El anuncio de este nuevo lanzamiento se produce un día después de que el grupo alimentario comunicara a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha encargado a Credit Suisse la subasta de su negocio de arroz en España, Estados Unidos y Holanda, al que podría sumarse también el de Portugal en función de los acuerdos contractuales que SOS mantiene con su socio en el país vecino.
murciaconfidencial@gmail.com / "La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio" (Cicerón) "Toda verdad pasa por tres fases: primero, es ridiculizada. Segundo, se le oponen violentamente. Y tercero, es aceptada como auto-evidente." (Schopenhauer) * Newsletter de opinión e influencia, sin ánimo de lucro ni subvencionado con dinero público o privado, fundado en enero del año 1984 por Francisco Poveda, periodista profesional licenciado en la UCM desde 1976.
martes, 9 de febrero de 2010
Al arroz de Calasparra le sale competencia: SOS anuncia el lanzamiento del arroz SOS Bomba
IU critica la "incapacidad" del Gobierno regional ante la deuda del SMS
Pujante señaló que el gasto sanitario puede disminuir a medio y largo plazo si la Administración regional pone en marcha medidas "reales y efectivas" en materia de sanidad, entre las que citó el fomento de las políticas de prevención en el área de salud pública, informaron fuentes del partido en comunicado de prensa.
Además, destacó la necesidad de reducir el gasto farmacéutico en Murcia, que es de 285 euros por habitante, por encima de la media nacional, que es de 278 euros, y recordó que la Región es la comunidad con una menor proporción de genéricos recetados, con un 3,7 por ciento.
Rosique espera que mañana todos los grupos apoyen en la Asamblea que el Rosell sea el segundo hospital de Cartagena
Rosique destacó la importancia de esta iniciativa, "ya que se trata de una necesidad vital para la ciudad". Destacó que la puesta en marcha del nuevo hospital, aunque es muy positiva para el municipio, "no es suficiente para resolver el déficit de infraestructuras hospitalarias que tenemos en esta área de salud".
Añadió que la planificación prevista por la Consejería y el uso destinado al hospital del Rosell, una vez que se inaugure el nuevo hospital, no resolverá los graves problemas "que en materia hospitalaria sufrimos los cartageneros desde hace años".
La diputada argumentó que esa es la razón por la que el PSOE insiste en pedir el apoyo a todas las fuerzas políticas para que el Rosell sea el segundo hospital de Cartagena y cuente con todos los servicios básicos precisos para una infraestructura hospitalaria de esas características.
El juez condena a los organizadores del 'Sirmu' por no pagarle a 'Ifepa'
Los hechos se remontan al año 2006 en el que se formalizó un contrato privado entre Ifepa y la empresa Murcia Urbana y Residencial, S.L. para alquilar los pabellones del Palacio de Ferias y Exposiciones de Torre Pacheco para celebrar el conocido evento Sirmu.
En el contrato se firmaba, por ambas partes, el "compromiso expreso de exclusividad y permanencia mutuo y se acordaba prorrogarlo por cinco ediciones más, con periodicidad anual o bianual, hasta el año 2011", según Ifepa.
El Sirmu se celebró en Ifepa en los años 2006 y 2007 con "éxito de participación", según la institución ferial.
Sin embargo, apuntó que en el 2008, el responsable de la empresa organizadora del Sirmu remitió una carta a Ifepa en la que, "alegando crisis del sector inmobiliario, planteaba dejar en suspenso el contrato y, mientras tanto, celebrar una o dos mini ferias en Murcia capital o bien en caso contrario darlo por rescindido".
Así, Ifepa contestó que, según el contrato, "no se admitía la celebración de la feria fuera de sus instalaciones, así que incumpliendo lo pactado, el evento Sirmu 2008 se celebró en el auditorio de Murcia".
