martes, 18 de noviembre de 2008

Rebaños sin pastores / Juan Redondo

A los dirigentes socialistas murcianos le encargan una línea ferroviaria y hacen una montaña rusa. Izquierda Unida a nivel nacional son incapaces de lograr acuerdo sobre el coordinador de las distintas sensibilidades y lo de la Universidad Católica, entre pastores de la Iglesia y seglares modélicos, es un culebrón cada día más apasionante.

Dicen que son tiempos de crisis y no sólo económicas y que los actos de los mayores no son ejemplares para las nuevas generaciones.

Comenta un observador que el acuerdo de los socialistas murcianos sobre la organización interna en Cartagena no es barroco, es churrigueresco. Para aplicar un acuerdo estatutario aprobado en Congreso Federal tienen que constituir una comisión de veinte personas y eso que estamos en momentos de recesión y vacas flacas.

El problema es muy simple. Hay cinco agrupaciones que tienen que agruparse en una sola aplicando una política interna del partido a nivel nacional. El metodo es sencillo, cada una aporta su censo de militantes y sus cuentas, con su patrimonio y sus deudas. Se hace un censo único y una cuenta única. Y los afiliados eligen en una asamblea constituyente la nueva ejecutiva, con los mismos procedimientos que se aplican, en cuanto a fechas y candidatos, para renovar la dirección en cualquier agrupación local. Y una coordinación política entre el grupo municipal y la direccción regional en este pequeño paréntesis.

Para ese trabajo burocrático la dirección regional ha constituido un grupo de veinte personas, con cargos públicos, con “importante presencia del mundo universitario, educativo, sindical, sanitario, de la empresa, vecinal y de la mujer”. Para hacer las próximas listas o el programa electoral municipal habrá que recurrir como mínimo al G-20. Las pasadas candidaturas se elaboraron evitando las primarias.

Las cosas de Saura y de Oñate, como recoger firmas o meter a todos en el mismo saco, para ganar tiempo o eludir soluciones tanto internas como externas, la montaña rusa, el churrigueresco. Dicen que es una forma de hacer política.

La creación del Defensor del Pueblo, cuestión de días

La Proposición de Ley para crear la figura del Defensor del Pueblo en la Región de Murcia está lista para debatirse en la Asamblea Regional e incluso es intención del grupo parlamentario popular que se vea esta misma semana. Los grupos parlamentarios conocen el texto y aportaran algunas sugerencias para que sea aprobada por unanimidad. El texto básico recoge competencias de otras comunidades autónomas en las que existe esa figura. El primer titular será el ex consejero Ruiz Abellán.

www.elfarodemurcia.info

El PSRM abre expediente sancionador a Manuel Torres, concejal socialista de Cartagena

CARTAGENA.- El futuro de José Manuel Torres Paisal como concejal del PSOE y militante de este partido se tizna conforme pasan los días. La Secretaría de Organización del PSRM-PSOE (Partido Socialista de la Región de Murcia) le ha abierto un expediente disciplinario que puede acabar en una sanción por falta muy grave si se demuestra que utilizó para fines particulares un cheque sin fondos con cargo a la Agrupación Sur del PSOE en Cartagena (Santa Lucía), revela "La Verdad".

La información recabada sobre este caso por la citada Secretaría, cuya responsable es Mari Carmen Moreno, será trasladada a la Comisión Ejecutiva Federal, con sede en Madrid. Será ésta la que tome una decisión sobre Torres (en la imagen), según conocieron anoche en Murcia los miembros de la Comisión Ejecutiva Regional.

El PSOE investiga las circunstancias en que, a través de un familiar, el edil hizo llegar a un cuñado un cheque de 20.000 euros para que éste (dueño de una empresa de construcción) pagara una deuda con una empresa de suministro de material de obra.

Torres ha alegado que todo fue un error fruto de que tenía en un cajón de su casas dos talonarios similares al que utilizaba en su día en su condición de directivo de la Agrupación Sur. Además, ha indicado que en ningún momento quiso aprovecharse del dinero del PSOE porque la cuenta a la que estaba asociado el talonario usado llevaba un tiempo cancelada.

Según fuentes socialistas, Torres puede ser sancionado por infringir el artículo 44 del Reglamento de Afiliados. Éste castiga «la falta de probidad y honradez en el desempeño de cualquier cargo público u orgánico, así como los derivados de la irregular administración de los fondos del Partido o de la Administración».

