MÁLAGA.- El presunto cerebro de la supuesta trama de corrupción en Marbella, el cartagenero Juan Antonio Roca, ha negado que interviniera en la tramitación de los convenios en los que asesoraba, asegurando que "no soy ni alcalde, que es el que firma el convenio; no soy secretario, que es el que informa jurídicamente, ni soy interventor, que informa económicamente", que son quienes, ha dicho, se encargan de los trámites posteriores a la firma de estos acuerdos.
Roca ha comenzado la sesión del último bloque del juicio del caso 'Malaya', contestado a las preguntas del letrado de la Junta de Andalucía y señalando que "nunca he tenido ningún tipo de incompatibilidad para hacer mis negocios privados con mi trabajo en el Ayuntamiento", defendiendo ese trabajo de asesoramiento en determinados convenios urbanísticos suscritos con Aifos o Construcciones Salamanca.
El principal acusado ha precisado que en la fecha en la que asesoraba "mi trabajo estaba mucho más desvinculado, porque no estaba asociado a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)". Sí ha admitido que proponía convenios para que se incorporaran al planeamiento, pero ha insistido en que éstos "no tenían virtualidad, no eran más que un acuerdo de partes", incluso muchos "no llegaron a incorporarse".
Así, Roca ha defendido que el equipo de Gobierno que presidió Marisol Yagüe, tras la moción de censura contra el que fue elegido alcalde en 2003, Julián Muñoz, decidió aplicar en los convenios que se firmaban el aprovechamiento medio exigido por ley "y no esa locura que instauró el señor Jesús Gil" y el letrado José Luis Sierra "de exigir el 50 por ciento" en cuanto a los aprovechamientos urbanísticos.
En este punto, ha precisado que tras esa moción de censura el nuevo equipo de gobierno "apuesta por la legalidad" y ha recordado que se llegó a firmar un convenio con la administración andaluza para la redacción de un plan general "de ordenación y normalización", que se resolvió, ha dicho, por discrepancias entre ambas administraciones sobre la paralización de obras.
Roca ha manifestado que el Ayuntamiento decidió que "no se va a hacer nada hasta que no se sepa cómo van a quedar las construcciones en el nuevo proceso de normalización, porque si se van a legalizar, no tiene sentido iniciar mil expedientes de paralización, de suspensión, de lesividad". "Esto no le gustó a la Junta de Andalucía", ha precisado.
En este sentido, ha indicado que dicha institución "quería que se paralizaran obras, quería que se paralizara Marbella", lamentando la actitud de la Junta de Andalucía que "en algunos casos, impugna la licencia y por otro lado, legaliza o dice que lo que se ha construido es legal", ya en 2010. Ha apuntado que "no se puede estar yendo contra tus propios actos".
El principal acusado ha indicado que "los tribunales han dictado unas sentencias, anulando unas licencias, que no se van a poder ejecutar porque hay un documento posterior que las legaliza", cuestionándose que "si se pueden legalizar, por qué se han denegado". Sí ha admitido que las licencias "hoy son contraderecho", insistiendo en que discutió con Gil por las decisiones municipales.
No desvela quien es JAG
Roca ha dicho que "no me pronuncié ni me pienso pronunciar" sobre las siglas JAG, que aparecen en un documento intervenido en la operación 'Malaya' y que se habrían relacionado con una persona vinculada al Cuerpo Nacional de Policía. Además, ha expresado que al inicio del juicio decidió junto a su letrada que su defensa "tenía que basarse en contar la verdad".
Roca ha seguido contestando a las preguntas de las defensas. Así, Javier Saavedra, letrado del exalcalde Julián Muñoz, le ha preguntado en su interrogatorio sobre si el juez instructor le cuestionó en la investigación de la causa por lo que significaban las siglas JM, que los investigadores y las acusaciones vinculan al exregidor y que Roca ha asegurado en el juicio que se refieren a un asesor de la campaña electoral, que no está imputado.
En este contexto, la defensa de Muñoz le ha preguntado respecto a si el juez también le inquirió "con alguna insistencia" por el acrónimo JAG, explicando el principal acusado que "en una comparecencia especial, me citó el instructor y el ministerio fiscal y me preguntaron sobre estas iniciales y no me pronuncié ni me pienso pronunciar porque no está imputada en esta causa la persona a la que responden estas iniciales".
