sábado, 28 de abril de 2012

El FMI considera a BMN una entidad financiera vulnerable

MADRID.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) habla de 10 entidades vulnerables en el panorama financiero español. Se trata de las dos entidades subastadas (CAM y Unnim), las tres que están bajo la tutela accionarial del FROB (Banco de Valencia, Catalunya Caixa y NCG Banco), Banca Cívica (en proceso de fusión con La Caixa), Caja España Duero (fusionándose con Unicaja), Caja 3, Banco Mare Nostrum (BMN) y, por encima de todos, Bankia, según publica hoy 'La Razón'.

El FMI ha evitado en todo momento citar el nombre de Bankia (como el del resto de entidades consideradas vulnerables), y se refiere a él como «el más grande» de los que tienen problemas. A lo largo de toda esta semana, algunos directivos de los principales bancos españoles han hecho referencias a Bankia como el eje principal de la reforma y como el mayor problema de la reestructuración por el tamaño de la entidad.

El informe publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) el pasado miércoles ha vuelto a despertar las dudas que existen acerca de si el sector bancario será capaz o no de «pagar» la reestructuración del sector o necesitará de ayudas públicas, como sugiere la institución que dirige Christine Lagarde. La impresión generalizada en el sector es que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) sólo podrá hacer frente a los compromisos ya adquiridos en las subastas de la CAM y Unnim y en las tres que quedan por venir: Banco de Valencia, Catalunya Banco y NCG Banco.

Pero la reforma que el Gobierno aprobó en febrero no estará completa hasta que se resuelvan las dudas sobre Bankia, impulsadas por el FMI y que hicieron circular el rumor sobre una intervención inmediata del Banco de España en la entidad durante la tarde el viernes, rumores que fueron desmentidos desde el banco que preside Rodrigo Rato.

Lo que parece que ha quedado demostrado a estas alturas de la reforma es que el capital privado no quiere saber nada del sector. El FMI asegura en su último informe sobre España que la opción del capital privado está agotada ya y que sólo será posible la recapitalización de los bancos con problemas mediante la inyección de capital público, algo que trata a toda costa de evitar el Gobierno.

Desde Madrid se exige "suficiente financiación" para los ayuntamientos españoles, "los más pobres de Europa"


MADRID.- La teniente de alcalde y delegada de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Concepción Dancausa, ha reclamado este sábado en el XV Congreso Regional del PP una "suficiente financiación" para los ayuntamientos españoles, de los que ha dicho que son "los más pobres de Europa" si se deja fuera a Grecia y Portugal.

   Durante la comunicación 'Las claves del debate sobre las duplicidades', la edil ha acusado de la situación actual a los constantes incumplimientos en lo que a reforma de la financiación local se refiere por parte de los anteriores gobiernos socialistas. "Se comprometió en el Congreso, en el Senado, en la Federación Española de Municipios y Provincias, en los programas electorales de 2004 y 2008 y se fue sin hacerlo. Esto agravó aún más las cuentas de todos los ayuntamientos de España aunque afortunadamente las cosas han cambiado mucho en cuatro meses, con medidas ya puestas en marcha que ayudan a los ayuntamientos y van a reformar la Administración", ha destacado.
   Dancausa ha apuntado que la escasez de recursos municipales "deriva de la desconexión del sistema de financiación con el de competencias". Y es que el debate de las duplicidades "no estará completo sin la reforma del sistema de financiación local, que José Luis Rodríguez Zapatero incumplió reiteradamente".
   La 'popular' ha subrayado que ni la Constitución ni la Ley de Bases de Régimen Local precisan de manera clara las competencias sino que "fomentan la concurrencia, que varias administraciones actúen sobre una misma materia, lo que es positivo en algunos casos pero en otros esa duplicidad perjudica la prestación de servicios y los hace más costosos".
   Es por eso considera que ahora se da una "oportunidad única para dimensionar bien la Administración para hacerla eficaz y transparente". Así, el dictamen de la comisión de duplicidades, desarrollada en la Asamblea de Madrid y que se dará a conocer en los próximos días, "dará luz sobre el camino a recorrer".
   Los objetivos son conseguir "ahorro" ya que "un mayor gasto no se traduce en mayor calidad" y apostar por la "racionalidad, la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas".
 "Ahora los ciudadanos tendrán claro qué administración presta cada servicio", ha manifestado haciendo especial hincapié en la necesidad de mejorar los mecanismos de control interno y externo.

