Así lo constata el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que recoge los procedimientos civiles y penales registrados y las órdenes de protección solicitadas en los juzgados de violencia sobre la mujer en el tercer trimestre de 2009.
De julio a septiembre, estos juzgados recibieron 35.270 denuncias, con una media de 15,2 denuncias por cada 10.000 mujeres, una ratio que se eleva hasta el 22,6 en el caso de Baleares, pero que se reduce hasta el 8,4 en Extremadura.
Andalucía fue la región donde más denuncias se presentaron en términos absolutos, con 7.464, seguida de la Comunidad Valenciana, con 5.054, y Madrid, con 5.013.
Frente a estas comunidades, y en función de su menor población, se encuentran La Rioja (239), Cantabria (326) y Navarra (383).
Proporcionalmente, además de en Baleares, el índice de denuncias fue mayor en Murcia (22,1 por cada 10.000 mujeres), Canarias (22) y la Comunidad Valenciana (20,1), en contraposición con Extremadura (8,4), País Vasco (8,8) y Castilla y León (8,9).
Respecto a las órdenes de protección, en el tercer trimestre de 2009 se pidieron 10.909, de las cuales se aceptaron 7.561, lo que supone el 69 por ciento del total, y otras 3.370 fueron rechazadas. Doce más se encuentran pendientes de resolución.
El 65,6 por ciento de las solicitantes eran españolas y, el otro 34,4 por ciento, de alguna nacionalidad extranjera, mientras que el 98 por ciento eran mayores de edad.
Según los mismos datos, en Andalucía es donde se solicitaron más órdenes de protección, con 1.933 requerimientos, seguida de Madrid, con 1.812, y Cataluña, con 1.787.
Por contra, La Rioja, con 82, así como Navarra, con 88, y Cantabria, con 111, fueron las comunidades con menos peticiones.
Teniendo en cuenta, sin embargo, el grado de aceptación o rechazo en los juzgados, fue en Murcia donde más órdenes se adoptaron, con un 92 por ciento a favor.
La Comunidad Valenciana, con el 87 por ciento, así como Castilla y León y La Roja, ambas con un 82 por ciento, también destacan por encima de la media.
En cambio, en Asturias sólo se aceptaron el 47 por ciento de las órdenes de protección solicitadas, cifra que se eleva hasta el 52 por ciento en Baleares y Cataluña.