miércoles, 2 de julio de 2014

Un guardia civil murciano, Domingo Martínez, nombrado secretario general de la Casa del Rey


MURCIA.- El murciano de Cieza, Domingo Martínez Palomo, general de división de la Guardia Civil, ha sido nombrado secretario general de la Casa de Su Majestad el Rey según ha confirmado la web oficial de la Casa Real.

Martínez Palomo nació en Cieza el 8 de febrero de 1954. Está casado y tiene dos hijos. Se incorporó a la Guardia Civil en 1973 y, tras superar el curso selectivo, ingresó en la Academia General Militar en 1974, siendo promovido al empleo de teniente de la Guardia Civil en 1978.

Estuvo destinado en diferentes Unidades: Comandancia de Las Palmas, Subsector de Tráfico de Castellón, Academia de la Agrupación de Tráfico y Servicio de Seguridad de la Casa de S.M. el Rey.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado el VI Programa de Liderazgo para la gestión Pública en el IESE y el LI Curso Monográfico de Defensa Nacional en el CESEDEN.

Por Real Decreto 654/1996, de 18 de abril, fue nombrado jefe del Gabinete de Planificación y Coordinación de la Secretaría General de la Casa de SM el Rey, cargo que desempeñó hasta junio del 2014.

Por Real Decreto 533/2014, de 20 de junio, fue promovido al empleo de general de división de la Guardia Civil y por Real Decreto 566/2014, de 27 de junio de 2014, fue nombrado secretario general de la Casa de Su Majestad el Rey.

Admiten la personación de IU-Verdes en el caso Novo Carthago

MURCIA.- El juez instructor del caso Novo Carthago, que investiga un presunto caso de corrupción urbanística alrededor de este macroproyecto que se iba a levantar en terrenos próximos al Mar Menor, ha admitido la personación en las diligencias de IU-Verdes.

La resolución señala que la solicitud de personación como acción popular fue presentada por el procurador de los tribunales José Julio Navarro en representación de José Antonio Pujante y Cayetano Jaime Moltó, coordinador regional y portavoz en el ayuntamiento de Cartagena, respectivamente, de dicha formación política.

Como abogado de IU-Verdes intervendrá Joaquín Dólera, que a partir de ahora tiene acceso a todas las diligencias practicadas en el proceso y a cuantas se desarrollen en el futuro.

Por otra parte, el instructor no se ha pronunciado sobre la personación solicitada por el abogado Diego de Ramón hasta que acredite la representación que dice ostentar.

Martínez Moya, presidente del TSJ, a favor de la máxima reducción de aforados

LORCA.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, Juan Martínez Moya, se ha mostrado partidario de una "máxima reducción" del número de aforamientos "tanto cuantitativa como cualitativa", en relación con el tipo delictivo que se viene persiguiendo.

Durante un acto en el Colegio de Abogados de Lorca, y a preguntas de los periodistas, Martínez Moya ha puesto de relieve que en el caso de los diputados regionales aforados "solo deberían estarlo, si así se establece en el Estatuto de Autonomía de Murcia, para el delito cometido como diputado regional, pero no si es alcalde o en otro tipo de actividad".

Por ello ha opinado que la limitación de la figura jurídica del aforado "debe ser máxima, como sucede con los jueces, magistrados y fiscales, que tienen aforamiento solo en el ejercicio de sus cargos, no en el resto de su actividad externa a lo jurisdiccional".

"En ese aspecto es en el que hay que poner el foco de atención", ha insistido el presidente del TSJ de Murcia, "en la reducción del aforamiento solo y exclusivamente cuando se trata del ejercicio en el cargo que justifica el aforamiento".

Sin embargo ha manifestado que no ha habido "abuso" de esa figura jurídica y ha atribuido el elevado número de aforados en España a "una tradición legal", aunque ha considerado que "es necesario reducir esos aforamientos sobre todo cualitativamente".

Sobre este aspecto "prácticamente existe un consenso unánime", ha dicho Martínez Moya que se ha remitido al informe del Consejo General del Poder Judicial que "plasma con meridiana claridad la necesidad de reducir el aforamiento".

