sábado, 19 de diciembre de 2009

El gran fraude de sus políticos al pueblo murciano (I)

MURCIA.- La crisis económica que afecta a nuestro país tiene una incidencia especial en la Región de Murcia, cuyo modelo de desarrollo, basado en el sector de la construcción, ha provocado el cierre de cientos de empresa y colapsado el juzgado de lo mercantil, que ve como se acumulan los concursos de acreedores.

De hecho, un reciente informe del Servicio de Estudios Económicos del BBVA advierte que la Comunidad Autónoma de Murcia será de las que más sufrirán para superar la crisis. Juegan en contra la caída del sector de la construcción, la bajada del consumo y el volumen de endeudamiento financiero.

Ante esta situación, que también hace más largas las colas del paro, 135.000 parados en una región de poco más de un millón de habitantes, los políticos murcianos hablan de austeridad, recortan las inversiones, aumentan los impuestos para garantizar los servicios públicos, pero mantienen unos privilegiados sueldos que si bien son legales, han sido tachados de inmorales por numerosas asociaciones y colectivos ciudadanos.

La palabra “congelación”, puesta en boca del presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, consejeros, y alcaldes, es sinónimo de ejemplo de gasto contenido. Pero esa “congelación” encierra algunos de los sueldos más elevados e injustificados de la política nacional, según revela el periódico digital de la Vega Media.

Para muestra, varios botones. José Bolarín (PP), alcalde de Ulea, un pequeño municipio de 900 habitantes, se adjudicó un sueldo de 4.100 euros al mes. El ayuntamiento firmó convenios para la construcción de varios resorts con campos de golf y hoteles en una zona de gran valor histórico y paisajístico, que aumentaría la población en 60.000 habitantes, pero ninguno de los convenios ha llegado a su término.

De los cinco concejales del Partido Popular, además del alcalde otros tres perciben retribuciones entre los 1.000 y 2.000 euros mensuales, entre ellos Víctor Manuel López, primer teniente de alcalde. Un elevadísimo gasto que repercute negativamente en las arcas municipales de una localidad que por no tener no tiene ni panadería.

En la misma comarca del Valle de Ricote, el alcalde popular de Villanueva del Segura, José Luis López Ayala (PP), cobra 3.000 euros al mes. Una cantidad que compatibiliza con otros ingresos procedentes de negocios de hostelería, asesoría y ofimática, a pesar de su “dedicación exclusiva”.. Además, este ayuntamiento tiene partidas de 60.000 euros para publicidad, 40.000 euros para reuniones, o 40.000 euros para gasto telefónico. El primer edil también dispone de 54.000 euros para “atenciones protocolarias”.

El alcalde de Ricote, también del PP, un pequeña villa de poco más de 1.400 habitantes, aprobó una remuneración de 3.000 euros mensuales en 14 pagas, que compatibiliza con sus negocios de clínicas veterinarias. Un restaurante, tres bares, y un pequeño supermercado sustentan la principal actividad económica de este municipio.

En algunos casos, los políticos locales justifican estos sueldos porque le dedican al trabajo de alcalde “mañanas, tardes, noches y fines de semana”. Pero la agenda del munícipe está casi siempre vacía.

En localidades con mayor población, como Mazarrón, 35.000 habitantes, los sueldos no dejan de ser menos escandalosos. El alcalde de este pueblo costero, Francisco Blaya (PP), un agente de seguros, ha terminado por imponer los impuestos municipales más altos de la Región, tal vez necesarios para mantener el elevado tren de vida de su equipo de gobierno. Blaya recibe de las arcas municipales 83.000 euros al año más una cantidad similar por gastos de protocolo. Ha liberado a siete de sus concejales, con un sueldo de 46.000 euros anuales cada uno.

Estos sueldos se suceden pueblo a pueblo a lo largo y ancho de la geografía murciana. El alcalde de Molina de Segura, Eduardo Contreras,(PP), una ciudad de 60.000 habitantes, ingresa 83.000 euros al año, una cantidad similar a la del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, quien además dispone de casi 400.000 euros para “gastos de alcaldía”.

En plena crisis económica, Yolanda Muñoz, la concejal a de urbanismo de Las Torres de Cotillas, 20.000 habitantes, no tuvo pudor en aumentar el doble su sueldo, para pasar a cobrar 58.000 euros anuales.

La alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, decidió quedarse con su sueldo de diputada en el Congreso, pero palió su déficit personal municipal con una gratificación de 1.500 euros por cada asistencia a un pleno municipal.

Mientras, algunos proveedores municipales han iniciado acciones judiciales contra los ayuntamientos que antes pagaban tarde y mal, y que en muchos casos, han dejado de pagar, amparándose en la crisis. Algunas empresas, las más pequeñas, que trabajaban casi en exclusividad para la administración, han tenido que cerrar. Ya ha habido manifestaciones de empresarios y sus trabajadores en diferentes localidades de la Región, reclamando la deuda, la última de ellas en Archena.

Y si las empresas van a la quiebra, los políticos acumulan propiedades. Pisos en la costa, garajes, bajos comerciales, y coches de lujo son el símbolo del poder y la riqueza. Todoterrenos, BMW, Mercedes, Volswagen, mueven a los políticos murcianos. Aunque, por el que dirán, de forma muy ocasional con sus nuevos juguetes de motor.

Domingo Coronado, alcalde de Las Torres de Cotillas, llegó a ir su despacho de la alcaldía en un lujoso Mercedes descapotable, una acción que descartó en cuanto percibió las primeras críticas.

El gobierno regional no se queda atrás a la hora de exprimir el gasto ciudadano para que sus consejeros, directores generales y altos cargos disfruten de enriquecedores sueldos.

José Manuel Ferrer, director gerente del Ente Público del Agua (un organismo que se dedica a campañas de ahorro de agua), cobra oficialmente al año 90.000 euros, muy por encima de los cerca de 83.000 que se embolsa Ramón Luis Valcárcel, presidente de Murcia, aunque al número uno del Partido Popular en la región murciana hay que sumarle gastos de representación y dietas, por lo que sus ingresos pueden rondar muy bien los 120.000 euros anuales.

En el Instituto de Fomento de Murcia (INFO), que tiene 108 trabajadores en plantilla, hay 28 jefes que ganan más de 40.000 euros brutos al año, y otros 14 que cobran entre 60.000 y 75.000 al año. Es el caso del director del INFO, Juan José Beltrán, y cargos de confianza como Elena García Cartagena.

Sólo en personal, el INFO se deja 5,3 millones de euros al año. Es curioso que el salario medio de los trabajadores de la institución dedicada a la concesión de subvenciones a empresas sea de 1.000 euros limpios al mes.

Otro tanto ocurre con los salarios de la empresa pública que se dedica a hacer los hospitales en Murcia (Giscarmsa): tiene 6 trabajadores y todos ganan más de 60.000 euros brutos al año, a excepción de la jefa, que tiene el mismo sueldo que Valcárcel.

Aparte de esto, el Gobierno Regional se deja 2.000 millones de euros en sueldos y el año que viene, pese a que se mantendrán los salarios "congelados", algo subirán con los pluses de trienios, antigüedad, etc. Otros 50 millones de euros son para gratificaciones, asesores personales y llamadas de teléfono.

Todos estos datos del gobierno regional los ha aportado la diputada socialista Begoña García Retegui para matizar las declaraciones del presidente Valcárcel de que aquí reina la austeridad.

Otros, tras dejar la política regional, han sido premiados con suculentos sueldos en empresas afines al Gobierno Regional, como es el caso de la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo (Hefame) o la promotora urbanística Polaris.

El exconsejero de la Presidencia de Valcárcel, Fernando de la Cierva, pasó a ser empleado especial de Polaris World. Mientras que el exconsejero de Medio Ambiente Francisco Marqués pasó a Hefame, cobrando 600.000 euros al año, cien millones de las antiguas pesetas. Marqués fue detenido por la policía y es uno de los políticos murcianos que está siendo enjuiciado por los tribunales murcianos por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho por el caso La Zerrichera, de Águilas.

