Felipe González cree que hacen falta "dos o tres" refinerías en España por la dependencia del petroléo

MÉRIDA.- El presidente del Comité de Expertos para la Reforma de la Unión Europea, Felipe González Márquez, consideró hoy que "problamente" en España haga falta "no una" sino "dos o tres" refinerías, aunque mostró sus dudas sobre la construcción de estas industrias en el país.

Felipe González justificó la necesidad de este tipo de industrias porque el país necesita "más capacidad de refino" dado el horizonte previsible de que en los "próximos 50 años" se va a depender de las energías fósiles "al menos en un 70 por ciento", explicó.

Así lo apuntó González en el marco de las 'Jornadas sobre Bosques, Energía y Cambio Climático en un Contexto de Crisis' celebradas en Mérida, tras ofrecer la conferencia 'Energía y Crisis' y al ser preguntado por uno de los asistentes sobre si considera necesaria la implantación de una refinería en Extremadura.

Tras afirmar que "sí" hace falta una refinería en España, el también ex presidente del Gobierno dijo que "no una, probablemente haga falta capacidad de refino para dos o tres". Sin embargo, añadió: ¿se van a instalar refinerías en España para no depender no sólo de la materia prima petróleo sino del refino?, pues lo dudo".

Felipe González indicó además que "uno de los cuellos de botella" que están poniendo "muy difícil el problema de la oferta y la demanda energética es el refino". Por ello, señaló que hay una "necesidad" de refino de petróleo tanto en España como en Europa de cara a los "próximos 40 ó 50 años".

Partiendo de este punto, agregó, cada región y cada zona puede evaluar el "impacto" que tiene contar con una refinería de petróleo en un territorio concreto "desde el punto de vista de la necesidad, de la economía, del desarrollo".

Apuntó además que en España se puede argumentar que unos territorios han contribuido menos que otros a la acumulación de CO2 a la atmósfera pero "como el problema es global" se debe ver "globalmente". Por ello, indicó que si se le pregunta sobre "sobre si es o no necesario, oportuno, agradable o conveniente para Extremadura que halla unas instalaciones de refino", considera que se tiene que hacer una "evaluación".

Asimismo, dijo que "en términos de necesidad para la economía del país y para la energía" que se necesita en los próximos 50 años, "sí, es necesario" porque en España "hace falta refino", aseveró.

Felipe González indicó que hay algunas cosas en las que hay que "recuperar la coherencia" y se refirió así a la energía nuclear. En este sentido, abogó por abrir un debate para "analizar los pros y los contras" de este tipo de energía porque lo que "más nervioso" le pone, dijo, es que los dirigentes políticos que se muestran "totalmente en contra" de ella "al mismo tiempo compren energía nuclear excedentaria en las fronteras".

"Si usted no quiere energía nuclear, no la compra pero si dice que la consume de la instalación que ponen en el sur de Francia, entonces tendrá usted que garantizar que la frontera no es sensible a la contaminación nuclear", añadió al respecto.

González volvió a hablar de la refinería para apuntar que si una industria de este tipo no se construyera en España si no en un país del norte de África, por ejemplo, y el 80 por ciento del refino se llevara a España, "no habría grandes rechazos".

Asimismo, el presidente del Comité de Expertos para la Reforma de la UE, reconoció que las refinerías "contribuyen al calentamiento global" pero insistió en que "durante los próximos años" se va a necesitar el "70 por ciento de energía fósil". "Y si no, tenemos que renunciar al desarrollo", agregó.

Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, señaló que la cuestión de la refinería "no es un problema de un sí o un no" porque es un asunto que está "lleno de matices". Según Vara, "no se trata de quién está a favor o quién está en contra de una industria de refino, se trata simplemente de si es necesaria no" y, en caso de que sea necesario, "dónde".

Además, apuntó el presidente extremeño que prefiere que este tipo de industrias estén ubicadas "allí donde van a contaminar menos" y "evidentemente van a contaminar menos cuanto mayores sean las leyes garantistas y proteccionistas". "Y aquí las hay y en Europa también", precisó.

