viernes, 14 de julio de 2017

El PSOE exige al Ayuntamiento de Murcia que haga cumplir a la UCAM la obligación de disponer de licencias de actividad de sus edificios


MURCIA.- El concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Murcia Enrique Ayuso ha exigido al Ayuntamiento de Murcia que haga cumplir a la UCAM la obligación de disponer de licencias de actividad y puesta en funcionamiento de los edificios de la zona sur del Campus de Guadalupe que carecen de las mismas.

"La Concejalía de Urbanismo ha comunicado al Grupo Socialista que solo dos edificios de la zona sur tienen solicitada licencia de actividad, mientras otros diez están abiertos y sin licencia", ha indicado Ayuso.
Así, el Grupo Municipal Socialista va a presentar una petición formal al Ayuntamiento de Murcia, para que de forma inmediata, se regularice esta situación, exija al titular de la actividad, que es la Fundación San Antonio, el cumplimiento de la ley, se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad en sus instalaciones, o se aplique la legislación en el caso de que no se esté haciendo.
En este sentido, ha recordado que la mayor parte de los 12 edificios de la zona sur del campus están construidos sin autorización municipal, sobre suelo de huerta protegido y no urbanizable, y sobre los que la Fundación San Antonio, que dirige la UCAM, ha solicitado para parte de ellos la autorización excepcional por interés público a la Comunidad Autónoma.
"Se está poniendo en un riesgo la seguridad personal, tanto de los estudiantes, como de los docentes y otros trabajadores, sin que hasta el momento la Administración haya regularizado esta situación que se prolonga desde hace años", ha añadido.
Por su parte, el secretario de Comunicación del PSRM y diputado regional, Emilio Ivars, ha recordado que en 2011 la UCAM solicitó a la Comunidad Autónoma una autorización para la construcción de un aulario, que se concedió con la condición de que se retiraran las construcciones modulares que estaban puestas mientras se construía ese aulario.
Según Ivars, a fecha de hoy, esas construcciones modulares siguen estando en el mismo sitio en el que estaban, por lo que se han incumplido las condiciones por las que se autorizó la construcción de aquel aulario, "y la Administración regional no ha hecho nada al respecto".
"Queremos saber, en virtud del interés público, qué actuaciones ha llevado a cabo la Comunidad Autónoma para el cumplimiento de la legalidad, ya que aquella autorización está vigente al 100 por cien", ha comentado.
Además, ha indicado que había más condiciones que no se han cumplido, el 90 por ciento del suelo de las nuevas construcciones estuviera sin enlosar y respetar la distancia con los linderos de las acequias que cruzan el entorno.
El diputado socialista ha dicho que en 2016 la UCAM solicitó a la Comunidad Autónoma la autorización excepcional por interés público para dejar sin efecto esas condiciones que se habían puesto en 2011. "Es decir, pidiendo legalizar lo ilegalizable".
"El PSOE quiere saber qué está pasando con esta autorización, hemos pedido el expediente completo, pero aun así, indicamos que, según la Ley del Suelo regional, cuando se pide una autorización excepcional, si a los 4 meses no ha habido respuesta, es desestimatoria", ha remarcado.
"No cabe más decisión de la Administración Regional que poner en marcha los mecanismos que están en su mano para que se cumplan las condiciones que se pusieron en 2011", ha añadido Ivars.
"No cabe tener a alguien en la ilegalidad, no cabe tener un edificio por el que transitan miles de estudiantes, cientos de docentes, personal de Administración y Servicios, sin licencia. Ninguna compañía de seguros ni nadie se va a hacer cargo de un edificio que no tenga licencia ni ningún papel en regla, y eso es importantísimo para la seguridad del personal", ha concluido.

Finalmente, el concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, Antonio Navarro, ha respondido al PSOE respecto a la situación de los inmuebles de la UCAM que el Ayuntamiento se encuentra a la espera de que se produzca la resolución de la Comunidad Autónoma sobre la declaración de interés público de las edificaciones.
Mientras no se conozca el pronunciamiento expreso por parte de la administración regional, que es la competente en la materia, Ley de Protección Ambiental posibilita que hasta que se produzca esa resolución del expediente, no se decrete el cierre de la actividad, estando tramitándose la legalización.
Obviamente añade Navarro- la licencia de actividad es posterior a la legalización de la obra.

La Intersindical RM apoya al personal de la CARM querellado por José Luis Mendoza

MURCIA.- Intersindical Región Murciana, ante la querella interpuesta por el Sr. José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, al personal técnico de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente en el ejercicio de sus funciones, siendo conocedores del riguroso trabajo que han estado desarrollando este personal empleado público de la CARM en defensa del patrimonio cultural de esta Región, y teniendo conocimiento de que la defensa jurídica de estas personas no está siendo atendida por los servicios jurídicos de la CARM sino que recae en sus propios medios personales, y teniendo en cuenta que el demandante exige una fianza de quince millones de euros a las y los interesados, exige:

El respaldo y reconocimiento público, por parte del consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, así como de la Secretaría General y de la Dirección General de Bienes Culturales al trabajo elaborado por el personal empleado público dependiente de ellas y afectado por esta querella.
La puesta a disposición del personal empleado público denunciado de los Servicios Jurídicos de la CARM para su defensa jurídica ante la demanda.
Que la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente asuma su responsabilidad patrimonial y económica de las actuaciones derivadas del proceso de denuncia.
También la CSIF muestra su apoyo a los empleados públicos de la Dirección General de Bienes Culturales querellados por la Universidad Católica San Antonio (Ucam).
El presidente de la Unión Autonómica de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en la Región de Murcia, Juan Miguel López Blanco, que participó esta mañana en la concentración de apoyo a estos trabajadores, a las puertas de la sede de la Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, ha puesto a disposición de estos empleados públicos los servicios jurídicos del sindicato, al no poder contar éstos con los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma.
CSIF viene reclamando a la Administración regional desde hace años un seguro de responsabilidad civil-patrimonial que cubra las responsabilidades exigidas en procedimientos penales del personal a su servicio, y su propia responsabilidad subsidiaria.
López Blanco alertó de las posibles repercusiones que puede tener este referente creado con esta querella, ya que "podría ser un ejemplo para nuevos casos, de ir directamente contra los empleados públicos en vez de contra la Administración regional", que les impide seguir ejerciendo su labor con normalidad.

Ciudadanos lamenta que el PP regional haya elegido seguir amparando y protegiendo la corrupción

MURCIA.- El portavoz regional de Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha lamentado profundamente hoy “que el PP regional haya elegido seguir amparando y protegiendo la corrupción política y no haya optado por el camino de la regeneración por la que clama la sociedad murciana y muchos de sus militantes”. 

Sánchez ha respondido así a las declaraciones de la secretaria general de los populares, Maruja Pelegrín, descartando tomar decisión alguna sobre el expresidente Pedro Antonio Sánchez, sobre el que pesan ya dos autos de procesamiento por media docena de delitos relacionados con los casos ‘Auditorio’ y ‘Púnica’.
“El PP murciano sigue enrocado y empeñado en mantener como su presidente y como diputado regional a PAS, pasando por encima de sus propios estatutos, sus compromisos y la palabra dada a todos los murcianos”, ha añadido el portavoz de C's, que considera que los argumentos esgrimidos por los populares para tratar de justificar este nuevo retraso de la ‘línea roja’ que marcaría la apertura de expediente y la posible expulsión del expresidente “son extremadamente endebles y van en contra incluso de las afirmaciones que durante meses han realizado tanto el propio PAS como representantes nacionales de su partido, como el propio ministro de Justicia. El PP regional está empeñado en que los murcianos pasemos por la vergüenza de pagarle un sueldo a una persona que va a pasar de sentarse en el escaño a sentarse en el banquillo”.
A juicio de Sánchez, “por mucho que traten de disfrazar los cargos imputados a PAS como ‘irregularidades administrativas’, lo cierto es que se trata de corrupción política, y no lo dice cualquiera, sino el propio Consejo General del Poder Judicial”. 
El portavoz naranja añade que “esta estrategia del PP regional no es nueva, ya tuvimos un ejemplo claro cuando mantuvo en el cargo al entonces alcalde de Fortuna, Matías Carrillo, pese a estar condenado por compra de votos”. 
Considera que “a pesar del clamor de sus propios vecinos, el PP mantuvo en el cargo a Carrillo, y solo la confirmación por parte del Tribunal Supremo de su condena de cinco años de inhabilitación lo forzó a dejar el cargo y el sueldo público. Es decir, hasta que -según la doctrina que ya anuncia la secretaria general del PP- exista lo que consideran una ‘condena firme’, lo que podría resultar en que los murcianos sufriríamos la vergüenza de tener que pagarle durante años el sueldo a un diputado regional condenado por prevaricación, cohecho o fraude”.

CTSSP pide al Gobierno local de Cartagena una reunión con la Plataforma por el nuevo PGMO


CARTAGENA.- Cartagena Sí Se Puede (CTSSP) ha solicitado mediante un comunicado y una petición formal a través del Registro del Ayuntamiento que el Gobierno de MC y PSOE convoquen de manera urgente, y en su caso, antes de la próxima Comisión de Urbanismo, a la Plataforma por un Nuevo Plan General. 

