viernes, 23 de mayo de 2008

Jara afirma que el escándalo del caso ´Totem´ se habría evitado con la dimisión de Martínez Andreo

MURCIA.- El portavoz del PSRM-PSOE y viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Ramón Jara, afirmó hoy en rueda de prensa que "el escándalo del caso 'Totem' se habría evitado si el señor Martínez Andreo hubiera dimitido en su momento como pedimos".

Tras levantarse el secreto del sumario, donde han aparecido informaciones, a su juicio, "bastante preocupantes que demuestran que lo que ha ocurrido en Totana es un asunto, por desgracia, verdaderamente grave y preocupante".

Añadió que las declaraciones de los jueces que aparecen en el sumario son "verdaderamente graves y demuestran que ha habido prevaricación, cohecho e intento de apropiación indebida, no solamente por parte del señor Morales, sino también de algunos otros".

"Desde el Partido Socialista somos absolutamente respetuosos con la Justicia porque confiamos en ella, sabemos que hará un buen trabajo y se esclarecerá toda la verdad", añadió Jara.

Por otra parte, según el portavoz socialista, "el Gobierno regional perdió la oportunidad excelente de estar callado cuando en diciembre salió defendiendo a capa y espada la honestidad y la trasparencia del señor Martínez Andreo" a lo que añadió que a su juicio "debía haberse callado y dejar que fueran los jueces los que hablaran en su momento".

Para concluir, Jara quiso manifestar su respeto a los jueces, ya que "demuestran que trabajan bien, como no puede ser de otra manera; y al final, se sabrá toda la verdad y cada uno quedará donde tiene que quedar".

Antonio Montoro abandona el rectorado de la UCAM tras años de tensiones y humillación

MURCIA.- Antonio Montoro Fraguas, rector de la Universidad Católica "San Antonio", de Murcia, desde enero de 1998, ha cesado hoy en su cargo "a petición propia y por motivos de salud", según un comunicado de la propia UCAM. El interesado, en cambio, no ha emitido su versión sobre este cese a solo un mes de finalizar el presente curso académico y anunciado de manera sorpresiva y de forma imprevista esta tarde.

El presidente de la Fundación "San Antonio", entidad gestora de la UCAM, José Luis Mendoza, y el Consejo de Gobierno, "en virtud de los servicios prestados y su fiel colaboración para el desarrollo y consolidación" de esta universidad desde su nombramiento como rector, ha resuelto concederle el nombramiento de Rector Honorario, reza también la citada nota oficial de la UCAM.

Sin embargo, según otras fuentes, Antonio Montoro, ex profesor de la Facultad de Derecho de la UMU y miembro supernumerario del Opus Dei, se marcha por fuertes discrepancias con la más reciente estrategia de Mendoza desde el punto de vista académico. Y harto de que las decisiones del presidente de la Fundación "San Antonio" se entrometiesen en sus responsabilidades como rector "hasta la humillación frecuente".

Ya hubo un conato de cese hace pocos años pero no se materializó al ceder Montoro a las exigencias de Mendoza en aquel momento pese a que el segundo llegó a propagar oficiosamente este extremo. Ahora es muy posible que Montoro no haya pasado por el aro y "ante la que se avecina en los tribunales civiles, decida marcharse para evitar más complicidades no deseadas".

El contencioso con el obispo Reig Pla parece haber sido la gota que hoy ha colmado el vaso ante "los métodos sin escrúpulos utilizados por el cartagenero para tratar de imponer sus intereses frente a los de la Diócesis", utilizando incluso la figura del Papa como arma arrojadiza en su disputa con la jerarquía, hasta intentando dividir a la comunidad católica murciana frente a su pastor.

También, las reservas ahora del gobierno autónomo, cuyas relaciones eran responsabilidad oficiosa de Montoro, respecto a las pretensiones de Mendoza de montar una Facultad de Medicina en Cartagena, "han terminado por dinamitar unas relaciones personales entre ambos, que han venido conociendo altibajos y lunas de miel sucesivamente" aunque mucho más lo primero que lo segundo en los últimos tiempos, "hasta atentar contra la dignidad de la persona".

Pero también es cierto que el estado de salud de Antonio Montoro hacía aconsejable desde hace tiempo una jubilación anticipada a los 60 años a tenor de las crisis que ha venido padeciendo desde que ocupaba este cargo, entre otras razones, "por las tensiones que le originaba la estrecha convivencia diaria con Mendoza".

El abandono de Montoro, sea por la razón que fuere, debilita ahora en el entorno social la posición moralmente insostenible del único "dueño y señor" de esta universidad erigida en nombre de la Iglesia Católica pero que, según el laudo del secretario de Estado Vaticano, Tarsizio Bertone, tiene por titular a un laico.

La CAM emitirá cuotas participativas por el 7,5% del excedente de libre disposición

MURCIA.- Caja Mediterráneo emitirá cuotas participativas por valor de un 7,5% del excedente de libre disposición de la caja, después de la aprobación por parte del Consejo de Administración de la entidad reunido en Murcia, según indicaron en un comunicado fuentes de la entidad financiera.

De este modo, la CAM se convertirá en la primera entidad que se capitalice mediante este instrumento financiero, bajo el control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), instancia que ahora deberá aprobar la decisión de la entidad, resaltaron las mismas fuentes.

La emisión acordada «está dentro de los criterios previamente aprobados por la Asamblea General», aseguraron, pues «no supera el límite máximo inicial autorizado del 20% del excedente de libre disposición de la caja y su ejecución se producirá dentro del plazo de tres años otorgado el pasado 14 de diciembre».

En este sentido, fuentes cercanas a la entidad avanzaron que, como en otras ocasiones, podría ser este mismo verano.

La aprobación incluye el acuerdo alcanzado sobre las principales magnitudes de la operación. La emisión representará un 7,5% del excedente de libre disposición de la caja, que vendría a ser «algo similar a los beneficios finales, que hasta ahora se repartían entre Obra Social y reserva, mientras que ahora entra un tercer elemento».

Fuentes cercanas al Consejo de Administración indicaron que «la cantidad que la caja destinará a cuotas participativas se sabrá en el momento de la emisión».

Además, la oferta contempla tres tramos: uno para inversores institucionales, otro para inversores particulares y un tercero para los empleados de Caja Mediterráneo. La operación se realizará mediante una única emisión, con obligación explícita de amortización en caso de que se produjese alguna modificación de la normativa vigente que propusiera conferir derechos políticos a las cuotas participativas emitidas.

El director general de la entidad, Roberto López Abad, consideró que «hoy es un día muy importante para CAM porque «más allá del importe de la emisión que supone esta operación, hemos abierto la vía que nos permite competir en total igualdad de condiciones con el resto de entidades financieras».

Ahora, podrán «acudir al mercado para reforzar nuestros recursos propios cuando lo consideremos oportuno para acometer los proyectos previstos en nuestra estrategia y planes de negocio», añadió.

Abad resaltó que «la primera emisión de cuotas participativas del mercado es un hito que garantiza la continuidad del modelo fundacional de la caja, abriendo a los inversores de renta variable la posibilidad de participar en un modelo de negocio muy atractivo, tanto por su rentabilidad y eficiencia en lo financiero como por su espíritu social último».

Esta emisión «persigue reforzar los recursos propios de la caja, con el objetivo de acometer los proyectos previstos en la estrategia de la entidad para los próximos años». Estos proyectos previstos prevén la expansión internacional de la entidad que acudirá capitalizada a otros mercados, por los que ya ha mostrado interés, como América Latina, Este de Europa, Marruecos y Londres, e incluso en EEUU.

Jara: "Mendoza mintió cuando dijo que la ANECA había dado el visto bueno a Medicina"

MURCIA.- El portavoz del PSRM-PSOE y diputado regional, José Ramón Jara, afirma que Mendoza "mintió cuando dijo que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad Académica (ANECA) había dado el visto bueno a Medicina", según informó hoy en rueda de prensa tras conocerse el informe desfavorable de dicho organismo.

A lo que añadió que "los reparos puestos a Arquitectura y Medicina son de calado, y responden, por otra parte, a lo que todos los expertos opinaban al respecto".

Dicho esto, el portavoz socialista opinó que las declaraciones del señor Mendoza acusando a la ANECA de aceptar presiones, y al PSOE de Murcia y a otras organizaciones murcianas de influir para que no se le aprobaran estas dos titulaciones, son "temerarias y casi enfermizas".

Y añadió que "el señor Mendoza debe presentar pruebas de esa calumnia o retirarlas inmediatamente, porque no puede acusarnos a los demás de sus propios errores".

"Ya está bien de que el señor Mendoza dispare a todo el que se mueve, a todo el que no acepta dócilmente, lo que a él, y no a la UCAM, le conviene, sea el señor Obispo, sea el PSOE, sea la Universidad de Murcia, o sea quien sea", apuntó.

Para Jara, paralizar las obras de su campus en Cartagena es "una nueva 'bravuconada' del señor Mendoza", ya que según el diputado regional socialista, "no puede paralizar lo que nunca comenzó, porque esas obras no pueden hacerse aún, puesto que el Ayuntamiento de Cartagena todavía no ha accedido a la recalificación de los terrenos y, por tanto, tampoco ha dado licencia de obras".

