y no fraccionados, por tanto, lo hicieron bordeando la legalidad.

4.      Aunque la juez entiende que no hay indicios suficientes para considerar que la conducta se pueda encajar en el tipo penal de delito de prevaricación, el auto señala que no se actuó bien, es más, lo que pone de manifiesto es que se cometieron las irregularidades alegadas en su día por el PSOE.

5.      Al contrario de lo que quiere transmitir el PP, a bombo y platillo, el PSOE nunca ha buscado perjudicar a ninguno de los cargos públicos implicados. El único motivo que guió al PSOE fue poner freno a un modelo de urbanismo bárbaro y depredador cuya inviabilidad el tiempo se ha encargado de demostrar.

Un PP lanzado en tromba

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Caravaca, José Francisco García, exigió hoy "reflexión y autocrítica" al PSOE por "instrumentalizar políticamente la justicia para destruir al adversario político" y asegura que "el PSOE utilizó el caso Roblecillo como tema principal en su campaña de 2015".

"Utilizar la Justicia para dañar al adversario y a sus familias, es una forma inhumana de ejercer la política", así de tajante se ha mostrado en su comparecencia ante los medios de comunicación el coordinador general del PPRM, Miguel Ángel Miralles, tras conocer que el archivo del "caso Roblecillo", comparecencia en la que ha estado acompañado de la secretaria general del PPRM, Maruja Pelegrín, del portavoz local en Caravaca de la Cruzy de los concejales del PP en el Ayuntamiento caravaqueño.

Una causa que, tal y como ha explicado Miralles "tiene su origen , de nuevo , en una denuncia política del PSOE y que utilizó en la campaña electoral de 2015 para destruir al que fue alcalde popular de Caravaca, Domingo Aranda, y a buena parte de sus concejales", una persona que "trabajó incansable por el municipio de Caravaca de la Cruz y que nunca debió dejar la Alcaldía".

Así ha recordado que tanto Aranda como el resto de ediles exculpados procedieron "ajustándose a Derecho y avaldos por los informes técnicos municipales favorables, tal y como ha valorado la jueza en su resolución".

En el "caso Roblecillo", ha continuado Miguel Ángel Miralles se ha actuado "con el habitual protocolo socialista consistente en poner en marcha juicios paralelos, penas de telediario, condena preventiva y linchamiento público".

Y ahora, tras el archivo, nos preguntamos "quién va a pedir disculpas al excalcalde de Caravaca y a los concejales exculpados", ¿y a sus familias?, ¿va a salir alguien del PSOE a reconocer el error?. Esto, ha insistido "no lo han hecho solo en Caravaca donde han recibido el varapalo de la Justicia, sino en otros municipios ante su manifiesta incapacidad política de conseguir el poder por la vía legítima que son las urnas".

El coordinador general del PP regional ha lamentado que el PSRM no sea capaz de "calibrar el daño público, moral y personal que han ocasionado a Domingo Aranda, a los concejales y a sus familias", ya que ha insistido que "sin que mediara una sentencia, han sido condenados y juzgados por los representantes del partido socialista".

Miralles considera que "con su estrategia hacen daño a políticos del Partido Popular, a sus familias, pero sobre todo, perjudican a nuestra democracia" , por lo que ha concluido que, "desde el Partido Popular volvemos a reivindicar un día más la presunción de inocencia, dejemos a los jueces hacer su trabajo porque es a ellos a quien les corresponde juzgar y sentenciar", en velada alusión al presunto Pedro Antonio Sánchez, ex presidente de la CARM, hoy incurso en dos causas penales de calado.

Por su parte el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, ha mostrado su satisfacción al conocer que la magistrada que instruye el "caso Roblecillo" ha archivado la causa "al demostrar con claridad que Aranda y los que entonces eran sus concejales en el equipo de Gobierno del PP, actuaron conforme a la Ley".

 "No había ilícito administrativo, ni mucho menos penal", ha remarcado, por lo que ha asegurado que fue una denuncia basada en "una estrategia electoral orquestada".

Así, ha exigido una "reflexión y autocrítica" a las fuerzas políticas y en especial al PSOE de Caravaca y al PSRM, antes de prejuzgar a nadie, porque ha remarcado, "han instrumentalizado políticamente la Justicia y han utilizado la querella y la denuncia, sin base jurídica, para destruir al adversario político".

"Aranda y el resto de concejales exculpados se han visto sometidos a un escarnio público, condenados socialmente con penas de telediario lo que ha supuesto un sufrimiento innecesario y cruel para ellos y sus familias", ha enfatizado el portavoz 'popular' en el Ayuntamiento de Caravaca quien ha exigido "seriedad y dar un giro a esta tendencia política" porque "el caso Roblecillo fue utilizado como tema principal de campaña electoral de 2015 por el PSOE para desbancar a Aranda".

En este punto ha criticado que los socialistas en Caravaca continúan con su forma de actuar ya que una vez que alcanzaron el poder "volvieron a denunciar ante la fiscalía al anterior equipo de Gobierno del PP para cumplir con una promesa electoral, denuncia también archivada", ha insistido, por lo que ha clamado con un "basta ya" y ha exigido "la misma publicidad que dieron en su día a la denuncia, la den ahora al archivo de la causa". ¿Quién restituye ahora la honra y el honor del excalcalde Aranda y de sus familias?, se ha cuestionado.

García ha leído, a modo de conclusión, las palabras de uno de los exconcejales del equipo de gobierno de Aranda, tras conocer el archivo del la causa, en las que lamentaba "el daño, el dolor y la ofensa sufrida por personas normales y corrientes, que desde la honestidad, y la defensa de una reputación ganada con esfuerzo, trabajaron por Caravaca y para los caravaqueños".

"Otro año de promesas patrimoniales incumplidas por San Esteban con Cartagena", recuerda Movimiento Ciudadano

CARTAGENA.- "Esta mañana, la Asamblea Regional ha aprobado, con los votos a favor de PP y C's, los presupuestos de la CARM del ejercicio 2018, que contemplan una reducción de inversiones para Cartagena del 50% respecto a 2017", recuerda MC en un comunicado.

En este contexto, y ante la inminencia del cierre de ejercicio, el primer teniente de alcalde y concejal del área de Cultura y Patrimonio, Ricardo Segado (MC Cartagena), ha enumerado los tres grandes compromisos regionales relacionados con el patrimonio en Cartagena, anunciados por la administración autonómica con cargo al actual presupuesto, "y que han quedado en nada". 

El edil se ha referido al patio del Museo Regional de Arte Moderno (MURAM), próximo al Palacio de Aguirre; el Cine Central, y la Casa del Niño.

Abordando por separado las supuestas actuaciones, Segado se ha referido al cartel que anuncia obras en la Casa del Niño, de las que se desconoce su alcance, aunque, eso sí, en ningún caso son las comprometidas por la Consejería de Cultura de la CARM. Inacción que vuelve a retrasar la devolución a Cartagena del Centro Histórico Fotográfico de la Región (CEHIFORM), al no realizarse ninguna obra que permita su concreción.

En relación al patio del MURAM, el responsable del área de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Cartagena ha recordado que no se ha efectuado una sola acción.

Del mismo modo, el concejal de MC Cartagena ha señalado, sobre el Cine Central, el conocimiento de que la administración regional "no estuvo en disposición de obtener licencia hasta el mes de noviembre de 2017". 