Desde la formación afín a Podemos se considera que el proceso no puede desarrollarse a espaldas de la ciudadanía y, sobre todo, de los colectivos más activos e interesados en la reelaboración de un nuevo Plan General.
Pilar Marcos, la portavoz del grupo municipal, ha declarado: “No podemos reiterar los errores que se vienen cometiendo desde hace dos años. El Plan General afecta a los vecinos y el Gobierno se ha comprometido a rehacerlo democráticamente, tanto con nuestro grupo como con la propia Plataforma. 
Por estas razones exigimos que a la mayor brevedad se convoque una reunión donde se informe a sus representantes del contenido concreto y el alcance que tienen estas disposiciones transitorias pactadas con la CARM”.
Para el grupo municipal de Podemos resulta inconcebible que el Gobierno y la CARM presenten de la noche a la mañana un documento de este calado, sin ningún grado de concreción, sin planos ni catálogos y con un alcance de dos años. 
La formación morada esperará a la celebración del encuentro para trasladar su posición respecto de las disposiciones transitorias que, presumiblemente, se llevarán al próximo Pleno del mes de julio para su aprobación.

El PSOE considera que la reducción de la espera quirúrgica en la Región no es suficiente

CARTAGENA.- La diputada Consuelo Cano denuncia que el Plan de gestión de listas de espera 2015 no ha dado los frutos esperados y carece de criterios objetivos, no optimiza los recursos del área quirúrgica en jornada ordinaria ni tiene indicadores de seguimiento bien definidos.

La diputada del Grupo Parlamentario Socialista Consuelo Cano ha manifestado a propósito del descenso en 8 días en la media de las listas de espera quirúrgicas, que aunque cualquier mejora que se produzca en la atención a los pacientes es buena, "no es para mucha celebración", si se tiene en cuenta que después de dos años de la puesta en marcha del Plan de gestión de las listas de espera las cifras siguen siendo "tremendas e intolerables a todas luces, pues 4.356 pacientes superan el plazo legal para una intervención quirúrgica. Esto significa un fracaso de la gestión y de la seguridad del paciente".
Cano aseguró que dicha reducción se traduce en que los pacientes esperarán 56 días menos para someterse a una intervención quirúrgica desde que se inició el Plan de Gestión de Listas de Espera, en septiembre de 2015, "lo que es bienvenido pero sigue siendo insuficiente".
En cuanto a las pruebas diagnósticas, la diputada socialista manifestó que las esperas en numerosas especialidades "es desmesurada", ya que superan el plazo legal de espera un total de 4.077 pacientes. 
Como ejemplos por especialidades señaló que 6.257 pacientes permanecen sin fecha asignada para las endoscopias digestivas, de un total de 6.654 personas en espera, a lo que se suma el cierre este verano de las consultas de digestivo. 
Las ecografías llegan a un total de 16.227 de pacientes en espera, 13.389 de ellos sin fecha asignada.
En cuanto a las consultas externas también arrojan datos desalentadores, con un registro de 43.993 de 67.036 pacientes superando el plazo legal de espera y 9.359 sin fecha asignada.
Consuelo Cano indicó que "en esta Región sabemos que este Plan que mencionan de 2015 no ha dado los frutos prometidos y esperados". 
En opinión de la diputada socialista dicho Plan carece de criterios objetivos, no optimiza los recursos del área quirúrgica en jornada ordinaria, no tiene indicadores de seguimiento bien definidos y tampoco contiene un sistema de información bien integrado, tal y como manda la Ley y como anuncian ahora; además, no cuenta con una descripción clara del procedimiento por el que cada paciente es identificado y seguido en el circuito asistencial ni tampoco existe un adecuado funcionamiento de la Comisión quirúrgica de cada área de Salud.
Se echan de menos, asimismo, aspectos como criterios para la realización de jornadas de tarde o autoconciertos en función de la disponibilidad de recursos propios, así como un registro ágil y adecuado de los pacientes pendientes de ser intervenidos en función de la prioridad clínica. El SMS tampoco cuenta con protocolos transparentes y generales para todas la áreas de salud.
"Así las cosas en la organización de la casa, podemos afirmar que compartimos las palabras del consejero cuando afirma que tienen capacidad de hacerlo mejor y esto es precisamente lo que le exigimos desde el Grupo Parlamentario Socialista".

'Cambiemos Murcia' denuncia que solo el 3,7% del presupuesto para 2017 será gestionado por los barrios y pedanías

MURCIA.- El concejal de Cambiemos Murcia Sergio Ramos ha denunciado hoy que el proyecto de presupuestos municipales para 2017 propuesto por el PP, que contará con el apoyo del PSOE, solo prevé destinar, sin un criterio claro de reparto, el 3,7 por ciento del total a los barrios y las pedanías, lo que está muy lejos del 8% que contempla el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento para la gestión directa de los recursos presupuestarios de la Corporación por parte de las juntas municipales.

Ramos ha llamado la atención sobre el hecho de que el Grupo Municipal Socialista respalde este incumplimiento, ya que en varios Plenos municipales ha presentado mociones en sentido contrario, es decir, para que el Consistorio acate lo dispuesto en el Reglamento, e incluso un pedáneo de su partido presentó un recurso contensioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia que concluyó que el Ayuntamiento de Murcia debía aplicar el 8 por ciento.
El edil ha criticado también que el proyecto de presupuestos permite a los presidentes y las presidentas de las juntas municipales de barrios y pedanías contratar de forma unilateral cualquier gasto de hasta 5.000 euros, cuando hasta ahora el máximo era de 3.000, y sin la obligación de contar con tres presupuestos. 
"Esto supone una falta de transparencia importante ya que la decisión no es de la junta ni de los vecinos y las vecinas, como debería ser, sino exclusivamente del pedáneo de turno".
"Se trata de restar al Pleno de la Junta la capacidad de control y participación en la gestión económica" que, ha explicado Ramos, se suma a otros muchos puntos negativos del proyecto presupuestario como el estancamiento de la cuantía que gestionarán directamente las pedanías, cuyo montante total es de 15 millones de euros. 
"Insuficiente para las necesidades de las pedanías, y un margen de tiempo muy escaso para invertirlo", pues el presupuesto no estará operativo hasta septiembre y solo habrá apenas tres meses para ejecutarlo.
En cuanto a los barrios, el presupuesto que recibirán este año es inferior en 1,6 millones de euros respecto al de 2016, un "nuevo recorte" que limitará la capacidad de maniobra y de poner en marcha iniciativas que favorezcan la interculturalidad, la integración y la convivencia.

Vuelta al 'Plan E' del ladrillo
Ramos ha hecho referencia a la partida de inversión extraordinaria de 15 millones que el PP ha acordado con el PSOE para destinar a las juntas. La distribución de estos fondos, en lugar de recaer en las juntas municipales, será labor de una Comisión del Ayuntamiento, en la que a juicio de la formación municipalista deberían estar representados los barrios y pedanías.
El objetivo del PP y PSOE con esta partida es realizar obras que no generen mantenimiento, lo que imposibilita la inversión en la construcción de, por ejemplo, escuelas infantiles, bibliotecas o centros culturales, repitiendo así los errores del 'PlanE' que el Gobierno socialista puso en marcha a nivel nacional hace varios años.
"Hablamos de una apuesta por la vuelta al modelo del ladrillo, de las grandes obras faraónicas que sumieron a Murcia en el urbanismo depredador sin consultar, de nuevo, con la ciudadanía murciana".

C's Cartagena denuncia que varios edificios municipales siguen sin exponer la obligada etiqueta de eficiencia energética


CARTAGENA.- El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, ha vuelto a exigir hoy al Gobierno local que inicie los trámites pertinentes para la obtención de la calificación de eficiencia energética de aquellos edificios públicos que carezcan de la misma y que se coloquen las etiquetas correspondientes en un lugar destacado y visible, siguiendo los preceptos de la normativa vigente.

Según el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, "a pesar de que en el Pleno del mes de marzo alertamos, a través de un ruego, al Gobierno de Cartagena de que estábamos incumpliendo la normativa, tras más de cuatro meses este Grupo Municipal no ha encontrado la etiqueta de calificación energética en varios edificios municipales". 
"Si el nivel de ejecución de los acuerdos plenarios ya deja mucho que desear, lo que pasa con los ruegos en este Ayuntamiento es un completo disparate", ha lamentado Padín.
La formación naranja quiere recordar que el Real Decreto 235/2013 de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, obliga, desde el año 2013 a aquellos edificios públicos de más de 500m2, y desde 2015 a aquellos de más de 250m2, a la redacción de este certificado y a la exhibición de la etiqueta correspondiente en un lugar visible. En la normativa también se prevé que las certificaciones puedan realizarse por los propios técnicos de la Administración. 
 "En Ciudadanos somos plenamente conscientes de la carga de trabajo de nuestros técnicos municipales, pero son ya demasiados años desde que entrara en vigor esta norma, y eso sólo demuestra la dejadez y desinterés por parte de la anterior administración y de la actual en cuestiones de ahorro energético", ha señalado el portavoz de la formación naranja que señala que "el Gobierno tiene que valorar cómo afrontar esta cuestión, si recurre a los trabajadores municipales o a una empresa especializada, en cualquier caso, la calificación del estado de los inmuebles municipales con respecto a su eficiencia energética es sólo la primera fase del plan que tenemos previsto: el establecimiento de un paquete de medidas para reducir los costes relativos al consumo de energía para favorecer una interacción más respetuosa con el medio ambiente".

