miércoles, 25 de junio de 2014

El juez Gómez Bermúdez entra ahora a saco en el segundo nivel ejecutivo de la CAM


MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha citado a declarar a partir del próximo lunes a dos nuevos imputados y 14 testigos en la causa en la que investiga la responsabilidad de la antigua cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo en la quiebra de la entidad.

El magistrado mantenía imputados por el momento, por presuntos delitos societarios, estafa y manipulación del precio de las cosas, a cinco altos cargos del banco --su expresidente Modesto Crespo y los exdirectores generales María Dolores Amorós y Roberto López , el ex director de Recursos Vicente Soriano y el de Planificación Teófilo Sogorb-- por llevar a la entidad a un "debilitamiento extremo" en "beneficio propio".
En una providencia cita ahora a declarar como imputados al que fuera director general de Inversiones y Riesgos de la caja Francisco Martínez García y al ex director general de Liquidez y Financiaciones Propias Juan Luis Sabater.
El magistrado ha tomado esta decisión a la vista de las alegaciones presentadas por Sogorb que indicó, en un escrito presentado el pasado mes de mayo, que la auditoría y contabilización de los riesgos y dotaciones para la formulación de las cuentas de 2010, no dependía del área que él dirigía sino de las direcciones de Martínez y Sabater.
Ha citado, además, a declarar como testigos al responsable del área de gestión de la morosidad de la caja Antonio Gisbert y de la aprobación de riesgos Manuel Lerma.
Sogorb recordaba en su escrito que la formulación de las cuentas de aquel año tuvo lugar coincidiendo con el proceso de integración del denominado Sistema Institucional de Protección (SIP) y la creación del Banco Base, formada por la CAM , Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura.
La fusión fría fracasó en marzo de 2011, momento en el que las asambleas de Cajastur, Caja Cantabria y Caja de Extremadura se opusieron a unirse a la vista de la ruinosa situación de la CAM. 
Los otros 12 testigos citados por Gómez Bermúdez están relacionados con este proceso que se prolongó desde septiembre de 2010, momento en que tomó vigencia el contrato de integración del SIP, hasta la creación en diciembre de 2010 del Banco Base. Durante este plazo hubo una cesión de la soberanía de los órganos directivos de las cajas que pasó a manos del Comité de Integración del SIP.
Entre ellos se encuentra Manuel Menéndez, actual presidente-consejero delegado de Liberbank, que ocupó el cargo de director general de Banco Base y actuó como consejero delegado con plenas facultades de este Comité.
También declarará el inspector del Banco de España José María Ruiz; el responsable de Planificación y Presupuestos de Banco Base, Jesús Ruano, procedente de Cajastur; el responsable de la Contabilidad de Banco Base Miguel Angel Barra, procedente de Caja Extremadura; y el director de Información Financiera Salvador Ochoa.
Acudirán, además, como testigos el director del área de seguros del Grupo Mediterráneo Vida SA Juan Jesús Gómez Gómez, el administrador del FROB Benicio Herranz, los que fueran directores de gestión de Recursos Humanos de la CAM Eduardo Severá y Bernardo Chuliá y el coordinador del SIP José Luis Martín.
Gómez Bermúdez tomará también declaración a los miembros de la auditora KPMG Julio Alvaro y Javier Muñoz.
La CAM fue intervenida el 22 de julio de 2011 por el Banco de España tras acumular unas pérdidas de más de 1.000 millones en los seis primeros meses del año. Tras la quiebra, el organismo regulador aportó 2.800 millones de euros y nombró al FROB como su administrador provisional.

Parece inminente el relevo de Bascuñana al frente de la Delegación del Gobierno

MADRID/CARTAGENA.- El relevo de Joaquín Bascuñana como delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia parece inminente, según fuentes de Interior y Moncloa.

La decisión se habría tomado, incluso, antes de ser imputado debido a los alarmantes informes remitidos desde Murcia al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien se enteró poco después de nombrarlo, a propuesta de Valcárcel, de su delicada situación judicial a medio plazo. Ambos lo han agradecido por escrito y contestado a los remitentes.
Si antes el propio interesado no presenta su dimisión (que podría ser mañana jueves), el relevo podría tener lugar en el próximo Consejo de Ministros de este viernes, siempre según las mismas fuentes, o a lo sumo, en el siguiente después de declarar ante el magistrado instructor del 'caso Novo Carthago' en la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.
El portavoz de IU-Verdes, José Antonio Pujante, ha advertido este miércoles en la Asamblea Regional que con la reciente imputación del delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, por el caso Novo Carthago se está produciendo una "descomposición institucional" del PP en la Región de Murcia.
   Asimismo, ha considerado que Bascuñana debería presentar su dimisión "o que Rajoy firme su cese como delegado del Gobierno".
   Pujante también ha pedido al presidente del PP en la Región, Ramón Luis Valcárcel, explicaciones por el caso de Novo Carthago "ya que fue él el que en su día dio amparo a este tema".
 En referencia a la alcaldesa de Cartagena y diputada nacional, Pilar Barreiro, a la que el magistrado ha dado la opción de acudir a declarar voluntariamente por el mismo caso, Pujante piensa que "debería acudir a declarar y si se mantiene la causa, presentar su dimisión".