Martínez Moya también ha señalado que la figura del aforado puede entrar en colisión, a veces, con la aplicación del principio de igualdad procesal de las partes pero ha aclarado que "no supone impunidad" para el aforado.

El consejero Pedro Antonio Sánchez declarará a mediados de julio sobre la compra de su vivienda

MURCIA.- El exalcalde de Puerto Lumbreras, consejero regional de Educación, Cultura y Universidades, así como 'delfin' frustrado, Pedro Antonio Sánchez, prestará declaración a mediados de julio en la causa abierta por la compra de su vivienda en aquella población.

El magistrado que instruye la causa en el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) atiende así la solicitud de Sánchez, que hace unos meses pidió formalmente prestar declaración para colaborar con la justicia y para el esclarecimiento de los hechos.

El exalcalde será interrogado sobre la forma en que se llevó a cabo la compra de su vivienda y sobre los medios que utilizó para hacer frente al pago de su importe.

Sánchez ya aportó una serie de extractos de sus cuentas bancarias al magistrado instructor, pero éste reclamó oficialmente esos datos a los bancos emisores.

Una vez recibida la documentación requerida, el consejero ha sido llamado a declarar para los próximos días.

El nombre de Valcárcel sale a relucir en el interrogatorio al consejero Antonio Cerdá

MURCIA.- El nombre del anterior presidente de Murcia y actual europarlamentario Ramón Luis Valcárcel ha planeado durante parte del interrogatorio al que ha sido sometido el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, imputado en el caso de presunta corrupción urbanística Novo Carthago.

Varias de las preguntas formuladas por el instructor del caso, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Región Manuel Abadía, han ido dirigidas a saber si una reunión celebrada en la sede de la presidencia del Ejecutivo autónomo en la que se habló del proyecto había sido convocada por Valcárcel.

Igualmente, Abadía ha preguntado al consejero qué hacía en aquella ocasión en la sede de la Presidencia el letrado Ángel Luna, que representaba a la inmobiliaria Hansa Urbana, promotora del proyecto urbanístico, que contemplaba la construcción de 10.000 viviendas, campos de golf y hoteles de lujo en suelo parcialmente protegido.

Durante el interrogatorio, que se ha prolongado por espacio de casi una hora, el juez le ha preguntado si se recibió en la Consejería de la que es titular un regalo de Rafael Galea, presidente de Hansa Urbana, dirigido a él, y si el mismo "tuvo billete de ida y vuelta o solo de ida".

Sobre este particular, Cerdá ha manifestado en el acta que "recibió un regalo y decidió devolverlo, que cree que eran unos gemelos, pero no sabe quién lo mandó, ni a quién se devolvió; que lo devolvió a la dirección que venía en el regalo, aunque en este momento no sabe cuál era la dirección".

Cuando ya había terminado el interrogatorio con las preguntas de su defensa, el instructor retomó el tema para advertir al consejero de la importancia que tenía que precisara "el nombre y dirección del funcionario al que ordenó la devolución del regalo", aunque Cerdá ha insistido en que no puede acordarse.

Ante esta situación, el instructor le ha indicado que si lo recuerda lo puede poner en conocimiento suyo a través del abogado defensor.

Al comienzo del interrogatorio, Abadía ha mostrado su sorpresa por el hecho de que la Comisión de Impacto Ambiental en la que se habló de Novo Carthago fuese convocada en la sede de la Presidencia del Ejecutivo autónomo, y no en la propia consejería, que es su sitio natural.

"¿Acaso tiene usted poder para disponer de las estancias y habitaciones de la Presidencia de la Comunidad Autónoma?", le ha dicho el juez instructor.

Sobre este extremo, ha manifestado que la orden de celebrarse en ese lugar la dio él, porque uno de los técnicos integrantes de la misma tenía otra reunión el mismo día en esa sede.

"Fue una reunión que no convocó el presidente de la Comunidad", ha explicado, "además de que fue informal".

"¿Es cierto -ha añadido el magistrado- que el presidente de la Comunidad Autónoma les recibió a Ángel Luna y a usted previamente en su despacho y que por eso se desplazaron allí, para ratificar ante Luna el placet del presidente de la Comunidad a la urbanización de Hansa Urbana y para mostrar a la Comisión que el proyecto contaba con el apoyo del presidente?".

