sábado, 10 de julio de 2010

Alguien ha metido a Ripoll en un buen lío / Apunte de Argárico

Cuando un amigo común me avisó por teléfono de buena mañana el martes pasado de la toma del Palacio Provincial de Alicante por fuerzas de la Policía Nacional, me vino a la mente alguno de esos episodios a la sudamericana que me trasladó a mi corta experiencia profesional en aquellas latitudes, allá por los años 80. Concluí en segundos que la degradación de la política en nuestros país procuraba ya una plástica propia de otros confines y, lo que es más preocupante, otros niveles y exigencias morales mínimas.

El inductor y el instrumento, político en este caso, no eran propios de un país europeo y lo burdo del método para aniquilar enemigos políticos, tampoco. Así se evidenciaba que la política valenciana ha tocado suelo por lo rastrero de sus últimos métodos, cegados sus actores por la codicia y una sed insaciable de poder.

José Joaquín Ripoll, con el que nunca he cruzado una sola palabra ni al que siquiera conozco personalmente, siempre me ha parecido un político mediocre y sin perfil desde sus tiempos de vicepresidente del Consell. Un auténtico caradura.

Todo el mérito a lo largo de su vida política ha consistido en ser el complaciente amigo del alma de un todavía muy cuestionado Eduardo Zaplana, que normalmente pensaba por él. Fiel hasta lo inimaginable, éste ha sabido recompensarlo siempre pese a su falta de ambición desde una anterior práctica profesional de escaso o nulo perfil por pocos proyectos conocidos como arquitecto.

Sabiendo sus limitaciones, por eso no se lo llevó a Madrid, aparte de que pensaba le sería mucho más útil guardando el feudo de Alicante como verdadera fuente de poder del ex ministro de Trabajo. Y hasta el martes Ripoll había conseguido lograr el encargo pese a los embates constantes del poder y hasta cierta respuesta artera y certera, que han obligado al ataque desde Madrid con el concurso de Valencia.

Nada que ver con su hermano Paco Ripoll, economista y el brillante de la familia, ni con su cuñada, una acaudalada heredera soriana, despierta y ágil desde que apareció por Alicante para estudiar en el CESA. O con su sobrina mayor, la que ahora vive en Chile: una mujer 10 desde que era niña y con uno de los mejores expedientes académicos recientes del ICADE.

Por no hablar de su padre y de su tío, quienes desde una situación radicalmente distinta, levantaron un "Horno de la Esperanza" que, a base de muchos años de trabajo y esfuerzo, les procuró cierta fortuna personal desde la más absoluta honradez. En ese ambiente creció el muchacho. Hasta por tener, tiene un cuñado ex jugador del Hércules. Ese es José Joaquín, un alicantino típico y bonachón, según dicen, hasta promocionar en su día a Mario Flores hasta la presidencia de la Autoridad Portuaria, aunque hoy uno de los conspiradores en la sombra.

Ripoll se ha encontrado casi todo hecho en su vida, tal vez por ser el segundo de tres hermanos y de los menores entre los primos, sin quitarle mérito al haber sido capaz de cursar y acabar la carrera de Arquitectura, que no debe ser nada fácil, incluso tener la suerte de haber encontrado y enamorado a su esposa, la inquientante madrileña Margarita de la Vega, una mujer que no pasa desapercibida y de la que se habla como la otra pieza fundamental en la vida del presidente de la Diputación pese a sus excesos con el dinero público y durante un tiempo beneficiaria de cierto nepotismo en la Universidad 'Miguel Hernández', de Elche.

Y hasta aquí una mínima contextualización del personaje, un joven que lloraba cuando creía que no llevaba bien preparados los exámenes en el colegio de los Jesuitas, donde ahora tiene a sus hijos y trató, sin suerte, de hacerse con el control del APA por si la titularidad se planteaba vender la marca y edificio a los padres.