Torres se enfrenta a la suspensión de militancia por un plazo de más de un año a dos años o la expulsión definitiva. El instructor del expediente será Antonio Alemán, de los servicios jurídicos.
Las mismas fuentes indicaron que en los próximos días habrá una decisión acerca de si se abre también expediente al concejal y ex portavoz municipal Juan Luis Martínez por contratar a un asesor a pesar de que presuntamente no tenía potestad para hacerlo.

Según ha sabido La Verdad, ha quedado aclarado que el asesor de Martínez no cobraba con cargo al partido, sino a la asignación del grupo municipal. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento permitieron esos pagos.

En una reunión a la que sólo faltaron Torres y Ana Belén Castejón todos los ediles admitieron que conocían que el asesor estaba contratado con cargo al grupo, pero dijeron que «no conocían los términos exactos en que consistía el contrato». La responsabilidad de Martínez podría reducirse así a suscribir el contrato sin potestad.

Un tiempo nuevo

El Partido Socialista prometió decir adiós ya a los peores lastres de su pasado más reciente y hola a las bases desde la que quiere recuperar su peso social y político en Cartagena, sobre todo para recuperar un gobierno municipal que el PP le arrebató en 1995.

La Comisión Ejecutiva Regional del PSRM-PSOE aprobó la creación de una comisión gestora que disuelva las actuales cinco agrupaciones socialista en el municipio de Cartagena (Centro, Sur, Norte, Oeste y de El Llano de El Beal) y cree una agrupación única.

La gestora está formada por veinte militantes que desempeñan cargos públicos en el Ayuntamiento de Cartagena, la Asamblea Regional y el Congreso de los Diputados, o tienen «una importante presencia en el mundo universitario, educativo, sindical, sanitario, de la empresa, vecinal y de la mujer», destacó el PSRM en un comunicado tras la reunión de su ejecutiva en Murcia.

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cartagena, Caridad Rives, coordinará la gestora, y entre otras cuestiones deberá lidiar con la oposición de grupos de militantes (sobre todo de las agrupaciones pequeñas) a esa iniciativa.

Los socialistas auguraron «un tiempo nuevo» en Cartagena, donde según fuentes socialistas en los próximos días será constituida de manera formal en presencia del secretario general del PSRM, Pedro Saura.

La Gestora


Iberdrola aprueba un nuevo código ético y adapta el reglamento de Nombramientos y Retribuciones

MADRID.- El consejo de administración de Iberdrola ha acordado refundir el Código de Conducta Profesional de la compañía para convertirlo en un nuevo Código Ético, así como modificar el Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, anunció en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Estos cambios recogen algunos de los cambios en el Reglamento del Consejo de Administración aprobados por la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán el pasado 21 de octubre.

Entre las modificaciones aplicadas en aquel momento figuran la limitación a quince en el número de miembros del máximo órgano rector y una incompatibilidad de nombramiento para los que tengan intereses opuestos a los de la sociedad. Junto a esto, se elimina el límite de edad para los consejeros.

El anterior reglamento de Iberdrola, registrado en julio de 2007 en la CNMV, situaba en 21 el número máximo de miembros del consejo de administración. La compañía no ha recurrido a esta potestad y cuenta en la actualidad con un órgano rector de quince miembros. El número mínimo seguirá siendo de nueve.

El Gobierno español estudia rebajar hasta el 70% los aranceles de notarios y registradores

MADRID.- El Gobierno ha elaborado un proyecto de Real Decreto que estudia aplicar una rebaja general del 20% de los aranceles de notarios y registradores de la propiedad, además de una reducción adicional del 35% en las operaciones que el ciudadano no pueda realizar por medios telemáticos y que aumentará hasta el 70% a partir del 1 de julio de 2009.

Los nuevos aranceles está previsto que entren en vigor a partir del próximo 1 de enero de 2009, según el borrador del Real Decreto y que está en proceso de elaboración por parte de los ministerios de Justicia y Economía y Hacienda.

La modificación del reglamento de aranceles responde al paquete de 24 medidas para hacer frente a la crisis económica, presentado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado 23 de junio.

