jueves, 2 de febrero de 2017

El TSJ asume el 'caso Auditorio' y ahora debe investigar al presidente de la Comunidad Autónoma por cuatro delitos


MURCIA.-La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha decidido esta mañana asumir la competencia para investigar a Pedro Antonio Sánchez dentro de las diligencias que se siguen por el caso Auditorio. La Sala que ha tomado la decisión está formada por el presidente del TSJ, Miguel Pasqual del Riquelme, y por los magistrados Enrique Quiñonero y Julián Pérez-Templado.

Según explica la Sala en un comunicado, en el auto hecho público esta mañana, se designa al magistrado Julián Pérez-Templado Jordán, instructor del procedimiento sobre el proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de las obras del Auditorio de Puerto Lumbreras.

La Sala extiende su competencia para instruir y, en su caso, enjuiciar, a las otras personas investigadas por los mismos hechos en las Diligencias Previas 316/2015 del juzgado de Instrucción número 1 de Lorca.

El TSJ ordena, además, al juzgado de Lorca que, si en el curso de las investigaciones que se acometan en la pieza separada que se instruye en Lorca aparecieran datos que guarden relación y que aconsejaran una investigación o enjuiciamiento conjunto, se comunique a la Sala para la adecuada coordinación de ambos procedimientos.

El auto de incoación de Diligencias Previas no es firme, cabe interponer recurso de Súplica, según señala la nota de prensa difundida por el Tribunal Superior de Justicia.

La Sala estudiaba desde el pasado mes de diciembre la exposición razonada de la juez de Lorca que solicitaba que se investigara al presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, por cuatro delitos (prevaricación, malversación, fraude y falsedad de documento público) presuntamente cometido en el proceso de adjudicación, construcción y recepción de las obras del Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras cuando él era alcalde de esta localidad.

En estas diligencias están investigados ya una veintena de imputados, entre concejales que aprobaron el concurso de obras, técnicos municipales y el arquitecto redactor del proyecto.

La decisión tomada hoy por el TSJ puede marcar el futuro inmediato del presidente de la Comunidad, ya que el acuerdo de investidura con Ciudadanos incluye el compromiso de apartar a aquellos cargos públicos que sean imputados por delitos de corrupción política.

El cambio de la ley de Enjuiciamiento Criminal cambió la denominación de imputados por la de investigados, con lo que ese punto del acuerdo es, para muchos, interpretable. Además, en los últimos meses Pedro Antonio Sánchez ha recibido el apoyo de todos los alcaldes de la Región de Murcia, que en un documento respaldan la tesis defendida por la Comunidad Autónoma de que los políticos investigados no dimitan hasta la apertura del juicio oral en un caso de corrupción.

El Partido Popular a nivel nacional ha manifestado su apoyo a Pedro Antonio Sánchez y a través de un comunicado han dejado claro su visión del caso Auditorio, asegurando que "no se trata de un caso de corrupción"

Génova 13 reafirma su confianza en Pedro Antonio Sánchez

MADRID.-El PP nacional ha reafirmado este jueves su confianza en el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia de asumir el conocido como caso Auditorio en el que se investiga al presidente de la Comunidad Autónoma.

El partido argumenta que recalca que, pese a la decisión tomada este jueves, Pedro Antonio Sánchez "no está imputado, no se ha abierto juicio oral, ni se trata de un caso de corrupción", según fuentes de la dirección nacional.

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU) se ha declarado competente para investigar el caso Auditorio, dada la condición de aforado de Sánchez, por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la Administración Pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. Las irregularidades que se investigan están relacionadas co el proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de las obras del Auditorio de Puerto Lumbreras cuando Sánchez era alcalde de Puerto Lumbreras.

Ante este hecho, 'Génova' ha expresado su apoyo al presidente regional de Murcia y ha recordado que no está imputado en ese caso ni se ha abierto juicio oral, al tiempo que ha manifestado su máxima confianza en la Justicia.

Además, fuentes de la dirección nacional del PP han reiterado que el caso por el que se va a investigar a Sánchez no es un caso de corrupción sino que obedece más bien a un error administrativo. Así, han subrayado que el presidente de Murcia no ha metido la mano la caja.

El PSRM cree que la situación daña a la Región y a los murcianos

MURCIA.-El secretario general del Partido Socialista en la Región de Murcia, Rafael González Tovar, ha sido tajante en sus manifestaciones tras conocer que el TSJ asume la investigación del caso Auditorio en el que el Presidente Regional está acusado de cuatro delitos.

En una nota de prensa remitida a los medios, Tovar asegura que la decisión de hoy es "un paso más en la situación agónica de Pedro Antonio Sánchez,
que deja claro que el TSJRM encuentra motivos para investigar este caso, como ya hizo cuando mandó el caso al juzgado de Lorca".
El líder socialista considera "una irresponsabilidad" que el presidente "someta a la Región a este calvario" ya que, en su opinión, "la situación daña a la Región y a sus ciudadanos".
Para Tovar, lo que debe hacer Pedro Antonio Sánchez ahora está muy claro: "En vez de enrocarse y poner al Gobierno a su servicio para que lo defienda", lo que tiene que hacer "es asumir sus responsabilidades y dejar que la Justicia actúe de la manera más ágil posible,
"con el fin de llegar al fondo del caso Auditorio sin que se pongan piedras en el camino y para que esta situación bochornosa y perjudicial para la Región se resuelva lo antes posible". 
A lo que añadió que "Pedro Antonio Sánchez no debe enrocarse y esconderse tras su aforamiento; lo que tiene que hacer es asumir su responsabilidad, en lugar de poner el gobierno a su servicio para que dé la cara por él y le defienda". 

Noelia Arroyo: "La decisión del TSJ es el comienzo para que todo se aclare"

MURCIA.-La consejera portavoz del Gobierno de Murcia, Noelia Arroyo, ha dicho declarado que la asunción por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del caso Auditorio es "el comienzo para que todo se aclare cuanto antes", y ha pedido "respeto a la justicia y a sus decisiones".

El TSJ de Murcia se ha declarado hoy competente para instruir el caso Auditorio elevado por el juzgado de instrucción número 1 de Lorca y para investigar al presidente murciano, Pedro Sánchez, alcalde de Puerto Lumbreras cuando se proyectó y construyó esa infraestructura, por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude y falsedad.
En un comunicado, la portavoz del Gobierno regional pide "respeto a la Justicia y a sus decisiones" y "dejarla trabajar sin presiones y con independencia", y señala que "sólo se desprende de la decisión de hoy que el TSJ es el competente para estudiar el expediente".
"Lo que ha hecho hoy el Tribunal Superior de Justicia es simplemente indicar que es competente y que empieza a instruir el caso nombrando al instructor", según Arroyo, quien remarca que "aún no se ha tomado actuación alguna".
Además, ha apelado a la presunción de inocencia "como pilar básico del Estado de Derecho" y ha subrayado: "nadie debe juzgar antes que un juez".
Para la portavoz, con la asunción del caso por el TSJ "se abre la oportunidad de que Pedro Antonio Sánchez pueda aclararlo todo", tras lo que sostiene que "toda la actuación es legal y únicamente está por demostrar si se pudo incurrir en algún error administrativo del expediente".
"Nos da tranquilidad que se investigue y que sea la Justicia la que lo aclare de forma definitiva", concluye.

Oscar Urralburu insiste en que Pedro Antonio Sánchez no puede anteponer sus intereses a los de la Región

MURCIA.- Óscar Urralburu ha afirmado a través de un comunicado que, tras la decisión del TSJ, el presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, "tiene que tener bien claro que la Región de Murcia es lo primero y su situación judicial va después. Que no anteponga sus intereses al de todas y todos. No puede defenderse de acusaciones tan graves desde el sillón presidencial".

Por ello, ha incidido Urralburu, desde Podemos creemos que "los murcianos y murcianas no se merecen ver al máximo representante de la Región sentado en el banquillo de los acusados. Sería una auténtica vergüenza y tendría un coste real para nuestros sectores productivos, como la propia economía regional o el turismo".
El portavoz parlamentario de Podemos resalta en su que "no hablamos de pequeños temas, ni de persecución judicial o causas múltiples contra el presidente, estamos ante un asunto muy serio. Ya no caben excusas, palabras vacías, hablar de conspiraciones o echar la culpa a otros. Es el Tribunal Superior de Justicia el que apunta al Presidente como el responsable de cuatro delitos muy graves y muy serios: malversación de caudales públicos, fraude, falsedad en documento público y prevaricación continuada".

C's esperará a que el TSJ llame a Sánchez a declarar para exigir su dimisión

MURCIA.- El portavoz de Ciudadanos, Miguel Sánchez, aseguró este jueves, tras conocer que el TSJ asumirá el 'caso Auditorio', que su partido exigirá la dimisión del presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, cuando se le llame a declarar.

En este sentido, recordó que la formación naranja y el Gobierno regional tienen un acuerdo en el que el presidente se comprometió al pacto por la regeneración democrática y de lucha contra la corrupción.
"El pacto era que si era imputado, tendría que dimitir; él dijo que si era imputado por el 'caso Auditorio' se marcharía", dijo antes de añadir que si finalmente es imputado "tiene que cumplir su palabra".
Sánchez considera que el TSJ "ha hecho lo correcto" y espera que el presidente regional colabore con la justicia para "que no se dilate más este asunto".
El político manifestó su alegría al saber que "el 'caso Auditorio' está más cerca de resolverse". Según dijo, la Región de Murcia no puede permitirse un estado de "incertidumbre; el presidente estaba más pendiente de las cuestiones judiciales que de los murcianos".
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, también se hizo eco de la noticia en su cuenta de Twitter.

C's celebra que la resolución del 'caso Auditorio' y el fin de la incertidumbre política sobre PAS estén más cerca

MURCIA.- Ciudadanos considera “positiva” la resolución adoptada hoy por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia respecto al ‘caso Auditorio’, que afecta al presidente Pedro Antonio Sánchez. 