Fenández Vara indicó que "todo en la vida es cuestión de matices" y estos matices son los que "visten la realidad" para poderla entender a través de un prisma que permita al que la analiza ser objetivo.

Así, aludió a la energía nuclear para decir que tampoco se trata de estar "en contra o a favor" de ella porque ese es un "debate falso", el cual hay que "vestir" para que sea verdadero. Como ejemplo, señaló formular primero a un trabajador la pregunta de si está "a favor en contra" de que la industria en la que trabaja sea competitiva y siga existiendo, para después hablar de la energía nuclear.

En su intervención en la clausura de las Jornadas sobre Bosques, Energía y Cambio Climático en un contexto de Crisis" que se celebraron durante los últimos tres días en Mérida, Fernández Vara hizo alusión al momento actual en el que se habla de la "incertidumbre del futuro" e indicó que si hubiera "acuerdo" sobre lo que ocurrió en el pasado, "seguramente habría menos incertidumbre" en el futuro.

Vara explicó que la crisis financiera, el cambio climático, las políticas energéticas y de seguridad en el mundo son "capítulos del mismo libro" al que dijo que añadiría una más, los "valores éticos" por la responsabilidad "con los que vienen detrás".

El presidente extremeño recordó una reflexión que le hizo uno de los asistentes a la reciente reunión que mantuvo con presidentes de parques naturales sobre que cada vez que se arranca un árbol "sube el PIB". Vara dijo que esto ocurre porque "lo que se quita no se resta de ningún sitio" sino que se "suma a lo que viene, a unas variables macroeconómicas que tienen que ver con la riqueza inmediata".

Al respecto, el jefe del Ejecutivo autonómico se refirió a las "balanzas medioambientales y derivadas de la emisión de gases de efecto invernadero" que ponen de manifiesto lo que "ya" se sabía, que "ha habido una serie de territorios que se han desarrollado sobre la base de contaminar más" y otros de "contaminar menos", explicó.

Vara agregó que cuando el Gobierno extremeño quiso poner esto encima de la mesa era para que "aquellos que defienden sus balanzas fiscales en base al nivel de tributación producido por el nivel de desarrollo en determinados ámbitos aunque sea a costa de la contaminación" tengan en cuenta que "a lo largo de todo este tiempo" otros han tenido un desarrollo que "ha permitido ir absorbiendo parte de las emisiones de más o del déficit de calidad ambiental" de los primeros.

"Al final de lo que se trata es de ver el mundo sobre una realidad que tiene que ser conjunta", apostilló el presidente extremeño, quien abogó también por que los ciudadanos tengan "todos los argumentos" en relación a una decisión importante y así "actuar sin apriorismos".

Finalmente, Fernández Vara dijo que la solución al cambio climático y los problemas que planteen los recursos energéticos "no la puede dar sólo un territorio". Además, subrayó que del "problema del mundo" hay que salir "entre todos" pero "fundamentalmente" ello depende del papel que desempeñan los líderes mundiales, de los que dijo que "no hay demasiados".

Por ello, mostró su interés en que la opinión de Felipe González pueda ser puesta "siempre" encima de la mesa.

Una jurista de la UE dice que la legislación europea no "obliga" a expulsar a irregulares

BRUSELAS.- La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Juliane Kokott considera que la legislación comunitaria "no obliga" a expulsar a los inmigrantes que se encuentren en situación irregular en territorio europeo, ni se opone a que su expulsión pueda ser sustituida por una multa.

El Tribunal publicó las conclusiones de Kokott, que examinó dos preguntas prejudiciales remitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, donde están pendientes sendos recursos de apelación de dos ciudadanos bolivianos.

Como consecuencia de unos controles se comprobó que permanecían en España a pesar de no cumplir o haber dejado de cumplir los requisitos de estancia, por lo que el Tribunal resolvió su expulsión y la prohibición de entrar al espacio de Schengen (espacio único europeo) durante cinco años.

