La CAM, segunda caja de España en estar presente en todas las capitales y comunidades autónomas

PALMA.- Caja Mediterráneo (CAM) es la cuarta entidad financiera y la segunda caja de ahorros de España que tiene abiertas oficinas en todo el territorio nacional, esta presente en todas las comunidades autónomas y en todas las capitales de provincia, según informó hoy en un comunicado.

En los últimos cinco años, CAM ha abierto 412 oficinas, a las que hay que sumar 105 nuevas oficinas inauguradas durante 2007. Al finalizar el presente año, Caja Mediterráneo contará con una red de 1.157 oficinas distribuidas por todo el territorio nacional.

Además, CAM dispone de oficinas en otros ocho países, llegando a acuerdos con importantes bancos extranjeros para la canalización de flujos de inversores y fomentar la localización de las empresas españolas en el extranjero --República Dominicana (Santo Domingo), Cuba (La Habana), Suiza (Ginebra), China (Shanghai), Reino Unido (Londres), EEUU (Miami), Polonia (Varsovia) y México (Cancún)--. Además, es la primera entidad financiera con autorización del Banco del Magreb para abrir oficina en Marruecos.

El plan de expansión de Caja Mediterráneo, cuyo objetivo es la apertura de oficinas en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes, se encuentra al 92 por ciento de su cumplimiento.- (EP)

La Paz: lo público y lo privado / José María Gómez

En la memoria ha quedado ya lo acontecido en el pleno extraordinario del jueves 22 de noviembre. Esther Herguedas, de IU-LV, constantemente interrumpida en su denuncia de la especulación, no obtuvo amparo del alcalde para pronunciar su discurso, que fue acallado. ¿Por qué no lo impidió el alcalde? Para Marcos Ros, del PSOE, la responsabilidad de esta actuación urbanística es exclusiva del alcalde y se comprometió a promover un nuevo barrio para los vecinos, pero no así. No quiso propiciar un linchamiento público de su partido y colaborar al desprestigio de la institución municipal.

El concejal de Urbanismo destacó el “consenso alcanzado”, aunque sabe que para alcanzarlo de verdad habría que escuchar a los vecinos que no quieren esta manera de actuar ni el barrio resultante. Consenso es estar de acuerdo todos: PP, oposición, vecinos, e incluso Ministerio de Vivienda y Comunidad Autónoma, que también son propietarios de los terrenos. Si el proyecto está hecho “por y para los vecinos”, la urbanización del barrio no se la debieron encargar a un gestor que la ha convertido en una operación especulativa a partir de suelos públicos. El concejal afirmó que es “legal”, pero ¿es “legal” sin el concurso del Ministerio?. El alcalde hizo suya la opción lucrativa privada y especulativa.

La actuación de esta alcaldía puede conducir a:

* La creación de embriones de guetos, consecuencia de la excesiva concentración de muchas personas con pocos recursos económicos en torres de 25 plantas; por la emigración de propietarios de La Paz a viviendas en pedanías del extrarradio cuando se las ofrezcan a cambio de las nuevas; y por la expropiación forzosa de propietarios que no quisieran la propuesta actual.

* La acumulación de cientos de millones de Euros para los gestores de esta operación, en detrimento del beneficio generable a la gran mayoría de los ciudadanos, como propone el Colegio Oficial de Arquitectos en su propuesta Murcia 2.0. Acumulación de unos pocos por desposesión de muchos.

* El menoscabo de las libertades de expresión y de información. En su “dejar hacer” al gestor urbanístico y en la formación de la opinión pública al respecto, la alcaldía ha liderado la indiferencia, ha provocado el ensordecimiento de los oídos de los vecinos y ha consolidado el “acallar bocas” como estrategia generadora de presión para la adhesión al proyecto dominante y para doblegar a los que no le son afines. Perversa interpretación de la letra y el espíritu constitucional del “interés general”.