“Nos alegra saber que este asunto esté más cerca de aclararse, porque la Región no puede permitirse por más tiempo tener un presidente más pendiente de su futuro procesal que del futuro de todos los murcianos”, ha señalado el portavoz regional de Cs, Miguel Sánchez, que considera que el TSJ "ha hecho lo correcto" y espera que el presidente regional “colabore con la Justicia para que no se dilate más este asunto, que no ponga más trabas".
“Que investiguen por cuatro delitos a la persona que nos representa no es desde luego una buena noticia y debemos lamentarlo, pero mucho peor es que la querella presentada por el Ministerio Fiscal haya estado hibernando desde hace justamente dos años y que haya estado a punto de volver al juzgado de Lorca, lo que hubiera significado más incertidumbre para la Región”, ha añadido Sánchez, quien apunta que “esa incertidumbre, que el pasado año no dejaron de agitar como una traba a la recuperación económica y la creación de empleo, podría haberse extendido a lo largo de otro año si el TSJ hubiera aceptado las tesis de la defensa del presidente”.
Respecto a la posible consideración de investigado -la antigua figura de imputado- por parte de Pedro Antonio Sánchez en los próximos días, el portavoz naranja no quiso adelantar acontecimientos –“somos y seremos muy respetuosos siempre con la Justicia y sus tiempos”- pero apuntó que “Pedro Antonio Sánchez no podría faltar a su palabra y al compromiso que adquirió con todos los murcianos. Si resulta imputado, exigiremos que cumpla ese compromiso y se aparte de la política mientras se defiende”.

IU-Verdes exige disolución de la Asamblea Regional y la convocatoria de nuevas elecciones

MURCIA.- Conocida este medio día la esperada decisión de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Murcia, asumiendo las diligencias del "caso Auditorio" con las consecuencias procesales que de ello se derivan para el actual presidente de la CARM, Pedro Antonio Sánchez (PAS), la dirección colegiada de Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia, a través de sus coordinadores regionales, José Luis Álvarez-Castellanos y Candi Marín, ha hecho público un comunicado en el que vienen a calificar como inevitable el Decreto de Disolución de la Asamblea Regional con la consiguiente convocatoria de nuevas elecciones autonómicas, de conformidad con el art. 27 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

Para ello, IU-V- RM exige a todos los actores políticos en juego, que en ningún caso hagan prevalecer en las decisiones políticas que deben hacerse públicas en lo inmediato por parte de todos, ni particulares coyunturas partidistas, ni eventuales posiciones demoscópicas. La única salida democrática de la crisis política que ha generado la decisión del TSJ, afirman desde IU-V, es la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones.

Los coordinadores regionales de IU-V afirman que exigir a PAS que dimita, cuestión deseable, es poco menos que predicar en el desierto, a tenor de su enroque, a pesar de ello la formación de izquierdas exige en primer lugar a Ciudadanos (CD,s) que haga cumplir el pacto de investidura que hizo a PAS Presidente de la CARM. Ese pacto, en opinión de IU-V, no es sólo "cosa de dos". Se trata de un acuerdo político de gran alcance que vincula y compromete a dos actores (las dos formaciones políticas que lo firmaron) con el conjunto de la ciudadanía de la Región de Murcia frente al que se firmó. Así pues no cabe otra cosa que exigir el cumplimiento de sus cláusulas éticas fundamentales.

Aunque en rigor, sostienen en IU-V, nuestro sistema no es presidencialista, lo cierto es que de facto funciona como si lo fuese, y en tal sentido, para IU-V no sería democrático contemplar la mera sustitución como Presidente de la CARM de PAS por otro candidato de ocasión del PP. Si por este "cambio de cromos" terminasen optando los agentes políticos implicados -y aquí incluimos a todos los partidos con representación en la Asamblea Regional- la Región de Murcia seguiría siendo una anomalía democrática dentro del conjunto de las autonomías españolas.

A ese respecto la salida a la crisis no puede ni debe pasar por "desinvestir a PAS para investir a otro santo del PP", sino en dar voz al conjunto de los ciudadanos de la Región de Murcia para que ésta se pronuncien en las urnas, y lo haga -al fin- con una nueva Ley Electoral democrática y respetuosa con los principios de proporcionalidad e igualdad de voto de todos los ciudadanos, tras once legislaturas contaminadas democráticamente por la anterior Ley electoral.

Fue para resolver crisis políticas, como la que ahora se presenta en el panorama político de la Región de Murcia, y no para otras cosas, por lo que en su día se modificó el Estatuto de Autonomía de la CARM posibilitando la disolución anticipada de la Asamblea y la convocatoria de elecciones antes del término natural de la legislatura.

Para ello es preciso, que CD,s cumpla con sus compromisos plasmados negro sobre blanco en el acuerdo de investidura, y que el resto de formaciones políticas con representación se pongan de acuerdo en investir a un nuevo Presidente de la CARM que tendría como único mandato la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones.

Por último, los coordinadores de IU-V afirman estar preparados para concurrir a unas nuevas elecciones en la Región, sea como un actor más, o confluyendo en candidaturas con quienes compartimos causas y proyectos políticos.

El PP pide que se deje trabajar a la justicia "con independencia"

MURCIA.-El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Víctor Manuel Martínez, ha pedido, tras conocer que el TSJ asumirá el 'caso Auditorio', que "se respete" y se deje trabajar a la justicia "con independencia".

El parlamentario se ha dirigido, en este sentido, a otros grupos políticos para que "dejen trabajar a la justicia". En este sentido, ha citado a Podemos, de los que ha dicho que "cuando no les gustan las decisiones judiciales denuncian a los jueces".
El PP espera que este asunto "se aclare cuanto antes" y reitera su "respeto" por la justicia, algo que espera que también hagan los otros partidos.
Además, ha recordado que el caso parte de una denuncia que presentó el PSOE en el año 2013 y que se han archivado ya 16 denuncias socialistas contra el presidente regional.

El Consejo Jurídico admite que la concesión de Puerto Mayor fue una ilegalidad

MURCIA.-El Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) señala en el dictamen que apoya la revisión de oficio de la resolución de diciembre de 1988, que amplió el plazo de ejecución del proyecto de la empresa Puerto Mayor en La Manga, que aquella disposición fue dictada «prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido». En su informe cita entre otras tachas que el director general que la aprobó carecía de competencia para ello.

Los juristas del Consejo defienden en su dictamen que el litoral debe ser espacio de disfrute ciudadano, no una oportunidad de negocio. Afirman que esa nueva concepción del litoral, que cambió radicalmente con la que existía con anterioridad, quedó recogida en la Constitución y en la legislación sectorial que fue aprobada en los años siguientes.
«En la actualidad -dice el CJRM-, la prevalencia de los intereses generales relacionados con la preservación del medio ambiente y de la integridad del demanio (dominio público) costero como espacio abierto al disfrute de la colectividad es aún más acusada de lo que lo fuera en 1988».
El Consejo hace esas consideraciones tras analizar el proyecto de Puerto Mayor y especialmente la resolución de la Dirección General de Carreteras y Puertos del 16 de diciembre de 1988, por la que se amplió la concesión administrativa a la sociedad promotora del puerto deportivo y se aprobaron modificaciones del proyecto inicial.
Señala el informe que el proyecto partió de una concesión administrativa otorgada por el Consejo de Ministros en 1975, cuyo objeto principal era la construcción de un puerto deportivo en La Manga del Mar Menor y que a lo largo de los años pasó por diversas vicisitudes.
Comenta por otro lado que «las situaciones de signo privatizador -como ocurre en este caso- que en épocas pasadas surgieron al albur de la legislación preconstitucional de costas y puertos respondían a una valoración del interés publico sobre diversas actuaciones a desarrollar en la zona litoral que difería sustancialmente de la actual».
La ganancia de terrenos al mar y la construcción de puertos deportivos, como la que se permitía con la concesión aprobada por el Gobierno español, «se consideraban operaciones beneficiosas para el interés público, dominado en aquel momento por intereses turísticos y económicos que dejaban en un segundo plano la protección de la costa».
Por último, este órgano de consulta de la administración regional opina que la Consejería de Fomento, que ha sido la que le ha solicitado el informe, puede revisar de oficio la resolución combatida, pero no debe acudir a aprobarla por otra vía también recogida en la ley y que está prevista para aquellos acuerdos de contenido imposible, ya que este, concluye, no es el caso.

Enero deja un aumento de 883 nuevos desempleados en la Región

MURCIA.- El número de desempleados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (Inem) en la Región de Murcia al término del mes de enero se situó en 117.496, lo que supone un aumento de 883 personas respecto a diciembre, según datos difundidos este jueves por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En términos relativos, el aumento del paro en el mes de enero en la Región fue del 0,76% respecto al mes de diciembre. El desempleo disminuyó en términos interanuales, de forma que en los últimos 12 meses bajó en Murcia en 11.963, un 9,24% menos, el séptimo menor descenso por comunidades, frente a la caída del 8,2% nacional.
En lo que respecta al paro masculino, este se situó en 49.062 personas, mientras que el femenino alcanzó un total de 68.434 personas.
Por sectores, el paro solo aumentó en Servicios en 1.494 personas. Por el contrario, bajó en Agricultura en 179 personas, en Industria en 69 personas, en Construcción en 331 personas, y en el Colectivo Sin Empleo Anterior en 32 personas.
En cuanto al paro registrado en los extranjeros en la Región de Murcia durante enero se situó en 14.832 personas, lo que supone un descenso de 268 personas respecto a diciembre (1,77%).
Respecto al año anterior, el paro entre los extranjeros disminuyó en 2.230 personas (-13,07%). Del total de desempleados extranjeros, 11.649 son extracomunitarios y 3.183 pertenecen a países de la Unión Europea.
El sector con más extranjeros en paro en la Región de Murcia es Servicios con 7.928, seguido de Agricultura (2.814), Sin Empleo Anterior (2.298), Construcción (1.006) e Industria (786).
El número total de contratos en la Región de Murcia descendió en enero en relación al mes anterior en 8.491 (un -10,5%), situándose en 72.386 contratos totales.
A nivel interanual, la contratación creció un 16,79% en Murcia (10.405 contratos más) frente a un crecimiento del 16,94% en el resto del país.

Los trabajadores de 'Navantia' protestarán en el 25º aniversario de la quema de la Asamblea

CARTAGENA.- Los trabajadores de Navantia Cartagena aprobaron este jueves en asamblea que a partir de mañana, coincidiendo con el 25º aniversario de la quema de la Asamblea Regional durante las protestas de Bazán, iniciarán las protestas no realizando horas extras remuneradas, ni compensatorias (tiempo por tiempo), ni cualquier tipo de modificación de las jornadas.