En tercer lugar, se prevé una rebaja de las copias simples de 0,6 euros por folio al precio de 1 euro por el documento entero, sin distinguir extensión y soporte. Estos documentos son obligatorios en el cumplimiento de los trámites posteriores a cualquier escritura.

Además, el nuevo reglamento obligará a los notarios y registradores a que especifiquen "separadamente y con la debida claridad" las minutas que cobrarán cada uno de ellos por cada operación, incluyendo los descuentos, rebajas y bonificaciones establecidas en la ley.

Los notarios y registradores estarán obligados a comunicar por vía telemática al Consejo General del Notariado y al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles toda la información respecto a la aplicación de los aranceles y, éstos, a su vez, remitirán la información a los Ministerios de Justicia y Economía y Hacienda.

Por su parte, las asociaciones de consumidores estarán legitimadas para actuar en nombre de los usuarios en materia de honorarios y podrán impugnar las minutas en el plazo de 6 meses desde su notificación.

El texto, con fecha de 10 de noviembre, destaca que su aplicación no supondrán aumento del gasto público. El nuevo Real Decreto modificará el Real Decreto 1426/1989 que aprobó los aranceles de los notarios y el Real Decreto 757/1973, correspondiente a los aranceles de los registradores.

La rebaja arancelaria pretende impulsar las medidas telemáticas en el trámite de los documentos notariales y registrales, así como el establecimiento definitivo de la oficina virtual del catastro, contempladas en la Ley para el Impulso de la Productividad, aprobada en noviembre de 2005.

La OCU pide al Gobierno y al Banco de España que mejoren la protección de clientes de bancos y cajas

MADRID.- La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) reclama al Gobierno y al Banco de España que mejore la protección de los usuarios de servicios bancarios y financieros ante las reclamaciones por comisiones injustificadas, cláusulas abusivas y demoras en el cumplimiento de órdenes, entre otras razones.

Concretamente, la OCU se ha dirigido a Secretaría de Estado de Economía y al Banco de España solicitando que las entidades se comprometan de antemano a acatar las resoluciones de la futura Comisión Nacional de Servicios Financieros (CNSF) cuando resuelva reclamaciones planteadas por los consumidores.

La OCU cree posible reforzar la protección de los usuarios y la autoridad de los supervisores aprovechando la reforma del sistema de supervisión que dará lugar a la CNSF, que asumirá funciones del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y será la encargada de supervisar la conducta de bancos, cajas, aseguradoras, sociedades de valores y gestoras de planes.

Según la OCU, son muchos motivos los que pueden dar lugar a una reclamación por un mal servicio financiero y, en general, los consumidores "no están muy satisfechos con la forma en que las reclamaciones se resuelven".

"Lo cierto es que es bastante común que un consumidor tenga problemas con las entidades financieras", dice la organización, que recomienda llegar a una solución amistosa con la propia entidad, reclamar siempre por escrito y agotar todos los pasos previos antes de plantearse acudir a la vía judicial.

Si el usuario no llega a un acuerdo con la entidad, debe dirigirse al servicio de atención al cliente o al defensor del cliente de la entidad, cuyas decisiones son vinculantes para ella, "aunque no siempre tan imparciales como sería de esperar", dice la OCU.

En caso de que no resuelvan su problema, deberá llevar su queja al Servicio de Reclamaciones del Banco de España, a la Oficina de Atención al Inversor de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o al Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros.

Las cuentas y tarjetas son los productos que más quejas motivan, sobre todo por problemas con cargos, comisiones o liquidaciones de intereses, mientras que productos de inversión tales como fondos, acciones o seguros de ahorro generan menos reclamaciones.

La Guardia Civil registra la Consejería de Presidencia investigando tres presuntos delitos

MURCIA.- El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Murcia ha abierto un procedimiento por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, deteniendo en el marco de las mismas actuaciones a cinco personas y registrando, entre otras dependencias, el Ayuntamiento de Librilla, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

En virtud de dicho procedimiento, el titular ha acordado también la entrada y registro en unas dependencias concretas de la tercera planta de la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia y en el Ayuntamiento de Librilla. En las primeras se redactaban los pliegos de condiciones para contratación pública urbanística de los 45 municipios de la Región.