C's solicita al Gobierno regional “las acciones necesarias” para evitar que la plaga 'Xylella Fastidiosa' afecte a árboles, plantas y cultivos

CARTAGENA.- Miguel A. López-Morell, diputado regional de Ciudadanos, ha mostrado su preocupación por el avance de esta bacteria que es transmitida a las plantas por los insectos que se alimentan de la savia y que afecta a más de 200 tipos de árboles y plantas, entre ellas los olivos, cítricos y almendros y que produce la muerte de la planta. 

“Esta bacteria ha arrasado con más de un millón de olivos en Italia y los datos que manejamos son preocupantes porque ya se ha asentado en Baleares y recientemente se ha conocido un caso en la provincia de Alicante. La enfermedad es letal, de ahí que sea necesario actuar de manera urgente”.
López-Morell ha incidido en que la Comunidad Autónoma dispone de un servicio de sanidad vegetal que está integrado por unos excelentes profesionales, pero ha mostrado su preocupación porque no disponen de los medios adecuados para desarrollar su trabajo en las condiciones que serían deseables, “cuando realizan una función fundamental dado el carácter agrario de nuestra región, los enormes valores ambientales a proteger y la creciente globalización de las plagas y las especies invasoras. Estamos en muy buenas manos, pero es necesario que los técnicos dispongan de los recursos necesarios”, ha apuntado López-Morell.
El diputado de la formación naranja ha lamentado que el Gobierno regional aún no haya ejecutado la partida de 400.000 euros, fruto de una enmienda presentada por Ciudadanos a los presupuestos y que fue aprobada por la Asamblea Regional a finales del año pasado. “Cuando tuvimos conocimiento de que esta plaga se había asentado en las Islas Baleares consideramos que era muy importante dedicar esta partida para mejorar los medios del servicio de sanidad vegetal, con el fin de que pudiera evitarse que se extendiera a nuestra región. Desafortunadamente, a día de hoy, el dinero disponible no se ha destinado al fin previsto”.

Exigen que técnicos de la CARM se reúnan para estudiar y ofrecer una solución "caso por caso" a los damnificados por los terremotos de Lorca en 2011

LORCA.- El concejal del PSOE, Antonio Navarro ha suscrito la petición que el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Lorca, Diego José Mateos hizo ayer, con la que exigían a la Comunidad Autónoma"flexibilidad" en los plazos que la Administración Regional ha dado a los afectados por los terremotos de Lorca para que justifiquen documentalmente que gastaron las subvenciones recibidas para la reparación de sus casas.

De igual modo, Navarro ha pedido que se reúnan de urgencia técnicos de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento de Lorca para frenar la "alarma social" que se está generando, y estudiar "caso por caso" la justificación que los damnificados tienen que hacer ahora de los gastos de reparación de sus viviendas.
En relación al tema de lascartas que se están mandando a los damnificadosdesde la Comunidad Autónoma para que justifiquen que la subvención se ha destinado a la reparación de sus viviendas, Navarro pide "prudencia" ya que, asegura "ni todo es blanco, ni todo es negro" por lo que insiste en la necesidad de que se valore "cada caso individualmente y en su justa medida cada uno de los escenarios a los que nos enfrentamos".
Navarro ha diferenciado las tres situaciones que se están planteando a raíz del envío de estas cartas. El responsable socialista ha diferenciado entre aquellos damnificados que han gastado el dinero de las ayudas en reparar su casa y lo tiene perfectamente justificado con sus facturas; aquellos que han gastado el dinero en la reparación de su vivienda y no lo pueden justificar porque, seis años después, no tienen las facturas; y por último una "minoría" que no gastó el dinero recibido a la reparación de sus viviendas.
Navarro asegura que el primer caso planteado "está fuera de todo polémica". Sin embargo, advierte de la importancia de diferenciar "muy bien" entre el segundo y el tercer caso, ya que "de la misma manera que no es justo que el que destinó el dinero de las subvenciones para otras cosas se quede con él, y debería devolverlo, el que destinó el dinero a reparar su casa y no encuentra o no dispone de las facturas no debería devolverlo.
Por eso el concejal del PSOE insiste en la necesidad de que sean técnicos de la CARM quienes se centren "de inmediato" en estudiar y solucionar "caso por caso", de la misma forma que pide "responsabilidad" al resto de fuerzas políticas "para no caer en populismos que generen más alarma social de la que ya, de por sí, han generado el PP y la CARM por la falta de información y la mala gestión de las ayudas hecha desde el principio".

En Lorca el hospital 'Rafael Méndez' sigue "a la cola" con los mayores tiempos de espera para cirugía y consultas de especialidades


LORCA.- La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Marisol Sánchez Jódar ha denunciado que el Hospital Rafael Méndez sigue "a la cola" de los hospitales regionales, con los "peores indicadores" que obligan a los lorquinos a "padecer los mayores tiempos de espera de la Región" para poder ser atendidos tanto en cirugía como en consultas externas de especialidades.

Desde el PSOE exigen a Sanidad que ponga en marcha medidas "extraordinarias e inminentes" con las que dotar al Rafael Méndez de los medios humanos y técnicos necesarios para equipararlo con el resto de hospitales de referencia e igualar los tiempos de espera a la media regional. Medidas que, desde luego "no pasan por el cierre de plantas que de nuevo, el PP ha impuesto en el Rafael Méndez durante los meses de verano".
Según los datos que ha hecho públicos la Consejería de Sanidad relativos a los tiempos de espera registrados durante el segundo trimestre de 2017, Sánchez Jódar ha advertido que en el área III hay en la actualidad 3.483 pacientes que esperan para operaciones programadas, de los cuales, son ya "más de 750" los pacientes que "esperan más de 150 días para ser intervenidos". 
De media, los lorquinos esperan casi 100 días para una operación programada, 12 días más que cualquier ciudadano de la Región de Murcia.
Sánchez Jódar advierte que este dato confirma que Sanidad "sigue incumpliendo" los plazos que marca el Decreto 25/2006, según el cual se establece como plazo máximo de espera hasta 150 días naturales para las intervenciones quirúrgica. 
Por ello, la concejal del PSOE anima a los pacientes a reclamar al Servicio Murciano de Salud la atención digna que "por Ley" tienen derecho a recibir y, por tanto, les anima a que se acojan a las garantías que el Decreto establece en caso de que se superen los plazos máximos de demora establecidos, como insiste "está pasando".
En cuanto a los tiempos de espera en consulta de especialista, Sanchez Jódar afirma que pese a la "leve mejoría experimentada" los indicadores en Lorca siguen siendo "muy negativos" ya que la situación de inicio "era y sigue siendo alarmante". 
Los datos de junio revelan que los lorquinos tienen que esperar de media para ser atendidos en primera consulta de especialista 85 días, 32 días más que lo que espera de media cualquier ciudadano residente en otra parte de la Región de Murcia.
Marisol Sánchez vincula la leve reducción de los tiempos de espera a las derivaciones que Sanidad está haciendo a otros centros, y no al plan de choque solicitado por los socialistas para dotar al Rafael Méndez con los medios humanos y técnicos necesarios que "sigue sin llegar". 
Por ello, desde el PSOE recomiendan al heredero de la Alcaldía que no herede también la complacencia del anterior Alcalde y no permita "ni un segundo más" la discriminación que los dirigentes regionales de su partido mantiene hacia Lorca y hacia el área III de salud.

Podemos denuncia el desmantelamiento de los ciclos de FP públicos en beneficio de la privatización

MURCIA.- La Secretaría de Políticas Públicas de Podemos Región de Murcia, alerta de que "en las últimas fechas se están produciendo movimientos por parte la Consejería de Educación, en Educación Infantil y en FP para suprimir unidades sin tener en cuenta la reducción de ratios anunciada por la propia Consejera o con el argumento de la bajada de natalidad.

El Secretario de Políticas Pubicas de Podemos Región de Murcia, Juan Ángel Sanchez Naharro, ha explicado que desde Podemos en Cieza, ya se ha dado la ha dado la voz de alarma sobre la inminente supresión del ciclo de Cuidados Auxiliares de Enfermería en turno vespertino, el cual, según ha asegurado "para el curso próximo este ciclo tenía una demanda de más de 50 alumnos/as, si a este además le sumamos la supresión en Caravaca de ciclos de iguales características, y además observamos como prolifera la concertación en esas mismas modalidades, el gobierno Regional no tiene argumentos para suprimir esta formación en centros públicos"
Así, Sánchez Naharro ha denunciado que "es inadmisible pretender cerrar unidades estas unidades de formación pública con un criterio que no se aplica a la concertada".
En este sentido ha explicado que nos encontramos ante política de privatización de lo público y desmantelamiento de la educación universal e igualitaria , por lo que " desde Podemos Región de Murcia exigimos a la consejera de Educación, Adela Martínez Cachá , que realice una apuesta decidida para mejorar y aumentar la oferta de Formación Profesional en todos los IES " así como rentabilizar las instalaciones y equipamientos ya existentes para aumentar las ofertas vespertinas y nocturnas de estas enseñanzas.
Desde Podemos Región de Murcia, queremos hacer un llamamiento para que desde la Comunidad Educativa en los diferentes municipios de la Región de Murcia se denuncie este tipo de actuaciones y se participe activamente en las movilizaciones que sean convocadas contra esas prácticas privatizadoras.

