Diego de Ramón consigue que el Tribunal de Cuentas admita una denuncia contra la Comunidad Autónoma y nombre juez instructor

MURCIA.- El letrado murciano Diego de Ramón ha conseguido que el Tribunal de Cuentas le admita una denuncia contra la Comunidad Autónoma de Murcia tras cobrar y no destinar fondos comunitarios 'ad hoc' a mejorar la seguridad en centros escolares de toda la Región. Varios miles de niños murcianos quedan así al albur de una desgracia durante su jornada lectiva, según este abogado.

La Fiscalía del citado órgano fiscalizador español de los presupuestos públicos ha solicitado, y conseguido ya, que se nombre un juez instructor y así se lo ha comunicado esta semana por conducto fehaciente al interesado, personado en este caso como padre de un alumno de 8 años y que estudia Piano en el Conservatorio de la ciudad de Murcia, en el antiguo Cuartel de Artillería.

Tras su denuncia, y dentro de plazo, el citado abogado ha aportado nueva documentación para sustentarla, al igual que ha hecho en su constestación de rechazo la Asesoría Jurídica de la Comunidad Autónoma de Murcia que, no obstante, no ha conseguido evitar ese nombramiento de juez instructor solicitado por el fiscal tras apreciar éste indicios racionales de varios presuntos delitos en el comportamiento colegiado del Consejo de Gobierno, que preside el mismísimo Ramón Luis Valcárcel Siso, quien goza, por su actual cargo, de la condición de persona aforada ante los tribunales de Justicia de España aunque no ante los de la Unión Europea, última instancia en este caso iniciado por De Ramón.

Los políticos regionales directamente afectados por la denuncia son el anterior consejero de Educación, Medina Precioso, y el actual, Constantino Sotoca; éste último por una presunta ocultación de la omisión de su antecesor y por no corregir inmediatamente la situación una vez conocida por él. Hasta la presente denuncia éste inspector de Trabajo, perfecto conocedor de la legalidad, tampoco había ordenado la corrección de esas deficiencias.

En pocas semanas, las partes serán emplazadas por el Tribunal de Cuentas para que acudan a Madrid a prestar declaración asistidos de letrado y procurador, una vez admitida a trámite la denuncia de Diego de Ramón y ser apoyada por la Fiscalía, hasta conseguir la apertura de la causa.

Se da la circunstancia de que este abogado murciano tiene presentadas otras dos querellas criminales contra los supuestos responsables de esta situación en sendos juzgados de Murcia relacionadas con otros aspectos de este comportamiento político-administrativo, presuntamente delictivo. Una de ellas, archivada, ya se ha recurrido ante la correspondiente Sala de la Audiencia Provincial, y la otra, sigue pendiente de un auto de la jueza titular tras su minucioso estudio.

Casi medio centenar de las 554 empresas que se declararon en concurso de acreedores en febrero son de la Región de Murcia

MADRID.- Casi medio centenar de las 554 empresas que se declararon en concurso de acreedores el pasado mes de Madrid son de la Región de Murcia, lo que sitúa a esta región en la quinta posición, junto con Castilla y León, de este ránking, según datos de Informa D&B, compañía del grupo CESCE de suministro de datos comerciales y financieros.

Cataluña fue la más afectada por el fenómeno, con un total de 200 concursos que la sitúan en primera posición al cierre de los dos primeros meses del año, por delante de la Comunidad Valenciana (99 empresas), Andalucía (94 sociedades), Madrid (92 firmas) y Castilla y León y Murcia, con 48 concursos cada una.

En total, 554 empresas se declararon en concurso de acreedores el pasado mes de febrero, lo que supone un récord histórico mensual y más que triplicar (+220,23 por ciento) los contabilizados en el mismo mes de 2008.

En cuanto a los dos primeros meses del año, 836 empresas se declararon insolventes, lo que representa más que duplicar (+114,35 por ciento) la cifra del periodo enero-febrero de 2008.

Por sectores, el de la construcción fue el más afectado, con 208 empresas en lo que va de año, lo que supone una cuarta parte (24,8 por ciento) del total de concursos declarados.

Después se situaron las firmas de servicios financieros a empresas, con 187 firmas concursadas, el sector de la hostelería y la restauración y el de la industria manufacturera.

Gloria Tomás, profesora de la UCAM, tacha de enfermos a los homosexuales

ALICANTE.- La homosexualidad es una enfermedad, y todo lo que no sea heterosexualidad es una perversión. Estos son algunos de los argumentos que Gloria Tomás y Garrido, profesora de Bioética en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), expuso el pasado martes durante una conferencia en la Universidad de Alicante dentro de los V Cursos de Ciencia y Sociedad organizados por la Oficina Verde.