* La deriva hacia similares actuaciones en cientos de barrios de España, con su ingente generación de plusvalías. El modelo nunca será exportable a estados de la CE como Francia, Gran Bretaña o Alemania, donde existe un aprovechamiento público prioritario de la edificabilidad. ¿Queremos extender el modelo de recalificación de barrios urbanos consolidados, para generar plusvalías que vayan a las arcas de unas pocas personas privadas?

* La generación de inseguridad jurídica , frente a la titularidad de los terrenos; inseguridad financiera, pues la coyuntura actual puede hacer que no se vendan las viviendas proyectadas y se frustre todo (por los altos precios, el incremento del precio de las hipotecas y el bajo poder adquisitivo de los salarios) de ahí que los barrios céntricos deprimidos sean ahora el objetivo; e inseguridad social: la desaparición de las personas actuales del barrio y sus descendientes por la emigración al extrarradio. ¿Cómo van a querer comprar los nuevos habitantes que vengan, si no es por la segregación de los colectivos marginales, ya sea hacia una zona prevista en la ordenación o hacia barriadas en pedanías alejadas?

En La Paz ya no quedan vecinos, sólo propietarios. Lo público retrocede ante lo privado. El gestor urbanístico dice que no es una ONG. Sin embargo, y al amparo de derechos constitucionales fundamentales - el de la propiedad y el de una vivienda digna y sin especulación - si el Ayuntamiento permite ejecutar este proyecto especulativo, ¿no estará él mismo contribuyendo a la especulación?

Piénsese en la poca diferencia que hay entre barrios como La Fama, La Paz, El Carmen, San Andrés, Espíritu Santo, Vistalegre, etc. La cuestión sigue siendo saber quien se beneficiará de la plusvalía del aumento de la edificabilidad. ¿Quiénes son esos “demás” que pudimos leer en una pancarta de un propietario que vestía una camiseta “I love Cámara” el día del pleno? Los ciudadanos demandamos un informe económico: los gastos, los ingresos, los beneficios estimados y en qué tiempo.

La consigna del “Y ahora hacia arriba” llega obsoleta. En barrios europeos similares, llevan años demoliendo las torres residenciales que en su día otros levantaron. Construyen barrios de poca altura, más sostenibles económica y medioambientalmente, socialmente cohesionados, conciliando propietarios y arrendatarios de distintos niveles de renta, bajo la supervisión y el liderazgo de las autoridades públicas.

Ir diciendo que si no firmas y no tienes escritura o estás alquilado, te van a expropiar y te van a mandar a pedanías distantes, es algo ya frecuente en La Paz. La actual ministra de vivienda ya se ha pronunciado en contra del acoso inmobiliario que están sufriendo la gente mayor y ha anunciado medidas para evitarlo. Algunos mayores se preguntan amargamente: “¿Dónde están los jóvenes del barrio? Nos han abandonado”.

El gestor mediador y el alcalde ya han derribado 3 cipreses adultos y 4 árboles más en la antigua escuela infantil. Un niño preguntó: “¿Por qué han roto mi colegio?”. ¿Por qué se permitió derribarla antes de aprobar la Modificación Provisional? Quieren pronto desalojar el colegio público y derribarlo. ¿Va a ser este el modelo de regeneración? ¿Van a tirar abajo todos los árboles? Altos y sanos, son un patrimonio cuyo valor económico estimado es de más de 5 millones de Euros. No podemos renunciar a su valor ambiental y conformador de la memoria del barrio. Denunciar las mentiras siempre es útil. Pido un Gobierno de, por y para todos.

La visita del ministro coincide con la vista en la Audiencia / Juan Redondo

La visita del ministro de Justicia a la Región y candidato nominado por el PSOE como cabeza de cartel para las generales parece que puede coincidir con el pronunciamiento de la Audiencia Provincial respecto al recurso sobre la prisión provisional sin fianza del alcalde popular de Totana.

El viaje de Mariano Fernández Bermejo para inaugurar los nuevos juzgados de y Cieza y presentar el proyecto del nuevo Palacio de Justicia de Mula, estaba previsto desde hace semanas.

