MURCIA.- Un extenso documento sobre José Luis Mendoza, presidente de la Fundación "San Antonio", la gestora de la UCAM, y sobre las circunstancias que concurren en el proceso de gestación y actual funcionamiento de este centro educativo, ha sido dirigido a todo tipo de instancias y se encuentra circulando por Internet. Debido a su interés general para los ciudadanos y la Opinión Pública de la Región de Murcia recogemos las partes más interesantes.
"José Luís Mendoza es un “personaje” propio de otra época. Lo más increíble es que en una sociedad avanzada y en un Estado de Derecho, hayan ocurrido, y sigan ocurriendo, las cosas que a continuación se exponen y prueban. La intención de este dossier es que las autoridades de este país (estatales, autonómicas, municipales, académicas, judiciales y eclesiásticas) hagan ejercicio de las responsabilidades que son propias de su cargo y pongan fin, de acuerdo con la Ley y la Ética, a esta desafortunada situación.
Se trata de un penúltimo intento de terminar con los desmanes de ciertas personas que se amparan en una falsa imagen piadosa. Los que hemos realizado este informe no gozamos de libertad para denunciar directamente los hechos aquí expuestos, ni podemos avanzar en la investigación sin desvelar nuestra identidad.
Se dice que este señor tuvo que dejar España en los años 80 por un problema relacionado con una presunta venta de falsos títulos de una especialidad en enfermería inexistente. Fueron cientos los afectados. En este “incidente” le acompañaba el Dr. Barcia (entonces Catedrático de Medicina en la Universidad de Murcia).
Tras unos años vuelve iluminado por la Stma. Virgen que le ha pedido que cree una Universidad en Murcia. Sus antecedentes no iban a facilitar que la Asamblea Regional le concediera mediante Ley una universidad privada propia.
Por ello utiliza la vía de convencer al Obispo Azagra, para que erija él la Universidad al amparo de los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979. Creada por la Iglesia, la Comunidad Autónoma tiene que reconocerla. Además, consigue el efecto del apoyo moral de los católicos, que la identifican como parte de ellos, y el económico de las entidades financieras (con la garantía de la Iglesia).
Por la vía de los hechos consumados (usada recientemente por la U. Católica de Valencia), implanta títulos no autorizados legalmente. La Consejería de Educación publica una nota informativa en los periódicos regionales no responsabilizándose de las consecuencias.
La fuerza de los hechos termina por cargarse a la Consejera de Educación y al Consejero que le sucede. El nuevo Consejero ya viene con la lección aprendida y las instrucciones dadas. Ante un escándalo social el Gobierno Regional apuesta por Mendoza; craso error, ya no podrá desligarse nunca. La bola de nieve va creciendo y creciendo.
Creada la Universidad, el Obispo cede la gestión a la Fundación Universitaria San Antonio (la de los títulos de enfermería y las licenciaturas por universidades extranjeras impartidas en los Maristas). La universidad no tiene personalidad jurídica propia. En teoría, dada la forma de creación, debe asumir la de la Iglesia. En todo caso, como mucho, y en cuanto a los actos de gestión, la de la fundación.
Sin embargo, la avaricia rompe el saco:
En lo jurídico, José Luís Mendoza decide ir más allá y “asumir” la titularidad de la Universidad. Se permite el lujo de presentar unos Estatutos a la Consejería de Educación, sin el consentimiento del Obispo, y en los que atribuye la titularidad a la Fundación
En lo económico, se han creado una serie de sociedades que gestionan las cafeterías, la fotocopiadoras, las librerías, etc. Las fincas colindantes al Monasterio de los Jerónimos, cuyo uso cedió la Iglesia a la Universidad, son propiedad de esas sociedades. La agencia de noticias Veritas y la gestión de Popular Televisión Murcia, también. Igual respecto de los inmuebles y los muebles construidos y comprados, respectivamente.
Estas sociedades son de los Hermanos Mendoza (José Luís y Vicente) y sus esposas.
La gota que ha colmado el vaso ha sido la compra de terrenos al Ministerio de Defensa (en tiempos del Ministro Trillo) correspondientes a un acuartelamiento sito en Los Dolores, barrio de Cartagena.