Valcárcel denuncia ante Bruselas el ataque contra fruta española en Perpiñán y pide medidas urgentes


BRUSELAS.- Ramón Luis Valcárcel, eurodiputado del Partido Popular en el Parlamento Europeo, lideró hoy una iniciativa mediante la cual los eurodiputados del PP denunciaron ante la Comisión Europea el sabotaje de un cargamento de fruta española perpetrado el pasado miércoles por agricultores franceses frente al Consulado General de España en Perpiñán.

Ante este nuevo suceso, los populares remitieron al Ejecutivo comunitario una petición formal para que tome medidas de urgencia que frenen este tipo de ataques contra los intereses comerciales españoles, que además se han intensificado desde 2016.
En particular, Valcárcel pidió conocer qué "medidas concretas" está adoptando la Comisión para pararlos. También, si "está dispuesta a examinar la posibilidad de emprender procedimientos legales si se demuestra la pasividad de las autoridades francesas frente a esos actos", como agregó en la pregunta parlamentaria remitida en nombre de la Delegación Española del Grupo Popular.
El político murciano declaró asimismo que los eurodiputados del PP "no vamos a tolerar un solo ataque más a exportaciones españolas", argumentando que "cada ataque contra un camión que transporta fruta, hortalizas o barricas De ino lo es contra cada agricultor español, y por tanto contra cada uno de nosotros".
En este sentido, Valcárcel afirmó que "no pararemos hasta que las autoridades francesas hagan efectiva la obligatoriedad de protección a los productos españoles que transitan por su territorio, tal y como establecen las normas comunitarias".
En su pregunta, los europarlamentarios recordaron que "los constantes ataques que sufren los productos agrícolas españoles en suelo francés constituyen graves infracciones del principio de la libre circulación de mercancías que rige el Mercado Único".
Estos ataques "siguen aumentando", según reconocieron, pese a que "el Partido Popular ha pedido ya en reiteradas ocasiones y a través de distintas vías a la Comisión Europea que interceda ante las autoridades galas para que actúen con firmeza".
Valcárcel añadió que este último ataque llevado a cabo frente el Consulado General de España en Perpiñán "no sólo contraviene los principios más básicos del Mercado Único, sino también del Convenio de Viena, que rige las Relaciones Consulares desde 1963".

El Ayuntamiento de Bullas solicita a la Dirección General de Medio Natural ayuda para gestionar el control de acceso al Salto del Usero


BULLAS.- La alcaldesa, María Dolores Muñoz, y el concejal de Medio Ambiente, Juan Valera, mantuvieron un encuentro con la Directora General de Medio Natural de la Región de Murcia, Consuelo Rosauro, para demandar, una vez más, el cuidado del entorno del Salto del Usero.

  La primera edil puso de manifiesto en la reunión que la competencia de la cuenca es de la Confederación Hidrográfica del Segura y que del resto del entorno se debe de encargar la Dirección General. 
"Esta es la teoría porque en la práctica en los últimos dos años el Ayuntamiento se ha encargado de gestionar el control al Salto, lo que nos supone un enorme esfuerzo económico además de la presión social que esto significa", señala Muñoz, que insiste a la Dirección para que hagan lo que les compete.  
  Desde la Dirección General de Medio Natural, se comprometieron a prestar algún tipo de ayuda para controlar el acceso a este paraje natural de gran belleza paisajista que a lo largo de la época estival recibe centenares de visitantes. 

La revisión de los ficus del Jardín de Floridablanca permite detectar una rama de dos toneladas que presentaba riesgo de caída


MURCIA.- Los trabajos de revisión exhaustiva que se están llevando a cabo en los ficus del Jardín de Floridablanca han permitido detectar esta mañana una rama, de cerca de dos toneladas de peso, que presentaba riesgo de caída, por lo que ha sido retirada de forma inmediata.

Los técnicos estiman que las intensas temperaturas de los últimos días han podido influir en ello. Esta ola de calor, junto con la escasez de lluvias, fue determinante en el  accidente en el ficus de Santo Domingo hace un mes, y aconsejó en ese momento el cierre del Jardín de Floridablanca, que ha permanecido así desde entonces.
Ha sido un tiempo dedicado a reiterar las inspecciones sobre su arbolado, recurriendo a. especialistas externos de dentro y fuera de la región para determinar, junto con los técnicos municipales, el modo de proceder más adecuado con estos ejemplares.
Precisamente cuando se ha registrado un nuevo episodio de altas temperaturas ha sido cuando se ha detectado el problema en la rama que se ha eliminado hoy.
Estos trabajos se suman a los realizados a principios de junio en los ficus del jardín, dentro de la programación habitual de mantenimiento de estos ejemplares, incluyendo la poda, que supuso la retirada de 3.500 kilos de ramas. Esta labor técnica en altura de realiza cada seis meses –aunque el año pasado se hicieron tres-, pero hay personal diario en el jardín para efectuar revisiones visuales.
La inspección se ha efectuado árbol a árbol, rama a rama, con una cesta en altura, para eliminar cualquier parte dañada o susceptible de provocar algún problema.
La labor, sin embargo, no ha concluido aún, razón por la cual el jardín no podrá abrir al público antes de mañana sábado y no se llevará a cabo hasta que los técnicos certifiquen que se han controlado los factores de riesgo.

Fallece en Cabo Palos Eloísa Martínez-Conde, viuda del ex alcalde de Cartagena Trillo Figueroa

CARTAGENA.- La nazarena mayor de la Semana Santa de Cartagena, Eloísa Martínez-Conde Muñoz, viuda del ex alcalde de la ciudad, el ministro togado de la Armada y ferrolano, Federico Trillo Figueroa, y madre, entre otros, del ex presidente de las Cortes Españolas, falleció el pasado miércoles por la noche en su casa de Cabo Palos a los 90 años, según fuentes de la familia.

Hoy se ha celebrado un funeral por el eterno descanso de su alma a las 20:30 horas en la parroquia de Santa María del Mar de la citada pedanía marinera, al que han asistido numerosas personas entre familiares, amigos, vecinos y residentes durante el verano.
Estaban en los primeros bancos del templo sus hijos Laura, Federico, Eloísa, Jesús, Pablo, Pedro y María Trillo-Figueroa Martínez-Conde; así como sus hijos políticos, Casto Pérez de Arévalo López, María José Molinuevo y Gil de Vergara, Sebastián Contín Pellicer, Delia Ávila Palet, Isabel Goñi Monforte y Tomás Escribano Escamilla, aparte de nietos y bisnietos.

Veinticinco equipos competirán por rehabilitar la Cárcel Vieja provincial

MURCIA.- Un total de 25 equipos multidisciplinares tienen un plazo de dos meses para elaborar los anteproyectos para la rehabilitación de la Cárcel Vieja de Murcia, y competirán en un concurso del que se seleccionará al equipo que finalmente elaborará el proyecto para acondicionar el histórico edificio.

La Junta de Gobierno local seleccionó este viernes esos 25 equipos que reúnen las condiciones necesarias para participar en este concurso, en el que se repartirán además 21.000 euros en premios.
Así, los equipos seleccionados tendrán ahora un plazo de dos meses para redactar los anteproyectos de reforma de la primera fase de la Cárcel Vieja, que debe incluir zonas para usos sociales y culturales y un espacio dedicado a la memoria de las víctimas del franquismo que pasaron por el penal.
Según detalló la portavoz municipal, Rebeca Pérez, un jurado que también fue designado este viernes elegirá los tres anteproyectos que consideren más adecuados, que recibirán premios económicos de 12.000, 6.000 y 3.000 euros respectivamente, y el equipo ganador será además el encargado de redactar el proyecto definitivo, que supondrá una inversión de algo más de 200.000 euros.
El jurado estará presidido por el alcalde de Murcia, José Ballesta, y formado por el concejal de Fomento, Roque Ortiz, y representantes de los colegios oficiales de arquitectos, aparejadores, arquitectos técnicos e ingenieros de edificación de Murcia, entre otras instituciones.
Los equipos seleccionados visitarán este mes la Cárcel Vieja para poder conocer en primera persona las instalaciones y el estado de ese edificio, construido a principios del siglo XX en pleno centro de Murcia y que cerró sus puertas en 1981.
La primera fase de la rehabilitación, que corresponde al edificio principal, el mejor conservado, tiene un presupuesto de 2,1 millones de euros que se financiará con remanentes de tesorería y la previsión es que esas obras salgan a licitación a comienzos de 2018.
Por otra parte, la Junta de Gobierno municipal aprobó la contratación de obras de mantenimiento por valor de unos 18.500 euros en la Casa Torre Falcón de Espinardo, un edificio del siglo XVIII que está pendiente de otros trabajos más amplios de rehabilitación que se encuentran en fase de redacción del proyecto técnico.
Por ello, y para garantizar su correcta conservación hasta el momento de la rehabilitación, se pondrán en marcha estos trabajos, orientados a la limpieza, cierre de huecos, fijación de cubiertas, escaleras y muros y reparación de la cubierta, entre otros.
Asimismo, la Junta de Gobierno dio luz verde a la compra de un dron autónomo, no tripulado y manejado de forma remota para actualizar la cartografía del municipio, que supondrá una inversión de 36.000 euros.
También se ha prorrogado el convenio con la Asociación Empresarial Ferias de Murcia para permitirles instalar atracciones y zonas gastronómicas en el recinto de la Fica durante la Feria de Septiembre.
La asociación pagará al Ayuntamiento un canon cercano a los 156.000 euros y se encargará del alumbrado extraordinario, la vigilancia y seguridad del recinto, los seguros y los protocolos para la inauguración y el Día del Niño, mientras que el Consistorio proporcionará el alumbrado general, los aseos y la limpieza del recinto.
Por último, y entre otros asuntos, la Junta de Gobierno prorrogó también el convenio suscrito con Cruz Roja por el que la entidad recibirá 50.000 euros para atender servicios de emergencia y socorro en el municipio en actos públicos, festejos y actos deportivos.