Han sido detenidos el funcionario autonómico en excedencia José Luis Cano y el ingeniero de caminos Domingo Peñalver, propietarios ambos de la empresa "Acadi", que redactó el Plan General de Ordenación Municipal de Librilla. Junto a ellos, la Guardia Civil ha detenido también a José Andrés Cortés Otálora, gerente de la empresa municipal de suelo IDL, de Librilla, un familiar de éste y la esposa de Cano.

También se han registrado la empresa municipal de suelo de Librilla (Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L., creada en 2002 para la compra del 52% de los terrenos destinados al polígono industrial "Cabecicos Blancos"), domicilios particulares y sedes sociales de empresas en las localidades de Murcia, Librilla y Los Alcázares, donde se ha registrado la sociedad Urvisán S.L., dedicada a la construcción y al desarrollo de obra pública. En total, han sido nueve los registros simultáneos. Las actuaciones han sido declaradas secretas.

Unos 20 agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraron esta mañana las dependencias del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios, dependiente de la Consejería de Presidencia, uno de cuyos ex funcionarios, José Luis Cano, ha sido detenido.

Otros 30 agentes de la Benemérita registraron el Ayuntamiento de Librilla, donde trabajan dos técnicos, entre los que han sido detenidos. Una decena de agentes llegaron a las dependencias municipales a las nueve de la mañana, y a esa hora muchos trabajadores del consistorio ya no pudieron acceder al Ayuntamiento. Han estado más de doce horas en su interior.

El Juzgado de Instrucción nº 6 de Murcia coordina la operación tras recibir una denuncia presentada por la Fiscalía de Murcia en relación con la llamada "Operación Acadi", que afecta a 30 planes urbanísticos parciales y motiva la investigación de una supuesta trama de corrupción urbanística durante el mandato del ex consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva.

Los detenidos están siendo interrogados por los agentes de la Guardia Civil en la Comandancia de Murcia y se prevé que el jueves o el viernes puedan pasar a disposición judicial.

El PSOE ya alertó

El PSRM-PSOE alertó ya el 26 de abril de 2007 de una posible "connivencia" entre el funcionario del Gobierno regional, José Luis Cano, que se encuentra en excedencia desde ese año, y empresas particulares en Librilla.

En concreto, el que era portavoz del partido socialista en aquel momento, José Ramón Jara, denunció la "connivencia" del responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios, el funcionario José Luis Cano, "y empresas particulares", debido a la existencia de "una trama en el Ayuntamiento de Librilla, con conexiones a la Consejería de Presidencia, dedicada a obtener importantes beneficios en recalificaciones urbanísticas".

Al respecto, Jara explicó en su día que toda esta "trama" la elabora este funcionario público, puesto de libre designación dentro de la Dirección General de la Administración local, dependiente de la Consejería de Presidencia, siendo el creador de la sociedad Control y GIS Consultores S.L".

Se trata, por tanto, "del encargado de la captación de ayuntamientos y de la creación de tramas dentro de los mismo, para traer contratación a la mercantil Acadi y a otras empresas que actúan como contratistas de obras públicas".

Para ello, aseguró que Cano "necesita de alguna conexión para que se pueda contratar con los ayuntamientos, por lo que se busca a Domingo Peñalver, un ingeniero de 27 años contratado por el Ayuntamiento de Librilla para el asesoramiento técnico, con elaboración y firma de informes de obra pública". De este modo, dejó claro que "busca a Peñalver, siendo el cerebro de toda esta trama que mueve muchos miles de millones de pesetas".

Así precisó, que "es un entramado de funcionarios, empresas y particulares que dominan el urbanismo de Librilla", ya que, dijo, "el Plan General de este municipio y las decenas de convenios urbanísticos privados son disparatados, debido a que no obedecen al interés general y ponen en peligro la dotación de agua del trasvase Tajo-Segura de esta localidad con perjuicio para los agricultores".

Los orígenes se remontan al año 2004, cuando se adjudica el PGOU a la mercantil Acadi S.L., sociedad creada por Peñalver, que "no tenía ninguna actividad urbanística en el momento de esta adjudicación, pero que en el mismo mes de presentación del avance del mismo, en julio de 2005, se cambia el objeto social para introducir el urbanismo", incidió Jara.

A partir de este momento, "se negociaron 30 ordenaciones pormenorizadas que desarrollaban el plan, con los propietarios del suelo, para introducirlas en el PGOU, y se exigió a todos los firmantes de los convenios que encargaran la posterior transformación del suelo a la mercantil Iniciativas para el desarrollo de Librilla S.L., sociedad de capital municipal presidida por el alcalde de Librilla, José Martínez".