Esta decisión se ha adoptado en respuesta al silencio de la empresa sobre la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, que obliga a abonar a la SEPI los pagos adeudados a raíz de la anulación del cuarto convenio, y a la falta de respuesta sobre la necesidad de negociar un plan industrial que dé viabilidad a una empresa que cuenta con una plantilla "envejecida".
El presidente del comité de empresa de Navantia Cartagena, Eduardo Aranda, afirmó a los medios que la empresa "no puede morir" porque la dirección no le dé carga de trabajo ni por la no renovación de una plantilla de 1.170 trabajadores que cuentan con una edad media de 53 años.
"Ya está bien de que el futuro de la empresa le importe poco a la SEPI", señaló antes de reclamar la necesidad de "recapitalizar" la plantilla con un ERE en el que se apueste por el "contrato relevo", en virtud del cual, los veteranos enseñarán "oficios que no se enseñan en ningún centro" a los jóvenes que entren a formar parte de la cadena de producción.
El "plan industrial de futuro" debe contemplar, según Aranda, el desglose de las necesidades, la carga de trabajo y las especialidades en cada astillero, incidiendo en que los contratos logrados por Navantia, como los buques para la Armada saudí o la serie S-80, obligan a "rejuvenecer la plantilla, no a reducirla".
El presidente del Comité de Empresa puntualizó que la negativa a realizar las 80 horas extraordinarias remuneradas fijadas por convenio y las compensatorias "no ralentizarán" los trabajos en el S-80, sino que obligarán al jefe de Producción a modificar los cuadrantes laborales.
Este inicio de las protestas coincidirá este viernes con el cuarto de siglo del incendio de la Asamblea durante los disturbios mantenidos por trabajadores de la antigua Bazán (ahora Navantia) y Peñarroya con la Policía Nacional, que derivó en el incendio de la Asamblea Regional.
El presidente del Comité de Empresa en aquel año, Antonio Sáez, recordó la reconversión industrial y el cierre consiguiente de muchas empresas y el despido de muchos empleados en la ciudad. 
"Fueron días difíciles que a nadie le gustaría repetir", sentenció.
Sáez apuntó que los trabajadores "sufrieron mucha presión policial y del gobernador civil", además de realizar un encierro en el astillero que les privó de estar con la familia, si bien ha resaltado la "unidad total de los trabajadores y la ciudad".

Pacto por el Mar Menor desenmascara a la COEC y su postura sobre la laguna salada

CARTAGENA.- Ante las declaraciones realizadas por la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) en reunión mantenida este martes con el consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, unidas a las manifestadas por el portavoz popular Víctor Martínez, la Plataforma social Pacto por el Mar Menor denuncia la inadmisible actitud de coacción que viola los derechos de una sociedad democrática a expresarse, al calificar como contraproducente para el desarrollo económico el trabajo llevado a cabo por diversos colectivos.

"Desde Pacto por el Mar Menor entendemos que la verdadera preocupación que motiva esas declaraciones no es la protección y defensa del Mar Menor, sino la de sus propios intereses y recordamos que, junto a la inoperancia de años de la Administración, algunas empresas han contribuido a un desarrollo socioeconómico insostenible, sin criterio medioambiental.
 
Lo que COEC denomina efectos visuales del temporal deja clara una visión cortoplacista y de imagen, superficial e incompatible con la verdadera recuperación del ecosistema. Lamentamos la falta de conciencia y visión a largo plazo resultante de esta reunión, así como la falta de respeto a la voz social.

Queremos resaltar también que la "Q" de calidad turística se otorga precisamente a playas con servicios, y todos sabemos que gran parte de las playas mar menorenses son artificiales y el resultado de continuas extracciones y movimientos que alteran gravemente los ecosistemas litorales. Lo que se reclama es una mal llamada regeneración de playas, pues lo que se realiza realmente es la creación de playas de arena donde antes no las había.

Es una pena que el sector empresarial dedicado al turismo no opte por promover un nuevo modelo de desarrollo que garantice la supervivencia de las familias asentadas en la zona, sostenible y consecuente con la gravedad de la situación actual. La falta de innovación del sector turístico para hacer frente a problemas medioambientales es tan grave, como la falta de ideas de la propia Administración, representada por la Consejería de Desarrollo.

Nos alegra que el Equipo de Gobierno, en palabras de su portavoz parlamentario, comparta el entusiasmo de que una comisión de la UE venga a ver lo que está sucediendo con el Mar Menor y su entorno con el fin de que comprueben cómo funcionan los motores turísticos y agrícolas en el Campo de Cartagena y su impacto sobre la laguna, así como el supuesto control y vigilancia que efectúa la Administración en cuanto a licencias de explotación, de actividad, autorizaciones de vertidos, pozos ilegales y demás. 
 
También nos congratula que manifieste que se comprometen a actuar acordes con el criterio del Comité Científico, más aún considerando que esta Plataforma comparte con el Comité la negativa a la tradicional regeneración de playas que reclaman los empresarios de la COEC y el propio Consejero de Turismo. Entendemos como muy positivo que Ramsar revise la categoría de espacio natural por la presión que esto puede ejercer sobre las administraciones de cara a la regeneración del Mar Menor, aunque también nos preocupa que la incompetencia de estas a lo largo de decenios pueda suponer la pérdida de esa figura de protección".

C's recuerda al Gobierno de Cartagena que debe garantizar la viabilidad legal de la propuesta para bajar el precio del agua

CARTAGENA.- El Grupo Municipal de Ciudadanos ha recordado hoy en la Mesa de Trabajo del Agua el punto segundo del acuerdo alcanzado con el Gobierno local de Cartagena para apoyar los presupuestos municipales: la tarifa anunciada con fecha 23 de enero de 2017 por el Gobierno de Cartagena deberá ir acompañada de todos los informes que sean necesarios para garantizar la viabilidad legal de la propuesta, entre ellos, los del servicio de infraestructuras, económicos, asesoría jurídica e intervención; el objetivo es que estos informes garanticen esta revisión de tarifa, y eviten costes innecesarios a las arcas municipales ante posibles futuras demandas.

El acuerdo deja claro que en caso de que alguno de estos informes resulte desfavorable, se estudiará nuevamente por los mismos técnicos municipales la última propuesta de la concesionaria y se informará en su caso favorable o desfavorablemente. En cualquier caso, la opción que resulte favorablemente informada deberá suponer una rebaja del recibo a la mayor brevedad posible.
A su vez, durante el transcurso de la Mesa de Trabajo del Agua, donde se ha remarcado que sólo tiene carácter informativo, el director general de Infraestructuras, Manuel Nicolás ha informado que en la próxima Comisión de Seguimiento, los técnicos municipales analizarán y valorarán tanto la propuesta municipal como la de Hidrogea para bajar el precio del agua. El portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, espera que la comisión resuelva todas las dudas, que aclare cuál de las dos propuestas resulta más beneficiosa para los cartageneros, y que tenga todas las garantías legales para que la junta de precios de la Comunidad no ponga ningún reparo y ningún perjuicio para las arcas municipales consecuencia de una demanda, "sólo de esta forma entenderemos que se cumplirá nuestro acuerdo con el Gobierno local, entendiendo que si se envía en plazo (dentro de los 30 días que marca el acuerdo) a la junta de precios dependerá de este organismo la aplicación definitiva de la nueva tarifa".
Por su parte, la vicealcaldesa socialista, Ana Belén Castejón, ha insistido en que se rebaje la tarifa lo antes posible y que hay que mantener el compromiso, cumplir el pacto con Ciudadanos, y ha declarado ser "una persona de palabra".
Por otra parte, el portavoz de Ciudadanos, Manuel Padín, ha informado que hoy la empresa concesionaria ha enviado un escrito al Ayuntamiento de Cartagena en el que denuncia que el Ayuntamiento no está respetando los procedimientos legales para la aprobación de las tarifas del servicio ni los derechos de esta empresa, y desarrolla diversos argumentos, "ahora los servicios jurídicos del Ayuntamiento tienen que analizar todo lo que expone Hidrogea, y determinar la viabilidad legal de la propuesta del Ayuntamiento, tal y como le obliga nuestro acuerdo".
"Nosotros no tenemos ningún poder ejecutivo para aprobar la reducción del precio del agua, esto sólo lo puede hacer el alcalde de Cartagena, José López, en Junta de Gobierno donde además tiene garantizada la mayoría (con los miembros de MC) por su voto de calidad en caso de empate, pero hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano como oposición para que el Gobierno de Cartagena garantice que la propuesta que se envíe a la junta de precios de la Comunidad llegue con todas las garantías legales para que nadie pueda poner ningún reparo; o bien la propuesta del Ayuntamiento, y si no es posible, la propuesta de la concesionaria", ha explicado el portavoz local de Ciudadanos.
Ciudadanos quiere dejar claro que el acuerdo no supone en ningún caso un impedimento para continuar con la labor de fiscalización y control de la concesionaria, del coste del servicio o cualesquiera otras actuaciones que puedan producirse, así como de las decisiones que respecto del contrato de concesión se tomen.
A través del documento firmado por los portavoces de los grupos políticos que conforman el Gobierno, y con la firma del alcalde y la vicealcaldesa, "Ciudadanos consiguió que sea cual sea la propuesta que se envíe a la Comunidad ésta vaya acompañada del informe favorable de Intervención, el de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, además de los obligados informes económicos y de infraestructuras, ya que en esta formación entendemos que sólo así la oferta tendrá todas las garantías para que sea aprobada por la junta de precios.", ha explicado Manuel Padín que añade, "debe remitirse en un máximo de 30 días desde que fue rubricado". "Éstas son todas las garantías que un grupo municipal de la oposición puede exigir; más no podemos hacer, más es imposible", ha concluido el portavoz.