Pero hace tiempo que ya no llora aunque estoy seguro que alguna lágrima se le puede haber escapado estos días en la intimidad pensando en el trauma de humillación que le puede haber quedado a esos hijos al ser levantados de buena mañana de la cama por la presencia de unos correctos policías que, eso sí, los sentaron en pijama en un sofá y no los dejaron ni ir al baño mientras registraban hasta entre los libros buscando un dinero que no estaba, más allá de los 1.000 euros de bolsillo que casi puede tener cualquiera en su casa para una urgencia.

Dicho ésto toca analizar el por qué y, sobre todo, por qué ahora y a un peón.

A Ripoll apenas le quedan amigos en Valencia y en Génova 13. Todo lo sufrido ha sido por elevación contra Zaplana, el verdadero gran objetivo de las gentes de Rajoy y, de paso, en el cuerpo de un peón residual en Alicante, a batir por la Generalitat desde que se enrocó inesperadamente en la presidencia del PP.

Dos objetivos, pues, por el mismo precio y un ideólogo en la sombra: Federico Trillo, diputado a Cortes por Alicante y gran protector ocasional del ex alcalde Luis Díaz Alperi, aparte de cerebro pensante y verdadero presidente de la Generalitat desde el punto de vista de la estrategia política a seguir en la Comunidad Valenciana. Un personaje que actúa desde Madrid teledirigiendo a su 'cónsul' en Valencia, el inefable y célibe Juan Cotino, otro hijo de obrero acaudalado.

Porque se dice, y debe ser con cierta base, que la 'garganta profunda' que desveló la presunta conspiración para delinquir desde la secretaría nacional de finanzas del PP, hay que buscarla muy cerca del ex alcalde de Benidorm y ex presidente de la Generalitat tras un supuesto pacto de impunidad con el mismísimo Rubalcaba después de la corta persecución judicial por lo de 'Terra Mítica'.

Lo de Rubalcaba es, pues, aquí puro señuelo de Camps porque se ve claramente que estamos ante un ajuste de cuentas interno a causa de la evolución del 'caso Gúrtel', con la impagable contribución del actual vicepresidente de la Generalitat, Juan Cotino, el lugarteniente de Trillo, y no casualmente, ex director general de la Policía e implicado en aquella supuesta trama de corrupción por vía familiar y empresarial.

Y alguien dispuesto a mantener el 'statu quo', con un presidente Camps noqueado y a punto de sentarse en el banquillo, para ganar tiempo mientras se asegura a favor de su grupo, el más conservador del PPCV, la sucesión, ya inaplazable, del cadáver político en que se ha convertido el pelele valenciano de don Federico, por otra parte carcelero del propio Rajoy tras apartar del verdadero núcleo de influencia en Génova 13 al más liberal Javier Arenas, gran mentor inicial del registrador de Santa Pola y residuo incrustado de UCD desde la época de Aznar.

Ripoll, cuya presunción de inocencia ha de rebajarse por su condición de político en activo hasta quedar fuera de toda duda y depositario de la confianza de los electores, ha sido víctima necesaria de esa estrategia de altura, sin menoscabo de la investigación en marcha desde el año 2007 a partir de una denuncia de parte interesada, por afectada, e indicios racionales suficientes, emanados de cientos de grabaciones telefónicas y comprobaciones policiales exhaustivas sobre todos y cada uno de los ahora, y antes, implicados.

La activación de repente de ese sumario, para más inri matenido secreto, es lo que escama muy pocos meses después de la llegada - ¿casual?- al juzgado nº 3 de Orihuela de un desconocido magistrado, joven y conservador, de apellido San Martín, del que muy poco se sabe, excepto que cuando tira la piedra trata de esconder la mano para mayor desgaste, impotente, del también presidente provincial del PP.

Pero no elevemos a categoría de anécdota ese meteysaca porque a mi me parece todo muy medido y calculado en sus probables efectos políticos previos a los penales.