Garre desmiente que en la Región se vayan a quedar niños sin comer tras el cierre de los colegios

CARTAGENA.- El presidente de la Comunidad, Alberto Garre, ha negado esta tarde en una sesión de control al Gobierno celebrada en la Asamblea Regional que ningún niño murciano se vaya a quedar sin comer y ha adelantado que la Consejería de Sanidad y Política Social está preparando un plan de choque para este verano para paliar el efecto del cierre de comedores escolares.

   Los grupos de la oposición han tenido que repreguntar en varias ocasiones al presidente de la Comunidad sobre las medidas que pensaba poner en marcha para paliar la pobreza infantil porque "se empeña usted en echarnos la culpa de esta cuestión y no nos da una respuesta concreta a lo que preguntamos", le han reprochado en repetidas ocasiones los portavoces de PSOE e IU-Verdes.
   Las preguntas de ambos grupos iban enfocadas sobre el mismo tema. El PSOE le ha inquirido sobre hasta cuándo el gobierno pensaba mantener las políticas "que castigan a los más débiles y provocan más desigualdad y pobreza", mientras que IU-Verdes se ha interesado por las medidas "urgentes" que plantea llevar a cabo el gobierno "para corregir las dramáticas consecuencias de que el 26,8 por ciento de los murcianos viven por debajo del umbral de pobreza".
   Garre ha insistido en que la responsabilidad de los grupos de la oposición en la pobreza que se vive en el país. "¿Piensan ustedes que soy capaz de dejar a un murciano menor sin comer? Lo que ha dado lugar a esta situación es una crisis internacional que alguien negó", ha dicho a los grupos al tiempo que les ha pedido que asuman su parte de responsabilidad.
En cuanto a las medidas que piensa poner en marcha la consejería este verano no las ha concretado, lo que sí ha indicado es que la consejera de Política Social, Catalina Lorenzo, se pondrá en contacto con los ayuntamientos para dar respuesta al problema y que los menores no se queden sin comer este verano con el cierre de los comedores escolares. "Habrá comunicación entre la consejería y los colegios", ha afirmado.
   Durante el debate, el portavoz de IU-Verdes, José Antonio Pujante, y la portavoz de PSOE, Begoña García Retegui, han destacado que en Murcia ya hay 100.000 personas que padecen pobreza crónica y los indicadores reflejan que se está cerca del 30 por ciento de la pobreza general. "Murcia está por encima de la media nacional y debería ser una prioridad atacar la pobreza infantil, ya que somos el segundo país de Europa en pobreza infantil por detrás de Rumanía", ha destacado Retegui.
   Además, Garre ha aportado datos como que el gobierno está destinando 6,5 millones para la renta básica, 840.000 euros para ayudar a menores y 220 millones para pagar las facturas a las empresas.

El PP inicia un expediente informativo sobre la imputación de Bascuñana en el caso 'Novo Carthago'

CARTAGENA.- El Partido Popular de la Región de Murcia ha iniciado un expediente informativo sobre la imputación del delegado del Gobierno en la Región, Joaquín Bascuñana, en el caso 'Novo Carthago', proyecto urbanístico bajo investigación judicial en el marco de una presunta trama de corrupción.

   Así lo ha manifestado el viceportavoz del PP en la Asamblea, Víctor Manuel Martínez, tras conocerse que el juez del caso Novo Carthago ha imputado a Bascuñana, indagará en su patrimonio y le ha citado a declarar la próxima semana.
En este sentido, Martínez ha informado que el partido le ha pedido a Bascuñana que entregue la información pertinente para estudiarla dentro del Comité de Derecho. "Una vez examinemos la información podremos obrar en consecuencia", ha advertido el popular.
   Además, ha solicitado al responsable de la instrucción del caso "diligencia y celeridad, ya que ya ha habido otros casos que años después de iniciar la causa se ha sabido de su inocencia".
   En cuanto a la opción que se le ha dado a la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, de prestar declaración voluntariamente por el mismo caso, Martínez asegura que "es una decisión que ha de tomar ella con sus abogados".

Valcárcel da el primer paso hacia una de las 14 vicepresidencias del Parlamento Europeo

BRUSELAS.- El eurodiputado electo Ramón Luis Valcárcel (PP) fue elegido hoy como candidato de la delegación española a la vicepresidencia del Parlamento Europeo (PE), informaron fuentes de la formación.