En primer lugar, la abogada general determinó que existe un error de traducción en la versión española del artículo del "Código de fronteras Schengen" referido a la expulsión de nacionales de terceros países cuando se encuentran en situación irregular en territorio europeo.

El texto en español señala que esa persona "será expulsada", mientras que la versión original redactada por el legislador indica que "podrá ser expulsada", por lo que Kokott considera que no se trata de una obligación, sino de una mera posibilidad.

Así, considera que el Código de fronteras no obliga a expulsar a los extranjeros de terceros países sobre la base de la presunción de incumplimiento de los requisitos de estancia.

Por otra parte, la jurista estima que del artículo 23 del Convenio de aplicación del acuerdo de Schengen no puede deducirse que los estados miembros estén obligados a la expulsión conforme al Derecho comunitario.

Kokott cree que la expulsión no es la regla general sino una excepción y, además, que dicho artículo no contiene ninguna base jurídica para una expulsión, sino que se remite al Derecho nacional.

Asimismo, indica que el artículo 23 faculta expresamente a los países para que permitan la estancia de extranjeros de terceros países cuando la ley nacional no prevea una expulsión, por lo que deduce que no puede haber ninguna obligación de expulsión.

Por último, Kokott precisa que dicho artículo no se opone a una normativa nacional como la española, según la cual la expulsión de un nacional de un tercer país en situación irregular en Europa puede ser sustituida por la imposición de una multa.

Recuerda también que el Gobierno español estima que la imposición de una multa no conlleva la tolerancia de esa estancia irregular, y que los extranjeros de terceros países están legalmente obligados a abandonar el territorio nacional en 15 días.

Si esto no sucede, se inicia un nuevo proceso sancionador y, dado que ya se ha impuesto una multa, da lugar al inicio de un procedimiento de expulsión.

La opinión del abogado general no vincula al Tribunal de Justicia, pero esta corte suele dictar sentencia acorde con las conclusiones en la mayoría de los casos.

Saura (PSRM) afirma que "ya habrá una razón que justifique que Valcárcel se vuelva a presentar" a las elecciones

MURCIA.- El secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, afirmó hoy que "ya habrá una razón que justifique que el presidente del Ejecutivo murciano, Ramón Luis Valcárcel, se vuelva a presentar" a las próximas elecciones autonómicas y municipales en 2011.

Saura, quien hizo estas declaraciones al ser preguntado sobre por el hecho de que Valcárcel volviera hoy a insistir en que ésta será su última legislatura como presidente de la Región, recordó que "ha dicho en muchas ocasiones que se iba y luego ha encontrado no sé qué razón que justifica que se vuelva a presentar; y si no, tiempo al tiempo".

El jefe del Ejecutivo murciano volvió a insistir este viernes en que ésta será su última legislatura como presidente de la Región. Sobre su posible sucesor, dejó claro que el PP "afortunadamente tiene banquillo y gente estupenda".

Luego afirmó, "fue una decisión tomada en su momento y que voy a cumplir sin duda alguna". En este sentido, reconoció que sea una pregunta "obligada, porque soy hijo de periodista y esto tiene su interés, cuanto menos su morbo".

La corrupción socialista no cede en Ceutí

MURCIA.- El Juzgado de Instrucción Número Dos de Molina de Segura ha citado a declarar el próximo 18 de mayo en calidad de imputado a Pedro Guillén Guillén, concejal del PSOE en el ayuntamiento de Ceutí, a quien el PP local acusa de llevar a un almacén municipal, con la colaboración de un funcionario, dos cuadros y una escultura de chapa propiedad del Consistorio que estaban desaparecidas y que presuntamente se encontraban en casa del ex alcalde socialista Manuel Hurtado, según informa hoy 'La Opinión'.