O lo que es lo mismo, el Ejecutivo de López Miras ha necesitado un año para solicitar el permiso de limpieza del inmueble, "comprado para entorpecer la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento".

 "A día de hoy, carece de proyecto y no tienen ni idea sobre lo que hacer con él".

Compromisos vacios

Tras este argumentario, Ricardo Segado ha reconocido que "sin sorprendernos demasiado, comprobamos que la CARM vuelve a discriminar a Cartagena, a pesar de nuestra contribución al futuro turístico y cultural de la Región, algo que el Gobierno autonómico sigue sin ver".

La pasividad regional en el Cine Central, la Casa del Niño y el solar anexo al MURAM "son ejemplos de anuncios vacios que demuestran el escaso interés que existe en San Esteban por impulsar a Cartagena", ha indicado. 

"Llevan desde 2015 en campaña electoral con compromisos que cabalgan de año en año sin materializarse", ha proseguido el edil.

"El Gobierno regional sigue paralizando el futuro cultural y patrimonial de Cartagena, dinámica que trabajaremos desde nuestras competencias para cambiar", ha finalizado Ricardo Segado.

IU-Verdes Lorca denuncia el abandono de los vecinos de las pedanías en materia de seguridad

LORCA.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, ha denunciado el estado de "desprotección" y "abandono" que sienten los vecinos y vecinas de las pedanías lorquinas a consecuencia de las graves carencias de personal en materia de seguridad ciudadana en Lorca.

Como ejemplo, se ha referido a lo ocurrido hace unos días en Zarcilla de Ramos cuando un conductor, aparentemente en estado de embriaguez, chocó contra la fachada de la casa de una vecina de 78 años de edad, provocando un ataque de ansiedad a esta ciudadana y cuantiosos daños materiales. 

A pesar de que el suceso tuvo lugar sobre las 13:30 horas y que se dio aviso inmediato tanto a Guardia Civil como a Policía Local, hasta las 16:15 no se personaron dos agentes de la Benemérita para hacerse cargo del atestado. Para entonces, el autor del choque ya se había marchado a su casa sin que se le practicase la prueba de alcoholemia, dejando el vehículo siniestrado en el lugar del accidente sin que la vecina afectada supiera quien se hacía cargo de los daños y de la retirada del turismo.

La edil de IU-Verdes lamentó que los conflictos de competencias entre Policía Local y Guardia Civil, impidan atender con prontitud los avisos de los vecinos. En este caso concreto, ambos cuerpos se desentendieron del suceso, en un principio, alegando que estaba fuera de su ámbito territorial. Tras dos horas de discusión entre ellos, al fin se ofreció una respuesta a los afectados.

Para Martín, hechos como éste demuestran que, en la práctica, el cuartel de la Guardia Civil en Zarcilla de Ramos "está cerrado". Se trata de la única infraestructura que, en materia de seguridad ciudadana, se encuentra radicada en el norte del municipio. 

En ese sentido, la edil de IU ha reprochado al alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, las promesas del PP, cuando estaba en la Oposición, de "dotar de más medios humanos y materiales" a la Benemérita y a la Policía Local, para atender las necesidades de una zona tan extensa.

La concejala de IU-Verdes ha asegurado que se trata de un servicio "imprescindible" para garantizar la seguridad de los habitantes de las pedanías altas y ha lamentado el "castigo permanente" que se infringe a los vecinos del medio rural a través de la reducción sistemática de los servicios públicos. 

Al respecto recordó el cierra del cuartelillo de la Policía Local de la diputación vecina de La Paca, poco después de que el PP llegara a la Alcaldía.

Martín aludió también a la inversión de 700.000 euros, en 2014, para la construcción de un cuartel de la Policía Local de nueva planta en Zarcilla de Ramos que debería tener una dotación de diez agentes, un cabo y un sargento "que brillan por su ausencia". 

Lo mismo sucede en las infraestructuras similares que se construyeron en La Hoya, Purias, Almendricos y Ramonete con una inversión global de 1,2 millones de euros.

Por ello, Gloria Martín también ha exigido al PP su compromiso de destinar el 41% de la plantilla de la Policía Local a las pedanías lorquinas, lo que se traduce en torno a los 60 agentes en la actualidad.

Buscan investigadores para explorar el potencial de la ganadería extensiva, la trashumancia y las vías pecuarias de nuestro entorno

MURCIA.- El pastoreo es uno de los responsables de la conservación de la biodiversidad, permite la lucha contra los incendios y favorece una alimentación natural. Por su repercusión, el grupo de investigación Sanidad de Rumiantes de la Facultad de Veterinaria de la UMU quiere reclutar un equipo multidisciplinar con el objetivo de poner en el foco de mira el estudio y la protección de la trashumancia, así como de las vías pecuarias de nuestro contexto geográfico.

Este proyecto busca que se abarque dicho tema tratando diversos enfoques de investigación como Biología, Botánica, Ingenierías o Geografía a campos generalmente más alejados de la Veterinaria como la Historia, Filología, Derecho, Turismo, Economía, Filología e incluso Ciencias del Deporte, por el uso de las vías para actividades deportivas como el senderismo o ciclismo. En definitiva, implicar a todas las disciplinas que afectan al entorno.

Su objetivo es sacar a relucir la importancia de la ganadería extensiva y contribuir a recuperar gran parte de los caminos de trashumancia de ganado que se encuentran en la Región, un total de 2.750 kilómetros lineales y una extensión 7.360 hectáreas que, además de contener otras infraestructuras como abrevaderos y descansaderos, nos conectan con el pasado histórico de los trashumantes que, desde los Montes Universales (Teruel) venían a la invernada a Murcia o Alicante a través del Cordel de los Valencianos. 

Una vía que forma parte de la Red Nacional de Vías Pecuarias, y que se suma a las que canalizaban la producción de cordero segureño, desde el Noroeste y la Sierra del Segura hacia el Mercado de Alcantarilla o el Puerto de Cartagena.

Además, este año se ha declarado la Trashumancia "Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial (Real Decreto 385/2017)" y, entre otros detalles, se destaca que "la actividad ganadera trashumante ha aunado históricamente el aprovechamiento de los recursos naturales y el ganado mediante la denominada "cultura pastoril trashumante", produciendo interrelaciones familiares, sociales, económicas, patrimoniales y biológicas y modelando y contribuyendo a la cohesión y vertebración del paisaje peninsular."

"La imponente red de vías pecuarias es un fabuloso patrimonio protegido por la Ley 3/1995, de dominio público y único en el mundo, que debemos conservar por su valor patrimonial, ecológico y económico y, dada su prioridad para el tránsito ganadero recogida en la ley, para permitir su utilización a los escasos rebaños que aún practican esta ganadería sostenible y que cada vez tienen más problemas para desplazarse" explica Antonio Contreras, responsable de la iniciativa.

Estas vías forman parte del legado de la Corona de Castilla, que mantuvo la hegemonía del comercio mundial de la lana durante siglos. Fue Alfonso X el Sabio quién impulsó su protección en Castilla en el siglo XIII, siguiendo la iniciativa de Jaime I, quién les dio amparo legal en Aragón medio siglo antes. Esta protección ha permitido su conservación durante más de 8 siglos, y actualmente nuestras vías pecuarias se extienden por más de 125.000 kilómetros de longitud y 400.000 hectáreas, según cifras de 2012.