 Conclusiones de la mesa de la tarifa del agua


Por tercera vez se ha reunido la mesa de la tarifa del agua, en la que los técnicos municipales han expuesto sus trabajos a vecinos, empresarios, partidos políticos y sindicatos, al objeto de conocer su opinión sobre una propuesta de estructura tarifaria ajustada a estos trabajos antes de iniciar la tramitación del expediente administrativo para su aprobación.
A la mesa han acudido representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca Fernando Garrido, COEC, asociaciones de Hostelería y de Hoteles, la Manga Club, empresas del Valle de Escombreras, sindicatos, comité de empresa de Hidrogea y representantes de los grupos políticos municipales de la oposición, como Francisco Espejo, Manuel Padín y Pilar Marcos.
Por parte del Gobierno, ha presidido la reunión, el alcalde, José López, acompañado de la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, el concejal de Seguridad e Interior, Francisco Aznar, el concejal del Área de Descentralización, Juan Pedro Torralba, y la responsable de Hacienda y Contratación, Isabel García.
Igualmente se encontraba un nutrido grupo de técnicos municipales, encabezados por el director general de Infraestructuras, Manuel Nicolás, que ha explicado con detalle el procedimiento que se seguirá para la elaboración de la nueva tarifa tras recoger las consideraciones de esta mesa de la tarifa.
Cabe destacar la ausencia en la mesa de trabajo de los directivos de la empresa concesionaria Hidrogea, que si habían acudido a las anteriores reuniones.
La propuesta de nueva estructura tarifaria elaborada por los técnicos municipales permite ajustar el precio al consumo efectivo.
Otra cuestión expuesta ha sido la discrepancia sobre el coste real del servicio, diferenciando entre costes fijos y costes variables, que sirven de base para calcular las cuotas fijas y cuotas variables que pagan los usuarios.
Las conclusiones de esta mesa servirán para un sistema más justo y equitativo que supondría, según las estimaciones municipales, una rebaja media en el precio actual del agua de un 10 por ciento

Podemos considera que hoy es un "día de luto" para los humedales de nuestra Región

CARTAGENA.- La diputada regional, María Giménez, ha lamentado que el gobierno regional lance campañas como si en el Mar Menor "el mayor humedal que tenemos, no hubiera pasado nada. Es una auténtica desfachatez la actitud del Partido Popular en un tema tan sensible y con el que siempre intentan engañar a la ciudadanía".

Giménez ha calificado como "día de luto, día aciago" para la Región de Murcia este Día Mundial de los Humedales. Si bien, la diputada del Grupo Parlamentario Podemos, ha señalado que el gobierno del Partido Popular "ha aprovechado para hacer una lamentable campaña que nada tiene que ver con la realidad que vive el Mar Menor".
La parlamentaria regional ha recordado que gracias al colectivo ecologista, una misión del convenio Ramsar va a visitar la zona para evaluar "de manera independiente, cómo se encuentra nuestro mayor humedal. Aunque lo que tenemos muy claro es que si el gobierno regional realmente quisiese hacer algo por el Mar Menor, ya habría sacado a la luz el plan de gestión integral, que lleva más de dos años paralizado".
Por eso, "desde Podemos" ha insistido María Giménez, "exigimos que se apruebe esta herramienta que es la que nos puede permitir, de manera integral, gestionar los problemas de la laguna".
En este sentido, la diputada de Podemos ha recordado que la Asamblea Regional aprobó, a instancias de Podemos, una moción que exige al ejecutivo regional a que se declaren Zonas de Especial Protección los casi 40 LICS que quedan pendientes para que entren en vigor "a la mayor brevedad posible de sus obligatorios planes de gestión".

Los datos del paro de enero desmontan y contradicen el triunfalismo del Gobierno regional, según el PSRM

CARTAGENA.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Guillamón, manifestó que después del pequeño alivio que supuso el mes de diciembre para los datos del paro, el balance de los últimos seis meses no es nada positivo, ya que desde agosto de 2016 se han perdido un total de 2.734 empleos. Nuevamente, el mes de enero vuelve a arrojar cifras negativas con 883 parados más, "en una tendencia que contradice las declaraciones triunfalistas del Gobierno regional".

Guillamón indicó que esta cifra de desempleo se debe al mal comportamiento que ha tenido el sector servicios a la finalización de la campaña de Navidad y a la rescisión de los contratos temporales que se firmaron al efecto.
"Una vez más, queda patente la enorme dependencia de nuestro sistema laboral de este sector de actividad, y cobra especial relevancia la propuesta socialista sobre la necesidad de diversificar nuestra economía, prestando especial interés al desarrollo de otros sectores como la industria, que no dependan tanto de la estacionalidad".
Para el diputado socialista merece especial atención el hecho que, de nuevo, el paro femenino se encuentra 16,5 puntos por encima del masculino, lo que no contribuye en absoluto a disminuir la brecha de género que perdura en el mercado laboral.
El Grupo Parlamentario Socialista insiste también en la "enormemente baja" tasa de cobertura a las personas que se han quedado sin empleo, que se sitúa este mes en el 48,28% (4,5 puntos inferior a la tasa nacional). Es decir, más de la mitad de los desempleados de nuestra Región (60.760 personas) no reciben ningún tipo de protección.
"El Gobierno regional no puede permanecer impasible por más tiempo ante lo que supone un auténtico drama para tantas personas y familias". Por ello, considera que debe implementar políticas de empleo efectivas, dirigidas a este importante colectivo "que les ofrezcan una oportunidad ante un presente y un futuro tan incierto como el que viven".
Antonio Guillamón exigió al Gobierno del Partido Popular que despierte "de ese letargo conformista" en el que parece sumido y demuestre su preocupación por los miles de conciudadanos que viven situaciones de verdadera desesperación por falta de oportunidades.
"Un gobierno responsable ya hubiera diseñado, hace tiempo, actuaciones encaminadas a paliar las condiciones de vida a las que se ven abocadas muchas personas por no encontrar un empleo que les haga salir del pozo en el que se encuentran y poder sacar a sus familias adelante", concluyó.

C's solicita que las cofradías lorquinas gestionen los trabajos de las colgaduras en las tribunas de Semana Santa

LORCA.- El concejal de C's en el Ayuntamiento de Lorca, Antonio Meca, ha  presentado un escrito dirigido al alcalde, solicitando que los trabajos de las colgaduras de los faldones de las tribunas de Semana Santa, lo realicen las cofradías.

En los últimos años el Ayuntamiento se ha gastado más de 13.000 euros en estos trabajos y el edil pide  que este dinero, previsto también para 2017, sea entregado  como subvención a las cofradías y sean estas las que se encarguen de gestionar esos trabajos, buscando el mejor aprovechamiento de los recursos públicos.
El concejal explica así los motivos:” Hasta ahora el equipo de gobierno lo ha encargado a dedo a una empresa amiga sin pedir tres presupuestos y pagando unos sobrecostes aproximados del 400%,  cuatro veces su valor de mercado, que estaría en unos 3.000 euros. Pretendemos evitar ese escandaloso sobrecoste, y en vez de que el dinero pueda acabar en los bolsillos de los “ocho apellidos lorquinos”, se invierta en las propias cofradías, necesitadas de apoyo para mantener sus museos, bordadoras, etc, para el engrandecimiento de nuestra Semana Santa”.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Lorca se ha congratulado que el edil de Ciudadanos, Antonio Meca, aunque haya tardado 15 días en hacerlo, reconozca ya públicamente que no existe doble facturación en el montaje de los palcos de Semana Santa. Le ha costado, pero “nunca es tarde si la dicha es buena”.
Fuentes municipales han recordado que al Sr. Meca se le explicó detalladamente todo este asunto, pero optó por aparcar la verdad y “montar el circo”.
"Cabe recordar que el Ayuntamiento solo se encarga de adjudicar la ornamentación de los palcos (montaje, reposición y reparación de colgaduras, entre otras tareas), estableciéndose al efecto un Contrato Menor, estableciendo más requisitos de los exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público, en aras de mejor gestión de los recursos económicos municipales.
Queda claro, por tanto, que es rotundamente falso que este servicio se adjudique de forma directa, como también es falso que existan sobrecostes, puesto que se adjudica a la empresa que presenta la oferta más económica y ventajosa.
Esperemos que el Sr. Meca no tarde otros 15 días en rectificar estas falsedades, puesto que parece seguir empeñado en politizar hasta nuestra fiesta más sobresaliente".

'Ahora Murcia' pide al gobierno municipal que colabore activamente con la CARM para que el nuevo SUAP vea la luz

MURCIA.- Ahora Murcia ha pedido hoy al Gobierno municipal que se implique y colabore activamente con la Comunidad Autónoma para que el nuevo Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) para el municipio sea una realidad. 

Alicia Morales expresa que "aunque desde el Servicio Murciano de Salud (SMS) se ha anunciado que se va a llevar a cabo próximamente, la realidad nos muestra que el Ayuntamiento ha sido muy poco diligente cuando ha tenido que construir centros de salud". Por este motivo, el grupo municipal se ha dirigido por escrito al concejal de Salud para conocer cuál ha sido hasta ahora el papel del Consistorio para la construcción del nuevo SUAP y cuál va a ser a partir de ahora, además de saber qué ubicaciones maneja como alternativas.
La portavoz de Ahora Murcia destaca que este nuevo centro es una reclamación que los grupos de la oposición llevaron al Pleno del mes de julio, junto a otras demandas de recursos sanitarios para el municipio. "El SUAP es una de las necesidades que vienen reivindicando usuarios y colectivos profesionales de la Región y del municipio", señala Morales, "por lo que este anuncio es un logro para todos, pero ahora toca trabajar para que no quede solo en un anuncio, sino que los murcianos puedan disfrutar lo antes posible de esta infraestructura tan necesaria".
Morales recuerda que el PP se abstuvo ante la moción de la oposición que pedía una mejora en los recursos sanitarios del municipio, "a pesar de que nos encontramos ante una saturación insostenible, que los usuarios padecen y los medios de comunicación reflejan continuamente. Ante esta situación, el equipo de Ballesta no puede desaprovechar la oportunidad de incorporar una nueva infraestructura sanitaria".