El Ejecutivo regional tendrá que apañarse el año que viene con 5.064 millones de euros: un 1,4% menos que en el presente ejercicio. Uno de los capítulos que más se resiente con la crisis es el de inversiones, que para 2010 ascienden a 725 millones de euros, o lo que es lo mismo: 200 millones de euros menos que este año (un 21,6% menos).

¿Ha 'cantado de plano' Trinitario Casanova Abadía?

MURCIA.- Sostiene Trinitario Casanova que un hombre debe tener cabeza, corazón y estómago. Cabeza, para decir no; corazón, para aceptar retos o compromisos nada apetecibles, pero que te tocan la fibra sensible, y estómago, para poder digerir algunos de los muchos sapos con los que todos, más aún un poderoso hombre de negocios, acabamos por tener que desayunarnos un día u otro. Su particular batracio tiene identidad propia: La Zerrichera -«no poda tener un nombre más feo», ha llegado a confesar- y tan escamosa y viscosa consistencia que su digestión, por muy blindado que creyera tener el estómago, le ha durado varios años y nadie sabe muy bien qué secuelas puede haberle dejado. Lo cierto es que, de cuando en cuando, el bicho todavía le repite, según se escribe en 'La Verdad'.


Nacido en Orihuela (Alicante) el 24 de marzo de 1965, este murciano de adopción, devoto de la Virgen de la Fuensanta, aficionado del Real Madrid, ex presidente del Águilas F.C., casado y con dos hijos, se considera por encima de todo un hombre de palabra, miembro de una raza en extinción que otorga igual fiabilidad a un apretón de manos que a un contrato firmado ante notario.

Y no olvida ni perdona por tal razón a quienes, una vez cerrado un pacto, reculan y cabecean como un toro manso y buscan un descuido para pegarte una 'corná' en la entrepierna. A esos les hace las cruces y les da la espalda mientras piensa aquello de los arrieros y el camino. Que por muy creyente y católico que sea, y parece que es de los practicantes, tampoco le hace ascos, llegado el caso, al placer que otorga la venganza.

Por lo que a La Zerrichera se refiere, Trinitario Casanova es formalmente el malo de la pelcula. No podría ser, en principio, de otra manera. Nada menos que el promotor inmobiliario que adquirió allá por el año 2003 y por cuatro chavos mal pagados -en realidad, a cambio de la promesa de varios chalés- una finca de 240 hectáreas en el paraje del mismo nombre, en Águilas, y se propuso hacer lo que hace unos pocos años pretendían casi todos los de su gremio: construir una enorme urbanización -4.000 viviendas-, un hotel de lujo y un campo de golf de 18 hoyos diseñado por algún astro en decadencia de ese deporte, y pegar un pelotazo de mil pares de pelotas (de golf, claro).

Nada nuevo por estos lares, salvo por el hecho, nada anecdótico, de que parte de la finca estaba protegida por las leyes medioambientales (es una zona de especial protección de aves, o ZEPA, y lugar de interés comunitario, LIC), lo que la inhabilitaba en apariencia para albergar ese complejo y porque, pese a ello, el proyecto urbanístico fue salvando uno tras otro todos los escollos administrativos que iban surgiendo en el Ayuntamiento aguileño y en las consejerías de Medio Ambiente, dirigida en ese tiempo por Francisco Marqués, y de Vivienda, a cuyo frente estaba Joaquín Bascuñana, íntimo amigo de Trinitario desde tiempos remotos.

Tan íntimos como para que el empresario tuviera una foto del alto cargo en la sala de espera de sus oficinas del edificio Hispania, en la plaza de la Fuensanta. Cuando alguien, extrañado, lo interrogaba por la imagen, él responda: «Es mi amigo. Y yo no reniego de mis amigos».

Quisieron los malos hados que, para desgracia del promotor, fijaran los ecologistas y el PSRM-PSOE su atención en el proyecto e hicieran del mismo un 'casus beli'. Algo nada extraño si, además de lo dicho, se tiene en cuenta que el plan parcial La Zerrichera pudo ser aprobado por el Pleno del Consistorio de Águilas porque cuatro miembros del grupo socialista, con el secretario general, Pedro Gil, a la cabeza, se ausentaron ese día por variadas y peregrinas razones y permitieron así que el alcalde popular Juan Ramírez y sus ediles tuvieran mayoría suficiente para darle luz verde a la urbanización.

El asunto acabó en expulsiones, acusaciones nada veladas de intentos de soborno, sospechas de corrupción... y la consiguiente denuncia en Fiscalía, que a día de hoy se ha transformado en unas diligencias judiciales por delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental, entre otros, y cuyos muy numerosos tomos recogen ya las declaraciones como imputados del ex consejero Marqués; los ex directores generales de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, y del Medio Natural, Encarna Muñoz; el ex jefe del servicio de Calidad Ambiental, Juan Ignacio Sánchez Gelabert; el ex director general de Vivienda, Manuel Alfonso Guerrero; el ex subdirector general de Vivienda, José María Ródenas, y el alcalde Juan Ramírez, entre otros.

En aparente último término, en la cúspide de la pirámide, se encontraría, según consideran el fiscal y los agentes anticorrupción de la Comisaría General de Policía Judicial, el empresario Casanova, de quien se sospecha que tuvo que engrasar voluntades a base de buenos fajos de billetes para conseguir que tanta gente, más los que puedan todavía unirse a la lista, se pusiera de acuerdo en despejarle el camino a su negocio.

Es en base a esa hiptesis, y quién sabe a qué otros posibles datos contenidos en las diligencias todavía secretas, por lo que el juez de Instruccin número 3 de Murcia, Antonio Alcázar, ordenó detenerlo a finales de noviembre y sólo la fortuna, que le había hecho tomar días antes un avión con destino a Estados Unidos, le evitó al promotor conocer qué presión ejercen unas esposas sobre las muñecas.

Informado por sus abogados de que estaba en busca y captura, transmitió al juez su disposición a presentarse ante la Policía en cuanto regresara a España y, como hombre de palabra que es, así lo hizo el pasado lunes. Dio sus explicaciones, aportó documentos, y bien fuera porque no tienen pruebas o porque quieren darle hilo a la cometa, los agentes lo dejaron luego en libertad, aunque no con un adiós, sino con un hasta la vista.

Lo más llamativo del asunto es que Trinitario Casanova, en contra de la opinión general, asegura entre sus íntimos que no es el malo de esta historia, sino la víctima. Dice haber sido engañado por quien, es de suponer, le habría prometido que su proyecto urbanístico saldría adelante. Y culpa expresamente al presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, de que el plan quedara paralizado 'sine die' en el 2006, cuando la Justicia ya tenía bien enfilados a varios altos cargos.

Tanto es así que al empresario no le tembló la voz cuando, tras convocar una rueda de prensa, se permitió el exceso de insultar a Valcárcel, llamándole «débil y cobarde», y de advertirle: «No acepto que me engañen y me reservo emprender acciones legales contra el presidente. Esto no es culpa de un consejero, ya que no se hace nada sin su consentimiento. Si no quieren el proyecto, me lo podían haber dicho hace cinco meses».

No hablaba en broma. Prueba de ello es que durante un tiempo se dedicó a ofrecer por algunos despachos, incluidos los del PSOE, una cinta que había grabado subrepticiamente en una de sus reuniones con el presidente. El documento no salió a la luz porque, a juicio de algunos que lo vieron, no otra cosa se escuchaba repetir a Valcárcel salvo que, en el asunto de La Zerrichera, se haría lo que legalmente se pudiera. Algo, por otro lado, bastante razonable.

