Un informe denuncia el trato "inhumano" a los inmigrantes en las fronteras europeas

BRUSELAS.- Los inmigrantes que buscan llegar a Europa vía el Mediterráneo sufren un trato "inhumano" al ser interceptados por las autoridades en las fronteras, denunció la asociación Migreurop, que acusó a la UE de laxismo ante los "abusos" de países como Italia, Grecia o España.

Poco más de un año después de que la Unión Europea (UE) adoptara su polémica directiva Retorno, por la que el período máximo de detención de un inmigrante ilegal se alargó a 18 meses, los Gobiernos libran una "guerra" contra estas personas, según un informe presentado en Bruselas por Migreurop a partir de informaciones recogidas en cuatro zonas fronterizas "calientes".

Además de las condiciones "inhumanas" en las que los extranjeros se hacinan en los centros de detención, la asociación, integrada por ONG de una docena de países mediterráneos, denuncia "la práctica cada vez más extendida" de expulsar a ilegales a países donde se "practica la tortura y la violación de los derechos humanos".

Las "deportaciones" de inmigrantes de Italia a Libia o de España a Senegal son un "ejemplo" del endurecimiento de la política europea, según Migreurop, que en su informe denuncia los "abusos" cometidos en la frontera greco-turca, el noreste de Francia, el este de Marruecos y la isla italiana de Lampedusa.

Europa se defiende de la inmigración ilegal "haciendo la guerra con medios militares, como la agencia europea de control Frontex", desplegada sobre todo entre las islas españolas de las Canarias y las costas del oeste africano, arremetió Claire Rodier, responsable de Migreurop.

El refuerzo de la vigilancia en esta región ha llevado por otro lado a muchos inmigrantes -especialmente afganos, iraquíes, eritreos y etíopes- a tratar de llegar a Europa a través de la frontera greco-turca.

Unos 150.000 intentaron en lo que va de año entrar en Grecia, cuyo Gobierno "comete violaciones de los derechos humanos en nombre de la posición geográfica del país", declaró Rodier.

"Grecia e Italia son países que desempeñan el papel sucio de guardianes de las fronteras. Por eso, la Comisión Europea no tiene prisa" en llamarles la atención, acusó esta responsable, tachando la política europea, defendida como un modelo del respeto de los derechos humanos, de "hipócrita".

Migreurop se mostró además poco optimista en que la llegada al poder de los socialistas en Grecia, que vencieron a los conservadores en las elecciones de este mes, pueda traducirse en una mejora del trato a los inmigrantes ilegales.

"Tuvimos muchas esperanzas cuando los socialistas ganaron las elecciones en España (en 2004)", pero la situación de los inmigrantes detenidos en ese país es "de las más trágicas en Europa", defendió otra responsable de la asociación, Sara Prestianni.

El informe denuncia además cómo la UE "presiona" a Marruecos para evitar que los inmigrantes subsaharianos inicien su travesía con destino España o Portugal y de qué forma Rabat los expulsa s menudo en pequeños grupos, "durante la noche y discretamente" a Argelia.

"Hay una deshumanización de los inmigrantes. Se habla de ellos en términos de masa", insistió Migreurop, de la que forma parte la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Al menos entre 15.000 y 17.000 personas fallecieron en los últimos diez años durante su odisea por entrar en Europa, según cifras basadas en informaciones de prensa, señaló Migreurop.

La asesora del consejero de Cultura explicó a la sociedad Emasce cómo bordear la ley para hacerse con los contratos de la Consejería

MURCIA.- La asesora del consejero de Cultura, Isabel Durante, no sólo intervino en la creación de la sociedad Emasce junto con sus amigos Vanessa-Sara Salvo y Miguel Tébar, contratado también por la Consejería de Cultura para dirigir o coordinar el sello discográfico Tres Fronteras, sino que explicó a sus compañeros cómo bordear la legislación para conseguir contratos de la Consejería en la que ella trabaja, según revela hoy La Verdad.

