MURCIA.- El coordinador regional de IU-Verdes, José
Antonio Pujante, ha afirmado este viernes, sobre la polémica suscitada
sobre el aeropuerto de Corvera, que "la situación previsible es que se
produzca algún tipo de acuerdo", aunque ha apuntado la sospecha de que
"quizás sea una estrategia pactada entre el Gobierno regional y la
concesionaria Aeromur para escenificar el desencuentro, la evidencia de
que no habrá ninguna empresa que se atreva a hacerse cargo de la
concesión y de la deuda de 200 millones".
Ante esta evidencia, Pujante considera que "solo caben dos
alternativas, o bien que se produzca el reequilibrio del contrato con
Aeromur, a favor de la concesionaria y en perjuicio de los intereses de
la Región, o que la Comunidad se haga cargo del aeropuerto" y a lo
mejor, ha ironizado, "sirva para pasear en bicicleta".
Tras lamentar que "vamos a tener la desgracia de tener una
aeropuerto, el de Corvera, 'fabriano', como el de Castellón, con
personajes similares a los del señor Fabra y solo faltarían que se
pusiera las gafas de sol y tendríamos ya una situación similar", ha
recordado la pregunta que le lanzó al vicepresidente Juan Bernal hace
unos días, de "si hubiera avalado con su patrimonio personal la aventura
de Aeromur, porque hacerlo con el dinero de todos los murcianos es muy
fácil".
Por ello, ha vuelto a pedir la "dimisión" de Valcárcel y del
"gobierno regional en pleno" ya que los acusa de "ser cómplices o
idearios de este atraco directo a la ciudadanía, que va a conllevar más
restricciones".
En esta línea, Pujante ha hecho referencia al último informe de
noviembre de 2012 de Aena, "demoledor", en el que se pone de manifiesto
la "inestabilidad del propio aeropuerto".
"La Comunidad le concede ese
aval a Aeromur y Aeromur le responde con un recurso ante el Tribunal
Superior, porque pide un reequilibrio del contrato, buscar condiciones
más ventajosas para la propia empresa", indica.
Igualmente, ha acusado a Valcárcel, al consejero de Obras Públicas
y Ordenación del Territorio, Antonio Sevilla, y a demás miembros del
Gobierno regional de "mentir cuando dicen que los murcianos no han
puesto ni un euro" porque "se ha llevado a cabo una inversión de
alrededor de 70 millones de dinero público".
Unos 70 millones que, según ha puntualizado, se distribuyen en
"alrededor de 35 millones en inversiones para los accesos y también para
otro tipo de infraestructuras relacionadas con suministro de agua
potable y electricidad con dinero de todos los murcianos; y otros 35
millones de ayudas para las personas afectadas por procesos de
expropiación".
"Es cierto, ha continuado, que mientras no se produzca la
ejecución del aval, la Comunidad no pone ningún dinero, pero ese momento
se pueda trastocar próximamente en una realidad y en consecuencia esos
200 millones se pueden incorporar al global de la deuda de la
Comunidad".
Por todo ello, Pujante ha dejado claro que "sí tiene una
repercusión importante, aparte de haber sido una infraestructura
totalmente innecesaria".
Para concluir, ha comentado que "se ha hecho una actuación
tramposa por parte del gobierno del PP, en la que se ha omitido el
informe del Consejo Jurídico, y se introduce la excepcionalidad para
favorecer a una empresa concreta".