Jara matizó que "honestamente confiamos en que no lo haga, porque ahí también se esconde un negocio urbanístico de las empresas del señor Mendoza, propietarias, en un 90%, de esos terrenos", por lo que "el intento de ubicar una Facultad de Medicina de la UCAM en Cartagena podría no ser más que la excusa noble para un pelotazo impresionante que genera plusvalías multimillonarias a un señor que tiene nombre y apellidos".

Por su parte, Jara quiso dejar claro que "el PSRM-PSOE no sólo no tiene nada en contra de la UCAM, sino que apoya su existencia y le desea un futuro lleno de éxitos y que se convierta, si es posible, en una gran universidad católica de calidad".

"El PSOE apoya a sus profesores, a sus estudiantes y al órgano que la erigió, la Diócesis de Cartagena. Lo que no puede apoyar nunca, porque va en contra de los intereses de todos, es un proyecto personal y megalómano del señor Mendoza, que intenta morder incluso la mano que le dio de comer, que niega la titularidad al Obispado, cuando la UCAM no puede ser otra cosa, porque así lo dice la legislación español", defendió Jara.

En esta línea, quiso enfatizar que "si el señor Mendoza tuviera razón, estaríamos ante el único caso en el mundo de una universidad creada por la Iglesia pero que no es de la Iglesia".

En este sentido, reconoció que ya saben que "la propiedad de los bienes de esa Universidad es de las empresas del señor Mendoza y, en una pequeña parte, de la fundación educativa que él preside. Nos parece inmoral esa situación, aunque sea legal".

"Lo que no es legal es que se asigne también la titularidad, que pretenda dejar al Obispado fuera de la UCAM", insistió Jara, y le recordó a Mendoza que "en España imperan las leyes españolas, no las de Roma".

Para los socialistas, la coherencia del sistema universitario regional, la seguridad de los alumnos matriculados en la UCAM y la formación de los futuros profesionales "es más importante que los negocios del señor Mendoza". Por ello, Jara insistió en que "nadie está intentando obstaculizar a la UCAM; todo lo contrario".

"Ya está bien de intentar confundir los intereses públicos con los privados. Y los intereses del señor Mendoza y de sus empresas pueden ser legítimos, pero son privados", remarcó Jara.

En este sentido, diferenció los intereses públicos, "que defiende el Obispado: la práctica totalidad de los universitarios murcianos requieren de una Universidad Católica de titularidad indiscutible del Obispado, respetuosa de la legalidad vigente, de altísima calidad y plenamente competitiva" y "todo lo demás son chapuzas y huidas hacia delante, que ponen en peligro la formación y los propios títulos de los estudiantes que ahí se matriculen".

Pedro Saura se muestra «respetuoso» con la candidatura alternativa de los críticos

MURCIA.- Saura expresa su «respeto» a la decisión de Mármol afirmando: «Voy a ser muy elegante con mis compañeros y amigos».

El secretario general saliente del PSRM y hasta ayer único candidato a liderar el partido tras la cita congresual de julio, apostó así por una relación cordial entre los candidatos, remarcando su voluntad de que se dé «un debate amplio y profundo sobre ideas, conceptos y estrategias».

Sobre la condición de Mármol de diputado nacional, similar a la de Saura cuando accedió hace cuatro años a la Secretaría General y que fue utilizada para criticar su escasa presencia sobre el terreno, Saura no quiso pronunciarse.

Pero sí respecto de la aparente paradoja de que uno de los privilegiados en estar entre los escasos puestos con opciones en las pasadas elecciones generales -Mármol fue número 2- esté ahora encabezando la alternativa a la dirección. Para Saura esto demuestra que «esta dirección ha dado oportunidades a todo el mundo».

La presentación de la ponencia marco que realizó Pedro Saura volvió a pivotar en su manido concepto de «murcianismo exigente», ratificando su decisión de mantener el rol de conseguidor en la relación con el Gobierno central.

El programa que defenderá Saura en el Congreso es el de un «murcianismo cívico, social, modernizador y exigente».

Cívico por su apuesta por «la ética, la participación y la transparencia»; social para situar al Partido Socialista como referente en la «extensión de la solidaridad y la igualdad de oportunidades»; modernizador en pro de la «prosperidad»; y exigente en «reivindicar de forma racional» frente a la actuación del PP actual y durante la etapa Aznar, que juzga de «victimismo estéril y sumisión», respectivamente.

Entre los réditos que espera cosechar con esta posición, Saura citó la llegada del «ferrocarril moderno» y la «consolidación» del trasvase Tajo-Segura.

Además, incidió en la defensa del «municipalismo», pues recordó Murcia es una provincia con municipios «óptimos» -es la que menor número tiene- como para «ser referente en la segunda descentralización».

Saura confirmó que la misión de localizar diferencias con la línea política fracasa la legislatura pasada es inviable. «Continuaremos y profundizaremos en las reformas iniciadas», remarcó.

por su parte, María González, líder de las JJ SS en la Región de Murcia, aseguró que en el congreso del PSRM serán «muy exigentes en los cambios que hay que hacer, sabemos lo que han dicho los electores»

¿Marioneta sin bendiciones?

Antes de tirarse a la piscina, Javier Mármol quiso comprobar si podía disponer de algún flotador. En el Congreso de los Diputados consultó con el número dos de José Blanco, secretario de Organización del PSOE, cómo veía él la aventura. La respuesta fue nítida: suicida, según cuenta "La Verdad".

Su interlocutor le aclaró que la ejecutiva federal respalda la reelección de Pedro Saura, le pidió prudencia y que no se embarcara en un proyecto con escasas posibilidades de éxito y que podía truncar de forma definitiva su carrera política.

Cuentan en el partido que, tras esta entrevista, Mármol regresó de Madrid abatido, pero tras recibir apoyo y ánimos de sus más allegados del sector crítico decidió que el que no se arriesga no gana.

El que será su contrincante, Pedro Saura, ofreció una respuesta conciliadora cuando fue preguntado por el candidato de los críticos, pero otros miembros de su equipo no se muestran tan comedidos.

«Para nosotros es un buen candidato -indica un fiel saurista-, porque podían haber presentado a alguien de más peso; lo que nos lleva a preguntarnos quién será realmente el que maneje la candidatura, porque no parece que él tenga entidad para ello».

El argumento de la marioneta está en boca de los principales líderes del sector oficial.

Ponencia-marco

Por otra parte, Saura insta a abrir un profundo debate ideológico dentro del partido y explica que la ponencia-marco que se debatirá en el XIII Congreso de los socialistas murcianos tiene como objetivo "ser útiles a la sociedad murciana y representar los intereses mayoritarios de los ciudadanos".

Saura considera que "ahora es un buen momento para debatir", y que el debate sobre las ideas tiene que ser "amplio, profundo y participativo".

El dirigente socialista habla de la necesidad de "transmitir un mensaje realista, pues queremos un partido central en la sociedad murciana desde los valores y los principios de la izquierda democrática, y que dé respuesta a los retos que tiene la Región".

Hay tres cuestiones que, a juicio de Saura, son las más importantes de la ponencia-marco: la apuesta por un murcianismo cívico, social, modernizador y exigente, las propuestas para hacer frente a la crisis económica, y la apuesta por el municipalismo




Implicados en la negociación de una comisión de 3,6 millones de euros confiesan que Morales estaba detrás

MURCIA.- Si el sumario judicial instruido con motivo de la Operación Tótem es una especie de cuerda en torno a la garganta del ex alcalde de Totana Juan Morales, bien podría decirse que cada declaración prestada ante la juez por los presuntos implicados ha contribuido a ir apretando el nudo. Ni en sus amigos más íntimos ha hallado respaldo.

Las diligencias sobre este asunto de corrupción urbanística, que están en poder de "La Verdad", demuestran que la gran mayoría de los sospechosos de participar en la negociación de comisiones multimillonarias han acabado implicando al actual diputado regional del Grupo Mixto.

Incluso Gabriel Martínez, director ejecutivo de Huevos Maryper, hombre de su absoluta confianza y uno de los más activos participantes, según las citadas diligencias, en la negociación de un cobro de 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas). También él, su amigo del alma, su compañero de andanzas, ha confesado que fue Morales quien exigió llevarse su parte del pastel por facilitar una recalificación urbanística.

Según se desprende de la investigación judicial, y así lo recoge la juez de Instrucción número 1 de Totana, María Asunción Navarro, el entonces alcalde de Totana, Juan Morales, habría visto la oportunidad de hacer un buen negocio en el año 2006, cuando intermediarios de la firma gallega Inmonuar S.L. empezaron a buscar terrenos en el municipio para construir una urbanización.

La superficie que despertó el interés de la promotora se situaba en el paraje conocido como El Raiguero (en la imagen), tenía una superficie de unos 2,2 millones de metros cuadrados y, aunque estaba calificada como no urbanizable, el alcalde se habría ofrecido para impulsar el cambio de calificación, además de para favorecer la venta de los terrenos a la promotora gallega por parte de sus entonces propietarios.

A cambio, siempre según la juez, Morales habría solicitado la tercera parte de una comisión de 3,6 millones de euros (las otras dos terceras partes habría ido destinadas a los intermediario y a su amigo Gabriel Martínez, también implicado en la operación).

No fue el único intento de cobrar una comisión por parte del alcalde totanero, quien supuestamente habría reclamado a los dueños de los terrenos un pago de dos millones de euros (unos 332 millones de pesetas), por gestionar la venta con el grupo gallego.

