martes, 4 de mayo de 2010

Garzón, la justicia y la memoria / Ignacio Ramonet

La prensa mundial, las asociaciones de defensa de los derechos humanos y los más eminentes juristas internacionales no salen de su estupor. ¿Por qué la justicia española, que tanto hizo estos últimos años para reprimir los crímenes de lesa humanidad en distintas partes del globo, quiere sentar en el banquillo a Baltasar Garzón, el juez que mejor simboliza el paradigma contemporáneo en la aplicación de la justicia universal?

Los medios internacionales recuerdan los méritos del "superjuez": su trascendental papel en el arresto del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, en 1998; su denuncia de las atrocidades cometidas por los militares en Argentina, Guatemala y otras dictaduras latinoamericanas; su empeño en desmantelar a los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) y en enviar a los tribunales a Felipe González; su oposición a la invasión de Irak en 2003; y hasta su reciente viaje a Honduras para advertir a los golpistas de que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles.

Como juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón ha encausado a unos mil activistas de la organización ETA (la derecha sugirió que se le concediera por eso el Premio Nobel de la Paz....). Lo que ha dado lugar a críticas, en particular su decisión de ordenar, en 1998, el cierre del diario Egin . O sus órdenes de detención, bajo régimen de incomunicación, de personas acusadas de terrorismo. Organismos como el Comité para la Prevención de la Tortura, del Consejo de Europa, reclaman la abolición de esa modalidad de detención. También se ha criticado la inmoderada afición del "juez estrella" por los primeros planos mediáticos.

En cualquier caso, Garzón ha demostrado ser un juez alborotador, independiente e incorruptible. Por eso ha acumulado tantos adversarios y se ve perseguido hoy por los corruptos de la trama "Gürtel" (1) y los herederos del franquismo. En el Tribunal Supremo hay, en efecto, tres denuncias contra él. Una sobre los honorarios que habría percibido por unas conferencias en Nueva York patrocinadas por el Banco Santander. Otra sobre unas escuchas telefónicas ordenadas en el marco de la investigación sobre la red "Gürtel". Y la principal: por investigar los crímenes del franquismo.

Dos organizaciones ultraconservadoras le acusan de "prevaricación" (2) por haber iniciado, en octubre de 2008, una investigación sobre las desapariciones de más de cien mil republicanos (cuyos restos yacen en las cunetas y fosas, sin derecho a un entierro digno) y sobre el destino de 30.000 niños arrebatados a sus madres en las cárceles (3) para ser entregados a familias del bando vencedor durante la dictadura franquista (1939-1975).

Si le declararan culpable, Garzón se enfrentaría a una suspensión de entre diez y veinte años. Sería una vergüenza. Porque, en el fondo, este asunto gira en torno a una cuestión central: ¿qué hacer, desde el punto de vista simbólico, con la Guerra Civil? La decisión administrativa tomada en 1977, con la Ley de Amnistía (que, en lo inmediato, buscaba esencialmente sacar de prisión a cientos de detenidos de izquierda), fue la de no hacer justicia y no encarar ningún tipo de política de memoria.

Obviamente, a 71 años del final del conflicto, y al haber desaparecido, por causas biológicas, los principales responsables, hacer justicia no consiste en llevar materialmente a los acusados de crímenes abominables ante los tribunales. Éste no es sólo un asunto jurídico. Si tanto apasiona a millones de españoles es porque sienten que, más allá del caso Garzón, lo que está en juego es el derecho de las víctimas a una reparación moral, el derecho colectivo a la memoria, a poder establecer oficialmente, sobre la base de atrocidades demostradas, que el franquismo fue una abominación. Y que su impunidad es insoportable. Poder enunciarlo, proclamarlo y mostrarlo en "museos consagrados a la Guerra Civil", por ejemplo; en los manuales escolares de historia; en días de solemne homenaje colectivo, etc. Como se hace en toda Europa en solidaridad con las víctimas del nazismo.

Los partidarios de la "cultura del ocultamiento" acusan a Garzón de querer abrir la caja de Pandora y enfrentar de nuevo a los españoles. Insisten en que en el otro bando también se cometieron crímenes. No acaban de entender la especificidad del franquismo. Se comportan como un periodista que, deseando organizar un "debate equilibrado" sobre la Segunda Guerra Mundial, decidiese: "Un minuto para Hitler y un minuto para los judíos".