"Pese a ello, en la Región de Murcia la protección de estas vías es muy precaria y la Comunidad Autónoma apenas ha deslindado un 1% de los kilómetros totales de su extensión" explica el investigador. Este camino de recuperación sí ha sido recorrido por otras provincias como Extremadura, la cual mantiene protegido más del 60% por ciento de sus caminos según Ecologistas en Acción.

Aunque en Murcia se explota mayoritariamente una ganadería intensiva, existen extensas áreas de pastoreo para su aprovechamiento por parte de rumiantes, sobre todo ovino, junto a un destacable censo de ovino segureño, especialmente en el Noroeste de la comarca con 990 explotaciones y 388.246 cabezas en la región. 

Debido a la marcada estacionalidad, estos rebaños aprovechan los pastos de la Sierra del Segura durante el verano y trashuman en otoño, a pie, hacia las zonas de invernada, dehesas en Sierra Morena. Este núcleo de trashumantes, junto a los de los Montes Universales (Teruel), constituyen los mayores contingentes de ganaderos que mantienen la trashumancia viva en nuestro país.

La conservación de estas vías de pastoreo, y en especial la ganadería extensiva, aporta numerosos beneficios a la sociedad más allá de la obtención de carne, leche, lana y pieles de mejor calidad, disminuyendo la disminución de residuos ambientales, aumentando la seguridad de los consumidores; obteniendo recursos sostenibles de zonas despobladas y favoreciendo el mantenimiento del medio rural. 

Asimismo, estos espacios albergan "especies protegidas como la avutarda, aves necrófagas entre las que destaca el quebrantahuesos o incluso el lince ibérico; estas últimas en vías de extinción y protegidas por proyectos Life, que tienen en el rebaño un importante sustento al aprovechar sus cadáveres o depredar sobre sus corderos" comenta el investigador de la UMU.

C's Cartagena pide a sus diputados nacionales que presionen al Ministerio de Justicia para crear un juzgado hipotecario en el municipio

CARTAGENA.- Ciudadanos ha denunciado hoy la insensatez por parte del Consejo General del Poder Judicial de especializar desde el 1 de junio a sólo un juzgado de primera instancia en cada provincia para las tramitaciones de las denuncias de los afectados por gastos y cláusulas hipotecarias. 

Para el portavoz de la formación naranja en Cartagena, Manuel Padín, "que sólo un juzgado, en nuestro caso el de la ciudad de Murcia, tenga que hacer frente a las reclamaciones vinculadas a las cláusulas suelo y los gastos hipotecarios de toda la Región, lo que supone unos 45.000 pleitos al año, nos parece inviable y contraproducente, fue una decisión improvisada que no tuvo en cuenta la situación de colapso que se podría producir en el juzgado especializado de Murcia, y el efecto disuasorio que podría provocar a miles de habitantes de esta Comunidad Autónoma que no viven en la ciudad de Murcia por las molestias y los costes de desplazamiento. 

"Para tomar esa decisión, en nuestra opinión equivocada, no se tuvieron en cuenta las variables poblacionales y la carga de trabajo que soportan los juzgados". 

Según Manuel Padín, "era mucho más razonable explorar otras alternativas, como dejar las cosas como estaban, es decir, repartir la nueva carga de trabajo entre los 54 juzgados que existen en la Región, entre otras cosas, para evitar el agravio y las discriminación entre los ciudadanos, y también para reducir a sólo unos meses el previsible retraso en las resoluciones". 

El portavoz de C's Cartagena ha recordado que los plenos municipales de Cartagena y Lorca han aprobado por unanimidad rechazar la creación de los Juzgados Uniprovinciales, "somos la voz que hay que escuchar, y tenemos que rectificar este camino lo antes posible". 

La Asamblea Regional también se manifestó de forma unánime contra el proyecto del CGPJ.

Tal y como hoy ha informado La Verdad, el atasco en los juzgados regionales no deja de crecer como se desprende del informe 'Situación de los órganos judiciales', publicado ayer por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

Alrededor del 10% de los asuntos que entraron a los juzgados murcianos de julio a septiembre hacían referencia a las cláusulas suelo, casi 1.400 casos, y hay unos 43.000 más previstos para los próximos meses.

Esta opinión es compartida por la mayoría de los expertos en el tema, incluido el actual decano del Colegio de Abogados de Cartagena, José Muelas, que ya aseguró en una reunión mantenida con el Grupo Ciudadanos que "si un juzgado de primera instancia puede sacar con dificultades unos 1.000 asuntos al año, cuánto tardará ese juzgado en sacar decenas de miles en toda la Comunidad, no es factible se mire por donde se mire".

"Como ni los ayuntamientos afectados, ni la Asamblea Regional han logrado hacer cambiar de parecer al CGPJ, nuestro Grupo Municipal va a solicitar a nuestros diputados nacionales en el Congreso de los Diputados que presionen al máximo al ministro de Justicia, y soliciten al órgano de Gobierno del Poder Judicial para que rectifiquen algo que evidentemente está haciendo daño a nuestra estructura judicial e incomodando a cientos de cartageneros", ha manifestado Manuel Padín. 

Quien ha recordado que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, afirmó que en septiembre se revisaría el estado de los refuerzos de estos juzgados y que en el caso en el que se concluyera que un único juzgado provincial no fuese suficiente para absorber el volumen de casos recibidos, el Ministerio apoyaría "totalmente la petición de crear más juzgados especializados y seguirlos reforzando". 

Han pasado ya casi dos meses de esta supuesta revisión, ya se ha demostrado el colapso y aquí nadie ha movido un dedo para que Cartagena tenga su juzgado especializado".

El PSOE pide un plan municipal de lectura para fomentar este hábito entre los lorquinos

LORCA.- La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, María Antonia García Jiménez ha pedido hoy la constitución del Consejo Municipal de Lectura, para el que demanda, como primera tarea, el impulso en Lorca de un plan municipal para el fomento del hábito lector entre los lorquinos.

Los socialistas apuestan por hacer de Lorca una sociedad lectora en todos los ámbitos, desde la escuela hasta las asociaciones de mayores. Con independencia de las muchas las iniciativas que los propios colegios e institutos del municipio, así como las bibliotecas públicas, vienen impulsando para el fomento de la lectura, la edil socialista asegura que el Ayuntamiento debe dar un paso más "como administración más cercana".

De hecho, asegura que basta con atender la Ley 10/2007 de 22 de junio, Ley de la lectura, para saber que son los propios Ayuntamientos, como administración más cercana, los que tienen el deber de estimular la creación de los hábitos de lectura. 

Pese a todo, "nos sorprende que este Ayuntamiento no haya emprendido hasta ahora ningún plan específico destinado a tal fin, necesario, más si cabe cuando atendemos a estadísticas como la de hace apenas unos meses, del INE, que dejan a Lorca como la ciudad de esta región con mayores índices de analfabetismo".

Por ello, y en vista de esta preocupación, el PSOE solicitará a través de una iniciativa al Pleno que se establezca un Plan municipal de lectura y del libro mediante la constitución de un Consejo de Lectura.

Pretenden que este Consejo esté integrado por las Concejalías de Cultura y Educación, representantes de los distintos centros educativos, y del Consorcio del Campus Universitario de Lorca; representantes también de las bibliotecas públicas, así como de las distintas asociaciones culturales o de ocio relacionadas con la literatura y/o asociación o clubs de lecturas. También deberían estar presentes las editoriales y libreros de nuestra ciudad, así como el archivero municipal.

Para García Jiménez, debe ser este órgano el que establezca un protocolo para el fomento de la lectura, donde será imprescindible la coordinación de Ayuntamiento de Lorca, y la Consejería de Cultura de la Región de Murcia.

