Ni aprenden ni escarmientan. Porque ni quieren aprender ni les importa
el escándalo ni el castigo en las urnas, las condenas judiciales o,
mucho menos, los daños irreparables al medio ambiente. Hablo del
proyecto de Paseo Ribereño que, elaborado por la empresa pública del
agua, Acuamed (ministerio de Agricultura) desarrolla el ayuntamiento de
Cieza cofinanciado con la Unión Europea, habiendo adjudicado las obras,
por encomienda, a la también empresa pública Tragsa (grupo Sepi), que se
ha lanzado con toda la furia sobre el río y sus riberas porque las
obras deben estar finalizadas el 31 de diciembre.
El convenio
cerrado entre el ayuntamiento de Cieza y Acuamed presenta claros vicios
de forma y fondo, con un espeso tinte prevaricador, ya que las
obligaciones aceptadas por el primero comprometen seriamente las arcas
municipales y, además, las cargan con obligaciones futuras, mantenimiento, proyectos adicionales, sobrecostes, que la corporación
anterior (mayoría absoluta del PP) debiera haber rehusado y que la
corporación salida de las elecciones de mayo debiera haber bloqueado,
denunciado y llevado a los tribunales en su día, ya que atenta expresa y
fervorosamente contra la economía municipal (sorprende la actitud del
alcalde actual, que pretende eludir capacidades y responsabilidades
atribuyendo todo a la iniciativa del Estado).
Esas obligaciones, en gran
medida innecesarias y que llevan el sello de esa venalidad financiera
que con tanta profusión viene escandalizando a la Región, podrán
acercarse al millón de euros (si no hay sorpresas), contando con el 20%
de las obras, los intereses de un parcial, pero obligado, endeudamiento y
los ´imprevistos´ que el convenio adjudica al erario local. Inocultable
resulta, pues, la pinta del caso: el saqueo del contribuyente.
El
proyecto pertenece, también, a ese género de ocurrencias que, so capa
de necesidad (en este caso, el adecentamiento de las riberas del río) en
realidad está orientado al beneficio de alguien que busca posteridad y
brillo con una obra vistosa y cara que, ante el riesgo de que resultase
inviable por el cambio político local, se decidió unos días antes de las
elecciones de mayo, dejando a los siguientes el marrón, la hipoteca y
las habituales sorpresas (que, como sabemos los murcianos, suelen
traducirse en costes públicos de impacto demoledor).
Más los
costes ambientales porque, parece mentira que todavía rijan obras
brutales y antiecológicas, lesivas para el río y su complejo „a la vez
que sagrado„ ecosistema. Porque, contra los elementales y bien probados
criterios ecológicos de actuación, siempre relacionados con obras
mínimas, precisas y meditadas que generalmente resultan más útiles y
capaces de mejorar situaciones alteradas, se siguen prefiriendo los
proyectos espectaculares, caros y perturbadores. Se nos aparece una y
otra vez el espíritu necrófilo de las peores Icona e Iryda, esta última
especializada en arrasar ecosistemas fluviales y cuyo estilo sobrevive
(por cierto, el proyecto actual incluye playas fluviales artificiales,
cuando las naturales ya fueron destruidas por obras de los años 80).
Nos
hayamos de nuevo ante esas empresas de proyectos o constructoras, sin
sensibilidad ni objetivos ambientales, y menos si pertenecen a ese
entorno burocrático, productivista y socialmente ambiguo de las empresas
públicas que al mismo tiempo son sociedades anónimas («para dar
agilidad en la gestión a las obras estatales», se ha dicho siempre como
justificación del engendro, una trampa que las instituciones se hacen a
sí mismas, y tan contentas). Vuelven a la carga esas empresas que,
dedicadas al medio ambiente, derrochan incompetencia, brutalidad y hasta
mala leche, cuya tecnología es sumaria y expeditiva, a base de
maquinonas de alta eficacia económica que someten exitosamente a la
naturaleza y la esterilizan, generando problemas tan innecesarios como
bien conocidos.
Lo de menos, aunque no sea disculpable, es que no
se haya elaborado estudio o declaración de impacto ambiental algunos, ya
que la legislación de los últimos años (rácana con la protección,
permisiva con los bárbaros) ha excluido de la necesidad de aplicar este
instrumento mínimamente protector a obras de este tipo; porque lo
realmente grave es lo que ahora mismo hace Tragsa: destruir y maltratar
la obra que el propio río desarrolla, con el tiempo, para su protección y
la del entorno (incluyendo la ciudad de Cieza), y que esencialmente
consiste en la vegetación de ribera, con el cañaveral y su complejo
florístico, que no es sustituible por nada mejor. Mucho menos por esas
escolleras, agresivas y que resumen, con el eslogan de ´regenerar el
río´ o ´sanear las riberas´, una ideología brutal y analfabeta,
destinada a crear problemas futuros ya que responden a un odio profundo a
la naturaleza viva. La escollera y su superficie lisa nada tienen que
ver con la irregularidad del cortejo de vegetación de ribera, que frena
natural y eficazmente las avenidas y las (legítimas) salidas de tono del
río.
Estas obras aniquilan, además, la memoria vital, familiar y
colectiva de los ciudadanos, que se ven forzados a enfrentare a
espectáculos sórdidos de demolición, arrasamiento y recreación de
realidades nuevas, sin relación con el pasado y provocadoras de
desolación e ira; que responden, dicen sus promotores, a necesidades
nuevas, a ´demandas ciudadanas´ que hay que atender (?)
Tampoco
podía faltar el acompañamiento de detalles de cepa escandalosa; como la
actuación de Fernando Tamayo, hijo del exalcalde y él mismo exconcejal y, pista a seguir, exempleado de Tragsa (la empresa adjudicataria, sin
concurso, de estas obras nefandas), cuya labor de embaucamiento con
buena parte de los vecinos a los que había que expropiar también ha
resultado eficaz.
(*) Ingeniero, politólogo y profesor universitario