Para asegurarse el pago les habría hecho firmar un contrato de gestión inmobiliaria, en el que figuraba como beneficiaria la ex mujer de Morales, María del Carmen Jordán. este documento está en poder de los investigadores.

En resumen, que Morales no habría tenido empacho en jugar incluso a dos bandas.

Por lo que se refiere a las negociaciones con Inmonuar S.L. y su propietario, Manuel Núñez Arias, la investigación ha determinado que a mediados del 2006 hubo una reunión en el Ayuntamiento de Totana en la que, además del alcalde, habrían participado los intermediarios José Antonio Alcántara y Joaquín Carmona, así como Gabriel Martínez.

Éste último ha confesado ante la juez que fue allí cuando su amigo Morales «directamente solicitó la comisión», según se recoge en el sumario.

Con ser ya comprometido este testimonio, el problema de Morales es que el resto de los implicados tampoco le han salvado la cara. Así, Carmona ha dado detalles a la juez de que el alcalde había pedido participar en el reparto de la comisión y que había reclamado que se hiciesen tres partes. Y el propio promotor, Manuel Núñez, y su representante, Pablo Maceira, han confesado que Morales les pidió dinero a través del intermedio Emiliano Ovide.

Por si esto no era suficiente, otros dos vecinos de Totana, Manuel C. y Raquel V., han declarado que el mismo Emiliano Vigil les contó la exigencia de Morales de llevarse una comisión por la recalificación de terrenos.

Ante tamañas imputaciones, el actual parlamentario regional se limitó en su declaración en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a encogerse de hombros. Dijo que no podía responder por las palabras de los demás y negó «rotundamente» en una decena de ocasiones haber reclamado comisión alguna.

Sin embargo, otro dato que le incrimina, y para el que no encontró argumento coherente que lo explicase, es el hecho de que tuviese en su poder dos copias del documento de reconocimiento de deuda, por importe de 3,6 millones de euros, que Inmonuar firmó en favor de la sociedad Nubia Inversiones S.L., controlada por Carmona.

Éste era el método supuestamente ideado para que ni Morales ni el resto figurasen como perceptores de la citada comisión.

Aunque Morales respondió, a preguntas del fiscal, que ese documento estaba incluido en el expediente del plan parcial de El Raiguero, y que él se llevaba a casa copias de todos los planes parciales «por precaución», no supo explicar por qué un documento privado de reconocimiento de deuda estaba en un expediente municipal.

Hasta tal punto se fue enredando Morales en sus respuestas que el propio magistrado instructor del TSJ, Julián Pérez Templado, se permitió recordarle que tenía derecho a no declarar, pero que lo que estaba diciendo «no está claro». O lo que es lo mismo, que le era preferible callar antes que dar explicaciones poco coherentes.

Uno de los hechos más curiosos recogidos en el sumario es la presunta conversación a cuatro bandas que Morales habría organizado, junto a varios intermediarios, para evitar ser quien negociase directamente la multimillonaria comisión con el promotor Nuñez Arias.

De esta forma, Morales le transmitía las indicaciones a su amigo Gabriel Martínez, quien a su vez las pasaba por teléfono a los intermediarios Carmona y Alcántara, que estaban reunidos en un coche con Pablo Maceira, hombre de confianza de Núñez Arias.

Éste era quien finalmente hacía llegar las exigencias al promotor gallego, también vía telefónica. Una precaución que parece haberle servido de poco.

El parto de los montes o la alternativa de la Plataforma / Juan Redondo

Saura ha perdido dos elecciones como secretario general y puede ser una remora para el futuro del partido según los críticos socialistas, pero los populares murcianos, que están mirando a Madrid con los dos ojos y la parabólica puesta por su avispero nacional, están más contentos que un día de fiesta con la cara del cartel que ha presentado la Plataforma Alternativa del PSRM de cara al próximo congreso regional.

“Estos están peor que los nuestros en Madrid”, comenta un dirigente regional del PP. Sus preocupaciones profundas por la llegada de González Tovar a la Delegación del Gobierno se ha compensado con el anuncio de que si los militantes socialistas tumban a Saura el recambio será Javier Mármol. De la noche a la mañana, los “peperos” han pasado de ser “antisauristas” a “marmolistas” y aseguran que el joven diputado nacional sería un gran secretario general del PSRM.

El esfuerzo de los jóvenes cachorros socialistas “anti Saura”, tututeleados por su hermanos mayores ha sido largo y muy debatido. Se han sacado el candidato de la chistera cuando las agrupaciones locales están terminando de elegir delegados y parece que por descarte le ha tocado a Javier Mármol, porque la otra alternativa, la del concejal de Águilas era todavía menos fuerte.

En el camino se han quedado Marcos Ros, Víctor Meseguer, Joaquín López, y un largo etcétera porque la propuesta “ha sido aprobada entre más de una decena de aspirantes”. Marmol pertecenece a esa generación de concejales que han visto como su trabajo en la oposición no ha calado en los ciudadanos. En las pasadas municipales no consiguió sillón en el Ayuntamiento de Murcia a pesas de ir en puestos de teórica salida.

Es secretario de Economía de la Ejecutiva Regional y ocupó el número dos al Congreso en una decisión sorprendente de Pedro Saura. Vamos que es corresponsable de la gestión de la Ejecutiva, de los resultados municipales y generales.

Sería una maldad decir que ha sido un desleal con Saura, o que es un “títere” de Ortiz, Amat y Navarro. Es simplemente la nueva cara oficial de la alternativa de los socialistas murcianos al actual secretario general. El congreso regional de julio está abierto y dicen que Saura no duerme por las noches.

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Javier Mármol liderará a los críticos en el congreso del PSRM

MURCIA.- Los concejales y militantes englobados en el 'Nuevo proyecto socialista' ya tienen un cabeza de lista que se enfrentará al secretario general, Pedro Saura, en el congreso regional que se celebrará en junio en Murcia: el diputado en el Congreso Javier Mármol, quien fue elegido por los 18 concejales y los militantes jóvenes que el pasado 3 de mayo hicieron públicas sus críticas a la gestión de la Ejecutiva regional, según "La Opinión".

De esta forma, este grupo de concejales de los ayuntamientos de Murcia, Cartagena y Lorca, entre los que se encuentran Marcos Ros, Marisol Sánchez Jódar, José Zapata, José Manuel Abellán y Juan Luis Martínez entre otros, han optado por un miembro de su generación, ya que todos están en torno a la treintena de edad, para liderar un plantel que pide la renovación de las estructuras del partido y de la propia estrategia. Estos jóvenes hacen hincapié en que su intención es superar las tradicionales divisiones entre las agrupaciones.

Después de varias semanas de dudas y conversaciones, Javier Mármol ha decidido dar un paso adelante y encabezar la lista alternativa. Sus amistades le definen como alguien «reflexivo, que quiere representar a toda la organización y que puede cambiar la actual dinámica perdedora».

Él no estaba entre los integrantes del Nuevo Proyecto Socialista que se presentaron en público el pasado 3 de mayo, pero sus buenas relaciones con algunos de ellos, su afán de mejorar el partido y algunas dosis de ambición le han llevado a la primera línea del conflicto que el PSOE murciano vive desde del fracaso de las pasadas elecciones generales.

Desde mayo del pasado año, en que dejo de ser concejal en Murcia, y hasta que tomó posesión de su escaño en la Cámara Baja en marzo pasado, Mármol estuvo en nómina del partido como asesor, algo a lo que tuvo que darle el visto bueno el todavía secretario general.

Su nombre surgió tras la negativa de otros dirigentes más curtidos y veteranos a asumir un papel con final incierto, e incluso levantó algún rechazo entre determinados miembros del sector crítico.

Este colectivo opositor, que ha creado en internet el blog http://nuevoproyectosocialista.blogspot.com para intercambiar ideas, espera recabar los apoyos de una mayoría de los delegados de las diferentes agrupaciones, pasando por encima de las divisiones en el partido, basadas según ellos en viejas rencillas de las que son ajenos. En este sentido, aseguran que por su edad no han participado en las luchas cainitas del pasado.

Javier Mármol es secretario general de la Agrupación Socialista de Sangonera la Verde y también forma parte de la actual Ejecutiva regional donde ocupa la Secretaria de Política Económica y Empleo.

En la anterior legislatura fue nombrado concejal en el Ayuntamiento de Murcia en el año 2004 en sustitución de Raimundo Benzal y en las últimas elecciones municipales a lista del PSOE no alcanzó los ediles suficientes para revalidar el cargo.

Su fichaje como segundo cabeza de lista para las generales fue una sorpresa aunque se entendió como una apuesta por un relevo generacional acompañando al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

En las últimas semanas se habían barajado otros nombres como el del concejal de Águilas, Tomás Consentino, que sonó como otro de las alternativas para encabezar el movimiento que encabezan dieciocho concejales socialistas de la Región y una veintena de militantanes, según "El Faro".

A nadie se le escapa que otros críticos de Saura como Ramón Ortiz, Víctor Meseguer, Enrique Amat o Alfonso Navarro apoyarán una lista en el Congreso que se celebrará en julio para derrocar a Saura.

La confirmación oficial se hará en los próximas días y ahora continuan las asambleas locales para elegir a los delegados de los congresos.