Al Banco de Valencia le salen demasiados novios mientras BMN recula un poco al ver el percal

MADRID.- Al menos cuatro entidades han presentado ante el Banco de España una oferta de compra no vinculante por Banco de Valencia, intervenido por el supervisor el pasado mes de noviembre debido a sus graves problemas de solvencia tras la negativa de Banco Financiero y de Ahorros (BFA) a prestarle ayuda financiera, según han informado fuentes del sector financiero. 

   Las mismas fuentes apuntaron que al menos BMN, Santander, Sabadell e Ibercaja habrían acudido previsiblemente a la primera fase de la subasta para conocer cuáles son las ayudas que ofrece el organismo presidido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
   Además, aseguraron que otras entidades podrían haber acudido a la puja por Banco de Valencia, si bien matizaron que lo más "probable" es que algunas de ellas se retiren después de esta primera "toma de contacto".
   Desde BMN confirmaron que la entidad formada por CajaGranada, Caja Murcia, Caixa Penedés y Sa Nostra está "bastante interesada" en el único banco rescatado, habida cuenta de su presencia en Valencia y en Castilla.  
Banco Mare Nostrum (BMN) presentó este viernes una oferta vinculante para la compra del intervenido Banco de Valencia cuya subasta debería estar resuelta a mediados de junio, según dijeron, por su parte, fuentes con acceso al cuaderno de venta.
   El Banco de España tendrá que dar su visto bueno a los planes de cada uno de los pujantes y a la inyección de liquidez que reclamen para sanear a la entidad subastada. El próximo 27 de mayo será el momento en el que las entidades tendrán que decidir si convierten sus ofertas en vinculantes y se lanzan a competir por Banco de Valencia.  
   En concreto, la banca deberá aportar un máximo de 4.000 millones de euros al comprador del Banco de Valencia, según fuentes financieras. El cuaderno de venta repartido por el banco de inversión japonés Nomura contempla un esquema de protección contra pérdidas futuras sobre una cartera de activos de 6.000 millones de euros, lo que supone el 27% del total de la cartera crediticia de la entidad.
   Las primeras pérdidas que registre la entidad serían cubiertas por las provisiones constituidas por Banco de Valencia por importe aproximado de 1.000 millones de euros, por lo que dicho esquema de protección de activos (EPA) se constituye sobre 5.000 millones.
   El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se nutre de las aportaciones privadas de las entidades financieras, cubriría el 80% de las pérdidas sobre dicha cartera de 5.000 millones, por lo que pagaría una factura de 4.000 millones de euros para sanear Banco de Valencia.
   Actualmente, el FGD cuenta con recursos de apenas 2.000 millones de euros, después de las adjudicaciones de CAM a Banco Sabadell y de Unnim a BBVA. Es decir, dispone de la mitad de lo que va a ser necesario para culminar el rescate del Banco de Valencia.
   En las últimas semanas el Banco de España y el Gobierno negocian contrarreloj con la banca para o bien incrementar su aportación al FGD o bien adelantar las cuotas de los ocho próximo años, según fuentes financieras.
   De acuerdo a estos cálculos, el adelanto de aportaciones engrosaría la liquidez de este fondo entre 16.000 y 20.000 millones de euros. Los ejecutivos de la gran banca parecen haber asumido ya que será el sector quien financie la limpieza de balances, pese a la recomendación del FMI de dotar a la reestructuración con más recursos públicos. Y el Gobierno cumpliría con su objetivo de afrontar la remodelación bancaria sin coste para el contribuyente.  
   En la actualidad, el FGD se nutre de las aportaciones privadas que las entidades realizan, correspondientes al 2 por mil de los depósitos, aunque se contempla la posibilidad de elevarlas hasta el 3 por mil y de que se lleven a cabo contribuciones extraordinarias. Santander, por ejemplo, prefiere no elevar aportaciones para dar liquidez al fondo.
Banco Mare Nostrum (BMN) y Banco Popular están considerados como los máximos favoritos para la compra del intervenido Banco de Valencia cuya subasta debería estar resuelta a mediados de junio, según dijeron fuentes con acceso al cuaderno de venta.

Los aceites virgen extra de la Región de Murcia (0,5% del total español en Altiplano y Noroeste) compiten en calidad con andaluces y catalanes


MORATALLA.- Los aceites virgen extra de la Región de Murcia compiten en calidad con los de las principales zonas olivareras de España, como Andalucía o Cataluña, tal como ha quedado de manifiesto en la clausura de las 'VIII Jornadas del olivar, del aceite de oliva y de la aceituna de mesa', celebradas esta semana en Moratalla. Se producen básicamente en las comarcas del Noroeste y Altiplano.