El grupo popular europeo ha elegido este miércoles al ex presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, como uno de sus seis candidatos a vicepresidente de la Eurocámara. La votación del presidente y de los 14 vicepresidentes del Parlamento tendrá lugar durante el pleno constitutivo tras las elecciones del 15 de mayo que se celebra a partir del 1 de julio.
   El resto de candidatos populares a las vicepresidencias son el actual comisario de Industria, el italiano Antonio Tajani; el alemán Rainer Wieland; la rumana Adina Valean; la irlandesa Mairead McGuinness; y la húngara lldikó Gáll-Pelcz.
   El socialista alemán Martin Schulz, que ocupa la presidencia de la Eurocámara desde enero de 2012, repetirá en el cargo para los dos próximos años y medio gracias al acuerdo alcanzado entre conservadores y socialistas para turnarse a la cabeza del Parlamento.
 El pleno de la Eurocámara elegirá la próxima semana en Estrasburgo (Francia) al presidente y a 14 vicepresidentes de la nueva Eurocámara, entre los que con toda probabilidad estará Valcárcel, contaron las mismas fuentes.
En la pasada legislatura, tanto el PP español como el PSOE consiguieron vicepresidencias (Alejo Vidal Quadras y Miguel Ángel Martínez Martínez, respectivamente).
Sin embargo, después de las elecciones del 25 de mayo, la delegación socialista ha pasado a ser la quinta en número de eurodiputados, por lo que ha perdido esa prerrogativa.
Valcárcel ya tiene experiencia en Bruselas, donde ha sido los dos últimos años presidente del Comité de las Regiones (CdR).
El también expresidente de la Región de Murcia deja formalmente su cargo al frente del Comité este jueves, cuando asumirá el relevo el representante de la región belga de Valonia Michel Lebrun.

El Gobierno regional espera que 'Novo Carthago' se resuelva «cuanto antes»

MURCIA.- El portavoz del Gobierno regional, José Gabriel Ruiz, manifestó este miércoles, tras conocer la resolución del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia sobre 'Novo Carthago', que son los «primeros interesados en que cualquier causa se resuelva lo antes posible». 

Reiteró el «pleno respeto» a las actuaciones judiciales, que espera que se resuelva «con la máxima celeridad» y manifestó el espíritu de máxima colaboración del Ejecutivo regional «en todo aquello que se nos requiera».
Ruiz hizo estas declaraciones al ser preguntado por la postura del Gobierno regional sobre la resolución hecha pública el pasado martes sobre 'Novo Carthago', proyecto urbanístico bajo investigación judicial en el marco de una presunta trama de corrupción.
En la resolución cita como imputado por el delito de prevaricación, entre otros, al delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana. Además, el consejero de Agricultura, Antonio Cerdá, tendrá que volver a declarar.
De igual forma, en la misma resolución, se da la facultad a la alcaldesa de Cartagena y diputada nacional, Pilar Barreiro, de asumir la condición de parte, tomar conocimiento de las actuaciones y declarar voluntariamente, ya que es aforada, como imputada por el delito de prevaricación ante el magistrado-instructor.

Los abogados defensores del caso 'Novo Carthago', sorprendidos por la advertencia de detención

MURCIA.- Abogados defensores de encausados en el caso 'Novo Carthago' y otros juristas expresaron su "sorpresa" por la advertencia que hace el instructor a los imputados de que pueden ser detenidos si no comparecen en las fechas para las que han sido citados a declarar. 

Estos juristas califican de "inusual" esa advertencia, y consideran que lo es mucho más en el caso del consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, que ya estaba imputado, y del delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, imputado ahora.
Se trata de personas conocidas y de relevancia pública que, además, han mostrado en varias ocasiones su deseo de colaborar con la administración de justicia para el esclarecimiento de los hechos, según los abogados.
Respecto a Cerdá, apuntan que acudió en las dos ocasiones en que fue citado por el mismo instructor, la primera, para declarar como imputado, y la segunda, para someterse a un careo.
Los juristas comentan que la advertencia de la detención, en la práctica, se suele utilizar por jueces y magistrados cuando los citados no comparecen en una primera ocasión y no justifican debidamente la causa de la ausencia.
La Sala de lo Civil y Penal, en un auto dado a conocer este martes, convocó para una nueva declaración a Cerdá, y para que preste declaración por primera vez a Bascuñana, lo que ambos deberán hacer el próximo dos de julio.
La resolución judicial incluye la imputación de otras cuatro personas, que son citadas para los días siguientes.

El Congreso de los Diputados rechaza una moción de IU para que el AVE no atraviese Murcia

MADRID.- La Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados rechazó una iniciativa presentada por la Izquierda Plural sobre la urgencia de realizar una serie de infraestructuras ferroviarias en la ciudad de Murcia. 

