MURCIA.- La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ha solicitado que "al menos por dignidad" los diputados que este jueves "votaron a favor de la Ley del Sector Eléctrico entreguen el acta de diputado que los murcianos les habíamos otorgado".
"Si no lo hicieran, que no lo harán, al menos dentro de dos
años que no nos vuelvan a solicitar la confianza, sino que les pidan
ocupación a los que han inspirado la vergonzante decisión que tomaron
ayer, advirtiendo a renglón seguido que "en el caso de que vuelvan a
presentarse por Murcia haremos todos los esfuerzos posibles para que nos
representen el menor número posible de ellos, puesto que nos sentimos
traicionados".
En estos términos se ha expresado el presidente de Anpier,
Miguel Angel Martínez-Aroca, quien ha dejado claro que "diputados que no
defienden los intereses de la Región no representan a Murcia ni a los
murcianos".
Por ello, ha exigido al presidente Ramón Luis Valcárcel que
"explique el doble juego que ha desarrollado el PP de la Región con
respecto a la Ley del Sector Eléctrico, que fue aprobada por el Congreso
con los votos de todos los diputados del Partido Popular elegidos por
la circunscripción de Murcia, cuando se trata de una Ley absolutamente
lesiva para los intereses de la Región y, en espacial, para las 10.000
familias murcianas que invirtieron sus ahorros en la generación
fotovoltaica animados por el Estado y que ahora se verán abocados a una
situación de ruina al no poder hacer frente a los prestamos soportados".
Y es que, puntualiza, "la nueva Ley del Sector Eléctrico
desmantela el futuro y el presente renovable de la Región y por ese
motivo el Gobierno de la Región había interpuesto un recurso de
inconstitucionalidad".
"Sin embargo, ayer, precisamente cuando se votaba este
texto, los diputados de la Región no sólo no votaron en contra o se
abstuvieron, sino que votaron a favor", reprocha Anpier, quien considera
"sorprendente y sospechoso que el PP fuera, hasta hace dos años,
defensor a ultranza de los productores fotovoltaicos y paladín de la
seguridad jurídica y la irretroactividad de las normas que dañaban
gravemente a las 55.000 familias productoras y que haya aprobado una Ley
que desmantela todo el tejido fotovoltaico español y supone la ruina de
todos aquellos que , realizaron pequeñas inversiones para el desarrollo
de un nuevo modelo energético sostenible y rentable".