El caso nace tras una denuncia presentada en diciembre de 2008 por el actual alcalde de Ceutí, Pascual Lorente García, quien aseguró en el juzgado que una galería de arte se presentó en el Ayuntamiento reclamando las citadas obras, que no aparecían en el inventario municipal. Lorente relató que los dos cuadros y la escultura aparecieron de la noche a la mañana en un almacén del Consistorio.

Un funcionario declaró luego que el edil Pedro Guillén le había llamado instándole a que le ayudara a dejar una mercancía en el almacén, en concreto dos cuadros que según relató el concejal le habían regalado al anterior alcalde, Manuel Hurtado, y que "era mejor que aparecieran en el almacén y no en la casa del anterior primer edil porque el artista estaba teniendo problemas matrimoniales y su esposa los podía reclamar".

Así, el empleado municipal y Pedro Guillén llevaron los dos cuadros y la escultura a las dependencias del Ayuntamiento.

El juzgado de Molina de Segura ha considerado que estos hechos pueden ser constitutivos de delito y ha citado a declarar al concejal Pedro Guillén -quien ocupó la cartera de Obras en el último mandato de Hurtado, entre 2003 y 2007- en calidad de imputado para que ofrezca sus explicaciones ante estos hechos que se le imputan. El mismo día están citados, en calidad de testigos, la secretaria y el interventor del Consistorio ceutiense.

En la misma denuncia que presentó el alcalde de Ceutí, Pascual Lorente García, el pasado diciembre de 2008 también se informaba de la desaparición de quince expedientes de obras de arte adquiridas en el periodo de Hurtado, que meses después fueron encontrados en el despacho de una empleada municipal.

También asegura el alcalde de Ceutí que han hallado facturas de obras de arte supuestamente adquiridas durante el mandato del ex primer edil y actual senador del PSOE Manuel Hurtado, y que éstas no se encuentran en el Ayuntamiento. Según Pascual Lorente, las facturas se elevan a más de 200.000 euros.

Anguita dice que si se encuentra materia suficiente, Camps debe ir a la cárcel

MURCIA.- El ex dirigente de IU, Julio Anguita, afirmó hoy que si se encuentra materia suficiente contra el presidente valenciano, Francisco Camps, imputado por el caso Gürtel, éste debería ir a la cárcel.

Anguita se pronunció así tras ser preguntado por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de citar a Camps para investigar un supuesto delito de cohecho, para lo que hizo alusión a una frase popular que aparece en una de las obras de Calderón de la Barca: "si se encuentra harto el paño, pues que vaya a la cárcel".

"Se debe perseguir la corrupción allí donde exista", añadió en rueda de prensa, pero "desde luego el funcionamiento de la justicia deja mucho que desear". "La justicia está politizada, es un dominguillo que obedece al bipartidismo", lo cual no obvia que "si hay indicios de delito contra este señor se le procese y se le juzgue", insistió.

Aquí "no se debe de perdonar absolutamente a nadie", apostilló. Y es que "la corrupción está siendo ya una segunda naturaleza en España", afirmó Anguita, al tiempo que manifestó que el pueblo tiene cierta parte de corresponsabilidad, porque "los corruptos son nuevamente votados por ellos".

Tras lo que recordó que la política del ladrillo se introdujo con el 'calzador' de creación de riqueza y puestos de trabajo, "el famoso cuento de la lechera".

"Se ha vivido en el Dorado, en la época del enriquecimiento fácil, basado en la corrupción como una cosa habitual", por lo que "no nos engañemos esto es nuestra obra y del nuestro que se salgan los que puedan".

"No nos extrañemos de lo que tenemos, esto se ha ido creando en todos estos dorados años en los que el dinero fluía, fluía y fluía", señaló, tras lo que manifestó que la presunción de inocencia "vale para todo el mundo", lo que pasa es que los partidos "defienden sólo la presunción de inocencia cuando son los suyos".