Esta transformación contenía, según las investigaciones del PSOE, "plan parcial, proyecto de reparcelación, proyecto de urbanización y dirección técnica de las obras". De igual modo, destacó que "además de estos convenios de transformación, se llevaron otros al pleno municipal y se adjudicaron contratos que superaron los seis millones de euros, sin respeto a la normativa de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas".

Por todo ello, calificó esta "trama de verdaderamente compleja y endiablada, puesto que Peñalver, a través de Acadi, mantiene una red de contactos con funcionarios municipales y de confianza que hace que se le adjudiquen obras y relaciones de planes generales y de convenios, entre otros".

Entre estos funcionarios, Jara hizo referencia a José Andrés Cortés, "trabajador del Ayuntamiento de Librilla y consejero delegado de Iniciativas para el desarrollo de Librilla S.L.". El 10 de octubre de 2006 se celebró un concurso en el Ayuntamiento para darle plaza en la Administración local con un tribunal compuesto, entre otras personas, por José Luis Cano, adjudicándole la plaza el noviembre.

Y es que, a juicio del portavoz de los socialistas murcianos, "esta red no solamente controla el urbanismo de Librilla, sino que extiende sus tentáculos a otros municipios, dado que el funcionario Cano está en connivencia con la empresa Acadi". Concretó que "esta trama se extiende a otros ayuntamientos, como el de Aledo".

En esta misma línea, Jara denunció públicamente, en su día, que una consecuencia de esta "trama", es la "polémica reclasificación del paraje de El Roblecillo, en Caravaca". Expuso, por ello, que "la empresa propietaria de este paraje es Golden Sky S.L., propiedad, entre otros accionistas, de Peñalver, a través de Acadi".

"Esta empresa consigue que un paraje protegido como El Roblecillo, que no aparece en el avance de la aprobación inicial ni provisional del Plan General de Caravaca, aparezca, por arte de magia, en la aprobación definitiva, saltándose así todos los controles medioambientales que exige la ley".

Además, argumentó que "existen informes negativos de los técnicos municipales del Ayuntamiento de Caravaca que dicen que esto está mal hecho pero, a pesar de ello, el alcalde de esta localidad, Domingo Aranda, lleva adelante la reclasificación, aprobándola la Consejería de Obras Públicas".

IU habla de corrupción generalizada

El coordinador regional de IU, José Antonio Pujante, tachó hoy de "lamentable" el caso de Librilla, por el que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Murcia ha abierto un procedimiento por cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, y han sido detenidas cinco personas, entre ellas un funcionario en excedencia de la Consejería de Presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia. Y es que, a su juicio, ello "pone de manifiesto la situación de corrupción que hay en la Región y que tanto hemos denunciado desde IU".

Pujante aseguró que "este tipo de situaciones se tienen que cortar por lo sano", tras lo que añadió que "tiene que haber un mensaje claro, contundente y firme por parte del Gobierno regional y el PP, en lugar de mirar para otro lado y no decir nada, como viene haciendo de forma persistente".

Así, reiteró que se hace necesario "mantener un mensaje claro al respecto y cortar de raíz todas las situaciones de corrupción", porque, enfatizó, "el silencio cómplice se está produciendo en una permisivilidad ante este tipo de situaciones que es inaceptable".

La Manga Club presenta un concurso de acreedores para hacer frente a sus deudas

CARTAGENA.- La empresa MedGroup, propietaria de La Manga Club, ha presentado un concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos) ante el Juzgado de Lo Mercantil de Murcia, aunque de momento el juez no ha decidido si lo declara o no, según explicaron a esta redacción fuentes judiciales. Esto supone que la compañía tiene problemas para hacer frente a las deudas que tiene pendientes, según "La Opinión".

El rumor de la posible declaración de un concurso de acreedores por parte de La Manga Club corrió ayer como la pólvora entre los trabajadores. "Nuestra preocupación es enorme. No tenemos ninguna confirmación oficial por parte de la empresa, pero tememos por nuestros puestos de trabajo", explicó al periódico Úrsula Gallego, presidenta del comité de empresa de La Manga Club de Hostelería.

