MURCIA.- El responsable de Medio Ambiente del PSRM,
Enrique Ayuso, afirma que la noticia recogida en un medio de
comunicación regional sobre las dificultades económicas de la empresa
Aria, adjudicataria del proyecto de la Bahía de Portmán -que ha entrado
en concurso de acreedores-, "es un mazazo, es indignante que vuelva a
ponerse en riesgo la regeneración de la bahía".
En su opinión, "las dificultades económicas de la empresa ponen de
manifiesto los riesgos de dejar en manos exclusivamente privadas un
interés tan público como es la regeneración de la Bahía de Portmán",
según han informado fuentes socialistas en un comunicado.
Ayuso considera que la suspensión de pagos de Aria abre serias
dudas sobre su solvencia económica para acometer unos trabajos de la
envergadura de Portmán.
"Por ello, los socialistas exigimos al Gobierno de la nación, así
como a los gobiernos regional y municipal que den la más absoluta
garantía de la viabilidad económica de la empresa que asuma los trabajos
antes de dar las autorizaciones necesarias", ha añadido.
"Queda demostrado que es insuficiente el aval exigido por el
Gobierno central a la empresa adjudicataria de las obras, y se corre el
riesgo de no tener garantías de la regeneración final de la bahía y todo
quede en una explotación mineral mientras ésta sea rentable", añadió.
Según el responsable socialista, "no nos podemos permitir que se
adjudiquen unos derechos de explotación a una empresa privada y que, por
problemas económicos, deje paralizados los trabajos y se quede la bahía
sin posibilidad de regenerar en el futuro".
Por ello exige a los responsables de Medio Ambiente del Gobierno
central, al consejero Cerdá y alcalde de La Unión "que den la cara sobre
lo que está ocurriendo y expliquen las garantías para evitar que el
proceso de regeneración ambiental quede empantanado".
Finalmente, Ayuso recordó que el proyecto de regeneración
ambiental de la Bahía de Portmán del Gobierno socialista de 2011 tuvo el
acuerdo de vecinos, asociaciones ambientales, partidos políticos e
instituciones; recibió una declaración de impacto ambiental favorable y
contó con un presupuesto de 80 millones de euros "retenidos y
fiscalizados en cuatro anualidades" que fueron suprimidos en el primer
año del Gobierno de Rajoy.