La exposición de Tomás y Garrido, que pretendía explicar las causas de la homosexualidad, comienza narrando la historia de un gatillazo como posible causa de la homosexualidad. Cuenta la profesora: "El típico que nunca ha tenido, o la típica, una relación con el otro sexo y está en una fiesta, tal, tal...".

Continúa la profesora: "Yo me ligo a uno... pues tal... bueno, pues se acuesta con uno o con una... y no puede, no le sale [...], esa persona, y sobre todo si es chico, sale de ahí muy dañado. Porque a quién se lo va a decir. ¿A un amigo?¿A una amiga? ¿A su padre? ¿A su madre? Y está tres, cuatro o cinco años pensando que es... que le pasa con las mujeres porque no ha podido, y ha sido simplemente por un mal uso".

Tomás y Garrido concluye: "A ver, hay gente que es homosexual desde el primer punto que sería enfermedad. Porque tiene mal la proporción, como decía, de los sexos, y que eso es regulable porque no... nunca tienen en cuenta... Nunca... lo ven, pero... está comprobado que genéticamente no existe y si no es genético no está determinado y se puede arreglar. Entonces, pues como hay una causa de enfermedad, como digo, hay, puede haber una solución. Aunque sea complicado".

Tomás y Garrido habla de una segunda categoría de homosexuales, "los niños de la llave", que "en plena adolescencia pues llegan a su casa y su madre trabaja y su padre trabaja y están solos. Y entonces han tenido una experiencia , a lo mejor tonta, de un cargo en el colegio, de un pequeño fracaso, de que le han quitado la merienda, de que no les ha mirado el chico que les gustaba, tonterías, y llegan a casa y como compensación pues empiezan a hacer tonterías de masturbaciones, de no sé cuánto, de no sé qué, y al final descubren como el placer, con su propio sexo".

Continúa la profesora de la Universidad Católica: "Se van y buscan también en la de al lado. Eso sería convertido simplemente con estar más acompañado con sus padres. Pues ese es un tipo de algunas perversiones que existen".

También es una perversión "el problema de la bisexualidad", según la profesora de la UCAM. "Lo que impera, lo más importante para estas personas es la libertad. Y no. Lo más importante en una persona es la dignidad", afirma, antes de exponer. "Tenemos que sujetar nuestra libertad a nuestra dignidad".

Ante los argumentos expuestos, la moderadora, Paloma Gómez Schiavo —responsable de la Oficina Verde— le responde: "No sé lo que opinarán ellos, pero yo en parte o en casi todo no comparto la opinión", lo que provoca el aplauso del público.

http://www.youtube.com/watch?v=lG3NPPiQkks&feature=player_embedded

Curriculum

* Profesora Agregada de Bioética de la Universidad Católica de Murcia,
* Profesora del Instituto de Bioética de Andalucía,
* Profesora del Master de Bioética de la Universidad Internacional de Cataluña y del Master de la Universidad de Murcia
* Miembro del Comité científico del Master del Instituto Bioético de Andalucía
* Coordinadora del módulo de Ética y Legislación del Master de Geriatría (UCAM)
* Profesora del curso de Doctorado de Traumatología del Deporte (UCAM)

* Profesora Visitante de la:

- Universidad Austral (Argentina)
- Universidad de La Sabana (Colombia)
- Universidad Panamericana (México)

- Doctora en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid.
- Premio Rafael Folch a la Tesis Doctoral -Master en Bioética por la Universidad de Murcia
- Orientadora Familiar por la Universidad de Navarra
- Diplomada en Publicaciones juveniles e infantiles por la Universidad Complutense de Madrid
- Miembro de la Asociación Española de Bioética , de la Sociedad Andaluza y de la Sociedad Murciana y de la Sociedad Valenciana de Bioética
- Miembro representante de la UCAM en la FIBIP (Federación Internacional de Bioética Personalista)
- Pertenece al Comité de ética de la UCAM
- Pertenece al CBA del Hospital Universitario de Elche
- Pertenece al Consejo editorial de las revistas Cuadernos de Bioética (ESPAÑA) y de la Revista Fisioterapia UCAM)

- El año 2000 recibió el premio nacional de la Asociación Nacional de Farmacéuticos Católicos por su ensayo "Un sí a la vida humana". Y el 2005, por la misma Asociación el segundo premio nacional por el ensayo: "El Farmacéutico comunitario, transmisor del valor irrevocable de la vida humana".

- Colaboradora habitual de revistas de Bioética. Especializada en la enseñanza de la Bioética a través del cine, materia que imparte como asignatura de libre configuración, y sobre la que viene publicando desde hace 18 años.