En un correo electrónico que Isabel Durante envía a Vanessa-Sara Salvo, administradora de Emasce y pareja de Miguel Tebar, el 4 de diciembre de 2008, le explica: «Reina, hay que decirle que es muy fácil. Que en vez de una, emitimos dos facturas por cantidades más bajas y a tomar por culo. Yo sabía que reaccionaría así. Ahora, tenéis que conseguir que firme el compromiso. Efectivamente, es una cobarde. Luego os llamo».

Emasce logró contratos de la Consejería de Cultura en el último año por importe de al menos 40.000 euros, gracias, en gran parte, a las relaciones de sus socios con el departamento de Pedro Alberto Cruz.

Las facturas a las que alude Durante son las del concierto en la Sala Caracol, de Madrid, celebrado el 29 de enero de 2009 para presentar la oferta de la Región en la última edición de Fitur. Yolanda Martínez, directora de la Agencia de Promoción de la Cultura, fundación dependiente de la Consejería y encargada de organizar el concierto, había planteado reparos a Emasce para adjudicarles este contrato, después de haber aceptado verbalmente el presupuesto que le habían presentado, dado que dicho proyecto superaba los 20.000 euros, por lo que la ley obliga a convocar un concurso público.

Al surgir este problema, Yolanda Martínez propone que la fundación organice directamente el concierto, utilizando las gestiones y contactos que Emasce ya había realizado, y pagándole a la sociedad por su asistencia técnica. Según los correos a los que ha tenido acceso La Verdad, Vanessa-Sara Salvo envía una comunicación a Yolanda Martínez planteándole un ultimátum: o lo hacen todo o no hacen nada.

En este correo, del 3 de diciembre de 2008, Vanessa-Sara Salvo, aconsejada por Isabel Durante, le explica a la directora de la Agencia de Promoción de la Cultura: «No comprendemos muy bien que una fundación (entidad privada), que no está sujeta a las mismas obligaciones que la Administración pública, tenga problemas en realizar una subcontratación teniendo que realizar una licitación pública».

Dicho correo de la administradora de Emasce concluye con la siguiente frase: «A título personal, te ruego le comentes al consejero Pedro Alberto Cruz que lamentamos mucho esta situación, en particular Miguel Tébar Almansa, que ha mantenido y sigue manteniendo una óptima relación con él». Miguel Tébar, además de socio de Emasce fue nombrado por Cruz director de la discográfica Tres Fronteras.

Yolanda Martínez contestó el mismo día a la administradora de Emasce pidiéndole más tiempo para aclarar el posible problema derivado de los límites monetarios legales para contratar con una empresa privada. Tras ser informada por Salvo, la asesora del consejero le explica al día siguiente, el 4 de diciembre, lo que hay que hacer: «Hay que decirle que es muy fácil. Que en vez de una, emitimos dos facturas por cantidades más bajas y a tomar por culo». Durante emplea la primera persona del plural («emitimos») en su respuesta a la administradora de Emasce, lo que da idea de su implicación en la sociedad y en el negocio que tratan de cerrar.

Quince días después, Emasce se sale con la suya y la directora de la Agencia de Promoción de la Cultura les adjudica el contrato de más de 20.000 euros. «Eureka, tenemos el presupuesto firmado de la directora-gerente», informa Salvo por correo el 19 de diciembre a sus socios, Miguel Tébar e Isabel Durante.

La Consejería de Cultura aseguró en un comunicado ayer domingo que nadie de este departamento formaba parte de Emasce y que no se habían adjudicado contratos a dedo.

La administradora de 'Emasce' pidió a Isabel Durante que presionara a la Consejería de Cultura

MURCIA.- La aparente facilidad con que Emasce consiguió contratos con la Consejería de Cultura, bien directamente o a través de las sociedades y entidades que la componen, no tuvo correspondencia posterior en el pago de las facturas. De ahí que Vanessa-Sara Salvo, administradora de Emasce, pidiera a Isabel Durante que presionara en la Consejería para les que pagaran sus servicios, según La Verdad.

El 26 de febrero de 2009, Vanessa-Sara le pedía a Isabel Durante, asesora del consejero Pedro Alberto Cruz, a través de un correo lo siguiente: «Debes hacer presión para que nos paguen la factura del catering, han pasado casi 5 meses y la cosa es casi insostenible... y dos desde la factura del DJ... el mes que viene tenemos impuestos (...) Haz presión, por favor, además pásame el contacto de quien realiza los pagos, la llamaré todos los días... hasta que nos lo pague».