La llegada de la apelación a la sección tercera se produjo el martes y los magistrados tienen un plazo de treinta días para decidir. Para el apelante, familia y amigos, cuanto antes se produzca el fallo mejor y todos los pronósticos aseguran que será esta mañana.

Relacionar la coincidencia de día y hasta es posible que las horas entre la vista sobre la apelación y la visita de Bermejo resulta casi inevitable. En el terreno de las hipótesis, pongamos que el tribunal provincial acuerda prisión provisional eludible con fianza. Vamos que José Martínez Andreo puede ir a dormir a su casa. La recepción en Totana será la gran portada y la visita del candidato nominado por los socialistas pasará casi desapercibida.

En el mismo campo de posibilidades, los jueces rechazan la apelación y deciden mantener la decisión de la juez instructora. Martínez Andreo seguiría durmiendo en Sangonera, y sin comérselo ni bebérselo a Fernández Bermejo también se le metería en el avispero, como se hizo con la apertura de la intervención judicial sobre el escándalo urbanístico de Totana.

El desarrollo de la “Operación Tótem”, según un amigo, recuerda a las grandes carreras ciclistas por etapas. Tras unos días tranquilos aparecen los dientes de sierra de la montaña más dura, o se intercala una exigente contrarreloj por sorpresa.

Tras la intensidad de la semana inicial se produjo un periodo de días más llanos y tranquilos, campo para las escapadas solitarias, vía filtraciones, o expulsiones del pelotón de algún corredor por parte de los directores por supuestas irregularidades, aunque sin conocer los resultados del control antidoping.

A medida que se anuncia la presencia de la meta, se vuelve a acelerar la carrera. Está la apelación de la defensa de Martínez Andreo y un nuevo arreón de la instructora al citar a la ex mujer de Morales. El “tácitamente culpable”, ahora ya en el grupo mixto, de momento no está pero dicen que se le espera en cualquier momento.

Estas Navidades no ha estado en la Asamblea, ni ha compartido, como el pasado año, la fiesta anual del grupo parlamentario popular. En la calle no goza del afecto de su ex compañero Martínez Andreo. Y además Valcárcel separa churras y merinas, y dice que no es lo mismo “presuntas irregularidades administrativas”, que posible cobró de comisiones, algo de lo que Morales oficialmente no está acusado.

“Animaversión y linchamiento público”

El letrado de Juan Morales, José María Caballero, sigue esperando que los tribunales respondan a su escrito sobre el tema competencial y que su defendido de ser imputado pase a depender del TSJ. “No entendemos que la instrucción siga manteniendo las competencias dejando al margen al diputado”.

La situación en su opinión es cada día más drástica para Morales, “se esta produciendo un juicio paralelo y provocando una animadversión y un linchamiento público, cuando ni está oficialmente acusado de nada”.

En el caso de un aforado, según el letrado, las competencias de la instrucción se pueden mantener porque hay que practicar diligencias urgentes. “Algo que parece no es el caso”. Como tampoco se estima diligencia urgente para evitar su envío al TSJ la llamada a declarar de la ex mujer de Morales, que podría mantener cierto despecho por la ruptura sentimental con el ex alcalde de Totana.

Los socialistas optan por “verlas venir”
A medida que ido avanzando el escándalo de Totana los socialistas murcianos han ido cambiando en sus pronunciamientos. Desde las posiciones iniciales de pedir dimisiones y responsabilidades a diestro y siniestro han pasado a dejar que sean los tribunales quienes lleven la iniciativa y que los populares resuelvan sus propios problemas internos y depuren comportamientos.