El primer juez instructor del caso 'Malaya', Miguel Ángel Torres, ordenó en su momento iniciar investigaciones tras encontrar en el registro del trastero de Roca anotaciones manuscritas sobre presuntos cobros y pagos y en uno de los documentos aparecía "un pago a favor de JAG a cargo de Roca por importe de 200.000 euros, cantidad que aparece recogida en la cuenta de enero de 2006 como 'particular' a favor de JAR --Juan Antonio Roca--".
Así, el juez apuntaba a que "el citado JAG, persona vinculada con el Cuerpo Nacional de Policía, pudiera haber sido gratificada por Juan Antonio Roca con una importante cantidad económica por facilitarle información valiosa sobre este procedimiento" y se indicaba que "la persona que se esconde bajo el acrónimo JAG es una persona que conoce la estructura policial y que está al tanto de las decisiones en el Cuerpo Nacional de Policía".
En el trámite de cuestiones previas, el letrado que entonces defendía a uno de los empresarios acusados pidió que se incorporaran a la causa las investigaciones sobre JAG, apuntando que "en Internet introduce usted las siglas y lo saben hasta los porteros de las comisarías, porque será o no será, pero con estos mimbres no se trata de otro que del comisario jefe de la Policía Judicial Juan Antonio González, parece sospecharse presuntamente".
El fiscal Anticorrupción explicó en ese momento de las alegaciones que sobre este tema se dedujo testimonio, lo que dio lugar a un procedimiento separado "que terminó con auto de sobreseimiento y archivo" por parte del segundo instructor del caso 'Malaya', Óscar Pérez, por cuanto "la investigación no llegó a ningún lado".
Este martes, cuando se cumple un año del inicio del primer bloque del juicio del caso 'Malaya', dedicado a la operación Crucero Banús, momento en el que comenzaron las declaraciones de los procesados, algunas defensas han preguntado a Roca por qué el cambio en su versión sobre los presuntos cobros de empresarios y los supuestos pagos a exconcejales. Roca ha dicho que este cambio "responde a una estrategia de defensa seria".
Ha dicho que el motivo fundamental fue "que me enfrenté con este plenario con una nueva defensa, porque mi abogado había renunciado, y yo debatí bastante con mi nueva letrada cuál iba a ser la defensa y decidimos desde el primer momento que mi defensa tenía que basarse en contar la verdad", ha apuntado, explicando que "la verdad significa estar de acuerdo con la tesis que mantienen las acusaciones cuando esa verdad coincide con ellas y rebatirlas cuando no coinciden".
"Ese nuevo planteamiento, que no quiere decir que al principio fuera contrario a decir la verdad, pero simplemente era no decir toda la verdad, fue decir que si esa verdad coincide con las tesis de la acusación las asumiremos y si no coincide, la rebatiremos", ha insistido el principal acusado, a quien una de las defensas le ha preguntado si no está adoptando una nueva posición jurídica "que le favorece", por el tipo penal que podría aplicarse.
"Llevo seis años en prisión, no sé exactamente lo que me beneficia y lo que no me beneficia, en cualquier caso, yo creo que a Juan Antonio Roca aquí se le ha beneficiado muy poco, porque soy de las pocas personas acusadas por casos de corrupción que se ha tirado cuatro años y se ha agotado el plazo máximo de prisión preventivo que prevé la ley. No conozco otro caso", ha explicado el principal acusado en el caso 'Malaya'.
Sobre Julián Muñoz, Roca ha indicado que en el tiempo que éste estuvo como regidor cuando Jesús Gil fue inhabilitado "Gil seguía siendo el que tomaba las decisiones" y "seguía ejerciendo como alcalde". "Y me consta que Julián Muñoz lo tenía como alcalde", ha manifestado Roca, al tiempo que ha precisado que en su caso él "seguía remitiéndole los convenios a Jesús Gil, aunque estuviera inhabilitado".
Sobre la que fuera primera teniente de alcalde Isabel García Marcos, Roca ha aseverado que "nunca" le dijo ni a ella "ni a nadie" de dónde procedía el dinero que daba para mantener la cohesión del equipo de gobierno, tras la moción de censura en 2003, y ha negado que le diera ese dinero a cambio de alguna actuación en concreto como concejal emitiendo su voto en la comisión de gobierno o en el pleno municipal.
Respecto a si le dio indicaciones sobre el sentido del voto ha señalado: "quien conozca a Isabel García Marcos sabe perfectamente que difícilmente accedería a algo así, no de mí, de nadie, pero de mí menos". Asimismo, el procesado ha rechazado que tratara o hablara con ella sobre asuntos urbanísticos relativos a convenios o licencias de obras.