Miguel Tébar reconoció a La Verdad que Isabel Durante es «mi amiga desde el instituto», y que solía ser su enlace en la Consejería de Cultura. Aunque negó que Durante sea socia de Emasce, en una de sus comunicaciones con la asesora de la sociedad, Miguel Tébar alude a una «socia en la sombra» y que está pendiente de firmar «el contrato interno».

Resulta lógico que Durante no figure como socia de Emasce, dado su cargo en la Consejería con la que esta sociedad contrataba. Sin embargo, numerosos correos indican que sí formaba parte de Emasce. En uno de estos correos, Vanessa-Sara Salvo informa del acta de una reunión sobre la empresa y concluye, dirigiéndose a Tébar y Durante, «la próxima le toca a otro».

IU tilda de 'intolerable' que Cultura adjudique contratos a una sociedad creada por personal de la Consejería

MURCIA.- Manuela Sevilla, del área de Cultura de IU en la Región de Murcia (IURM), ha calificado hoy de "intolerable" la actitud del consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, quien adjudicó contratos a la sociedad 'Emasce', formada por personal de ese departamento.

Sevilla ha asegurado que "es una vergüenza que Cruz derroche el dinero público para beneficiar a colaboradores de su consejería en un momento de crisis mientras que recorta en un 1,38 por ciento el presupuesto destinado a museos, bibliotecas y centros culturales".

"Se trata de contrataciones a dedo y, por tanto, irregulares", ha añadido Sevilla tras indicar que el consejero Cruz debe dar explicaciones en la Asamblea regional sobre este asunto, que supone "un trato de favor a sus amigos y colaboradores".

Pujante (IU) considera "claramente insuficiente" la campaña contra la economía sumergida

MURCIA.- El coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, valoró hoy la campaña para combatir la economía sumergida anunciada por el Gobierno murciano, aunque indicó que esta iniciativa, basada en la concienciación de la ciudadanía, es "claramente insuficiente".

Pujante insistió en la necesidad de que el Gobierno central aumente la plantilla de la Inspección de Trabajo, así como las labores de vigilancia en las comunidades con mayor tasa de economía sumergida, con el fin de "luchar con eficacia contra este fenómeno".

En este sentido, señaló que uno de los factores que influyen en el aumento de esta práctica es la apuesta por determinados modelos productivos ligados a actividades económicas "que se prestan más a la irregularidad".

Asimismo, recordó que en el último Debate sobre el estado de la Región trasladó una propuesta al presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, para la elaboración de un pacto social de lucha contra la economía sumergida al que éste "hizo caso omiso", informaron en un comunicado fuentes de la coalición de izquierdas.

Finalmente, Pujante se refirió, además, a una medida planteada por su grupo para la creación de una unidad especial de la Policía Local que adquiera funciones administrativas y judiciales en materia de prevención de riesgos laborales, lo que liberaría parte de la labor de los inspectores de trabajo.

Murcia, segunda comunidad con mayor número de viviendas por cada 100.000 habitantes

MURCIA.- La Región de Murcia registró durante el mes de agosto un total de 175 operaciones de compraventas de viviendas por cada cien mil habitantes, hasta alcanzar las 1.943 operaciones, por lo que fue la segunda comunidad autónoma que registró un mayor número de transmisiones.

Según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística, la Región de Murcia también registró un total de 232 operaciones de compraventas de fincas por cada cien mil habitantes, con un número de compraventas que ascendió a 3.692 durante el pasado mes de julio. El total de fincas transmitidas fue de 5.427, unas 488 por cada cien mil habitantes.

Respecto a la compraventa de viviendas, de las 1.943 realizadas en la Comunidad en agosto, 1.878 corresponden al régimen de vivienda libre, 65 al de vivienda protegida, 1.415 al de vivienda nueva y 528 al de vivienda usada.

Por otra parte, el número de fincas rústicas transmitidas ascendió a 555, mientras que el número de fincas urbanas transmitidas en Murcia fue de 4.872.

