Así consta en el documento que ha publicado el Senado en su Portal de
la Transparencia que detalla los nombres de los 181 senadores que por
el contrario sí han solicitado esa indemnización, por un monto total de
8.345,16 euros por senador, el equivalente al sueldo que habrían cobrado entre la disolución del
Senado el pasado 3 de mayo y las elecciones generales del 26 de junio.
No obstante, no todos los senadores tienen derecho a esta ayuda, ya
que los 71 parlamentarios que permanecen en la Diputación Permanente no
han causado baja y por tanto siguen cobrando sus emolumentos con
normalidad.
Han pedido este ingreso todos los miembros del grupo Podemos-En Comú-Compromís-En Marea y los de Democracia y Libertad; también todos los socialistas salvo Rosa María López Alonso (electa por Salamanca), todos los de ERC salvo Josep Rufá (electo por Tarragona) y los del Grupo Mixto salvo Tomás Marcos, de Ciudadanos y parlamentario autonómico en la Comunidad de Madrid.
Los diez que han renunciado a esta ayuda son del PP. Entre ellos se encuentra la ex alcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, así como los secretarios de Estado de Igualdad, Susana Camarero, y de Educación, Marcial Marín, que no podían hacerlo porque cobran el sueldo de sus ministerios.
Tampoco la han solicitado el exalcalde de Almería Luis Rogelio Rodríguez Comendador, las exdiputadas Arenales Serrano (Valladolid) y Marta Torrado (Valencia), Esther Basilia del Brío (Salamanca), Salomé Pradas (concejal en el Ayuntamiento de Castellón), María Isabel Sánchez Torregrosa (teniente alcalde del Ayuntamiento almeriense de Huercal-Overa) y Eugenio Jesús Gonzálvez (presidente de una mancomunidad y de un consorcio de Almería).
Han pedido este ingreso todos los miembros del grupo Podemos-En Comú-Compromís-En Marea y los de Democracia y Libertad; también todos los socialistas salvo Rosa María López Alonso (electa por Salamanca), todos los de ERC salvo Josep Rufá (electo por Tarragona) y los del Grupo Mixto salvo Tomás Marcos, de Ciudadanos y parlamentario autonómico en la Comunidad de Madrid.
Los diez que han renunciado a esta ayuda son del PP. Entre ellos se encuentra la ex alcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, así como los secretarios de Estado de Igualdad, Susana Camarero, y de Educación, Marcial Marín, que no podían hacerlo porque cobran el sueldo de sus ministerios.
Tampoco la han solicitado el exalcalde de Almería Luis Rogelio Rodríguez Comendador, las exdiputadas Arenales Serrano (Valladolid) y Marta Torrado (Valencia), Esther Basilia del Brío (Salamanca), Salomé Pradas (concejal en el Ayuntamiento de Castellón), María Isabel Sánchez Torregrosa (teniente alcalde del Ayuntamiento almeriense de Huercal-Overa) y Eugenio Jesús Gonzálvez (presidente de una mancomunidad y de un consorcio de Almería).
Además, el Reglamento de pensiones parlamentarias y otras
prestaciones a favor de los exparlamentarios establece que esta
indemnización es incompatible con la percepción de cualquier otra
retribución pública o privada.
La última nómina de los exsenadores fue la de mayo, que sumaba el sueldo correspondiente a los días que mantuvieron el cargo (la disolución fue el día 3) más la parte proporcional de la paga extraordinaria de junio.
Después, los que han querido han solicitado esa indemnización de transición. No se cobra de forma automática por el hecho de que las Cortes se disuelvan sino que hay que pedirla. El plazo se cerró el pasado 17 de mayo y el Senado ha hecho públicos hoy los datos.
La indemnización de transición es incompatible con cualquier otra retribución con cargo a un presupuesto público, ni de institución, ente, organismo o empresa dependiente de una administración, y tampoco se puede cobrar si se tiene un sueldo privado, salvo los que son compatibles con la actividad parlamentaria.
Los senadores de la próxima legislatura comenzará a generar un sueldo al día siguiente de las elecciones, el 27 de junio, aunque no lo cobrarán hasta que se constituya el nuevo Senado y ellos tomen posesión del cargo, en julio.
La última nómina de los exsenadores fue la de mayo, que sumaba el sueldo correspondiente a los días que mantuvieron el cargo (la disolución fue el día 3) más la parte proporcional de la paga extraordinaria de junio.
Después, los que han querido han solicitado esa indemnización de transición. No se cobra de forma automática por el hecho de que las Cortes se disuelvan sino que hay que pedirla. El plazo se cerró el pasado 17 de mayo y el Senado ha hecho públicos hoy los datos.
La indemnización de transición es incompatible con cualquier otra retribución con cargo a un presupuesto público, ni de institución, ente, organismo o empresa dependiente de una administración, y tampoco se puede cobrar si se tiene un sueldo privado, salvo los que son compatibles con la actividad parlamentaria.
Los senadores de la próxima legislatura comenzará a generar un sueldo al día siguiente de las elecciones, el 27 de junio, aunque no lo cobrarán hasta que se constituya el nuevo Senado y ellos tomen posesión del cargo, en julio.
En el Congreso, el sistema de indemnizaciones de transición es algo
distinto al del Senado, ya que se trata de un único pago de dos
mensualidades completas.
Esta indemnización tampoco afecta a los 60 miembros titulares y 60
suplentes de la Diputación Permanente, el máximo órgano en periodos
inhábiles, quienes no causan baja y, por tanto, también continúan
percibiendo sus retribuciones sin cambios hasta la constitución de las
nuevas Cámaras pasadas las elecciones.
La Mesa del Congreso acordó también que los diputados pudieran
quedarse durante este periodo con los teléfonos y las tabletas nuevas
que se les facilitaron al inicio de la XI legislatura, aunque con el
compromiso de su devolución si no resultan elegidos en los comicios del
26 de junio.
No obstante, si algún diputado que no repita en la próxima
legislatura desea quedarse con el teléfono o la tableta, se le ofrecerá
su venta "a precio de mercado" ya que se encuentran prácticamente
nuevos.