Los campings de la Región registraron en diciembre la estancia media más alta del país, 18,9 días

MURCIA.- La Región de Murcia fue en diciembre la comunidad con una estancia media más alta en sus campings, 18,9 días, superior a comunidades como Valencia (16,5 días) y Andalucía (7,6 días), según la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Colectivos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los campings de la Región registraron 5.831 viajeros, un 2,6 por ciento más que en el mismo mes de 2015, lo que supone el mejor registro para diciembre desde que se tienen datos. Destaca el aumento del 17,5 por ciento en el número de campistas internacionales, que alcanzaron los 3.045.
El municipio de Cartagena, con un total de 58.692 pernoctaciones, se situó en el segundo lugar del ranking de los puntos turísticos con mayor número de noches de camping de España, tan sólo por detrás de Benidorm. Por su parte, Mazarrón ocupó la cuarta posición con 29.308 pernoctaciones.
En todo 2016, los campings de la Región alojaron a 132.291 viajeros, un 14,6 por ciento más respecto a 2015 (9,8 por ciento en España). El número de viajeros residentes en España, 85.522, aumentó un 18,1 por ciento y los residentes en el extranjero crecieron un 8,6 por ciento, hasta alcanzar la cifra récord de 46.769.
Ante estos datos, el director general del Instituto de Turismo, Manuel Fernández-Delgado, aseguró que "estamos de enhorabuena, ya que hemos cerrado un buen año turístico y, a partir de ahora, nuestro reto es seguir creciendo aún más".
 "Para ello, contamos con el impulso que aportará el cambio de estructura del sector, así como el de la legislación", añadió.
Los apartamentos turísticos regionales registraron el pasado diciembre la tercera estancia media más alta del país, 6,41 días, frente a la media nacional que fue de 6,1. En este período se alojaron 4.063 viajeros, un 21,1 por ciento más que en el mismo mes de 2015. Destaca el crecimiento de viajeros nacionales, que fue del 35,3 por ciento.
Asimismo, respecto al balance de diciembre en el conjunto de alojamientos extrahoteleros de la Región (apartamentos turísticos, casas rurales y campings) un total de 4.333 viajeros se registraron en ellos, una cifra un 21,4 por ciento superior a la de diciembre de 2015 (6,1 por ciento en España). El número de viajeros residentes en España creció un 23,6 por ciento y alcanzó los 4.249, frente al aumento del 4,9 por ciento del conjunto nacional.

'Cambiemos Murcia' acusa al Ayuntamiento de los nuevos impagos a la plantilla de Ayuda a Domicilio

MURCIA.- El concejal de Cambiemos Murcia Sergio Ramos ha criticado la "inacción" del equipo de Gobierno ante los nuevos impagos de las nóminas a los trabajadores y las trabajadoras de la empresa Ayuda a Domicilio, que a día de hoy aún no han cobrado las mensualidades completas de noviembre, diciembre y enero y las últimas dos pagas extraordinarias.

Ramos ha indicado que el Ayuntamiento no está haciendo nada para hacer frente al "incumplimiento sistemático" de los pagos por parte de la concesionaria, que percibe anualmente cinco millones de las arcas municipales para el mantenimiento del servicio e incluso recibe un trato prioritario por parte del Consistorio para evitar casos como este.
Además, el edil ha criticado que la única solución que ofrece el Consistorio es que los trabajadores y las trabajadoras, que siguen realizando su actividad laboral con normalidad, tengan que recurrir a solicitar ayudas sociales municipales para hacer frente a la situación de pobreza generada por los impagos de la empresa.
"Se trata de unas ayudas a las que solo acceden las personas que no tienen recursos, así que imaginemos qué situación están atravesando las personas afectadas", ha sostenido, tras recordar que el Consistorio, por culpa de la empresa, se ve obligado así a pagar dos veces, una a Ayuda Domicilio por el servicio y otra en concepto de prestaciones.
Asimismo, ha instado al Ayuntamiento a "acelerar el proceso de licitación del nuevo pliego de condiciones para evitar que el actual termine antes de firmar el nuevo", y ha denunciado las "actitudes dilatorias" por parte de la empresa al presentar información "sobredimensionada" de los cargos directivos, que legalmente no pueden ser subrogados al ser personal de la empresa y no del contrato.
Ramos también ha lamentado que se hayan cumplido sus peores pronósticos cuando, en septiembre de 2016, advirtió de que la multa de 200.000 euros impuesta por el incumplimiento del pliego de condiciones a la empresa solo provocaría más retrasos en las nóminas y propuso que fuese considerada como falta grave para rescindir el contrato y así adjudicarlo a otra empresa.

Un año de colapso para la cita previa del DNI, denuncia el sindicato CC OO

MURCIA.- CCOO denuncia que, un año después de que empezara el colapso, se mantiene la saturación del sistema de cita previa para DNI y pasaporte en la mayoría de las provincias españolas.La situación es tan grave que una persona que quiera renovar su documento para viajar en Semana Santa va a tener dificultades para conseguir cita previa a tiempo.

La Sección Sindical Estatal de CCOO en el Ministerio del Interior lamenta que la Dirección General de la Policía no haya tomado medidas eficaces para acabar con esta situación, que produce indefensión para las y los ciudadanos, que deben esperar más de dos meses para la renovación de su DNI y más de mes y medio para el pasaporte.
Por poner sólo algunos ejemplos, en la Región de Murcia la cita para el DNI está ya a primeros de abril en Cartagena, se acerca a finales del mes de marzo en las oficinas de Lorca y Yecla, y en Molina de Segura está a mediados de marzo.
CCOO lleva un año pidiendo una Oferta de Empleo Público excepcional para cubrir las más de 1.200 plazas vacantes de personal funcionario no policial en la DGP, que vendrían a casi duplicar la ocupación actual en las oficinas de expedición de documentación. Hace meses la Policía solicitó a Hacienda la incorporación de 504 funcionarios, sin que se haya vuelto a tener noticias al respecto.
Tampoco llega ese refuerzo mediante horas extraordinarias, una medida que se anunció en noviembre y que, lejos de aumentarse, se están reduciendo y eliminando de las oficinas con menos de un mes de espera en la cita previa, sin que esto suponga que se incrementen donde la cita está absolutamente colapsada. Un disparate si pensamos que se acerca ahora la "avalancha" de cara a Semana Santa. CCOO considera que "un retraso de un mes en este servicio es intolerable, más cuando la propia Policía establece como normal un plazo de 15 días de demora".
CCOO critica la última idea de los gestores de la Policía de aumentar las citas de 4 a 5 cada hora, algo que anunciaron en diciembre y que se implantará a partir de finales del próximo marzo. Eso reduce el tiempo que el personal público dedica a cada documento de los 15 a los 12 minutos. Cada expedición requiere unos 10 minutos si todo va bien: el ciudadano llega rápido a la mesa y no surge ningún problema. Pero si le falta documentación, fotografía o no trae el importe de la tasa, el tiempo necesario es mayor, por no hablar de los casos complicados, que requerirán citar a esa persona en otro momento para poder ser atendida. Todo ello en perjuicio de las y los ciudadanos, que seguirán sin recibir un servicio público de calidad, por no hablar de la pérdida de derechos que va a suponer para el personal.
"Estas circunstancias están ahondando más en el deterioro de este servicio público, un proceso que suele llevar a lo que la Administración llama 'externalización' del servicio y que en CCOO traducimos como privatización, algo que debía ser impensable cuando hablamos del documento que acredita la identidad ante la Administración y que contiene todos nuestros datos de filiación".
"Como colofón", añade CCOO, "la medida de permitir la renovación del DNI en los últimos 6 meses de vigencia en lugar de los 90 días actuales, recién anunciada, y que solo será efectiva para residentes en el extranjero y duplicados por deterioro, extravío o sustracción, se
ha explicado de manera confusa a los medios de comunicación. Desde CCOO recordamos que no se aumenta en seis meses la vigencia del DNI, sino que se podrá renovar hasta seis meses antes de que caduque".
Finalmente, desde CCOO lamentan la intervención del inspector José María Benito, portavoz del sindicato policial UFP, en El Programa de Ana Rosa emitido en Telecinco el 31 de enero, donde además de dar información errónea -aumento del tiempo de expedición del DNI 3.0 hasta los 20 minutos y produjo la citada confusión sobre el aumento de la caducidad-, se jactaba sobre la posibilidad de facilitar la renovación de su DNI a uno de los presentadores, diciendo: "Tienes que ir a renovar. Tú habla conmigo.". Una broma que es de bastante mal gusto cuando las ciudadanas y ciudadanos tienen que esperar dos meses para renovar sus documentos, pero que no nos suena raro porque es la política "de enchufes" de ciertos responsables policiales en los equipos de DNI. Una situación que CCOO ya ha denunciado en varias ocasiones ante los gestores de la DGP y del Ministerio del Interior.

La CHS plantea una actuación global para mejorar los márgenes del tramo medio del río Segura

MURCIA.- El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Miguel Ángel Ródenas, se ha reunido esta mañana con alcaldes y ediles de Molina de Segura, Las Torres de Cotillas, Archena, Lorquí, Ceutí y Alguazas. 

Durante el encuentro se ha abordado la necesidad de trabajar en la mejora de los márgenes del tramo medio del río Segura, concretamente entre Archena y la Contraparada. Los ayuntamientos han ofrecido su colaboración para lograr este objetivo.
Durante el encuentro de trabajo, la CHS ha planteado la intención de afrontar una actuación global de forma inmediata. Además, se han establecido cauces permanentes de colaboración para diseñar una estrategia común a medio y largo plazo en esta zona. El organismo de cuenca es consciente de la importancia estratégica del río Segura como elemento integrador de los municipios, así como de su valiosa función social y económica.
Además de velar por mantener la buena calidad de las aguas del río, la restauración del ecosistema fluvial del Segura es también un objetivo primordial de la Confederación. En este sentido la CHS coordina en la actualidad dos proyectos LIFE+ financiados por la Unión Europea para la recuperación del bosque de ribera, la eliminación de especies invasoras y la superación de las barreras a la migración de peces. Los alcaldes han solicitado la extensión de este tipo de actuaciones a sus municipios.