La diputada de la Izquierda Plural Ascensión de las Heras explicó la propuesta de «desvío de la línea a su paso por Murcia y Alcantarilla y su enlace con la línea de Chinchilla-Madrid, que permitiría la conexión con el corredor Mediterráneo hacia Andalucía». 
 Esta iniciativa, según De las Heras, reduciría el soterramiento de las vías en Murcia de más de ocho kilómetros a 2,3 kilómetros, y permitiría la creación de una zona de actividades logísticas junto al Polígono Industrial Oeste evitando la ampliación «innecesaria» al no tener más que «un sentido especulativo el 'macropuerto' del Gorguel», con el ahorro económico que ello supone, reiteró.

Respecto a Alcantarilla, la Izquierda Plural planteó un desvío de las vías del tren, con un trazado alternativo. De las Heras aseguró que «la integración urbana de la línea Madrid-Cartagena a su paso por Murcia y Alcantarilla», afectada por el AVE «requiere una grandísima inversión». 
Mencionó que su propuesta es «eficiente, posible y socialmente imprescindible» y aseguró que frente a la propuesta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), que asciende a 243 millones, la de la Izquierda Plural es de 153 millones.
Desde el PP, el diputado por la Región de Murcia Andrés Ayala criticó el «popurrí de asuntos y temas que se trataban en la proposición» y manifestó que le parecía «curioso» que gran parte del texto expuesto por De las Heras fuera el mismo que utilizó en una intervención que tuvo en septiembre de 2013. 
Ayala destacó que el soterramiento del tren en la ciudad de Murcia «es una cuestión irrenunciable». Subrayó que «el AVE va a llegar a Murcia y el soterramiento se va a hacer», aunque quiso precisar que deberán atender «los tiempos». 
Replicó a De las Heras que «de este pozo ya no pueden sacar más petróleo, el soterramiento está asegurado y la llegada del AVE también. Y todo ello a pesar de los cinco años y medio en los que el Gobierno de Zapatero no hizo nada». También defendió la necesidad de desviar las líneas ferroviarias en Alcantarilla, pero en ningún caso «para posibilitar el ZAL de Nonduermas y para renunciar al Gorguel como pretende IU». Ayala mantiene que el discurso de IU está plagado de contradicciones.
El diputado del Partido Socialista por la Región de Murcia Pedro Saura introdujo una enmienda «in voce» que no fue aceptada, y planteó la votación por separado del apartado relativo a la variante de Alcantarilla.

Licitación en septiembre

El Ministerio de Fomento prevé convocar en septiembre la licitación del AVE del corredor del Levante, con cuya apertura a un único operador privado se inicia en España el proceso de liberalización de los servicios comerciales del transporte ferroviario de viajeros. Este operador prestará sus servicios en competencia con Renfe.
El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, avanzó este miércoles que, en septiembre, Fomento estará convocando ya la licitación, que permita que, «tan pronto como esté en condiciones de llevarlo a cabo, el nuevo operador empiece a dar servicio en el sector de Levante».
Catalá detalló que, a partir de la luz verde a la apertura del corredor del Levante del Consejo de Ministros del pasado día 13, el siguiente paso será una orden ministerial, por la que se convoca un concurso y se establecen sus bases. Esa licitación será transmitida por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y por el Consejo de Estado. «Cuando tengamos los informes, nuestro interés es licitarlo cuanto antes», destacó Catalá.
Fomento prevé que el título habilitante estará listo hacia finales de año, mientras que el inicio de las operaciones dependerá de lo que tarde el operador privado, agregó en su intervención en la clausura del congreso anual sobre la inversión y financiación de las infraestructuras organizado por IFAES.
El calendario «va a estar muy dependiente del propio operador privado, que tiene que tener trenes, maquinistas o comercialización», para poder iniciar sus operaciones, comentó Catalá.
Con la aprobación del Consejo de Ministros del acuerdo por el que se determinan los elementos básicos del nuevo modelo de gestión del corredor de Levante, «el compromiso del Gobierno con la liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril se ha hecho realidad», apuntó.
«La licitación del Levante supone un inicio del proceso, ya que, se evaluarán los resultados y, posiblemente, ese mismo modelo se extenderá al resto de los corredores, abriendo en última instancia el sector del transporte de viajeros por ferrocarril al conjunto de la geografía española», indicó Catalá.
El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda reconoció que la apertura de un corredor a un único operador «puede parecer como un modelo algo tímido», pero las experiencias internacionales aconsejan llevar a cabo «un proceso progresivo, prudente y razonable», dada la importancia de un servicio público como es el del ferrocarril.
Por otra parte, el secretario de Estado subrayó que Fomento quiere que el operador, y más operadores en el futuro, que entren en ese mercado, «les vaya bien, que sea una experiencia de éxito, que genere resultados positivos y empleo y que contribuya al crecimiento del tráfico ferroviario en España».
El sector del Levante incluye servicios en las líneas entre Madrid, Cuenca, Albacete, Alicante, Valencia, Castellón y Murcia en redes de alta velocidad, así como convencionales, tanto de vía doble como única.