En el conjunto del país, la compraventa de viviendas se redujo un 9,9% en agosto en relación a igual mes de 2008, hasta un total de 34.019 operaciones, de las que el 55% se realizaron sobre viviendas nuevas y el 45% sobre inmuebles de segunda mano, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La caída interanual de agosto baja de los dos dígitos por primera vez en 16 meses. De hecho, desde abril de 2008 no se registraba un descenso interanual inferior a las dos cifras. Además, la reducción de las operaciones de compraventa de vivienda en agosto es más moderada que la experimentada en julio, cuando la compraventa de viviendas se hundió cerca de un 20%.

En tasa intermensual (agosto sobre julio), el dato no es tan positivo, pues la compraventa de viviendas descendió un 8,2%, en contraste con la subida del 4,7% experimentada el mes pasado. En los ocho primeros meses del año estas operaciones acumulan una reducción del 30,9%.

Como viene siendo habitual, el retroceso de estas transacciones fue mayor en el caso de las viviendas usadas, donde la compraventa de este tipo de inmuebles retrocedió un 13,7% en tasa interanual, hasta 15.324 operaciones. Esta caída es inferior a la experimentada en julio (-20,5%).

Por su parte, la compraventa de viviendas nuevas cayó un 6,5% en agosto respecto a igual mes de 2008, hasta sumar 18.695 transacciones. Este descenso es muy inferior al registrado en julio, cuando la compraventa de viviendas nuevas bajó un 20,1% en tasa interanual.

En tasa intermensual, las transacciones de viviendas de segunda mano experimentaron una caída del 16,5% respecto a julio, mientras que las de viviendas nuevas se mantuvieron sin cambios. En los ocho primeros meses del año, se han vendido un 37% menos de inmuebles de segunda mano y un 24,6% menos de viviendas nuevas que en el mismo periodo de 2008.

El 91,1% de las operaciones de compraventa de viviendas efectuadas en agosto se realizaron con viviendas libres y el 8,9% restante con viviendas protegidas.

El número de viviendas libres transmitidas por compraventa cayó un 9,8% en agosto en tasa interanual y un 32% en lo que va de año, con 30.995 operaciones, mientras que el de viviendas protegidas bajó un 10,9% respecto a julio de 2008 y un 18,8% en los ocho primeros meses, hasta sumar 3.024 transmisiones.

En agosto, el mayor número de compraventas de viviendas por cada 100.000 habitantes se dio en La Rioja (252), Murcia (175) y Cantabria (142).

El 56,9% de las compraventas de viviendas efectuadas en agosto se registraron en Andalucía (7.141 operaciones), Madrid (3.637), Comunidad Valenciana (4.593) y Cataluña (3.988).

Sumando las fincas urbanas (viviendas y otros inmuebles de naturaleza urbana) y las rústicas, el total de fincas transmitidas en agosto fue de 135.241, con un descenso del 7,7% sobre igual mes de 2008, del 19,2% en los ocho primeros meses y del 14,7% en términos intermensuales.

Por compraventa se transmitieron un total de 72.933 fincas, un 12,4% menos que en agosto de 2008, mientras que 4.568 fincas se transmitieron por donación (-0,5%), 1.408 por permuta (-22,4%) y 23.318 inmuebles por herencia (+0,6%).

En el apartado de compraventa, el 89,9% de las transacciones correspondieron a fincas urbanas y el 10,1% a rústicas. Dentro de las urbanas, el 51,9% fueron compraventas de viviendas.

Según los datos del INE, el número de compraventas de fincas rústicas disminuyó un 12,3% en agosto en tasa interanual, mientras que el de fincas urbanas bajó un 12,4%.

En agosto, el número total de fincas transmitidas por cada 100.000 habitantes fue mayor en La Rioja (934), Castilla y León (568), Aragón (545) y Castilla-La Mancha (525). Por su parte, las operaciones de compraventa de fincas por cada 100.000 habitantes fueron mayores en La Rioja (554) y Murcia (332).