Tras dos fallidas subastas, con ciertas irregularidades, se vende (se supone que a la Universidad Católica) por un precio módico, aunque hay que tener en cuenta que no son terrenos urbanizables sino de sistemas generales, concretamente de equipamiento de defensa. Sin embargo, no aparece la típica cláusula que incorpora la Gerencia de Infraestructura de Defensa, relativa a su participación en las hipotéticas plusvalías por una futura recalificación urbanística.
Al principio se trataba solamente de cambiar el uso de defensa por el de equipamiento educativo, lo que no incrementaba el valor urbanístico de los terrenos.
Más adelante, se “cambia de idea” (parece que la idea ya estaba premeditada) y declara que le sobran metros y le falta dinero, por lo que pide al Ayuntamiento que recalifique una parte para uso urbanizable. El Ayuntamiento declara estar conforme apoyándose en que es bueno para la ciudad que se instale una nueva universidad.
Pero salta la liebre y se descubre que los terrenos de Los Dolores no fueron escriturados a nombre de la Iglesia, titular de la Universidad. Ni siquiera han sido escriturados a nombre de la Fundación Universitaria San Antonio, que la gestiona (este ha sido el procedimiento usado por el Ayuntamiento de Murcia cuando le ha cedido gratuitamente 135.000 m2 frente al monasterio).
Los terrenos se han escriturado a nombre de la Fundación, pero sólo un 10% (lo necesario para poder afirmar que es propietaria), y un 90% para la sociedad de parecido nombre “CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SAN ANTONIO SL”, de la que son titulares los hermanos Mendoza.
El empeño de implantar nuevos títulos en Cartagena es con la finalidad de que concedidos pueda procederse motivadamente a la recalificación.
Como señalaba el diario El País, en su edición del 9 de febrero, estamos hablando de más de 25 millones de euros. Muchos si no fuera porque igualan o no alcanzan las deudas pendientes.
Dudas jurídicas
Jugada maestra, pero con serios fallos jurídicos que exigen la inmediata actuación de las autoridades:
Si la venta fue a la Universidad ¿cómo se escritura a nombre de una SL en la que tienen participaciones varios de los patronos de la fundación que gestiona aquélla?
Si la Universidad la cedió a la SL debería haberse pedido permiso al Protectorado (el Ministerio de Educación), tanto porque se trata de un acto de disposición importante, como porque se trata de un contrato entre patronos y fundación.
En cualquier caso, como se ha inscrito a nombre de ambos (SL de patronos y fundación) se debería haber solicitado autorización al Ministerio de Educación.
¿Para qué quieren los patronos unos terrenos que sólo pueden utilizarse para fines educativos (los de la fundación que dirigen)? ¿Para negociar después con su fundación?
¿Legalmente se puede representar a la fundación cuando hay intereses propios incompatibles?
Si la SL no tiene ningunos ingresos reconocidos ¿cómo paga las cuantiosas hipotecas que gravan los terrenos que adquieren en Cartagena y Murcia? ¿Se están pagando con las matrículas de los alumnos de la Universidad?
¿Han pedido los patronos autorización al Ministerio para todas las concesiones de cantinas, fotocopiadoras, publicaciones, etc. que tienen sus sociedades en la Universidad?
¿Por qué no hay nuevos bienes muebles e inmuebles a nombre de la Fundación o de la Iglesia?
¿Se están generando deudas de la Fundación, de la Universidad y de la Iglesia respecto a las sociedades de los hermanos Mendoza, por las gestiones que ellos como patronos les están encomendando? ¿Cómo se puede ser juez y parte? ¿Cómo pueden ellos establecer las condiciones de contratación? ¿La Ley de Fundaciones no exige precisamente la autorización del Protectorado para evitar estas tentaciones?
¿Se están enriqueciendo a costa de la Universidad?
¿Quién es el responsable civil de la Universidad?
¿Cómo se puede pagar mensualmente la hipoteca de varios millones de euros sin ingresos reconocidos? Las sociedades deben más de 24 millones de euros, pero tienen bienes que han inscrito a su nombre y parece ser que las mensualidades no se pagan con recursos propios.