La pelota en este caso concreto esta en el tejado del partido que preside Ramón Luis Valcárcel que ha optado por defender a Martínez Andreo y sacrificar a Juan Morales, aunque no se haya cerrado la instrucción ni se haya levantado el secreto de sumario. “Nosotros somos músicos y a esta fiesta sólo hemos venido a tocar”, comentaba un dirigente socialista, recordando las palabras de Calero y Ríos, cuando se abrió la crisis interna del PSRM que concluyó con la dimisión de Collado como presidente de la Comunidad y que supuso el inicio de la caída del feudo socialista en Murcia.

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El obispo envía a Mendoza un notario para que le dé las cuentas de la UCAM

MURCIA.- Las relaciones entre el obispo de la diócesis de Cartagena, Juan Antonio Reig Plá, y el presidente de la fundación San Antonio que gestiona la Universidad Católica (UCAM), José Luis Mendoza, han sufrido en las últimas horas un nuevo revés al exigir el primero, a través de un requerimiento notarial, las cuentas de la institución universitaria desde su fundación así como una relación de sus actividades, dice hoy "La Opinión".

Una consecuencia es la paralización de algunos proyectos, como es la facultad de Medicina en Cartagena.

Según ha sabido este periódico, el obispo recurrió hace dos días a un notario para reclamar a los gestores de la UCAM una serie de documentos ante la necesidad de conocer su situación financiera y sus planes futuros.

Con el requerimiento notarial, el titular de la diócesis de Cartagena quiere conocer el estado de las cuentas de la Universidad Católica desde su fundación en 1996, sus balances económicos, así como tener acceso a las auditorías que se hayan realizado en todo este tiempo.

De esta manera, Reig Plá pretende tener datos para evitar que las arcas de la Diócesis tengan que hacerse cargo en el futuro de la Universidad Católica si tuviera algún problema económico.

Por primera vez

Es la primera vez que el obispo exige las cuentas de la institución docente desde su fundación, un hecho que no había ocurrido antes porque tampoco se había suscitado el conflicto sobre la titularidad de la Universidad.

La modificación de los estatutos de la UCAM para adaptarlos a una reforma legislativa ha suscitado la controversia en el seno de la Iglesia Católica en la Región.

El conflicto se inició hace varias semanas al considerar el obispo que la Diócesis es la que ostenta la propiedad patrimonial y jurídica de la Universidad Católica y deja la gestión a una entidad privada como es la Fundación San Antonio, en tanto que José Luis Mendoza defiende que la entidad que preside es titular del Campus de Los Jerónimos.

Una consecuencia de esta situción es que la facultad de Medicina en Cartagena, uno de los proyectos estrella de Mendoza, tendrá que esperar hasta que se aclare la polémica con el obispo.

Además, tampoco se podría solicitar la implantación de dicha facultad hasta que se desarrolle una nueva normativa que establece los requisitos para las nuevas titulaciones en España.

El proyecto de facultad de Medicina de la UCAM también ha levantado suspicacias en la Universidad de Murcia.

Acta fundacional

Según figura en su acta fundacional, la Universidad Católica fue erigida canónicamente por decreto del obispo de la diócesis de Cartagena en 1996, de conformidad con el artículo tercero de la Constitución Apostólica del Papa Juan Pablo II.

De esta manera, la UCAM se rige por el decreto general de la Conferencia Episcopal que aplica en España la Constitución Apostólica 'Ex Corde Ecclesiae'. El gobierno, gestión y administración de la Universidad corresponden a la Fundación San Antonio, presidida por José Luis Mendoza.

Fernández Bermejo: "Los que hacen justicia deben seguir haciéndola con independencia"

CIEZA.- El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, dijo hoy en Cieza al ser preguntado por su valoración de la investigación sobre presunta corrupción urbanística en Totana que "los que hacen justicia deben seguirla haciendo con absoluta independencia y es obligación del ministro mantenerse respetuoso y distante con todo lo que ocurre en el mundo judicial".

Así mismo, indicó que "se trata de que las instituciones funcionen, cada uno en el ámbito de su competencia, la del ministro es mantener, generar, y ampliar el marco legal en el que las libertades y el Estado de derecho se tienen que mostrar a los ciudadanos, y la posibilidad de las infraestructuras para que esto ocurra, y el respeto absoluto a todo aquello que se produce de acuerdo con la ley".