El Gobierno regional utilizará fondos europeos para el desarrollo de las ZAL de Murcia y Cartagena

MURCIA.- El Gobierno regional utilizará fondos europeos, que forman parte del Mecanismo Conectar Europa, para el desarrollo de las Zonas de Actividades Logísticas (ZAL) de Murcia y Cartagena como infraestructuras destinadas a absorber los volúmenes de tráficos de mercancías futuros del sureste español, tanto por carretera como ferroviarios y portuarios.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Pedro Rivera, subrayó que estos dos nodos logísticos regionales "forman parte de la Red Transeuropea de Transporte" y, por tanto, "son una prioridad del modelo de planificación de las redes de infraestructuras europeas, sobre los que hay que centrar los esfuerzos y la coordinación para fomentar la participación público-privada".
Pedro Rivera destacó que "la Región de Murcia tiene mucho que decir y aportar a las fases de planificación y ejecución de los proyectos prioritarios europeos en materia de infraestructuras y como beneficiario de los fondos del Mecanismo Conectar Europa".
En este sentido, indicó que la ZAL de Murcia ya cuenta con financiación europea para realizar los estudios y proyectos necesarios que permitirán su desarrollo, al tiempo que resaltó que el Gobierno regional solicitará fondos europeos, en la convocatoria Connecting Europe Facility (CEF) de la Unión Europea, para la ZAL de Cartagena.
Rivera explicó que esta solicitud de fondos "se acordó el pasado 13 de enero en la reunión de la Mesa de Trabajo de la ZAL de Cartagena" y que, en caso de obtener estos fondos, "la Unión Europea aportaría el 50 por ciento de los fondos y el resto se sufragará entre las consejerías de Fomento e Infraestructuras y de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, a través, del Instituto de Fomento, y la Autoridad Portuaria de Cartagena".
Rivera realizó ayer estas declaraciones en Barcelona durante la reunión del Grupo de Trabajo de Transportes y Política Marítima Integrada de la Comisión Intermediterránea, que asume la coordinación de las políticas sectoriales que afectan a medio centenar de regiones mediterráneas y que está adscrita a la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa (CRPM).
El consejero señaló que "la Región de Murcia tiene que estar en todos estos foros participando de manera activa y colaborando con otras regiones mediterráneas para la búsqueda de nuevas oportunidades para todos los murcianos".
En la reunión del Grupo de Trabajo de Transportes, liderado por la Región de Murcia, se actualizaron los planes de acción europeos en materia de transporte y se hará seguimiento de la implementación de las Redes Europeas de Transporte que afectan al Mediterráneo y en particular de los corredores del Mecanismo Conectar Europa, entre ellos, el Corredor Mediterráneo.
Asimismo, se mantendrá una participación activa en la revisión del Mecanismo Conectar Europa, a través de los cuales las regiones periféricas pueden recibir mayor financiación.
Otro punto a destacar de la reunión fue la definición de proyectos en los programas europeos que se ocupan de los temas de transporte y accesibilidad.

Bankia y BMN aceleran la devolución del dinero de las cláusulas suelo

MADRID.- Último parte en la ya decidida guerra de las cláusulas suelo: dos importantes bancos han aceptado de entrada la devolución del dinero cobrado de más. Y, curiosamente, se trata de las dos entidades que todavía están sometidas al control estatal: Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN), avanza hoy www.capitalmadrid.com

Han sido las primeras y, de momento, las únicas en anunciar que reembolsarán a sus clientes afectados por los ‘suelos’ hipotecarios el dinero cobrado de más. Sin más discusiones legales, con matices.
El resto, de mo­mento, se re­sis­ten, sa­be­doras de que el sis­tema ex­tra­ju­di­cial de re­cla­ma­ción pro­mo­vido por el Gobierno no es de obli­gado cum­pli­miento y pueden ganar tiempo mien­tras los afec­tados se en­redan en los trá­mites ju­di­cia­les.
Los bancos que se han ave­nido a de­volver las can­ti­dades ‘por las bue­nas’ tienen ta­maños muy di­fe­ren­tes. En el caso de Bankia, los per­ju­di­cados por las cláu­sulas suelo llegan a las cinco ci­fras: 60.000 per­sonas pueden acu­dir, a partir del 3 de fe­brero, a las su­cur­sales de la en­tidad para so­li­citar la de­vo­lu­ción de su di­nero.
A pesar de que el con­glo­me­rado pre­si­dido por José Ignacio Goirigolzarri llegó a pro­vi­sionar 200 mi­llones de euros para hacer frente a los po­si­bles gastos de­ri­vados de las de­rrotas en los tri­bu­na­les, se ha pre­fe­rido dar este paso por­que, en pa­la­bras del propio Goirigolzarri, “es la mejor forma de ali­near los in­tereses de los clientes con los de los ac­cio­nis­tas, porque mi­ni­mi­zamos los gastos ju­di­cia­les”.
BMN ya sigue la po­lí­tica de Bankia, mien­tras el Sabadell se en­roca BMN ofre­cerá un sis­tema de de­vo­lu­ción muy si­mi­lar, lo que re­sulta muy sig­ni­fi­ca­tivo te­niendo en cuenta las es­pe­cu­la­ciones que so­bre­vuelan a la en­tidad res­pecto a su po­sible in­te­gra­ción en Bankia. Los de Carlos Egea ci­fran en unos 80 mi­llones de euros la can­tidad total que ten­drán que res­ti­tuir a sus clien­tes.
La pos­tura del resto del sector fi­nan­ciero no es otra que la de aguantar en las trin­cheras y es­perar re­fuer­zos. Desde Caixabank afirman que están ana­li­zando la ma­nera de aplicar el sis­tema ex­tra­ju­di­cial pac­tado entre el Ejecutivo y la banca, aunque sus clientes ya pueden so­li­citar que sus ‘suelos’ sean so­me­tidos a es­cru­tinio por parte de los ex­pertos de la en­ti­dad.
La res­puesta del Banco Popular es pa­re­cida: sus es­pe­cia­listas están es­tu­diando cada so­li­citud in­di­vi­dual­mente a fin de ofrecer la so­lu­ción que es­time co­rres­pon­diente en cada caso. Hay que re­cordar que el sis­tema apro­bado por el Gobierno en ningún caso re­sulta obli­ga­torio para los ban­cos, que pueden de­cidir si de­vuelven el di­nero y cuánto de­vuel­ven.
Por su parte, BBVA, uno de los bancos que fue con­de­nado por la sen­tencia del Supremo de mayo del 2013 que a pos­te­riori llevó a la Justicia Europea a ful­minar las cláu­sulas suelo, está es­pe­rando a que el má­ximo ór­gano ju­ris­dic­cional es­pañol se pro­nuncie de nuevo sobre el dic­tamen del Tribunal de Justicia de la UE.
Por el con­tra­rio, la pos­tura del Sabadell ca­rece de am­bi­güe­da­des: los de Josep Oliu se han ‘echado al monte’ y avisan que cual­quier ne­go­cia­ción debe con­tem­plar la pre­misa de que sus cláu­sulas suelo son le­ga­les.

La Asamblea propondrá a Alfredo Montoya y María Luisa Balaguer al Tribunal Constitucional

CARTAGENA.- La Asamblea Regional propondrá al Senado en el pleno del próximo 9 de febrero a Alfredo Montoya (Madrid, 1937) y a María Luisa Balaguer (Almería, 1953) como candidatos al Tribunal Constitucional.

Montoya, propuesto por el PP, es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, diplomado en Estudios Americanos, y doctor 'honoris causa' por la Universidad Central del Este de la República Dominicana, la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y la Universidad de Murcia, en cuya Facultad de Derecho impartió clases.
Balaguer, postulada por el PSRM, es consejera del Consejo Consultivo de Andalucía, licenciada en Derecho por la Universidad de Granada en 1976 y doctora en Derecho por esta Universidad en 1983.
La candidaturas presentadas este jueves en la Junta de Portavoces saldrán adelante con los respectivos votos de los partidos proponentes, mientras que Podemos anunció que se abstendrá por no compartir el método de elección, misma opinión que mantiene Ciudadanos, que todavía no manifestó el sentido del voto. Tanto la formación morada como la naranja no presentaron candidatos.
El portavoz popular, Víctor Martínez, que anunció su propuesta en la primera Junta de Portavoces del periodo de sesiones, valoró el currículo de Montoya y su "vinculación" con la Región al ser profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia. "Mantenemos la cuota murciana", afirmó satisfecho.
Por su parte, el secretario general del PSRM, Rafael González Tovar, defendió la candidatura de Balaguer porque se materializa la apuesta de los socialistas por renovar el Tribunal Constitucional con mujeres.
En este sentido, la presidenta de la Asamblea Regional, Rosa Peñalver, pidió la semana pasada a los grupos, mediante una carta remitida a los cuatro portavoces, que presentaran candidatas a la votación debido al escaso número de magistradas con que contaba este órgano judicial.
Además, la Junta de Portavoces ordenó la actividad de la próxima semana, que será reducida debido a los congresos nacionales de Ciudadanos, que se celebrará el próximo fin de semana, y del PP y Podemos, que tendrán lugar entre el 11 y el 13 de febrero.
Por ello, el miércoles se convocó a la Comisión de Competencia Legislativa y el jueves sólo habrá sesión matinal del pleno, en el que, además de votar el candidato al TC, se aprobará la proposición de ley por la que se modifica la Ley de Puertos, que ha sido consensuada por PP, PSOE y Ciudadanos.
El orden del día incluye además la elección, por sustitución, de un miembro del Consejo de Administración de Radiotelevisión de la Región de Murcia y otro del Consejo de Transparencia.
Finalmente, el PP pidió adelantar el inicio de los plenos vespertinos de los jueves una hora, a las 16 horas, para ayudar a conciliar la vida laboral y personal de los diputados y el personal de la Asamblea Regional y de los grupos parlamentarios.

La CARM designa al profesor José Carlos Sánchez para negociar la financiación autonómica

MURCIA.- El economista y profesor de la Universidad de Murcia José Carlos Sánchez de la Vega será el representante de la Región de Murcia en el comité de expertos que debatirá el nuevo sistema de financiación autonómica. La creación de una comisión de especialistas fue aprobada en la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado 17 de enero en la que se acordó que cada comunidad autónoma aportase un representante para trabajar en el nuevo modelo.

El consejero de Hacienda y Administración Pública, Andrés Carrillo, explicó que la designación del profesor Sánchez de la Vega responde a su reputada experiencia en el estudio de las economías regionales. En el próximo debate de la reforma del sistema de financiación, "el Gobierno regional considera que el análisis debe partir del estudio de la realidad económica, del gasto público y necesidades de financiación de cada una de las comunidades autónomas".
La Comunidad lleva solicitando el cambio de financiación autonómica de manera insistente para que "se ponga en marcha cuanto antes un sistema justo y equitativo, que trate a la Región en función de las necesidades de gasto reales, basadas en criterios de población", apuntó Carrillo.
José Carlos Sánchez de la Vega es economista y profesor de la Universidad de Murcia en el Departamento de Economía Aplicada. Actualmente imparte la asignatura de Economía Española y Políticas Económicas. Es director del Barómetro del Colegio Oficial de Economistas y miembro del equipo de la Universidad de Murcia en el Proyecto de Modelización Regional Integrada Hispalink.