Sin perjuicio de la estrategia jurídica del reconocido penalista y eminente catedrático Bernardo del Rosal y de la mecánica procesal en manos del letrado de su confianza personal, Francisco Candela, estoy seguro que la estrategia de la respuesta política ante este ataque la lleva, personal, intensa y muy directamente Eduardo Zaplana, tal vez con el inapreciable y oportuno consejo de su amigo, y no tanto ministro socialista del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Aunque lo que es un desastre, al menos hasta el momento, es la errática e improvisada estrategia de comunicación seguida por Ripoll quien, por falta de destreza en la cuestión, aparece en principio como el villano y no deja ver a quienes mueven los hilos desde detrás de la cortina.

Porque por la boca no siempre muere el pez si es capaz de soltar el anzuelo y volver a nadar a su antojo sin limitaciones funcionales, hasta recuperar la iniciativa y neutralizar a los 'pescadores'.

Si Ripoll no está mintiendo, y es inocente, demostrándolo, puede ser el líder político autóctono que Alicante necesita aunque en otros planos no haya resultado un crack. Su labor al frente de la Diputación, sin el eclipse que tenía en Valencia con Zaplana, dicen quienes la siguen que es la mejor, desde que se inició el actual régimen político, por sus logros tangentes y su maduración como gestor político.

Pero si miente, y es culpable, porque así lo demuestra el intachable fiscal izquierdista Briones, su carrera política habrá terminado para siempre porque los apoyos que aún le quedan irán menguando, dentro y fuera del PP alicantino, cuando su padrino, Zaplana, aparece cada día más vulnerable porque está pendiente todavía de dar determinadas explicaciones donde corresponda, pese a eventuales prescripciones y ciertas garantías emanadas desde Ferraz mediante el olvido pero que ahora hacen de Ripoll un rehén de su propio partido.

Este juez instructor no parece políticamente muy de fiar. Le ha cargado, sin concretarlo todavía, con cinco muy graves acusaciones y que le urgen, no solo a la proclamación unilateral de su inocencia, sino a deshacerse de la carga de la prueba cuanto antes para evitar, a toda costa, terminar aún más criminalizado de lo que ya está y sin posibilidad referencial de salir a defenderse de lo que se le acusa porque ser político le obliga a explicarse y hasta perdir perdón si fuese oportuno.

Una verdadera ratonera, parece que con necesarias complicidades en los ámbitos superiores de la Judicatura valenciana, como muy bien se ha puesto de manifiesto con las secuenciales, y no tan espontáneas, notas del TSJ y del CGPJ. Tiene todo lo vivido por la ciudanía más inquieta las trazas de una conspiración fallera, enmendada de que manera desde Madrid pero con el respeto jurisdiccional obligado hacia el magistrado oriolano y su teórica independencia.

Con todo el reconocimiento profesional que merece la estrategia habitual de los abogados, en la política el silencio sigue sin ser rentable cuando el electorado ya está pendiente de, al menos, una explicación convicente en primera instancia y que no puede esperar más, al margen de la velocidad procesal marcada por San Martín, cuya actuación a partir de ahora obliga a seguir con detalle en sus pasos y en sus tiempos para una mayor comprensión de lo que, en principio, pudiera parecer otra cosa y con otros beneficiarios.

Mantener viva la duda, para obligar a una mal entendida prudencia, que parece ser la estrategia forzada por sus adversarios internos al no concretarse los cargos y mantenerlo en una práctica indefensión, va directamente contra la credibilidad de Ripoll como figura institucional y terminará por conducirle a dimitir si alguien consigue vertebrar un clamor público creciente contra él aunque sea ficticio.

El gran pecado, aparte del original de navegar siempre en política de la mano de su amigo desde la época de las Juventudes de UCD, es haber cercenado el desembarco de las gentes de Camps-Trillo en la provincia de Alicante, ganando con toda legitimidad y no pocas dificultades el último congreso del PP, hasta recién plantar cara al presidente de la Generalidad, sugiriendo públicamente la conveniencia de su dimisión, y destrozar así su imagen pública desde dentro de la propia organización regional sin solución de continuidad.

