sábado, 26 de septiembre de 2009

Conclusiones del Informe GRECO sobre Transparencia en la Financiación de Partidos en España

MADRID.- El "Informe de Evaluación sobre Transparencia en la Financiación de Partidos Políticos en España", elaborado por el GRECO (Grupo de Estados contra la corrupción) del Consejo de Europa, con fecha de mayo de 2009, resulta un informe muy riguroso e independiente sobre este asunto, de plena actualidad en la Comunidad Valenciana por el 'caso Gürtel', que todo apunta ya claramente es un nuevo caso de financiación ilegal de un partido-el PP- además de otras corrupciones orientadas al lucro personal de algunos dirigentes del partido que se postula para gobernar España.

El informe pone de manifiesto que, pese a los avances legales en este campo, que han corregido algunos graves defectos-por ejemplo los relacionados con las generalizadas donaciones anónimas-persisten muchos puntos negros que son utilizados, una y otra vez, para cometer delitos graves por parte de un sistema de partidos que tiene la afiliación más baja de toda Europa en el marco de uno de los modelos más partitocrátricos de organización de la vida pública.

No sólo identifican los problemas, sino que se proponen medidas para corregirlos. Reproducimos las conclusiones.

"A mediados de 2007 España promulgó una nueva ley que regulaba la financiación de los partidos políticos, es decir, Lay Orgánica 8/2007. Dicho acontecimiento refleja un aumento en la concienciación de la necesidad de regular la financiación de los partidos políticos, un área en la que ha habido una serie de escándalos, tristemente famosos, durante las dos últimas décadas. Se han introducido un número importante de mejoras en la nueva ley para garantizar aún mejor la transparencia de la financiación política.

En particular, ahora las donaciones anónimas están prohibidas; además, la magnitud e identidad de las donaciones privadas que los partidos pueden recibir tendrán que ser identificadas en las cuentas del partido. Sin embargo, se lamenta que dichas cuentas no sean consolidadas para que incluyan las cuentas de las secciones locales – según proceda – y las entidades relacionadas directa o indirectamente con los partidos políticos o por lo demás bajo su control (p.ej. fundaciones políticas).

Además, según vaya evolucionando la experiencia con la puesta en práctica de la ley, las autoridades deberían permanecer alerta sobre posibles formas de burlar sus disposiciones, por ejemplo, en relación con los límites de gastos en las campañas electorales, préstamos, y donaciones de entidades públicas o semi-publicas. Aunque las medidas sobre transparencia han aumentado en teoría, continúa siendo esencial que sean transmitidas de forma efectiva al público.

En este sentido, la publicación y divulgación de información es fundamental para garantizar transparencia sobre la financiación política. En España, lo que el público en general y los medios de comunicación consideran preocupante en relación a la financiación de los partidos políticos es la información total (que no es fácil de comprender) y que es accesible demasiado tarde en el proceso.

Es decisivo que la información comprendida en las correspondientes publicaciones del Tribunal de Cuentas sobre financiación política tenga suficiente sentido como para ayudar a identificar vínculos económicos discutibles y posible corrupción en el sistema de financiación de partidos. Respecto a la supervisión de la financiación política, el Tribunal de Cuentas, que tradicionalmente ha jugado un papel clave en la detección de defectos y áreas de riesgo en el sistema, actualmente no solo está autorizado a monitorizar, sino que también tiene poder de ejecución.

Dicho esto, es sumamente importante que a este organismo le sean atribuidos recursos adicionales de forma que esté en mejores condiciones para realizar sus trabajos en relación con la financiación política, incluso asegurando una supervisión más a fondo de los informes financieros de los partidos políticos y la presentación y publicación de sus conclusiones oportunamente. La estrecha cooperación y coordinación entre el nivel central y el de las Comunidades Autónomas es clave para identificar y abordar áreas de riesgo relacionadas con la financiación de partidos.