¿En qué se han gastado los millones ingresados estos años por matrículas? No será en los pagos de personal exclusivamente, pues a la mayoría se les paga míseramente (suma de 8 horas de clase igual a un día de trabajo). No será en bienes, que se inscriben a nombre de otros. ¿Será en el sueldo de los patronos?
¿Se han entregado las cuentas anuales de la Fundación al Protectorado (Ministerio de Educación)? ¿Se han hecho las auditorías exigidas por la Ley? ¿Se han presentado el plan de actuaciones y la memoria? ¿Se ha verificado que los recursos económicos de la fundación han sido aplicados a los fines fundacionales?
Se dice que se recalifican parte de los terrenos de Los Dolores para financiar la implantación de la UCAM en Cartagena, pero si sólo le pertenece un 10% de las plusvalías ¿es suficiente? Si se hace para tapar el agujero de las sociedades ¿qué queda para la implantación? ¿Hacemos otra maniobra urbanística de este tipo para dentro de 5 años que tape el nuevo agujero? ¿Se quiere construir un hospital para implantar Medicina?
¿Cómo se entiende que las cuentas de determinadas sociedades de los hermanos Mendoza que tienen concesiones en la UCAM no tengan previstos gastos de personal ¿A éste se le paga también con las matrículas?
Los hechos que se acompañan y se prueban total o por indicios han de ser investigados, de lo contrario esto estallará en sus manos.
A continuación se realizan una serie de preguntas individualizadas
A LA SRA MINISTRA DE EDUCACIÓN (al SECRETARIO GENERAL TÉCNICO, encargado de las Fundaciones):
En su calidad de protectorado de la fundación Universitaria San Antonio de Cartagena:
¿Va a exigir la presentación de las cuentas derivadas de la gestión de la Universidad Católica San Antonio de Murcia?
¿Va a comprobar si los ingresos por matrículas y otros conceptos se destinan a satisfacer las mensualidades de los préstamos hipotecarios contratados por la SL para adquirir los terrenos ubicados en Los Dolores y Murcia?
¿Va a denunciar los actos cometidos por los administradores?
* ¿Va a anular las concesiones que se han “autoconcedido” los patronos a sus empresas?
AL SR. ALCALDE DE MURCIA:
¿Va a recalificar en un futuro los terrenos cedidos a la Fundación en Guadalupe?
¿Va a ceder nuevos terrenos?
A LA SRA. ALCALDESA DE CARTAGENA:
Como los terrenos sólo son un 10% de la Fundación y un 90% de una SL ¿Va a recalificar esos terrenos?
¿Va a enriquecer a los hermanos Mendoza?
AL SR. FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y AL SR. FISCAL JEFE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA REGIÓN DE MURCIA
¿Va a investigar si se está traspasando los ingresos de la fundación a los pagos de las SL?
¿Va a investigar si la adjudicación y posterior cesión de la titularidad de los terrenos de Los Dolores se hizo conforme a la Ley?
¿Va a levantar el velo de este entramado de sociedades?
AL SR. OBISPO DE LA DIÓCESIS DE CARTAGENA
¿Van a denunciar públicamente y de forma completa lo que ya sabe desde hace tiempo?
¿A qué espera para quitar a la fundación la gestión de la Universidad de la que el Obispado es titular?
A LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE LA OPOSICIÓN, A LOS SINDICATOS, A LAS ASOCIACIONES DE EMPRESARIOS, A LOS PRESIDENTES DE LAS CAJAS DE AHORROS QUE PRESTAN DINERO… A LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL
¿Van a posicionarse a favor de la decencia y la Ley en esta Región?
A LOS SRES. RECTORES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
¿Van a perseguir a sus profesores que incumplen la Ley?
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
¿Van a publicar lo aquí recogido? ¿Van a iniciar el periodismo de investigación en esta Región?
AL SR. MINISTRO DE JUSTICIA:
¿Va a ayudarnos? ¿Va a ordenar una investigación?