El franquismo no fue sólo la guerra (en la que el general Queipo de Llano afirmaba: "Hay que sembrar el terror eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensan como nosotros.") fue sobre todo, de 1939 a 1975, un régimen autoritario de los más implacables del siglo XX que usó el terror de forma planificada y sistemática para exterminar a sus oponentes ideológicos y atemorizar a toda la población. Afirmar esto no es una consideración política, sino una constatación histórica.

La Ley de Amnistía condujo a imponer, sobre la "banalidad del mal" franquista, una suerte de amnesia oficial, una "escotomización", o sea un mecanismo de "ceguera inconsciente" (en este caso colectiva) mediante el cual un sujeto hace desaparecer hechos desagradables de su memoria. Hasta que un día regresan a borbotones, en un estallido de irracionalidad.

Es lo que ha querido evitar el juez Garzón. Revelar la naturaleza malévola del franquismo, para que la historia no pueda repetirse. Nunca más.

Notas:
(1) Que afecta a personalidades del Partido Popular, en especial al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas.
(2) La prevaricación consiste en que una autoridad dicte una resolución, a sabiendas de que dicha resolución es injusta.
(3) Ricard Vinyes, Irredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas , Planeta, Barcelona, 2002. Ver el documental Els nens perduts del franquisme (Los niños perdidos del franquismo), de Montserrat Armengou y Ricard Belis.

La alcaldesa de Cartagena 'levanta la liebre' del abandono local de 'Navantia' por el Gobierno Zapatero

CARTAGENA- La alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, como diputada nacional por el PP presentará esta misma semana en la Comisión de Defensa del Congreso una batería de preguntas a los Ministerios de Defensa e Industria para que den explicaciones sobre la reciente y discreta decisión de paralizar los trabajos de la gran carena de submarinos S-71, que se venían realizando por la empresa pública Navantia en el astillero de Cartagena, y que podría suponer el despido inmediato de unos 300 trabajadores.

Ante el silencio de los socialistas cartageneros y de la misma dirección regional del PSRM, con Pedro Saura a la cabeza, la alcaldesa ha encontrado la oportunidad de apuntarse un tanto político. Lo más que han dicho por boca de la también diputada nacional Sara García es que está en conversaciones con responsables del Gobierno de la Nación y de la propia compañía naval con el objetivo de desbloquear el proyecto.

Sara García ha reiterado que su objetivo en los próximos días es saber cuál es exactamente la situación, conocer los planes del Ministerio de Defensa y conseguir desbloquear este asunto, para lo que también tendrá conversaciones con responsables de la Armada Española.

Y es que el problema no se limita a la detención de los trabajos en el S-71, sino que, además, en unos meses debería haber entrado en gran carena el submarino S-72, con el fin de continuar en la línea de esta unidad del astillero de Cartagena, según publica 'La Razón'.

Para Barreiro, es «increíble» que no haya información oficial sobre este asunto y que, habiendo celebrado este fin de semana el Día del Trabajo, ni siquiera los sindicatos se hayan pronunciado sobre una cuestión que es tan sensible para esta ciudad y que le va a costar el futuro a pequeñas empresas auxiliares que trabajaban en este proyecto y a las que tan sólo se les ha garantizado que cobrarán por el trabajo realizado hasta el momento.

¿Qué va a pasar con estas empresas auxiliares, con menos de diez trabajadores, que se van a quedar en la calle? ¿Cuál es la deuda que hay entre Defensa y Navantia? o ¿Por qué no se abona ni se dice nada en los Presupuestos?, serán algunas de las cuestiones que Pilar Barreriro planteará en el Congreso de los Diputados mañana o pasado a lo sumo.

Al parecer, en su última comparecencia el secretario de Estado de Defensa, al ser preguntado sobre el futuro de la gran carena en Navantia-Cartagena, aseguró que no había problema alguno, de ahí que ahora, según la alcaldesa, se haga necesario pedir explicaciones.

La sospecha es que no queda dinero ante el fuerte recorte que se prevé por las exigencias de Bruselas de estabilizar sus presupuestos por parte de España.