El empresario Tomás Fuertes imita todo lo que ve y hace un simulacro de abdicación a favor del hijo


MURCIA.- El empresario chacinero de Alhama, Tomás Fuertes, siempre en busca de protagonismo público, imita todo lo que ve y ha hecho un simulacro de abdicación al frente de su grupo empresarial familiar, presionado básicamente por los hijos de sus dos hermanos, según ha trascendido. Con este paso dado hoy, se especula con la búsqueda de compradores dentro del sector para seleccionar ofertas.

Se va pero se queda. Abdica como el rey Juan Carlos pero obra como Valcárcel ya que Tomás Fuertes intenta controlar su propia sucesión desde la junta general de accionistas de esta empresa familiar y desde los mandos del Grupo Corporativo, parece que de cara a una eventual compra por terceros.
Rafael Fuertes, hijo de Tomás Fuertes, será el nuevo presidente de la sociedad estratégica del holding de empresas que integran el grupo, sus primos Tomás, José y Juana Fuertes seguirán manteniendo sus cargos y responsabilidades tanto en el Grupo Corporativo como en todas sus empresas.
El Consejo de Administración queda así compuesto por dos hijos de cada accionista principal. Los seis componentes son Rafael y Laura Fuertes, hijos de Tomás Fuertes; Antonio José y Augusto, hijos de José Fuertes, y María José e Inmaculada Cánovas, hijas de Juana Fuertes. 
Rafael será el presidente; Augusto, el vicepresidente, y María José ocupará el cargo de secretaria de la sociedad holding.
Pero en la junta general, los accionistas principales de la anterior generación, Tomás, José y Juana (en la imagen),  mantienen su mayoría accionarial y el poder de decisión.  
Además, el presidente del Grupo Corporativo Fuertes y de ElPozo Alimentación sigue siendo Tomás Fuertes y su hermano José Fuertes, el consejero delegado.
Siguiendo al pié de la letra la receta ocasional de algún autodenominado experto en empresa familiar valenciano que pasaba por Alhama, familia, propiedad, gobierno y gestión son para Tomás Fuertes conceptos que es necesario coordinar y no mezclar. 
Poco después el empresario ha dicho albercoque para parangonarse con don Juan Carlos de Borbón y Borbón en la prensa nacional y proclamar así a su primogénito como la nueva pero ficticia cara del emporio del chato murciano.

UPyD e IU piden también la dimisión del delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, por su imputación

MURCIA.- La responsable regional de UPyD, Fuensanta Máximo, solicitó hoy la dimisión del actual delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, tras conocer su reciente imputación en el presunto caso de corrupción urbanística 'Novo Carthago' que investiga la recalificación urbanística del humedal protegido de Lo Poyo, junto al Mar Menor. 


