Así lo ha anunciado a la prensa la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, tras el debate de la ley de extranjería en el Pleno de la Cámara Baja, al que no ha acudido el titular de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, por hallarse en una reunión en Bruselas.
El Gobierno ya ha empezado a hacer este "importante" trabajo de modificación del actual reglamento, que se aprobó en diciembre de 2004 y que permitió la regularización de alrededor de 700.000 inmigrantes.
La secretaria de Estado ha recordado que el tema del reglamento fue el primer acuerdo de diálogo social que alcanzó el Gobierno socialista en su anterior legislatura, y ha añadido su deseo de que ello vuelva a producirse en esta ocasión.
La reforma del reglamento se hará de forma "inmediata" y antes de un año.
Por otro lado, Rumí ha acusado al PP de usar pretextos para no querer apoyar la ley de extranjería en el Congreso, porque -según ella- cuando el PP critica que el texto no prohíbe las regularizaciones masivas, las únicas leyes que así lo recogen expresamente son las elaboradas por esa formación.
Tras lamentar que no se haya aprovechado la ocasión para alcanzar un Pacto de Estado sobre inmigración, Rumí ha indicado que la nueva ley de extranjería refuerza la eficacia en la lucha contra la inmigración ilegal, apuesta por el orden, el control y la legalidad, y promueve la colaboración del Gobierno con las CCAA y ayuntamientos, respetando sus competencias.
Sobre la posibilidad de que las ONG y entidades privadas puedan asumir la tutela de los menores extranjeros no acompañados que llegan a España, la secretaria de Estado ha señalado que ello ya ocurre en el caso de los menores españoles.
El Parlamento español aprobó anoche la reforma de la ley de extranjería, que permite el traspaso de la tutela de menores no acompañados a las regiones y a las ONG, regula la situación de las víctimas de trata sexual o de los malos tratos y limita la reagrupación familiar.
El nuevo texto de la Ley de Extranjería no contó en el Congreso de los Diputados (la cámara baja del Parlamento español) con el apoyo del opositor Partido Popular (PP).
Finalmente y tras mucho debate, la reagrupación queda limitada a los hijos menores de 18 años o mayores con discapacidad, y los padres del reagrupante y su cónyuge "cuando están a su cargo, sean mayores de 65 años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España".
También en estos casos las Administraciones públicas promoverán la participación de los reagrupados en "programas de integración socio-cultural y de carácter lingüístico".
Además, con la nueva ley las regiones españolas que sean competentes podrán conceder permisos iniciales de trabajo y de residencia circunscrita a su propio territorio, establecer relaciones con terceros países para la contratación y tramitación de visados y cobrar las tasas y sanciones administrativas pertinentes.
También podrán conceder autorizaciones de reagrupamiento familiar "concedidas en su territorio".
Además podrán certificar el nivel de integración de los inmigrantes, asumir o traspasar la tutela de menores no acompañados y establecer acuerdos con los países de origen para procurar la "atención e integración social de los menores".
La norma amplía además el plazo de internamiento de los cuarenta días actuales a sesenta.
La ley también detalla los esfuerzos de integración que deberán realizar los inmigrantes que aspiren a renovar sus permisos de trabajo o residencia y que incluyen la participación en cursos de formación sobre "valores constitucionales y estatutarios", derechos humanos "tolerancia e igualdad" y conocimiento de las lenguas oficiales.
Durante el debate parlamentario del proyecto, que ahora pasará al Senado (la cámara alta del Parlamento español), el conservador PP anunció que reformará la ley en cuanto tenga la ocasión de hacerlo.
Según el PP, esta reforma no servirá para frenar las "avalanchas" de inmigrantes en situación irregular y la califican de "mera reforma cosmética".
El texto de esta reforma, la cuarta que se produce en los últimos ocho años, fue aprobado en junio pasado por el Gobierno como propuesta de reforma de la Ley original, de enero de 2000.
Según Amnistía Internacional, esta reforma está centrada en la seguridad nacional y en el rendimiento económico en vez de garantizar el respeto al acceso y a la protección de los derechos humanos.
Además, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Cáritas y la Red Acoge expresaron también su preocupación ante la nueva ley porque, aseguran, incluye importantes restricciones que afectarán gravemente a las personas inmigrantes que viven en España.