- Ha publicado 51 artículos científicos en revistas de ámbito nacional e internacional

- Ha escrito 15 capítulos de libros relacionados con la Bioética

- Tiene amplia experiencia en la organización de Congresos, Simposios y Jornadas; ha participado como ponente/ comunicante en 55 Congresos.

- Investigadora principal en la elaboración del Código ético de la empresa 'Hefame', del proyecto de colaboración UCAM/HEFAME.

Llega a República Dominicana el buque 'Hespérides' para investigar su fondo marino

SANTO DOMINGO.-El buque oceanográfico español Hespérides (con base en Cartagena) llegó hoy al puerto de Santo Domingo con un grupo de científicos que estudiará la morfología de los fondos marinos dominicanos y delimitará cuencas sedimentarias con posibilidad de contenido en hidrocarburos.

El propósito es que el país caribeño se provea de un conocimiento básico para proteger y eventualmente regular el potencial de riqueza oculto en bajo sus aguas, explicó en rueda de prensa el español Andrés Carbó Gorosabel, jefe del equipo.

"Vamos a establecer también los efectos sísmicos en el país, lo que serviría para elaborar estructuras de edificios que aguanten sismos, así como localizar zonas donde podría existir materiales energéticos", dijo el científico, investigador de la Universidad Complutense de Madrid.

La investigación de los fondos marinos dominicanos se extenderá hasta finales de abril y forma parte del proyecto Caribenorte, que lleva a cabo en el noroeste de las Antillas Mayores el Ministerio de Ciencia e Innovación de España.

"El propósito es que, en el caso de República Dominicana, conozca sus delimitaciones internacionales y de esta manera pueda presentar adecuadamente sus argumentos en ese sentido ante organismos como la ONU, que se encarga de establecer las líneas medias entre los países", agregó Carbó Gorosabel.

El Hespérides, con una tripulación de más de 40 militares y 14 científicos, entre ellos dos dominicanos, posee instrumentos de investigación avanzada capaces de lograr imágenes a 11.000 metros de profundidad.

Para lograrlo, el buque emite un número variable de pulsos acústicos polarizados que al alcanzar el fondo marino son devueltos hacia la superficie y recibidos por los transductores situados en el barco, según las autoridades del Hespérides.

"Todo este tipo de información se está obteniendo actualmente en las zonas económicas exclusivas de gran cantidad de países, con posibilidades de encontrar recursos minerales", dijo el científico español, para apuntar que el estudio completo del área caribeña se concluirá el año próximo.

El futuro del urbanismo histórico en Cartagena / Juan Miguel Margalef

La revisión del Plan General que acabó su exposición pública en enero pasado es, en materia de urbanismo histórico, un compendio de todos los errores que se han cometido en Cartagena desde 1995. Refleja además la escasa capacidad autocrítica y la nula voluntad de enmienda que tienen los responsables municipales del parón urbanístico inequívoco que aqueja al conjunto histórico de la ciudad.

La degradación del casco histórico de Cartagena es reconocida por los propios redactores del plan que, a pesar de ello, no proponen medidas correctoras e insisten en la misma 'estrategia' urbanística que se ha venido siguiendo hasta ahora.

Los datos están en el propio plan, en la página 182 de la memoria informativa: la población del conjunto histórico ha descendido de 14.598 a 11.590 habitantes entre 1996 y 2001. La ocupación residencial oscila entre el 25% de la calle Carmen y el 13% del Monte Sacro.

El 42% de las parcelas edificables son solares; reconociendo los redactores del plan que "la densidad de viviendas es baja en comparación con otras ciudades españolas".

El número de viviendas abandonadas oscila entre el 30% y el 35% del parque existente. La actividad comercial está en franca regresión. Los servicios hoteleros son escasos.

Para hacer frente a datos tan abrumadores los redactores del plan se proponen seguir con las expropiaciones y demoliciones que apuntan ahora al Barrio de Santa Lucía, que forma parte del entorno del Conjunto Histórico, y al Arsenal, cuyo muro se desprotege para facilitar la invasión.

En la revisión del Plan General no hay una sola medida económica especial para el fomento del Conjunto Histórico, cuya situación se ha agravado terriblemente con las actuaciones en el Monte Sacro. La única medida protectora del patrimonio histórico se reduce al Plan Especial de Reforma del Conjunto Histórico vigente, cuyos efectos y escaso grado de cumplimiento podemos apreciar en el edificio Cónsul, que se eleva sobre un edificio protegido con grado 3.