Apunta que es necesaria también la cooperación de la Consejería de Sanidad y de Cultura para que en coordinación con la biblioteca municipal, se proceda a prestar un servicio gratuito de libros en el Hospital Rafael Méndez a igual que se realiza, desde hace años en otros hospitales de la Región de Murcia; y sin embargo "nunca se llevó a cabo en ningún de los hospitales públicos o privados de nuestra ciudad".

Que Lorca que se acoja al programa WiFi gratis para los europeos

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Marisol Sánchez Jódar ha pedido, por su parte, que Lorca se acoja a las ayudas que la Unión Europea está destinando para facilitar la llegada de internet a zonas rurales, garantizando además la instalación de puntos wifi "gratuitos" en los espacios públicos de pedanías. Se trata, además, de una demanda que plantean también desde la Federación Espartaria.

Sánchez Jódar asegura que esta convocatoria es una oportunidad "extraordinaria" para que los vecinos de pedanías, especialmente las más alejadas, puedan ver mejoradas sus comunicaciones, y que "no siga importando dónde vivan o cuánto ganen" para tener acceso a una prestación "básica" en pleno siglo XXI, como es el acceso a internet.

La edil ha informado que estas subvenciones son "imprescindibles" para paliar "en lo posible" los elevados costes que generan este tipo de comunicaciones, ya que llevar directamente la fibra óptica hasta los pueblos "precisa de unas inversiones casi inasumibles".

Sánchez Jódar ha pedido que el alcalde y su equipo se impliquen en esta materia y no dejen escapar la ocasión "si de verdad les importa la mejora de las comunicaciones de nuestros vecinos de pedanías". Asegura que estas ayudas se convierten en una herramienta "fundamental" para "combatir el despoblamiento rural y facilitar el diseño de alternativas económicas que fijen población" en las zonas rurales del municipio.

La responsable socialista informa que estas ayudas pueden llegar hasta los 400 euros y con ellas se intentará combatir una situación de aislamiento que sufre buena parte de nuestro amplio término municipal.

Marisol Sánchez ha apuntado que este Plan de ayudas pretende dotar a cada pueblo y cada ciudad de Europa de acceso inalámbrico gratuito a internet en torno a los principales centros de la vida pública de aquí a 2020. De esta manera, sería "viable" cumplir con una de las principales apuestas para los socialistas lorquinos, como es impulsar la llegada de internet a aquellas zonas en las que aún no ha sido posible, e instalar puntos WiFi "abiertos" en los locales sociales y centros juveniles de las pedanías del municipio.

La edil asegura que son muchos los vecinos, especialmente los más jóvenes, que vienen demandando la instalación de estos puntos WiFi en sus pedanías. Una herramienta que, además, serviría para mejorar la cartera de servicios públicos que ofrecen las oficinas de atención municipal en pedanías, así como en los consultorios médicos, donde herramientas tan básicas como el acceso al historial médico o la solicitud de la receta electrónica se convierte en pedanías en casi un "invento del año 2050".

Francisco Alonso, reelegido presidente del Consejo de Estudiantes de la UMU

MURCIA.- Este lunes 18 de diciembre se llevó a cabo la segunda vuelta de las Elecciones a Junta Directiva del CEUM - Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia. Resultó elegida la candidatura de Francisco Alonso Alcalde, quien renueva en el cargo con un nuevo equipo.

Presidencia: Francisco Alonso Alcalde (CC.Políticas, Máster en Análisis Político Aplicado).

Secretaría General: Sara Quesada Molina (Comunicación Audiovisual).

Vicepresidencia de Organización, Infraestructuras y Ciencias de la Salud: Alexis Martínez Cornet (Enfermería).

Vicepresidencia de Calidad, Igualdad y Transparencia: Irene Martínez Forte (Filolofía Clásica).

Vicepresidencia de Política Universitaria: Frederic Munné Montero (Derecho).

Vicepresidencia de Comunicación y Cultura: Jorge Manuel Martínez Vera (Física).

Tesorería: Francisco Javier Martínez Conesa (ADE + Derecho).

López Pagán: "Los presupuestos del PP representan un modelo fracasado, que ahonda en la desigualdad social"

CARTAGENA.- El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Joaquín López Pagán , manifestó que esta mañana "culmina el último acto de esta obra teatral, que denominamos como el Pacto de la Migajas".

López Pagán argumentó que el PSOE no apoya este presupuesto por considerarlo como unas cuentas falsas, que ha tachado de continuistas, dada la reiteración de proyectos, de incumplimientos y la ausencia de iniciativa política; por ser ficticios y maquillar los datos sin sonrojo y a sabiendas de que no se cumplirán y por ser regresivos, al perpetuar los recortes e ignorar la situación en la que se encuentra la ciudadanía de nuestra Región.

El portavoz socialista aseguró que con estos presupuestos la situación lejos de mejorar a corto plazo, empeorará a medio plazo con carácter general.

"El PP de la Región está tocado por la mayor crisis institucional que ha vivido la Región en los últimos 20 años, situándola en el mapa del escándalo por corrupción ante todo el país". Además, ha desarrollado una gestión profundamente neoliberal, de tal modo que con la desigualdad están financiando el crecimiento, con bajos salarios, precariedad laboral y niveles de pobreza insoportables que no contribuyen a la cohesión social ni a nuestro bienestar.

Y en ese pacto, Ciudadanos ha optado "por blanquear las políticas del Partido Popular y permitir que el PP siga manteniendo un ciclo político agotado, sin ideas, sin proyectos, sin planificación y sin nada que ofrecer a la Región".

El PSOE ha elaborado una alternativa política a este presupuesto, con el objetivo de darle un un giro a lo social, para atender debidamente a las personas que peor lo están pasando, incrementando la renta básica de inserción, eliminando copagos que penalizan a los más débiles y aumentando la dotación de plazas residenciales para los más mayores.

Para el portavoz socialista también es prioritario desarrollar una Ley de accesibilidad para garantizar la plena integración de las personas con discapacidad y la Ley de vivienda, que actúe en prevención de desahucios y pobreza energética, así como para hacer posible la emancipación de los jóvenes y el impulso de una oferta de empleo digna para mayores de 45 años, mujeres y jóvenes.

Igualmente, es clave el desarrollo del Pacto Regional contra la violencia de género y medidas para mejorar la situación de la mujer, acabando con la brecha salarial y facilitando la conciliación y corresponsabilidad, algo que es imposible con unos presupuestos que solo destinan el 0,07% a políticas para mejorar la situación de las mujeres.

López Pagán lamenta que no se hayan tenido en cuenta las principales propuestas del PSOE, en las que propone un giro hacia el futuro, que apueste por un desarrollo económico sostenible e innovador y un giro hacia la preservación de los servicios públicos fundamentales, que corrija los déficit en educación, sanidad y políticas sociales. "El PP está incapacitado para llevarlo a cabo, porque es el principal responsable de una deuda de 7.100 millones acumulados en sus años de gestión".

Asimismo, ha defendido una financiación justa de los ayuntamientos, a través de una Ley que permita planificar las infraestructuras y servicios que prestan a los ciudadanos con criterios objetivos, pues como ha resaltado estos presupuestos discriminan a los ayuntamientos socialistas.

El portavoz socialista concluyó que "esta Región necesita una acción política que la reconcilie con una prosperidad justa, para afrontar los retos del presente y sentar las bases de futuro de las próximas generaciones y en esa tarea estará el PSOE".