En este sentido, la portavoz de la formación magenta declaró que la trama urbanística «deja ya al tercer consejero y segundo delegado del Gobierno presuntamente implicado en la era Valcárcel», con un delito de prevaricación continuada, según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.
Para Máximo, el Ejecutivo regional no se puede permitir «este desfile de imputaciones de altos cargos», y los ciudadanos «no deben ver como algo normal» las imputaciones que obligan a las altas esferas del poder regional a «acudir a los tribunales».
 «La prevaricación es un delito muy importante y de gran envergadura».
Además, la máxima dirigente regional recalcó que «es imprescindible y vital que las instituciones, cumplan con su obligación ética de ejemplo ante los ciudadanos». Tal y como explicó, «si no le damos la relevancia necesaria o despreciamos estas graves situaciones, como es el caso de una imputación, favoreceremos en gran medida a aumentar la crisis de confianza en las instituciones, así como en el propio sistema».
Igualmente, Fuensanta Máximo indicó que la regeneración de la vida democrática y la transparencia «son incompatibles con todas estas circunstancias y procedimientos judiciales» abiertos contra varios cargos del Gobierno regional, por lo que «lo más razonable para las instituciones y para la Región de Murcia , es que el actual delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, presente su dimisión inmediata y su actual responsabilidad sea acometida por otra persona».
Para finalizar, la portavoz reiteró su más sincero respeto hacia éste y los demás procesos judiciales actualmente abiertos por corrupción urbanística en la Comunidad.
También la portavoz de Presidencia de IU, Esther Herguedas, calificó como «muy grave» la imputación del delegado del Gobierno en la Región y cree igualmente que «debe dimitir» de su cargo por este motivo.
Herguedas consideró «grave» la imputación de Bascuñana, que tiene que ver con un delito relacionado con corrupción urbanística, y señaló que «lo difícil parece ser que el PP pueda encontrar alguien que no esté imputado».
Recordó que cuando se conoció que Bascuñana podía ser imputado y que el fiscal había hecho la propuesta, IU-Verdes ya dijo que se trataba de una situación «absolutamente grave». A su juicio, la dimisión de Bascuñana debe ser algo «absolutamente necesario e inminente», y cree que otra respuesta «no cabe».
Y es que, en su opinión, la vida pública y política «no puede estar dependiendo de que tengamos una serie de señores con imputaciones graves por asuntos de corrupción urbanística».
Además, aseveró que, en este caso, «hay acusaciones graves de connivencia y de que hay cambios en el planeamiento urbanístico que no hubieran sido posibles si no hubiera habido una actitud y una actuación directa por parte del que ahora es el delegado del Gobierno, tal y como indicó la acusación».
Por tanto, cree que Bascuñana «debe dimitir para garantizar la limpieza democrática de la propia institución que es la Delegación del Gobierno».
Al ser preguntada por otras responsabilidades, Herguedas declaró que IU-Verdes se atiene a la petición de la Fiscalía y la imputación que realizó el juez. «Lo demás pueden ser consecuencias de carácter jurídico que son bien claras: una imputación por un delito de corrupción urbanística», zanjó.
«En otro sentido, igual podemos pedir más responsabilidades políticas, pero lo que está claro es que aquí hay una imputación de un juez, y nosotros siempre hemos dicho que cuando un juez imputa por un delito no lo hace de una manera gratuita, sino que creemos que tiene elementos suficientes para investigar en esta situación», remarcó.
Recordó que IU-Verdes mantiene esta petición también con el alcalde de Murcia, Miguel Angel Cámara, que permanece imputado hace «ya casi dos años en el caso 'Umbra' por un delito de corrupción urbanística».
Desde Cartagena, Izquierda Unida no sólo pidió la dimisión de la alcaldesa, Pilar Barreiro, por su implicación en el caso Novo Carthago. El portavoz del grupo municipal de IU, Cayetano Jaime Moltó, afirmó en la una moción donde pedía la dimisión de Barreiro, que cree que este caso tendrá «un alcance mayor».

«Tres consejeros del Gobierno regional siguieron un mismo hilo conductor en torno a este mismo asunto. Y digo yo que algo tendrá que ver quien los nombraba y las políticas que seguían. Y ese no era otro que el entonces presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel», dijo Moltó, por lo que se convirtió en el primero en señalar públicamente al exjefe del Ejecutivo murciano.
La Fiscalía sostiene que la implicación de Valcárcel no procede.

Madrid cesó al director de la MCT tras examinar un extenso informe sobre su actuación, susceptible de remitir al fiscal


CARTAGENA.- La decisión de cesar al ya ex director general de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT), el ingeniero cartagenero Andrés Martínez Francés, se tomó hace unos días en Madrid por parte del Ministerio de Medio Ambiente aunque la ejecutase el delegado del Gobierno en este organismo Adolfo Gallardo de Marco, según ha trascendido hoy de fuentes de la propia MCT.

Encima de la mesa de la actual ministra y hasta hace poco subsecretaria del Ministerio, Isabel García Tejerina, llegó hace algún tiempo un amplio y extenso informe de "la muy dudosa actuación caciquil de Martínez" que explicaría las enormes discrepancias de método y ejecución, hasta el ninguneo, con Gallardo y también con el hasta ahora director adjunto y antes subdirector Carlos Conradi Monner, hoy nuevo director general de la MCT.
No se descarta la remisión al fiscal de algunas de esas actuaciones de Martínez por si se dedujese algún tipo de presunta prevaricación administrativa continuada.
La razón de fondo es que Martínez (en la imagen) combatía una eventual fusión de la MCT con Acuamed para no perder en ella su puesto, su estatus y su poder mientras el Ministerio prefiere, llegado el caso, a una persona menos ligada a las empresas privadas de gestión del agua potable en la cuenca del Segura, caso de Conradi, quien procede de la propia Confedereción Hidrográfica, donde también trabajó como ingeniero de Caminos, Canales y Puertos "de manera intachable".

El magistrado Abadía detecta una presunta trama criminal en la Comunidad Autónoma a raíz del 'caso Novo Carthago'

MURCIA.- «Estamos en presencia de un delito de prevaricación continuada», en referencia al 'caso Novo Carthago', según sostiene el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Manuel Abadía, quien ha aceptado la tesis de la Fiscalía en el sentido de «que se producen una serie de actos sucesivos, todos ellos concatenados, no pudiendo entenderse la última resolución del ex consejero Bascuñana sin las anteriores», según el resumen del auto publicado hoy por 'La Verdad'