Además, es fundamental que la obligación que los partidos políticos tienen de desarrollar sus propios sistemas de control interno sea rápidamente puesta en práctica, lo cual reforzaría indudablemente la disciplina económica de los partidos políticos y reduciría las posibilidades de corrupción.

Por último, el sistema sancionador en vigor necesita aumentar su regulación, incluso definir claramente las infracciones de la normativa sobre financiación política y enlazar dichas infracciones con sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Teniendo en cuenta lo anterior, el GRECO traslada a España las siguientes recomendaciones:

i. que se tomen las medidas oportunas para garantizar que los préstamos concedidos a los partidos políticos no se utilizan para eludir las disposiciones sobre financiación política (párrafo 74); ii. que se tomen las medidas necesarias para aumentar la transparencia de los ingresos y gastos de (i) los partidos políticos a nivel local; (ii) las entidades vinculadas directa o indirectamente a los partidos políticos o que estén bajo su control (párrafo 75); iii. que se cree un formato común para las cuentas y rendimientos de los partidos (tanto a nivel de oficina principal como de secciones locales) con objeto de garantizar que la información que se facilite al público es lo más coherente y comparable posible, y que se presenta en la forma oportuna dentro de las fechas límite prescritas en la Ley 8/2007 sobre Financiación de los Partidos Políticos, permitiendo así una comparación significativa tanto en relación con un período como entre los partidos (párrafo 76); iv. que se tomen medidas necesarias para mejorar el sistema de auditoría interna de los partidos políticos para garantizar la independencia de este tipo de controles (párrafo 77); v. que se aumenten los recursos financieros y de personal destinados al Tribunal de Cuentas de forma que esté en mejores condiciones para realizar de forma eficaz sus tareas de control y ejecución en relación con la financiación política, incluyendo una supervisión más a fondo de los informes financieros de los partidos políticos (párrafo 79); vi. que se definan claramente las normas sobre financiación política y que se introduzcan sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias para dichas infracciones, en especial, mediante la ampliación del rango de sanciones disponibles y el aumento del ámbito de la estipulación de sanciones para poder implicar a todas las personas/entidades (incluyendo a los donantes individuales) a los que la Ley Orgánica 8/2007 impone obligaciones (párrafo 83).

Viva la clase media

Al comenzar la Segunda República, en España había un tres por ciento de ricos, fundamentalmente agrarios, una inmensa masa proletaria y apenas un veinte por ciento de clase media: una estructura social catastrófica capaz de alentar el discurso revolucionario que provocó la tragedia.

El porcentaje de fortunas se ha mantenido en los últimos ochenta años, aunque su base actual sea la industria y la especulación bursátil, pero la mesocracia se ha convertido en la médula de un país en el que ahora son los inmigrantes quienes representan la mayor parte de la mano de obra no cualificada.

Aunque la recesión ha incrementado peligrosamente el índice de pobreza, el discurso dual de pobres y ricos queda hoy relegado al plano de la más burda demagogia.

Escribe Ignacio Camacho en ABC que el Gobierno está en su derecho de subir la presión fiscal y la deuda para sufragar su política de subsidios y gasto público sin tasa, pero lo que ya no cuela de ningún modo es el rancio argumentario de exprimir a los ricos, aunque se disfrace con el eufemismo técnico de las «rentas altas» o «rentas de capital».

Los impuestos se los suben a los que los pagan, que es la clase media porque es la única que está bajo el control de Hacienda.

La burguesía que ha sostenido el crecimiento español con el esfuerzo de su trabajo y de su ahorro ha sido señalada por el zapaterismo para sufragar la factura de una estrategia clientelar destinada a mantener el apoyo del voto subsidiado.

Los analistas gubernamentales entienden que ha crecido el número y la edad de los mileuristas y que pueden constituir con ellos y los desempleados una fuerza social capaz de mantener al socialismo en el poder si se le administra una inyección económica suplementaria.

En este peculiar concepto de la redistribución no importa tanto el número de parados como la posibilidad de mantenerlos adheridos a un Estado maná que les asegure la supervivencia.