Los presidentes autonómicos se coordinan para que Rajoy acelere la financiación

MADRID.- Los presidentes autonómicos son conscientes de que el Gobierno tratará de concertar con los partidos políticos, esencialmente PP y PSOE, la financiación autonómica para sacar en el Parlamento la votación de la correspondiente ley orgánica. Pero antes de que eso ocurra, los jefes de gobierno territoriales darán muestras suficientes de que sin su colaboración no habrá pacto. 

Este es el sentir recogido en la mayoría de los presidentes autonómicos consultados por El País, que han emprendido una colaboración. Hace menos de dos semanas se celebró una reunión en Oviedo en la que participaron los presidentes de Asturias, Javier Fernández (PSOE); de Galicia, Alberto Núñez Feijó (PP) y de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, (PP). 

Estos hicieron partícipes de sus reflexiones al presidente de Aragón y de Castilla-La Mancha, los socialistas Javier Lambán y Emiliano García-Page, respectivamente. De los problemas de todos ellos participa igualmente el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara (PSOE).

Esta reunión, como otra anterior que se celebró en Cuenca, a instancias del presidente castellano-manchego, se centró especialmente en la despoblación que sufren algunas comunidades aunque no es este el único problema grave de la dispar España autonómica. De estas reuniones y conversaciones cruzadas se desprenden las diferentes visiones que los presidentes plantearán al Gobierno central, singularmente al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Unos pondrán el énfasis en que prime la capacidad recaudatoria, al tener más renta, como son los casos de Madrid, Baleares y Cataluña. Otros querrán imponer el criterio de población, defendido por Andalucía y Castilla-La Mancha, ya sea tanto por número como por despoblación y derivado de este se pondrá el énfasis en el coste efectivo del servicio que se presta a los ciudadanos.

Cuadrar la propuesta no será fácil, reconocen en las comunidades autónomas ante la disparidad de situaciones. Se recuerda que Madrid tiene una renta de 32.000 euros por habitante, en contraste con los 16.000 de Extremadura. Si bien más del 80% de los presupuestos se destina a Educación, Sanidad y Servicios Sociales la prestación del servicio resulta mucho más caro en las comunidades con población extensa y diseminada. Por ejemplo, para atender a un mismo número de ciudadanos de la localidad madrileña de Móstoles y de la provincia de Cuenca la segunda requiere más centros de salud que la madrileña: 35 frente a 5.

Aquellas comunidades que recaudan más querrían tener más recursos, muy en la línea de “la ordinalidad” que siempre planteó Cataluña — antes de la crisis secesionista — para no recibir menos de los que ofrecen.

Entre ellas está Madrid, a quienes otras comunidades con menos recursos recuerdan que, además de tener más ingresos fiscales, tiene una potente red de servicios privados, como es en el caso de la enseñanza y de la sanidad, lo que no es habitual en otras comunidades autónomas donde todos los servicios corren a cargo de los presupuestos públicos dado que el sector privado es insignificante.

Bankia, Sabadell e Ibercaja convierten 2018 en el año de los planes estratégicos

MADRID.- A menos de un par de se­manas para inau­gurar el nuevo año, 2018 se ave­cina como el año por ex­ce­lencia en planes es­tra­té­gicos de la banca es­pañola. Bankia, Sabadell e Ibercaja ya tienen pre­vista su apro­ba­ción de unos pro­yectos a tres años tras el pa­rén­tesis vi­vido en las dos pri­meras en­ti­da­des. Los dos grandes del mer­cado es­pañol, Santander y CaixaBank, cul­minan el pró­ximo año sus res­pec­tivos pla­nes, mien­tras que el BBVA se va hasta 2019 (cuando FG cumple 75 años) y Bankinter hasta 2020, publica hoy www.capitalmadrid.com

En los cuarteles generales de algunos bancos no sólo se trabaja en estos días con el cuadrante del ejercicio que toca a su fin, sino que sus directivos ya están más que manos a la obra con las nuevas estrategias de cara a los próximos ejercicios, una vez que ya han superado algunas incertidumbres regulatorias y, en menor medida, políticas al menos en el terreno doméstico.

Bankia ya ha trabajado durante 2017 bajo las premisas que contendrá el plan estratégico que se conocerá en los primeros meses de 2018, como han reconocido públicamente su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, y su consejero delegado, José Sevilla. El foco se ha puesto en el cliente y ya tendrán sus gestores vía libre para la integración de BMN y la vuelta a determinados negocios (como la financiación inmobiliaria).

Respecto al primer asunto, la integración de BMN, la dirección de Bankia ya ha planteado su oferta inicial para reducir la plantilla en unos 2.500 empleados, el grueso de ellos en la red de oficinas. Se trata de un primer contacto con los representantes de los trabajadores, por lo que todo promete a una cifra algo inferior para llegar a un acuerdo en el ajuste de empleados.

El Sabadell de José Oliu se ha tomado 2017 como un año de transición para encarar la integración de la plataforma tecnológica del británico TSB. Tras su Plan Triple, que venció a finales de 2016, también se espera para los primeros meses de 2018 su nuevo plan estratégico que no se verá afectado, como dijo su consejero delegado Jaime Guardiola, por la situación política en Cataluña.

Con menos presiones, la cúpula de Ibercaja acaba de indicar que ya ultiman un nuevo plan estratégico "transformador" para los próximos tres años, después de haber cumplido los objetivos fijados para el que vencía durante este ejercicio.

Tanto su presidente, José Luis Aguirre, como el consejero delegado, Víctor Iglesias, se han mostrado confiados en permanecer al margen de fusiones con sus nuevos objetivos y, sobre todo, una vez que el veterano Amado Franco haya tomado las riendas de la Fundación Ibercaja que es el primer accionista del banco instrumental creado por el cambio de la ley de cajas de ahorros.

Situación muy distinta es la que se vive en Santander y CaixaBank. El grupo presidido por Ana Botín culminará en 2018 su plan bianual que no se ha modificado pese a haber cumplido la mayoría de sus objetivos. En el horizonte, el Santander aún tiene pendiente la integración del Popular tras la adjudicación del mismo el pasado mes de junio.

La CaixaBank de Jordi Gual también llega al último ejercicio del plan trianual que se había fijado. Desde luego, en la formulación de la nueva hoja de ruta se deberá tener en cuenta la integración del portugués BPI y su dimensión más internacional, así como su posición líder en el mercado doméstico o ibérico.

Caso distinto es el del BBVA. Su plan estratégico no vence hasta 2019, justo el año en el que su presidente, Francisco González (FG), cumplirá los 75 años de edad (eso sí, en el mes de octubre y no antes). En plena salida del banquero de Chantada, el segundo grupo español deberá replantearse su futuro que, sin duda, pasará por lo digital.

Bankinter ya amplió en 2016 su plan Tres en Raya hasta 2020. El banco ha cambiado en los últimos tiempos con su presencia en Portugal, tras adquirir parte del negocio de Barclays en el mercado luso. Liberbank, Kutxabank y Unicaja también tienen fijados sus objetivos hasta 2020.

Bruselas investiga los privilegios fiscales de 'Ikea' en Holanda

BRUSELAS.- Bruselas investiga el sistema por el que la multinacional sueca Ikea reduce significativamente el pago de impuestos en Europa. El Ejecutivo comunitario está estudiando dos trajes fiscales a medida que Holanda ofreció a la multinacional y que erosionaban sustancialmente —uno de ellos aún se aplica— los beneficios sujetos a tributación. 