Según 'La Opinión', Navantia toma esta decisión ante la falta de la necesaria orden de ejecución por parte de la Armada española, debido a los recortes presupuestarios que el Ministerio de Defensa está sufriendo como consecuencia de la contención del gasto que ha puesto en práctica el Gobierno a causa de la crisis.

El astillero estaba trabajando en la gran carena del S-71 sin contar con la orden de ejecución, una especie de contrato que garantiza el cobro de la obra una vez terminada.

Además, esta revisión y sustitución de todos los equipos y elementos del submarinos, que en eso consiste una gran carena, debería estar terminada ya, pero los trabajos se han ido retrasando precisamente porque la Armada no ha cumplido con los plazos de entrega del material que debe aportar para la continuidad de la obra.

Tras varios meses de incertidumbre, Navantia se ha visto obligada a tomar esta determinación para evitar que sus arcas se vieran mermadas, ya que estaba pagando a las empresas auxiliares el trabajo que estaban desarrollando.

De nada han servido los ajustes presupuestarios ni los recortes en el tiempo de la obra que ha llevado a cabo Navantia para facilitar las cosas a la Armada que, por el momento, no ha conseguido el dinero para la orden de ejecución.

Los socialistas desenmascaran la falta de inversiones públicas del Gobierno Valcárcel

CARTAGENA.- La diputada regional Teresa Rosique pidió hoy al consejero de Obras Públicas, José Ballesta, que "se haga menos fotos y contrate más obra pública". Rosique señaló que a mes de mayo, la Consejería de Obras Públicas había licitado tan sólo un millón de euros de los 147,5 millones presupuestados para inversiones, un 0,68%, según un comunicado del PSRM.

Al grave problema que supone la caída del 34 por ciento de las inversiones en los Presupuestos regionales para 2010 de la Consejería que dirige Ballesta hay que sumar otro problema añadido, la ralentización en la contratación de obra pública que está llevando a cabo esta Consejería, como lo demuestran las cifras de contratación de mayo de 2010.

La Consejería de Obras Públicas tiene sin adjudicar todavía 40 millones de euros, de obras licitadas en 2009, pese a que los plazos de presentación por parte de las empresas acabaron hace más de 6 meses.

Desde el PSOE se viene reclamando al Gobierno regional la agilización de obra pública, ya que esta es fundamental para generar actividad económica y crear empleo, sobre todo en uno de los sectores más castigado por la crisis económica, como es el de la construcción.

“Lo que está sucediendo en la Consejería de Obras Públicas, que es la que mayor presupuesto de inversión tiene, repercute considerablemente en los datos de contratación de la Comunidad Autónoma”.

Rosique agregó que desde 2008, el Gobierno regional ha practicado un serio recorte en la contratación de obra pública. “Este año se ha dejado sin contratar más del 50 por ciento de lo presupuestado en el capítulo de inversiones, mientras que en 2009 fue más del 30 por ciento”.

Manifestó que en los dos primeros meses de este año, la contratación de obra pública por parte del Ejecutivo regional ha caído más de un 63 por ciento con relación al pasado año.

La diputada exige al consejero Ballesta que “se deje de tanta campaña de imagen y actúe con responsabilidad ante la crisis económica, que con mayor intensidad vivimos en la Región de Murcia como consecuencia del equivocado modelo de desarrollo del PP”.

Valcárcel acude a Bruselas para vender una región inexistente, imprecisa e inconcreta


BRUSELAS.- El presidente de la región española y mediterránea de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, no ha convencido hoy aqui a ninguno de las tres decenas de prescriptores sindicales, empresariales, legales y financieros de la Unión Europea ante los que ha desgranado una vez mas, lugares comunes, medias verdades y cierta propaganda poco elaborada para tal auditorio, en la búsqueda desesperada de inversiones en su erial también industrial, según la agencia NEM.

En un nuevo y repetido intento vano, más por ignorancia de como hacerlo, que ante quien y dónde cuando no se tiene nada real que ofrecer mejor que otros, este político periférico e irrelevante por lo pequeño de su región y su excentricidad territorial respecto a la centralidad continental, y sorprendente aspirante a liderar el Comité de las Regiones, ha vendido sin rubor aspectos inexistentes como unas supuestas, que no demostradas, ventajas competitivas de su feudo político en el sur de la Unión Europea.