AL SR. PRESIDENTE DE LA REGIÓN DE MURCIA, AL SR. CONSEJERO DE EDUCACIÓN, AL SR. DIRECTOR GENERAL DE UNIVERSIDADES, A LOS SRES. CONSEJEROS RESTANTES
¿Van a denunciar públicamente lo que ya saben desde hace tiempo?
Les corresponde el control de legalidad ¿Van a permitir que este Sr. y su hermano sigan implantando títulos que presuntamente no cumplen los requisitos legales?¿Van a seguir destinando fondos públicos mediante subvenciones directas a esta fundación gestionada de la forma que lo está y sin garantías de que se esté destinando a los fines debidos?
NATURALEZA JURÍDICA Y OBLIGACIONES DE LAS FUNDACIONES
Las fundaciones son organizaciones sin fin de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general, educativos en el caso de la Fundación Universitaria San Antonio.
El Protectorado respecto de las fundaciones de competencia estatal, como la nuestra, es ejercido por la Administración General del Estado, con el objeto de velar por el correcto ejercicio del derecho de fundación y asegurar la legalidad de la constitución y funcionamiento de las fundaciones.
* Las atribuciones que corresponden al Protectorado son las siguientes:
En relación con el patrimonio de la fundación:
+ Autorizar la enajenación, onerosa o gratuita, así como el gravamen de los bienes y derechos de la fundación cuando formen parte de la dotación o estén directamente vinculados al cumplimiento de los fines.
+ Velar por la integridad y suficiencia de la dotación fundacional.
+ Conocer y supervisar el régimen económico-financiero y contable, así como verificar que los recursos económicos de la fundación han sido aplicados a los fines fundacionales.
+ Autorizar a los patronos para que puedan contratar con la fundación ya sea en nombre propio o de un tercero.
En relación con el ejercicio de acciones legalmente previstas:
o Ejercitar las acciones de responsabilidad que procedan a favor de la fundación frente a los patronos.
o Instar judicialmente el cese de los patronos por desempeño del cargo sin la diligencia prevista por la Ley.
o Impugnar los actos o acuerdos del Patronato que sean contrarios a la Ley o a los Estatutos.
o Instar de la autoridad judicial la intervención de la fundación cuando advirtiera una grave irregularidad en la gestión económica de la misma o una desviación grave entre los fines fundacionales y la actividad realizada, y no se hubiere atendido el requerimiento del Protectorado para subsanarlas.
o Dar traslado al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente, comunicando esta circunstancia a la fundación interesada, cuando encuentre indicios racionales de ilicitud penal en la actividad de una fundación.
* El Real Decreto 1553/2004, de 25 de junio, atribuye a la Secretaria General Técnica la gestión de las competencias del Ministerio respecto de las fundaciones cuyo protectorado corresponde al Departamento (las que tienen fines educativos, de investigación o deportivos).
* Régimen Contable y Plan de Actuación
o Las fundaciones deben rendir cuentas anualmente al Protectorado.
o El Protectorado deberá verificar si los recursos económicos de la fundación han sido aplicados a los fines fundacionales.
o Las fundaciones deben llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad, que permita un seguimiento cronológico de las operaciones realizada (Libros Diario, de Inventarios y de Cuentas Anuales).
o El Patronato elaborará y remitirá al Protectorado, en los últimos 3 meses de cada ejercicio, un plan de actuación, para reflejar los objetivos y las actividades a desarrollar durante el ejercicio siguiente (actividades propias, actividades mercantiles, gastos estimados para cada una de ellas y de los ingresos y otros recursos previstos).
* Régimen Contable y Plan de Actuación
o Las cuentas anuales se aprobarán por el Patronato de la fundación, en el plazo máximo de 6 meses desde el cierre del ejercicio y se presentarán al Protectorado.
o En su caso, como es el nuestro, se acompañarán del informe de auditoria. El Protectorado procederá a depositarlas en el Registro de Fundaciones.
o Las cuentas anuales deben mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la fundación.
o La memoria incluirá las actividades fundacionales y el grado de cumplimiento del plan de actuación y un inventario de los elementos patrimoniales". (Continuará)