En este sentido, aseguró, "no todos los inculpados son lo mismo dentro del partido, hay quienes gozan de derecho de hacer y deshacer como el caso de Castellón mientras a otros los suspenden de militancia". Esto depende, añadió, "de la fuerza interna que tienen los grupos de presión por lo que puedan aportar al mantenimiento del partido".

Tras lo que señaló, "la ética es fundamental en la actividad política". De hecho, continuó, "la ciudadanía también vive de esa acusación de los políticos para justificar su propia falta de ética".

"Todos los políticos no son iguales", apuntó, "pero me encuentro con gente que lo necesita para ellos poder ser corruptos, es la justificación, la excusa".

Por su parte, el candidato al Parlamento Europeo, Pedro Marset, indicó que "hace falta más ética porque el informe Auken ha demostrado que la corrupción urbanística en la costa española (Andalucía, Murcia, Valencia) es la base de lo que estamos sufriendo en este momento de forma exagerada en España", por ello "pensamos que hace falta más democracia en el Parlamento Europeo".

Economía multa a Cajasur por infringir la ley contra el blanqueo

MADRID.- El Ministerio de Economía y Hacienda ha impuesto a Cajasur una multa por importe de 300.000 euros por cometer una infracción "muy grave" de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Gobierno ve responsable a la caja de infringir dicha ley sobre medidas de precaución en relación con el supuesto de que un empleado o directivo de la entidad hubiera puesto de manifiesto a los órganos de control interno la existencia de indicios o la certeza de que un hecho u operación estaba relacionado con el blanqueo de capitales.

El Consejo de Ministros sancionó por este motivo a la caja andaluza el 1 de agosto de 2008, y la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo denegó el pasado 13 de marzo del 2009 la suspensión de la ejecución de la multa, por lo que procede publicar la sanción.

Según figura en la resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera que dirige Soledad Núñez, el Consejo de Ministros impuso a Cajasur esta sanción por "incumplimiento injustificado" de la obligación de comunicación contenida en el artículo 3.4 a) de la Ley 19/1993 de 28 de diciembre sobre prevención de blanqueo de capitales.

El PSOE celebra que el Gobierno regional se vea obligado a anular La Zerrichera

CARTAGENA.- La diputada regional, Teresa Rosique, celebró hoy que "el Gobierno de Valcárcel se ve obligado a anular La Zerrichera, tal y como el PSOE le exigió desde el principio". Rosique explicó que las actuaciones judiciales, como consecuencia de las denuncias realizadas por la actuación del Gobierno regional, aprobando la reclasificación urbanística en este paraje protegido, "son la auténtica razón por la que Valcárcel y su Gobierno se sienten obligados a revocar la orden de Bascuñana que permite construir 4.000 viviendas y un hotel en la sierra de la Almenara".

Y es que el Gobierno regional ha comunicado a la diputada socialista que va a derogar en su totalidad la orden de Bascuñana. A respuesta de una solicitud de información, presentada en la Asamblea Regional por la diputada socialista, el jefe del servicio jurídico administrativo de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, le ha comunicado por escrito, que "la entrada en vigor del Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Plan de Gestión y Conservación de la ZEPA de la Sierra de la Almenara, Moreras y Cabo Cope, determinará la derogación, en su totalidad, de la orden de Bascuñana que permitía el uso residencial y terciario en el paraje de La Zerrichera".

En este escrito, la misma Consejería desde la que se aprobó la reclasificación urbanística de La Zerrichera, dice hoy que en ese paraje no se podrá edificar porque el proyecto del Plan de Gestión recoge que "el ámbito territorial de la ZEPA tendrá la consideración de suelo no urbanizable de protección específica y que "en el ámbito de la ZEPA se consideran incompatibles y, por tanto, prohibidas las nuevas edificaciones".

Rosique indicó que el Gobierno regional quiere utilizar el Plan de Gestión como excusa para dar marcha atrás, porque "estas consideraciones ya eran conocidas por el Gobierno regional ya que estaban recogidas en el borrador del Plan de Gestión, elaborado por la Consejería dirigida por Francisco Marqués, meses antes de la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental favorable a la reclasificación urbanística de La Zerrichera; y un año antes, de la aprobación definitiva de dicha reclasificación, por parte de Joaquín Bascuñana.