Preguntado por su opinión acerca de si deben retirarse las competencias de urbanismo al Ayuntamiento de Totana, respondió que "los responsables en el ámbito de la Región tienen suficiente lucidez todos ellos para saber desde su punto de vista lo que hay que hacer".

Además indicó: "La Comunidad Autónoma de Murcia es absolutamente competente para tomar las decisiones que deba tomar y no seré yo el que interfiera en semejante ámbito".

A la pregunta de una periodista sobre que le parece la opinión del Gobierno regional sobre la existencia de una supuesta confabulación contra el PP por parte del ministerio de Justicia, el ministro respondió que le daba la impresión de que "asistimos una vez mas a ese arte de mirar para otro lado, para el que no se debe, de extender cortinas de humo".

Agregó que "cuando alguien tiene un problema debe mirar al núcleo del problema e intentar resolverlo; no es buena técnica ni a medio, ni a largo, ni siquiera a corto plazo el mirar a otro lado, donde no está el problema, porque ahí no se va a encontrar la solución del problema".

"Las soluciones están donde el problema está, y conviene que cada uno mire a su problema e intente resolverlo", agregó.- (EFE)

La Audiencia fallará mañana sobre el recurso de excarcelación del alcalde de Totana

MURCIA.- La sección tercera de la Audiencia Provincial de Murcia dará a conocer, previsiblemente mañana, si atiende el recurso presentado por la defensa del alcalde de Totana, José Martínez Andreo, para conseguir que salga de prisión, según informa la agencia EFE.

Fuentes judiciales informaron de que los tres magistrados de esa sala comenzaron hoy a estudiar este recurso, en un proceso que se prolongará con toda probabilidad hasta mañana.

El Ministerio Fiscal se ha manifestado contrario a esta medida atendiendo a la gravedad de los hechos de que sería supuestamente responsable el alcalde de Totana, y por las elevadas penas que, si se confirman los cargos, podrían imponerle, añadieron las fuentes. El informe emitido por la Fiscalía es, pues, favorable a la prisión provisional.

El abogado de Martínez Andreo, encarcelado el pasado 3 de diciembre, reclama la puesta en libertad "inmediata" del alcalde, por lo que si se acepta el recurso de excarcelación abandonará la prisión el mismo día en que se conozca el fallo judicial.

Martínez Andreo se encuentra en prisión provisional desde la madrugada del pasado 3 de diciembre, después de que la titular del juzgado de Instrucción número Uno de Totana fijara esta medida, en el marco de la operación Tótem contra una presunta trama de corrupción urbanística.

Por otra parte, el alcalde de Totana, José Martínez Andreo, estaba en el punto de mira de la Operación Tótem desde el primer momento, al igual que su antecesor Juan Morales, dado que la investigación consideraba que tenía en su poder información comprometida.

Tal es así que el día antes de su detención-que se produjo a primera hora de la mañana del día 29- Martínez Andreo se dirigió, según fuentes de la investigación, a su casa y destruyó documentos, que rompió e introdujo en varias bolsas. A continuación, los arrojó a un contenedor de basura próximo, según informa hoy "La Verdad".

Lo que quedaba de los papeles rotos fue recuperado después por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), que los han incorporado a la extensa documentación intervenida en el Ayuntamiento de Totana, en la Concejalía de Urbanismo, en la asesoría jurídica y fiscal de la ex mujer de Juan Morales y en el Instituto Municipal de Suelo Industrial y Vivienda (Proinvitosa), principalmente. La mismas fuentes explican que el alcalde destruyó los papeles en su vivienda al comprobar los numerosos registros que se estaban efectuando, y que dieron comienzo el lunes 26.

El día siguiente, Martínez Andreo, del PP, compareció en rueda de prensa con 12 de los 13 ediles de su grupo municipal, y anunció que en ese momento «no tenía comunicación oficial» de la investigación. Ofreció su respaldo a la misma y propuso cautela y responsabilidad a todos los políticos.