La interrogante ha sido contestada por el consejero en el sentido de manifestar que "nunca le ha pedido nada el presidente de la Comunidad".

Sobre la orden de reinicio del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) que aprobó, Cerdá ha señalado que siempre creyó más conveniente la recalificación urbanística de los terrenos por ser más conveniente un uso recreativo que seguir dedicándolos al regadío extensivo, por tratarse de suelos "altamente contaminados por metales pesados que podían pasar a la cadena alimentaria".

El consejero de Agricultura y Agua ha explicado en otro momento de su declaración que el proyecto Novo Carthago "era uno más de los muchos que entraban en la Consejería, y que los técnicos siguieron -en su tramitación- el mismo camino que en los demás casos, sin que el declarante acelerara ni desacelerara nada en absoluto".

Bascuñana se acoge a su derecho a no declarar por Novo Carthago

MURCIA.- El delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, ha optado este miércoles por acogerse a su derecho a no declarar ante el magistrado instructor del caso Novo Carthago, que se encuentra bajo investigación judicial y por el que tanto él como el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, se encuentran imputados por un presunto delito de prevaricación.

El primero en llegar al Palacio de Justicia ha sido Cerdá, quien lo ha hecho a las 10.15 horas y muy "tranquilo". A su salida ha dicho que ha colaborado con la Justicia.

No obstante, a preguntas de los periodistas sobre si se le mantiene la imputación ha dicho desconocer, a lo que ha añadido que si fuera por él "no estaría aquí".

Se trata de la tercera vez que declara Cerdá ante el juez instructor del caso Novo Carthago, Manuel Abadía. La imputación en esta causa se prolonga durante un año, desde que el 18 de julio del pasado año el instructor decidiera abrir diligencias para investigar su actuación en Novo Carthago.

La primera vez que declaró fue en septiembre y en una segunda ocasión fue citado el 28 de abril de este año para un careo por "contradicciones" entre su declaración y la de M.J.R.A. sobre una reunión en el Ejecutivo murciano.

Por su parte, el delegado del Gobierno, que no ha declarado ante el juez, ha dicho que se encuentra bien y se ha remitido a sus abogados. Bascuñana ha llegado pasadas las 11.35 horas y ha salido unas dos horas después, acompañado por el secretario general de la Delegación del Gobierno, Fernando Mateo.

En todo momento, tanto Cerdá como Bascuñana han eludido detenerse para hacer declaraciones a los medios de comunicación.

Censura del PSRM

El secretario de Comunicación del PSRM, Emilio Ivars, ha afirmado este miércoles que el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, al "haberse negado" a declarar ante la Justicia por su imputación en el caso Novo Carthago, "da la impresión de que tiene algo que ocultar".

Ivars considera que la actitud del actual delegado del Gobierno "rompe con la norma de colaboración con la Justicia de la que tanto presume el PP, y defrauda a los ciudadanos en su derecho de conocer con transparencia las actuaciones de sus representantes políticos".

Para el responsable socialista, "es imprescindible que Bascuñana dé explicaciones, pues tiene la obligación como alto cargo y miembro del Gobierno regional que era durante los hechos acaecidos en su día y que están siendo investigados por la Justicia".

 "Bascuñana tiene la obligación de aclarar las cosas, de dar explicaciones", ha insistido.

Y es que, según Emilio Ivars, "la actitud de esconderse y de no dar explicaciones ante la Justicia de Bascuñana es incompatible con el desempeño de su responsabilidad actual como alto representante del Gobierno de España en la Región".

Finalmente, Ivars ha señalado que este miércoles, además de la presencia de Bascuñana ante la Justicia, y la del actual consejero Antonio Cerdá, ambos por el caso de Novo Carthago, "al PP se le juntaron otros dos asuntos: la comparecencia también ante el juez del alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, y el hecho de que la Asamblea Regional se pronuncie sobre si la alcaldesa de Pliego, Isabel Toledo, ya condenada por prevaricación, siga siendo diputada regional".

El alcalde de Torre Pacheco advierte que eran los funcionarios "los encargados de velar por la legalidad"

CARTAGENA.- El alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, ha advertido este miércoles en el juicio por supuestas adjudicaciones a dedo que eran los funcionarios del Ayuntamiento "los encargados de velar por la legalidad" de los procesos de contratación que se iniciaban en el municipio.