Ese 'magnicidio' calculado por Zaplana y ejecutado por Ripoll es lo que ha conducido a la esperpéntica situación a la que asistimos sin programa de mano aunque alguno tengamos en nuestro poder su prueba de imprenta recompuesta trocito a trocito por la conducta de los propios actores y hasta figurantes de este sainete malo.

¿Por qué no está imputada la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, vicepresidenta de la Diputación y mano derecha de Ripoll? ¿Qué hacía en Madrid ese martes y habló o no habló con Rajoy si es que estuvo en Génova 13, tal como parece? ¿Por qué hace un mes que se rumoreaba la detención de Enrique Ortíz y por qué su esposa preparó un refrigerio a los policías que registaron su domicilio? Si es secreto el sumario, ¿cómo es que oficiosamente sabemos de que se acusa a cada uno de los once detenidos?

Algo huele a farsa y traición en todo ésto para un solo y gran perjudicado, aparte del denunciante Ángel Fenoll, imputado ahora por nuevos presuntos delitos dentro del mismo sumario.

Atención al comportamiento de algunos medios, muy necesitados, a partir del próximo lunes porque la agonía se puede prolongar durante todo el verano en esta gran partida de ajedrez abierta desde fuera de Alicante por personajes en la opacidad excepto en campaña electoral, cuando se presentan como valedores de Alicante en Madrid al estar vetados en su propia tierra y en la capital de su región.

No todos los médicos murcianos son objetores y se niegan a practicar abortos

MURCIA.- Médicos de la Asociación Defensa de la Sanidad Pública de la Región de Murcia han asegurado hoy que todos los médicos que trabajan en hospitales públicos de la Región no son objetores de conciencia para la práctica de abortos, en contra de lo manifestado hace unos días por la consejería de Sanidad.

En su opinión, para decir que todos los ginecólogos que trabajan en hospitales públicos murcianos son objetores respecto a la interrupción voluntaria de embarazos (IVE) tendría que haber algún registro oficial del que fuera garante el Colegio Oficial de Médicos, lo que no existe, y en caso de declararse así no poder realizar abortos en clínicas privadas.

Además, "si un ginecólogo es objetor de conciencia tienen que serlo tanto para la práctica en la sanidad pública como privada", han subrayado.

Han dicho también que en estos últimos 25 años las mujeres que han decidido interrumpir su embarazo acogiéndose a algunos de los supuestos legales lo han hecho en clínicas concertadas, excepto las que lo han hecho por indicación médica, es decir, por motivos terapéuticos, muchas de las cuales, del área de Murcia, han sido derivadas a Madrid. Este tipo de intervenciones precisan de cuidados hospitalarios que en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca no se ofrecen.

Según estos médicos, en la Región de Murcia "hay hospitales públicos en los que se realizan abortos terapéuticos y, si en el Hospital Virgen de la Arrixaca no se realizan, no es por un problema de objeción de conciencia, sino por una negativa expresa de dicho hospital".

Han informado asimismo de que la cobertura que abona la consejería de Sanidad a las clínicas privadas concertadas solo cubre la intervención pero no la sedación y si la mujer la demanda debe abonar 90 euros.

Se quejan asimismo de que a pesar de que la nueva ley data del pasado marzo, los médicos de familia, que hasta ahora son los primeros que asisten a las mujeres que quieren abortar, no han recibido ninguna comunicación ni instrucciones de la consejería de Sanidad.

"Los médicos de los centros de salud no saben los trámites que hay que seguir desde el pasado lunes", día en el que la ley entró en vigor.

Sobre el contenido de la ley respecto a las jóvenes de 16 y 17 años, han comentado que la experiencia de los médicos de familia en sus consultas es que, en la mayoría de las ocasiones, las menores acuden acompañadas por sus padres o tutores y, cuando surge un conflicto, suele ser porque las menores son las que no quieren abortar, mientras que sus padres insisten en el aborto.