Los trabajadores afirman que sí eran conscientes de que había una cierta demora en el pago a los acreedores, aunque pensaban que se había cubierto hace unas semanas.

"De cualquier forma, estamos pendientes de una reunión con MedGroup. Sabemos que la situación de la empresa es caótica porque tiene una falta de liquidez enorme, que están pendientes de solventar con la entrada de nuevos accionistas o con otras medidas. Cuando logren solucionar este problema, sí nos han comunicado que se reunirán con nosotros porque tendrán que tomar medidas muy fuertes para poder sanear totalmente la compañía y acabar con esta situación", precisó Gallego.

Fuentes próximas al complejo aclararon que MedGroup es la propietaria del complejo que engloba tanto las instalaciones deportivas como los dos hoteles, aunque la gestión de estos dos últimos es independiente y corresponde a la cadena Hyatt.

"La Opinión" trató de contactar con los responsables del complejo en reiteradas ocasiones, pero sin conseguirlo.

Mendoza le pidió 30 millones de euros al obispo por la UCAM

MURCIA.- Los enfrentamientos por la titularidad de la Universidad Católica San Antonio llevaron al presidente de esta institución, José Luis Mendoza, a ofrecer su entrega al obispo a cambio de una indemnización. Así lo pone de manifiesto el propio Mendoza en una entrevista concedida a Radio Nacional de España, que adelantó parte de su contenido y emitirá íntegra hoy, a la una y diez del mediodía, según publica "La Opinión".

En sus declaraciones, Mendoza explica que "esta situación genera daño a la Diócesis y a la Universidad, por lo que estuvimos reunidos con él tres veces". Señala que a dichos encuentros acudieron, además de él y su mujer, el padre José Alberto Cánovas y Francisco Alonso, secretario de la Fundación San Antonio, y "fui a hacerle entrega de la universidad".

Afirma que le reprochó al obispo "que existe el peligro, por tu parte, de causar un gran escándalo y una gran división, por lo tanto, vengo a entregarte la universidad". Mendoza añade que "solamente le solicité que me indemnizara de una manera justa porque nosotros hemos hecho grandes inversiones y todo el patrimonio de mi familia está metido ahí".

Según ha podido saber "La Opinión", José Luis Mendoza habría pedido a Reig Plà 30 millones de euros por la UCAM. El presidente de la Universidad Católica y de la Fundación San Antonio asegura que el prelado le dijo que "lo único que quería era poner orden en el desorden que habían originado los tres obispos anteriores", a lo que Mendoza le contestó que "esta universidad la he creado yo y es iniciativa mía, si los tres obispos anteriores han respetado la titularidad y no han puesto obstáculos, no entiendo por qué tú reclamas ahora la titularidad".

Agrega que "no sé quién habrá asesorado al obispo, pero me sorprendió cuando me llamó Rouco y me dijo que el obispo no aceptaba el informe de los servicios jurídicos de la Conferencia Episcopal Española".

Ante la suspensión del acto de apertura del curso académico 2008-2009, José Luis Mendoza subraya que "el obispo no ha permitido que vengan" las autoridades que estaban invitadas, "un hecho insólito y lamentable sin precedentes".

Mendoza insiste en que "Reig Plà tiene un cargo honorífico en la UCAM de gran canciller, como lo han sido antes Manuel Ureña, Antonio Cañizares o Javier Azagra, pero no es un cargo ejecutivo.

El único representante legal de la Universidad soy yo, por lo que me sorprende el comportamiento del obispo, ya que la Diócesis de Cartagena no tiene ninguna responsabilidad civil, directa o subsidiaria sobre la UCAM".

Cuestión de estatutos

«Para evitar un escándalo, le ofrecí al obispo que se quedara con la Universidad Católica, a cambio de que se me indemnizara por todas las inversiones realizadas a cargo de mi patrimonio personal y familiar», manifestó a "La Verdad" el presidente de la Fundación San Antonio, José Luis Mendoza.

Añadió que había testigos que pueden corroborar su versión, según la cual monseñor Reig Pla «dijo que no quería la UCAM, sino poner orden en un supuesto desorden de los obispos anteriores, y luego devolvérmela a mí». Mendoza se remitió de esta forma al origen del conflicto sobre la titularidad de la Universidad Católica, hace más de un año.