Multimillonario desde hace largos años, pero con sobrado cerebro como para no hacer alarde de ello, para llevar una vida relativamente austera, para no darle a las posesiones materiales más importancia de la que tienen (aunque posea un jet privado y varios coches de gran lujo) y para asegurar con lucidez que «sería rico si no viviera esclavo de mi trabajo», decidió a partir de ese señalado momento darle un giro a su vida, hacer mutis por el foro y no volver a invertir un euro en Murcia, como le juró a Valcárcel. Buscó comprador para su Grupo Hispania, lo convenció de que valía 650 millones de euros y se lo vendió por unos 350 millones. Fue José Ramón Carabante, dueño del Grupo 2002, quien hizo el negocio. Si es que el negocio no lo hizo Casanova, que opiniones hay para todos los gustos.

Por lo que se refiere a La Zerrichera, haca ya tiempo que había acabado dando el pelotazo que un día imaginó, aunque por una vía muy distinta a estar vendiendo chalés. Le pasó el proyecto a Inverlur, la sociedad promotora de Kutxa (caja de ahorros vasca), por unos 128 millones de euros. Una inversión ruinosa, a juzgar por la marcha que lleva la urbanización. Algo que arrastra a un conocido de Trinitario, ácrata, descreído e izquierdoso, a regodearse en ello: «Sólo por el hecho de que esta vez quien haya perdido sea un banco, sólo por eso, insisto, ya se merece 'Trino' un monumento».

Lo que vaya a hacer a partir de ahora sólo él lo sabe a ciencia cierta. Lo que es seguro es que, al menos durante un tiempo, seguirá estando en el punto de mira de jueces y fiscales. En una entrevista, relativamente reciente, recordaba Trinitario una viñeta humorística para quejarse de la imagen que tienen los empresarios del ladrillo. «Se ve a un padre arrodillado delante de su hijo pequeño y le dice: 'Antes de que te enteres por otro sitio, voy a confesarte que soy constructor'».

Él, que a juicio de quienes le han tratado posee una educación y unos valores ya muy en desuso, «de esos que no se aprenden en la universidad, sino en la mesa camilla, escuchando a tus mayores (su padre falleció hace apenas quince días)», no podrá arrogarse sin embargo haber contribuido a mejorar la lamentable imagen pública de muchos promotores. Está imputado por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y contra la Hacienda Pública en el 'caso Zerrichera', ha sido antes juzgado (y absuelto) de otra acusación de delito fiscal, y está siendo investigado por la Fiscalía por sospechas de que difundió noticias falsas con el presunto fin de alterar la cotización de las acciones del Banco Popular, de las que él tenía un 3,5%. Eso, entre otros follones. Serín gajes del oficio...

La pregunta del millón es: ¿a qué se dedicará a partir de ahora 'Trino'? Cualquiera sabe. Después de años viviendo como un multimillonario hombre de negocios, quizás se dedique por fin, simplemente, a ser rico.

La concesión del parking de San Esteban fue el 3 de agosto y a una empresa que ofrecía una compensación económica al municipio hasta cinco veces menor

MURCIA.- Como si la cloaca que atraviesa los restos del barrio árabe hallados bajo el jardín de San Esteban no llevase siete siglos sepultada por el tiempo y la tierra, sus indescriptibles hedores de antaño parecen haber impregnado el proyecto de construcción de un aparcamiento subterráneo. La controversia que siempre ha envuelto a esta iniciativa urbanística comenzó a mediados del 2005, en el preciso instante en que el Consistorio murciano hizo público el pliego de condiciones e informó de que iba a adjudicar la obra por el procedimiento de urgencia, al igual que el de la Avenida de la Libertad, aduciendo que el centro urbano estaba muy necesitado de tales infraestructuras.

Tan imperiosa debía de ser la necesidad de contar con esos 'parkings', que hasta ahorrarse unas pocas semanas eludiendo el procedimiento ordinario, aunque fuera a cambio de empezar a soportar críticas, parecía más que justificado para los gobernantes del Consistorio. Veinte días contados se dio a las sociedades interesadas para que presentaran sus ofertas, y eso ya escamó de entrada a la oposición y a las propias empresas del sector, que no entendían a qué venían tales prisas tratándose de una obra de tamaña envergadura, y que murmuraban que difícilmente podía elaborarse en ese plazo un proyecto de garantías, «a no ser que alguien tenga información privilegiada», según revela 'La Verdad'.

Cuatro años y medio después, con la perspectiva que da el tiempo, difícilmente se pueden entender tamañas urgencias. Y si encima se analiza el fin que ha tenido el proyecto, bien sería de aplicación aquí el dicho popular que sostiene aquello de 'arrancada de caballo y parada de burro'.
Briosa arrancada de caballo, desde luego, sí tuvo el proyecto. Seguros de sí mismos los jinetes populares, con el capitán Miguel Ángel Cámara a la cabeza, y siempre al lado suyo el oficial Antonio Sanchez Carrillo, tomaron a galope una senda tortuosa que, pese a que por aquel entonces nadie pudiera sospecharlo, ha acabado por no conducir a sitio alguno.

Ignorando a la oposición, a los vecinos y, aparentemente, también las formas, el munícipe convocó nada menos que para el 3 de agosto la Junta de Gobierno que habría de aprobar la adjudicación provisional de ambos aparcamientos subterráneos. Cabe imaginar que nunca antes en la última década se hubiera celebrado esa reunión en pleno periodo vacacional y dando con ello pábulo a todo tipo de sospechas: la principal de ellas, el aparente deseo de que pasara lo más desapercibida posible una decisión que, finalmente y a fuerza de despropósitos, dimes y diretes, mentidos y desmentidos, ha acabado arrastrando durante casi un lustro la mayor polémica urbanística que se recuerda en la historia reciente de la capital murciana.

Ni siquiera se convocó ese día una rueda de prensa para explicar las decisiones tomadas, y el alcalde se marchó a visitar las obras del túnel de Las Atalayas, que estaba construyendo La Generala. Debió de pensar que adjudicar dos aparcamientos subterráneos en pleno centro de Murcia no era tan importante como para convocar a los periodistas y contarles lo que se había decidido.

Diez ofertas se presentaron. Y resultó ganadora la que más sospechas y críticas podía acabar generando: una UTE (unión temporal de empresas) constituida por La Generala, sociedad que en pocos años ha experimentado un vertiginoso despegue, con numerosas adjudicaciones de obra pública por parte de administraciones 'populares', y la firma Gestión de Aparcamientos y Estacionamientos S.A., creada apenas mes y medio antes y al frente de la cual, como administrador y socio único, figura Manuel Abadía Martínez. El hecho de que este empresario, sin experiencia conocida en el mundo de los aparcamientos subterráneos, fuera vicesecretario general del PP en Orihuela, y además pariente del controvertido promotor Trinitario Casanova Abadía, impulsor de la urbanización La Zerrichera de Águilas y ahora imputado en el asunto judicial del mismo nombre, no contribuyó lógicamente a que los rumores, especulaciones y sospechas de todo tipo se vieran disipadas.

Tampoco acabó con todo ello las afirmaciones de Cámara asegurando no conocer a Manuel Abadía; las de Manuel Abadía, manifestando por su parte no saber quién era Cámara, ni las de Sánchez Carrillo, quien terció señalando que lo de menos era quién construyera el aparcamiento, ya que lo único que le importaba es que lo construyera bien. Una opinión muy respetable, pero con la que no comulgaba el PSOE, ni tampoco alguna de las empresas que concurrió al concurso, un creciente número de vecinos de la zona ni los dueños de los puestos de 'hippies', que veían ya fantasmas por todos lados y se habían conjurado para dar la batalla ante los juzgados y ante la opinión pública.

Tampoco parecía demasiado de acuerdo con las apreciaciones de Sánchez Carrillo el propio presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, quien uno de aquellos días se vio obligado a pronunciarse sobre la adjudicación: «A mí no me gusta que un miembro del PP en Orihuela forme parte de la empresa concesionaria de uno de los aparcamientos. Sinceramente, no me gusta». Y aunque mostró su confianza en que el proceso había sido limpio, reconoció que había llamado al alcalde Cámara para pedirle explicaciones. «Me ha mandado un tocho así de gordo sobre el expediente para que tenga información sobre el proceso», explicó el presidente, dándose al parecer por satisfecho con esa respuesta.