Han criticado asimismo que la píldora del día después no se dispense en los centros de salud y los centros de urgencias murcianos, como sucede en otras comunidades autónomas, "lo que podría evitar algún caso de aborto, facilitaría la anticoncepción postcoital y la información en métodos anticonceptivos efectivos".

Según datos de la consejería de Sanidad, en la Región de Murcia se contabilizaron 4.172 interrupciones voluntarias de embarazo en 2009, el 58 por ciento en mujeres extranjeras.

Desde 2001 la Región de Murcia está entre las cuatro comunidades autónomas españolas con mayor tasa de IVE por cada mil mujeres en edad reproductiva (de 15 a 44 años), junto a Baleares, Cataluña y Madrid, según los últimos datos disponibles en el Ministerio de Sanidad y Política Social.

El juez imputa varios delitos a tres concejales de Orihuela y a dos empresarios, uno de ellos murciano

ORIHUELA.- El titular del juzgado de primera Instancia nº 3 de Orihuela, en la sesión de ayer viernes, ha imputado en el 'caso Brugal' al empresario Ángel Fenoll y a su hijo por varios delitos, y ha dejado libre con cargos a los ediles de la localidad Gines Sánchez, Antonio Rodríguez Murcia y Manuel Abadía.

El magistrado ha tomado declaración a estas cinco personas, en el marco de las Diligencias Previas 851/07, abiertas por los posibles delitos de tráfico de influencias, fraude y cohecho, entre otros, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Al empresario murciano Ángel Fenoll, el magistrado le ha imputado cinco delitos, entre los que se encuentran los de cohecho, tráfico de influencias, amenazas y fraude, según han informado fuentes cercanas al caso.

El instructor ha acordado su ingreso en prisión provisional, eludible con una fianza de 300.000 euros, por los delitos antes mencionados, mientras que a su hijo, Antonio Ángel Fenoll, le ha impuesto una fianza de 100.000 euros.

El TSJCV ha precisado que las imputaciones de Fenoll y de su hijo --ambos empresarios-- han variado con el transcurso del tiempo, en el sentido de que en la actualidad corresponden a otras infracciones penales "iguales o similares" a las que ya se informó al resto de imputados en el día de ayer.

El TSJCV ha explicado que a ambos se le ha concedido un plazo de cinco días hábiles para reunir las cantidades establecidas. Asimismo, a petición del ministerio fiscal, estos importes son adicionales a los ya acordados en el año 2007 con respecto a ambos empresarios "para garantizar su presencia en el proceso y su localización permanente".

En 2007 se les imputó, junto a otras personas, el presunto delito de extorsión con grabaciones, entre otros. La instrucción se enmarcó también dentro de la operación 'Brugal'. Contra los autos dictados este viernes por el magistrado-juez, las partes pueden interponer un recurso de reforma en el plazo de tres días, según ha apuntado el TSJCV.

Al igual que sucedió en las comparecencias del jueves, ayer viernes se practicaron las diligencias de imputación judicial y se ha explicado a cada uno de los imputados por la investigación que "no se les podían detallar los hechos imputados" como consecuencia del secreto sumarial, según el comunicado.

No obstante, se les ha expuesto, de "forma minuciosa, las figuras penales y los preceptos legales a los cuales se pueden referir sus conductas, al igual que se hizo con el resto de imputados que declararon el jueves", añade.

En la misma causa, el instructor ha tomado declaración este viernes a los tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela implicados en el caso 'Brugal'. En este sentido, el juez ha dictado libertad provisional sin fianza para los ediles Gines Sánchez, Antonio Rodríguez Murcia y Manuel Abadía, aunque imputados por los delitos de fraude, cohecho, tráfico de influencias y actividades prohibidas a funcionarios, según han informado fuentes cercanas al caso.

El fiscal había solicitado para cada uno de los ediles oriolanos la medida cautelar de prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros, medida que finalmente ha sido desestimada por el juez.