Ante la nota de la Diócesis del pasado viernes, Mendoza sostiene que los estatutos de la UCAM «son perfectamente válidos porque la Fundación está legitimada para modificarlos».

«No sé por qué el señor obispo dice eso, ya que la Diócesis no tiene entre sus cometidos sancionarlos. El único obispo que lo hizo fue Antonio Cañizares. Fue a petición personal mía en el año 2003, como respaldo moral. No era necesario porque el artículo 3.3 de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae no lo exige. Después se produjo otra modificación, el año pasado, porque lo exigía la Ley de Reforma Universitaria. Le presenté al obispo los estatutos el día 1 de junio y me contestó que no le interesaban. Que él sólo quería ir como pastor a la UCAM. Una semana después, me llamó y dijo que no los aceptaba apelando a sus informes y a su conciencia».

Niega que la Diócesis se haya visto relegada o haya perdido prerrogativas en la Universidad Católica, como argumenta Reig Pla. «Tampoco sé por qué dice eso. No lo entiendo. Esta situación está beneficiando a los enemigos de la Iglesia y generando una gran confusión. Cuando se produjo el conflicto, el propio obispo pidió que los servicios jurídicos de la Conferencia Episcopal analizaran el problema y decidieran, pero luego no aceptó las conclusiones. Después convinimos que se pronunciara el Vaticano, que volvió a darle la razón a la Fundación San Antonio. Creemos que ya no es cuestión de conciencia, sino de hechos», manifestó Mendoza.

«Está mal aconsejado»

Sobre la suspensión del acto de apertura del curso académico, decidida por la Fundación, Mendoza insiste en que tiene plena autoridad para hacerlo. «El comunicado que respaldó esta decisión fue una iniciativa del Consejo de Gobierno y el Claustro de Directores. Nadie se ha visto arrastrado. Yo no he movilizado a nadie contra el obispo. Todo lo contrario, en varias ocasiones he frenado intentos en este sentido y me he negado a que los profesores y el personal no docente salieran públicamente por respeto al obispo. En esta ocasión, no he querido meterme y he dejado al Claustro que hiciera lo que creyera conveniente. Nadie entiende que, en un acto programado y confirmado desde hace un mes, no se permita que los prelados acudan».

El presidente de la Fundación San Antonio cree que el obispo «está mal aconsejado en este asunto». «Monseñor Reig Pla es un buen obispo, es un gran defensor de la familia y tienen un don de predicación muy grande, pero en este asunto pensamos que está desencaminado. Nosotros hemos contado con los principales expertos y asesores jurídicos, entre ellos el cardenal Rouco Varela y Mariano López Alarcón. Nos desorienta totalmente que, en su tercer año al frente de la Diócesis, el obispo diga ahora que la titularidad de la Universidad Católica es suya. Le tengo un profundo respeto a monseñor Reig Pla pero la Diócesis no es propietaria de la UCAM. No veo prudente que en esta cuestión desdiga y desautorice lo que han hecho y decidido los obispos anteriores. Esto es muy doloroso y está causando un gran daño a la Universidad Católica».

Concluyó con que los profesores, los trabajadores, padres y alumnos de la UCAM «necesitan tranquilidad».

Defensa de la Diócesis

«Don Juan Antonio Reig Pla no tiene ningún interés personal por la titularidad de la Universidad Católica, sólo le guía defender a la Diócesis de Cartagena», manifestó a La Verdad una fuente muy próxima al obispo, que prefiere que no figure su nombre. Este sacerdote explicó que Reig Pla «dispone de suficiente documentación para demostrar todo lo que ha dicho, tal como anunció en el comunicado oficial del pasado viernes. Me ciño a ese escrito que permitirá aclarar totalmente esta cuestión».

A la pregunta de por qué los tres obispos anteriores -Javier Azagra, Antonio Cañizares y Manuel Ureña- han sostenido por escrito que la propiedad y titularidad de la UCAM corresponde a la Fundación San Antonio del fiel laico José Luis Mendoza, esta fuente del Obispado contestó: «No opino sobre lo que pensaban los obispos anteriores. Sólo digo que ellos tienen unos documentos firmados que están ahí. No añado más. Es comprobable que estos documentos están a favor de la postura de la Diócesis. Según estos escritos, uno de los obispos preguntó por dos veces si la titularidad y la responsabilidad de la Universidad Católica es de la Diócesis, y por dos veces se le dijo que sí».