Asimismo, argumentó que "ni Marqués ni Bascuñana" hicieron caso de los informes que ya existían sobre el borrador del Plan de Gestión y que proponían "la necesaria clasificación del ámbito territorial de la ZEPA como suelo no urbanizable de protección específica; todo lo contrario, agilizaron la aprobación de la DIA y de la aprobación definitiva de la reclasificación urbanística en vez de esperar a que estuviese aprobado el Plan de Gestión.

La diputada socialista se preguntó si ahora el Gobierno regional dice que hay que anular la orden de Bascuñana porque hay que cumplir las determinaciones del Plan de Gestión, "por qué aprobaron dicha reclasificación urbanística cuando antes del Plan de Gestión y a pesar de que los informes emitidos sobre el borrador del mismo ya establecían que La Zerrichera no era urbanizable".

Teresa Rosique considera que la comunicación que la Consejería le ha trasladado, es el reconocimiento de que lo hecho por Marqués y Bascuñana, con el apoyo del presidente Valcárcel, "jamás se debió hacer".

A lo que añadió que "La Zerrichera es el mayor escándalo urbanístico de la historia de la democracia de la Región de Murcia, que arroja un balance de siete altos cargos del PP imputados por la Justicia y cuyo sumario, a medida que se va conociendo, produce a los ciudadanos de esta Región un mayor estupor".

Rosique apostilló que el presidente Valcárcel debería explicar por qué mantiene todavía sentado en el Consejo de Gobierno al consejero Bascuñana, que aprobó la reclasificación de La Zerrichera, junto a Ballesta, que ahora va a tener que firmar su anulación. "Cómo se puede explicar esto en un estado de derecho", espetó.

El Partido Socialista "no va a parar hasta que no se sepa toda la verdad sobre La Zerrichera". Por eso, con independencia de las actuaciones judiciales, "seguimos pidiendo en la Asamblea Regional la creación de una Comisión de Investigación", concluyó el comunicado de prensa.

Impugnan la composición de un tribunal de oposición a 'Onda Regional de Murcia" por falta de titulación superior de sus miembros

MURCIA.- Dos de los periodistas titulados convocados mañana a un concurso-oposición de 'Onda Regional de Murcia' por una sentencia judicial de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, que obliga a repetir parcialmente las pruebas efectuadas en 1994 con falta de garantías, han impugnado a gran parte de los miembros del Tribunal por su falta de titulación universitaria para poder evaluarlos, según fuentes del despacho del letrado Diego de Ramón, representante legal de los afectados.

La citada prueba debería efectuarse mañana sábado pero los dos periodistas, titulados universitarios por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid desde 1976 y 1977 respectivamente, han pedido su suspensión en tanto no se pronuncie sobre la idoneidad y legalidad del citado tribunal -compuesto por representantes de partidos políticos sin titulación ni en Periodismo ni en otra licenciatura- el Consejo Jurídico Consultivo de la Región de Murcia ya que así consideran vulnerados parte de sus derechos fundamentales por el proceder sin dictámen previo del director general de Radiotelevisión Murciana, Juan Máiquez Esteve, igualmente sin titulación universitaria aunque se presenta públicamente como 'periodista'.

El letrado de ambos periodistas profesionales se ha personado esta misma mañana en la sede de la Radiotelevisión Murciana con una copia del escrito de petición para Ana Martí, responsable de los servicios jurídicos del ente, para que advierta con tiempo a los miembros del citado tribunal de los riesgos personales (penales y civiles) y patrimoniales que asumen de efectuarse la prueba lesionando derechos fundamentales, susceptibles además de un procedimiento urgente de protección en la instancia jurisdiccional competente.