   Las variedades cultivadas tradicionalmente en la Región de Murcia (Cuquillo y Cornicabra, principalmente) y otras de reciente introducción (Picual, Arbequina, Hojiblanca, entre otras) están dando aceites con un alto estándar de calidad, al ser un alimento natural que aporta sabor a la dieta, además de otros componentes biosaludables.
  El director de la Agencia del Aceite de Oliva del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Carlos Sánchez, señaló en estas Jornadas que la 'Interprofesional del aceite de oliva' representa al sector oleícola organizado y cuenta con el enfoque global y los medios necesarios para ser la base del liderazgo mundial que corresponde a España.
   Por su parte, la directora técnica y gerente de la empresa 'Olimendros S.L., Fuensanta Muñoz, se refirió a la necesidad de desarrollar la cultura del aceite entre los consumidores, para que estos aprendan a diferenciar y apuesten finalmente por la calidad.
   Igualmente, se dieron a conocer los resultados del estudio nutricional llevado a cabo por la Consejería de Agricultura murciana en la comarca del Noroeste, para orientar el abonado en una red de parcelas con distintas variedades de olivo, cultivadas en secano tradicional y en regadío.
   Una de las conclusiones apuntó que el nitrógeno es el factor limitante en cantidad y calidad de la producción, mayoritariamente en las plantaciones adultas, y es, por tanto, un elemento esencial que influye en la calidad de los aceites producidos en la Región de Murcia.
   Y es que, según los datos aportados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a 31 de marzo, en la campaña 2011-2012, el aceite producido por las almazaras españolas se sitúa en torno a los 1.596 millones de kilos, de los que ocho millones de kilos corresponden a las almazaras de la Región de Murcia, lo que supone el 0,5 por ciento del total nacional.

San Esteban tiene intención de privatizar totalmente 'La 7'

MURCIA.- La Radiotelevisión murciana, con un modelo de gestión privada y titularidad pública desde su creación, está a la espera de la futura ley general del sector audiovisual para avanzar hacia el objetivo final de la privatización del ente.

Y es que según el director del Grado en Periodismo de la Universidad Francisco de Vitoria, Humberto Martínez Fresneda, "las televisiones públicas son deficitarias y en tiempos de crisis no tiene ningún sentido mantenerlas", por lo que considera que el proyecto de ley recién aprobado por el Gobierno es "una oportunidad de no gastar donde no hace falta".
Precisamente el director de la radiotelevisión murciana y presidente de turno de la Federación de Organismos o Entidades de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), José Daniel Martín González, ha dicho que a partir de ahora se abre un "abanico de oportunidades" para que los gobiernos regionales decidan qué modelo quieren para sus entes públicos.
  La Comunidad Valenciana, Madrid y Castilla-La Mancha ya han avanzado su intención de aprovechar la reforma del régimen de gestión de las televisiones autonómicas aprobada por el Gobierno para privatizar la gestión o los servicios informativos de sus televisiones públicas, mientras que Cataluña, Extremadura, Andalucía y Galicia han anunciado que mantendrán la gestión pública.
En el Consejo de Ministros del pasado 20 de abril, el Gobierno aprobó una modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual que permite a los gobiernos autonómicos que lo deseen, o bien privatizar las televisiones públicas regionales, o bien quedarse con su gestión, aunque en este caso, estarán obligados a no tener déficit.
   Además, da la opción a las administraciones autonómicas de confiar a una empresa privada la producción de sus informativos, un extremo que hasta ahora estaba prohibido por ley, aunque 'de facto', algunas televisiones autonómicas ya lo hacían para ahorrarse costes; caso de 'La 7'.
   Actualmente, en España hay un total de 13 televisiones autonómicas, que emiten en Galicia, Comunidad Valenciana, Cataluña, País Vasco, Canarias, Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares, Murcia, Asturias, Aragón y Extremadura. Cada una de ellas tiene, no obstante, unas características muy distintas.
El tamaño de la plantilla, la deuda acumulada y la forma de gestionar las televisiones públicas también es muy distinta en cada comunidad autónoma. De hecho, aunque hasta la última reforma del Gobierno, estaba prohibido por ley que las cadenas autonómicas públicas delegaran la producción de sus servicios informativos a empresas privadas, al menos cuatro autonomías (Aragón, Baleares, Murcia y Canaria) ya venían haciéndolo en menor o mayor medida.
Distinto es el caso de la Comunidad Valenciana, cuya televisión pública afronta un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a más de un millar de trabajadores. En este caso, el Gobierno valenciano se ha manifestados partidario de mantener la gestión pública y encargar a empresas privadas la producción de los programas informativos como fórmula de ahorro.
También parece clara pues la apuesta por el carácter público de la Radio Televisión Valenciana, así como por un sistema mixto de financiación.
Además, se contempla la transformación del ente autonómico y sus sociedades (Canal 9 y Radio 9) en una única sociedad mercantil, íntegramente participada por la Generalitat.
Todo ello coincide con el anuncio por el Gobierno valenciano de despedir entre al 40 y el 50 por ciento de los empleados de su sector público empresarial.
   Así, el vicepresidente y consejero de Presidencia de la Generalitat Valenciana, José Císcar, ha explicado que la futura ley de Radio Televisión Valenciana (RTVV), cuyo anteproyecto ha presentado el gobierno autonómico, contemplará que el ente siga siendo "un servicio público en el que los contenidos informativos y de defensa de la lengua valenciana, su cultura y tradiciones se presten mediante gestión directa y que las producciones que se tengan que hacer se puedan externalizar mediante un procedimiento de colaboración público-privada".