La carta de Bertone

Esta fuente muy cercana a Reig Pla explicó que la Universidad Católica de Murcia se creó al amparo del artículo 3.1 de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, según el cual la titularidad corresponde a la Iglesia. «Después se cambió al artículo 3.3 [dicha titularidad se atribuye a un fiel laico], pero no se sabe dónde están los documentos que justifiquen esa modificación», explicó a este diario.

El interés del obispo por aclarar lo relativo a la UCAM atañe también «a las posibles responsabilidades a las que tuviera que hacer frente si hubiera algún problema financiero».

«Nadie lo asegura», puntualizó. Ante la carta del secretario de Estado del Vaticano, cardenal Bertone, de que la titularidad corresponde a la Fundación de Mendoza y que la Diócesis no es responsable económicamente, la misma fuente señala que «el cardenal Bertone envió esa carta sin tener ninguna información de nuestro obispo. Tenía datos muy parciales. Ahora tiene toda la información».

Indicó que no tenía datos para opinar sobre la gestión de la UCAM por parte de la Fundación. «Sí tengo el convencimeinto moral de que la UCAM es de la Diócesis. Eso está respaldado por el propio Estado».

Sobre la nota del Claustro criticando al obispo por no permitir la visita de otros prelados, contestó que «es muy extraño que en una organización tan grande no haya voces discrepantes».

Reig citado en Nunciatura

Los extremos a los que ha llegado el conflicto por la titularidad y propiedad de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) han llevado al nuncio apostólico de la Santa Sede en España, Manuel Monteiro de Castro, a citar con carácter de urgencia al obispo de la Dióceis de Cartagena, Juan Antonio Reig Pla. La reunión se produjo ayer en Madrid, según han informado varias fuentes, si bien el Obispado no ha dado su versión.

El propio Reig Pla anunció el viernes pasado -en su segundo comunicado- que «ha instado y está a la espera de las indicaciones de la Santa Sede», lo cual no le impide «poner en marcha las acciones pertinentes para hacer cumplir las leyes de la Iglesia».

El objetivo del encuentro puede haber sido transmitir tales instrucciones para tratar de apaciguar la disputa entre el Obispado y la Fundación San Antonio que preside José Luis Mendoza.

El cruce de comunicados de la semana pasada, originado por la suspensión del acto de inauguración de curso de la UCAM, ha alcanzado tal punto de controversia que las autoridades del Vaticano quieren dar por zanjado el asunto lo antes posible.

Monseñor Reig Pla ha suspendido algunos actos que tenía previstos, entre ellos la conmemoración del centenario de la iglesia de Roche, el pasado domingo.

Fuentes eclesiásticas explicaron ayer que el nuncio apostólico y el arzobispo metropolitano son superiores jerárquicos del obispo de Cartagena, al margen de la jurisdicción que éste tiene sobre su propia Diócesis, en la que no se pueden inmiscuir otros prelados.

Desde que surgió el conflicto hace un año, Manuel Monteiro de Castro ha intervenido en varias ocasiones, alguna de ellas por carta, para trasladarle a Reig Pla la posición del Vaticano sobre el problema de la titularidad de la UCAM. Se hizo al menos en cuatro ocasiones y por diversos conductos.

En una de éstas, el nuncio le comunicó al obispo el contenido de la carta del secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Bertone, que con el conocimiento del Papa le daba la razón a la Fundación San Antonio, a la vez que dejaba claro que el Obispado de Cartagena no tenía ninguna responsabilidad sobre cualquier quebranto económico que le pudiera acaecer a la Universidad Católica.

Monseñor Reig Pla, en su último comunicado del viernes, señaló que «la carta de la secretaría de Estado del fecha 25 de abril de 2008 se basa en una mente o voluntad circunstancial, y fue redactada a la vista de un conjunto de docuementos que fueron proporcionados por la Fundación San Antonio, sin refrendo alguno ni validación por estye Obispado».

Añadió Reig Pla que había realizado «una ardua investigación» para demostrar documentalmente, ante cualquier autoridad legítima, la potestad de la Diócesis sobre la UCAM. Explicó que se han mantenido una reuniones personales ante el secretario de Estado, la Congregación para la Educación catòlica, el Pontificio Consejo para la Interpretación de los Textos Legislativos y el arzobispo metropolitano.