Campaña entre delegados

El colectivo de militantes y cargos del PSRM-PSOE englobados en la alternativa 'Nuevo proyecto socialista' que encabeza el diputado en el Congreso Javier Mármol hará campaña entre los delegados que se elijan en las asambleas de las diferentes agrupaciones para tratar de alcanzar la mayoría, según confirmó el concejal del ayuntamiento de Murcia, José Manuel Abellán, quien ejerce de portavoz del colectivo crítico con la gestión del actual secretario general, Pedro Saura.

"El cambio sociológico que se ha vivido en la Región de Murcia hace que todo se haya modificado, pues ahora mismo no se puede decir que los votos son de uno o de otro. Cada uno de los delegados tiene la suficiente autonomía como para valorar a los candidatos. No estamos en la época en la que se votaba por delegación, sino que el cambio sociológico hace que cada uno vote a conciencia y de forma libre sobre el futuro del partido en la Región de Murcia", explica Abellán en "La Opinión", quien junto al también concejal Marcos Ros es una de las caras que ha aparecido en los medios de comunicación como miembros de la oposición a Pedro Saura.

En este sentido, las agrupaciones socialistas de Vistalegre (11 delegados, cuyo secretario general es el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Rafael González Tovar); La Aljufía (8 delegados, con Francisco Javier Oñate de secretario general); Barrio del Carmen (11 delegados, con Alfonso Navarro de secretario general); Sangonera la Verde (3, con Javier Mármol); y Molina de Segura (6) eligieron ayer a los representantes que acudirán al congreso ordinario en el que Pedro Saura o Javier Mármol (hasta ahora son los únicos candidatos) se harán con el poder en el partido.

Según fuentes del PSRM, de los 39 delegados en liza de ayer, los considerados oficialistas o cercanos a la actual dirección obtendrían 25, mientras que los 14 restantes (Barrio de El Carmen, de Alfonso Navarro y Sangonera de Javier Mármol) serán para los críticos.

Fuentes de la Ejecutiva regional del PSOE aseguran que entre hoy y mañana esperan obtener ya unos 270 de los 371 delegados que participarán en el congreso que se celebrará en Murcia el 18, 19 y 20 de julio. El domingo está previsto que se haya elegido el 90% de los delegados.

Entre las agrupaciones de los socialistas que celebrarán hoy su asamblea local se encuentran la de Cartagena Sur (24 delegados) y Águilas (11 representantes), que según las cuentas realizadas por los cercanos a Saura darán su apoyo a la actual Ejecutiva regional.

El fiscal imputa a Morales cinco cohechos que sumarían quince millones de euros

MURCIA.- Al menos cinco posibles delitos de cohecho. Tales son los cargos, a las que se suman otros posibles delitos de tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, falsedad documental, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales e infidelidad en la custodia de documentos, que el Ministerio Fiscal imputa al ex alcalde popular de Totana y actual parlamentario regional del Grupo Mixto, Juan Morales, y que se deducen de la investigación realizada con motivo de la denominada Operación Tótem, según "La Verdad".

Diversos documentos intervenidos en los registros realizados por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el domicilio de Morales, en la casa y en la asesoría que figuran a nombre de su ex mujer y en el piso que le prestaba a su novia brasileña, e incluso papeles que portaba en un maletín uno de sus abogados, ofrecen indicios suficientes, en opinión del Ministerio Público, para sospechar que Morales se valió «de su condición de alcalde» para solicitar multimillonarias comisiones, a cambio de su supuesto apoyo y de sus gestiones para sacar adelante proyectos urbanísticos en Totana.

Para evitar figurar como futuro perceptor de esas comisiones, Morales habría utilizado a su ex mujer, María del Carmen Jordán, así como sociedades controladas por intermediarios urbanísticos y por amigos y personas de su absoluta confianza, con quienes varias empresas, interesadas en sacar adelante esos proyectos urbanísticos, habrían firmado contratos comprometiéndose al pago de elevadas cantidades de dinero.

Uno de los documentos más comprometedores es un reconocimiento de deuda que la firma gallega Inmonuar S.L., que quería construir más de 5.000 viviendas en Totana, habría expedido en favor de la sociedad Nubia Inversiones S.L., propiedad del intermediario Joaquín Carmona.

En concreto, esa promotora gallega se habría comprometido a pagar 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas) por la recalificación de 2,2 millones de metros cuadrados, y supuestamente existía un acuerdo para que esa comisión se repartiese en tres partes iguales de 1,2 millones de euros entre Juan Morales, su amigo Gabriel Martínez (de Huevos Maryper) y el citado intermediario y su socio José Antonio Alcántara.

Ese documento de reconocimiento de deuda fue hallado en manos de todos los imputados mencionados. También lo tenía en su casa Juan Morales, quien presuntamente lo rompió en pedazos y lo arrojó a un contenedor, aunque la Guardia Civil logró recuperarlo y reconstruirlo. También estaba en el piso de la novia brasileña de Morales, Vaneide Freita.

A nombre de su ex esposa

La Guardia Civil también intervino otros tres documentos, en los que figuraba como beneficiaria la ex mujer de Morales, María del Carmen Jordán, en los que empresas como Agroproducciones Integradas S.L. y Visanfer S.L. se comprometían a abonarle cantidades que habrían ascendido, en el primer caso, a dos millones de euros, y a cinco millones en el segundo.

Por último, la investigación sacó también a la luz un documento privado de compraventa de acciones de la empresa Deitania S.L., firmado entre Morales y el dueño de esa firma, su amigo Juan Antonio Álvarez, y que el fiscal sospecha que buscaba camuflar el supuesto intento de cobro de otra comisión de nueve millones de euros.

Pagos en metálico por unos 330.000 euros

La investigación por el caso Tótem ha permitido demostrar que el ex alcalde de Totana y diputado Juan Morales hizo entre los años 2004 y 2008 diversos desembolsos de dinero en metálico, por importe de 313.000 euros (más de 50 millones de pesetas), que le sirvieron para abonar una parte de la compra de un piso junto a la avenida Juan Carlos I de Murcia (dio 60.000 euros «en tres fajos de billetes nuevos de 200 euros; incluso con el fajín puesto»); para comprarle un Seat León a su hijo (18.000 euros), o para enviar 7.900 euros a Brasil.

Además, se le encontraron otros 55.000 euros en billetes de 200 en el piso de su novia brasileña. Pero la operación que más sospechas ha despertado entre los investigadores, y que ha puesto en una situación delicada a un empleado de Cajamurcia en Totana, es la que le llevó el 27 de febrero del 2007 a llamar a esa persona y, pese a ser las diez de la noche, a decirle que quería hacer un ingreso de 45.000 euros, que portaba en billetes de 500 euros.

Como la entidad, lógicamente, estaba cerrada a esas horas, el empleado de la caja le hizo un recibo de su puño y letra y al día siguiente los metió en la cuenta de Morales, repartidos en tres ingresos diferentes, como asegura que le había pedido el entonces alcalde. Después le expidió a Morales un cheque por importe de 41.000 euros.

En su Exposición Razonada, que resume el resultado de todas sus investigaciones, la juez de Instrucción número 1 de Totana, María Asunción Navarro, señala que el hecho de que Morales requiriese que los 45.000 euros se ingresasen en tres partes, y que después se le expidiese un cheque, «no puede tener otra finalidad que dificultar el conocimiento del origen real de tal cantidad de dinero».

La juez, además, señala que ésta «es una operativa claramente sospechosa», pese a lo cual el empleado de banca «no dio ninguna cuenta a sus superiores, como debiera haber hecho en tanto que sujeto obligado y sometido por ellos a la muy exigente normativa de prevención de blanqueo de capitales».

En el mismo sentido, el informe patrimonial sobre Morales, emitido por expertos fiscales, indica que el entonces alcalde «habría recibido aportaciones de dinero, del que no se puede especificar la procedencia».

En su declaración ante el TSJ, Morales no sólo ha negado haber recibido dinero ilícito, sino que a las preguntas sobre el origen de esas cantidades respondía, indignado, que «proceden de mi trabajo como concejal, como alcalde y como autónomo, a través de la gestoría, desde el año 1988».

Según "La Opinión", en los diversos registros realizados durante los primeros días de la operación Tótem, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) encontraron varios contratos firmados por testaferros con diversas empresas cuya finalidad, supuestamente, era garantizar el cobro de comisiones por la recalificación y la compra-venta de terrenos.

En uno de ellos, la comisión solicitada asciende hasta los cinco millones de euros, mientras que hay otro que habla de nueve millones de euros. A ellos hay que sumarle el millón de euros que, supuestamente, correspondería a Morales por su participación en la operación con el grupo inmobiliario gallego Nuaria.

Según la investigación, la comisión de cinco millones de euros se refiere a una operación con la empresa totanera Visanfer -cuyos responsables fueron también detenidos- por la recalificación de unos terrenos ubicados en una zona protegida de Sierra Espuña. Así se desprende de uno de los documentos intervenidos en el domicilio de la ex mujer de Morales, María del Carmen Jordán, en los primeros días de la operación Tótem.

Los agentes de la Guardia Civil encontraron un documento en el que figuraba la firma de María del Carmen y la del representante de la empresa Visanfer. Según los investigadores, este documento es una solicitud de comisiones similar al encontrado en el caso de la operación urbanística con el grupo Nuaria o a otro encontrado en la cartera del anterior abogado municipal, Javier Cegarra. "Detrás de este documento se encuentra Juan Morales -afirma la Fiscalía-, el cual utiliza a su esposa para firmarlo".

