lunes, 24 de noviembre de 2008

Valcárcel ya barrunta su salida de San Esteban / Apunte de Argárico

El Estado ha acuartelado en Murcia, sede cortesana del corrupto reyezuelo Valcárcel, una compañía de la UCO para restablecer el Estado de derecho allá donde los secuaces políticos del presidente vienen retorciendo la democracia murciana con prácticas administrativas que atentan contra las garantías del sistema mediante el apoyo electoral clientelar de quienes aspiran a participar de esa misma corrupción. (En Librilla todo el mundo en el pueblo sabía lo que pasaba).

El inquilino de palacio está ya muy rodeado y la entrada de la Guardia Civil en San Esteban buscando los papeles del "caso Biblioteca" no remitidos por la consejera de Presidencia, María de Pedro Reverte, más que íntima de su predecesor, Fernando de la Cierva, otro que tal espera, es todo un símbolo icónico de por dónde van a ir los tiros a partir de este momento aunque los impacientes y/o escépticos fatalistas ya no confíen en la capacidad de reacción del aparato del Estado.

Pecado original lo de Librilla en los tiempos que corren y que traerá muy pronto consecuencias políticas en las alturas. O alguien se cree, después de verlos en las fotos, que los alcaldes de Librilla, Totana ó Águilas son unos lumbreras para el presunto delito, capaces de tejer una trama criminal sin cobertura política exterior. Trasmiten sin querer una imagen de pobres hombres, a quienes por conveniencia se les ha despertado artificialmente la codicia, para envilecerlos a continuación. No eran de suyo así, seguro. Pero por parte de Sánchez Carrillo se les ha elegido por ignorantes y para tenerlos en manos de los listos del lugar ávidos de hacer negocios.

Los alcaldes de Puerto Lumbreras y Caravaca, también del PP, son harina de otro costal plástico pero todo se andará. Como la de Fuente Álamo o los ex de San Javier y San Pedro del Pinatar. Por donde toques huele que apesta y siempre está detrás Valcárcel de gran protector y pastelero de todo lo que se cuece. Porque todo pastel necesita su pastelero. Ustedes me entienden y yo me explico. Y ellos igualmente saben de que va porque la tienen hecha aunque, después de tanto tiempo de impunidad, esperaban librarse del dedo acusador público y del consiguiente castigo.

El criterio que hoy impera en la nueva dirección nacional del PP es la urgencia de limpiar el partido en Murcia y eso, piensan los jóvenes cachorros, pasa por deshacerse de Valcárcel cuanto antes, tal que hizo Aznar con aquel presidente balear del PP por algo infinitamente menos censurable. Cañellas cogió las maletas y de él nunca más se supo aunque sigue viviendo en algun lugar de la isla de Mallorca.

Y con éste de aqui, todo apunta que va a desaparecer del escenario de un día para otro y sin destino al Senado o Bruselas. Algo parecido, pero no igual, a lo de Jaume Matas, emigrado en EE. UU. o un Zaplana 'atraido' por Telefónica Internacional para que no enrede. Nuestro hombre a lo más que puede aspirar luego es a presidir "Ucomur" o intentar el rectorado de la 'prestigiosa" UCAM. Ni presidencia de "Caja Murcia", ni presidencia de "Hefame" ni delegado de "El Pozo" en Toronto.

Tanto Dolores de Cospedal como Esteban González Pons son del criterio de que, a la menor oportunidad, hay que deshacerse del presidente de Murcia. Hasta es muy probable que el enviado de Rajoy a San Esteban, para convencerlo de que dimita y se vaya a su casa, sea el tan prometedor político valenciano, por otra parte tan temido por Francisco Camps. Es de esperar que se le resista esgrimiendo resultados electorales crecientes elección tras elección. No bastará.

Y eso ya lo barrunta Valcárcel porque lo de Librilla lo ha dejado noqueado y seriamente tocado. Si, además, la UCO sigue "limpiando" en municipios peperos, el presidente no podrá resistir en su sillón cómo la corrupción rampante corroe a su organización de Cieza hasta Cartagena y de Mazarrón hasta Alcantarilla, pasando por la Vega Media (ay! Archena), Abanilla y Fortuna.

Como lo de Librilla ha sido muy fuerte, Valcárcel no ha pasado un buen fin de semana. Con tres lustros en el poder regional por no tener a donde llamar (profesionalmente, se entiende) ha ido aguantando hasta que la descomposición lo ha ido rodeando enmedio del ilícito enriquecimiento impune de terceros. Encima, tres alcaldes acusados de presunto cohecho son ya demasiados alcaldes como para no pensar sin fabular que todo parece un expolio organizado desde arriba y que merece cárcel para todos.