Los tres ediles salieron del juzgado cerca de las 12.30 horas de este viernes, acompañados de sus abogados. Gines Sánchez ha indicado a la salida de la instalación judicial que no puede decir "de qué está imputado" debido al "secreto de sumario" decretado para las diligencias previas por el juez, y sólo ha añadido que ha quedado "en libertad, sin medidas cautelares".

Tanto la defensa legal de Gines Sánchez como la de Antonio Rodríguez Murcia corre a cargo del Ayuntamiento de Orihuela, mientras que Manuel Abadía se ha proporcionado sus propios abogados.

Ginés Sánchez fue el primero este viernes en llegar a los juzgados de la localidad sobre las 9.00 horas de este viernes, seguido de Antonio Rodríguez Murcia, que acudió a las 10.00 horas. A las 11.00 horas acudió el tercero de los ediles del equipo de Gobierno del PP, Manuel Abadía.

Información sobre el BIC de la red de regadío / Cartas al Director

Estimados amigos/as:

El día 22 de junio el Consejero de Cultura firmó una orden disponiendo la anulación de la incoación de expediente de bien de interés cultural de la red de regadío de la huerta de Murcia como lugar de interés etnográfico. Según esta orden se admite el recurso presentado por el presidente de la Junta de Hacendados y, de esta simple manera, se anula todo el procedimiento abierto (podéis leerla en archivo adjunto).

Desde HUERMUR vamos a presentar recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, ya que creemos que el procedimiento llevado a cabo por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales ha sido irregular y no se ha ajustado a la Ley de Patrimonio de la Región de Murcia, al igual que la orden del Consejero de Cultura con la que se ha anulado la incoación.

A lo largo de este corto e irregular procedimiento hemos apreciado que desde la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales tenían mucha prisa por terminar con esta incoación "indeseable", y cuya anulación por la vía legal se estaba complicando demasiado, por lo que han decidido dar carpetazo aún a riesgo de verse envueltos en un procedimiento judicial.

Además, se ha utilizado como excusa el recurso presentado por el presidente de la Junta de Hacendados que nada dice en materia cultural, simplemente defiende su política de entubamiento de acequias, con las que ha destruido cauces y elementos protegidos (rueda de Felices, molino de Oliver), y alega una supuesta complicación burocrática para el uso de la red de regadío si es declarada BIC. Afirmación incierta puesto que el uso de las acequias forma parte del bien y es un valor añadido que resulta fundamental para la conservación de los cauces, estando también declarados BIC otros elementos de la red de regadío (Contraparada, ruedas de Alcantarilla y La Ñora, acueducto de los Arcos) y no necesitando permisos de Cultura para su uso habitual.

En definitiva una muestra más de la política que está llevando a cabo la Consejería de Cultura en materia de protección y conservación, utilizando, a nuestro parecer, la Ley de Patrimonio a su antojo y según convenga a ciertos intereses.

Desde Huermur seguiremos batallando e insistiendo para que finalmente se reconozcan los valores de esta antigua red de regadío dentro de un paisaje cultural de primer orden como es la huerta de Murcia.

Muchas gracias por vuestra ayuda y colaboración, y seguimos en contacto.

Un cordial saludo.

José Antonio Moreno
HUERMUR Huerta de Murcia
huertademurcia@hotmail.com

Lo llaman corrupción… / Miguel Riera

Lo llaman corrupción… cuando su verdadero nombre es Crimen Organizado. ¿Cómo, si no, denominar a esas redes mixtas, formadas por personajes de la vida civil y políticos en activo o ya jubilados que se dedican al saqueo concienzudo del erario público?

Las tramas Gürtel, Pretoria, Palau, la balear , etc., no son simples manifestaciones de la corrupción. Corruptos son los que practican nepotismo, los que miran para otro lado sabiendo lo que pasa en el despacho oficial vecino, los que se llevan un sobre en una operación concreta y aislada, los que piden el 3% para alimentar las finanzas de los partidos. Pura putrefacción que lamentablemente la sociedad española acoge ya con cierta indiferencia y pasividad.