Esta supuesta operación fue negada de forma insistente por Morales durante su comparecencia, el pasado diez de abril, ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ. En aquel momento, el ex alcalde señaló que la finca a la que hace referencia el documento "está enclavada en el parque regional de Sierra Espuña, donde está absolutamente prohibida cualquier actuación urbanística".

Durante esta comparecencia, el fiscal mostró otro documento a Morales en el que, según los investigadores, "se está reconociendo tras las operaciones matemáticas una comisión de nueve millones de euros". En esta ocasión, el supuesto contrato para garantizarse el cobro de la comisión se hacía con la empresa Frutas Guadalentín y en él figura la firma de Juan Antonio Álvarez Moreno, administrador de la sociedad Deitania Trading S.L. y que fue detenido tres días después de la declaración de Morales ante el TSJ como presunto testaferro del ex alcalde de Totana.

Falso intercambio cultural con Brasil

Entre tan graves acusaciones de corrupción surge un hecho más propio de una película de Pajares y Esteso. Lo investigadores se hicieron con dos certificados, expedidos en papel oficial del Ayuntamiento de Totana y firmados por el alcalde Juan Morales, invitando a dos ciudadanas brasileñas a viajar a España, en el marco de unas supuestas jornadas de «intercambio turístico y cultural» entre Totana y Brasil.

La sorpresa surgió cuando la concejal de Cultura de Totana, Ana Belén García, confirmó en sede judicial que Totana no tiene intercambio cultural alguno con Brasil.

Morales reconoció en el TSJ que había firmado esos documentos para facilitar el viaje a España de una amiga brasileña, C.R.D., de la que dice no recordar cómo la conoció, y de una conocida de ésta.

Por otra parte, Morales presentó un parte médico de baja por depresión ante los servicios de la Asamblea regional, lo cual le imposibilita por prescripción facultativa para ejercer sus funciones como parlamentario.

Juan Morales mantiene su acta de diputado por consejo de su abogado desde que se destapó la Operación Totem, y la sigue manteniendo porque le confiere el estatus de aforado. Esto le permitió no declarar ante la juez de Totana que instruyó el caso y sí hacerlo recientemente ante el Tribunal Superior de Justicia. El magistrado instructor de la causa, Julián Pérez Templado, le fijó una fianza de 200.000 euros.

Se ignora cuánto tiempo estará de baja médica Juan Morales quien, por otra parte, no acude a la Asamblea regional desde que estalló el escándalo en Totana. El Partido Popular lo expulsó de su grupo y ahora está adscrito al Grupo Mixto.

Martínez Andreo habló por teléfono de dejar fuera de reparto al ex alcalde de Totana

MURCIA.- La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Totana, María Asunción Navarro, sostiene en su Exposición Razonada, remitida al Tribunal Superior de Justicia como resumen de su investigación, que «hay prueba al menos indiciaria de que el actual alcalde [Juan Martínez Andreo], no sólo era perfectamente consciente de que existía ese acuerdo entre Morales y otras personas para el cobro de la comisión de 3,6 millones de euros.

A su juicio, ya lo tenía que saber siendo concejal de Obras Públicas, y además así se lo confirmó a Emiliano Ovide en la reunión que tuvieron en el Parador de Albacete cuando Andreo aspiraba a ser alcalde, sino que también ha querido cobrar él mismo toda o parte de la misma comisión cuando, según el propio Emiliano, así trascendió en la citada reunión».

Tal y como publicó La Verdad, basándose en las diligencias judiciales de la Operación Tótem, la juez ofrece más datos al respecto y señala, asimismo, que «existe además una conversación telefónica de Martínez Andreo con Juan Francisco Casanova -uno de sus concejales-, en la que hablan de quedar con Pablo Maceira como representante de los 'gallegos', y que se van a repartir 'algo' sólo entre ellos dos, que no se lo deben comunicar a nadie, ni siquiera a sus propias mujeres, y que debe quedar claro a los 'gallegos' que Morales 'debe quedar fuera, desmarcarse total de él'».

La investigación judicial apunta a que el asunto no se quedó en esta primera conversación entre munícipe y concejal, ya que éste último, el citado Casanova, «fue el que contactó con Pablo Maceiras [mano derecha del promotor gallego] para enfocar el pago de la comisión, desviándola a los intereses del propio Casanova y de Martínez Andreo», tal y como expone la juez María Asunción Navarro. Este contacto telefónico se produjo en agosto del 2007 y también fue grabado por los agentes de la UCO.

Casanova habría actuado, siempre según la juez, «como representante de Martínez Andreo en las reuniones que celebró con Pablo Maceiras», quien además se habría mostrado dispuesto a apartar al ex alcalde Morales del trato y en darle la comisión a Martínez Andreo, «ya que éste tenía una posición política mejor al ser el actual alcalde y para que se aprobase cuanto antes el Plan General, que ya estaba casi a punto». El concejal Casanova, como el propio Martínez Andreo, fue detenido cuando estalló la Operación Tótem contra la corrupción.

María Asunción Navarro también hace constar que, en sus declaraciones, Martínez Andreo y Casanova no pudieron «dar una explicación coherente al contenido de tal conversación, cayendo ambos en contradicciones que demuestran que ocultan la realidad de su contenido, por lo que es perfectamente posible que ya hayan 'solicitado' o 'aceptado' el cobro de la comisión ilegal».

Valcárcel no responde

«No tengo nada más que decir». El presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, declinó con esta fórmula hacer cualquier tipo de declaración relacionada con la información que publicó La Verdad en relación con el intento de Martínez Andreo de cobrar tres millones de euros de comisión que pretendía por su parte cobrar el ex alcalde, Juan Morales, en el marco de los convenios urbanísticos que investiga la operación Tótem.

Después de asistir a la inauguración del Centro de Investigación Biomédica en Cartagena, y de contestar a las preguntas de los medios de comunicación sobre el complejo, los periodistas quisieron conocer la opinión del presidente de la Comunidad sobre la información extraida del sumario del caso Tótem, a lo que el jefe del Ejecutivo respondió: «No tengo nada más que decir».

Nota de sus abogados

El gabinete de abogados González Franci hizo el siguiente comunicado: «En primer lugar, y ya de entrada, significar que el contenido de la noticia hace referencia a una interpretación muy personal y discutible que, sobre una llamada telefónica sesgada, el medio atribuye a la Jueza Instructora de Totana, añadiendo significativamente que «no se ha acreditado que el actual alcalde popular llegase a recibir ninguna cantidad», cuestión, ésta sí, esencial, como conclusión de la investigación.

En segundo lugar, debe destacarse que el contenido y referencias al Excmo. Alcalde de Totana en el cuerpo de la información publicada es a todas luces incierta y tendenciosa, y de las mismas se desprende un trasfondo eminentemente político, absolutamente ajeno a la verdad procesal que en nada afecta a D. José Martínez Andreo, como se demostrará en cuanto se levante el secreto sumarial.

Por lo demás, dicha supuesta imputación debería, de ser cierta, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 118 de la LECRIM, haberse puesto en conocimiento del interesado «inmediatamente», circunstancia que no se ha producido toda vez que el Sr. Martínez Andreo, a día de hoy, no se está imputado en el procedimiento seguido ante el TSJ de Murcia.

De lo anterior se desprende que la información es categóricamente falsa y, per se, pudiera constituir la comisión de un delito de revelación de secretos por estar declarada secreta la investigación ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Totana y, a este respecto, hacemos oportuna reserva de acciones -sin perjuicio de su persecución de oficio- contra los criminalmente responsables a título de autores o partícipes de dicha información.

La UCAM paraliza sus obras en Cartagena tras el informe negativo de la Aneca sobre Medicina

CARTAGENA.- La Universidad Católica de San Antonio de Murcia (UCAM) ha paralizado las obras de su futuro Campus de la Salud en Cartagena tras el informe desfavorable de la Agencia Nacional de Calidad (Aneca) sobre la viabilidad de implantar los grados de Medicina y Arquitectura.

Así lo indicó a El Faro el presidente de la institución católica, José Luis Mendoza, quien aseguró que alegarán los aspectos denunciados por la Aneca, ya que considera que están perfectamente contemplados en los planes de estudio que remitieron en un primer momento.

Mendoza afirmó que la Facultad de Medicina “es un paso fundamental para el futuro Campus de la Salud en la ciudad portuaria, por lo que el inicio de los grados de Nutrición, Enfermería, Fisioterapia y Psicología, aprobados por la Agencia Nacional, deberán esperar también al próximo año, como Medicina”.

Mendoza descarta emprender acciones judiciales para conseguir la titularidad de la UCAM

MURCIA.- El presidente de la Fundación San Antonio de Murcia, José Luis Mendoza, afirmó que pondrá en manos de la Santa Sede la decisión sobre la titularidad de la Universidad Católica y que no emprenderá las vías jurídicas para solucionar este conflicto entre la Diócesis de Cartagena y esta institución privada, según la versión de "El Faro".

Mendoza consideró que la carta enviada por el Secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, “se hace con pleno conocimiento del Papa Benedicto XVI y que por lo tanto es irrecurrible”.

Por eso, a Mendoza le parece “triste” que “se ponga en tela de juicio la autenticidad y oficialidad de la carta”, apuntó el presidente de esta Fundación, que añadió que esto repercutirá en los alumnos y trabajadores de la UCAM, que están preocupados por este problema.