Urralburu: «La imputación de PAS fue clave para conocer qué ofrece cada partido»


MURCIA.- El secretario general y portavoz parlamentario de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, señaló este viernes que este año político ha sido en el que “claramente hemos visto cómo al Partido Popular tan solo le queda el pasado en la Región de Murcia. El Gobierno de López Miras es incapaz y está paralizado por el miedo a perder el poder". 

Para Urralburu los 40 días que pasaron desde la imputación del ex presidente regional, Pedro Antonio Sánchez hasta su dimisión el pasado 4 de abril, han sido “clave para conocer qué ofrece cada formación para recuperar la Región de Murcia”.
Óscar Urralburu subrayó que mientras que Podemos fue “coherente, honesto, serio y desde el primer momento, había que echar al PP de la mafia y la corrupción fuera de San Esteban, el resto de grupos de la oposición no estuvo a la altura”. El secretario general de la formación morada recordó que el partido socialista tardó “más de un mes” en presentar la moción de censura, algo que “nadie de esta Región entendía. Y ya no sólo eso, el PSOE se mostró incapaz a la hora de liderar la opción de cambio al dar por buena la dimisión de Pedro Antonio y no seguir hacia delante con la moción de censura. Hubiéramos podido tener la oportunidad, la esperanza de un gobierno diferente al de la corrupción del PP. Fueron cobardes”.
Mientras, Ciudadanos, según Óscar Urralburu, confirmó su papel de “mascota del Partido Popular. Ahora se dedican a cubrir las espaldas a un PP infectado por la corrupción. Su nivel de sumisión y servilismo solo está a la altura de la incapacidad política y legislativa que demuestran”.
Por su parte, Urralburu afirmó que el Partido Popular se ha “bunkerizado para tapar las vergüenzas de Pedro Antonio Sánchez, que de una forma totalmente descarada sigue cobrando un sueldo público sin pegar palo al agua en la Asamblea Regional”. 
El futuro del PP, dijo el portavoz parlamentario de Podemos, está plagado de “problemas con la Justicia. La pieza separada del 'caso Auditorio' puede desvelar la financiación ilegal del PP en Murcia. Situación que va a ser la puntilla para perder el gobierno en 2019, aunque mientras siguen insultando a la inteligencia y la dignidad de la Región. Y más, al nombrar a López Miras presidente, una persona que no está a la altura de la gente a la que representa”.
Por tanto, añadió Óscar Urralburu, tenemos a un gobierno “sin proyecto. Debemos asumir desde la oposición la responsabilidad de dirigir esta Región. Vamos a plantear sentar las bases del cambio para 2019 a través de un gobierno legislativo”. 
Esto implica, incidió Urralburu, “trabajar un marco normativo para frenar al PP hasta que lleguen las elecciones autonómicas. Para ello, trabajaremos con el resto de la oposición en el diálogo, en el consenso, en la negociación y el debate para lograr sacar adelante acuerdos tan importantes como una ley de buen gobierno del Mar Menor, salvar la educación pública, investigar el Servicio Murciano de Salud, buscar fórmulas de financiación para paliar el déficit de la Comunidad o aportar ideas eficaces para los problemas que tenemos con las infraestructuras. En este sentido, el gobierno legislativo va a ser clave para el próximo curso”.

'Ecologistas en Acción' denuncia el regadío 'ilegal' de 63 hectáreas en Calblanque

MURCIA.- Ecologistas en Acción ha denunciado ante las administraciones competentes la roturación «ilegal» y puesta en regadío de unas 63 hectáreas dentro del perímetro del Lugar de Importancia Comunitaria y parque regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, en el paraje cartagenero conocido como Casas de Cabezo Negro y Casas de García Pérez. 

En un comunicado, la organización ecologista ha apuntado que estas parcelas están clasificadas como Zona de Uso Intensivo, Sección 1. Paisajes Agrarios en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de espacio protegido, por lo que sólo se considera compatible con su protección la «actividad agropecuaria adaptada al paisaje y el entorno».
Esto implica, según Ecologistas en Acción, que no está permitido el cambio de uso del suelo sin autorización, además de respetar las pedrizas, setos vegetales y ejemplares arbóreos y arbustivos situados en los bordes de los terrenos de cultivo.
Además de incumplir el PORN, la asociación ecologista denuncia que la roturación y puesta en regadío ha supuesto la ocupación no autorizada de la vía pecuaria denominada Colada de la Fuente Jordana, clasificada con una anchura legal de unos 17 metros y que discurre por las parcelas roturadas.
Por su parte, la Comunidad Autónoma defiende la legalidad de los cultivos y señala que «una vez analizada la evolución histórica de las parcelas denunciadas, se desprende que en las mismas se han desarrollado cultivos desde antaño, al menos desde 1956, que se han mantenido hasta la actualidad».
Por lo tanto, esgrime la Administración, «las actuaciones desarrolladas en estas parcelas para llevar a cabo labores agrícolas no deben ser clasificadas como roturaciones, sino como un arado o labrado de un terreno que ya tenía características propias de cultivo agrícola, al menos desde el año 1956». 
Asimismo, concluyen que los terrenos se llevan cultivando desde hace tres décadas.

CC OO presiona para que se desbloquee la expansión de Escombreras

CARTAGENA.-La delegación comarcal de CC OO en Cartagena insta a las administraciones local y regional para que desbloqueen el embrollo jurídico que dificulta la expansión industrial en el Valle de Escombreras. 

Una de las consecuencias de la paralización del Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena de 2012, según el sindicato, «es la dificultad de uso en el suelo industrial del Valle de Escombreras».
Ante las negociaciones que se están teniendo entre la Comunidad Autónoma de Murcia y el Ayuntamiento de Cartagena en este mes de julio, la delegación comarcal de CCOO en Cartagena insiste en que es vital que se desbloquee esta situación, ya que una de nuestras reivindicaciones es la atracción de nuevas inversiones industriales en nuestra ciudad.
Para ello, «es vital el desarrollo continuo del polo industrial del Valle de Escombreras, que no se debe ver perjudicado por una serie de dificultades de carácter administrativo», ha destacado CC OO.
El sindicato ha manifestado que «las administraciones deben poner en marcha un factor de localización industrial tan perentorio como es el suelo», y ha añadido que «hace mucho tiempo que no se recibe en la ciudad ninguna nueva inversión industrial y están en estos momentos en el aire varios proyectos fabriles importantes que esperan de las administraciones que se despeje esta incógnita referente al suelo industrial».

La Región registró ayer su máximo histórico en consumo de electricidad

MURCIA.-La Región de Murcia superó ayer sus registros máximos de consumo de energía diaria de electricidad y de potencia horaria demandada, según comunica Iberdrola.

Los datos registrados por Iberdrola Distribución en la autonomía reflejaron una demanda diaria de energía histórica al alcanzar los 33.412 megavatios hora (MWh), por lo que se superó en un 3,1 por ciento el anterior máximo registrado el 28 de julio de 2015.
En cuanto a la punta de potencia requerida en la Región, el máximo histórico se alcanzó también este jueves a las 17.00 horas, con 1.656 megavatios de potencia, rebasando en más de un 2% la cifra que hasta ahora era la mayor punta de demanda horaria del pasado 27 de julio de 2015, a las 14.00 horas.
A pesar de ello, Iberdrola destaca que no ha registrado incidencias destacables en el suministro eléctrico de la Región de Murcia.

Más de 60.000 murcianos se beneficiarán del plan ayuda alimentaria

MURCIA.- El delegado del Gobierno, Antonio Sánchez-Solís, ha calificado de "admirable labor" de los bancos de alimentos y los miles de voluntarios que trabajan de forma desinteresada para facilitar el reparto de las cantidades asignadas por el Gobierno de España en el Plan de Ayuda Alimentaria 2017, cuya primera fase de reparto concluye hoy y que contempla la distribución de un millón de kilos de alimentos, valorados en 760.000 euros, entre 60.000 beneficiarios.