Pero en España hemos sobrepasado de largo ese nivel de podredumbre: han pasado por los juzgados Ministros, Presidentes de Comunidades Autónomas, Consejeros, Presidentes de Parlamentos, Alcaldes… vinculados a “tramas” de la sociedad civil de carácter parasitario o formando parte directamente de ellas, no ya como cómplices necesarios, sino incluso como instigadores y organizadores. Y a eso se le llama Crimen Organizado.

La clase política se defiende como gato panza arriba cuando desde abajo se generaliza acusándola de estar toda ella pringada en la corrupción. Y es verdad: todavía queda gente honrada. Pero esa gente honrada está siendo utilizada como parapeto, a modo de escudo humano, para evitar asumir la enorme responsabilidad que nuestra clase política ha contraído con la ciudadanía, ya sea por acción o por omisión. Si los políticos quisieran, acabarían con la corrupción en cuatro días. Simplemente, no quieren.

Pero volvamos al asunto del Crimen Organizado. España no es el único país en el que las redes mafiosas se han incrustado en la administración del Estado, tanto a nivel nacional como autonómico. Tenemos muy cerca el caso de Italia. Hace ya muchos años que la Mafia se incrustó en el Estado italiano, obteniendo inestimables “ayudas” políticas desde las más altas instancias del gobierno. Quien haya visto Il divo, la película sobre Andreotti, sabrá de lo que hablo. A la corrupción democristiana siguió la berlusconiana, a pesar de los esfuerzos de algunos jueces (¿se acuerdan de Manos limpias?). El convencimiento entre las gentes de que el asunto no tiene solución, ha permitido al populismo de derechas asentarse en el poder en Italia sin pagar ningún precio por sus delitos.

¿Es este el futuro que nos aguarda a nosotros? ¿Vamos, de tan decepcionados, a seguir votando a los protectores, o cómplices del Crimen Organizado, como en Italia? ¿Nos va a dar igual que ganen unos u otros, porque en el fondo todos son lo mismo?

Parece que sí. Parece que eso es lo que piensan cada vez más personas. ¿Estamos a tiempo de cambiar las cosas? Probablemente sí, siempre que los partidos, o algún partido, se decida a abanderar decididamente la lucha contra la corrupción y empiece a dar ejemplo. Más allá de los discursos. Más allá de la retórica.

De momento, empecemos a llamar a las cosas por su nombre: lo llaman corrupción, pero en realidad es Crimen Organizado.

La crisis y modelos de desarrollo. Lo mucho que nos jugamos / Julia Martínez


Ya en 2006, desde el Foro Ciudadano y otras instancias se realizaba un diagnóstico bastante desolador acerca del modelo de desarrollo por el que se estaba apostando en la Región de Murcia, basado en una inundación de cemento sin límites, y se advertía no sólo de las tremendas consecuencias ambientales, sino de que los supuestos beneficios económicos a corto plazo, que casi todo el mundo aceptaba como un maná que no había que cuestionar, se tornarían más pronto que tarde en fuente de problemas sociales y económicos de todo tipo. Dos años después tales consecuencias eran ya una realidad y hoy se añaden al panorama dibujado por una crisis global, nacional y regional sin precedentes a todos los niveles, desde el financiero al socioeconómico y al ambiental.

Casi nadie quiere recordar las múltiples voces ciudadanas, agrupadas en torno al movimiento La Región de Murcia No se Vende, que denunciaban el desorden social y la sinrazón ambiental del tsunami urbanístico. Casi nadie quiere recordar las múltiples voces de expertos que desde análisis rigurosos, como los que se exponían en el Informe 2006 del Foro Ciudadano, señalaban las falacias de un crecimiento tramposo cuyos cimientos, básicamente especulativos, se desintegrarían como el papel con las primeras lluvias.