La Institución Ferial Villa de Torre Pacheco indicó que, la sentencia concluye que los argumentos expuestos por Gómez son "meras excusas y queda doblegado desde el momento en que la crisis no impidió realizar la mini feria en Murcia".
El TSJRM acepta como acusación popular a los denunciantes de presunta corrupción con la balsa Jenni
El presidente del sindicato de regantes del trasvase dice no saber nada del escándalo de Abarán pero defiende al sospechoso
Y es que ayer la Guardia Civil registró las dependencias de la Comunidad de Regantes de Abarán por orden judicial y a instancias de la Fiscalía a raíz de una denuncia por presuntas irregularidades en la gestión del agua.
Claver, que afirmó que "no sabe" a que responde la actuación policial y que conoce los hechos por los medios de comunicación, se mostró apenado "porque García Yelo es una excelente persona y sé que tanto él como su familia lo deben estar pasando mal".
Al tiempo que mostró su respeto a las actuaciones judiciales y expresó el respaldo personal de los regantes al que fuera el fundador del Sindicato Central de Regantes.
Asimismo aclaró, tras reunirse con el secretario general del PSOE, Pedro Saura, en la sede del partido, que las comunidades de regantes son autónomas.
"Son como comunidades de propietarios y si en una comunidad de 12 propietarios hay siempre problemas, estos se multiplican cuando son miles, hay problemas en términos de si se da más agua a uno que a otro o de luchas por el poder. No sé que ha pasado en este caso, por lo que no puedo pronunciarme sobre el fondo de la cuestión", añadió.
"Esta situación es extraordinaria e insólita, jamás conocida en el ámbito del regadío y estamos a la espera de lo que se resuelve", concluyó el presidente del Scrats y portavoz del Comité de Crisis de la Sequía.
La Plataforma en defensa del yacimiento de San Esteban anuncia acciones legales por la "degradación" de los restos
Así lo advirtió hoy la portavoz de la plataforma, Maite Luengo, quien compareció en rueda de prensa junto a otros miembros, para informar de la "desprotección y el deterioro" de los restos del complejo palatino y barrio andalusí de San Esteban dos meses después de que una orden judicial paralizara cautelarmente el "desmontaje y traslado" de los elementos arqueológicos.
En concreto, la plataforma criticó que "más del 25 por ciento del yacimiento, tal y como aseguraron los directores de la excavación, se encuentra en un avanzado proceso de degradación, y los muros, hechos de tapial de tierra, se están degradando por las lluvias", al tiempo que advirtió que los restos "no podrán aguantar otros dos meses más a la intemperie".
En este sentido, la plataforma indicó que "mantiene" sus exigencias ante la Administración regional y reclama "la depuración de responsabilidades frente a la destrucción por la vía de la omisión del deber de conservación, y por la demostrada incompetencia en la gestión del patrimonio e intento de manipulación a los ciudadanos".
Igualmente, reclamó la "creación de un comité técnico multidisciplinar formado por un arquitecto, un restaurador, un técnico de patrimonio y los dos directores de la excavación para tomar decisiones urgentes con el fin de proteger el yacimiento y evitar su progresiva destrucción".
De la misma forma, reivindicó una "actuación urgente sobre el yacimiento, la paralización del proyecto del Ayuntamiento para enterrar los restos y la redacción de un proyecto para terminar la excavación y, al mismo tiempo, proceder a su protección". Así, indicaron que las excavaciones "deben continuar bajo la dirección de quienes, hasta ahora, eran los arqueólogos directores".
Según Luengo, se trata de dos meses con el yacimiento "completamente abandonado a su suerte y sufriendo las inclemencias del tiempo, dos meses de lluvias, inundaciones y daños irreversibles en un yacimiento que en estos momentos cuenta con la protección legal de Bien de Interés Cultural, y dos meses de incompetencia y pasividad camufladas de absurda burocracia".