El programa define como beneficiario o persona más desfavorecida a individuos, familias, hogares o grupos que se encuentren en situación de pobreza económica, así como las personas sin hogar y otras personas en situación de especial vulnerabilidad social, según ha explicado.
El desarrollo del programa se apoya en las Organizaciones Asociadas de Distribución (OAD), que entregarán los alimentos recibidos del FEGA, Fondo Español de Garantía Agraria, a las Organizaciones Asociadas de Reparto (OAR), para hacerlas llegar a las personas más desfavorecidas a su cargo.
"El trabajo de los bancos de alimentos y de sus voluntarios lo que hace es cumplir con el mandato de la Cumbre Mundial sobre Alimentación de 1996, cuya declaración universal proclamaba entre sus objetivos la lucha contra la pobreza y contra el hambre y que reconocía el derecho de toda persona a tener una alimentación sana y nutritiva", ha señalado el delegado del Gobierno.
El Plan de Ayuda Alimentaria a las personas más desfavorecidas repartirá este año un total de 3,4 millones de kilos de alimentos en la Región de Murcia, valorados en 3,5 millones de euros, durante las tres fases de reparto de las que consta el programa.
El delegado del Gobierno, acompañado por Bonifacio Fernández, presidente del Banco de Alimentos del Segura, y Andrés Martínez, jefe del área de Agricultura de la Delegación del Gobierno, ha asistido esta mañana en la propia sede del Banco de Alimentos del Segura a la última carga de esta primera fase.
En la Región de Murcia, Cruz Roja, Banco de Alimentos del Segura y Banco de Alimentos de la región de Murcia, con sede en Cartagena, son las tres organizaciones regionales receptoras de los alimentos y responsables de su distribución posterior entre diferentes asociaciones y colectivos.
Sánchez-Solís ha reiterado el compromiso del Gobierno de España con los más desfavorecidos a través de un programa que se inició en 2014 con cargo al Fondo de Ayuda Europea a las personas más desfavorecidas (FEAD).
En el Plan 2017, el FEGA ha comprado más de 83 millones y medio de kilos/litros de alimento, que será repartido entre las más de 6.000 Organizaciones Asociadas de Reparto (OAR) de las distintas comunidades autónomas, según el número de beneficiarios que tenga cada una de ellas.
En la Región de Murcia son 213 las OAR que harán llegar estos alimentos a los 60.587 beneficiarios. En 2017 se han introducido nuevos alimentos, como cacao soluble, fruta en conserva en almíbar ligero, garbanzos cocidos y tarritos infantiles de fruta.

La administración electrónica llegará a 22 municipios de la Región

MURCIA.- El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, firmó hoy el convenio para la prestación de servicios de administración electrónica en 22 municipios de la Región de menos de 20.000 habitantes, "cumpliendo así con el objetivo del Gobierno regional de avanzar en la transformación digital de las administraciones".

"Desde cualquier dispositivo electrónico móvil o fijo, nuestros vecinos, colectivos y empresas tendrán acceso a un Ayuntamiento abierto 24 horas al día, durante toda la semana", dijo López Miras, quien destacó que, además, "las administraciones van a compartir sus documentos mediante una plataforma electrónica y no será necesario que los ciudadanos aporten un documento que ya esté en manos de otro ayuntamiento o de la Comunidad".
"El Gobierno regional tiene vocación municipalista", aseguró el presidente, que explicó que la implantación de la administración electrónica no supondrá ningún gasto para los ayuntamientos, ya que la Comunidad Autónoma se hará cargo del coste tanto del desarrollo del proyecto como del mantenimiento posterior.
De esta forma el Gobierno da un paso más en la implantación total de la administración electrónica y la transformación digital, "pero más allá del reto tecnológico, es un proyecto por la igualdad de oportunidades", destacó López Miras. "El objetivo es que todos los ciudadanos de la Región tengan las mismas oportunidades, vivan donde vivan, y sin barreras entre el mundo rural y el urbano, ni entre las grandes ciudades y los pequeños municipios".
Los ayuntamientos que se han adherido de forma voluntaria y gratuita a este convenio son Abanilla, Abarán, Albudeite, Aledo, Archena, Beniel, Blanca, Bullas, Campos del Río, Cehegín, Fortuna, La Unión, Librilla, Lorquí, Mula, Ojós, Pliego, Puerto Lumbreras, Ricote, Santomera, Ulea y Villanueva del Río Segura.
El servicio que se ofrece a los ayuntamientos consta de una plataforma software instalada en servidores de la Comunidad a la que tendrán acceso las entidades locales, con los servicios de plataforma central, sede electrónica, registro electrónico, conexión Open Data y tramitador electrónico, así como la instalación de los portales del empleado, del proveedor, y portal tributario. También se gestionan aplicaciones internas de los ayuntamientos como el padrón de habitantes, la contabilidad, las subvenciones, la gestión patrimonial y los recursos humanos, entre otros.
El Consejo de Gobierno aprobó el pasado martes los pliegos de condiciones para la contratación de estos servicios, por un importe de casi 3,8 millones de euros y un plazo de 4 años. Así, se garantiza el cumplimiento de la ley 39/2015 y 40/2015 que establece como principio el deber de todas las administraciones de relacionarse entre sí a través de medios electrónicos, y facilita el establecimiento de la administración electrónica a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.
López Miras indicó a los alcaldes presentes en el acto de firma de convenio que contarán "con la experiencia de la Comunidad en la implantación de la administración electrónica". En este sentido, avanzó que más de la cuarta parte de los trámites realizados por los ciudadanos de la Región (el 27 por ciento) ya son a través de la administración electrónica, según datos del segundo trimestre de este año, lo que supone un incremento notable respecto a 2016, cuando el porcentaje era del 12 por ciento.
En los seis primeros meses de 2017, en la Región se han tramitado 364 procedimientos exclusivamente por vía telemática, y en la actualidad se firman electrónicamente 85.000 documentos al mes, cuatro veces más que hace un año. Además, la Administración regional comparte 33 documentos con otras administraciones.
La implantación total de la administración electrónica es uno de los objetivos del Plan Región de Murcia Comunidad Digital, que se presentará en los próximos meses, y que contempla también el despliegue de redes ultrarrápidas dirigidas a administración pública y empresas, el aumento de la productividad y competitividad empresarial, a través de la transformación digital, la alfabetización digital de los ciudadanos y el impulso del sector TIC como fuente de empleo de calidad y desarrollo económico.
En la Región de Murcia ya se trabaja en estos ámbitos con iniciativas como el desarrollo la red de ciencia y tecnología CTnet, "un completo sistema de comunicación de datos de alta velocidad, de 150 kilómetros, que conecta todos los centros de I+D+i de la Región", explicó el presidente. Este proyecto, que garantiza la máxima velocidad de comunicación y es fundamental para el desarrollo de actuaciones en I+D+i, supone una inversión de 3,5 millones de euros.
Además, Murcia es una de las seis comunidades autónomas de España que ha puesto en marcha el proyecto ´Escuelas conectadas´, para llevar la conexión a redes ultrarrápidas a 626 centros educativos de Primaria y Secundaria de toda la Región, lo que permitirá mejorar la conectividad e instalar una red inalámbrica potente que llegue a las aulas.
Asimismo, la Comunidad Autónoma, junto al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, está trabajando para el despliegue de redes de nueva generación en la Región, lo que supondrá que la banda ancha llegue a zonas rurales y polígonos industriales que aún no tienen acceso.

La facturación de la industria sube un 15,4% en mayo en la Región

MURCIA.- La Región de Murcia registró el pasado mes de mayo la quinta mayor subida de la facturación de la industria, con un crecimiento del 15,4 por ciento frente a la subida del 12,8 por ciento de la media nacional.

Igualmente, las entradas de pedidos subieron un 13,5 por ciento, el séptimo mayor crecimiento por comunidades autónomas, por detrás de Asturias (36,1%), Baleares (26,1%), Andalucía (17,7%), Extremadura (16,2%), Castilla-La Mancha (15,9%) y Cantabria (15,6%), según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los funcionarios se cansan de hacer guardias "interminables" en los juzgados de Cartagena

CARTAGENA.-El sindicato CC OO denuncia que los cinco juzgados de Instrucción de Cartagena tienen que realizar guardia de permanencia de ocho días de forma ininterrumpida. 

Desde el sindicato explican que la llegada de pateras a la provincia marítima intensifica la actividad judicial, por lo que reclaman que estas guardias en las que tienen que estar los funcionarios en los juzgados sean de tres días de trabajo, en puesto de ocho seguidos. 
La organización sindical también señala que «diariamente, los compañeros y compañeras durante esa semana están realizando el mismo trabajo que un juzgado con guardias de 24 horas, viéndose incrementado este trabajo por las diligencias que tienen que practicar».
Es por eso que desde CC OO demandan al Ministerio de Justicia la modificación de la «injusta» regulación de la normativa de guardias que existe en su ámbito. 
En resumen, los funcionarios de los juzgados cartageneros se quejan de que soportan «guardias semanales, que se hacen interminables con el consiguiente cansancio entre los distintos trabajadores del Palacio de Justicia y la repercusión en su propia salud, además de la bajada de rendimiento que ello produce en todos nosotros».

Rescatan a los ocupantes de otra patera en La Manga

CARTAGENA.- Una patera llegó anoche a La Manga con diez inmigrantes a bordo, aunque uno de ellos consiguió escapar, según informaron desde Cruz Roja.