No todos los datos sobre el proceso de adjudicación trascendieron entonces y, de haberlo hecho, no habrían contribuido sino a generar más controversia. Uno de ellos, bastante llamativo, radicaba en el hecho de que la UTE ganadora del concurso, esto es, La Generala y Gestión de Aparcamientos y Estacionamientos S.A., era una de las sociedades que menos compensación económica ofrecía al municipio -la tercera por abajo- por hacerse con el monumental negocio.

Así, con un canon de sólo 650 euros por cada plaza que iba a construir, ofrecía pagar al Consistorio algo más de un millón de euros, frente a los 2,5 millones de euros de Iniciativa de Infraestructuras y Servicios y Ploder; los 2,5 millones bien contados de otra UTE encabezada por Promociones Diseño y Calidad SA; los 3 millones largos de New Capital 2000, los 2 millones de Excelsior SL y los más de 5,5 millones de euros con los que Infraestructuras Terrestres SA (Intersa) ofrecía compensar a los murcianos si se llevaba el concurso. Cinco veces más, en este último caso, que la oferta ganadora.

Puede pensarse que el equipo municipal de gobierno optó por recibir menos dinero a cambio de que a los vecinos de la zona, a quienes debía reservarse al menos el 70% de las plazas, les salieran éstas más baratas. Habría sido una buena razón... de haber sido la buena. La realidad es que en este caso tampoco la oferta de los ganadores resultaba irrechazable. Esta UTE proponía venderlas a 24.000 euros más IVA, en la línea de lo recogido por el pliego de condiciones y de la mayor parte de sus competidoras, aunque bastante por encima de ofertas como la de Parquigrán SL, que las pensaba vender a 18.000 euros, o la de Promociones Diseño y Calidad y sus socios, que las ofertaban a 21.900, en ambos casos, con el IVA aparte.

Desde el Ayuntamiento se informó entonces de que cuatro propuestas habían sido rechazadas por «razones técnicas», entre ellas, el hecho de que las plazas propuestas tenían una anchura inferior a los 2,5 metros exigidos en el pliego de condiciones. No se dijo a qué empresas correspondían tales ofertas, ni por qué razones se excluyó a otras que parecían ofrecer condiciones más ventajosas.

De cualquier forma, algo más de un millón de euros quizás resulte una magra compensación para un negocio que, según un estudio que el PSOE hizo por aquel entonces, iba a generar a la firma ganadora unos beneficios de 3,6 millones de euros el primer año, y de 180 millones en los 40 años por los que se otorgó la concesión. Otro dato curioso es éste de los 40 años de plazo para explotar el negocio si se tiene en cuenta que la Comunidad Autónoma, propietaria del jardín de San Esteban, cedió el terreno al Ayuntamiento para que construyera un 'parking', pero con la condición de que recuperara el suelo público a los 30 años.

Como ha ocurrido en los últimos tiempos, en los que el Consistorio se ha amparado en todo momento en las decisiones de los técnicos de la Dirección General de Bellas Artes para asegurar que el aparcamiento era perfectamente compatible con los restos árabes encontrados -así ha sido hasta que Valcárcel decapitó muy recientemente el proyecto con una decisión política tomada 'manu militari'-, también entonces el equipo de gobierno municipal se encogió de hombros ante la polémica adjudicación, insistió en que lo mismo le daba una empresa que otra y se limitó a indicar que había seguido las recomendaciones de una comisión de expertos.

La citada Mesa, en la que no figuraba arquitecto ni ingeniero alguno, estaba constituida por la concejal de Contratación, Patrimonio, Vivienda y Régimen Interior, María José Velasco, como presidenta; el director de los Servicios Jurídicos; la Interventora General; el director del área de Vía Pública; el jefe de sección de Contratación y Responsabilidad Patrimonial y el jefe del Servicio de Contratación, Suministros y Patrimonio. Lo que no se dijo es que sus consideraciones no eran vinculantes y que la responsabilidad última de la adjudicación recaía, como así ocurrió, en la Junta de Gobierno que preside el alcalde. «Hemos seguido a los técnicos», se insistía, como en un mantra.

La polémica duró meses, pero lo cierto es que, salvo momentos puntuales en los
que volvía a recrecer, fue diluyéndose ante la imposibilidad de la oposición de mantener el tono de sus críticas y denuncias y ante la pérdida de crédito de la plataforma ciudadana antiparking, que recibió un mazazo bestial cuando se conoció que el marido y los hijos de la portavoz de esta asociación, Ana Fernández, habían solicitado cuatro plazas del futuro aparcamiento. «Lo han hecho para descubrir las razones por las que en la empresa adjudicataria figura un alto cargo del PP de Orihuela», argumentó entre lágrimas.

Una excusa poco creíble, sobre todo porque para hacer esa extraña labor de 'investigación' les hubiera bastado con pedir una sola plaza. Al final, Fernández acabó confesando que «no creo que (mi marido y mis hijos) cojan las plazas si se las adjudican. Pero, si son un chollo, como dice el PP, ¿por qué no?». A partir de ese instante, el movimiento vecinal quedó reducido a escombros; nada ya sobrevivía al margen de los ímprobos y poco eficaces esfuerzos de los dueños de los puestos 'hippies' por recabar la solidaridad y las firmas de apoyo de la población. Acabaron arrumbados en el Paseo del Malecón, donde parece que van a seguir por los restos.

Pero si por algo se desinfló el globo fue porque las numerosas denuncias ante el Tribunal de Cuentas, los juzgados de lo Contencioso-Administrativo y hasta la Fiscalía Antirrupción -por presunta prevaricación- que interpusieron la oposición y Parquigrán S.L., una de las empresas que había concurrido al concurso sin éxito, todas ellas sin excepción pincharon en hueso y se archivaron (hasta once resoluciones se han dictado) sin encontrar responsabilidad alguna del equipo de gobierno por la adjudicación del aparcamiento. La vía judicial parecía definitivamente enterrada.

Después de tantas prisas iniciales para sacar a concurso el aparcamiento, luego resultó que durante más de dos años, en concreto, 26 meses, el proyecto estuvo paralizado. Fue el tiempo que empleó el Ayuntamiento en responder al millar largo de alegaciones que se presentaron, así como en recuperar una cierta tranquilidad de espíritu para, con el archivo de las diligencias judiciales, decidirse a darle un último empujón al asunto.

El 3 de octubre del 2007, la Junta de Gobierno dio la autorización definitiva al proyecto, sin que ya nadie dijera esta boca es mía. Sólo el incansable profesor García del Toro, considerado un 'friki' por muchos de sus detractores, advertía de que en esa zona iban a aparecer importantes vestigios arqueológicos y que el aparcamiento no se podría construir.

Por supuesto, nadie le hizo ni caso, salvo quizás una parte de la prensa, hasta que las excavaciones empezaron a dejar a la luz algo más que cuatro muros destrozados y tomó forma, pese a las tupidas vallas con las que la empresa se empeñaba en ocultar la evidencia, el perfil de un sorprendente barrio árabe del siglo XIII, valioso sobre todo como conjunto arquitectónico y por su llamativa cloaca.

Después de meses manteniendo contra viento y marea, y contra las opiniones de algunos de los más reputados expertos del país, que la mayor parte de los restos no tenían valor alguno, y que aquéllos que lo tenían bien podían ser desmontados y vueltos a montar una vez construido el aparcamiento, fue Valcárcel quien el pasado día 8, desde Bonn, decidió cortar por lo sano, telefoneó a Cámara y le dijo: «Olvídate del aparcamiento». «Lo tengo claro», contestó el munícipe.