La revisión del Plan General obvia toda referencia legislativa y operativa a los dos conjuntos históricos más importantes que existen en nuestro término municipal. Conjuntos que, en pura lógica, deberían ser la piedra angular del planeamiento de una ciudad que dice apostar por rentabilizar su inmensa riqueza patrimonial.

Nos referimos concretamente al real decreto 3046/80 que declaró el conjunto histórico de Cartagena, que se hace desaparecer del Plan; y a la declaración del conjunto histórico de la Sierra Minera, que no se incluye en la revisión, a pesar de haber sido recientemente promulgada por la Administración regional.

Ambas referencias son insoslayables en pura lógica, pero sobre todo la primera, porque es un real decreto que no puede ser alterado sino por la misma autoridad que lo elaboró.

La omisión de referencias al real decreto 3046/80 es claramente interesada; porque abre el camino de forma presuntamente ilegal a la modificación de los limites del entorno del Conjunto Histórico en la fachada Este de Cartagena y favorece descaradamente una operación especulativa en Santa Lucia, tan desaforada e irresponsable como ha sido la del barrio universitario y la del Monte Sacro.

Si es que trasciende a las expropiaciones, al asolamiento del barrio y a la concentración de la propiedad del suelo, como ha sucedido ya en el Monte Sacro, la característica más significativa de la operación de Santa Lucía será levantar un frente edificatorio de ocho plantas en primera fila, junto a la carretera, desde los Techos Bajos a la Grúa Sansón; de espaldas al resto del barrio, que quedará convertido así en un guetto entre el Castillo de los Moros y esta prolongación de la Muralla del Mar.

Un barrio como el de Santa Lucía que con imaginación podría ser una especie de 'Albaicín-marinero cartagenero' sacrificará su visión del mar en provecho de unos pocos propietarios, que aprovecharán gracias al Plan General el beneficio fácil de la primera línea del barrio frente al mar. ¿Qué alturas edificatorias se autorizarán detrás de esa muralla: rascacielos de treinta pisos o quizás un segundo edificio Cónsul sobre el Castillo de los Moros?

Lo peor de todo no es sólo el desprecio que manifiesta la revisión del plan hacia el entorno histórico próximo, que en el caso de Santa Lucía incluye elementos tan importantes como el Hospital de Marina, la Muralla de Carlos III o el Castillo de los Moros, en los que se ha invertido enormes sumas de dinero; sino también la repetición de un modelo de gestión urbanística des-reguladora y privatizadora de corte thatcherista, que ataca las leyes protectoras del patrimonio -con las que al parecer no saben administrar nuestros munícipes-; que fomenta una gestión del suelo que necesita expulsar a los habitantes de la ciudad, expropiándolos a precios ridículos; que concentra la propiedad del suelo y que favorece la conversión del patrimonio urbano en solares de alto valor especulativo a la espera de futuras operaciones 'ad calendas grecas'.

¿Son las leyes las culpables de la falta de imaginación de los gestores? ¿Son los reguladores del mercado los que impiden crear riqueza? ¿Recuerdan ustedes las consecuencias que han tenido políticas semejantes en la economía mundial?

Idéntica operación a la de Santa Lucía está prevista en la fachada Oeste donde se alza el único Arsenal ilustrado del Mediterráneo y en el frente marítimo donde una de las mejores dársenas naturales e históricas del mare nostrum parece condenada a desaparecer colmatada de pantalanes, talleres de Navantia, puertos deportivos y auditorios que -en teoría- no tapan la visión del mar.

Paradójico planeamiento urbanístico es este que se nos propone para una ciudad que podría fundamentar su porvenir en su riqueza patrimonial.

www.laopiniondemurcia.es

Reig Plá revela en Cartagena que ha dejado preparada la restauración de la catedral de Santa María la Vieja

CARTAGENA.- El proyecto para rehabilitar la catedral de Santa María la Vieja, de Cartagena, «ya está hecho y presentado a la administración regional», según ha revelado el obispo saliente de la Diócesis de Cartagena, monseñor Reig Plá, en su despedida de todos los cartageneros. «Mientras que no se recupere este monumento, símbolo de esta ciudad, Cartagena no estará del todo servida», dijo en esa despedida en la iglesia de la Caridad.

El obispo aprovechó no sólo para despedirse sino para recordar que los cartageneros deben ser quienes abran al mundo su legado y patrimonio espiritual.

«Cartagena ya está a la misma altura de ciudades como Roma o Jerusalén. Y debe seguir estándolo», aseguró Reig Plá.

Don Juan Antonio tiene clara cual debe ser la apuesta de los feligreses de Cartagena: lograr que se reedifique Santa María la Vieja. "Que no os engañen, está catalogada como catedral y corresponde pagar su recuperación al Ministerio de Cultura", subrayó.