Del mismo modo, Mendoza resaltó que este informe “se hace con pleno conocimiento del Papa Benedicto XVI y es irrecurrible” y recordó el compromiso que Reig Pla tomó cuando comenzó todo este conflicto de acatar las decisiones del Vaticano, por lo que “debería obedecer a Roma y retirar el recurso presentado, porque esta universidad siempre ha estado bajo la titularidad de la Fundación San Antonio”, reiteró Mendoza.

El presidente de la UCAM señaló también que la Conferencia Episcopal emitió un dictamen que fue similar al remitido por el Vaticano y que se basaron en los expertos en derecho civil y canónico.

En cuanto a la decisión de Reig Pla de retirar el aval que había sobre la UCAM, Mendoza recordó que ese documento “jamás ha existido porque el único aval que ha habido ha sido el mio”. De hecho, Mendoza indicó que “lo único que tiene el obispo es una fotocopia en color de un expediente que yo le presenté para ese aval sobre un ‘aval moral’ del cardenal Antonio Cañizares en el que aplaudía la creación de una universidad católica”, pero reiteró el hecho de que no se trata de un aval económico y ni siquiera institucional.

El conflicto de la titularidad de la UCAM comenzó el pasado noviembre cuando el Consejo de Gobierno aprobó los estatutos de la institución docente en el que se indicaba que la propiedad era de la Fundación San Antonio de Murcia, presidida por Mendoza, y no de la Iglesia Católica.

En ese momento, Reig Pla interpuso un recurso a los dicasterios vaticanos (tribunales de la Santa Sede) basándose en el decreto de erección en el que se establecía como titular a la Iglesia.

El Gobierno regional decidió poner en suspenso la aprobación de estos estatutos hasta que el conflicto estuviera resuelto.

Hace apenas un mes el cardenal Tarcisio Bertone envió una carta a la UCAM en el que se otorgaba la titularidad de la institución a la Fundación y diciendo que la Diócesis no tiene potestad jurídica ni civil sobre la universidad.

El obispo envió un comunicado el pasado martes informando que seguirá todos los recursos jurídicos y eclesiásticos para resolver el conflicto y que se le dé la titularidad a la Iglesia Católica, como ponía en el decreto de erección.

Mendoza, señaló a "La Verdad" que, una vez que se ha pronunciado la Santa Sede, «estamos a la espera de la decisión que tome el Gobierno regional, que confiamos sea coherente con el informe del secretario de Estado del Vaticano, cardenal Bertone».

Mendoza salía sí al paso del anuncio realizado por el Obispado de Cartagena, según el cual piensa utilizar «todos los recursos jurídicos» para que la titularidad de la Universidad Católica sea de la Diócesis y no de la Fundación.

Indicó asimismo que actúa «a la luz de las evidencias documentales que custodia la Diócesis» y que lo hace «en comunión absoluta y obediencia al Santa Padre». Monseñor Reig Pla acaba suplicando a los files que recen por la resolución de este problema.

El diario "La Verdad" publicó previamente el anuncio del obispo de Cartagena respetando en esta ocasión las condiciones que éste mismo había pedido, en el sentido de que no se tocara ni una coma del texto, ni que se añadiera nada.

Mendoza señaló que el informe del cardenal Bertone «es un laudo arbitral. No es un acto administrativo, sino un arbitraje al que han acudido la Diócesis de Cartagena y la Fundación San Antonio y que ha resuelto la Santa Sede a favor de la Fundación en cuanto a la titularidad y propiedad de la UCAM. La carta del secretario de Estado del Vaticano tiene el conocimiento y la aprobación expresa del Santo Padre. Por lo tanto, tiene rango papal, lo que la hace irrecurrible conforme al Canon 1404, que dice que 'la primera sede, por nadie puede ser juzgada'».

Reiteró José Luis Mendoza queel cardenal Bertone «es el primer colaborador del Papa en el Gobierno de la Iglesia Universal. La Santa Sede ha tenido en cuenta la numerosa documentación enviada por monseñor Reig Pla y por la Fundación San Antonio, la cual ha examinado atentamente, como indica la carta. También se ha tenido en cuenta el criterio de otras congregaciones de la Santa Sede».

Ante la posición del obispo de acudir también al ordenamiento jurídico civil, Mendoza indica que. «la UCAM tiene personalidad jurídica canónica privada, y la jurisdicción eclesiástica es la competente. La Diócesis de Cartagena no tiene responsabilidad directa ni subsidiaria sobre la UCAM».

«Deseamos, por el bien de la Iglesia, que se respete el compromiso público de acatar el pronunciamiento de la Santa Sede, tanto por el obispo, como por la Fundación y el Gobierno regional. Confiamos que todo quede resuelto lo antes posible. Se ha creado una gran confusión entre los miembros de la UCAM y los fieles», concluyó José Luis Mendoza.

Fraude, si la propiedad no es del obispo

El portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, indicó que la titularidad de la UCAM es del Obispado, pues de lo contrario se incurre en “fraude de ley” en el sentido de que se tiene que cumplir la legislación vigente que regula la creación de nuevas universidades católicas.

Jara recordó que el acuerdo con la Santa Sede de 1979 autoriza a la Iglesia a establecer universidades católicas, pero éstas necesariamente serán titularidad de la Iglesia “porque si fuera crear universidades desde la Iglesia cuya titularidad pertenezca a una fundación civil, supone abrir una vía fraudulenta para crear instituciones privadas, burlando las autorizaciones pertinentes de los parlamentos nacional y regionales”, señaló Jara.

El portavoz socialista se preguntó también el por qué el Vaticano dice que la titularidad es de la Fundación y achacó esta decisión al temor a la “responsabilidad patrimonial de una hipotética situación económica complicada”, resaltó.

Para Jara, "es indiferente" lo que "diga el Vaticano" en relación a este conflicto por la propiedad del centro y el Gobierno autonómico debe resolver el litigio sobre la titularidad.

A su juicio, "por la propia seguridad jurídica de todos los alumnos de la UCAM, la titularidad del obispado no puede ser puesta en duda".

El Gobierno de la Nación deniega la creación de la Facultad de Medicina a la UCAM

MADRID.- El Gobierno central ha denegado la creación de la Facultad de Medicina a la Universidad Católica San Antonio, de Murcia (UCAM), según la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar.

Esta decisión aparece recogida en el último informe de la Agencia Nacional de Evaluación, Calidad y Acreditación (ANECA) dependiente del nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación respecto a la verificación de las titulaciones para el próximo curso.

Entre los motivos que da la Agencia para rechazar la implantación de Medicina en la UCAM, están «que no se aporta el programa de contratación ni el calendario de incorporación del profesorado». Además, el informe argumenta que «no se acredita la calidad de los profesores que van a impartir los estudios». Y, según la Aneca, «los laboratorios son insuficientes».

La Universidad Politécnica de Cartagena, en cambio, podrá implantar los estudios de Arquitectura; refuerzo con cautelas a la Universidad de Murcia, que sumará Farmacia y Comunicación Audiovisual a su catálogo de títulos, pero no Biotecnología; y varapalo para la Universidad Católica San Antonio (UCAM), que pierde, de momento, su batalla con las públicas y no podrá impartir -sus planes era hacerlo en un nuevo campus en Cartagena- ni Arquitectura ni Medicina.

Eso sí, según señaló el consejero de Educación, Juan Ramón Medina Precioso, el Ministerio sí aprobará casi con toda probabilidad que la UCAM tenga Psicología y otros títulos que no indicó. "Espero que corrija lo que le exija la ANECA para que en el futuro pueda implantar Arquitectura y Medicina".

Insistió en que su deber es «apoyar a las tres universidades de la Región», pero también acatar lo que decida el Consejo de Universidades.

«Tenemos un sistema muy bien equilibrado con dos centros públicos y otro de la iglesia, y desde el Gobierno regional intentamos que siga así», afirmó.

Medina ya avisó de que no aprobará «ningún título a ninguna universidad, ni pública ni privada, que quiera implantarlo este año».

Figar destacó, por su parte, que mientras que se han denegado tres universidades en Madrid, una a Murcia y otra a Valencia, a Cataluña le han aprobado otros tres centros.

"Estamos a favor y apoyamos que se hayan aprobado tres facultades de Medicina en Cataluña pero también queremos otras tres nuevas en Madrid y la de Murcia y la de Valencia, que han sido denegadas", apuntó.

En Madrid, la Comunidad había ofrecido la Universidad Rey Juan Carlos, la Francisco de Vitoria, la Universidad Europea de Madrid y la Alfonso X El Sabio para que implantasen esta carrera.

Sin embargo, según este informe, el Gobierno que dirige José Luis Rodríguez Zapatero sólo ha dado el permiso a la primera, que es el único centro público.

Haber 'suspendido' este examen de la ANECA, que depende del Ministerio, no implica que la UCAM no pueda implantar Medicina o Arquitectura en un futuro, ya que una vez evaluados los planes de estudio las universidades pueden rehacer aquellos aspectos que han sido valorados de forma negativa y volver a enviar la nueva versión para su corrección.

Según la normativa vigente las universidades tienen veinte días naturales para presentar alegaciones al informe hecho por la ANECA. Tras ese plazo la agencia elaborará el informe definitivo que remitirá al Consejo de Universidades, organismo que será quien decida si se aprueba o no la nueva titulación.