Por el momento, las autoridades de Competencia rehúsan ofrecer cifras de cuánto dinero ha podido ahorrarse la firma de muebles y otros productos del hogar. Un estudio de Los Verdes en el Parlamento Europeo, que propició esta investigación, lo estimaba en 1.000 millones de euros, aunque las pesquisas de la Comisión no cubren todos los supuestos que analizaba el trabajo de los eurodiputados, según publica El País.

Los casos de grandes compañías que aprovechan su posición para obtener prebendas fiscales abusivas de los Estados se acumulan en el despacho de la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. 

"Todas las empresas, grandes o pequeñas, mutinacionales o no, deberían pagar su parte correspondiente de impuestos. Los Estados miembros no pueden dejar que determinadas empresas paguen menos impuestos permitiéndoles desviar artificialmente sus ganancias a otros territorios", advirtió en un comunicado. En todos los casos probados, Bruselas reclama a los Estados miembros que recauden las cantidades que dejaron de ingresar —ilegalmente— para favorecer la permanencia de la empresa en su territorio.

La investigación de la Comisión Europea se centra en Inter Ikea, con sede en Holanda. Se trata de la filial que gestiona los derechos de propiedad intelectual de la compañía, que opera en régimen de franquicias. No posee, por tanto, las tiendas físicas. Lo que hacen todas esas tiendas diseminadas por el mundo es abonar un 3% de su facturación a Ikea, que la cobra a través de una filial denominada Inter Ikea Systems. Con esa cantidad, las tiendas se garantizan los derechos de uso de la marca.

La Comisión pone la lupa sobre dos esquemas. El primero, bendecido por la autoridad fiscal de Holanda en 2006, avalaba un pago anual que hacía Inter Ikea Systems a una filial holding radicada en Luxemburgo. Ese pago anual —muy elevado, una "parte significativa" de los ingresos de la empresa, según la investigación— pretendía remunerar determinados derechos de propiedad intelectual que tenía la empresa luxemburguesa. 

El resultado es que la mayor parte de los beneficios sujetos a tributación en Holanda eran transferidos a la sociedad de Luxemburgo, que estaba exenta del pago de impuestos. Bruselas cuestiona que el pago de esa licencia correspondiera a precios de mercado y sospecha que se fijaba un nivel tan elevado para eludir artificialmente la fiscalidad en Holanda.

De Luxemburgo a Liechtenstein

Cuando el Ejecutivo comunitario declaró ilegal este esquema, en 2011, la compañía decidió reestructurar su modelo. Inter Ikea Systems compró la parte de  derechos de propiedad intelectual en manos de la filial luxemburguesa. Para financiar esa operación, pidió un préstamo a una filial que operaba en Liechtenstein. 

Esa fórmula, la de solicitar un crédito a una filial con condiciones que se alejan del mercado, suele ser otra fórmula que emplean las multinacionales para eludir la tributación. 

Para proporcionar certidumbre, Holanda revistió de legalidad lo que hacía Ikea y le dio otro traje fiscal a medida. Ese tax ruling (por su denominación inglesa) avalaba los pagos en concepto de intereses que la empresa holandesa hacía a la filial de Liechtenstein. Como resultado, "una parte significativa" de los beneficios de la empresa que gestionaba las franquicias se desviaba a ese Estado ajeno a la UE (y, por tanto, a sus reglas sobre ayudas de Estado).

A la Comisión le preocupa que las dos resoluciones impositivas (de 2006 y 2011) que aplicó Holanda a Ikea hayan dado a la compañía una posición injusta y ventajosa en comparación con otras empresas sujetas a las mismas normas fiscales nacionales en Países Bajos. Esto infringiría las normas de la UE sobre ayudas estatales, que tienen que garantizar la competencia en igualdad de condiciones en todo el territorio comunitario. 

Competencia no tiene capacidad para juzgar si esto supone un abuso tributario; simplemente puede invalidar los esquemas cuando se demuestra que solo se ofrecen a una o varias compañías, no al resto.

Holanda ha asegurado que "cooperará completamente con la investigación para determinar si se concedieron ayudas estatales" ilegales, indicó a la agencia France Presse un alto responsable holandés en Bruselas. En cuanto a Ikea, sus responsables consideran que su tributación se ajusta a la normativa comunitaria y prometen cooperar con la Comisión, según un comunicado de la compañía sueca.

Bruselas comenzó a investigar el caso en abril de 2016, a raíz de los datos incluidos en un informe del grupo de Los Verdes en la Eurocámara, publicado en febrero. El estudio describía una "estrategia de planificación fiscal agresiva" del gigante del mueble y la decoración. 

Y apuntaba a un ahorro fiscal abusivo de unos 1.000 millones de euros durante seis años en toda la UE. La Comisión asegura que solo dará cifras si, tras la investigación abierta, concluye que efectivamente hubo abuso. En todo caso, es de esperar que las posibles cantidades reclamadas a Holanda resulten inferiores porque el documento de Los Verdes apuntaba a esquemas aplicados también en otros países europeos, no solo en Holanda.

Las autoridades europeas de Competencia han convertido los privilegios fiscales de las multinacionales en una línea de investigación primordial. El caso más representativo afecta a Irlanda, obligada en agosto de 2016 a recuperar una cifra récord de 13.000 millones de euros del gigante Apple por impuestos que le perdonó irregularmente. 

Marcos similares se identificaron en Luxemburgo (con Fiat y Amazon), en Holanda (con Starbucks) y en Bélgica, con un régimen que favorecía al menos a 35 multinacionales. Paradójicamente, los Estados se resisten a reclamar unas cantidades que mejorarían la salud de las arcas públicas por miedo a que las firmas huyan a otros territorios más permisivos.

El Tribunal Constitucional anula la cobertura sanitaria a los sin papeles ofrecida por varias autonomías

MADRID.- El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad del decreto ley de la Generalitat Valenciana que ofrecía el acceso universal a la atención sanitaria a extranjeros sin papeles. La decisión ha dividido al TC: siete magistrados han apoyado la anulación de la norma y cinco han firmado votos particulares rechazando su inconstitucionalidad, según publica El Mundo.

La decisión sobre el caso de la Comunidad Valenciana llega días después de que el Pleno anulara la norma vasca que también extendía la cobertura a los inmigrantes en situación irregular. En ambos casos el TC ha considerado que las normas autonómicas invadían competencias del Estado. 

El Gobierno central interpuso recursos contra las normas aprobadas por varias autonomías que se rebelaron contra la ley aprobada por el Gobierno popular en 2012 que retiró la tarjeta sanitaria a los sin papeles en la inmensa mayoría de los casos. Además de Valencia y País Vasco, también acordaron mantener la cobertura a sin papeles Cataluña, Navarra, Aragón, Cantabria y Baleares.
Las coberturas sanitarias a los extranjeros indocumentados habían sido inicialmente suspendidas por el TC tras los recursos del Ejecutivo central, pero unos meses después el tribunal levantó las suspensiones y permitió la vigencia de las normas. En el caso de Valencia, la decisión de esta semana anula definitivamente la cobertura sanitaria aprobada en 2015 por el ejecutivo del socialista Ximo Puig. 