Decanos de la Universidad de Murcia defienden la austeridad de la institución y demandan a la CARM el pago de la deuda

MURCIA.- Los decanos de la Universidad de Murcia, ante la grave crisis económica que atraviesa España y Murcia en particular, han asumido su corresponsabilidad con el resto de las administraciones públicas y con la ciudadanía en general, aplicando políticas de austeridad que en los dos últimos años han supuesto un recorte del gasto público de más de 30 millones de euros.

   A pesar de ello, indican que el Gobierno regional "sigue manteniendo una deuda con la Universidad de más de 60 millones de euros. Además nos exige un nuevo recorte de 21 millones para 2012", según han informado fuentes de los responsables universitarios en un comunicado.
   Por otro lado, a ello se suman los "drásticos recortes y modificaciones legales recogidos en el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que van más allá de la simple austeridad", añaden.
   De este modo, han manifestado que las recientes medidas adoptadas por los Gobiernos central y regional "ponen en grave riesgo la viabilidad de esta Universidad pública y pueden arruinar los esfuerzos realizados en los últimos años".
   Y es que, en su opinión, la Universidad de Murcia es la más importante institución regional en el campo de la investigación científica y desempeña una triple función de formación cultural, capacitación profesional e innovación científica y tecnológica, de la que depende el desarrollo socioeconómico y cultural de esta Región.
   Como ponen de manifiesto los países más desarrollados de Europa, y como ha acordado recientemente el Parlamento Europeo, "un país que no apuesta decididamente por la educación, la formación y la investigación, no tiene futuro alguno en el siglo XXI", han subrayado.
   Por ello, explican que en caso de llevarse a cabo las medidas propuestas, la Universidad de Murcia "se vería obligada a prescindir de un buen número de profesores que son, sin duda, la generación de profesionales más preparada de su historia".
   La Universidad de Murcia ha incrementado su número de alumnos en los dos últimos años en más de 5.000, pasando de 26.000 a 31.000. Esta situación se debe, al menos en parte, a la alta tasa de desempleo juvenil, que supera ya el 50 por ciento, y a la necesidad de los desempleados de ampliar su formación para aumentar sus posibilidades de conseguir empleo.
   Por todo ello, manifiestan públicamente su apoyo al Rector y al Consejo de Dirección de la Universidad de Murcia "en la defensa de los intereses de esta institución universitaria, que son también los intereses del alumnado, de sus familias y, en general, de toda la sociedad murciana".

El sistema sanitario español acumula pérdidas millonarias por la mala gestión

MADRID.- El sistema sanitario español está plagado de fallos administrativos que ocasionan pérdidas millonarias debido, principalmente, a la mala gestión hecha por las administraciones de la atención sanitaria a extranjeros.