Esa misma mañana, la Consejería de Cultura había autorizado el inicio del desmonte de los restos, un numeroso grupo de cuidadanos había bloqueado con sus cuerpo el paso de los camiones al yacimiento, la Fiscalía había intervenido con urgencia presentando una denuncia por presunta prevaricación y bienes al patrimonio histórico, y una juez había dictado un auto paralizando cualquier actuación sobre las ruinas árabes.

Algo que, lógicamente, restó credibilidad a las afirmaciones de Valcárcel y Cámara en el sentido de que ambos ya habían decidido veinte días antes que el aparcamiento no se iba a construir. Si así lo hablaron, hacia el 20 de noviembre debió de ser, nadie les hizo mucho caso. A lo que se ve, ni siquiera el propio Cámara tuvo en cuenta la conversación con el presidente, ya que el día 26 de noviembre el Pleno municipal reiteró que el aparcamiento se construiría tras desmontar los restos árabes.

Sea por las razones que fueran, por la presión ciudadana, por la amenaza de un nuevo proceso judicial, por sentido común o por sentido de la oportunidad política, el proyecto de aparcamiento de San Esteban, el más polémico proyecto urbanístico de Murcia, está ya hoy bien muerto y enterrado. Tan enterrado como lo han estado durante siglos las ruinas del barrio árabe y su particular cloaca. Un conjunto arqueológico, qué curioso, que será ahora lo único que recupere su olvidado esplendor.

Cientos de personas participan en la manifestación para pedir la protección "efectiva" del yacimiento de San Esteban

MURCIA.- Unas 3.000 personas recorrieron hoy las calles del centro de Murcia para pedir la protección "efectiva" y la "puesta en valor" del yacimiento arqueológico de San Esteban, según informó el portavoz de la Plataforma Ciudadana para la Conservación del Patrimonio Arqueológico de San Esteban, Pedro del Riego.

Los manifestantes completaron sin ningún incidente el recorrido desde la Glorieta hasta el yacimiento del jardín de San Esteban, con carteles en los que se podía leer 'Queremos cultura, no cool-tura', 'Cruz Dimisión ya' y 'Yacimiento+tierra+tiempo=parking' acompañados por dos grandes altavoces que amenizaron el recorrido con villancicos, música y eslóganes.

Del Riego destacó el carácter "festivo" de la manifestación, cuyo propósito principal "que era la conservación, ya se ha conseguido", pero añadió que el segundo objetivo "no deja de ser más importante que es que el yacimiento se declare Bien de Interés Cultural (BIC) cuanto antes, porque así estaría automáticamente protegido por las leyes españolas".

Del Río consideró que lo conseguido hasta ahora "es muchísimo, no solo en Murcia, sino en toda España, donde no se había logrado un movimiento ciudadano para evitar una decisión ya tomada de un Gobierno regional que tiene la mayoría más arrasante de todas las provincias españolas".

Este movimiento ciudadano "ya es único, pero nuestra lucha no se queda ahí, nuestra reivindicación es que no se quede sólo en palabras, sino que haya hechos reales, con un calendario de acciones, un presupuesto destinado de urgencia, bien proceda de la Comunidad Autónoma, del Estado o de donde sea para que se proteja como Dios manda".

El portavoz de la Plataforma hizo hincapié en la participación de distintos colectivos, como representantes del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región con su decano, Francisco Camino, a la cabeza, así como catedráticos de Historia y arqueólogos, como el experto en Arqueología islámica de la Escuela de Estudios Árabes, Juluio Navarro, o el profesor de Arqueología de la Universidad de Murcia, Javier García del Toro, así como gente de distintas sensibilidades políticas.

Al llegar al yacimiento de San Esteban, los manifestantes leyeron un manifiesto en el que pusieron de relieve que la "destrucción" se ha impedido "gracias a la movilización ciudadana y gracias a la orden de un juzgado, que ha paralizado los trabajos iniciados de desmontaje, y no por la decisión de ningún responsable político".

Al respecto, reconocieron haberse sentido tratados "como adversarios, como antagonistas políticos, primero insultados y luego retóricamente celebrados, por los gobernantes de la Región y los de la ciudad, que no han querido en ningún momento llamarnos al diálogo, escuchar nuestras preocupaciones, atender nuestras demandas".

En este sentido, manifestaron que el Arrabal de la Arrixaca Nueva "todavía no está salvado", y que las urgentes medidas de protección "no llegan, los compromisos de transparencia y de participación se escamotean, las comisiones dejan fuera a quienes más garantías nos ofrecen, la financiación no aparece en los presupuestos que se aprueban para el año entrante y nadie está dispuesto a asumir responsabilidades por los errores".

Por ello, los participantes reivindicaron en la lectura del manifiesto "que se actúe sin más dilación en la protección efectiva del yacimiento de San Esteban y que se completen los trabajos de excavación con los profesionales competentes que lo han hecho hasta ahora y cuyo cambio no estaría justificado".

Asimismo, demandaron que las comisiones técnicas que se constituyan, "incorporen a competentes profesionales sin exclusiones sectarias, empezando por aquellos que unen, a su indiscutible capacidad, la coincidencia desde el primer momento con la solución final de preservar el yacimiento 'in situ' y la activa preocupación por su defensa".

De la misma forma, exigieron "que se incoe de inmediato el expediente de declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Zona Arqueológica para el yacimiento de San Esteban, único acto administrativo que demostraría el compromiso efectivo de nuestros gobernantes con la conservación integral del yacimiento".

Igualmente, pidieron "que se declaren públicamente los compromisos de financiación que han de adquirir las administraciones regional y local, y se gestionen otras ayudas públicas y privadas para completarla, hasta reunir los recursos necesarios, y si es necesario, que se cree una Fundación al efecto, al igual que se hizo con el Teatro Romano de Cartagena".

Además, estimaron oportuno en su alocución "que se cambien los modos y las formas con que se gobierna el patrimonio cultural, que se creen los espacios de participación, locales y regionales, para que la ciudadanía pueda hacer oír su voz, que se cree el Consejo Asesor Regional de Patrimonio Histórico, y que sea obligatorio contar con informes externos cuando la importancia y la entidad de las decisiones a adoptar y los trabajos a desarrollar así lo exijan".

Por último, pidieron "que se haga público el expediente de San Esteban, para que se conozcan los informes de excavación y las resoluciones del Director General, que se asuman las responsabilidades políticas por los errores cometidos y se restaure así el crédito dañado de nuestras instituciones, y que siga adelante la investigación judicial y se depuren las responsabilidades legales a que hubiere lugar".


Manifiesto
(texto íntegro)

"Estamos hoy aquí, convocados por la Plataforma Ciudadana en Defensa del Patrimonio Arqueológico de San Esteban, ejerciendo nuestra libertad de expresión y de manifestación. Porque, como ciudadanas y ciudadanos de una sociedad democrática, exigimos ser oídos y tenidos en cuenta por nuestros representantes

Durante varias semanas, miles de ciudadanos nos hemos movilizado de distintas maneras, sea con nuestra presencia física o a través de las redes digitales, preocupados por el tratamiento que las autoridades municipales y regionales querían dar a un hallazgo arqueológico de enorme importancia, por su carácter y por su extensión, un hallazgo que nos permitirá recuperar y poner en valor una parte muy significativa de nuestro pasado histórico, urbano, artístico y cultural.

Lamentablemente, nos hemos sentido tratados como adversarios, como antagonistas políticos, primero insultados y luego retóricamente celebrados, por los gobernantes de la región y los de la ciudad, que no han querido en ningún momento llamarnos al diálogo, escuchar nuestras preocupaciones, atender nuestras demandas. En definitiva, nos hemos sentido ninguneados por nuestros propios representantes, cuya obligación es escuchar la voz de la ciudadanía.