El problema es que para lograrlo es necesario exprimir al sector productivo, a una clase media menguante y asfixiada que ha de sufrir además la ofensa de ser considerada un sector de privilegiados.

Quizá acabe siendo un privilegio tener trabajo en esta España de parados profesionales, autónomos en quiebra y sindicalistas atrincherados en la subvención, pero será el Gobierno el responsable de esa silenciosa destrucción de la médula social que ha vivificado el país y lo ha dotado de musculatura económica.

El incremento impositivo, por mucho que se intente afinar en su alcance, es un paso atrás que define la impotencia de esta sedicente socialdemocracia para invertir el sentido de la recesión y buscar un impulso de crecimiento.

Con su cerrada negativa a rebelarse contra la crisis y su empeño en el discurso paliativo, el zapaterismo no está defendiendo a los pobres: está empobreciendo a los que aún no lo son del todo.

http://www.periodistadigital.com/opinion/economia/2009/09/27/viva-la-clase-media.shtml

El Bloc pide a Camps que defienda la valencianidad de Bancaja y CAM

VALENCIA.- El portavoz del Bloc Nacionalista Valencià, Enric Morera, reclamó ayer al jefe del Consell, Francisco Camps que recurra al Tribunal Constitucional al Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) si finalmente se elimina la posibilidad de que los gobiernos autonómicos puedan vetar fusiones interregionales entre cajas de ahorro, según 'Levante'.

Morera dijo que prefería una unión entre Bancaja y la CAM antes que con Caja Murcia, que consideró "un error" para el sistema financiero valenciano. El dirigente nacionalista advirtió del riesgo de que la caja alicantina y la murciana puedan después ser absorbidas por entidades de mayor tamaño como La Caixa o Caja Madrid.

Ante las reticencias de Bancaja y CAM a explorar una unión, Morera propone que la sede social se ubique en Alicante, mientras Valencia albergue la dirección estratégica. Además propuso buscar fórmulas para reducir lo que denominó "costes sociales" de la operación, es decir posibles despidos de empleados por el ajuste de oficinas y personal.

Morera ha presentado una pregunta parlamentaria al Consell para conocer si considera que el FROB (aprobado en el Congreso con los votos del PSOE y PP) invade competencias autonómicas.

El líder del Bloc recordó que el Consell Jurídic Consultiu de Cataluña ha emitido un informe en este sentido y advirtió que si finalmente el Gobierno central elimina el veto autonómico a las fusiones presentará una proposición no de ley para que la Generalitat recurra el fondo ante el Tribunal Constitucional, como ha anunciado el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo.

Las fusiones interregionales están provocando roces políticos, como en el caso del interés de la vasca BBK por Caja Castilla-la Mancha. La presidenta del PP manchego, María Dolores de Cospedal, aseguró ayer que su partido se opondrá "radicalmente" a que la posible fusión entre Caja Castilla La Mancha (CCM) y la BBK se haga "como pago" al PNV por su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado.

El secretario de organización del PSOE manchego, José Manuel Caballero, calificó esta afirmación de "intoxicación".

La Región de Murcia es la tercera autonomía con mayor superficie de regadío en relación a la superficie agraria utilizada

MURCIA.- La Comunitat Valenciana es la primera autonomía con más superficie de regadío en relación con la SAU (superficie agraria utilizada), con un 41,7 por ciento, seguida por País Vasco (40,3 por ciento) y la Región de Murcia (37,1 por ciento).

A continuación, se sitúa Canarias (32,6 por ciento), Cataluña (23,9 por ciento), Andalucía (19,6 por ciento), Aragón (18,2 por ciento), Navarra (14,3 por ciento), y La Rioja (14,3 por ciento).

Por contra, Cantabria es la comunidad autónoma con menor superficie de regadío en relación a la SAU en la región, el 0,1 por ciento del total, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Según dicho informe, a continuación se sitúa Asturias (1,1 por ciento) y en tercer y cuarto lugar, aunque con bastante mayor porcentaje, si bien por debajo de la media de España (13,6 por ciento), están Baleares (6,2 por ciento) y Extremadura (6,6 por ciento).