Es por eso que González Pons y, también De Cospedal, aunque formalmente menos, intentan convencer a Rajoy de una actuación sin contemplaciones para no poner en riesgo las posibilidades electorales del nuevo PP en la serie de comicios de todo tipo que se avecinan en España. La corrupción que aflora en la Región de Murcia, políticamente muy dominada por el PP, es un argumento demasiado contundente en manos de Zapatero y el PSOE como para ponerselo en bandeja a José Blanco o al diputado socialista Fernández Bermejo.

Las 72 horas de gloria y remontada que lleva Rajoy con el tema de Lukoil-Repsol, le han provocado un subidón propicio como para decidirse a poner un plazo a la situación del PP en relación con las instituciones murcianas. Crecido por su ventaja sobre La Moncloa, incluso por el velado ataque directo de Aznar, es muy probable que sus necesidades de ejercer el liderazgo frente a los ambiciosos y talentosos aspirantes que esperan su caída, facilite la demostración de que el PP de Murcia es un partido que muy poco tiene que ver con el diseñado a futuro en el Congreso de Valencia.

Dicho todo lo anterior, y cara a la esperada fiesta de Santa Lucía, un conocido letrado va a poner a bailar a San Esteban tras haber puesto al corriente a la Fiscalía Anticorrupción de las andanzas y pitanzas de un ex consejero, huertano y bien peinado del que dijo Valcárcel "le gusta mucho el dinero", y un consejero actual con restos de viruela en su rostro, en relación ambos con el manejo tiempo atrás de fondos comunitarios europeos de manera un tanto "ortodoxa". El escándalo puede ser monumental, continental y conducente a que Valcárcel no siga diciendo que se va al Parlamento Europeo a sustituir a Cristina Gutiérrez. El letrado lo quiere antes mejor ante el pleno del TSJ.

El citado abogado lleva meses investigando y documentando el tema y hace unos días se reunió en Madrid con el equipo de investigación de "El Mundo" o "El País" para proporcionarle todo tipo de pistas para que periodísticamente sean seguidas a la mayor brevedad y aprovechando el ambiente ejemplarizante traido a Murcia por esta bendita Unidad Central Operativa de la Benemérita, que tanto tiempo se lleva esperando por la sociedad civil más demócratica.

Ahora, al parecer, trabaja este hombre en averiguaciones sobre las actividades y relaciones de cuatro empresas constructoras murcianas que, en plena crisis y desempleo, que vuelven locos a muchos murcianos, están en todas las salsas: La Generala, Intersa, Villegas y Guifersol, sin olvidar otra muy grande en Portmán. Y en la identidad y localización de "hombres de paja" que le lleven a la ruta seguida por la "pasta" hacia paraísos fiscales remotos. Aquí la UCO también tiene bastante que hacer en esta región si se lo propone.

Y ahora se cae el proyecto de Corvera

La caída del 'Imperio' lleva implícita la caída de los proyectos faraónicos de un visionario o un pícaro.

Con funcionarios de "Infomur" sin cobrar las guardias desde mayo, los farmacéuticos sin percibir desde septiembre el importe de las recetas y un Servicio Murciano de Salud en quiebra técnica, desde hace más de un año, el proyecto de un aeródromo en Corvera era un capricho personal de nuestro sátrapa particular para intentar un buen pasar a la posteridad. Aunque analistas más conspicuos interpretan que, en plena crisis de la aviación comercial mundial, sólo se buscaba por su entorno más próximo y familiar un negocio colateral de recalificación de miles de metros cuadrados en torno a las instalaciones.

Pero Corvera está muerto desde que el financiero Santos Montoro dejó la presidencia de "Aeropuertos de Murcia S.A.", el potentado regional Tomás Fuertes dejó de verlo un negocio claro y, tanto la CAM como Caja Murcia, se quedaron sin liquidez para responder de su participación financiera.

Dejar la mercantil en manos del más que muy sospechoso de Patricio Valverde ya fue un signo de que el proyecto quedaba aparcado aunque políticamente le interesase a Valcárcel mantener la ficción y al murciano presidente de "Sacyr" mantener viva la concesión para imputarle un activo virtual a la filial de concesiones "Itínere" de cara a su posible venta para hacer caja ante los vencimientos del próximo mes de diciembre. (Los "gordos" de Caja Murcia son en junio de 2009, ojo y atención).