Cruz Roja recibió el aviso de que una patera se encontraba próxima a la zona del Zoco, de Galúa, en La Manga sobre las 23.00 horas, aunque a su llegada ya habían tomado tierra y la intervención se realizó en el cuartel de la Guardia Civil de Cabo de Palos.
Se trata de varones, todos ellos mayores de edad y en buen estado de salud, solo dos precisaron de asistencia médica por unos cortes en el desembarco.
Un día antes el Servicio Marítimo de la Guardia Civil interceptó de madrugada a una patera de 5 metros con diez inmigrantes a bordo, en buen estado de salud.
Los inmigrantes, varones y mayores de edad, llegaron al Puerto de Cartagena sobre las 00.45 horas, donde fueron atendidos por el equipo de Emergencias de Cruz Roja.
Tres de los inmigrantes necesitaron atención sanitaria y uno de ellos precisó traslado al hospital.

Banco Sabadell en el banquillo ante el BdE por no devolver el dinero de las cláusulas suelo

MADRID.- Las sen­ten­cias ju­di­ciales han con­ver­tido a los 'suelos' hi­po­te­ca­rios en un ca­dáver fi­nan­ciero, pero no cabe duda que este muerto aún está muy vivo. El úl­timo epi­sodio del se­rial más largo de la his­toria del con­sumo ban­cario ha lle­gado en forma de re­cla­ma­ción ad­mi­nis­tra­tiva: la que ha pre­sen­tado Facua ante el Banco de España y el Ministerio de Industria, Economía y Competitividad contra cinco pro­mi­nentes en­ti­da­des, según adelanta hoy www.capitalmadrid.com

La asociación les acusa de "poner trabas" a la hora de reembolsar a los afectados por cláusulas suelo el dinero indebidamente cobrado.
Los bancos implicados son el Sabadell, Unicaja, España Duero, Caja Rural de Navarra y el Popular, que en recientes fechas fue adquirido por el Santander por un precio simbólico. 
En un comunicado, Facua explica que estos bancos "siguen dificultando reclamar las cláusulas suelo". Algunas de ellas habían sido denunciadas previamente por este mismo motivo.
En su solicitud, Facua ha pedido que se inicie una investigación, con el propósito de garantizar que los consumidores que deseen reclamar las cantidades cobradas por la cláusula suelo de su hipoteca no vean limitado su derecho.

Ante las reclamaciones, papeleo y más papeleo
La organización sostiene que los bancos acusados recurren a poner frente a los afectados un complejo entramado burocrático que en muchos casos carece de sentido.
"El Banco Sabadell, por ejemplo, después de exigir la cumplimentación de un formulario específico de la entidad para reclamar la cláusula suelo, ahora les está comunicando a los usuarios que la presentación de la solicitud no es obligatoria", dice el comunicado.
Esta política, sostiene la organización, supone un "cambio de criterio" que deja "indefensos" a los usuarios, que desconocen de qué manera han de dirigirse al banco para obtener una respuesta rápida y positiva.
En el caso de Unicaja Banco, Facua denuncia que está exigiendo a los usuarios que indiquen la numeración completa del préstamo sobre el que desean realizar la reclamación. La asociación cree que es una exigencia abusiva, ya que el banco dispone de esa información.
El Banco Popular recurre a una táctica de despiste: primero pide la documentación necesaria por correo electrónico para más tarde, una vez remitida, exigir que sea enviada de nuevo por correo postal. Facua ha calificado esta práctica de "burda estrategia" para frustrar a los usuarios y que éstos desistan del ejercicio de sus derechos.
En cuanto a España Duero y Caja Rural de Navarra, sencillamente ignoran las resoluciones de la Justicia. El primero se niega a atender las solicitudes de los consumidores que ya habían reclamado antes de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Estos usuarios consiguieron la eliminación de los 'suelos' de sus hipotecas, pero no la devolución del dinero. 
Por su parte, Caja Rural de Navarra hace caso omiso de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, continuando con su actividad comercial como si no tuviera que anular los 'suelos' ni reembolsar cantidad alguna.

Los partidos políticos deben tres de cada cuatro euros en créditos al Banco Popular, CaixaBank, BBVA y Santander

MADRID.- El Partido Popular no ha renunciado a la idea de pedir la comparecencia en el Senado de los principales directivos de las entidades financieras con las que los partidos políticos Ciudadanos, PSOE, PSC, PdeCat (CiU), PNV, Compromís, Izquierda Unida y ERC tienen concedidos préstamos de los bancos. Una investigación de eldiario.es deja al descubierto que Banco Popular, Santander, La Caixa y BBVA acaparan el 74% de la deuda de los partidos políticos con representación en las Cortes a 31 de diciembre de 2015.  

El objetivo de los populares en el Senado no es solo que los ejecutivos bancarios ofrezcan los datos de los créditos que deben las formaciones políticas, sino que expliquen los motivos de las condonaciones de la deuda que se han realizado y sus contraprestaciones, en caso de que las haya. Con esta comisión, los populares ha conseguido  sembrar dudas sobre las cuentas de Podemos, Ciudadanos y el PSOE para contrarrestar las investigaciones que se llevan a cabo en el Congreso sobre su financiación.
Fuentes del PP en el Senado aseguraron que la petición de comparecencias en la Cámara Alta sigue "sobre la mesa y se irá decidiendo según las peticiones de la comisión de investigación de la financiación del PP que hay en el Congreso. Hasta el final del mes de agosto no nos volvemos a reunir para definir comparecencias y trabajos".
La entidad financiera que ha concedido el volumen mayor de préstamos a partidos políticos ha sido históricamente el Banco Popular, que ha sido comprado por un euro por el Santander este año. Este banco acumulaba el 32% de los créditos concedidos a las formaciones políticas en 2015, según la información publicada por los partidos en sus cuentas anuales y páginas web.
En segunda posición se coloca CaixaBank, con un 22% del montante total de los prestamos concedidos, mientras que en la tercera posición se coloca el BBVA, con el 12%, y en cuarto lugar, el Santander, con el 8%, que pasará a la primera posición ya que asumirá la deuda que han contraído los partidos con el Popular.
Las principales formaciones políticas debían 208 millones de euros a las entidades financieras en 2015. El PSOE es la formación que más dinero adeudaba a los bancos: 75,3 millones de euros. Si se suma la deuda del PSC, ambos partidos tienen un debe de 90,3 millones.
El portavoz del PP en la comisión de investigación, Luis Aznar, fue especialmente incisivo este jueves con el exgerente del PSOE Xoan Manuel Cornide, que estuvo al frente de las cuentas hasta 2014, durante su comparecencia en el Senado. Cornide tuvo problemas para explicar una condonación de deuda que definió como "arreglos razonables, una práctica común en la renegociación de los tipos".
"Según el Tribunal de Cuentas, tienen la fea manía de esconder sus deudas", le espetó Aznar antes de interesarse por ocho millones de euros en 108 operaciones de crédito que no figuran en la contabilidad presentada ante el órgano fiscalizador sino que destapó el Banco de España. "Es posible que no les preocupara porque estaban intentando en que se los condonaran", ha ironizado el senador del PP. El exgerente socialista ha enfatizado que no se trataba de financiación irregular sino de problemas "administrativos".
"La contabilidad del PSOE llega tarde y mal", dijo Aznar. "Es un autentico caos. Que alguien diga que otro partido va dopado a las elecciones cuando tiene 40 millones de euros de condonación". El exgerente del PSOE justificó la diferencia entre las operaciones de créditos recogidas en la contabilidad de los socialistas y las expuestas en el Tribunal de Cuentas en que "no tenían unificado el sistema de contabilización integral".
El Partido Popular es la segunda formación que más dinero debe a los bancos: 47,4 millones de euros, siendo la mitad del Banco Popular. La financiación de la formación conservadora está siendo investigada en una comisión en el Congreso y en los tribunales, pero en la comisión de investigación del Senado no comparecerá ningún miembro del PP con la excusa de que ya lo hacen en la Cámara Baja. Esta decisión provocó que la oposición PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC y PNV– abandonara la Comisión.
En el caso de Podemos, el PP ataca la supuesta financiación de Podemos procedente de Venezuela a través de la Fundación CEPS o los ingresos provenientes de la cadena iraní HispanTV por la producción del programa Fort Apache que presenta Pablo Iglesias, pero no puede apuntar a los créditos porque es una formación que no solicita préstamos bancarios. Otra cosa es Izquierda Unida, con los que fueron conjuntamente en la candidatura de Unidos Podemos, que tenía una deuda en 2015 de 14,4 millones.
Ciudadanos tiene en sus libros 8,2 millones en créditos que debe en su totalidad al Banco Popular, que ahora pertenece al Santander. Según Aznar, el partido de Albert Rivera "es el que comete el 67% de las irregularidades que detecta el Tribunal de Cuentas".
El PNV es el tercer partido que más dinero debe, con una deuda de 20,7 millones de euros. Los nacionalistas vascos concentran el 61% del montante de sus créditos con Kutxabank. Por su parte, los republicanos de ERC han pedido el 90% de los 3,3 millones de euros que deben al Banco Popular, mientras que los herederos de Convergencia, el PdeCat, tienen acumulados 11,5 millones en préstamos a deber, de los que un 80% es a CaixaBank y un 15% al Banco Sabadell. 
La posible petición de comparecencia de directivos bancarios por parte del Partido Popular en el Senado contradice la posición de la formación conservadora en el Congreso. El pasado enero la ausencia del PdeCat y el PNV en la comisión mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas en el Congreso permitió al PP tener la mayoría para rechazar que los informes de fiscalización sobre la financiación de partidos del órgano supervisor incluyan los créditos bancarios recibidos por las formaciones políticas, las entidades que los han concedido y las condonaciones de deuda a los partidos.