También por debajo de la media nacional se encuentran Madrid (7,2 por ciento); Castilla y León (8,4 por ciento); y Castilla-La Mancha (10,6 por ciento).

Atendiendo a la superficie total nacional, el primer puesto en cuanto al uso de agua de regadío lo ocupa Andalucía (23,8 por ciento); seguida de Aragón (14,2 por ciento); Castilla y León (13,5 por ciento); y Castilla-La Mancha (10,9 por ciento), situándose a continuación la Comunitat Valenciana (9,8 por ciento).

Según los datos del INE, en el año 2006 la superficie dedicada al regadío en España ascendió a 3.278.906 hectáreas, lo que supone el 13,6 por ciento de la superficie agraria utilizada, y el 7 por ciento de la superficie nacional.

Por tipo de cultivo, los herbáceos acaparan el 44,7 por ciento del total. En cuanto a técnicas, el que se realiza por gravedad es el menos sostenible y concentra el 45,2 por ciento del total.

La FEMP exigirá que los PGE y las CC.AA. garanticen la suficiencia financiera de los gobiernos locales

MADRID.- La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) exigirá que tanto en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) como en los de las comunidades autónomas quede garantizada la suficiencia financiera de los gobiernos locales para el próximo ejercicio, con el fin de "mantener el acceso igualitario de todos los ciudadanos a los servicios básicos".

El presidente de la FEMP, Pedro Castro, ha anunciado que propondrá en la Comisión Ejecutiva de la FEMP, que se reúne el próximo martes para analizar el proyecto de Ley de los PGE, que en los presupuestos se mantengan todas las partidas y conceptos que tradicionalmente se han destinado a las entidades locales, sin recortes ni supresión alguna.

En lo que respecta al nuevo Fondo de Inversión Local, cuya dotación prevista es de 5.000 millones, la FEMP solicitará al Gobierno que una buena parte del mismo pueda ser destinada a la financiación de gastos corrientes relacionados con políticas sociales y educativas.

Según la FEMP, esta medida responde a la "necesidad de financiar" los servicios públicos que actualmente prestan los ayuntamientos, los cuales podrían "ponerse en peligro como consecuencia del descenso de los ingresos en 2010".

En la Comisión Ejecutiva del martes también se abordarán las medidas de ayuda anunciadas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la semana pasada y según las cuales se aplaza un año la deuda de los municipios y se destina el 15% del segundo 'Plan E' a educación.

Castro afirmó el pasado martes que con estas medidas, los ayuntamientos comienzan "a ver un poco la luz", pero consideró que "no son suficientes", por lo que así lo trasladará a la Comisión Ejecutiva.

El presidente de la FEMP exigirá, asimismo, que los gobiernos locales tengan el mismo tratamiento que las comunidades autónomas en lo relativo a las entregas a cuenta de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), una partida que, para la federación, "con toda seguridad se verá mermada por la correspondiente minoración de los ingresos del Estado".

"Si a esto añadimos la pérdida de ingresos que van a tener los ayuntamientos españoles por la disminución de la actividad económica en sus respectivos territorios y su incidencia en la recaudación de los tributos locales, la situación se agravará aun más y habrá ayuntamientos que no puedan prestar algunos servicios básicos a sus ciudadanos", explica la FEMP.

A juicio de Castro, "en unas circunstancias de crisis como las actuales es más necesario que nunca dirigir todos los esfuerzos presupuestarios a reforzar las políticas sociales y el empleo", ya que recordó que los ayuntamientos son "la institución pública que alcanza mayor eficiencia y mayor rentabilidad social en la ejecución de las políticas públicas, como así se ha demostrado en el desarrollo de los proyectos del Fondo de Inversión Local de 2009".

Por todo ello, reclamará al Gobierno que "renueve la confianza" en la capacidad de gestión de los recursos públicos por parte de los ayuntamientos, porque "no podemos olvidar que son los gobiernos locales los que, en primera instancia, perciben los problemas y pueden dar las respuestas adecuadas".