El juicio ha comenzado esta mañana a las 10.45 horas en la sección quinta de la Audiencia Provincial con sede en Cartagena. Junto a García Madrid se han sentado en el banquillo el concejal de Urbanismo, Santiago Meroño; el exconcejal de Deportes y actual edil de Sanidad y Descentralización, José Saura; el interventor del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Miguel Pérez y el arquitecto de la empresa al que se le adjudicaban los proyectos, F.C.

Todos ellos, según las calificaciones del Ministerio Fiscal, están acusados de adjudicar contratos menores por un importe cercano a los 777.000 euros sin el expediente de contratación. El Ministerio Fiscal advierte que a partir de los 12.000 euros era preceptivo un expediente de contratación, además de un concurso público, pero que los cuatro acusados decidieron acudir a este procedimiento de adjudicación denominado contrato menor. Para el fiscal estos hechos son constitutivos de un delito continuado de prevaricación.

Uno de los interrogatorios más cortos ha sido el del alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, quien ha desmentido que él fuera el encargado de ponerse con el arquitecto de la empresa Píxel para adjudicarle los contratos. Según ha explicado, sus funciones solo se remitían a firmar los documentos contables, que después aprobaría la Junta de Gobierno del ayuntamiento. "Eran los concejales los encargados de ponerse en contacto con el arquitecto para encargar sus servicios. El alcalde no interviene en la parte administrativa, solo en la firma de las nóminas", ha asegurado el regidor.

A preguntas del fiscal José Luis Díaz, el alcalde también ha negado conocer la normativa sobre contratación pública, a pesar de ser abogado de profesión. Se ha justificado aduciendo a que cuando trabajaba como abogado sus actuaciones se remitían a pleitos civiles y penales.

"No conozco nada de la ley de contratación pública, corresponde a los funcionarios velar por la legalidad de esos contratos y siempre se han hecho esos contratos de la misma forma", ha añadido García Madrid. De esta forma el alcalde ha querido explicar que durante los once años que lleva en la alcaldía han realizado los mismos procedimientos de contratación "que hizo la corporación municipal anterior a nosotros".

Dicha explicación la ha realizado con más claridad el interventor municipal, Miguel Pérez, quien ha indicado que los contratos que se adjudican a arquitectos "hay una ley que dice que son proyectos intelectuales y que estos no hace falta abrirlos a concurso público, como sí sucede con otros de obras".

Los concejales que se han sentado en el banquillo junto al alcalde de Torre Pacheco también han coincidido con él en el hecho de que ellos tampoco se pusieron en contacto directo con el arquitecto de la empresa al que le adjudicaban los proyectos.

"Eran los técnicos los encargados de llamarle y de realizar todas las gestiones oportunas. Nosotros solo expresábamos que había una necesidad en el municipio y los técnicos nos decían cómo se podía hacer y le dábamos el visto bueno. No conocíamos en aquel entonces nada sobre contratación pública", han sostenido tanto el edil de Urbanismo como el que en 2005 gestionaba la cartera de Deportes y ahora se encarga de Sanidad y Descentralización.

Las adjudicaciones se realizaron por un importe cercano a los 770.000 euros y son relativas al polideportivo de los Dolores, el frontón municipal de Torre Pacheco, el velódromo, una pista de atletismo, el campo de fútbol, el Centro de Educación Musical, el Centro Integral de Seguridad, el de Artes Escénicas, el de Desarrollo Local y el Plan Estratégico Itineris.

El plan Itineris es un proyecto que, según ha explicado el concejal de Urbanismo, Santiago Meroño, comenzó con distintas actuaciones en cuatro vías principales del municipio entre las que destacan la avenida Juan Carlos I, la avenida de la Estación y la avenida Fuertes. "Fue el arquitecto el que después de desarrollar estos trabajos nos propuso realizar el proyecto Itineris, que consistía en trazar un itinerario entre estas avenidas para que estuvieran interconectadas", ha expuesto Meroño.

En el interrogatorio, los concejales han señalado que aparte de al arquitecto de la empresa mencionada, también se hicieron encargos a otros arquitectos e ingenieros, si bien el proyecto Itineris lo realizó exclusivamente F.C. por ser "idea suya".

