La dirección del PSRM huele poder ante el desplome del PP a menos de un año de la cita con las urnas. Encuestas en ese sentido aparte, el pálpito de la gente es de que se avecina un profundo cambio político en la Región de Murcia como consecuencia de once años de gobierno sólo para amigos y familiares, algunos de los cuales se han forrado bien. Las omisiones, incumplimientos y burdas mentiras se habrían vuelto ya electoralmente contra la derecha extrema que nos gobierna, y que se agarra desesperada al espantajo del "Agua para todos" como único recurso político, y a una televisión autonómica, de pura propaganda, no contemplada en su programa electoral pese a los 7.000 millones de pesetas que va a costar cada año a los murcianos. Valcárcel, agotado y a la deriva, ya navega como puede a merced de olas como la petición de una nueva provincia de Cartagena a la que siempre se ha negado rotundamente.Las denuncias anónimas sobre corrupción comienzan a llegar a la Fiscalía, y lo que queda de tiempo hasta mayo de 2007 promete ser un verdadero calvario para los moradores de San Esteban, entre los juzgados y una prensa emergente, creciente y libre, que parece no va a dar cuartel a un gobierno autónomo que no hace de contrapeso sino que, muy al contrario, incentiva un modelo de crecimiento que sólo genera especulación, corrupción y agresión al medio ambiente. Enfrente, un PSRM renovado y sin compromisos con su pasado, absolutamente en contra de un pacto de silencio, que se intenta a diario desde el PP, no a favor de los intereses generales de la sociedad murciana.
La Fiscalía investiga ya quince casos de presunta corrupción, que alcanzan de lleno al gobierno del PP y que los socialistas se muestran seguros pueden acabar sentando en el banquillo a significativos elementos tras preguntarse por qué a Valcárcel su nuevo piso en la Gran Vía le ha costado un 70% menos de su tasación de mercado. Este partido ha anunciado por boca de Saura, su secretario general, que no va a cesar de denunciar la corrupción aparejada al modelo de crecimiento que atenaza a toda la Región de Murcia mientras en los pasillos de los hospitales murcianos siguen las camas y no se ha construido una sola plaza escolar nueva en once años de gobierno.
En esta situación, el Estado, por medio del gobierno progresista de Zapatero intenta restablecer en la Región de Murcia la legalidad perdida y, fiscales y Agencia Tributaria aparte a punto de comenzar a dar sustos a los presuntos delincuentes acostumbrados a una impunidad que creían comprada con su financiación a determinada fuerza política, comienza a hacerlo delimitando físicamente de nuevo la zona de dominio público marítimo-terrestre al objeto de recuperar la costa para el ciudadano en perjuicio de los invasores, pese a lo explícito de la Ley de Costas de 1988. Según la Jefatura de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, se va actuar sin contemplaciones en los 271 kilómetros de litoral murciano hasta llegar a derribar construcciones ilegales o a recuperar tramos invadidos, mediante la recompra o expropiación para respetar derechos ya adquiridos. Ese podría ser el caso de "Puerto Mayor", claramente dentro de los límites públicos, cuyas obras se encuentran paralizadas en virtud de un auto del TSJ de la Región de Murcia.
Después de demostrar un nuevo estilo de responsabilidad y gestión pública, haciendo caso a la sociedad civil e interpretando sus exigencias, el PSRM está elaborado ya un programa de gobierno para toda la ciudadanía de la Región en base a la agilidad, honradez, transparencia, veracidad, anticorrupción y antiespeculación. Saura, que asegura paralizará todas las urbanizaciones que se estén investigando judicialmente cuando alcance San Esteban, se ha mostrado partidario de un modelo de economía productiva, frente al especulativo de Valcárcel, sobre las bases del talento, la innovación, descentralización territorial, ordenación del territorio y protección del medio natural, como factor éste último de competitividad. La verdad es que lo tiene fácil.