Unas deudas que vienen de atrás

Con cuatro años de retraso, el Tribunal de Cuentas publicó este año el informe sobre las cuentas de los partidos políticos de 2013. El organismo se encarga de fiscalizar la contabilidad anual de las formaciones políticas y publica en cada informe las deudas de los partidos con los bancos. Entre 2001 y 2011, la deuda de los partidos se duplicó pasando de 125 a 271 millones de euros. El pico, en año electoral.
Los datos recopilados y analizados por eldiario.es señalan las deudas estructurales de varios partidos con entidades de crédito, los crecimientos de deuda en años electorales y un aumento progresivo de la deuda durante los últimos 12 años.
PP y PSOE acaparan más de la mitad de las deudas de los partidos políticos desde el 2001.
PNV, Convergència (ahora PdeCat), Uniò y la federación CiU (Convergència y Uniò) llegaron a acumular casi 50 millones de euros de endeudamiento en 2011. Ahora, las tres formaciones catalanas han desaparecido y el PNV ha reducido su deuda en los últimos años.
Mientras Izquierda Unida lleva acumulando deudas bancarias desde el siglo pasado, la formación Iniciativa Per Catalunya (ICV), con la que IU se presenta en coalición en la comunidad catalana, ha multiplicado su deuda desde 2006.
El resto de formaciones que han tenido representación en el Congreso presentan estados contables más saneados que el resto de partidos. EA, ERC y CC han ido reduciendo su deuda bancaria paulatinamente en la última década. BNG es el único que la ha aumentado, aunque con cifras mucho menores.

Metodología

Para esta información se han analizado las deudas con entidades de crédito de los partidos políticos con representación en las Cortes Generales. Para ello, eldiario.es ha recopilado el importe de las deudas por préstamos y créditos y su desglose por entidad bancaria que publica cada partido en sus balances anuales y páginas web a 31 de diciembre de 2015 (el último año disponible).
No está incluidas las deudas de 2015 de las formaciones que conforman la coalición Bildu (Eusko Alkartasuna o Aralar), la federación de CiU y Uniò (por separado) porque no tienen publicadas sus cuentas anuales. No se han incluido en los gráficos las deudas de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Compromís y EUiA ya que sus deudas con bancos con menores a 250.000€. El código ético de Podemos impide que pueda pedir préstamos a los bancos.
Las distintas entidades acreedoras se han unificado según la entidad de crédito matriz. Por ejemplo, las cajas que se integraron finalmente en Bankia o Catalunya Caixa dentro de BBVA. Ciudadanos no incluye en su web el desglose de los préstamos a corto plazo y el desglose de la deuda por entidades bancarias que publican PSOE y CDC no coincide con el dato agregado en su balance, aunque en estos dos últimos casos la variación es menor al 0,5%.
Para mostrar la evolución de la deuda de los partidos se han recopilado los datos publicados por los informes del Tribunal de Cuentas entre 2001 (entrada del euro) y 2013 (último publicado). Este organismo hace una auditoría de la cuentas de los partidos con representación parlamentaria estatal o autonómica. 

'Navantia' inicia el plan para rejuvenecer su plantilla con bajas pactadas

CÁDIZ.- El plan para rejuvenecer la plantilla de Navantia ya está en marcha. El presidente de la compañía, Esteban García Vilasánchez, mantuvo ayer una reunión con el comité intercentros de los astilleros para informar de las líneas maestras del plan estratégico de la empresa, según publica http://www.lavozdigital.es

No se trata de un decálogo de intenciones sino de un documento que recoge todas las acciones y medidas a tomar en los próximos meses para ganar competitividad, eficacia y, sobre todo, agilidad en los procesos de producción.
Un equipo técnico de Navantia, junto con responsables de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), a la que pertenece Navantia, ha estado más de dos años analizando el potencial de los astilleros y las capacidades para lograr, de una vez por todas, su rentabilidad. No hay que olvidar que Navantia, desde su creación en 2005, no ha generado beneficio alguno y arrastra más de 200 millones de euros de pérdidas. Este informe, conocido como Astillero 4.0, es una especie de hoja de ruta para colocar a Navantia en la senda de la prosperidad.
Para ello, el nuevo presidente de la compañía, Esteban García Vilasánchez, ha empezado por abordar uno de los puntos más delicados del programa: el rejuvenecimiento de la plantilla.
El 68% de los 5.283 empleados tiene más de 50 años. En el caso de las tres plantas de la Bahía de Cádiz la situación es aún más preocupante, ya que el 30%, unos 517 trabajadores, está por encima de los 60 años. Los astilleros de Fene y Puerto Real concentran las plantillas con más edad. La edad media en la planta gallega es de 56 años, mientras que en la gaditana es de 54. El número de bajas incentivadas aún no está determinado, ya que Navantia aguarda la firma del contrato con Arabia, unos 3.000 millones de euros, y la posibilidad de hacerse con las fragatas australianas, para echar números.
El tiempo apremia y Vilasánchez quiere aprobar la asignatura de la plantilla cuanto antes. A partir de ahora arranca un proceso de negociación con los representantes sindicales para definir cómo se llevará acabo el plan de rejuvenecimiento. La empresa ha transmitido al comité intercentros que serán bajas pactadas, sin embargo, la duda que existe ahora es saber si las salidas se cubrirán con nueva mano de obra o, por el contrario, la empresa irá a la subcontratación para ajustar aún más los costes de producción.
El nuevo presidente fue nombrado el pasado 8 de abril y entre sus prioridades se encuentra la aplicación de este plan estratégico. Para ello ha reorganizado la estructura de mando de la compañía y se han unificado las principales áreas de negocio de la empresa con el fin de reducir burocracia y mejorar resultados. Esta medida se tomó el pasado 30 de junio. Vilasánchez ya tiene el cuadro organizativo preparado para abordar la reconversión de la empresa.
La plantilla de los astilleros gaditanos supera el medio siglo de vida. La edad media de los trabajadores de Navantia ronda los 55 años. Las tres plantas de la Bahía suman 1.800 empleados, de los que el 48% son operarios, un 28% forman parte del personal administrativo y de gestión y el 24% restante corresponde al cuerpo de ingenieros y técnicos. El contingente más numeroso de la plantilla se concentra en la planta de Puerto Real, con el 53%, seguido de la factoría de San Fernando, con el 18%, y un 14% en la unidad de reparaciones del astillero de Cádiz. El 15% restante forma parte de los servicios compartidos.

Una década en pérdidas

El envejecimiento de la plantilla ha sido progresivo. Los portavoces sindicales lanzaron hace varios años la voz de alarma, sin embargo, la ausencia de carga de trabajo en los astilleros entre 2011 y 2014 impidió al entonces presidente, José Manuel Revuelta, actuar sobre la plantilla. Revuelta dedicó parte de los esfuerzos de su gestión a buscar fórmulas para mejorar el rendimiento de la mano de obra. Gran parte de esas reflexiones se encuentran incluidas en el plan estratégico.

Igualmente, las perdidas estructurales de Navantia han impedido acciones directas en este sentido. No hay que olvidar que la empresa perdió en 2010 unos 46 millones de euros. La cifra bajó levemente en 2011 hasta los 43,2 millones de euros y en 2012, la situación se desbocó hasta los 78,2 millones. 

En cuanto a 2013, el pago ‘in extremis’ de varios programas navales con la Marina de Australia, la Armada Española y el contrato con Turquía aliviaron los números rojos hasta situar el déficit ese año en 57,7 millones de euros. En 2014 se logró rebajar el déficit perdiendo solo 29 millones de euros, sin embargo, la ausencia de actividad llevó a unas pérfidas generales de 167 millones de euros en 2015. La caída no se frenó y Navantia acabó 2016 con casi 200 millones de euros de pérdidas.

Vilasánchez está dispuesto a lograr el equilibrio financiero antes de 2020, por ello son vitales los contratos de Arabia y Australia.

La presencia de Navantia en la Bahía genera 11.320 empleos, de los que 1.805 son directos, 8.385 indirectos en otros sectores y 1.130 son externalizados en la industria auxiliar. El peso de Navantia en la Bahía es clave. Según datos de la propia empresa supone el 3% del empleo de Cádiz y representa el 32,1% del empleo industrial de la provincia.

Se puede decir que factorías gaditanas han pasado la travesía del desierto y en 2015 comenzaron un nuevo ciclo de actividad. Navantia se hizo en 2014 con la construcción de dos BAM para la Armada española, uno se construye en San Fernando y otro en Ferrol. A finales de este año culminará la obra y se espera la entrega de los dos buques para el primer trimestre de este año. 

Ese mismo año Navantia firmó con Iberdrola la construcción en Puerto Real de la subestación eléctrica para el parque eólico-marino Wikinger, que la eléctrica española promueve en aguas alemanas del Báltico. La obra culminó en el verano de 2016. Ahora Navantia construye una segunda subestación eléctrica para Iberdrola, la East Anglia One, que se ubicará en otro parque eólico-marino en aguas inglesas del Mar del Norte. 
Además, los astilleros gaditanos se encuentran inmersos en la construcción de los cuatro petroleros para el grupo vasco Ibaizábal.