Muchas voces que hasta 2006 permanecieron calladas, afirman ahora que la alternancia de vacas gordas y flacas son normales y que lo que tienen que hacer las Administraciones públicas (es decir, lo que tenemos que hacer todos nosotros con nuestros impuestos) es ayudar a recuperar el crecimiento, sacando a flote el sector financiero y reimpulsando el sector de la construcción, a mayor gloria del pelotazo de algunos y el consumismo enfebrecido de todos.

¿Y de dónde se pretenden sacar los recursos necesarios? Obviamente, no con mayores controles y regulaciones al sistema financiero, ni con tasas bancarias ni impuestos a los más ricos y con la lucha contra el fraude fiscal. Los recursos para ese supuesto nuevo crecimiento se pretenden obtener de empezar a desmantelar un Estado del Bienestar que en España hemos construido de forma más tardía y precaria que en el resto de Europa.

Pero esta opción es una huida hacia adelante en la peor de las direcciones, porque supone iniciar la pérdida de conquistas sociales básicas, que se sabría como empieza pero no cómo ni cuándo terminaría, y porque además la etapa dorada del crecimiento no puede volver en plena y creciente crisis global energética, de recursos y de sumideros de residuos.

No podemos —ni debemos— volver al desbocado crecimiento de nuestro pasado reciente que tanto daño ha causado en lo ambiental y también en lo estrictamente económico, comprometiendo incluso las bases del desarrollo futuro trasladando las facturas a las generaciones futuras —y no tan futuras—. Entre estas facturas, la escandalosa emisión de deuda por parte de todas las Administraciones, Ayuntamientos incluidos, no es más que uno de los ejemplos más divulgados. Reimplantar ese crecimiento sería como echar gasolina a la casa en llamas.

Los indicadores de ecoeficiencia muestran que el crecimiento económico de la Región de Murcia en los años recientes ha tenido lugar a base de dilapidar más recursos y producir más contaminación por unidad de PIB, lo que no parece una opción muy inteligente. Estos indicadores y otros como la huella ecológica, que ha aumentado de forma acelerada en los últimos años, señalan la necesidad de reducir de forma sustancial y urgente los flujos de recursos y materiales y la producción de residuos en las actividades económicas así como de reconducir los hábitos de consumo hacia patrones más sostenibles. La actual crisis financiera y económica, con ser la que más atención recibe, forma parte en realidad de una crisis mucho más global, una crisis de sostenibilidad a todas las escalas, en lo ambiental, en lo económico y en lo social.

En nuestro ámbito más cercano, urge un cambio profundo hacia una Región de Murcia más sostenible en las prioridades de los ciudadanos, de los agentes económicos y sociales, de la agenda política y en la toma de decisiones de nuestros poderes públicos. No podemos caer en un segundo error y desaprovechar esta oportunidad para un giro radical en el modelo de desarrollo, que respete, cuide y trate con inteligencia nuestro territorio, nuestros paisajes, nuestros recursos naturales y nuestra biodiversidad, que apueste por diversificar la economía, por hacerla más equilibrada y basada en empleo estable y cualificado, que invierta en investigación y desarrollo y en mejorar sustancialmente la formación de los jóvenes, que se abra a actividades que generen alto valor añadido sin consumir la base de recursos, que preserve nuestra identidad personal y colectiva y nos permita disfrutar una verdadera calidad de vida, alejada de un consumismo exacerbado.

Y todo ello requiere de un Estado del Bienestar saludable, porque la sostenibilidad social (educación, equidad, cualificación laboral, empleo estable...) es imprescindible para este giro en el modelo de desarrollo, justo el Estado del Bienestar que se pretende empezar a desmantelar para satisfacer la voracidad de los mercados financieros y un capitalismo globalizado que nunca tendrá suficiente.

El 29 de septiembre, con motivo de la huelga general, todos tenemos una oportunidad para decir que no a esta huida hacia delante.