Un pacto secreto entre los socios preveía dejar Corvera estrictamente en manos de "Sacyr" al final del proceso, por lo que parece verosimil que la aceptación pública de que el proyecto se ha parado tiene tanto que ver con la grave situación financiera por la que atraviesa la constructora y algunos de los socios, como que Génova 13 no quiere ninguna relación pública del PP de Murcia con Del Rivero después de sus misteriosas relaciones con la Libia de Gadafi e intentar venderle un 20% de Repsol a la mafia rusa; por otra parte, objetivo comercial ahora de nuestros promotores inmobiliarios más insensatos y desesperados.

(La Policía inglesa investiga "in situ" posibles estafas inmobiliarias en la costa murciana a compatriotas suyos mientras los juzgados de Murcia no dan abasto despachando diligencias de embargo a compradores morosos en las urbanizaciones de "Polaris World", "Roda Golf", "Hacienda del Álamo" y "Mosa Trajectum", mientras las empresas hoteleras extranjeras se retiran de los "resort" del Campo de Cartagena y puede que hasta la actuación de Woody Allen en Navidad se haya ido al garete con todas las entradas ya vendidas).

No es menos misteriosa la vieja e intensa relación entre Del Rivero y Carlos Egea Krauel, en cuyas manos parece haber puesto San Esteban una salida a la situación que parezca menos ficción que la anterior.

¿Qué piensa hacer ahora el yeclano Juan Menor, que abandonó la dirección de El Altet y AENA mal aconsejado desde "Air Berlín", si el proyecto de aeródromo se queda en puro voluntarismo?

La juez admite a trámite la denuncia de Anticorrupción contra Trinitario Casanova por caso Bluprime

MADRID.- La titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, Concepción Jerez García, ha admitido a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el empresario Trinitario Casanova Abadía por la presunta difusión de noticias falsas para alterar el precio de las acciones del Banco Popular y vender su participación a la sociedad "fantasma" Blueprime.

La juez no tiene previsto ordenar la práctica de las primeras diligencias ni señalar declaraciones "hasta mediados de enero", según confirmaron fuentes del juzgado.

Anticorrupción presentó denuncia contra Casanova el pasado 7 de noviembre tras examinar la documentación remitida por la Comisión Nacional de Valores (CNMV), que investigó al empresario por difundir noticias sobre la supuesta adquisición de su participación del 3,5% en el Banco Popular por parte de la sociedad "fantasma" Blueprime.

La Fiscalía acusa al empresario de constituir Blueprime para simular que inversores mexicanos iban a adquirir hasta el 20% del Banco Popular con la finalidad de inflar el valor de las acciones de la entidad mediante la difusión de noticias falsas, a través de la prensa económica.

El supuesto interés de Bluprime llegaba a la prensa mientras el banco holandés Fortis Bank, que había financiado a Casanova con 394,2 millones de euros parte de la compra del 3,5% del Popular entre julio de 2007 y el pasado mes de enero, reclamaba a la sociedad de Casanova Titánica Capital, el dinero pactado como garantía por la bajada que se estaba produciendo de las acciones del banco, explica la denuncia.

Anticorrupción calcula que Casanova perdió 170 millones de euros en toda la operación. El empresario se podría enfrentar a penas de entre seis meses a dos años de prisión por un presunto delito relativo al mercado y los consumidores contemplado en el artículo 284 del Código Penal en relación con el artículo 287.2 CP, por la difusión de noticias falsas para intentar alterar los precios.

Crean un índice para medir el riesgo de desertificación

MADRID.- Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han creado un índice para medir la desertificación que permitirá crear mapas de riesgo e identificar las zonas más amenazadas.

Este trabajo, probado en la sierra de Gádor (Almería), entre otros enclaves, aparece en la revista 'Remote Sensing of Environment', y es aplicable a distintas zonas del mundo, aunque resulta especialmente apropiado para zonas áridas.

Según informó el CSIC en un comunicado, el índice, que también se prueba actualmente en Senegal, China, Marruecos y Chile, permite crear mapas de riesgo, obtener tendencias temporales de degradación e incluso evaluar el efecto de la desertificación sobre el ciclo hidrológico. Además, en el caso de que ésta afecte a grandes territorios, podría contribuir a evaluar sus efectos sobre el clima.

Aplicable en distintas zonas del mundo, el nuevo indicador es especialmente apropiado para zonas áridas, ya que hasta ahora los índices de degradación se basaban sobre todo en la densidad de vegetación, "una variable difícil de estimar mediante teledetección en zonas áridas donde la cobertura vegetal es muy baja", según explicó la investigadora del CSIC en la Estación Experimental de Zonas Áricas en Almería Mónica García.

Sin embargo, el nuevo índice se basa en los ciclos hidrológico y energético y en el uso del agua por parte del ecosistema.

