MADRID.- El Gobierno contempla abordar una "liquidación ordenada" de la decena de autopistas en quiebra, entre ellas las de Cartagena-Vera y Cartagena-Alicante, si esta opción tuviera un menor impacto en las arcas públicas que rescatar las vías mediante la constitución de una empresa pública de autopistas.
Los ministerios de Hacienda y de Fomento analizan desde hace más
de un mes estas dos posibles soluciones para las autopistas en
problemas, todas ellas en concurso de acreedores.
El objetivo del análisis es determinar la alternativa que tendría
un menor coste en las cuentas públicas, fundamentalmente, en el déficit,
según informaron fuentes del sector.
La eventual constitución de una sociedad pública de autopistas
cuenta ya con el acuerdo de las sociedades concesionarias de las vías y
de sus bancos acreedores, con los que mantienen una deuda total de unos
3.500 millones de euros.
Fomento controlaría el 80% de la empresa, porcentaje que resulta
de capitalizar los préstamos que el Ministerio ha venido otorgando a las
vías. El otro 20% se repartiría entre las empresas concesionarias que
actualmente gestionan las autopistas, controladas por grandes
constructoras cotizadas.
La constitución de esta empresa nacional de autopistas cuenta con
el visto bueno de la banca y con su disposición a refinanciar la deuda
asociada.
De su lado, la opción de la liquidación pasaría por que el Estado
afronte la responsabilidad patrimonial que tiene frente a las vías, un
importe que asciende a unos 4.000 millones de euros, lo que incluso
requeriría un crédito extraordinario del Ministerio de Hacienda, según
detallaron las mismas fuentes.
En ambos casos, estas diez autopistas podrían tener que afrontar
pagos de expropiaciones por un total de 2.300 millones de euros, un
monto cinco veces superior al inicialmente presupuestado, si bien están a
la espera de que se dicten sentencias sobre la valoración de los
terrenos.
De hecho, el sobrecoste que registraron al expropiar los terrenos
sobre las que se construyeron y el desplome de los tráficos por la
crisis constituyen las principales causas de la situación de esta decena
de autopistas, las de más reciente construcción.
En este sentido, el Gobierno aprobó recientemente un cambio
normativo por el que si tuviera que afrontar expropiaciones por
insolvencia de alguna de las vías, el correspondiente pago se
descontaría de la responsabilidad patrimonial que tiene sobre la
infraestructura.
Los departamentos que dirigen Ana Pastor y Cristóbal Montoro
estudian las dos distintas alternativas que barajan para solventar el
problema de las autopistas mientras avanzan los procesos concursales en
que todas ellas están inmersas. De hecho, algunos están ya en fase de
convenio e incluso tienen convocada la junta de acreedores.
La decena de vías de pago en riesgo de quiebra son las cuatro
autopistas radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la
Cartagena-Vera, la Circunvalación de Alicante, la Alicante-Cartagena y
la que une Madrid con el Aeropuerto de Barajas.