Ignorando el perfil altamente cualificado de su auditorio, su carácter políglota y subestimando su nivel de información confidencial precisa sobre Murcia, Valcárcel y su ministrillo de Industria han osado hablarles (en castellano, que no en inglés) de "la confianza y seguridad que proporciona la Región para el desarrollo de proyectos" o la existencia de "capital humano cualificado y una posición estratégica en el arco mediterráneo, clave para el éxito de cualquier iniciativa empresarial y para el comercio con África y Sudamérica", nada más y nada menos.

Echando mano a la propaganda que acostumbra para consumo interno, Valcarcel ha citado en Bruselas la existencia en Murcia de unos teóricos "centros de investigación, y la magnifica calidad de vida que ostenta, ambos aspectos decisivos para que Cartagena acoja la mayor inversión industrial realizada en España, como es la ampliación de la refinería de Repsol, con un presupuesto de más 3.200 millones de euros, o que multinacionales como Pepsico, Mitsubishi, Siemens, Noksel o AES Corporation hayan apostado por Murcia", ha dicho finalmente, yendosele un poco la exageración por la boca.

La mayoría de los asistentes pusieron cara de póquer durante casi todo el acto y lo abandonaron discretamente con la sensación de haber perdido el tiempo ante la percibida megalomanía de un dirigente casi tercermundista y algo fanfarrón por no calibrar sus palabras ante grupo tan selecto y avezado en estas cuestiones, en las que ya se hila tan fino.

El sobrino pródigo del Presidente sigue tirando por la ventana el dinero de todos los murcianos

CARTAGENA.- El Grupo Parlamentario Socialista reclama la comparecencia urgente del consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, en la Asamblea Regional "para que dé explicaciones de cómo puede permitirse en la situación que estamos, entre otros gastos, tener un asistente personal que costó 1.000 euros o gastarse 9.681 euros en el catering de la sala VIP y de autoridades durante la celebración del festival SOS 4.8".

La viceportavoz, Begoña García Retegui, acusó hoy al consejero de actuar como un "magnate, pero derrochando el dinero público de todos los murcianos en plena en situación de crisis económica", según un comunicado del PSRM.

La diputada socialista regional considera que esa actitud "sólo obedece a una persona que está más preocupada por salir en el papel couché que por la gestión cultural y turística de la Región, desde luego, todo lo contrario de la austeridad y sobriedad que requiere la situación actual".

Retegui piensa que son un "auténtico disparate" los gastos del festival SOS 4.8., más aún al compararse con otros festivales "relevantes" como 'La Mar de Músicas' de Cartagena, que con 1,3 millones de presupuesto "trajo la pasada edición a 42 grupos de distintos países".

La Región de Murcia es líder interanual en desempleo

MURCIA.- El número de desempleados en la Región de Murcia al término del mes de abril se situó en 129.828, lo que supone una disminución de 927 personas respecto a marzo de 2010, una disminución del 0,71% respecto al mes de marzo; aunque en términos interanuales, Murcia fue la región donde más creció, un 20,46%, casi siete puntos más que la media nacional (13,65%).

El paro masculino se situó en 69.531 personas y el femenino en 60.297.

En Industria bajó en 500 personas, en la Construcción disminuyó en 484 y en los servicios en 228 pero también aumentó en el colectivo Sin Empleo Anterior en 165 y 120 más en Agricultura.

El paro registrado entre los extranjeros durante el mes de abril se situó en 24.474 personas, un -0,12%. Los desempleados son 20.738 extracomunitarios y 3.736 comunitarios.

En los Servicios los desempleados extranjeros son 10.028 más, seguido de la Construcción con 6.495, Agricultura, 4.237, Industria, 2.012 y en los Sin Empleo Anterior llegan a los 1.702.

La Región de Murcia es también en la que más desciende la contratación en términos interanuales.

En cuanto a la la afiliación media a la Seguridad Social, en abril había 523.138 personas, con un aumento de 1.651 respecto a marzo (0,32%).

En términos medios la afiliación se redujo en 17.507 personas en los últimos 12 meses (-3,24%).

De las 523.138 personas afiliadas a la Seguridad Social, 353.540 pertenecen al Régimen General, 95.228 al Régimen de Autónomos, 64.497 al Agrario, 8.801 a Empleados de Hogar y 1.073 a Trabajadores del Mar.