El nuevo índice se basa en la variable de la fracción no evaporativa, relacionada con el uso del agua por parte de los ecosistemas y por tanto con los ciclos hidrológico y energético.

"El funcionamiento de los ecosistemas depende en gran parte de la evapotranspiración, que es el agua devuelta a la atmósfera en forma de vapor", explicó García.

"Este fenómeno conecta los ciclos hidrológico y energético, ya que la energía de la superficie terrestre puede ser disipada bien como evapotranspiración o bien como calor sensible, estando el reparto condicionado, entre otros factores, por el estado de degradación de la tierra", añadió.

Así, las zonas degradadas, que tienen suelos de menor espesor, fertilidad y capacidad de almacenamiento de agua, además de menos cobertura y densidad vegetal, disiparían mayor cantidad de energía como calor sensible, por lo que conociendo la energía disipada es posible conocer el estado del ecosistema.

Esta investigación forma parte del proyecto europeo DeSurvey (A Surveillance System for Assessing and Monitoring Desertification), que pretende crear sistemas para monitorizar el riesgo de degradación de grandes regiones e identificar los puntos de mayor riesgo.

El proyecto está coordinado por Juan Puigdefabregas, de la Estación Experimental de Zonas Áridas, y en él participan 39 instituciones de nueve países europeos más China, Chile, Túnez, Marruecos, Argelia y Senegal.

Según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, más de dos terceras partes del territorio español se encuentran potencialmente afectadas por la degradación, toda la mitad sur --a excepción de las cadenas montañosas más elevadas--, la meseta norte, la cuenca del Ebro y la costa catalana.

En todo el mundo, la desertificación y la sequía afectan a más de 110 países y amenazan los medios de subsistencia de más de 1.200 millones de personas. Según las Naciones Unidas, una tercera parte de la superficie terrestre estaría amenazada por la desertificación.

Las causas del fenómeno son el resultado de factores naturales y de otros causados por el hombre estrechamente relacionados entre sí y que inciden sobre el ecosistema causando su degradación progresiva.

Entre ellas, las sequías, los incendios recurrentes y el uso irracional del suelo o su sobreexplotación por parte del hombre, que causan la degradación de la tierra y su pérdida de productividad biológica y económica.

González Tovar anuncia una inversión de 63,2 millones de euros para modernización de regadíos de la Región en 2009

MURCIA.- El delegado del Gobierno en Murcia, Rafael González Tovar, anunció hoy hoy que para el próximo año, el Gobierno de España tiene previsto invertir 63,2 millones de euros en la modernización de regadíos de la Región de Murcia.

González Tovar, que hizo estas declaraciones durante la visita al Centro de Control de Riegos de la Comunidad de Regantes del Pantano de la Cierva, programada por el Centro de Estudios Jurídicos con motivo del curso sobre 'Normativa y jurisprudencia en materia de recursos hídricos', indicó que las actuaciones serán llevadas a cabo directamente por la Dirección General del Agua, del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) y Aguas de la Cuenca del Segura.

Concretamente, estas obras se llevarán a cabo en las Comunidades de Regantes de Río Alárabe, de Moratalla, Blanca (Fase II), Lorca (Fase III), Moratalla (Fase II), Arco Sur (Mar Menor - Fase II), Acequia Mayor de Molina, Riegos del Argos y zona regable de Librilla, entre otras intervenciones, según informó la Delegación en un comunicado.

Asimismo, destacó la importancia que estas inversiones tienen para la Región, "ya que con la racionalización de riegos no sólo se consigue un mejor aprovechamiento del agua, sino que supone una modernización de la agricultura y una mejora de su productividad".

Teresa Rosique critica la deslocalización de la inversión en obras públicas

CARTAGENA.- La diputada socialista Teresa Rosique reprochó al Gobierno regional que “la mitad del Presupuesto de inversiones en Carreteras para 2009 se lo llevan cuatro empresas y sólo una es de la Región”, según informaron fuentes del partido.

De tal forma, Rosique denunció que el Ejecutivo de Valcárcel no “está cumpliendo su compromiso con los empresarios de la Región en la contratación de obra pública”. A la vez que recordó que el Plan de Dinamización lleva implícito el compromiso de fraccionar las grandes actuaciones en obra pública.

“Con esta medida se pretende que las empresas de la Región puedan acceder a la concesión de dichas obras, pero el Gobierno regional la incumple”, indicó.

Tras lo que, abundó en que ese objetivo no se cumple en las Cuentas regionales para 2009, porque “el 50 por ciento del Presupuesto de inversiones en Carreteras para 2009, es decir, 93 millones de euros, se lo llevan dos UTES formadas por cuatro empresas de las que sólo una es de la Comunidad”.