Gobierno regional y agentes sociales coinciden en que la crisis incrementa la economía sumergida

MURCIA.- El Gobierno regional y los agentes sociales coincidieron hoy en que la crisis económica incrementa la economía sumergida y aunque discreparon sobre los porcentajes, rehusaron entrar en una guerra de cifras porque "lo importante es que existe la voluntad de todos de poner medidas para frenarla y erradicarla", indicó el secretario general de CCOO, Daniel Bueno.

Y es que, el secretario general de UGT, Antonio Jiménez, estimó que desde 2006 la economía sumergida entendida en su sentido amplio, esto es, incluyendo aspectos como cobrar parte del salario en 'negro' o no declarar las horas reales de jornada, creció en la Región un 20 por ciento, pasando del 33 al 40 por ciento actual, unos cálculos que consideró "bastante equilibrados" y "comedidos".

Como ejemplo, citó que durante el primer semestre del año se registraron 1.179 expedientes de la Inspección de Trabajo por detectar personal no dado de alta en la Seguridad Social "y esto es un aumento del 50 por ciento" en relación a los 733 expedientes de enero a junio de 2008.

Por su parte, el consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, indicó que "el sentido común dice que ha habido un aumento de la economía sumergida, pero no voy a entrar en una guerra de cifras porque sencillamente no existen esas cifras", pese a que advirtió que "personalmente creo que el 40 por ciento es una cifra muy elevada".

"Todo lo que hay son dos estudios serios del Consejo Económico y Social --uno de los años 90 que situaba la economía sumergida en el 33 por ciento del PIB regional y otro de 2006 que hablaba del 20 por ciento--, y todo lo demás son cifras estimativas", matizó Sotoca.

Desde Croem, su presidente Miguel del Toro opinó de forma similar al consejero, por cuanto "no hay datos", pero alertó que el "riesgo de ocultarse en la economía sumergida es mayor en crisis".

"Son prácticas rechazables, intolerables e insolidarias y suponen una hipoteca para nuestro futuro", indicó, al tiempo que opinó que "la salida a esta situación tan peliaguda será más lenta y dificultosa".

Del Toro recalcó que "la gran mayoría de los empresarios de la Región cumplen con sus obligaciones" y calificó de "ejercicio de competencia desleal e insolidaridad" este tipo de prácticas que, a su entender, deberían implicar a toda la sociedad en su rechazo. "El que defrauda engaña a todos y hay que señalarlo con el dedo", apostilló.

También llamó el líder de UGT la atención sobre la necesidad de "colocar las prácticas fraudulentas fuera de la permisividad de la vida social" pues "son un plato muy mal cocinado para el trabajador y una indigestión para el conjunto de la sociedad".

De hecho, la nueva campaña contra la economía sumergida que hoy presentaron Sotoca, Del Toro, Jiménez y Bueno tiene por objetivo concienciar a los ciudadanos sobre los perjuicios de la economía sumergida y propiciar la implantación de buenas prácticas empresariales.

La campaña, que lleva por lema 'Con la economía sumergida, tolerancia cero', tiene una doble intención. Así, apuntó Sotoca, persigue "concienciar de que la economía sumergida perjudica a todos los ciudadanos y que, por tanto, no es un problema sólo de trabajadores y empresarios, pero también tiene el objetivo de favorecer las buenas prácticas empresariales, invitando a los ciudadanos a reflexionar acerca de su responsabilidad en su erradicación".

Sotoca explico que "la campaña se apoya en la imagen de un niño como símbolo de la sociedad murciana, cuyo futuro se tiene que cimentar sobre la base de una economía regular". Además, por primera vez y como novedad, cuenta con una página web específica sobre este asunto, a la que se accede a través de 'www.sineconomiasumergida.com'.

Esta página incluye respuestas a cuestiones como qué es la economía sumergida, cómo afecta a las empresas, la sociedad y los trabajadores o los beneficios de su eliminación. La Consejería de Educación, Formación y Empleo destinará 95.000 euros para ejecutar esta campaña, que permanecerá activa del 15 de octubre al 15 de diciembre.

La Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración, realizó en 2008 un total de 7.015 visitas (1.000 más que el año anterior). Estas visitas permitieron detectar, según datos aportados por Sotoca, un total de 588 trabajadores extranjeros sin autorización para trabajar, y 2.048 trabajadores sin alta en la Seguridad Social.