Ninguno de estos pasos, remarca, «es intrascendente para conseguir el fin pretendido». El juez habla, incluso, en su escrito de una «trama en la Comunidad Autónoma».
De esta forma, el magistrado Abadía acepta la tesis de la Fiscalía, que sostiene que «se parte de una puesta de acuerdo entre el Ayuntamiento, que preside la señora Barreiro, con Hansa Urbana, la promotora del 'resort', y la Consejería de Medio Ambiente, y necesariamente, con la Consejería de Obras Públicas, que es la que aprobaría el proyecto».
El magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ entiende que todos los funcionarios y autoridades intervinientes en el reinicio del PORN y la modificación puntual del PGOU de Cartagena podrían ser responsables de un delito de prevaricación como autores por participación necesaria. «El suelo es y era un suelo no urbanizable de protección especial y, a través de la intervención de todos ellos, lograron por medio de resoluciones e informes notoria y manifiestamente ilegales reclasificarlo a urbanizable», asegura el instructor en este escrito. 
Éste subraya, asimismo, que lo hicieron «con absoluto desprecio y preterición del todo el ordenamiento jurídico medioambiental y de las leyes de protección de la naturaleza, que son de obligado cumplimiento».
Por este motivo, el instructor del 'caso Novo Carthago' cita también a declarar como imputados a otros exaltos cargos de la consejería que dirigía Bascuñana. Se trata el exdirector general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado -que también está imputado en el 'caso Zerrichera'-; el exdirector general de Vivienda, Manuel Alfonso Guerrero Zamora; el exdirector general de Ordenación del Territorio, José María Bernabé; y el asesor jurídico Luis R.A. La Fiscalía considera que «todos ellos son verdaderos cooperadores de la reclasificación» del proyecto de Novo Carthago. Declararán los días 4 y 8 de julio. El auto los apercibe a todos de que, en el caso de no comparecer en las fechas señaladas, se podrá decretar su detención. En el texto, el instructor reclama, asimismo, a los técnicos de la Agencia Tributaria «la pronta terminación» de los informes patrimoniales de los imputados, incluidos Bascuñana y los cuatro integrantes del que fue su equipo.
El juez alude a la búsqueda por parte del máximo responsable de Hansa, Rafael Galea, del «plácet político» para un aspecto esencial: reunir la financiación necesaria para las obras. Abadía ve indicios de un «acuerdo» entre el promotor y «autoridades políticas de primer nivel», sin el que la antigua CAM no habría dado un préstamo. Abadía señala que la inversión prevista era de mil millones de euros, y que la CAM era la «principal financiadora» y estaba «fuertemente controlada en aquellos tiempos por los partidos políticos».
En los setenta folios del nuevo auto, el instructor realiza un amplio recorrido por la presunta trama de corrupción urbanística y el papel que habría jugado cada imputados. Destaca, por ejemplo, la actuación del exconsejero de Medio Ambiente, Francisco Marqués, que cinco días después de firmar una de las órdenes sobre el proyecto acudió a la caja fuerte que tenía contratada en una entidad bancaria y compró un bungalow en Campoamor y un garaje. El juez destaca, asimismo, que en 2004, cuando tomó posesión como consejero, solo tenía de renta disponible 47.278 euros, «subiendo exponencialmente sus ingresos» a partir de la fecha en que, con su firma, abrió información pública sobre el PORN del Mar Menor.
Respecto al consejero Cerdá, el magistrado destaca que con su firma de 12 de junio de 2003, que reiniciaba el PORN, perpetró «un atentado frontal a la ley y al Derecho» y remarca que se trató de una resolución evidente, patente, flagrante, clamorosa y manifiestamente injusta». El instructor recuerda que este PORN es el único por el que se convoca a una reunión en el Palacio de San Esteban a técnicos de la Consejería. Sostiene que acudió Ángel Luna, diputado valenciano del PSOE  y abogado de Hansa.
 Todo este relato de hechos, asegura, pone de manifiesto «de un modo diáfano, patente y evidente cómo la actuación se llevó a cabo de un modo frontal y contrario al Derecho, al respeto a los espacios naturales y paisajes protegidos y a evitar la revisión del Plan General a sabiendas y de modo deliberado porque no convenía los intereses espurios en juego».
El magistrado instructor también solicita en este auto información diversa al secretario del Ayuntamiento de Cartagena. Reclama la certificación de si expidió una licencia de movimiento de tierras.
Recuerda, asimismo, que en su anterior auto -de abril- ya se solicitó información al Ayuntamiento sobre la contaminación por materiales pesados de los terrenos obtenidos gratis en Novo Carthago y la existencia de un aval que garantice el coste total de la descontaminación. Cuestiona al secretario del Consistorio sobre si se ha asegurado jurídicamente de que la adquisición se realizó libre de cargas y gravámentes. 
El fiscal ya manifestó hace unos meses sus sospechas de que el Ayuntamiento pudo perdonar a la promotora la descontaminación de terrenos, causando un perjuicio económico millonario a las arcas municipales de Cartagena.
El magistrado Abadía, da credibilidad, en su escrito, a la versión mantenida por la Fiscalía sobre la existencia de «una puesta de acuerdo» entre el Ayuntamiento de Cartagena, la promotora Hansa Urbana y las consejerías de Medio Ambiente y Obras Públicas. El juez llega a destacar, en su auto, la existencia de un encuentro «entre Rafael Galea -gerente de la promotora- y autoridades políticas de primer nivel, como Pilar Barreiro y otros que no han podido aún ser traídos al proceso».
El juez da por hecho, en el texto, que esa reunión se debió producir en un yate, un gran hotel o un edificio oficial y recuerda que, en los alrededores de esos escenarios, la ley obliga a bloquear las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia en un plazo máximo de un mes y a proceder a su destrucción en tres años.
Abadía explica que, dado el tiempo transcurrido, cuando asumió la causa esas grabaciones ya habían sido destruidas. Eso imposibilitó el hecho de llevar ante el juez a todos los que participaron en ese encuentro «tomando el acuerdo de aprobar la urbanización por encima y en contra de las leyes de protección de la naturaleza».