Por otro lado, la diputada añadió que “el consejero de Obras Públicas, José Ballesta, dijo el pasado mes de junio, que el 98 por ciento de las contrataciones de obra pública habían sido adjudicadas a empresas de la Región”.

“Los datos demuestran que esto no ha sido así. De esos 93 millones de euros de inversiones para el próximo ejercicio, 70 corresponden a la autovía Santomera-San Javier adjudicada a dos empresas que no son de la Región y 23 millones a la autovía Totana-Mazarrón cuya adjudicación se hizo a otras dos empresas de las que sólo una es de aquí”, dijo.

Según Rosique, esta situación está provocando un gran descontento en la patronal murciana, “y más en estos momentos que las empresas necesitan la inversión pública”.

Y apostilló que el argumento que desde la Consejería se ha dado, justificando la situación actual y la adjudicación de obras públicas a empresas que no son de la Región, es que tienen que cumplir las leyes de contratación y, por lo tanto, adjudicar en base a un costo menor de la obra, se contradice con los hechos ya que una cosa es el precio de adjudicación y otra lo que al final se paga por la obra.

La crisis lleva a 2.183 autónomos de la Región a cesar en su actividad

MURCIA.- Ya hay medidas por parte del Gobierno nacional y regional en apoyo a las pequeñas y medianas empresas pero si las pymes se ven afectadas con la crisis económica mundial, más todavía afecta la situación actual a los autónomos. A nivel nacional, han cerrado en los últimos cuatro meses 70.000 microempresas y en la Región de Murcia, los datos llegan a 2.183, informa "El Faro".

Según los datos que maneja la Federación Nacional de Asociaciones de trabajadores autónomos de Murcia (ATA), la situación se volverá más crítica todavía puesto que “se siguen esperando más bajas”.

La presidenta de ATA Murcia, Yolanda Paredes, con el objetivo de paliar esta situación, dijo estar esperando ayudas por parte del Gobierno regional, sobre todo, en lo referido a rebajas de fiscalidad, así como en los fondos de los bancos.

De hecho, otra cifra relevante que maneja la asociación de autónomos es que en el último trimestre han sido 2.300 autónomos los que se han dado de baja puesto que han pasado de ser 105.600 a 103.300 autónomos.

Paredes, lanzó un mensaje de apoyo a los autónomos de la Región de Murcia y los animó a acudir a las oficinas de ATA para orientar y encontrar apoyo en esta situación de crisis económica.

Por ello, cabe destacar que, ante esta situación de crisis económica que repercute en gran medida a las pymes y microempresas de la Región de Murcia, ATA se convirtió en uno de los componentes de la Red PuntoPyme (junto a Aje, Amusal o Amefmur, entre otros) con el objetivo de trabajamos coordinadamente con las demás asociaciones para estar más cerca de las empresas y ayudarlas en sus gestiones.

Así, y tal y como lo anunció el consejero de Universidades, Empresa e Investigación, Salvador María, se pondrá en marcha de un Plan de Optimización de los servicios donde se formará a los responsables de cada espacio PuntoPyme para lograr mejor asesoramiento de estos a las empresas.

Finalmente, ATA Murcia se creó para unir y defender los derechos del colectivo de Trabajadores Autónomos en la Región de Murcia. Por ello, ponen a disposición de sus asociados una línea telefónica gratuita –900.100.060–, donde se podrá realizar cualquier tipo de consulta o información que les solicite.

El Ministerio de Industria, a través de Red.es, ha puesto en marcha un programa que tiene como finalidad fomentar el uso de las nuevas tecnologías entre los trabajadores autónomos y microempresarios.

A través de este plan, bautizado como ‘Empresas en Red’, las empresas y autónomos recibirán asistencia para crear su propia página web, podrán solicitar ayudas para adquirir equipos informáticos y conectarse a Internet, así como asistir a las jornadas formativas sobre las oportunidades de negocio de las nuevas tecnologías.

El Programa se desarrolla hasta diciembre de 2009 por toda España.

Argelia condena a seis meses de cárcel a 15 emigrantes que intentaron llegar a España

ORÁN.- Quince emigrantes indocumentados que intentaban cruzar el Mediterráneo para llegar a España han sido condenados a seis meses de prisión firme en Argelia, en la primera condena de este tipo, según informaron hoy fuentes judiciales.

Los quince emigrantes, entre los que se encontraban nueve afganos, fueron avistados por un buque español de transporte de gas el pasado 12 de noviembre, cuando estaban a punto de naufragar frente a las costas de Ghazaouet, en el extremo oeste de Argelia.