Saura destaca que el 50% del aumento de los impuestos "será para las CC.AA"

MURCIA.- El secretario general del PSRM, Pedro Saura, destacó este sábado que el 50 por ciento del aumento "moderado" de los impuestos "será para las comunidades autónomas", y dijo que la subida "servirá para incrementar la inversión pública, pero también para seguir apostando por la solidaridad y las políticas sociales, para que nadie se quede en la cuneta".

Saura hizo así referencia al anuncio de la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, tras la reunión del Consejo de Ministros de que el tipo general del IVA subirá dos puntos desde el 1 de julio de 2010, hasta el 18 por ciento, y el tipo reducido un punto, hasta el 8 por ciento, y se mantendrá, en cambio, el tipo superreducido (del 4 por ciento) aplicable a los bienes de primera necesidad, mientras que el gravamen de las rentas del ahorro se elevarán del 18 por ciento al 19 por ciento para los primeros 6.000 euros y el resto, tributarán al 21 por ciento.

Saura destacó que es una subida "progresiva, con un reparto justo en el que pagarán más los que más posibilidades tienen", y añadió que "además de ser una subida que pretende financiar la política social y las inversiones, no interfiere la actividad económica, porque es una subida muy moderada y se reduce el impuesto de sociedades", según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

El líder socialista instó al presidente del Gobierno regional, Ramón Luis Valcárcel a que "deje su hipocresía, ya que, por una parte dice que hay que bajar los impuestos y, por otra, no explica -y sí acepta- que el 50 por ciento de esa subida moderada sea para las comunidades autónomas y financiar, en definitiva, las políticas sociales".

"Valcárcel pide más dinero para la Administración regional y para los ayuntamientos mientras dice que no hay que subir impuestos", añadió Saura, quien recordó que, con el nuevo acuerdo de financiación autonómica, el 50 por ciento de la recaudación del IRPF y del IVA "se queda en las comunidades autónomas".

Agricultura pone en marcha medidas contra la caza furtiva

MURCIA.- La Consejería de Agricultura y Agua, en colaboración con el colectivo de cazadores, representado por la Federación Murciana de Caza, ha puesto en marcha medidas activas para controlar y evitar la caza furtiva, como la obligatoriedad de marcar las piezas abatidas con precintos facilitados por la Administración, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

El director general de Patrimonio Natural y Biodiversidad, Pablo Fernández, señaló que la Región de Murcia "alberga importantes poblaciones de ungulados, entre las que destacan la cabra montés (Capra pyrenaica) en el Noroeste, y el arrui (Ammotragus lervia) en la zona centro, que "se ven afectadas por crecientes episodios de furtivismo".

Según Fernández, "el cazador furtivo provoca importantes daños a los ecosistemas, al no respetar los ciclos biológicos, y también perjudica al resto de cazadores que cumplen las normas legales y hacen un aprovechamiento racional de la caza". Asimismo, añadió, dichas poblaciones silvestres "tienen un alto valor económico para el desarrollo de las zonas rurales".

Entre las medidas que ha puesto en marcha la Consejería para combatir la caza ilegal destaca la obligación de marcar las piezas de caza abatidas con precintos facilitados por la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad, antes de abandonar el lugar de caza.

Posteriormente un agente medioambiental levantará un acta con los datos morfológicos del animal y las correspondientes mediciones, y cada precinto deberá ser convenientemente marcado en el soporte donde se fije el trofeo del animal cazado, una vez naturalizado, lo que dará fe de que ha sido cazado de forma legal.

La Consejería ha fijado en 6.000 euros el valor cinegético de cada ejemplar de las citadas especies, en concepto de indemnización complementaria, cuando se trate de una pieza cobrada ilegalmente o se incumplan las normas fijadas en la autorización expedida por la Administración.