"Cartagena no tendrá todas las heridas cubiertas mientras no se recupere Santa María", señaló.

El obispo anunció que él ha puesto en marcha el proyecto de reedificación, con el arquitecto de la Diócesis, y ya sólo resta que se tome la decisión política, por lo que invitó a pelear por ello.

En su despedida de los feligreses quiso reiterar su intención de que aquellos proyectos que comenzó sigan su curso, apelando a “la misericordia de Dios y al buen hacer de los hombres”.

Pidió al sacerdote que le suceda, que mantenga su ilusión por la rehabilitación de la catedral antigua, por ser “una insignia y un símbolo de nuestra Diócesis”.

Reig Plá se despidió de los cartageneros, en su día grande, con la frase: "Cartagena ha sido mi orgullo delante del Episcopado. Eran muchos los proyectos que había en mi cabeza y en mi corazón y se los confío todos a la misericordia y al buen hacer de quienes se quedan".

Se reactiva la 'Operación Biblioteca' sobre corrupción en Librilla

MURCIA.- Un nuevo auto dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, Andrés Carrillo, que coordina la investigación sobre el caso Biblioteca, de supuesta corrupción en Librilla, ha vuelto a reactivar el procedimiento, según 'La Verdad'.

Sostiene el magistrado que si la supuesta trama montada por el alcalde José Martínez García, el teniente de alcalde Pedro Martínez, el alto funcionario José Andrés Cortés Otálora, el funcionario en excedencia de la Comunidad Autónoma José Luis Cano Valverde, el empresario Domingo Peñalver Rojo y el abogado Cesáreo Gil de Pareja Otón, acabó saliendo a la luz y siendo desmantelada por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, fue debido «a la propia codicia» de los sospechosos.

Según las consideraciones a las que llega el juez como consecuencia de su investigación, fue esa «codicia de los distintos implicados en esta presunta asociación de personas para delinquir la que ha destapado en parte lo sucedido y la que ha llevado a enfrentamientos entre ellos, con el fin de conseguir mayor participación en los beneficios económicos».

Carrillo hace en su escrito un exhaustivo repaso por los documentos que fueron intervenidos durante los registros de los domicilios particulares de los imputados, así como de dependencias municipales, y a raíz de ello llega a la conclusión de que los indicios de cobro de comisiones ilegales por parte del alcalde y del teniente de alcalde se han reforzado.

En concreto, el juez habla de un escrito en el que el empresario de ACADI Domingo Peñalver reclamaba al Ayuntamiento el pago de dinero que le adeudaba por sus servicios, así como de otros escritos de respuesta desde el Consistorio, en el que se contestaba que cobraría cuando los vecinos de la localidad interesados en la recalificación de sus terrenos hubieran ingresado lo que les correspondía en las arcas municipales.

La interpretación que el magistrado hace de esos escritos es que vienen a consolidar la denuncia de Peñalver, en el sentido de que el alcalde y otros supuestos implicados en la trama le retenían el dinero que debían pagarle, con el presunto fin de forzarle a pagarles más comisiones ilegales.

Carrillo también se refiere en su auto, de forma expresa, al papel que habría jugado el abogado especializado en urbanismo Cesáreo Gil de Pareja, a quien considera un supuesto miembro más de la trama. Y le reprocha que tuviera «la llamativa iniciativa de poner la parte que más le convino de toda esta presunta trama en conocimiento del partido de la oposición municipal, en lugar de hacerlo saber a los tribunales de justicia penal».

Por último, el juez cita a nuevos imputados para tomarles declaración, entre ellos el arquitecto municipal José Luis M.L., por su intervención en la adjudicación de contratos públicos que casi siempre acababan en manos de la firma ACADI S.L.

Igualmente se cita como imputados a los representantes de las sociedades Topomur S.L., Francisco Julián M.M., y de Asotec Ingenieros S.L., Francisco Javier C.M., por estar supuestamente en connivencia con la trama y presentar ofertas ficticias a los concursos públicos, con el presunto fin de permitir que los contratos se los llevase ACADI y dar apariencia de legalidad al proceso.

Una parte de las diligencias sigue bajo secreto de sumario.

Contrataciones con sobres abiertos

Uno de los locales que fue registrado por los agentes de la UCO de la Guardia Civil fue el de la empresa pública Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL S.L.), al frente de la cual se encontraba José Andrés Cortés Otálora. Con ese motivo fue intervenida abundante documentación sobre los contratos asignados a la firma ACADI, encabezada por el también imputado Domingo Cortés.

