La presunta corrupción política generalizada en la Región de Murcia ya está frenando fuertes inversiones foráneas ante el temor a cierta inseguridad jurídica, a la Fiscalía, y ahora habrá que añadir, al nuevo Centro de Información del Ministerio del Interior para combatir, entre otras, a la codiciosa y desafiante mafia murciana de "cuello blanco", perfectamente identificada y localizada por las brigadas especiales de la Guardia Civil y Policía Nacional, con sedes en Cartagena y Benidorm respectivamente. Antes de final de año es casi seguro que se produzcan sonadas detenciones de personajes públicos, y no tanto, lo que terminará por ahuyentar a oportunistas y corruptores. Ahí cabe enmarcar el reciente ataque frontal de la prensa local más hipotecada al fiscal-jefe, López Bernal, cogiendo un rábano con más hojas que cuerpo.
Esa lacra de la corrupción política, que afecta ya a todos los partidos, pero a uno más que a otros, se ha extendido, como una especie de cáncer, desde Águilas a Pinatar en un pulso creciente al Estado de Derecho, y como generadora de una falta total de atractivo para las inversiones de procedencia nada dudosa. En la Región de Murcia existen, de momento, dificultades insalvables para encontrar la financiación necesaria al objeto de desarrollar los grandes proyectos residenciales y hoteleros previstos en Águilas, Lorca y Mazarrón, por más que se cuente que será capital judío-norteamericano quien corra con la mayor parte del riesgo en el litoral sur murciano. Un reciente informe de expertos al Departamento de Estado norteamericano desaconseja esas inversiones tras un análisis de la situación de controversia en nuestra sociedad.
El gobierno progresista de Zapatero va a establecer de inmediato reglas de juego limpias con la reforma de las haciendas locales y a perseguir, hasta sus últimas consecuencias, una forma de proceder desde las instituciones que ha hecho de Murcia una región percibida como delincuente. El nivel de soborno parece ser el más alto de España en este momento de fuerte expectativa en nuestro crecimiento urbanístico concentrado en el litoral, y eso significa un obstáculo al desarrollo sostenible e integral de todo el territorio regional, y condenar a no progresar a los sectores sociales más desfavorecidos y residentes en el interior. En el caso de nuestra región, parece evidente que ha sido "tomada" por una red de políticos (en casos, auxiliados por familiares y amigos) y hombres de negocios, que sólo persiguen sus intereses, nada legítimos si colisionan con los generales de la población.
Según "Transparency International", organización no gubernamental dedicada en exclusiva a luchar contra la corrupción, esta tiene (como está más que claro en el caso que estamos viviendo actualmente en la Región de Murcia) una conexión directa con actividades relacionadas con la destrucción de la Naturaleza. El Índice de Percepción de la Corrupción se ha disparado en los últimos meses entre la ciudadanía más ilustrada de la Región, catedráticos, profesionales, empresarios, o periodistas y analistas de riesgo, hasta situarnos en cotas comparables con las de Angola y Nigeria. La situación de deterioro de la confianza pública es tal, que parece aconsejar urgentes rectificaciones y reformas para evitar que la economía murciana se vaya al garete en pocos años.
Si leemos el último informe de "Transparency International", veremos reflejada a la Región de Murcia cuando, al hablar de Argentina, dice: "Ese comportamiento es responsable de que la situación (...) se haya descontrolado" al igual que cuando añade: "Las elites políticas corruptas e inversores sin escrúpulos impiden un crecimiento sostenido". El citado informe indica que en España la Construcción es el sector más propenso a sobornos.