Así se desprende de un informe del Tribunal de Cuentas que tras fiscalizar el ejercicio 2009 ha detectado numerosos fallos burocráticos y administrativos de los que responsabiliza tanto al Sistema Nacional de Salud como a las comunidades autónomas.
La falta de actualización de tarifas, la concesión de tarjetas sanitarias a ciudadanos extranjeros que no cumplían los requisitos, la duplicidad de tarjetas, la falta de informatización, la asunción de pagos que no les corresponden o la dejación a la hora de facturar los servicios sanitarios a los países de origen de los pacientes, son las principales irregularidades detectadas en el sistema sanitario español.
Uno de los principales "agujeros" se encuentra en la facturación de las prestaciones farmacéuticas a extranjeros, concepto por el que en 2009 se facturaron 1.452.207,73 euros por la asistencia prestada en atención primaria.
Tras inspeccionar este servicio, el Tribunal constató que los servicios de salud de las comunidades autónomas dejan de facturar de media el 45% del coste de estas prestaciones farmacéuticas servidas a asegurados de los 37 países objetos de fiscalización, lo que supone unas pérdidas de, al menos, 4,5 millones de euros en un solo año.
Las administraciones autonómicas tampoco facturan, según el Tribunal, las prestaciones que sus servicios de emergencia ofrecen a asegurados de otros países.
En este caso, la facturación no realizada por las comunidades autónomas ascendió, al menos, a 3,55 millones de euros en un ejercicio.
Otro de los "agujeros" por el que el sistema sanitario española pierde dinero es el de la fijación de precios públicos que aplica cada comunidad en la atención sanitaria a extranjeros.
Según el Tribunal, la falta de actualización de los mismos hace que, en la mayoría de los casos, ni siquiera sirvan para cubrir los costes de las prestaciones servidas a los pacientes extranjeros.
Así, existen diferencias significativas de precios entre comunidades que pueden oscilar entre los 2.245,21 euros que estipula Andalucía por una litotricia renal (tratamiento para eliminar cálculos del riñón) o los 849,64 de Galicia por la misma prueba; o entre los 548 euros calculados por Aragón por la estancia en la UCI y los 2.035,55 de Extremadura.
El Tribunal también ha detectado "incoherencias" en la base de datos de la mayoría de las regiones respecto a los ciudadanos extranjeros procedentes de países donde son aplicables los Reglamentos comunitarios.
En su informe también denuncia que las bases de datos de los pacientes extranjeros están incompletas, lo que hace imposible cobrar muchas de las facturas en sus países de origen.
Otra de las anomalías se refiere a los extranjeros con derecho a asistencia sanitaria por carecer de los recursos económicos suficientes.
En este caso ha comprobado que de los 453.349 extranjeros en esta situación, 2.586 eran a su vez titulares de una Tarjeta Sanitaria Española (TSE) emitida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), algo incompatible.
El fraude, explica, se debe a que la tarjeta de los extranjeros sin recursos tiene una validez de 90 días frente a los dos años de la TSE, periodo en el que, además, estas personas pueden regresar a sus países y recibir allí atención médica con cargo a España.
Así, explica puede darse el caso de ciudadanos marroquíes que hayan vuelto a su país se desplacen a Ceuta o Melilla a recibir atención sanitaria con cargo al sistema español.
El Tribunal denuncia, además, que en la mayoría de las bases de datos el campo relativo a la nacionalidad "estaba vacío", y tampoco figuraba la fecha de caducidad de la tarjeta, ni la fecha de baja, lo que facilita que un número importante de ciudadanos extranjeros continúe utilizando tarjetas caducadas.
Según el informe, los servicios de Salud de las comunidades autónomas emitieron, en 2009, 1.112.085 tarjetas sanitarias individuales a extranjeros procedentes de países del Espacio Económico Europeo y Suiza.
No obstante, 59.088 de estos extranjeros, figuran en las bases de datos como personas sin derecho a asistencia sanitaria.
En este caso, advierte de la dificultad añadida de conocer qué comunidades autónomas emitieron las citadas tarjetas.
También advierte de más de un centenar de extranjeros que tienen la tarjeta sanitaria de su país y la tarjeta sanitaria individual española, dos documentos incompatibles.
Además, la mayoría de centros sanitarios españoles dispensan a extranjeros con tarjetas sanitarias temporales tratamientos que no son urgentes y que pueden posponerse hasta la vuelta a sus países como mecanoterapia, masoterapia, cinesiterapia o termoterapia, entre otros.
Estos tratamientos cuestan miles de euros que, por otra parte, y según el órgano fiscalizador, nunca se facturaron o cobraron a los países afectados.