El juez considera «muy llamativo el muy corto espacio de tiempo en que se resuelven esas contrataciones públicas». Así, señala que el mismo día en que se abrían las ofertas se pasaba la documentación al técnico municipal para su informe, algo que hacía el mismo día -incluso con errores-y al día siguiente volvía a reunirse el consejo de administración de IDL y se asignaban todos los contratos a ACADI.

Se da la circunstancia además de que siempre concurrían también las firmas Asotec Ingenieros, dirigida por el ahora imputado Francisco Javier C.M., y la empresa Visur, en la que aparece el empresario también investigado Santiago Martínez Esparza. Casi siempre, la oferta de Asotec Ingenieros coincidía exactamente con el precio de salida de los pliegos de condiciones. El presunto objetivo era darle apariencia de legalidad a unos concursos en los que, incluso, se llegaban a presentar ofertas en sobres sin cerrar.

El G-20 comienza su lucha contra los Paraísos Fiscales

LONDRES.- Los líderes del Grupo de los 20 han centrado su atención en los famosos "Paraísos Fiscales" ante la crisis económica y la necesidad de una reestructuración financiera a nivel mundial.

Las compañías y los millonarios que buscan proteger sus operaciones y aminorar sus cargas fiscales, tienen ocultos unos 7,3 billones de dólares en los centros financieros de ultramar en todo el mundo. Pero ahora estos paraísos comienzan a ser cuestionados como nunca antes.

Durante su cumbre en Londres, el G-20 advirtió que los países que se niegan a compartir información financiera enfrentarán sanciones duras. Ante la crisis económica los países más ricos indicaron que no tolerarán la imprecisión de las operaciones.

Algunos de estos paraísos capitalizan su confidencialidad, otros, como las Islas Vírgenes Británicas ofrecen registros comerciales para que los negocios puedan declarar que tienen su sede en las islas y de esta forma eviten pagar impuestos en los países donde realizan sus operaciones.

La cantidad de dinero involucrado en esos paraísos es sorprendente. Entre 30 y 40% del comercio mundial es facturado fuera del país donde realmente se realizan las operaciones, de acuerdo con la Red de Justicia Fiscal, con sede en Londres.

Tan sólo en Estados Unidos 100.000 millones de impuestos se pierden cada año por abuso de sistemas fiscales de ultramar, según el senador estadounidense Carl Levin, que ha apoyado dos iniciativas que ayudarían a poner un fin a estos paraísos fiscales.

Según el Boston Consulting Group, unos 7,3 billones de dólares circulan por los centros financieros de ultramar.

Existen diferentes tipos de paraísos fiscales, la característica de muchos es que no han implementado estándares fiscales internacionales de una forma sustancial. Estos paraísos están en una lista gris.

Otros se niegan a cooperar con los recaudadores de otros países y con la implementación de estos estándares, por lo tanto entran en una lista negra, como es el caso de Filipinas, Uruguay, Costa Rica y el territorio malayo de Labuan.

Las jurisdicciones en la lista negra podrían perder el apoyo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Muchas islas del Caribe están en la "lista gris", en la que también se incluye Monaco, Liechtenstein, Panamá y Bermudas.

Estos países serán vigilados y podrían enfrentar sanciones por no implementar substancialmente los estándares fiscales, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

La Región, entre los tres líderes en pérdida nacional de trabajadores autónomos

MADRID.- El presidente de ATA, Lorenzo Amor, alertó hoy de que el 2009 puede cerrar con la pérdida de 200.000 autónomos españoles más, por lo que reclamó que las medidas aprobadas recientemente por unanimidad en el Parlamento para autónomos y microempresas deben trasladarse "inmediatamente" al Boletín Oficial del Estado (BOE).

Así lo pone de manifiesto Amor en un informe elaborado por ATA, donde el presidente de la asociación recuerda que España arrastra once meses consecutivos de pérdida de empleo autónomo. "Tan sólo en lo que llevamos de año la afiliación ha descendido a un ritmo de 30 autónomos a la hora", denunció.

A su juicio, si esta tendencia continúa, y si nada lo remedia, los cálculos más optimistas hacen pensar que se cerrará el 2009 con 200.000 trabajadores autónomos menos, por lo que es necesario que las medidas se trasladen al BOE para acabar con la "asfixia" que sufren muchas empresas y paliar la sangría de autónomos y desempleados.

Según los datos referentes al primer trimestre del año, entre enero y marzo, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) vio decrecer su número de afiliados en 65.919 autónomos, pasando de los 3.319.188 en diciembre de 2008 a los 3.253.269 en marzo de 2009, un 2% menos.

En concreto, en la Comunidad Valenciana lideró la pérdida de autónomos, con una caída del -2,9%, seguida de Madrid y Canarias, ambas con un descenso del 2,4%. Junto a estas Comunidades, y con un descenso superior a la media nacional, se situaron Castilla la Mancha y Murcia, ambas con una caída del 2,3%, y Cataluña (-2,1%).