Asimismo, el Cuerpo de Agentes Medioambientales y el de Celadores de Caza y Pesca Fluvial, integrado por más de cien profesionales, intensificará el seguimiento de las actividades cinegéticas. En este sentido, el director general destacó la reciente creación de la Brigada de Caza y Pesca (Bricap), que se suma a otras ya existentes como la Brigada Ecuestre y la Brigada Canina.

Fernández explicó que "el control se ampliará también a los taxidermistas, "mediante la recogida de los precintos de los animales naturalizados y el seguimiento de los libros de registro obligatorios, en los que deberá figurar la procedencia de los ejemplares de fauna silvestre disecados, para garantizar que son legales".

La Consejería pretende incorporar también dispositivos de videovigilancia y fototrampeo nocturno y diurno en los terrenos cinegéticos más sensibles al furtivismo, una tecnología que proporciona información mediante soportes digitales, en tiempo real.

Finalmente, realizarán controles disuasorios de vehículos sospechosos de actividades ilícitas, para evitar la utilización de armamento y accesorios de uso corriente entre los furtivos, tales como rifles de pequeño tamaño desmontables y adaptados, silenciadores, dispositivos de iluminación y elementos de comunicación, entre otros.

De hecho, la Consejería recordó que agentes medioambientales y celadores de caza de la Consejería sorprendieron recientemente a dos cazadores furtivos en el paraje de la Umbría de la Galluba, ubicado en el interior de la Reserva de Caza del Parque Regional de Sierra Espuña, que portaban un rifle desmontado bajo el asiento de su coche.

Los agentes rastrearon intensamente la zona y, a pesar de la oscuridad, pudieron localizar un ejemplar abatido de arrui macho, tras lo cual decomisaron el arma y la pieza capturada, y efectuaron la correspondiente denuncia.

La Ley de Caza de la Región de Murcia considera infracción muy grave cazar en una reserva, así como en refugios de caza, sin la autorización de la Consejería competente, aunque no se haya cobrado pieza alguna.

Por cometer infracciones muy graves, dicha ley establece multas de entre 3.000 y 60.000 euros y la retirada de la licencia e inhabilitación para obtenerla durante un plazo comprendido entre tres y cinco años, además de la suspensión de la actividad cinegética durante el mismo período, en su caso.

El número de inmigrantes irregulares que entraron este año a la Región en patera desciende un 36% respecto a 2008

CARTAGENA.- Hasta el mes de septiembre llegaron a las costas murcianas un total de 364 inmigrantes a bordo de pateras, un 36 por ciento menos que en 2008, en el que llegaron 569 personas.

"Esto indica que el dispositivo de control de la costa está funcionando de forma efectiva y disuasoria al tiempo, lo que demuestra tanto la eficacia conjunta de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Vigilancia Aduanera, Salvamento Marítimo y Cruz Roja, junto a instrumentos de apoyo como es el SIVE", se dice desde la Delegación del Gobierno.

La última embarcación, con once inmigrantes irregulares a bordo, diez varones y una mujer y que se dirigía al litoral de Cartagena, fue interceptada por una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, poco antes de la pasada medianoche.

La operación que dio lugar a esta interceptación se inició a raíz de que, sobre las 23.00 horas de ayer, el SIVE detectara la presencia de la citada embarcación, cuando ésta se encontraba a unas siete millas del litoral y navegaba en dirección al Cabo del Agua, en el término municipal de Cartagena.

Hacia las 23.55 horas, la patrullera de la Guardia Civil interceptó la mencionada embarcación, de pequeño tamaño y equipada con un motor de 30 cv, a bordo de la cual viajaban once personas, todas ellas de origen argelino, mayores de edad y en aparente buen estado de salud. Entre estos inmigrantes había una mujer.

Tanto los inmigrantes como la embarcación fueron trasladados por la Guardia Civil al puerto de Cartagena, donde los primeros, tras recibir asistencia de la Cruz Roja, fueron puestos a disposición del Cuerpo Nacional de Policía para la tramitación de los oportunos expedientes de devolución a su país de origen.