Adjudican la vigilancia del aeródromo de Corvera por 104.000 euros

MURCIA.-La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha adjudicado en 104.000 euros el concurso público que convocó para encargar el servicio de vigilancia y seguridad de las instalaciones del aeropuerto de Corvera.

La adjudicación, según se recoge en una resolución que aparecía publicada ayer en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) ha sido hecha a la empresa Grupo Securitas España, S.A.
El concurso salió a contratación con un presupuesto base de licitación fijado en 128.000 euros.
Hay que recordar que el aeródromo de Corvera está terminado y a estrenar, a la espera de poder abrirlo. La autoridades esperan que el turismo a la Región se potencie aún más al contar con esta infraestructura.

Cuatro murcianos en las listas de Iglesias y Errejón para Vistalegre II

MURCIA.- El activista murciano de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, José Coy, y el diputado nacional por Murcia de Podemos, Javier Sánchez Serna, forman parte de la lista del secretario general del partido morado a la dirección del partido en su segunda Asamblea Ciudadana nacional en Madrid.

Por su parte, la lista del secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, para el Consejo Ciudadano estatal que se elegirá en el pabellón deportivo Vistalegre el 11 y el 12 de febrero incluye al secretario general de Podemos en Cartagena, José Escarabajal, y a Lisbeth Angélica Miranda, del círculo regional Feminismos y del local de Alhama de Murcia, informan fuentes del partido.

En la lista de Iglesias figuran su jefa de gabinete, Irene Montero, en el número dos, seguida del economista Vincenç Navarro, en el tres, y a continuación la vicepresidenta cuarta del Congreso, Gloria Elizo, el secretario de Organización, Pablo Echenique, y diputados como Noelia Vera y Rafa Mayoral, así como el exjefe del Estado Mayor de la Defensa, Julio Rodríguez.

En los primeros puestos de la de Errejón para el Consejo Ciudadano estatal están la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, el juez Juan Pedro Yllanes, y los responsables de Igualdad, Clara Serra, e Internacional, Pablo Bustinduy.

Agua virtual para todos / Ángel Montiel *

La cosa consiste en que vas en tu coche en dirección a Almería, y a la salida del túnel bajo el Castillo de Lorca apareces en los Carnavales de Río de Janeiro. Iker Jiménez y su equipo de Cuarto Milenio denominan a este frecuente fenómeno como teletransporte. Es algo tan socorrido que el Gobierno de Murcia buscó en su día una aplicación autóctona relacionada, cómo no, con el urbanismo.

Consistía en que vas y compras un rodalito de monte poblado de pinos y después se lo permutas al Ayuntamiento correspondiente por unos terrenos urbanizables guay del Paraguay (de ahí lo del teletransporte) en los que elevar unos pisitos muy apañados, a veces incluso con un plus de edificabilidad si se recurría a la figura del convenio, consistente en suplir la obligada inversión pública en farolas o en cualquier otro equipamiento social por una ´mejora´ en las obras privadas que alcanzara al interés general.

Cualquiera diría que esto se asemeja al timo, pero no: era política urbanística, básicamente la que aplicó el gobierno municipal de Miguel Ángel Cámara en Murcia para disfrute, goce y beneficio de los promotores amiguetes, valga la redundancia. Sin embargo, había un problema que dificultaba los pelotazos.

Y es que todo proyecto de urbanización precisa de unos informes preceptivos para la garantía de los recursos básicos de suministro, sobre todo del agua. Y era un organismo estatal, durante casi ocho años en manos del PSOE-ZP, la Confederación Hidrográfica del Segura, el que tenía que aprobar la viabilidad de los nuevos proyectos de desarrollo, teletransportados o no.

¿Cómo esquivar ese molesto trámite, casi siempre adverso por enfadosos condicionantes técnicos? Alehop. El Gobierno regional de Valcárcel decidió ingeniar el Ente Público del Agua, un chiringuito a medida que facilitaba las licencias de urbanización con más generosidad que los exhibicionistas regalan caramelos a las puertas de los colegios.

Así fueron aprobadas, como denuncia el grupo municipal de Ahora Murcia, más de 112.000 viviendas en un buen puñado de urbanizaciones distintas, que las sucesivas sentencias del Tribunal Supremo han desautorizado. Resulta curioso que el mismo partido que reprocha al Gobierno catalán que promueva medidas que desbordan sus competencias e invaden las del Estado operara durante años en Murcia con una actitud similar en lo que respecta a la normativa urbanística, es decir, creara sus propias leyes para fintar las estatales, aunque, como es natural, hayan resultado finalmente inválidas.

Casos como el de Fernando Berberena, la voz cantante de la urbanización Joven Futura, afectada por la aprobación virtual del suministro de agua, son muy expresivos. Pasó de acudir a la ventanilla municipal por el lado de los promotores a ponerse del otro lado, el oficial, una vez que fue fichado por Cámara como concejal de Urbanismo, con las consecuencias que todos conocemos como resultado de su vergonzante gestión en tantísimos aspectos.

Y a pesar de que estas evidentes incompatibilidades desde el punto de vista político fueron señaladas desde el principio, por lo menos desde esta columna, todo transcurrió durante un largo tiempo como si respondiera a la normalidad, hasta que se empezaron a ver las colecciones de relojes y cuadros y las partidas de dominó en barcos innombrables.

La pregunta que corresponde ahora es: ¿quién se hace cargo de la estafa a los propietarios de esas casas, quién ha de dar la cara, aunque sean caras de cemento armado, por una gestión política y urbanística en la que el agua era un elemento virtual?

Nadie, claro. Como siempre.


(*) Columnista





http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/02/02/agua-virtual/802627.html

La raíz de la corrupción / Ramón Cotarelo *

En el post de ayer, titulado Corruptópolis, Palinuro comentaba tres asuntos de corrupción en España y vergonzosas y/o ruines actuaciones del presidente Rajoy: el nombramiento de su amigote Arsenio Fernández de Mesa como consejero de la Red Eléctrica (150.000 € al año), puesto para el que tiene tantos merecimientos como para ser director de la Guardia Civil, su cargo anterior: ninguno. Solo su amistad con Rajoy y su canina lealtad a este. 
 
La incapacidad para pedir perdón a los familiares de las víctimas del Yak 42 que lo fueron por la imperdonable actuación del gobierno en el que él, Rajoy, era vicepresidente. El insólito homenaje póstumo que se tributó a Rita Barberá, con el mismo Rajoy (el que la echó del partido) cantando sus alabanzas. A los familiares, no, pero a Rita Barberá, sí. Todo ello coronaba un jornada en la que PP y C's impedían la mísera subida de 1,2% de las pensiones, mientras el PSOE, que lo pacta todo con este gobierno, no hacía nada.

El post era un florilegio de la corrupción que caracteriza a la España actual bajo el PP, una corrupción generalizada, estructural, procedente de un gobierno cuyo presidente está acusado de haber cobrado sobresueldos en negro y cuyo partido es considerado por algunos jueces como una "asociación para delinquir".

Me quedé pensando en que este fenómeno de corrupción generalizada, descarada, desvergonzada (repásense los vídeos de Rajoy, Trillo, Bárcenas y resto de esta cuadrilla), tenía que tener alguna explicación racional. No podía ser una plaga divina, sin causa terrena aparente. Y creo haberla encontrado. A vér qué opinión merece.

Mariano Rajoy Brey nació en 1955. Él y sus tres hermanos (dos chicos y una chica) sacaron unas de las oposiciones más difíciles del Estado (registradores y notarías) a la primera y apenas terminadas sus carreras. 
 
Hay quien relaciona estos milagros con el hecho de que fueran hijos de Mariano Rajoy Sobredo, el magistrado que presidía la Audiencia Provincial de Pontevedra cuando se juzgó el famoso escándalo del aceite de Redondela en la primera mitad de los setenta, un proceso lleno de misterios, con siete muertes escasamente investigadas y menos aclaradas y en el que aparecía mezclado el hermano del dictador, Nicolás Franco, quien ni siquiera fue llamado a declarar. 
 
El juicio terminó sin pena ni gloria, condenándose a unos años de cárcel a tres pichichis y dejando todo lo demás sin aclarar, incluido el destino de millones de litros de aceite de los que nunca más se supo. Todo lo anterior y más lo encontrará el lector en el documentado artículo de Eusebio Lucía Olmos, titulado  ¿Fue Mariano Rajoy un lumbrera o simplemente un beneficiario directo del caso 'redondela'"?

Luego, Rajoy no debió de ejercer su profesión ni tres años pues ya en 1981 lo encontramos activo en Alianza Popular (nombre anterior del PP) y diputado del Congreso en 1982. Desde entonces, hace ya 35 años, no ha abandonado la actividad política como presidente de diputación, ministro, vicepresidente del gobierno y actual presidente, secretario general del partido y también actual presidente de este. O sea, un político profesional con una formación escasísima (basta con oírlo y ver lo que lee) y prácticamente ninguna experiencia laboral que no sea intrigar para conseguir los cargos. 
 
No es pues exagerado considerar que al frente de los destinos del país se encuentra un absoluto mediocre que solo prospera en los tejemanejes políticos de los partidos. A la conocida idea de la sociología funcionalista estadounidense de mediados del siglo XX de que las sociedades industriales se rigen por el principio de la meritocracia, Rajoy contrapone una larga práctica demeritocrática.

Y es lógico. Nadie que ascienda por encima de sus dotes, cualidades y esfuerzo tolera a otros en torno suyo que puedan hacerle sombra. Los necesita más mediocres, más inútiles, con menos escrúpulos que él y completamente entregados a su voluntad pues, si no se benefician de los arbitrarios nombramientos del jefe, no son nada.

Ahora repásense los nombramientos de Rajoy desde siempre. ¿Se busca en ellos la experiencia, la competencia, la capacidad, la voluntad de trabajo, o basta con ser amigo y gozar de la confianza del jefe para ascender meteóricamente aunque no se sepa nada de trabajo (Báñez), de sanidad (Mato), de educación (Wert), de energía e industria (Soria), de seguridad (Fernández Díaz), de la Guardia Civil (Fernández de Mesa), del ejército (Cospedal), etc.? Y ese ejemplo se extiende de arriba abajo por la pirámide del Estado y se reproduce en todos los niveles, en los que se entregan competencias a gentes que carecen de ellas y solo se distinguen por su obediencia ciega y su afición a incurrir en comportamientos presuntamente delictivos y muy enriquecedores. En España, en política, y gracias a Rajoy, no se selecciona a la gente por su mérito sino por su entrega y su demérito.