El 'sí' del Consejo de Universidades es imprescindible para que las universidades puedan solicitar a la Comunidad Autónoma la implantación de nuevos títulos.

(Gemma Rauret, presidenta de la ANECA)

El alcalde Martínez Andreo intentó quitarle a Morales la comisión de tres millones de euros

MURCIA.- Tres millones de euros constituyen un fajo de billetes demasiado grueso como para no resultar una tentación. Dinero suficiente para justificar una zancadilla a quien fue tu jefe y alcalde.

Tal es la conclusión que se extrae, en una primera lectura, del sumario instruido por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Totana, María Asunción Navarro, en el que se investiga una decena de delitos vinculados a la corrupción urbanística en Totana. Esto es, las diligencias judiciales de la denominada Operación Tótem, a las que ha tenido acceso "La Verdad".

Una de las conclusiones más sorprendentes de la investigación, coordinada por la citada juez y desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, es la que indica que el actual alcalde del PP en Totana, José Martínez Andreo (en la imagen), intentó quedarse con una comisión de tres millones de euros (500 millones de pesetas) que su antecesor en el cargo, Juan Morales Cánovas, había pactado supuestamente con una firma gallega por la recalificación de 2,2 millones de metros cuadrados, en el paraje de El Raiguero, donde estaba prevista la construcción de 5.040 viviendas.

Según se recoge en la Exposición Razonada que la juez María Asunción Navarro remitió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia el pasado 11 de enero, y en la que realiza un exhaustivo resumen de todo lo investigado hasta ese momento, Martínez Andreo, que había sido concejal de Obras Públicas en la anterior legislatura, con Juan Morales como alcalde, «conocía las andanzas» de quien fue su jefe de corporación, y era consciente de la multimillonaria comisión presuntamente pactada por éste con el empresario gallego Manuel Núñez Arias, responsable de las sociedades Inmonuar S.L. y Grupo Nuaria S.L., entre otras.

En esta tesitura, recoge el citado documento, «Martínez Andreo, una vez que obtuvo la Alcaldía (en el 2007), y al considerarse como máximo responsable del Consistorio, [consideró] que debía ser él quien cobrase la citada comisión, tratando de dejar fuera a Morales».

«Esto aparece claramente -añade la juez- en la conversación telefónica que tuvo en el mes de agosto del 2007 con Juan Francisco Casanova, que actuaba como representante suyo en las reuniones que celebró con Pablo Maceiras -representante a su vez de Inmonuar S.L.-, al cual llegó a recibir en su propio despacho del Ayuntamiento». La instructora señala, sin embargo, que «no se ha acreditado» que el actual alcalde popular «llegase a recibir ninguna cantidad».

Dos grupos enfrentados

De esta forma, y según las conclusiones obtenidas con la suma de indicios y pruebas por la juez Navarro, se habrían creado «dos bandos» con el mismo objetivo: hacerse con la suculenta comisión pactada por la recalificación de los terrenos de El Raiguero. De un lado, «el bando formado por Juan Morales -ya entonces diputado-, José Antonio Alcántara (intermediario) y Gabriel Martínez (director ejecutivo de Huevos Maryper y amigo íntimo y hombre de toda la confianza de Morales)». Y de otro lado, «otro bando formado por el citado Pablo Maceiras, Joaquín Carmona (intermediario y ex socio de José Antonio Alcántara) y posiblemente Juan Francisco Casanova (concejal de Agricultura de Totana y amigo y representante de Martínez Andreo) y [el propio] José Martínez Andreo».

Juan Morales, preocupado por la entrada en escena de Martínez Andreo, y sobre todo por el hecho de que se hubiesen acabado peleando Alcántara y Carmona, que habían comenzado siendo sus supuestos intermediarios y negociadores de la comisión ante el grupo gallego, el parlamentario regional habría decidido dar un golpe de mano y recuperar el control de la operación, aunque fuese a costa de perder algún dinero.

Así, señala la juez, Morales organizó un viaje relámpago a Vigo, junto con Gabriel Martínez y Alcántara, y allí se reunieron con el empresario Núñez Arias. En ese encuentro, que fue controlado por la Guardia Civil, quedaron en que la comisión originalmente pactada por la recalificación, que era de 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas) a repartir en tres partes, se quedaría en tres millones de euros.

La forma de pago, según las exigencias de Morales, serían 1,2 millones de euros en el acto, y 1,8 millones de euros cuando se aprobase el Plan General de Urbanismo, o bien cuando Inmonuar S.L. vendiese sus terrenos a un tercero.

El reparto de esa comisión se haría de la siguiente forma: 1,2 millones de euros (200 millones de pesetas) para Juan Morales, e iguales cantidades para Gabriel Martínez y Alcántara. (Parece que la juez quiere decir, en realidad, tres partes de un millón de euros).

Reunión secreta en Albacete

Mientras el ex alcalde y todavía diputado del PP Juan Morales -luego fue expulsado por su partido y pasó a integrar el Grupo Mixto de la Asamblea Regional- trataba de esa forma de hacerse con la comisión, Martínez Andreo intentaba también, presuntamente, jugar sus cartas. De esta forma, habría contactado con uno de los primeros intermediarios y representantes del grupo gallego, Emiliano Ovide, y habría concertado con él una reunión, que finalmente se celebró en el Parador Nacional de Albacete.

En este encuentro habrían participado, además de las dos personas mencionadas, Manuel C.M. y Raquel V.L. (cuñado e hija, respectivamente, de la vecina de Totana Juana L.G., que fue la primera que puso en contacto a Emiliano con Juan Morales).

En su declaración en el juzgado, Emiliano explicó que Martínez Andreo le había solicitado además toda la documentación que tuviese en su poder y que pudiese implicar a Morales en la negociación de comisiones. Sin embargo, añadió, «cuando observó que Andreo no lo llamaba para pedirle esa documentación, unido a los comentarios del pueblo y al nivel económico de vida que empezó a tener éste, le hizo pensar que se había aliado con Morales».

La traición se paga cara

Otro dato realmente interesante que ofrecen las diligencias sumariales sobre la Operación Tótem es el que se refiere al origen de la investigación. Como en tantos otros grandes asuntos de corrupción urbanística, las primeras claves empezó facilitándolas un arrepentido; en realidad, un intermediario de la operación urbanística a quien el resto de implicados se había quitado de encima, dejándole sin su parte del pastel.

Este papel lo ha jugado aquí el intermediario Emiliano Ovide Castrillo, que fue quien empezó a buscar terrenos para urbanizar en Totana, por mandato de Núñez Arias, y quien por primera vez habría contactado con el entonces alcalde Juan Morales.

Cuando varios intermediarios urbanísticos locales se metieron por enmedio y lo dejaron fuera, Emiliano Ovide le fue con el cuento al secretario general del PSOE en Totana, Alfonso Martínez Baños, quien grabó subrepticiamente la conversación. Fruto de aquel encuentro fue la presentación de una denuncia, por parte del PSOE local, ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia y la subsiguiente Operación Tótem, en la que ya figura una veintena de imputados.

Una empresa "tapadera"

La juez de Totana tiene pocas dudas del papel protagonista jugado por el actual diputado regional en la trama. Así, en su escrito remitido al TSJ, señala que «ha quedado acreditado, al menos indiciariamente, que Juan Morales es el que propicia desde el principio la existencia de esa comisión ilegal, pues es él quien la solicita; es él quien concreta la cantidad a abonar; él ordena y coordina la operación; él exige la firma de varios documentos de deuda públicos y privados; es él quien impulsa de una forma insistente y firma el convenio sin cuya comisión seguramente no hubiese firmado; es él quien una vez que deja de dirigir el consistorio totanero sigue impulsando toda la operación, hasta el punto de que sale de una decisión suya la idea de acudir a Vigo a la reunión con Núñez».

«Reunión -prosigue la instructora-, a la que acudió acompañado de Gabriel Martínez y Alcántara (...), llegando a escucharse incluso en la sala VIP de Barajas comentar entre los tres que iban a rebajar la comisión en 600.000 euros, pero que iban a exigir a Núñez que les entregase ya todo o parte de la cantidad de tres millones de euros, que se la traerían a la vuelta en un coche, metida en una bolsa de plástico».

Para evitar figurar en documento alguno, Morales había acordado supuestamente con dos intermediarios y personas de su confianza, el citado Alcántara y Joaquín Carmona Abellán, que fuese una sociedad vinculada a ellos, Nubia Inversiones S.L., la que cobrase la comisión. La operación se haría mediante el reconocimiento, por parte de la promotora Inmonuar S.L. -propiedad de Núñez Arias- de un reconocimiento de deuda por importe de los 3,6 millones mencionados en primer lugar.

Copias de ese documento de reconocimiento de deuda fueron encontradas en posesión de la mayor parte de los imputados mencionados, cuando la juez de Totana ordenó los registros de domicilios y sedes empresariales.

Y por último, a vivir a Brasil

El propio Emiliano señaló en sus manifestaciones ante el juzgado que los planes de Juan Morales pasaban por cobrar la comisión y marcharse a vivir en Brasil, aprovechando que había iniciado tiempo atrás una relación sentimental con una ciudadana brasileña, la también imputada ahora Vaneide Freita.

La juez Navarro considera que esos planes del diputado han quedado acreditados en el curso de la investigación judicial y señala, asimismo, que hay indicios de que esta mujer «habría colaborado en el envío de dinero y documentos pertenecientes o relacionados con Juan Morales a su país de origen».