A su juicio, esta burocracia "está consiguiendo destruir lo que las máquinas y las picoletas no consiguieron destruir el pasado 9 de diciembre", cuando la orden judicial "paralizó el desmontaje de los muros del yacimiento que había sido autorizado días atrás por la Consejería de Cultura y Turismo", aunque esa misma administración "paralizó posteriormente todos los trabajos de excavación".
La portavoz confirmó que han transcurrido dos meses "de manipulación a la ciudadanía y comunicados engañosos en los que se está permitiendo la degradación, ladrillo a ladrillo y muro a muro de los más importantes yacimientos de la Región de Murcia y, probablemente, de toda España".
Al respecto, dijo desconocer "si existe un informe escrito y firmado por algún técnico cualificado sobre el estado del yacimiento y que demuestre la inexistencia de daños en el mismo", pero dudó que "exista un técnico independiente capaz de firmar un texto de esas características".
Además, la plataforma criticó que los dos operarios que fumigaron el yacimiento con herbicidas "estuvieron más de media hora deambulando en solitario por el mismo sin estar supervisados por un técnico cualificado", y manifestaron que "permitir esa situación es un nuevo acto de irresponsabilidad por parte de las administraciones y acrecienta la degradación de los restos".
González Tovar califica el registro a los regantes de Abarán de "hecho puntual"
González Tovar recordó que el asunto "está bajo secreto de sumario", aunque reconoció que "hay abierta una investigación sobre las actuaciones de esta comunidad de regantes", que se ha hecho el registro y se han "incautado los materiales que puedan esclarecer las denuncias y las sospechas que pueda haber".
Pidió "dejar que trabajen la Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" y "respetar el secreto de sumario que el juez de Cieza ha decretado".
Preguntado por la incidencia en la imagen de los regantes, el delegado del Gobierno defendió que es una "situación puntual", recordó que hay que respetar la presunción de inocencia y que "este tipo de situaciones en nada empaña ese trabajo".
Una veintena de agentes de la Guardia Civil tomaron ayer la sede de la Comunidad de Regantes de Abarán para llevar a cabo un registro ordenado por el juzgado de instrucción número cuatro de Cieza.
La investigación se inicia a raíz de una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente de Murcia, que dirige José Luis Díaz Manzanera, sobre un presunto delito de malversación de caudales y fraude en este organismo.
Los agentes se llevaron prácticamente toda la documentación que había la sede de los regantes, incluidos los ordenadores. Al parecer, la investigación judicial tendría como objetivo esclarecer las presuntas irregularidades cometidas en este organismo en los años en los que estuvo presidido por José Joaquín García Yelo (entre 1981 y 2006), quien también fue durante 25 años presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura.
Algunos regantes habían presentado quejas ante la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) porque se les cobraba el agua de la cuenca del Segura (la procedente de los motores de riego) a precio de agua del Trasvase Tajo-Segura, que es tres veces más cara.
Además, en el curso hidrológico 2004-2005, los regantes descubrieron que tenían derecho a dos millones de metros cúbicos más de agua en la dotación de seis millones de metros cúbicos que recibían cada año para regar sus campos.
Algunos agricultores de Abarán y Blanca (la Comunidad de Regantes también abarca parte del municipio vecino) se preguntaron entonces si los dirigentes del organismo de riego sabían que existía esa cantidad de agua y por qué y desde cuándo se ocultó a los más de 1.000 comuneros que forman la institución abaranera.
En los últimos años, además, ha habido ante la CHS numerosas impugnaciones de asambleas de la Comunidad de Regantes y de acuerdos de junta de gobierno.
José Joaquín García Yelo, de 82 años, también fue alcalde de Abarán durante los últimos años de la dictadura de Franco y primeros del reinado de Juan Carlos I.
La Comunidad de Regantes de Abarán engloba a tres organizaciones de regadío: la de los usuarios del Trasvase Tajo-Segura, la del Grupo 1485 y la del Motor Resurrección (que data de 1912), estas dos últimas con dotaciones de la cuenca del Segura.