La previsión para este año 2009 acordada con la Inspección de Trabajo es de 5.305 actuaciones planificadas únicamente en lo que respecta a economía sumergida, de las que 1.874 serán en el sector de la Construcción, 1.013 en Hostelería, 488 en Industria, 476 en Comercio, 455 en Agricultura, 22 en Transportes, 3 en Hogar, 447 en Servicios y 480 no programados.

Para el próximo año, Sotoca avanzó que la intención del Gobierno regional es proponer a la Inspección de Trabajo un incremento del 48 por ciento, para llegar a las 7.881 órdenes de trabajo. De ellas, 2.100 serían en la Construcción, 520 en Agricultura, 950 en Industria, 850 en Comercio, 1.150 en Hostelería, 50 en Transportes, 5 en Hogar, 768 en Servicios y 1.488 en no programados.

Finalmente, el titular de Empleo manifestó su intención de mantener también medidas de estímulo para implantar buenas prácticas, tales como los premios institucionales que, por segundo año consecutivo, convoca la Consejería a través de la Dirección General de Trabajo y cuyo principal objetivo es reconocer las buenas prácticas empresariales.

Saura se muestra dispuesto a pactar con Valcárcel "una reforma administrativa en profundidad"

MURCIA.- El secretario general del PSRM, Pedro Saura, sostiene que es necesaria "una reforma en profundidad de la Administración regional que incluya la puesta en práctica de un código de buenas prácticas para los altos cargos", pues, a su juicio, "es fundamental el control del despilfarro para salir cuanto antes de la crisis, y que la Administración dinamice la actividad económica".

Así advirtió que "el PSRM está dispuesto a sentarse con el Gobierno regional y pactar esa reforma", según informaron fuentes del partido en comunicado de prensa.

Las medidas que Pedro Saura considera imprescindibles para esa reforma de la Administración comienzan con la eliminación de todas las fundaciones, consorcios y empresas públicas regionales, "porque en muchas ocasiones lo que buscan es evitar los controles de Hacienda y de la propia Comunidad Autónoma".

Además, la reforma consensuada debe incluir el compromiso de "aumento cero" del gasto corriente de la Administración regional "mientras que el PIB regional no se recupere". Para ello, explicó Saura, es necesario plantearse como un elemento de la reforma de la Administración regional un "código de buenas prácticas de los altos cargos, tanto del PP como del PSOE".

"En este código debería estar recogido que el sueldo máximo de cualquier alto cargo no supere al del presidente de la Comunidad Autónoma, y que los ingresos por dietas, y los bienes de los altos cargos, sean publicados a principios de cada año en la web de la Comunidad Autónoma", explicó.

Además, cuando los altos cargos estén de viaje, Saura propuso que "se alojen en hoteles de tres estrellas como máximo, y que la dieta diaria no supere los 60 euros".

Congelar la compra de coches oficiales en la Comunidad Autónoma, y que cualquier sustitución de un vehículo se produzca sólo cuando éste tenga más de 300.000 kilómetros, son otras de las buenas prácticas definidas por el líder socialista, así como que los gastos de teléfonos, tanto fijos como móviles, de los altos cargos se reduzcan en un 10 por ciento.

Otra de las cuestiones que el secretario general del PSRM destacó como más importantes es la elaboración de una Ley de Publicidad Institucional "para garantizar la veracidad de las declaraciones de los altos cargos políticos, y para que la ciudadanía conozca cómo se reparten los recursos entre los distintos medios de comunicación". Esta Ley tendría un límite presupuestario.

Saura subrayó su interés por acordar con el Partido Popular esta reforma de la Administración regional, porque "no vamos a salir de la crisis, ni a dinamizar la economía, sin abordar antes la reestructuración del gasto público de la Administración regional".

Finalmente, el líder socialista, que avanzó que los próximos datos que conoceremos sobre el déficit de la Comunidad Autónoma "nos van a poner los pelos de punta", reiteró que "ante un momento excepcional, tenemos que tomar medidas excepcionales de control en la Comunidad Autónoma".