 El objeto del decreto ley ahora anulado era "garantizar el acceso a las prestaciones sanitarias en igualdad de condiciones de acceso y calidad que el resto de la población asegurada a aquellas personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España y con residencia efectiva en la Comunidad Valenciana".
Las sentencias del TC sobre País Vasco y Valencia sostienen que las comunidades autónomas se han de "adecuar necesariamente" a "los límites" establecidos por el Estado en la normativa básica, incluido a qué personas alcanza la cobertura universal, "de tal manera que no puedan extender el ámbito subjetivo de la relación prestacional". 

"Por tanto, la normativa básica estatal cierra toda posibilidad a las normas autonómicas de desarrollo para configurar un sistema de acceso a las prestaciones sanitarias que no atienda a los conceptos de asegurado o de beneficiario que han establecido las bases", añaden los siete magistrados firmantes de la sentencia.

Los magistrados explican que lo que lleva a efecto la norma valenciana "es una ampliación de la cobertura sanitaria en el ámbito subjetivo de las prestaciones no contemplado por la normativa estatal, que como hemos señalado, incluye entre los sujetos que tienen la condición de asegurados a los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español, pero no a los que no están registrados ni autorizados como residentes en España. En consecuencia, al no atender al criterio de lo básico establecido en la norma estatal, el Decreto Ley 3/2015, del Consell de la Generalidad Valenciana, debe declararse inconstitucional y nulo".
En su día el TC desestimó un recurso de Navarra contra la reforma legal que retiró la cobertura a los inmigrantes indocumentados, con excepción de urgencias, embarazadas, casos de enfermedades contagiosas y menores. Ahora el Tribunal hace efectiva esa norma anulando las regulaciones autonómicas que la sorteaban.

Las familias de 'Vocento', editora de 'La Verdad', hacen un hueco al mayor fondo soberano del mundo

MADRID.- Cambio relevante en el accionariado de Vocento. Norges Bank, el fondo soberano de Noruega, ha aflorado una participación del 3,398% en el capital de la editora de ABC y La Verdad, según consta en los registros de la CNMV. En concreto, la entidad controla el 3,349% directamente y el 0,049% a través de instrumentos financieros, según El Confidencial.

El banco noruego, que gestiona el sistema público de pensiones del país, se ha convertido en uno de los accionistas de referencia tras esta operación y ya supera la inversión del gestor Francisco García Paramés (Cobas Asset Management), quien posee un 3% adquirido también este año, como adelantó El Confidencial.

El resto de accionistas, principalmente las familias ligadas al grupo, mantienen ancladas sus participaciones desde hace años: Mezouna (familia Ybarra) es el mayor accionista con el 11%, Valjarafe (las hermanas Luca de Tena) posee el 10%, Onchena (Carmen Ybarra) el 5,4%, Enrique Ybarra el 6,5%, Santiago Bergareche acumula el 4,7% y los fondos del Santander están presentes con un 6,3%.

El porcentaje de participación de Norges, que es fondo más grande del mundo de este tipo, se traduce en un total de 4.184.839 acciones. A punto de terminar el año, Vocento cerró la última sesión con una capitalización bursátil de 190 millones de euros y un precio de 1,53 euros por acción. En enero, un título costaba entre 1,26 y 1,28 euros, siendo julio cuando alcanzó su máximo anual con 1,73 euros por acción. Hasta diciembre, la revalorización de los títulos es de un 22,58%.

En cualquier caso, Norges no es ningún desconocido para el mercado. La entidad noruega ya estaba presente en otras cotizadas como Liberbank (3,26%), Meliá (3,55%), Iberdrola (3%), DIA (3%) o Viscofan (4,95%). 

Además, esta misma semana también comunicó al regulador que controla el 3,2% de Bankia, lo que le convierte en el segundo mayor accionista de la entidad, solo por detrás del Frob, que posee el 60,6% del banco a través de la matriz BFA.

'Estrella de Levante' aprueba un plan para la igualdad de oportunidades de sus empleadas

MURCIA.- La empresa Estrella de Levante ya cuenta con un plan de igualdad que se desarrollará a lo largo de los próximos tres años. El director general de la compañía, Patricio Valverde, junto a la directora de Recursos Humanos, Juana Sánchez, acompañados de la directora general de Mujer, Alicia Barquero, presentaron el documento, elaborado con el objetivo de alcanzar el sello distintivo que reconozca a la firma «el esfuerzo por ofrecer igualdad de oportunidades entre sus trabajadores en todas las áreas en las que se han determinado opciones de mejora».

Valverde asegura que «desde 2014 venimos adoptando medidas en favor de la igualdad; hemos analizado todas las áreas de trabajo y se ha adoptado un plan que en los próximos tres años nos dará resultados tangibles de mejora». 

«En Estrella de Levante somos conscientes de la necesidad de adoptar medidas concretas para evitar incurrir en discriminación directa o indirecta. El plan desarrolla la igualdad de trato y de oportunidades, garantizando las mismas oportunidades de acceso al empleo, al desarrollo profesional y a las condiciones de trabajo», indicó Valverde.

La empresa se compromete a adoptar «medidas específicas en favor de las mujeres en el acceso a determinados puestos de trabajo ocupados mayoritariamente por hombres». 

El plan incluye la promoción de criterios homogéneos en la empresa en materia de gestión de Recursos Humanos que garanticen la plena igualdad de oportunidades de los trabajadores. Además, se han implantado nuevos procedimientos específicos en materia de prevención sobre el acoso moral y sexual.

El Defensor del Pueblo exige que se mejore la asistencia en los CIE

MURCIA.- En el Día Internacional del Migrante, que se celebró ayer, el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, pidió mejorar la asistencia social, jurídica y cultural que se presta en los centros de internamiento de extranjeros (CIE). Esta institución reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de las personas extranjeras. Recordó que en las visitas que ha realizado a estas instalaciones ha detectado carencias, y no ha apreciado que se haya producido la reforma anunciada en el reglamento de los CIE.

Por ello, Fernández Marugán ha formulado seis recomendaciones a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Entre ellas, el establecimiento de directrices comunes en todos los centros para la gestión de la asistencia social, jurídica y cultural. También ha recomendado dotar de «manera urgente» a todos los CIE de mobiliario suficiente en la zona de ocio y de partida presupuestaria para su mantenimiento y reposición en caso necesario.

Además, el Defensor considera que se deben revisar los términos de la subvención pública por la que se externalizan los servicios de asistencia social y cultural a la vista de las «significativas carencias» detectadas en la visitas realizadas.

La institución también recomienda elaborar a la mayor brevedad en cada centro, bajo la coordinación y supervisión del director, los proyectos de actuación que, según mandato reglamentario, han de ser elaborados por trabajadores sociales y aprobados en junta de coordinación.

Pide, asimismo, que se dicten instrucciones para que en cada CIE se haga efectivo el derecho de los internos a entrar en contacto con organizaciones no gubernamentales y de éstas a visitar los centros y a entrevistarse con los internos. Por último, la institución quiere que se promuevan convenios con los colegios de abogados para la prestación de un servicio de orientación jurídica en aquellos centros de internamiento en los que aún no lo hay.

El Defensor del Pueblo recuerda que recientemente ha recomendado la elaboración de un protocolo de actuación sanitaria para atender a las personas que llegan en pateras, de tal forma que el personal que ofrece la primera asistencia extienda un informe en el que se indiquen las enfermedades detectadas, para asegurarles así una atención adecuada tras su ingreso en un CIE.