Por dicho proyecto, F.C. emitió en el año 2005 seis facturas al Ayuntamiento. Cuatro correspondientes a las avenidas que modificaron previamente al desarrollo del proyecto Itineris, una quinta sobre el proyecto en general y la última corresponde a las memorias de los trabajos realizados.

Tanto los concejales, como el interventor y el arquitecto implicados en este supuesto caso de prevaricación sostienen que "lo que se hizo fue legal y un buen trabajo". Si bien, al fiscal y a la defensa le ha chocado el hecho de que las facturas emitidas por el arquitecto rozaran siempre el límite de 12.000 euros, por las cuales sí se podían considerar obras menores. "En ningún momento fraccioné las facturas ni en el Ayuntamiento me fijaron un precio inicial", ha aclarado el arquitecto F.C.

El arquitecto ha explicado que él fijaba el precio de las facturas que debía emitir al Ayuntamiento en base al número de horas que habían realizado los trabajadores de su empresa para terminar los proyectos que se les habían encargado. "Salió 11.900, pero también podía haber salido más dinero", ha dicho.

El Fiscal pide para el alcalde, los concejales y el interventor diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un presunto delito de prevaricación para cada uno de ellos, así como el desempeño de cargos directivos o representativos en cualquier empresa pública. Para el arquitecto se pide una pena de seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

El juicio continuará mañana con las declaraciones de los testigos y concluirá este viernes, 4 de julio, con las pruebas periciales.

La Asamblea inicia el procedimiento para estudiar si se mantiene el acta de diputada regional a Isabel Toledo

CARTAGENA.- El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín López Pagán, ha mostrado su satisfacción de que finalmente este miércoles la Comisión del Estatuto del Diputado de la Asamblea Regional haya dado luz verde a iniciar el procedimiento para estudiar si la diputada popular y alcaldesa de Pliego, Isabel Toledo, debe abandonar su escaño en el Parlamento Autónomo, tal y como había solicitado el Grupo Parlamentario Socialista.

López Pagán mostró su esperanza de que los trámites se lleven a cabo con celeridad y se resuelva lo antes posible "por el bien de la democracia". La Asamblea ha acordado realizar un informe jurídico sobre el tema y pedirá al Tribunal Superior de Justicia el testimonio de la sentencia de condena a la diputada popular, según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

Cabe recordar que la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia condenó a Toledo y a su predecesor en el cargo, Juan Guillén González, a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público como autores de un delito de prevaricación continuado, al considerar que no pusieron remedio, como era su obligación, a la contaminación acústica por ruidos y vibraciones que originaba un local del municipio y que provocaba molestias a un vecino.

El número de desempleados en la Región baja en 1.510 personas el mes pasado

MURCIA.- El número de desempleados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (Inem) en la Región de Murcia al término del mes de junio se situó en 137.412, lo que supone un descenso de 1.510 personas respecto a mayo, según datos difundidos este miércoles por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En términos relativos, el descenso del paro en el mes de junio en la Región fue del 1,09 por ciento respecto al mes de mayo. El desempleo disminuyó en términos interanuales, de forma que en los últimos 12 meses bajó en Murcia en 13.320, un 8,84 por ciento menos, el cuarto mayor descenso por comunidades y frente al descenso del 6,59 por ciento nacional.

La afiliación media a la Seguridad Social pierde 3.734 empleados en la Región

MURCIA.- La afiliación media a la Seguridad Social en la Región de Murcia se situó en junio en 500.895 personas, lo que supone en términos absolutos un descenso de 3.734 con respecto al mes anterior (-0,74 por ciento), según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En términos medios la afiliación creció en 12.665 personas en los últimos 12 meses (+2,59 por ciento), impulsada por el Régimen General y el Régimen de Autónomos.

De las 500.895 personas, 406.056 pertenecen al Régimen General, 93.757 al Régimen de Autónomos, 1.082 a Trabajadores del Mar y ninguno a Minería y Carbón.

En el caso concreto del Régimen General, está integrado por el sistema especial agrario, con 70.284 trabajadores; el régimen de Empleadas de Hogar, con 12.114; y el general, con 323.659.