Aragón se situó justo en la media nacional, con un descenso del 2%. El resto, se situaron por debajo de la media, encabezadas por Andalucía (-1,9%) y seguidas por Islas Baleares (-1,8%), Navarra (-1,7%), Cantabria y Castilla y León (-1,5%), Asturias (-1,3%), Galicia y Extremadura (-1,2%). Ceuta y Melilla (-0,6%) y País Vasco (-1,1%), fueron las comunidades en las que el descenso de autónomos fue menor.

En valores absolutos, Cataluña (-12.329), Comunidad Valenciana (-10.333), Andalucía (-9.363) y la Madrid (-8.987) fueron las comunidades que mayor pérdida de autónomos registraron. La suma de las cuatro arroja una pérdida de 41.012 autónomos, lo que supuso el 62,2% del total.

Además, las 52 provincias españolas vieron descender su número de autónomos en comparación con el cierre de 2008, siendo Alicante (-3,3%) y Castellón (-3,1%) las que registraron mayores descensos al superar la barrera del 3%.

Por debajo de esta cifra, pero por encima de la media nacional se situaron, Las Palmas (-2,7%), Toledo (-2,6%) y Valencia, Tarragona y Guadalajara, las tres con un registro del -2,5%. En el extremo opuesto se colocaron las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (-0,6%) y Salamanca (-0,9%), con decrecimientos en cuanto al número de autónomos que no alcanzaron el 1%.

Por sectores, la construcción fue, al igual que en 2008, el sector más afectado por la crisis, ya que vio descender un 5,9% el número de afiliados al RETA, (31.885 trabajadores menos, el 48,4% del total). El comercio, registró 8.910 autónomos menos (-1,1%), mientras que las actividades administrativas y de servicios auxiliares perdieron 5.942 autónomos (-4,2%).

La industria, por su parte, perdió 4.709 trabajadores (-1,8%); la agricultura, con 3.298 autónomos menos (-1,1%); el transporte, 2.881 autónomos menos y la hostelería, 1.890 trabajadores menos (-1,3%).

Por el contrario, durante 2008, hubo sectores que, aunque no tienen una importante tradición de autónomos, se han erigido como sectores en auge y registraron un aumento de emprendedores, como la educación (+0,6%), actividades sanitarias y servicios centrales (+0,4%) y actividades financieras y de seguros (+0,1%).

La Mesa del Congreso admite a trámite la ILP en defensa del trasvase Tajo-Segura

MURCIA.- Emilio Pérez Pérez y Adolfo Fernández Aguilar, los dos miembros de la Comisión Promotora que ejercen como Apoderados de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promueve la defensa del trasvase Tajo-Segura y a su aprovechamiento, recibieron ya un escrito firmado por el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, notificándoles el "acuerdo" de la Mesa de la Cámara admitiendo a trámite la referida ILP, "de tan gran transcendencia para la Cuenca del Segura".

Al mismo tiempo, se hace constar que el Congreso de los Diputados lo ha notificado así a la Junta Electoral Central, órgano que controlará el proceso desde el momento en que envíen la comunicación oficial que permitirá iniciar la recogida de firmas, como igualmente Senado.

Asimismo, ha decretado también la publicación el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de acuerdo con las normas y leyes reguladoras de la Iniciativa Legislativa Popular, según informó en un comunicado la Comisión Promotora de la ILP 'Defendemos el trasvase Tajo-Segura. Necesitamos un río de firmas'.

Y es que, hace unos días una plataforma creada por destacadas personalidades de la Región, como el primer presidente de la Comunidad Autónoma, el socialista Andrés Hernández Ros, o quien fuera portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y presidente de Alianza Popular en la Región de Murcia, Juan Ramón Calero, recogerá las 500.000 firmas necesarias para que la Cámara Baja tramite una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en defensa del trasvase Tajo-Segura.

Con el lema 'Defendemos el trasvase', esta comisión promotora de la ILP está integrada, además, por los ex parlamentarios del PP, Adolfo Fernández-Aguilar y Antonio Luis Cárceles; el ex coordinador regional de Izquierda Unida, Pedro Antonio Ríos; el militante socialista y ex secretario regional de UGT, Víctor Meseguer; el ex presidente de la patronal murciana Croem, Tomás Zamora; el ex secretario del CDS, José Francisco Imbernon; el ex presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Emilio Pérez; y el profesor de Derecho Penal de la Universidad de Murcia; José Muñoz Clares.