Los contratos fijos a mayores de 45 años suben un 11% en la Región hasta octubre

MADRID.- La contratación indefinida a mayores de 45 años registrará este año la cifra más alta de la serie histórica, iniciada en 2006, con más de 315.000 contratos, según las previsiones del grupo de recursos humanos Randstad. En Murcia, los contratos fijos a este colectivo crecieron un 11 por ciento de enero a octubre de 2017.

El número de contratos fijos para este colectivo superará en 2017 en un 11,9 por ciento la cifra de 2016, cuando se firmaron 282.008 contratos de este tipo. Con el incremento previsto para este año, los contratos indefinidos para mayores de 45 años encadenarán seis años consecutivos de alzas después de haber experimentado un descenso acumulado de más del 42% entre 2008 y 2011, año este último en el que se alcanzó el mínimo de la serie, con 128.388 contratos.

"En ocasiones se habla de los mayores de 45 años como uno de los colectivos más vulnerables del mercado laboral cuando son, en realidad, uno de los principales motores de la economía. El envejecimiento de la población y la demanda de experiencia previa por parte de las empresas está impulsando la contratación de estos profesionales, que suponen ya el 44% del total de ocupados. Hace una década suponían el 32%", destacó el director de Relaciones Institucionales de Randstad, Luis Pérez.

Por sectores, y con datos de enero a octubre, el de la construcción registró el mayor incremento porcentual en la contratación indefinida de mayores de 45 años, con un repunte del 21,3%, seguido por agricultura (+20,9%), servicios (+10,9%) e industria (+9,4%).

El sector servicios es el principal impulsor de la contratación de mayores de 45 años, al acumular casi el 79% del total de contratos en este periodo. Le sigue la industria, con el 8,8% del total; la construcción (7,5%) y la agricultura (5%).

Los comerciantes de San Esteban exigen una ubicación definitiva en el centro de Murcia

MURCIA.- La Asociación de Comerciantes de San Esteban reivindica una nueva localización definitiva y que les permita "mantenerse", en una zona de tránsito de posibles consumidores y compradores en el centro de la ciudad, y no en el Paseo del Malecón, donde el Ayuntamiento de Murcia les instaló de forma provisional hace años cuando se descubrió el yacimiento arqueológico de San Esteban.

Así lo manifestó este martes el presidente de la asociación, Abdel Douidar, quien mostró su malestar y "disconformidad total con la actitud del Ayuntamiento, que no quiere tomar ninguna solución con respecto al traslado que estamos pidiendo desde hace más de ocho años para volver al centro, vender y sostenernos".

Douidar se ha quejado de que en la localización actual "no estamos vendiendo y para colmo, en estas fechas de Navidad, cuando hay más venta, han colocado un mercado medieval de 50 puestos", en referencia al mercado medieval que se ha instalado en el Plano de San Francisco, a pocos metros de las casetas de los tradicionales 'hippies' de San Esteban.

"Entendemos que todo el mundo tiene que vender, pero puede haber otros lugares para ubicarlos, y no delante de nosotros", subrayó el presidente de la asociación, que ha hecho hincapié en la reivindicación de los comerciantes en "volver al centro". Para ello, "hemos ofrecido seis alternativas viables pero el Ayuntamiento a todo dice que no, solamente nos ofrece lugares donde vamos a morir, como el Jardín de los Chinos o el Parque de Fofó".

En concreto, la asociación ha propuesto al Consistorio murciano reubicarse en el Jardín del Salitre, que cuenta con "un espacio que podría albergar un mercado cuatro veces mayor al actual", aunque Abdel Douidar lamenta que el Ayuntamiento afirma que se han recibido quejas vecinales ante esta alternativa. También han apuntado como posibles ubicaciones la Plaza de la Universidad, el Plano de San Francisco, la Plaza Circular, el entorno de San Esteban y la Avenida de la Libertad.

"Nuestro lugar es el centro", aseguró, al tiempo que ha pedido "que nos escuchen". Además, recordó que desde la asociación se han comprometido a pagar el coste del traslado, "por lo que el ayuntamiento no va a sufrir coste alguno", así como a instalar casetas nuevas para que el mercado sea "atractivo".

A su vez, señalóque "en casi todas las capitales europeas existe este tipo de mercado", que en muchos lugares está subvencionado, aseguró Abdel Douidar, ya que "forma parte del paisaje cultural, no comercial" de la ciudad.

Ha lamentado que, al mantener "esta actitud", el Ayuntamiento "está destruyendo puestos de trabajo y empobreciéndonos", por lo que pidió a la concejala de Mercados, Maruja Pelegrín, y al alcalde, José Ballesta, que "dejen de ningunearnos". Sobre este asunto, reconoció que entre los miembros de la asociación se plantean que esta actitud "está rozando el racismo", ya que "la mayoría de los vendedores somos de origen árabe, aunque todos tenemos la nacionalidad española, amamos este país y queremos trabajar sin problemas".

Sobre este tema, los grupos municipales en la oposición en el Ayuntamiento de Murcia, PSOE, Ciudadanos, Cambiemos Murcia y Ahora Murcia, han mostrado su solidaridad con la asociación de comerciantes y han pedido al equipo de Gobierno a cumplir "lo antes posible" una moción aprobada hace tres años en Pleno que instaba a buscar una nueva ubicación y una solución para este colectivo.

En la actualidad, son 19 las personas que trabajan en los puestos de los antiguos 'hippies' de San Esteban, ahora reubicados en el Paseo del Malecón. La venta diaria, reconoció Abdel Douidar, ronda los 3 euros.

La concejala de Comercio y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Murcia, Maruja Pelegrín, respondió este martes a los partidos de la oposición que han acompañado a los vendedores que actualmente se encuentran instalados al inicio del Paseo del Malecón, y aseguró que "en ningún momento se ha abandonado a estos vendedores", ya que "son muchas las propuestas rechazadas por ellos o por las Juntas Municipales para su realojo y, a pesar de ello, seguimos buscando emplazamientos para satisfacer a todas las partes", informaron desde el Grupo Municipal Popular.

En este sentido, Pelegrín destacó que "para esta corporación hay dos reglas básicas y son las del consenso y la participación". Lamentó que "los concejales de la oposición exigen mucho pero olvidan proponer alternativas y tratan de imponer sus opiniones".

Sin embargo, para la edil de Comercio es "básico y fundamental contar con la participación de todos los elementos implicados y con el respaldo de la mayoría de fuerzas políticas y entidades sociales".

Por otro lado, mostró su "absoluta repulsa" por los "desafortunados comentarios en los que se culpa al Ayuntamiento de ningunear a los vendedores o de llevar a cabo prácticas racistas con ellos".

Por ello, la concejala de Comercio quiso recordar también que "no se va a consentir que ningún grupo de la oposición ponga en tela de juicio la disposición de todo el equipo de Gobierno para ofrecer una solución que satisfaga a comerciantes y vecinos del municipio", al tiempo que calificó de "intolerable" que "algunos concejales vengan aquí a hacer política, que critiquen sin ofrecer alternativas o que rechacen las propuestas, como ya han hecho en anteriores situaciones".

Así, la concejala anunció que se va a volver a convocar a la Comisión designada para la búsqueda de un emplazamiento definitivo para los comerciantes de la asociación de San Esteban, con el fin de "hacer una nueva propuesta que se está estudiando por parte de los servicios de la concejalía".

En este sentido, apuntaron las mismas fuentes, "buscamos un cambio de percepción para conciliar la intimidad de los vecinos del centro con la actividad comercial y el interés del consumidor", concluyó Maruja Pelegrín.