El barco alertó a los guardacostas argelinos, que rescataron a los indocumentados y les pusieron a disposición judicial.

Los quince se habían embarcado en una lancha neumática desde la playa marroquí de Saidia y, tras sufrir una avería en el motor, pasaron grandes dificultades durante tres días a la deriva.

La sentencia emitida por un tribunal de Sedikia, en la provincia de Orán, es la primera que condena a penas de prisión firme a un grupo de emigrantes indocumentados desde la modificación legislativa en materia de emigración ilegal en Argelia, el pasado agosto.

Las autoridades decidieron endurecer la legislación en materia de emigración ilegal, sobre la que existía un vacío legal, y a partir de entonces los candidatos a la emigración clandestina pueden ser condenados con hasta seis meses de prisión y los integrantes de las redes organizadas con hasta diez años.

El primer juicio por intento de salida ilegal del país tuvo lugar el pasado octubre en un tribunal de Orán y los ochos acusados fueron condenados a seis meses de prisión con fianza.

Sólo en este mes de noviembre 139 candidatos a la emigración ilegal han sido detenidos en el mar frente a las costas argelinas cuando intentaban cruzar el Mediterráneo, según un balance efectuado a partir de la información de los guardacostas.

El desempleo dispara el interés por los cursos del Metal

MURCIA.- El desempleo ha disparado las solicitudes de los jóvenes que quieren realizar cursos de formación en los talleres de la Federación de Empresarios del Metal (FREMM). Su presidente, José Antonio Muñoz, recuerda a "La Opinión" que hace un año costaba llenar las 400 plazas que puede ofrecer el centro de formación del Metal, cuando este año han llegado a presentarse 3.000 solicitudes para estos mismos puestos.

La consejería de Educación, Empleo y Formación se ha volcado para ampliar los fondos destinados a la formación con el fin de que puedan pasar por las aulas más alumnos, aunque la capacidad no da más de sí.

Hace apenas un año y medio el presidente de la FREMM se planteaba la posibilidad de ofrecer algún tipo de remuneración a los alumnos para atraerlos a los cursos de formación, tratando de evitar que los jóvenes que colgaban los estudios prefirieran tener un empleo, aunque estuviera mal pagado, en vez de dedicarse a aprender un oficio.

Ahora, la crisis ha llenado las aulas. La FREMM está recibiendo una media de siete solicitudes por cada plaza disponible en sus talleres. Según explicó Juan Antonio Muñoz, la patronal ha recibido unas 3.000 solicitudes para las 400 plazas que tiene disponibles en sus talleres.

En uno de los cursos, que sólo tiene capacidad para 15 alumnos, la demanda se ha disparado hasta las 200 solicitudes.

Muñoz asegura que "la Administración se ha volcado y ha ofrecido más dinero para que puedan formarse más alumnos, pero el problema es que el taller no estira más". Aunque la crisis ha llenado las aulas de la FREMM, Juan Antonio Muñoz asegura que el metal "está resistiendo" a la caída de la actividad que sufren otros sectores.

"No hay motivo de alarma", aseguró, aunque recordó que "siempre vamos de la mano de la construcción", de la que depende el 40 por ciento de la actividad de las empresas, "por lo que no podemos ser ajenos" al frenazo del sector inmobiliario.

Para capear el temporal, la FREMM trata de buscar alternativas, como la creación del Catálogo Virtual de las empresas dedicadas a la metalmecánica, con el fin de de poner al alcance de las industrias murcianas los productos que se fabrican en la Región.

El Obispado cree que la Comisión Estado-Iglesia debe aclarar lo de la titularidad de la UCAM

MURCIA.- Una salida al conflicto sobre la titularidad de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) apunta a una revisión y/o actualización de los Acuerdos entre España y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales del año 1979 que faculta a la Iglesia Católica a crear universidades.

Se trata de aclarar si el Estado y el Derecho español aceptan que un fiel laico, como José Luis Mendoza, pueda promover y constituir una universidad católica sin necesidad de una Ley de Reconocimiento que compete al gobierno autonómico o nacional.

¿Es suficiente con que la UCAM se haya creado a través de un decreto de erección firmado en 1996 por el obispo Javier Azagra, que era la autoridad eclesiástica competente que debía dar el consentimiento?, se pregunta "La Verdad".

El Obispado de Cartagena tiene serias dudas de que el Derecho español reconozca en la actualidad a las universidades católicas creadas al amparo del artículo 3.3 de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, ya que da por bueno el dictamen del Consejo de Estado de 1997 que negaba legitimidad a la Fundación Santa Teresa, como entidad civil, para ostentar la titularidad de la Universidad de Ávila.