En el preámbulo de la citada impugnación expresa por la falta de los necesarios requisitos de capacidad, categoría y evaluación para poder examinar a los convocados, ambos periodistas dicen que la actual situación les produce "una total indefensión y vulneración del principio de igualdad" además de observar "arbitrariedad o desviación de poder".

En el primero de los tres puntos del escrito se recuerda al director general que la composición del tribunal impide garantizar en este caso los principos constitucionales de igualdad, publicidad, mérito y capacidad por parte de unos miembros sin conocimientos ó capacidad, igual ó superior, a la de los aspirantes, apoyándose y citando numerosa jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ya ha sentado doctrina.

En el segundo punto, se hace referencia a varios principios constitucionales y especialmente al de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos "que exigen la publicidad de los criterios de evaluación empleados por el Tribunal para que el procedimiento de selección sea conforme y respete estos principios, determinando su ausencia un supuesto de nulidad de pleno derecho" previsto en la legislación vigente.

En el tercero y último dirigido al director general de Radiotelevisión Murciana, los periodistas solicitantes, apoyándose en el fallo de la Sala de lo Contencioso del TSJ, dicen literalmente: "Al ser los mismos miembros que integraron el tribunal en 1994 es posible cuestionar su imparcialidad, ya que su actuación anterior fue antijurídica y arbitraria, y no ofrecer por tanto 'garantías jurídicas' suficientes de 'imparcialidad' y objetividad', tal como se fundamenta en la citada sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de TSJ de Murcia, ya que de ésta se desprende que dicho tribunal actuó 'irregularmente', no cumpliendo con los principios consagrados en el artículo 103 de la Constitución Española y en las normas legales de acceso al empleo público".

Los miembros impugnados del Tribunal son: Valentín Contreras Martínez (presidente), Francisco Javier Andujar Meroño, Francisco García Ortuño y Pedro Antonio Rios Martínez. Y los periodistas impugnantes son Francisco Poveda Navarro y Francisco Martínez Martínez, recurrente en su día y ganador del contencioso iniciado en 1994.

Convocatoria en el BORM del pasado 4 de mayo

De conformidad con lo dispuesto en la sentencia 938/07 dictada en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, por la que se estima parcialmente el recurso presentado por D. Francisco Martínez Martínez contra la Resolución del Director General de Radiotelevisión Murciana de fecha 6 de julio de 1994, por la que se aprobaba la lista de aspirante que habían superado la totalidad de las pruebas que se convocaron para cubrir, mediante concurso-oposición, plazas de la categoría de Redactor en Onda Regional de Murcia, S.A. y en ejecución de la misma, el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas realiza mediante el presente anuncio Convocatoria Pública a los opositores que se relacionan a continuación, para la repetición de la siguiente prueba (Base 4ª.2.2.ª fase c) de la convocatoria):

“Redacción de un informativo a base de despachos de agencia, gestionados por ordenador, que se proporcionarán por el Tribunal”. El tratamiento de textos a utilizar será Microsoft Word 2003.

Los opositores convocados son:

- Don Joaquín Azparren Irigoyen.
- Don Antonio José Mínguez Pons.
- Don José Antonio Martínez Muñoz.
- Don Francisco Javier Martínez Gómez.
- Doña Ana M.ª Reviejo Gómez.
- Don Juan Tomás Frutos.
- Don Francisco José Fernández Rubio.
- Don José Baldomero Cortón Cabo.
- Don Juan González Fernández.
- Don Francisco Martínez Martínez.
- Don Héctor Menéndez Fernández.
- Don Feliciano Ortiz García-Vaso.
- Don Francisco Poveda Navarro.
- Don Juan José Villanueva Andrés.

Fecha y hora: 16 de mayo de 2009, a las 11,00 H. Lugar: Escuela de Administración Pública de la Región de Murcia (Planta 1.ª, Aula 8).- Avda. Infante Juan Manuel, 14 (Edificio Hefame).- 30011 Murcia.

Murcia, 23 de abril de 2009.

El Presidente del Tribunal, Valentín Contreras Martínez