Han sido estos mismos gobernantes quienes han intentado cuestionar y menospreciar el verdadero valor de lo encontrado, para poder justificar su destrucción, mediante soluciones desatinadas y perjudiciales, cuyo único objetivo era hacer prevalecer otros intereses, distintos y contrarios a la adecuada conservación de nuestro patrimonio.

Todo ello al amparo de insostenibles coartadas técnicas, que no han sido sometidas al escrutinio de la comunidad científica y de expertos independientes, una práctica que contraviene lo establecido por la legislación sobre patrimonio histórico y que, lamentablemente, es habitual en nuestra comunidad autónoma.

Contra la confusión interesada a la que se está jugando, es preciso recordar que ha sido la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales de la Consejería de Cultura y Turismo, a quien corresponde legalmente proteger nuestro patrimonio histórico regional, la que ha dictado la resolución y dado las órdenes para que se iniciara un proceso de desmontaje y traslado de los restos, y que ha sido esta Plataforma Ciudadana quien se ha visto obligada a frustrar hasta en tres ocasiones los trabajos de desmontaje y traslado por que estos suponen la destrucción efectiva del conjunto del yacimiento.

Insistimos en señalar que esta destrucción se ha impedido gracias a la movilización ciudadana y gracias a la orden de un juzgado, que ha paralizado los trabajos iniciados de desmontaje, y no por la decisión de ningún responsable político. La decisión del Presidente de la Comunidad de declarar la incompatibilidad existente entre la conservación del yacimiento y la construcción de un aparcamiento, una decisión que celebramos como un logro de nuestra lucha, es posterior a la intervención judicial. Y a esta incontestable realidad hemos de sujetarnos.

Es extraordinario, y estamos orgullosos por ello, que un movimiento espontáneo de ciudadanas y ciudadanos haya conseguido impedir un nuevo atentado que sumar a la larga lista de los que durante décadas se han cometido en la Región de Murcia contra nuestro patrimonio cultural y natural. Hemos conseguido una gran victoria en una lucha desigual. Pero no podemos dar por terminada nuestra tarea.

Hoy estamos aquí precisamente por que aún queda mucho por hacer.

El Arrabal de la Arrixaca Nueva todavía no está salvado. Las urgentes medidas de protección no llegan, los compromisos de transparencia y de participación se escamotean, las comisiones dejan fuera a quienes más garantías nos ofrecen, la financiación no aparece en los presupuestos que se aprueban para el año entrante, nadie está dispuesto a asumir responsabilidades por los errores, las irregularidades y la mala gestión.

Todas estas incógnitas, y nuestras justificadas exigencias y preocupaciones, tienen que encontrar una respuesta satisfactoria entre quienes nos gobiernan.

Estamos aquí para defender los restos arqueológicos de San Esteban, sí, pero también por lo que representa como ejemplo de lo que no se debe repetir nunca más en la Región de Murcia. Ha sido demasiado alto el precio que la sociedad murciana en su conjunto ha pagado ya por la desidia, la negligencia y las complicidades con espúreos intereses, de las que han dado muestras tantas veces nuestras autoridades políticas, hurtándonos a nosotros, y a las generaciones venideras, una buena parte de nuestras señas de identidad y de lo más valioso de nuestro patrimonio colectivo.

No vamos a hacer aquí la lista de los innumerables destrozos criminales que hemos padecido en cada uno de nuestros pueblos y ciudades, de los que el último ejemplo consumado ha sido el grave atentado contra el Castillo de Lorca, también promovido desde el poder local y regional. Pero sí queremos proclamar nuestra determinación cívica a impedir que estos destrozos sigan ocurriendo. San Esteban ha de marcar un punto y final en esta dramática historia de saqueo y expolio tolerado, e incluso organizado, por aquellos a quienes hemos encomendado democráticamente su defensa.

Esto es lo que queremos y lo que nos ha traído hasta aquí:

1. Que se actúe sin más dilación en la protección efectiva del yacimiento de San Esteban.

2. Que se completen los trabajos de excavación con los profesionales competentes que lo han hecho hasta ahora y cuyo cambio no estaría justificado.

3. Que las comisiones técnicas que se constituyan, incorporen a competentes profesionales sin exclusiones sectarias, empezando por aquellos que unen, a su indiscutible capacidad, la coincidencia desde el primer momento con la solución final de preservar el yacimiento "in situ" y la activa preocupación por su defensa.

4. Que se incoe de inmediato el expediente de declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Zona Arqueológica para el yacimiento de San Esteban, único acto administrativo que demostraría el compromiso efectivo de nuestros gobernantes con la conservación integral del yacimiento.

5. Que se declaren públicamente los compromisos de financiación que han de adquirir las administraciones regional y local, y se gestionen otras ayudas públicas y privadas para completarla, hasta reunir los recursos necesarios. Y si es necesario, que se cree una Fundación al efecto, al igual que se hizo con el Teatro Romano de Cartagena.

6. Que se cambien los modos y las formas con que se gobierna el patrimonio cultural, que se creen los espacios de participación, locales y regionales, para que la ciudadanía pueda hacer oir su voz, que se cree el Consejo Asesor Regional de Patrimonio Histórico, y que sea obligatorio contar con informes externos cuando la importancia y la entidad de las decisiones a adoptar y los trabajos a desarrollar así lo exijan.

7. Que se haga público el expediente de San Esteban, para que se conozcan los informes de excavación y las resoluciones del Director General.

8. Que se asuman las responsabilidades políticas por los errores cometidos y se restaure así el crédito dañado de nuestras instituciones.

9. Que siga adelante la investigación judicial y se depuren las responsabilidades legales a que hubiere lugar.

Con la batalla ciudadana por el barrio andalusí de la Arrixaca Nueva, muchas cosas cambiarán para el futuro. Si nuestros representantes lo entienden, mejor para todos; si no quieren entenderlo, les advertimos que no vamos a quedarnos impasibles, porque el patrimonio que estamos defendiendo es nuestro, de toda la ciudadanía murciana, y por tanto de toda la humanidad, y no vamos a permitir nunca más que lo destruyan o lo desfiguren".

El Altiplano y el Noroeste permanecerán mañana en alerta naranja por temperaturas de hasta -9 grados

MURCIA.- Las comarcas del Altiplano y del Noroeste de la Región de Murcia permanecerá mañana en alerta naranja, que significa riesgo importante, por temperaturas mínimas que pueden alcanzar los -9 grados centígrados, según fuentes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, la alerta permanecerá activada desde la próxima medianoche hasta las 10.00 horas de mañana domingo, 20 de diciembre, y el fenómeno tendrá una probabilidad de tener lugar que oscilará entre el 40 y el 70 por ciento.

Además, las zonas del Valle del Guadalentín, Lorca, Águilas y Vega del Segura permanecerán en alerta amarilla, que significa riesgo, desde la próxima medianoche y hasta mañana a las 10.00 horas por temperaturas mínimas que pueden alcanzar los -4 grados centígrados.

De la misma forma, las zonas del Campo de Cartagena y Mazarrón estarán en alerta amarilla desde la próxima medianoche y hasta mañana domingo, a las 10.00 horas, por temperaturas mínimas que pueden alcanzar los -2 grados centígrados.

Se descartan nevadas salvo en Águilas y Lorca, pero advierten de temperaturas de hasta -9 grados

MURCIA.- Delegación del Gobierno indicó hoy que no se prevén nuevas nevadas en la Región de Murcia salvo en la zona sur de la provincia, en Águilas y Lorca, a lo largo de lo que queda de día. Sin embargo, matizó que la próxima madrugada entrará una masa de aire frío en la Región, que generará un descenso "acusado" de las temperaturas que podrá alcanzar los -9 grados centígrados en los puntos más altos, como las comarcas del Noroeste y del Altiplano, y unos -5 grados en Murcia y zonas más bajas.

La Delegación hizo esta predicción en base a los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevén esta situación dado que los cielos estarán despejados y los vientos se prevén moderados, lo que podrá ocasionar heladas débiles a moderadas que podrán ser fuertes, excepcionalmente, en algunos puntos de la Comunidad Autónoma.