Convenios paralizados

Sobre los 50 convenios urbanístico que estaban a punto de aprobarse provisionalmente en un Pleno municipal -acordados en la etapa de Juan Morales-, Martínez Andreo indicó que se paralizarían aquéllos que estuvieran bajo sospecha, como el del grupo gallego Nuaria, cuyo principal responsable también fue detenido en el primer golpe de la operación y después puesto en libertad con una fuerte fianza de 150.000 euros.

La realidad ahora es que todos esos convenios están paralizados de forma provisional. No hay fecha para que se reanuden los trámites urbanísticos. Están a expensas de que la situación de los principales implicados y de que se conozca el alcance de la investigación de la Guardia Civil, según informó ayer un alto cargo del Partido Popular. Se mirará uno a uno con lupa.

Uno de los motivos por los que la juez de Instrucción de Totana ordenó el ingreso en prisión de Martínez Andreo se basa en que no pueda destruir pruebas o corregir actos anteriores si vuelve al Ayuntamiento de Totana.

La jueza María Asunción Navarro, que instruye el caso de la Operación Tótem en la que han sido detenidas trece personas, tomó ayer declaración desde las diez de la mañana a las tres de la tarde a Emiliano Ovide Castrillo, revela hoy "La Opinión".

Según fuentes de la investigación, este empresario, que fue detenido el martes en Barajas, habría actuado como intermediario entre el ex alcalde de Totana y ex diputado regional del PP, Juan Morales, y el empresario gallego Manuel Núñez, que pretendía construir 5.040 viviendas en terreno rústico de la localidad, operación en la que supuestamente el político murciano tenía apalabrado el cobro de tres millones de euros de comisión.

Ovide Castrillo se habría entrevistado en el Parador de Albacete con el alcalde, José Martínez Andreo, al que amenazó con acudir a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJM) de Murcia si no le abonaban su comisión en la operación que fue plasmada en un convenio urbanístico entre la sociedad gallega y el ex alcalde Juan Morales.

Este nuevo imputado, que quedó ayer en libertad sin fianza, fue detenido el pasado lunes en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, a su regreso de Buenos Aires, ciudad a la que partió un día antes de iniciarse la operación, por agentes de la Policía Nacional y posteriormente fue interrogado por los de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El PSOE dice que el modelo de desarrollo de Valcárcel "impide el despegue de la Región"

CARTAGENA.- El grupo parlamentario socialista afirmó hoy en un comunicado de prensa que el modelo de desarrollo del presidente autonómico, Ramón Luis Valcárcel, "impide el despegue de la Región".

Para hacer esta afirmación se basa en un estudio publicado por Papeles de Economía Española, obra de las Cajas de Ahorro, en el que, usando cualquier indicador, la Región "se sitúa a la cola de la cola, con lo que se desmorona el argumento esgrimido por el Partido Popular, en el que achaca la falta de convergencia al aumento de la población".

Los socialistas señalan que este estudio demuestra, que utiliza indicadores como la renta per cápita, o las tasas de escolarización, ocupación y de actividad, esfuerzo en I+D+i, productividad del trabajo, capital privado, capital público o paro, que "la Región de Murcia desde el año 2000 ha ido perdiendo puestos".

"Mientras España ha conseguido superar incluso a países como Italia en su media, la Región ha retrocedido en términos absolutos y porcentuales en todos estos años, quedando por debajo incluso de comunidades como Galicia, que, a pesar de estar detrás de Murcia en 2000, ha crecido en competitividad, superándonos en este período (2000-2006)", afirma.

Añade que "no es sólo la productividad del trabajo, ni el número de personas lo que hace que la Región no converja, a pesar de ser ese el argumento que el PP ha utilizado durante todos estos años, sino que la causa es el desacertado modelo de desarrollo de Valcárcel".- (Agencias)