Y esa es la raíz de la corrupción general imposible de atajar porque, milagrosamente (tan milagrosamente como la carrera política de Rajoy) la raíz está en la copa del árbol. 


(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Europa aumenta su desconfianza en el inicio de la Era Trump / Antonio Sánchez-Gijón *

Antes de que el presidente Trump acabe de desarrollar la nueva política internacional de los Estados Unidos, y sin temor a cualquier rechazo o crítica por su parte, algunos agentes internacionales se han apresurado a cometer lo que en diplomacia se conoce como ‘faits accomplis’. Dos ejemplos: uno lo encontramos en la región separatista del este de Ucrania, y el otro en el territorio de Palestina ocupado por Israel.

Conociendo la vo­luntad ma­ni­fiesta del pre­si­dente electo Trump, de man­tener las me­jores re­la­ciones con el pre­si­dente Putin, y su pro­bable dis­po­si­ción a re­visar las san­ciones im­puestas por el pre­si­dente Obama a Rusia por su anexión de Crimea, los re­beldes del este de Ucrania lan­zaron la pa­sada se­mana una ofen­siva contra la ciudad de Avdiivka, en la pro­xi­midad del te­rri­torio re­belde, que aún du­raba mien­tras los dos lí­deres ha­blaban por te­lé­fono des­pués de la inau­gu­ra­ción de Trump.

Avdiivka es una po­bla­ción de unos 20.000 ha­bi­tan­tes, que había sido li­be­rada de los re­beldes en 2014. Con el apoyo de Rusia, los re­beldes de la re­gión del Donbas man­tienen desde hace dos años un go­bierno in­de­pen­diente, en guerra civil contra Kiev. Ambas partes de­nun­ciaron haber su­frido de­cenas de bajas mi­li­ta­res, con la muerte de diez ci­viles de la ci­tada ciu­dad. El con­flicto ya ha cau­sado cerca de 10.000 bajas mor­ta­les.

A co­mienzos de esta se­mana Israel anunció la cons­truc­ción de 3.000 nuevas vi­viendas en la Ribera Occidental del Jordán, un te­rri­torio ocu­pado que de­bería ser re­ser­vado para un fu­turo es­tado pa­les­tino in­de­pen­diente. Trump ha ma­ni­fes­tado con fre­cuencia su apoyo al mo­vi­miento de co­lonos is­rae­líes. Desde que Israel ocupó esos te­rri­to­rios en 1967, 600.000 co­lonos se han asen­tado en ellos. El nú­mero total de vi­viendas au­to­ri­zadas por el primer mi­nistro Netanyahu en las úl­timas se­manas pasa de las seis mil.

El mismo Trump es res­pon­sable de otro hecho con­su­mado, con gran re­per­cu­sión mun­dial: la sus­pen­sión tem­poral de la en­trada en el te­rri­torio de Estados Unidos de per­sonas pro­ce­dentes de siete países a las que se había con­ce­dido do­cu­mentos vá­lidos de ad­mi­sión, de tal forma que mu­chos tu­vieron que volver a su lugar de origen desde los ae­ro­puertos nor­te­ame­ri­ca­nos. Varios cen­te­nares de per­sonas se vieron afec­tadas por esta prohi­bi­ción, entre los que sin duda ha­bría mu­chas que se ju­garon la vida en Iraq, Siria, Somalia, etc., por co­la­borar con las fuerzas nor­te­ame­ri­canas como in­tér­pretes o es­pías. Estas per­sonas po­dían hasta ahora en­trar al país con el es­tatus legal de no-­ciu­da­da­nos, previo a su en­trada en las fuerzas ar­madas o con­di­cio­nal­mente a la ciu­da­da­nía.

¿Perfidia in­versa?
Desde un punto de vista mo­ral, esa de­ci­sión de Trump equi­vale a lo que po­dría­mos, con ima­gi­na­ción, ca­li­ficar de ‘perfidia in­ver­sa’. En el Derecho Internacional Humanitario se ca­li­fica de ‘perfidia’ usar signos ex­ternos pro­te­gidos in­ter­na­cio­nal­mente, por ejemplo el sím­bolo de la Cruz Roja o la ban­dera blanca, con la in­ten­ción de per­pe­trar un ataque por sor­presa. En el caso de los co­la­bo­ra­dores de las fuerzas ar­madas de los EE.UU, re­cibir pro­mesas de em­pleo y ofertas de ciu­da­danía por ayu­darlas en cam­paña, equi­vale a que esa per­sona tenga de­recho a la pro­tec­ción que se le ha ofre­cido, y con esa con­fianza es como llegan a Estados Unidos los an­ti­guos co­la­bo­ra­dores ex­ternos de sus fuerzas ar­ma­das. Es de­cir, se otorga una in­mu­nidad o de­re­cho, que se ve sus­pen­dido de re­pente. Lo mismo vale para al­gunos ti­tu­lares de ‘tarjetas ver­des’, que otorgan el de­recho a en­trar y salir del te­rri­torio ame­ri­cano, cuya en­trada se ha visto frus­trada.

Alguien en el en­torno del nuevo equipo pa­rece haber seña­lado al nuevo pre­si­dente lo le­siva que po­dría ser su orden eje­cu­tiva de no ad­mi­sión de ex­tran­jeros y sus fa­mi­lias, para los in­tereses y la se­gu­ridad de los Estados Unidos, ya que daría pá­bulo a de­nun­cias del Estado Islámico, al-­Qaida, etc., y tam­bién de Irán y otros paí­ses, sobre lo pe­li­groso que es co­la­borar con al­guien tan poco de fiar como los Estados Unidos. Esta re­fle­xión pa­rece haber mo­vido a la Casa Blanca a anun­ciar que los casos de 872 per­sonas afec­tadas por la orden se­rían re­vi­sados tan pronto como fuera po­si­ble.

En las pocas se­manas trans­cu­rridas desde que ganó las elec­cio­nes, Trump ha de­jado un rastro de des­con­fianza o des­con­cierto entre gru­pos, per­sonas e ins­ti­tu­ciones que im­portan mu­chí­simo a la se­gu­ridad de los Estados Unidos y a la de sus alia­dos. Uno de esos ras­tros apunta a una co­mu­nidad sin cuyo au­xilio un pre­si­dente es­taría a cie­gas: la co­mu­nidad de Inteligencia. Desde antes in­cluso de su cam­paña pre­si­den­cial, Trump mostró su des­con­fianza o des­dén. Por ejem­plo, la CIA, el Consejo Nacional de Seguridad y el FBI. En los Estados Unidos hay en total 16 agen­cias de se­gu­ri­dad.

El 6 de enero, Michael Morell, que fue sub­di­rector de la CIA, pu­blicó un ar­tículo en el New York Times, en que la­men­taba que el pre­si­dente ata­cara a la agen­cia, para verter elo­gios sobre ella al día si­guiente. En un in­tento de sanar he­ri­das, un día des­pués de jurar el cargo Trump se di­rigió a 400 agentes de la CIA, de­di­cando una buena parte de su dis­curso a en­salzar sus pro­pios mé­ritos como hombre de ne­go­cios, por su in­te­li­gencia y por haber sido va­rias veces por­tada de la re­vista Time. A Michael Hayden, an­tiguo di­rector de la Seguridad Nacional y de la CIA, se atri­buye haber pre­gun­tado: ‘Si lo que se aporta no se usa o no se quiere, o se tacha de sos­pe­choso o co­rrupto, ¿con qué au­to­ridad moral podrá el di­rector poner en riesgo a sus agen­tes?’

Europa, preo­cu­pada
Dos de las de­cla­ra­ciones más so­noras de Trump (al menos en esta parte del Atlántico) han en­cen­dido luces ro­jas, como la crí­tica a la can­ci­ller ale­mana por su po­lí­tica de re­fu­gia­dos, que es bá­si­ca­mente la adop­tada por la Unión Europea, y la de­no­mi­na­ción de la OTAN como una or­ga­ni­za­ción des­fa­sada (‘obsolete’). También está su de­nuncia de la in­dus­tria ale­mana como ma­ni­pu­la­dora del euro para hacer más ba­ratas sus ex­por­ta­cio­nes, y su anun­cio, en el dis­curso inau­gu­ral, de una po­lí­tica pro­tec­cio­nista.

Esta re­tó­rica em­paña, sin em­bargo, algo que los eu­ro­peos de­be­rían en­tender con cla­ri­dad: la de­bi­lidad de su con­tri­bu­ción a la de­fensa co­mún, que carga a los Estados Unidos con un costo ex­ce­sivo para la de­fensa de Europa.

El acer­ca­miento de Trump a Gran Bretaña, cuyo Brexit ha ala­bado, sus­cita re­celos sobre un hi­po­té­tico eje Washington-Londres que le per­mi­tiría des­co­nocer la exis­tencia de la Unión Europea como un rasgo fun­da­mental de la so­li­da­ridad tras­atlán­tica. Su fe­li­ci­ta­ción por el hecho de que el Reino Unido haya de­ci­dido aban­donar la UE pa­rece su­gerir que no vería mal la di­so­lu­ción del bloque po­lí­ti­co-e­co­nó­mico.

El pre­si­dente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ex­presó, en una carta a los jefes de go­bierno de los 27 países de la Unión, su preo­cu­pa­ción por el hecho de que “los Estados Unidos pa­recen haber puesto en cues­tión se­tenta años de la po­lí­tica ex­te­rior ame­ri­ca­na”.

Más an­siedad van a sentir los seis países (Armenia, Azerbayán, Belorusia, Georgia, Moldavia y Ucrania) que se li­be­raron hace años de su su­je­ción a la Unión Soviética, y que llevan años a la es­pera de dos ob­je­ti­vos, an­he­lados con di­versos grados de in­ten­si­dad: su in­te­gra­ción o aso­cia­ción con la Unión Europea, y su coope­ra­ción con la Alianza Atlántica como es­cudo contra cual­quier pre­ten­sión re­vi­sio­nista, o pre­sión di­recta, de Putin.

La po­sible re­vi­sión por Trump de las re­la­ciones Washington-Moscú tam­bién pone, como no podía ser de otra forma, el foco sobre las re­la­ciones par­ti­cu­lares de España con los Estados Unidos. Quede esto para cuando se per­ciban los pri­meros in­di­cios.



(*) Periodista