Garantía del Estado

La plataforma 'Defendemos el trasvase' pide, en la proposición de Ley de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que presentó en el Congreso de los Diputados, que se modifique la disposición adicional tercera de la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 2005, añadiendo un último párrafo que diga que "en todo caso, el Estado garantiza la continuidad temporalmente ilimitada del aprovechamiento conjunto Tajo-Segura, mediante la utilización del actual acueducto desde los embalses de Entrepeñas y Buendía, para atender a las necesidades hídricas de la cuenca del Segura".

El texto de la proposición de Ley de la ILP añade en su artículo primero que "sólo cuando el conjunto Entrepeñas-Buendía no supere los 240 hectómetros cúbicos, se podrá negar el trasvase a la cuenca del Segura, y el Estado garantizará la aportación de agua procedente de plantas desalinizadoras instaladas por iniciativa pública o privada".

Asimismo, en su artículo 2, la ILP pide la modificación de la disposición adicional primera de la misma Ley del PHN, de forma que "el Ministerio de Medio Ambiente y de Medio Rural y Marino, en coordinación con las Comunidades Autónomas afectadas, tendrán en cuenta las implicaciones para la gestión del trasvase Tajo-Segura derivados de las exigencias contenidas en la Directiva Marco del Agua".

En el mismo apartado, agrega que "las CCAA receptoras y las organizaciones de usuarios tendrán participación, con voz y voto, en los órganos colegiados de la Confederación Hidrográfica del Tajo y de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura".

Igualmente, señala que "el régimen del trasvase Tajo-Segura, en su trazado actual, no se verá afectado en su continuidad y operatividad por otras obras de infraestructuras destinadas a aportar agua a la cuenca del Segura, o a la desalinización del agua del mar".

El tercer artículo recoge la modificación de la disposición adicional sexta, también de la Ley del PHN, a fin de que quede redactada en los siguientes términos: "el Gobierno, a petición del Congreso o del Senado, informará sobre la utilización anual del acueducto Tajo-Segura, volumen de agua trasvasada, destino de los caudales transportados y régimen económico".

En la exposición de motivos de la ILP se recoge que "la infraestructura del acueducto Tajo-Segura ha prestado durante muchos años un importante servicio para subvenir a las necesidades de los agricultores y de las poblaciones incluidas en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Segura".

"Y no sólo en situaciones de emergencia, sino con carácter regular, mediante desembalses acordados cuando se producen excedentes razonables en los embalses de las cabeceras del Tajo", apunta el texto, que prosigue afirmando que "esto ha permitido desarrollar una agricultura altamente competitiva en los mercados extranjeros, que ha contribuido al incremento del Producto Interior de España".

Por ello, subraya que "la estabilidad demográfica y el sostenimiento de los procesos productivos en la Región de Murcia y en parte de Alicante y Almería, exigen que se garantice por parte del Estado la continuidad temporalmente ilimitada del aprovechamiento Tajo-Segura", y advierte que "la instalación y puesta en funcionamiento de estaciones de desalinización de agua de mar podrá completar las aportaciones permanentes del aprovechamiento conjunto Tajo-Segura, pero en ningún caso suplirlas durante largos períodos de tiempo".

La plataforma 'Defendemos el trasvase', que fue presentada el pasado jueves en Murcia, tiene por objetivo recoger las 500.000 firmas necesarias para que el Congreso de los Diputados tramite esta Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en defensa del trasvase Tajo-Segura.

Para recoger las firmas necesarias, la plataforma va a poner en marcha durante las Fiestas de Primavera de Murcia la campaña 'Necesitamos un río de firmas', para lo que contarán con mil fedatarios que den fe de su validez, así como validar previamente, con el correspondiente sello de la Junta Electoral Central, los 25.000 pliegos necesarios.

Además de en la Región de Murcia, se recogerán firmas en Alicante, Almería y Valencia, así como en los territorios manchegos con zonas regadas por el trasvase, como Hellín, donde hay 400 hectáreas dotadas por el Tajo-Segura.

La ILP ha pasado ya su primer trámite, pues el pasado martes el Congreso dio luz verde a la proposición de Ley presentada a tal fin a primeros de marzo. A partir de ahora, la plataforma dispone de nueve meses para recoger las firmas, aunque los promotores esperan lograrlo mucho antes.

Finalmente, para sufragar la ILP, los promotores pedirán un euro por firma aunque, si hay superávit, la plataforma se compromete a destinarlo íntegramente a proyectos sociales.

A tal fin, la contabilidad estará colgada en la red a tiempo real. De hecho, ya está en funcionamiento el e-mail 'defendemoseltrasvase@hotmail.com' y, en breve, estará operativa la web 'www.defendemoseltrasvase.es'.