En este sentido, indicó que mañana domingo, el frío se mantendrá "pero de forma más moderada", mientras que el lunes y el martes se restablecerá la normalidad y puede que se den temperaturas mínimas por encima de lo normal, de forma que los días navideños "serán, incluso, cálidos". Así, matizó que la tendencia es "a un incremento progresivo y temperaturas agradables el resto de la semana".

El delegado, González Tovar, presidió hoy una reunión urgente del Comité Ejecutivo de la Delegación del Gobierno para Protocolo sobre Coordinación de Actuaciones ante situaciones meteorológicas extremas en la Red de Carreteras del Estado ante estas previsiones de bajada de las temperaturas y de la cota de nieve para esta próxima noche.

Al Comité asistieron el Jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado, Ángel García Garauy; el Coronel Jefe de V Zona de la Guardia Civil, Benjamin Martín; el Jefe Provincial de Tráfico, Francisco Jiménez; el representante de la delegación provincial de Aemet en Murcia, Luis Bañón; el Jefe Superior de Policía, Carlos Llorente y el Director del Área de Fomento, Diego Peñarrubia.

En este sentido, Bañón insistió en que para finales de la mañana del sábado "aún se esperaban algunas nevadas en la zona sur de la Región", y dijo que las precipitaciones se irían desplazando hacia la provincia de Almería, mientras que sobre la Región de Murcia "quedará la bolsa de aire frío".

"Poco a poco, durante la tarde del sábado, la nubosidad se irá retirando y dará lugar a una noche con cielos despejados, el cielo soplará pero tenderá a ir amainando, por lo que se dan ingredientes para una noche extraordinariamente fría".

"De ahí que se prevean heladas débiles a moderadas y, en el interior, moderadas e incluso fuertes en algunas zonas", matizó.

Sin embargo, predijo que el lunes subirán las temperaturas "del orden de seis grados las máximas y ocho grados las mínimas, de forma que el primer día de la semana aún será fresco para la época en la que estamos, pero con tendencia a subidas de temperatura".

Del martes en adelante, adelantó que la Región "estará en temperaturas por encima de lo habitual, muy agradables, a pesar e tener cielos nubosos con precipitaciones intermitentes".

El frío, por tanto, durará hasta el próximo lunes, cuando la Región entrará en un periodo "templado para la época en la que estamos, con máximas de 20 grados centígrados y mínimas casi por encima de diez grados en la capital como referencia, mientras que en el resto de comarcas las temperaturas serán inferiores pero siempre por encima de lo habitual".

García Garauy dijo que "no debe de haber presencia de nuevas placas de hielo", a no ser que "se den una gran precipitación muy rápida y sea pisada por muchos vehículos, como en el puerto de la Cadena", algo que "es lo menos habitual", reconoció.

Además, precisó que el operativo continuará y aplicará tratamientos preventivos "cada vez que la temperatura baje de dos grados y la humedad sea superior al 75 por ciento".

Así, Bañón precisó que, pendientes de un balance definitivo, entre el viernes y el sábado "ha caído bastante agua y en gran parte de la Región ha caído más agua que nieve".

Por ejemplo, en Murcia dijo que cayeron cerca de 40 litros, y la cota de la nieve en algunas zonas se situó por debajo de los 600 metros, aunque en el interior de la Región, las nevadas no fueron tan cuantiosas como el lunes pasado".

Bañón explicó que la situación fue desencadenada por la intrusión de dos grandes borrascas, una muy fría procedente del norte, y otra atlántica, que han chocado en el entorno de la Región, generando las precipitaciones en el borde de contacto de ambas.

En lo que queda de fin de semana, precisó que esta masa de aire muy frío va a ser desplazada enseguida por otra masa de aire atlántico, más templada y húmeda, y que ya está aproximándose por el oeste peninsular.

Tras el episodio de nevadas que sufrió la Región de Murcia durante la madrugada del sábado y primeras horas del día, González Tovar destacó que, a lo largo de la mañana, se fue recuperando la normalidad y se solucionaron los problemas.

Concretamente, indicó que hubo dificultades en dos puntos del Puerto de la Cadena, en los que se formaron placas de hielo que hicieron resbalar a un camión que hizo la tijera interrumpiendo el tráfico.

Al respecto, González Tovar apuntó que la actuación en el puerto de la Cadena "seguirá siendo preventiva, con un retén para evitar dificultades en la circulación", para lo que recomendó a los conductores que acuden al puerto de la Cadena a disfrutar de las vistas "que aparquen en los lugares autorizados, que no detengan el tráfico y no aparquen en los arcenes, porque se pueden poner en peligro vidas humanas".

Así, Jiménez adelantó que, con fines de seguridad, habrán cuatro coches camuflados de la Guardia Civil que harán una tarea de 'fotocontrol' vigilando el estacionamiento en carreteras.

El delegado del Gobierno recomendó que, quienes vayan a conducir, "se informen de la situación meteorológica y estado de las carreteras, vayan atentos y extremen precauciones ante la posibilidad de encontrar placas de hielo". Además, dijo que "deben llevar siempre cadenas, teléfono móvil, guantes y ropa de abrigo".

González Tovar insistió en que se debe conducir despacio y con precaución en zonas de nieve o hielo, y apuntó que, si se circula sobre nieve "hay que utilizar el freno lo menos posible y si tiene que arrancar estando sobre la nieve, hay que hacerlo en segunda marcha".

El delegado recordó que la Dirección General de Tráfico "ofrece gratuitamente información del estado de la circulación y de las incidencias que pueden afectarla, para una correcta planificación de los viajes por carretera, a través del teléfono móvil, en los números 505 de Movistar, el 404 de e-moción, el 141 de Vodafone y el 2230 de la compañía Orange, así como a través de la web 'http://wap.dgt.es'.

Igualmente, destacó la posibilidad de mantenerse informado a través de Internet en la web 'http://www.dgt.es' de la Dirección General de Tráfico, en los teletextos de las diferentes cadenas de televisión, así como en el teléfono gratuito '900-123505' y en los boletines informativos de radio.

González Tovar recordó que el operativo cuenta con la vigilancia de 385 guardias civiles, 45 personas de la Demarcación de Carreteras del Estado dedicadas a labores de control, comunicación y esparcido de fundentes.

Para ello, disponen de 10 camiones quitanieves, tres de ellos en el Puerto de la Cadena, uno en Jumilla, uno Cartagena, uno en Mazarrón y cuatro en Lorca, con 2.600 toneladas de sal, dos silos de sal, de 100 y 10 toneladas, tres depósitos de salmuera de 10.000 litros, dos extendedores de salmuera de 10.000 litros y tres estaciones meteorológicas fijas y una móvil.

La nieve obliga a cortar el tráfico en el puerto de la Cadena y a circular con cadenas en otras seis carreteras

MURCIA.- La nieve provocó esta mañana dos accidentes de tráfico en la autovía A-30 a la altura del puerto de la Cadena, donde se produjo un corte de tráfico y los vehículos deben circular con cadenas en las ruedas. Además, es obligatorio circular con cadenas en otras seis carreteras de la red regional en los municipios de Moratalla, Cehegín, Caravaca de la Cruz, Puerto Lumbreras y Lorca, según informaron fuentes del Instituto Armado.

En concreto, la circulación permanece cortada desde las 8.42 horas en la autovía A-30 en ambos sentidos entre el punto kilométrico 148 y el 157, a la altura del puerto de la Cadena, donde la nieve provocó dos accidentes. La Guardia Civil ha comenzado a restablecer el tráfico en este punto, aunque continúa la obligación de circular con cadenas.

Según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias, sobre las 8.15 horas se produjo un accidente en la A-30, a la altura del puerto de la Cadena, que consistió en una colisión múltiple entre tres vehículos en la que no se registraron heridos.