También se habría confirmado que Morales posee inversiones inmobiliarias en la localidad brasileña de Foz de Iguaçu.

Desmentido del sospechoso

Martínez Andreo aseguró que "es rotundamente falso" que quisiera quedarse una comisión de tres millones de euros.

Confesó haber conocido esta información "por la prensa", e insistió en que "lo referido a mi persona que se publica sobre el caso Tótem es rotundamente falso", y enfatizó que el titular "es falso, respecto a las deducciones que hace y que pone en boca de la jueza del Juzgado de Instrucción número 1 de Totana".

Al respecto, aseguró que "ni he cobrado, ni pensaba cobrar, ni cobraré nunca comisiones por todo este tema, es decir estoy al margen de todas estas cuestiones".

Martínez Andreo eludió hacer declaraciones sobre si el Juzgado de Totana le cuestionó sobre este asunto durante la fase de instrucción, lo que justificó porque este órgano judicial "no ha levantado el secreto de sumario, por lo que no voy a poder responder a esa pregunta".

En este sentido, explicó que esta parte del sumario corresponde a las diligencias que está llevando a cabo el Tribunal Superior de Justicia de Murcia que investiga la relación del diputado regional Juan Morales, que está aforado, en la presunta trama de corrupción.

Además, dijo no poder acceder a esa parte del sumario "porque no estoy en ese proceso judicial", motivo por el que confió "que se levante el secreto de sumario en lo que afecta al Juzgado de Instrucción número uno de Totana que es donde yo estoy, que se levante para que yo pueda defenderme con garantías".

Asimismo, señaló que, hasta ahora, "lo único que conocemos son filtraciones y deducciones que hace la prensa", por lo que repitió su esperanza en que "se levante el secreto de sumario en su totalidad y, sobre todo, en lo que a mi me afecta hasta este momento".

Con respecto al sumario, consideró que incluye "una novedad importante, que también alude este medio de comunicación, y espero que sea fidedigna, y es que, quien ha propiciado y ha puesto la denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) es el PSOE de Totana, en este caso su secretario general, Alfonso Martínez Baños, quien se presta, además, a hacer grabaciones a terceras personas".

"Yo espero que esto no sea un cuentagotas que lo que persiga sea erosionar mi persona y hacerme daño políticamente, espero que las cosas se hagan con profesionalidad", apuntó.

Al ser preguntado por la insistencia del PSOE e IU de Totana en que abandone el cargo, respondió que "el juicio todavía no se ha producido", por lo que se consideró a sí mismo inocente, y pidió "que trabaje la Justicia, que llegue el juicio, y entonces asumiré las responsabilidades políticas que se deriven de ello".

Dijo que no entrará "en el juego de valorar filtraciones día a día", una situación que "parece que intenta erosionar mi persona y dar argumentos al PSOE e IU para que después haya una avalancha de críticas políticas en el municipio de Totana", criticó.

No obstante, dijo estar "total y absolutamente tranquilo, sigo confiando en la justicia, quiero que lo antes posible se aclare todo, que siga avanzando", y dijo seguir preocupado "exclusivamente por mi trabajo en Totana".

De todas formas, mostró su intención de "esperar a que la Justicia haga su trabajo" y adelantó que "cuando todo esté clarificado, por supuesto que tomaré acciones judiciales contra todo aquel que haya hecho algo que no le corresponde bajo su responsabilidad".

Así, recordó que "no es la primera vez que aparece un titular que me hace daño psicológicamente y que puede afectar al caso".

Finalmente, pidió "que no se me juzgue más en los medios de comunicación, que ya se me ha juzgado lo suficiente".

La Comunidad Autónoma baraja la opción de Carlos Egea para presidir Cajamurcia

MURCIA.- Carlos Egea podría convertirse en el primer presidente ejecutivo de Cajamurcia si prospera la opción que se baraja en los últimos días en la caja y en la Comunidad Autónoma para cubrir el puesto de máximo responsable de la primera entidad de crédito de la Región, que dejará vacante Juan Roca tras cumplir como consejero los doce años de periodo máximo que establecen los estatutos de Cajamurcia, según especula "La Verdad".

El relevo se produciría tras la asamblea general prevista para el próximo 17 de junio, en la que se renovará la mitad de los consejeros generales de la entidad.

Con esta propuesta, Cajamurcia seguiría los pasos de varias cajas de ahorro de España, como La Caixa, Ibercaja y Caixanova, entre otras, cuyos directores generales han pasado a ser presidentes ejecutivos, y profundiza el camino abierto con la Ley de Cajas de la Región de Murcia del 2004 con el fin de incrementar la profesionalización y despolitización de los órganos directivos.

Con el nombramiento, Carlos Egea, actual director general de la entidad, seguiría al frente de la gestión de la caja e incrementaría su responsabilidad al poder intervenir con voz y voto en la toma de decisiones como presidente del consejo de administración y de la asamblea general.

Las fuentes consultadas subrayan que el nombramiento de Egea sería además un reconocimiento a su labor al frente de Cajamurcia, entidad que ha situado entre las primeras de España en eficiencia y solvencia.

La propuesta contaría con el apoyo de la Comunidad Autónoma, del PP y del PSOE, de quienes depende la designación de un 50% de los consejeros que integran los órganos de dirección de Cajamurcia.

La caja de ahorros se encuentra en la actualidad en pleno proceso de renovación de la mitad de sus órganos directivos, cuyos integrantes son designados en un 40% por los impositores, un 10% por los empleados, un 25% por la Comunidad Autónoma y el 25% restante por los ayuntamientos.

La Comunidad y los empleados ya han presentado sus candidatos a consejeros, mientras que los impositores votaron a sus representantes el pasado lunes, entre los que figura el rector de la Universidad de Murcia, José Antonio Cobacho.

Los nuevos consejeros tomarán posesión en la asamblea del 17 de junio, en la que además se elegirán los nuevos miembros del consejo de administración y de la comisión de control. La elección del presidente correspondería posteriormente al consejo de administración.

El posible nombramiento de Egea, según otras fuentes, sería muy bien recibido en los mercados financieros, dado el reconocido prestigio que el primer ejecutivo de Cajamurcia se ha ganado en los últimos años.

Por otro lado, el consejo de administración de la CECA aprobó esta semana la creación de una comisión ejecutiva, que estará integrada por los miembros de la mesa del consejo: el presidente (Juan Ramón Quintás), los cuatro vicepresidentes (Isidro Fainé, de La Caixa; Miguel Blesa, de Caja Madrid; Braulio Medel, de Unicaja; y José Luis Olivas, de Bancaja) y el secretario consejero (Carlos Egea, de Caja Murcia).

Deslealtades institucionales y desplantes políticos / Juan Redondo

En la toma de posesión del nuevo delegado del Gobierno hubo mucha gente, hizo calor y una organización del siglo pasado. Con esta maquinaria es fácil de entender porque la “venta” de la gestión del Gobierno de España no llegue a la acera del río. En muchos aspectos formales la Delegación del Gobierno hace tiempo que parece más una estación mesetaria de mercancancias o un histórico cuartel de la Guardia Civil.

Pasan los delegados pero no pasan los años, parece que lo que más se cuida es el edificio, las verjas y los accesos.

La toma de posesión de González Tovar fue más multitudinaría y plurinacional que las anteriores. El nuevo delegado ha estado de médico de familia por muchos pueblos de la Región, ha sido diputado regional y concejal de Blanca y Murcia. Y ha dejado amigos por todos los lugares que ha pasado. Bueno, también la primera del PP, con el lorquino José Joaquín Peñarrubia, reunió gente por la personalidad del delegado y por la novedad de los populares ocupando la Delegación. La de Concepción Sáenz, con el PSOE o la de Francisco Marqués con el PP, fueron más de familia, compañeros y amigos directos.

Esta nueva etapa de cohabitación entre el Gobierno de España y el Gobierno Regional, entre Zapatero y Valcácel. dicen que va a caracterizarse por la lealtad institucional, por la defensa de los inteses de la Región, que dice el PP, y por el “murcianismo exigente”, que ha acuñado Saura. Por ese camino se han comprometido Valcárcel y González Tovar, que se harán la primera foto conjunta en la reunión de San Esteban. Ambos, oficialmente, tienen intención de acabar con cuatro años de enfrentamientos y desecuentros. La voluntad existe.

En la toma de posesión de González Tovar tanto el Gobierno Regional como el PP aceptaron la mano tendida por el nuevo delegado del Gobierno. El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno Regional representó a Valcárcel, y la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, María Pedro Reverte, hizo los honores a la ministra Elena Salgado. Pedro Antonio Sánchez, portavoz de la dirección regional de los populares, represento al partido.

En esta nueva etapa también se marcaron las ausencias tanto institucionales como políticas. Parece que el alcalde Cámara va por libre. Ni un representante oficial del Ayuntamiento de Murcia acudió al acto, a pesar de estar invitado. Es una práctica que parece se esta convirtiendo habitual en Cámara. Una deslealtad institucional con una de las nuevas primeras autoridades de la Región, que además hasta hace un año fue compañero de consistorio. Quizás fue un día que todos los concejales del equipo de Gobierno tendrían mucho trabajo.

Y la ausencia de concejales socialistas como Navarro, Zapata, Ros o Abellán, también parece que fue por motivo de otros trabajos.