Para el obispo Reig Pla, ese dictamen también es válido para la UCAM, puesto que su antecesor Javier Azagra pidió por escrito a la entonces ministra de Educación, Esperanza Aguirre, que ampliara las conclusiones a la universidad gemela de Murcia.

Mendoza, en este punto, sostiene que aquel dictamen no le afecta porque la Fundación que él preside sólo está integrada por fieles laicos y no incluye entidades y organismos públicos y políticos, como sucedía en Ávila.

Monseñor Reig Pla y sus asesores creen que la duda sobre los efectos del artículo 3.3 del Ex Corde Ecclesiae debe ser despejada a través de la Comisión Mixta Iglesia-Estado para Asuntos de Educación, por la Dirección General de Asuntos Religiosos o por la propia Comisión entre el Estado Español y la Santa Sede.

A partir de ahí, el Obispado cree que se despejaría en uno y otro sentido la titularidad y, sobre todo, quién tiene la responsabilidad civil (que no canónica) sobre la Universidad Católica en caso de problemas económicos, laborales o patrimoniales.

Esto último es lo que más preocupa a la Diócesis de Cartagena porque aprecia un vacío legal, un territorio borroso, una imprecisión jurídica si se quiere, nacidos de la creación de una universidad singular y única en el mundo: es católica y privada a la vez. Se creó con el reconocimiento eclesiástico pero no civil, si bien todas sus titulaciones y sus niveles de calidad están reconocidos y aprobados por el Gobierno regional y el Ministerio de Educación. ¿Supone esto último un grado suficiente de reconocimiento civil, al margen de quién sea el titular y propietario?

Los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de 1979 que permiten a la Iglesia crear universidades son muy anteriores a la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae de Juan Pablo II de 1990 que marca las tres vías: las universidades constituidas por la Santa Sede, la Conferencia Episcopal o la Diócesis; las promovidas por institutos religiosos y las erigidas por laicos, previo consentimiento de la autoridad eclesiástica.

Resulta evidente que, una vez llevadas a la práctica, surgieron las discrepancias entre Iglesia y Estado cuando se examinó la Universidad Católica de Ávila y por extensión la UCAM de Murcia.

Con estos precedentes, el Obispado de Cartagena intenta que, doce años después de crearse la UCAM, se resuelvan las dudas sobre la titularidad y responsabilidad de la Católica en el marco del Derecho español, que es donde habría que rendir cuentas cuando se trata de los dineros del César. Nada obliga al Derecho español a asumir punto por punto el Derecho Canónico, y por lo tanto a reconocer el Ex Corde Ecclesiae que llegó después de los acuerdos Iglesia-Estado.

En el escenario de la Santa Sede y del Derecho Canónico el conflicto sigue otros derroteros que, hasta ahora, no han sido favorables a la tesis de Reig Pla. Así como José Luis Mendoza resta validez al dictamen del Consejo de Estado, porque lo considera un órgano consultivo y porque la reprimenda a la Universidad de Ávila no afecta a la UCAM, el obispo de Cartagena sostiene que la Secretaría de Estado del Vaticano no había contando con toda la información, sobre todo de la parte de la Diócesis, para emitir un juicio completo de la situación.

El litigio de la UCAM sobrepasa a la propia Diócesis y al Obispado y ha abierto una guerra entre los partidarios de Reig Pla y de José Luis Mendoza que se libra en varios frentes. El más activo navega por Internet, donde proliferan dossieres sobre cada causa. Conocido es el anónimo que critica los negocios del cada vez más poderoso e influyente José Luis Mendoza y su familia a través de la Fundación y otras empresas vinculadas a la primera.

También se preguntan cuánto se ha incrementado dicho patrimonio en estos años y a nombre de quién figura, puesto que la mayor parte no está a nombre de la Universidad Católica, de la Diócesis ni de la propia Fundación. Mendoza señaló a La Verdad que llevaba invertidos más de 50 millones en la UCAM en los últimos doce años, la mayor parte a cargo y riesgo de su patrimonio personal y familiar.

Se han difundido en los últimos días otros documentos elaborados ad hoc, como el llamado La UCAM explicada a los niños (la titularidad de las universidades católicas en un Estado aconfesional), que es un resumen más frío, jurídico y didáctico, sobre el choque de las leyes civiles y canónicas que van a favor de las tesis del obispo.