El juez Castillejos imputa por presunta prevaricación a un ex alto cargo de la Consejería de Educación

MURCIA.- El magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 8 de los de Murcia, David Castillejos, ha citado en calidad de imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa al ex director de centros escolares de la Consejería de Educación, Juan José García Martínez, en virtud de providencia fechada el pasado día 17 de junio, por la que lo emplaza a declarar el próximo 2 de diciembre a las 10,15 de la mañana.

La imputación se deriva, según la citada providencia, de la declaración como testigo el pasado 31 de octubre del propio Juan José García Martínez en relación a unas contrataciones en su día de obras y ampliación del cableado en el IES 'Juan de la Cierva' en la pedanía murciana de Patiño, sobre las que se ha pedido al Consejo Jurídico Consultivo de la Región de Murcia los dictamenes correspondientes evacuados en su día.
La denuncia de los hechos procede del letrado murciano y ex candidato al Parlamento Europeo, Diego de Ramón, en el ya denominado 'caso Trimtor' donde también ha denunciado al contratista de obras, a través de sus empresas, y ex presidente de la CROEM, Miguel del Toro.
Aparte de ordenar que se recabe hoja histórico penal del imputado, el magistrado advierte en su providencia de una eventual orden de detención si Juan José García Martínez no se presentase a declarar en la fecha en que ha sido citado.

El abogado Diego de Ramón solicita personarse como acusación popular en la causa de 'Novo Carthago'

MURCIA.- El abogado Diego de Ramón ha solicitado a la Sala de lo Civil y Penal del TSJRM autorización para poder personarse como acusación popular en la causa conocida como 'Novo Carthago', que instruyó el juzgado nº 2 de los de la ciudad de Murcia y remitida posteriormente a dicha Sala al estar aforado uno de los imputados, el consejero Antonio Cerdá.

En su escrito, con fecha del pasado lunes 23 de junio, De Ramón argumenta su petición al TSJ en la relación con otra causa en la que está personado y en  su ánimo de colaboración con la Justicia en base a la información que posee al respecto sobre las personas imputadas y otras conocidas que todavía no lo están.
El famoso letrado y ex candidato al Parlamento Europeo considera necesaria la colaboración de esas personás aún no imputadas para poder realizar las acciones que se presumen delictivas, dada la complejidad de dicho asunto, y los diversos espacios donde se ha desarrollado.
Y señala al respecto áreas económico-administrativas, políticas y de participación donde, a su juicio, la policía judicial, agencias estatales, nacionales y de otros países, verificará junto al Ministerio fiscal este letrado.

Los camioneros españoles pagarán 200 euros por viaje con la nueva tasa de Francia

MADRID.- Los camioneros pagarán hasta 200 euros por viaje cada vez que atraviesen el territorio francés para transportar sus mercancías por la nueva tasa por uso de sus carreteras que Francia cobrará a partir de 2015, según calcula la asociación de transportistas Fenadismer.

   Francia aplicará esta tasa a todos los vehículos de transporte de mercancías de más de 3,5 toneladas, lo que en el caso de España afectará a los más de 100.000 camiones que tienen autorización para realizar tráficos de carga internacionales.
El Gobierno francés pretende empezar a cobrar este peaje de forma experimental a partir del próximo mes de octubre y convertirlo en obligatorio desde el 1 de enero de 2015.
En un comunicado, Fenadismer manifestó su rechazo a esta tasa, al considerar que España será "uno de los países más afectados", dado que la mayor parte de los flujos de transporte de mercancía por carretera con origen o destino a países de la UE "deben utilizar obligatoriamente la red viaria francesa". 
En este punto, señala que el 60% de las exportaciones de productos españoles a Europa se trasladan por carretera.