Asimismo, como consecuencia de la nieve, la Benemérita estableció el nivel rojo, que significa circulación difícil, entre los puntos kilométricos 0 y 41 de la carretera RM-730, en ambos sentidos, en el municipio de Caravaca de la Cruz.

Igualmente, el nivel de circulación es rojo entre los kilómetros 3 y 10, en ambos sentidos de la RM-504, a la altura del municipio de Cehegín, y es obligatorio conducir con cadenas en las dos carreteras.

Además, la Guardia Civil estableció a las 8.00 horas el nivel amarillo, que significa circulación irregular, y la obligatoriedad de circular con cadenas como consecuencia de la nieve en ambos sentidos de la autovía A-91 que transcurre entre Puerto Lumbreras y Granada, a la altura de los kilómetros cero y 16, en el límite de la provincia de Murcia.

El nivel de circulación también es amarillo por la nieve en ambos sentidos de la carretera RM-703, entre los kilómetros 10 y 25, así como en ambos sentidos de la RM-702, entre los kilómetros 18 y 25, ambas vías en el municipio de Moratalla.

La nieve también es amarilla y es obligatorio circular con cadenas en la carretera RM-711, donde el tráfico es irregular entre los kilómetros 0 y 35, en ambos sentidos, a la altura de la diputación lorquina de La Paca.

El transporte aéreo mundial registra en 2009 sus "peores resultados"

MONTREAL.- El transporte aéreo mundial registró en 2009 "sus peores resultados" de la historia, con una caída de 3,1% del transporte regular de pasajeros de las compañías aéreas, según datos preliminares publicados anoche por la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI).

Esta disminución, la mayor registrada por la industria, refleja el repliegue de 1% del PIB mundial este año, explica el organismo de la ONU en un comunicado.

El conjunto del tráfico aéreo se redujo en todas las regiones del mundo, salvo en Medio Oriente, donde los transportistas registraron un crecimiento de 10%.

El transporte internacional cayó alrededor de 3,9% y el doméstico 1,8%.

Estos malos resultados fueron mitigados por el crecimiento del transporte interno de pasajeros en mercados emergentes de Asia y América Latina y por la buena performance relativa del transporte aéreo de bajo costo en América del Norte y Europa y en la región de Asia-Pacífico, afirma la OACI.

El organismo prevé que el crecimiento vuelva en 2010, con un alza de 3,3%. Una recuperación que continuará en 2011, cuando el transporte aéreo mundial recupere su tasa de crecimiento tradicional: 5,5% anual.

El poder de la ciudadanía / Patricio Hernández, Antonio Campillo, Maria del Mar Rosa y Felipe Iracheta *

Cuando a las cinco de esta tarde, con lluvia o sin ella, un numeroso grupo de ciudadanos salgamos a la calle en Murcia, para ejercer nuestro derecho de manifestación en defensa del patrimonio cultural, nuestra democracia será algo más madura.

Hace sólo unas semanas, hubiera sido difícil prever que iba a producirse una movilización espontánea y significativa de tantos ciudadanos indignados por el hecho de que los responsables de proteger nuestros bienes culturales se hubiesen convertido en la mayor amenaza para su destrucción.

Y habría sido mucho más difícil de imaginar que estos mismos ciudadanos se enfrentarían victoriosamente al poderoso aparato político e institucional construido por el partido que gobierna la región, con sus amplias mayorías absolutas y su fuerte hegemonía social. Pero todo esto ha sucedido por vez primera en quince años.

Todos los intentos de deslegitimar primero y anular después este movimiento cívico han fracasado hasta ahora, y lo que comenzó siendo una protesta para proteger un yacimiento arqueológico en peligro, se ha convertido hoy en un fuerte cuestionamiento de una forma de hacer política que ignora, cuando no desprecia, a la ciudadanía.


Porque lo que hoy se reclamará, en un ambiente al tiempo festivo y reivindicativo, ya no es sólo que se salve San Esteban de su expolio, sino que cambien las cosas para que en adelante no puedan darse de nuevo situaciones como ésta y otras muchas semejantes – aún está abierta la herida sangrante del Castillo de Lorca- que desgraciadamente hemos sufrido en el pasado.

Durante demasiado tiempo, las decisiones políticas en el ámbito de la cultura -pero también en otros terrenos- se han tomado de forma arbitraria y personalista por los responsables políticos, con las correspondientes coartadas técnicas cuando era necesario, y apelando a la desnuda legitimidad de las mayorías electorales en todos los casos.

Frente a una realidad social compleja, de intereses diversos y a menudo enfrentados, no ha interesado abrir el campo de las decisiones, practicar la democracia participativa y escuchar a la gente, consultar con instituciones y organizaciones cualificadas de la sociedad civil, crear órganos institucionales colegiados para informar las decisiones, etc., como ocurre en otros regiones y en muchos ayuntamientos. Aquí, por contra, no se admiten otras opiniones que las propias o las de quienes gozan o esperan gozar de alguna prebenda, de modo que no hay espacio para discrepancia alguna y la crítica es habitualmente perseguida y siempre sospechosa. Pero la gente se ha cansado ya de esta forma de hacer las cosas y San Esteban es el ejemplo.

Porque se desprecia a la ciudadanía activa tanto cuando se la llama “esquizofrénica” como cuando se la califica de “genial”, sin que haya habido en momento alguno intención de escuchar sus demandas, convocarla al diálogo y buscar acuerdos.

Porque se nos considera menores de edad cuando, iniciado el desmontaje destructivo de los restos de San Esteban y paralizada la excavación por orden judicial, se nos quiere hacer creer que hacía ya semanas que los políticos con mayor poder y responsabilidad habían decidido, en su intimidad, salvar la excavación, a pesar de que los actos son bien conocidos y desmienten esas palabras.

Porque resulta penoso ver cómo nadie está dispuesto a asumir sus errores y responder por ellos, cómo el daño sobre la credibilidad de las instituciones, y la desafección civil respecto de la clase política que esto supone, no se repara sustituyendo a quienes lo provocan.

Porque es lamentable que se haga uso de la palabra “política” como una descalificación (“eso es política, obedece a intereses políticos”), una estigmatización coloreada con ecos de un pasado ominoso y felizmente superado, pues ¿de qué tipo puede ser sino política la preocupación por lo que sucede en el espacio público y es sometido a decisiones públicas? Lo que no ha sido, desde luego, es partidista, pues el movimiento ciudadano ha sabido dejar a los partidos en su terreno y reclamar el suyo propio. Han sido precisamente los políticos que gobiernan la región los que se han empeñado de forma maniquea, y contra toda evidencia, en presentar esta lucha como una pugna de partidos.

El episodio de San Esteban no está cerrado. Es urgente tomar medidas efectivas de protección de los elementos exhumados, y también hay que incoar de inmediato la declaración de BIC para el yacimiento. A continuación, hay que completar la excavación, definir un proyecto para su conservación y musealización, y garantizar los recursos para su financiación.

También esperamos que se conozca todo lo sucedido, que se haga público el expediente completo de San Esteban, que se responda políticamente de los errores y las mentiras, asi como que avance la investigación judicial y que se depuren las responsabilidades legales que procedan.

Y para el futuro, es obligado cambiar los modos de hacer política, respetar y contar con los ciudadanos, comprometerse a actuar con transparencia, crear los órganos institucionales que permitan la participación de la sociedad en los procesos de toma de decisiones, y el asesoramiento obligado de las decisiones por instituciones y órganos consultivos distintos de la propia administración. Algo que no existe en la mayor parte de los casos en las instituciones de la región y para lo que únicamente se requiere voluntad política.

Por todo esto salimos hoy a la calle, para que quienes nos gobiernan comprendan que además de la legitimidad del voto necesitan la que proviene del ejercicio democrático del poder. De ello depende nada menos que la calidad de nuestra democracia.

(*) Miembros del Foro Ciudadano de la Región de Murcia / www.laopiniondemurcia.es