En beneficio de Mendoza y en contra del obispo se mueve otro bando por la web a base también de correos electrónicos y confidenciales, como La carta abierta a Juan Antonio Reig Pla, que firma el autollamado Arcipreste del Segura, el cual cuestiona el olvido del obispo hacia los sacerdotes que no le adulan, la marginación de las voces discordantes, la progresiva sectarización de la Diócesis y el desprecio a los laicos. Para la Diócesis, este comunicado no ha salido de un sacerdote y sí forma parte de la estrategia para desprestigiar a Reig Pla.

También circula en una web un escrito en contra de la postura de la Diócesis y que suscribe El barón rampante. Está editada por Jesús Bastante. Días atrás titulaba: «Roma pide a Reig que 'no insista' con la titularidad de la UCAM».

Según esta reseña, que va acompañada por el escudo de la UCAM, el nuncio apostólico recibió el lunes pasado al obispo de Cartagena y le dio este mensaje, al tiempo que le hacía saber que la guerra de comunicados no hacía ningún bien a esta universidad de la Iglesia.

«Roma está tratando de que la solución no traiga vencedores ni vencidos».

Añade que a Reig Pla no le mueve ningún interés personal con la titularidad, pero que podría estar próximo su ascenso a otra diócesis. Sobre Mendoza, cuenta que la Santa Sede le exigirá «mayor transparencia» a su gestión en la UCAM, y que si se niega, esta universidad podría perder la condición de católica.

Los 'UCO' ya preparan otra redada en la Región

MURCIA.- Esta vez, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, responsables de operaciones contra cuatro ayuntamiento de la Región (Torre Pacheco, Fuente Álamo, Totana y ahora LIbrilla) no han regresado a sus bases. No han vuelto a Madrid, según asegura hoy "La Verdad".

Fuentes próximas a la investigación señalan que estos especialistas en combatir la corrupción urbanística continúan en la Región y están preparando un nuevo y espectacular golpe. Éste, según las mismas fuentes, es inminente.

Igualmente se afirma que lo desvelado hasta ahora sobre la Operación Biblioteca es «la punta del iceberg» del asunto. De ahí que las diligencias estén declaradas secretas.

Facturas falsas

¿Cómo justificar la salida de importantes cantidades de dinero de la cuenta bancaria de una empresa, cuando tales cantidades están supuestamente destinadas a pagar comisiones a políticos y no se puede esperar que éstos, por supuesto, vayan entregando recibos por los cohechos? La respuesta: buscando sociedades legalmente constituidas que, a cambio de que se les pague el IVA y un poco más, se avienen a hacer facturas por servicios que no han prestado.

De esta forma parecían actuar los dos presuntos propietarios de la mercantil Asesores de Calidad y Desarrollo de la Ingeniería (ACADI) S.L., el funcionario de Presidencia en excedencia, José Luis Cano Valverde, y el ingeniero Domingo Peñalver Rojo, ambos detenidos como motivo de la Operación Biblioteca contra la corrupción.

Las investigaciones judiciales apuntan a que esta empresa habría pagado elevadas comisiones (diversos abonos de 30.000, 40.000 y 60.000 euros, según Peñalver) al alcalde de Librilla, José Martínez García; al teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro Martínez, y al gerente de la sociedad municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL) S.L., José Andrés Cortés, a cambio de la adjudicación de contratos públicos.

Para justificar la salida de tales cantidades de la cuenta de ACADI, los responsables de esta firma habría buscado a un grupo de empresarios de Librilla para que les emitiesen facturas falsas, por servicios que en realidad no habían prestado, a cambio de dinero. Esta práctica, en el argot empresarial, se denomina comprar IVA.

De esta forma, ACADI lograría justificar el desembolso de tales cantidades en metálico, si es que se veía obligado a hacerlo por alguna razón, como una inspección o una investigación.

La adquisición de facturas falsas fue confesada por el propio Domingo Peñalver en su extensa declaración ante el juez del pasado viernes. El hecho de que al menos cuatro empresarios de Librilla que le suministraron esas facturas sean clientes de una asesoría de José Andrés Cortés, llamada Cotem, parece apuntar a que fue él mismo quien buscó a los vendedores de IVA. Sin embargo, Cortés lo ha negado en su declaración.

Los dos últimos detenidos de la Operación Biblioteca fueron sendos empresarios que habían emitido facturas falsas. Ambos han sido ya puestos en libertad. En sus autos, el juez apunta a que serán más los imputados por esa causa y señala que tendrá que tomar declaración muy pronto al abogado Cesáreo Gil de Pareja, detenido el jueves y puesto en libertad antes de ser puesto a disposición judicial.

«Es un sujeto que mucha luz puede aportar sobre lo actuado por IDL y el Ayuntamiento de Librilla», afirma el juez. La mayor parte de los imputados arrojó gran cantidad de sombras sobre la actuación del letrado.